La Rosca | Concesión de las rutas nacionales 12 y 14|
A sólo un mes de la entrada en vigencia de la nueva concesión de las rutas nacionales 12 y 14, el espacio UCR Activa elevó un pedido formal a los legisladores nacionales de Entre Ríos para que impulsen modificaciones en los pliegos del contrato.
El reclamo apunta a que la empresa concesionaria, Autovía del Mercosur, asuma responsabilidades concretas en materia de seguridad vial, asistencia sanitaria y apoyo económico a los bomberos voluntarios y a los hospitales regionales.
Bajo el título “Las rutas de Entre Ríos: cuando el Estado se ausenta, la tragedia se vuelve política pública”, el documento advierte que la seguridad vial en la provincia dejó de ser un problema circunstancial para convertirse en una emergencia estructural.
Los datos que se exponen son contundentes: 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales y enero de 2026 terminó con 26 personas fallecidas. “De mantenerse esa tendencia, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un incremento superior al 70% respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”, señalan.
El planteo contextualiza la gravedad de la situación en el rol estratégico que ocupa Entre Ríos dentro del Mercosur. “La provincia es corredor obligado del comercio regional, cuenta con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y un vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires”.
A ese tránsito estructural se suma la intensa producción agrícola-ganadera, avícola y lechera del centro provincial, además del fuerte flujo turístico durante el verano. “Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”, sostienen.
Sin embargo, desde UCR Activa cuestionan que el Estado nacional haya decidido retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, una decisión que —afirman— fue acompañada por el gobierno provincial “sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio”. El resultado, advierten, es “un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.
En ese marco, el espacio radical pone el foco en el nuevo contrato de concesión, al que le adjudica “errores graves”. Entre ellos, remarcan que no se contempló a los bomberos voluntarios dentro de las obligaciones de las concesionarias.
Actualmente, “muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -por obligación legal y humanitaria- mantienen deudas con estaciones de servicio y no cuentan con recursos para afrontarlas. Los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes”, afirman en el texto enviado a R2820.
A esto “se suma la falta de aportes al sistema sanitario provincial, pese a que las concesionarias utilizan de manera permanente su infraestructura y recursos públicos, lo que califican como “un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.
Por estos motivos, UCR Activa exhorta a los legisladores nacionales entrerrianos a trabajar para modificar los pliegos de licitación de las rutas 12 y 14.
Entre los puntos centrales, plantean la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas, que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas”. Además, reclaman que “se establezca de manera explícita un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.
El documento también señala una causa estructural de fondo: el desguace del ferrocarril en la década del ’90, que convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren, advierten, satura las rutas con camiones de gran porte, acelera su deterioro y multiplica el riesgo de siniestros.
En contraste, mencionan que Brasil avanza en la modernización y expansión de su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. “Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”, afirman.
Finalmente, el texto cuestiona que, mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito y asistencia automática ante siniestros—, en Argentina los pliegos de licitación sigan concentrándose en “cobrar más y gastar menos”, sin transformar la infraestructura ni invertir en tecnología que salve vidas.
“La falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”, concluye el documento.
