La Rosca |Polémica con Transporte San José S.A. |
La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Transporte San José S.A. y declaró la incompetencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en la causa iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La medida se originó a partir de una acción de amparo promovida por UTA, solicitando que la nueva concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Paraná incorporara al personal que se desempeñaba en la anterior empresa adjudicataria.
La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná, integrada por Guillermo Leopoldo Federik; María Alejandra Abud y Emilio Luján Matorras, entendió que la acción promovida no configura un conflicto colectivo de alcance nacional, sino un conflicto pluriindividual, circunscripto al ámbito local y que la controversia se relaciona exclusivamente con la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.
Asimismo, se recordó que tanto el domicilio de las partes como el lugar de prestación de tareas se encuentran en la provincia de Entre Ríos. “La competencia en materia laboral es improrrogable, conforme la normativa provincial y nacional aplicable”.
De esta manera se resolvió que la causa debe tramitar ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4 de Paraná y que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta incompetente para intervenir en el proceso originado por la demanda planteada por el ente sindical.
La Rosca |Transporte urbano en Paraná|
“La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros advierte que la situación provocada por la Municipalidad de Paraná en el marco del cambio de concesionario de transporte automotor de pasajeros urbanos sienta un nefasto precedente de alcance federal, con consecuencias directas sobre todos los operadores del transporte urbano de pasajeros en las distintas jurisdicciones del país”, señaló la entidad.
“En efecto, la Municipalidad de Paraná, mediante pliegos y diseños contractuales, ha puesto en práctica una nueva arquitectura regulatoria sin medir sus efectos sistémicos y sociales.
La carga salarial constituye, por lejos, el principal pasivo de esta actividad, dada la magnitud de las dotaciones necesarias para la prestación del servicio. Imponer su asunción sin previsión contractual ni reconocimiento económico alguno distorsiona la competencia, rompe la igualdad entre oferentes y vulnera principios elementales de razonabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica que deben regir todo esquema concesional”.
“Desde el punto de vista jurídico, resulta inadmisible trasladar ese costo al prestador saliente cuando el contrato de concesión que finaliza no prevé compensación, reconocimiento, ni mecanismo alguno para absorber dicho devengamiento, precisamente porque esa obligación nunca formó parte de la concesión otorgada. Forzar esa carga implica modificar retroactivamente la ecuación económico-financiera del contrato, con un perjuicio patrimonial directo y grave”.
“Esta ingeniería normativa —impulsada tanto por determinados actores como por el poder concedente que la promueve y valida— terminará favoreciendo nuevas concesiones adjudicadas a operadores que, aun ostentando trayectoria y experiencia en el sector, parecen prescindir de reglas de conducta claras y de los códigos elementales que históricamente permitieron ordenar y sostener la actividad”.
“Las consecuencias de este esquema no recaen únicamente sobre las empresas. Impactan de manera directa sobre 237 trabajadores, quienes lejos de verse protegidos, quedan expuestos a la pérdida de continuidad laboral y, en muchos casos, también al riesgo cierto de no percibir indemnizaciones frente a escenarios de quiebra o concursos preventivos de las empresas salientes, dificultando seriamente el cobro de sus acreencias”.
“Por todo ello, Fatap no permanecerá pasiva frente a un antecedente que compromete la sustentabilidad del sector en todo el país, por lo que evaluará las acciones institucionales, políticas y jurídicas en defensa de la seguridad jurídica, la equidad en las licitaciones y la viabilidad económica de los operadores”.
“En ese marco, insta a la Unión Tranviarios Automotor a que asuma una posición institucional clara y responsable, evitando soluciones aparentes que, lejos de proteger el empleo, terminan exponiendo a los trabajadores a escenarios de mayor vulnerabilidad”.
“Paraná constituye una señal de alerta para todo el sistema. Debemos actuar para que el transporte urbano de pasajeros continúe siendo una actividad viable, previsible y con reglas claras, so pena de derivar en un escenario de incertidumbre que perjudica por igual a empresas, trabajadores y usuarios”.
“La competitividad no se logra destruyendo patrimonio empresario, empujando a las empresas al quebranto y utilizando a las familias trabajadoras como variable de ajuste”, finaliza el comunicado firmado por el presidente de la Fatap, Gerardo Ingaramo, y por el secretario Gustavo Larrea.