La Rosca | Opiniones |
Por Jorge Fontevecchia (*)
Lamentablemente, parte de la Justicia no tomó nota de que hay un plan sistemático para silenciar las voces críticas. A los periodistas que cuestionan aspectos de este Gobierno se los acusa de cometer delitos o se los intenta ridiculizar.
Señor Presidente, usted me acusó de delincuente, de cobrar sobres para criticarlo y de vivir de lo que usted llama “la pauta”, que no es ni más ni menos que la publicidad pública. Hace tiempo, en una de estas columnas, le pedimos que presente pruebas de eso que hizo. Todavía no lo hizo, pero sigue acusando a todo periodista que sea crítico de su gestión de lo mismo. Usted me acusa de delincuente, pero, al hacerlo, usted mismo comete un delito. En Argentina, acusar a alguien de un delito que no cometió, como es el cobrar sobornos para criticarlo, es en sí mismo un delito. Así lo dicen los artículos 109 y 110 del Código Penal, señor Presidente.
Lamentablemente, parte de la Justicia no tomó nota de que hay un plan sistemático para silenciar las voces críticas. A los periodistas que cuestionan aspectos de este Gobierno se los acusa de cometer delitos o se los intenta ridiculizar. Se trata de destruir su reputación. Se apunta contra los medios en los que trabajan para quitarles la publicidad estatal y se la redirige a medios complacientes; se les niega el acceso a las fuentes oficiales y se instruye a la SIDE para que pueda espiarlos sin otro motivo que el ser críticos. Esto es lo que sucede actualmente en la Argentina libertaria de Javier Milei.
La última novedad de esta batalla que libramos desde Perfil por el valor de la palabra y nuestra reputación como medio independiente es que los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmaron el sobreseimiento del Presidente en la causa por injurias contra mi persona. Esto significa que nuestro presidente, sin prueba alguna, me acuse a mí y a otros periodistas de ensobrados, es decir, de cobrar dinero para criticarlo, no es un delito porque, según los camaristas, sería parte de la libertad de expresión.
¿Qué implicancias tiene en una sociedad que hasta el Presidente pueda acusar sin pruebas a periodistas críticos o adversarios? ¿Cómo se puede debatir sobre ideas y enfoques sobre los diferentes problemas del país si a cada quien que tiene una posición diferente del Gobierno se lo acusa de ensobrado o de estar en un plan para desestabilizar al Gobierno?
¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando hay un plan sistemático de silenciamiento de las voces críticas basado en las acusaciones del Presidente, su banda de trolls y las disposiciones para que la SIDE pueda investigar a cualquier persona que, cito textual, con su opinión “erosione la credibilidad del Gobierno”?
En la antigua Roma había un término conocido como “calumnia”, que designaba precisamente la acusación maliciosa y falsa. Ya en la Ley de las XII Tablas (siglo V a.C.) existían disposiciones contra el falso testimonio. Con el tiempo, el derecho romano fue afinando la distinción entre error y mala fe. Si un acusador actuaba sabiendo que su imputación era falsa, podía sufrir sanciones que incluían multas, infamia (es decir, la pérdida de honor jurídico y de ciertos derechos civiles), e incluso penas equivalentes a las que pretendía para el acusado.
En el proceso penal romano, donde la acusación era ejercida por particulares, el Estado tenía interés en evitar que el sistema se convirtiera en un instrumento de persecución personal. La “infamia” era especialmente temida porque degradaba el estatus social del condenado. Roma entendía que la Justicia dependía no solo de castigar el delito, sino de proteger el procedimiento de abusos.
En la Mesopotamia, el Código de Hammurabi (c. 1754 a.C.) castigaba con extrema dureza la acusación falsa: quien imputaba un delito grave y no podía probarlo podía recibir la misma pena que pretendía para el acusado, incluso la muerte. En el derecho hebreo, el Deuteronomio establecía el principio de reciprocidad: el falso testigo debía sufrir el castigo que buscaba imponer.
En la Antigua Grecia, especialmente en Atenas, se sancionaba a los denunciantes temerarios con multas si no lograban respaldo suficiente en juicio, para desalentar acusaciones oportunistas. En la Antigua Roma, la calumnia era un delito: el acusador malicioso podía sufrir multas, pérdida de honor jurídico (infamia) o penas equivalentes.
En el Antiguo Egipto, mentir en juicio atentaba contra la Ma’at (verdad y orden) y podía acarrear castigos físicos o trabajos forzados. En todas estas culturas, acusar sin pruebas era visto como una amenaza al orden social y a la credibilidad de la Justicia. En Argentina, los artículos 109 y 110 del Código Penal prohíben acusar a una persona de un delito que no cometió.
Si desde las civilizaciones de la antigüedad se penaba este delito es porque la calumnia es un elemento nocivo para la sociedad. Si cualquiera puede acusar a cualquiera de cualquier cosa, o se transforma en una caza de brujas sin sentido o la Justicia deja de hacer caso a las denuncias y se vuelve una suerte de tierra de nadie sin orden ni justicia. Desde sus orígenes, la filosofía occidental entendió que la palabra no es un simple instrumento, sino el núcleo mismo de la vida moral y política.
En Sócrates la palabra está inseparablemente unida a la verdad. Su método (preguntar, dialogar, refutar) no buscaba vencer al adversario, sino depurar el error. En los diálogos de Platón, Sócrates aparece como la contracara del sofista: frente a quien usa el lenguaje para persuadir o manipular, él lo utiliza para examinar la propia vida. Su decisión de aceptar la condena antes que renunciar a su práctica filosófica expresa una convicción radical: una palabra que traiciona la verdad vacía de sentido la existencia.
Aristóteles profundiza esta idea en clave ética. En la “Ética a Nicómaco” sostiene que la veracidad es una virtud del carácter. No se trata solo de no mentir, sino de mantener coherencia entre lo que se es y lo que se dice. La mentira degrada porque rompe esa correspondencia y corroe la confianza que hace posible la vida en comunidad. Para Aristóteles, el ser humano es un “animal político” porque posee palabra (logos), y es la palabra lo que permite deliberar sobre lo justo y lo injusto. Sin compromiso con la verdad, la polis se desintegra en mera retórica.
Siglos después, Immanuel Kant formula el argumento más tajante: mentir es siempre moralmente inadmisible. Su ética del deber sostiene que la verdad es una obligación categórica, incluso cuando decirla puede traer consecuencias negativas. Si la mentira se universalizara, afirma, la confianza desaparecería y el lenguaje perdería su función. La palabra verdadera no es solo un valor individual, sino la condición racional que permite la convivencia entre personas libres.
La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del Presidente. Sostuvo que llamarme “delincuente” o “ensobrado” está protegido por la libertad de expresión porque se trató de un debate político sobre asuntos de interés público. Pero nuestro equipo de abogados señala que el fallo comete un error central: no analizó cada expresión en particular. La ley exige verificar si cada frase tiene relación directa con un tema de interés público. No alcanza con invocar en general el “debate político” para cubrir cualquier descalificación, especialmente acusar al otro de cometer delitos.
El fallo también equipara esas expresiones a opiniones. Sin embargo, nuestro equipo de abogados sostiene que no es lo mismo opinar que imputar hechos. Decir “no me gusta su línea editorial” es una opinión; decir “es un delincuente” implica atribuir la comisión de un delito. Cuando se imputan hechos concretos, la jurisprudencia exige sustento y verificación. Eso no fue evaluado.
La resolución afirma, además, que, por tratarse de una figura pública, el umbral de tolerancia debe ser mayor. Nuestro equipo de abogados responde que mayor tolerancia no significa ausencia de límites. La crítica política es legítima; la imputación deshonrosa sin prueba no debería quedar amparada, y menos aún cuando proviene del Presidente de la Nación.
Las publicaciones de Perfil, como yo mismo, hemos sido críticos de los actos de gobierno de Milei y del propio Presidente, pero nunca imputamos directamente delitos sin pruebas. El debate público debe ser sobre ideas, acciones, con sustantivos y no calificativos, y mucho menos permitir calumniar, acusar de delincuente a quien no lo es. Y ya en el terreno de injuria, la defensa del honor resulta una demostración de lo contrario a este fallo de Casación que el Presidente pueda avanzar con el juicio similar contra la periodista Julia Mengolini por decir que Milei está enamorado de su hermana.
Por último, el periodismo, como parte del sistema de división de poderes, tiene la misión de ser crítico de los gobiernos para cumplir su rol republicano de limitación de cualquier absolutismo; es, de forma figurada, una especie de primer fiscal proveyendo pruebas o indicios a la Justicia. Al revés, no es función del Poder Ejecutivo ser un oponente del periodismo, invirtiendo el orden del papel que cada uno cumple en el sistema democrático.
La Cámara sostuvo que el caso podía cerrarse sin juicio porque la atipicidad era “manifiesta”. Nuestro equipo de abogados entiende lo contrario: si hay discusión jurídica razonable sobre el alcance de esas expresiones, el proceso no debió clausurarse anticipadamente. Por eso recurriremos a la Corte Suprema para que se definan con claridad los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el uso de la palabra pública.
Ahora, esto que enfrentamos los periodistas en Argentina no es distinto a lo que enfrentan los periodistas en Estados Unidos o en otros lugares donde gobierna o gobernó la extrema derecha. Recordaremos el término “character assassination”. Como explicó María O’Donnell en Urbana Play, se trata de destruir la reputación de una figura pública para que no pueda ser un interlocutor válido que critique de manera honesta e intelectual.
La estrategia de la extrema derecha global contra el periodismo crítico no es un fenómeno aislado, sino una técnica coordinada que busca erosionar la verdad para reemplazarla por lealtad. El primer paso de este modelo suele ser la descalificación sistemática para invalidar al periodista ante su propia audiencia.
En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump popularizó términos como “enemigo del pueblo” y “fake news” para referirse a los medios tradicionales. Esta retórica no solo busca desacreditar la información fáctica, sino que incita directamente al acoso digital y físico. Durante su mandato, las agresiones contra reporteros en mítines políticos se volvieron una constante, creando un entorno donde el ejercicio de la pregunta incómoda es visto como un acto de traición a la patria.
Otro pilar fundamental es la judicialización y lo que se conoce como acoso legal. En Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, se ha perfeccionado el uso de leyes y estructuras estatales para asfixiar a los medios que aún intentan mantener su independencia. La creación de autoridades de medios controladas políticamente permite imponer multas exorbitantes bajo conceptos ambiguos como la falta de equilibrio informativo. A esto se suman las demandas por difamación utilizadas como una forma de guerra jurídica para agotar financieramente a los pequeños medios.
Por ejemplo, está el caso de Direkt36, que es un faro de resistencia en Hungría. Nacido del éxodo de periodistas que rechazaron la censura gubernamental, como medio independiente desmantela la red de corrupción estatal al exponer contratos amañados que benefician a allegados del poder y revelar los negocios offshore de la élite política. Su impacto trascendió fronteras mediante su colaboración en los Panama Papers, demostrando que el periodismo de investigación es el único contrapeso real frente al autoritarismo.
El vuelto contra Direkt36 fue una operación de guerra híbrida que combinó espionaje y asfixia. El Estado utilizó el software Pegasus para infectar teléfonos de sus periodistas, permitiendo el acceso a cámaras, mensajes y fuentes para cortar filtraciones desde el poder. Simultáneamente, el gobierno bloqueó toda publicidad estatal y presionó a empresas privadas para desfinanciar el medio. Finalmente, el aparato mediático oficialista lanzó campañas de calumnia, tildándolos de “agentes extranjeros” para destruir su credibilidad. Como ven, diferentes países, un mismo modus operandi: las redes sociales.
En Brasil, durante los años de Jair Bolsonaro, la estrategia se centró en redes de mensajería privada como WhatsApp, a través de los denominados gabinetes del odio. Estos grupos se dedicaron a lanzar campañas de calumnias coordinadas, especialmente contra periodistas mujeres. Un caso concreto es el de Patricia Campos Mello, quien fue blanco de insultos misóginos y amenazas constantes tras investigar el uso de fondos empresariales para financiar noticias falsas que favorecían al gobierno.
Este fenómeno busca que el ciudadano común deje de creer en la existencia de una verdad comprobable, llevándolo a elegir su postura basándose únicamente en la emoción y la identidad de grupo. Cuando el periodismo crítico es silenciado mediante el trolleo coordinado, la asfixia económica o la calumnia moral, el poder deja de tener contrapesos reales, facilitando el avance de agendas autoritarias en todo el mundo. Como ven, Milei es solo una manifestación local de un fenómeno global: gobiernos de extrema derecha eligiendo al periodismo independiente como enemigo.
Ahora, es preciso entender cuál es el verdadero objetivo. La estrategia de la extrema derecha moderna no busca convencerte de una verdad alternativa, sino anular tu capacidad de distinguir la verdad de la mentira. El concepto de Steve Bannon, conocido originalmente como “Flood the zone with shit” (Llenar la zona de mierda), es el motor táctico detrás de los ataques al periodismo crítico.
El objetivo de Bannon no es censurar la información al estilo de las dictaduras del siglo XX, que prohibían diarios o cerraban canales. En la era de la sobreinformación, la técnica es la saturación. Al “llenar la cancha de mierda”, se lanzan tantas versiones contradictorias, teorías conspirativas y calumnias al voleo que el ciudadano medio termina agotado. Ese agotamiento produce un fenómeno de “escepticismo radical”: si todo parece ser mentira o estar operado, entonces nada es verdad, y el periodismo de investigación pierde su impacto porque se lo percibe como una mancha más en el barro.
Aquí es donde el ataque al periodismo se vuelve fundamental. Para que la técnica de Bannon funcione, hay que destruir la autoridad del árbitro. El periodismo profesional actúa históricamente como el verificador de los hechos; por lo tanto, la extrema derecha necesita degradar al periodista a la categoría de “militante” o “enemigo”. Si logran que el público crea que un reportero del New York Times o de un medio local es solo un operario político más, entonces cualquier investigación, por más documentada que esté, queda anulada bajo la etiqueta de “Fake News”.
Esta “mierda” que se arroja a la cancha incluye la calumnia personal. No se debate el dato que el periodista presenta, sino que se ataca su moral, su financiamiento o su vida privada. Al hacerlo, se desplaza el foco de la noticia hacia la figura del mensajero. Es una táctica de distracción masiva: mientras el periodismo intenta limpiar su nombre de una calumnia, el poder sigue operando sin escrutinio.
En este ecosistema, la extrema derecha utiliza la desinformación no para que creas en una mentira específica, sino para destruir el concepto mismo de realidad compartida. Cuando la cancha está llena de mierda, el único refugio que le queda al votante es la identidad: “No sé qué es verdad, pero le creo a los míos”. Así, el ataque al periodismo es la herramienta necesaria para romper el contrato social de la verdad y reemplazarlo por un tribalismo ciego, donde el líder tiene vía libre porque ya nadie tiene autoridad para cuestionarlo.
Por todo esto decidimos seguir apelando y litigando en la Justicia. No solo está el prestigio de los periodistas de Perfil y de la propia editorial en juego, sino, además, el valor de la palabra como institución necesaria para una sociedad democrática que debate públicamente sus problemas. Reiteramos: no nos vamos a rendir y vamos a seguir litigando. En defensa de la palabra y la credibilidad del periodismo. Es decir, en defensa de nuestras herramientas de trabajo.
Señor Presidente, pierde el tiempo si piensa que puede callar al periodismo y, en particular, a la Editorial Perfil con el uso de la calumnia, el ataque económico o el uso de la SIDE. La Justicia tiene sus tiempos; lo mismo nos sucedió con los juicios de Carlos Menem, donde, tras ser condenados en Argentina, terminamos logrando en el Tribunal Interamericano que el condenado fuera el gobierno de Menem; o como en el caso de Néstor Kirchner, donde, tras haber perdido en primera instancia en los tribunales argentinos, nuestra Corte nos dio la razón condenando al gobierno.
Seguiremos haciendo lo que siempre hicimos: defendiendo nuestros derechos en la Justicia y haciendo periodismo crítico de este y de todos los gobiernos.
* Jorge Fontevecchia – Periodista, escritor, empresario de medios de comunicación. Presidente de Editorial Perfil.
