La Rosca |Pedidos de juicio político contra la jueza|

Los dos pedidos de juicio político contra la jueza Susana Medina que fueron objeto de análisis por parte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fueron archivados, confirmaron este martes fuentes legislativas. La Comisión de Asuntos Constitucionales adoptó la determinación por la tarde, en una reunión donde se decidió dejar sin resolución las demandas por mal desempeño contra la magistrada del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Los legisladores mantuvieron contacto para analizar los pasos a seguir luego de que a fin de año se frustraran dos sesiones en las que la determinación de la Comisión -rechazar los pedidos- debían ser tratados por el pleno de la Cámara. Fue en medio de cruces entre el oficialismo y el justicialismo, que acusó un “tratamiento exprés” de dictámenes. Debido a ello, no estuvieron dados los números para cerrar el asunto en el recinto.

Medina fue acusada de mal desempeño por parte de un dirigente de Amger y una ONG. Una tercera denuncia, radicada por una exempleada de la vocal del STJ, fue rechazada de plano. Los pedidos de juicio político le endilgaban a la expresidenta del máximo cuerpo judicial de la provincia responsabilidad en una serie de situaciones donde aseguraban que había abusado de ciertos privilegios que le caben por ser parte del Poder Judicial, como el uso de viáticos, vehículos y personal de Tribunales. La magistrada contestó con una presentación espontánea y una videoconferencia con la Comisión, donde siempre rechazó todas las acusaciones en su contra.

La Rosca |Régimen de licencias del STJ|

No hubo convocatoria en Diputados y el pedido de juicio político a Susana Medina venció.

“Cayó la posibilidad de abrir un proceso de juicio político. Los plazos que establece nuestra Constitución son perentorios. Se trata de un plazo de 30 días. Los treinta días se cumplieron este domingo pasado. Estaban los dictámenes de Comisión, pero no se logró el consenso para firmar un dictamen ninguno de los dos de los sentidos, ni uno que acuse a la doctora Medina ni otro que no la acuse a la doctora. Entonces, al no haber dictamen, el proceso cayó. Pero no significa que no se pueda presentar otro pedido sobre el mismo tema o con temas nuevos”, recordó.

En declaraciones radiales, la legisladora aseguró, luego de consultársele. Juntos culpó al PJ por falta de quorum; y el PJ responsabilizó a Juntos. ¿Qué es lo que ocurrió?

– Nosotros cumplimos con hacer todas las reuniones necesarias, y se entregaron en término absolutamente todas las medidas probatorias que la Comisión de Juicio Político requirió. Estábamos en un mes muy complicado, como es diciembre, con muchos inhábiles en el medio, que hizo que estuviéramos contrarreloj. Pero creo que de todos los bloques se puso buena voluntad y, sobre todo, profesionalismo para poder llegar a una resolución. Lo que no hubo fue consenso para tomar la resolución y que esa resolución pueda llevarse a la Cámara, que era una de las posibilidades también que pensábamos que podía pasar.

 

-¿Cómo valoraron el descargo de la jueza Medina?

-Ella se presentó primero sin que se la cite; después, nosotros le corrimos traslado de las denuncias, porque lamentablemente muchas cosas salían en la prensa y la persona que estaba siendo objeto de esta investigación se enteraba por la prensa antes de que nosotros podamos notificarla, y no está bueno que eso pase. Entonces, le dimos el plazo para que ella se pueda volver a presentar y pueda presentar la prueba que estimaba conveniente, y se produjo también esa prueba que ella mandó, y otra que pidió, que era respecto de los viáticos. Para que la sociedad pueda entender, hay que decir que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia no tiene un órgano que esté por encima de ellos. Por lo tanto, ellos se ponen su propia reglamentación en cuanto al régimen de licencias que van a tener y cómo son los viáticos. No es que la doctora Medina, en este caso, se cortaba sola con el tema de los días que iba a faltar. Todos (los vocales del STJ) sabían y acordaban entre ellos el régimen de licencia para todos. Y en esto, creo que nos debemos un debate como sociedad. En realidad, la sociedad se merece una clarificación. Si no lo hace el Superior Tribunal, tendrá que hacerlo la Legislatura. Tiene que haber una reglamentación en la que los vocales del Superior Tribunal tengan plazos para tomarse licencias, que no se puedan acordar y poner más licencias solamente porque se ponen de acuerdo entre ellos. Y que el sistema de viáticos también se pueda reglamentar.

 

-La Provincia ya atravesó otro proceso de juicio político al exjuez Carlos Chiara Díaz, y en ese proceso salió la famosa frase “la reina de los viajes” en alusión a la vocal Claudia Mizawak. De entonces a esta parte nada cambió, parece.

-Ahora pasa lo mismo. Cuando uno recibe los informes de las licencias, se da cuenta que son todas parecidas. Entonces, esta situación provocó que cueste tomar una resolución sin ser injusto, y a lo que apelamos es a que se pueda modificar esta situación. Ellos, los vocales, tienen una regulación de viáticos y licencias que no es igual al resto de los trabajadores del Estado, o de cualquier otro juez.

-O sea, la moraleja es que la jueza Susana Medina o cualquiera de los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia pueden tomarse licencia a su antojo, total va a haber aprobación del resto. No hay un organismo por encima que los regule, y esto va a seguir así hasta que ellos mismos se autoimpongan un sistema que acote un poco las salidas de la provincia o la toma de licencias o viáticos.

-Si no lo hacen ellos, lo hará la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo hará la Legislatura entrerriana. Esto es un debate que debe darse.

-¿Para ustedes, aun cuando no había elementos para llevar adelante el proceso de juicio político, sí había cuestiones éticas que deben ser reguladas?

-Así es. Cuando uno mira el régimen de licencias que tienen, es para todos los vocales igual. Todos se benefician de ese sistema. Ojalá ellos mismos puedan entender esta situación, y lo digo con total humildad, porque la verdad que hablar así de los vocales del Superior Tribunal parece hasta medio irresponsable de mi parte. Lo hago con total humildad, y les pido que revean esta situación y que puedan hacerse ellos mismos un régimen que sea acorde al régimen de licencia que tiene el resto del Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos, y y también el resto de los otros dos poderes. De otro modo, terminan siendo cuestiones de privilegio que son difíciles de entender.

La Rosca |Tratamiento en la Legislatura de proceso contra Medina|

“Hablar de un ‘tratamiento exprés’ como lo afirmó Cresto es, lisa y llanamente, falso. El proceso de juicio político tiene plazos claramente establecidos por la ley y hoy estamos actuando estrictamente dentro de ese marco legal. El plazo de 30 días se cumple el próximo lunes 5 de enero, fecha para la cual todos los diputados y diputadas estamos debidamente convocados. No hay apuros ilegales ni atajos institucionales: hay cumplimiento de la norma”, sostuvo Romero.

 

En ese sentido, la legisladora recordó que la Dra. Medina participó de una reunión virtual con la Comisión de Juicio Político, con la anuencia de todos los bloques, donde respondió todas las preguntas que le fueron formuladas (además de presentar su defensa legal correspondiente al caso). “Todas, salvo las del bloque de Más para Entre Ríos, que eligió no hacer ninguna pregunta”, sostuvo.

 

“Resulta al menos llamativo que quienes hoy denuncian falta de debate hayan decidido no preguntar absolutamente nada cuando tuvieron la oportunidad institucional de hacerlo”, remarcó.

 

Romero fue más allá y cuestionó duramente la actitud del bloque peronista en las sesiones convocadas. “Cabe preguntarse si los argumentos que hoy se escriben y se repiten en los medios son una falacia más del manual político del peronismo o si, en realidad, fueron utilizados como excusa para no ir a trabajar, como sí lo hace cualquier ciudadano de a pie”, disparó.

 

La diputada recordó que el bloque de Más para Entre Ríos no asistió a la sesión del 23 de diciembre, pese a tratarse de una instancia institucional clave. “Fueron convocados nuevamente para el 26 de diciembre, con suficiente antelación. Sin embargo, no participaron no sólo de la Comisión de Asuntos Constitucionales antes por la mañana, sino tampoco de la sesión convocada para las 14 horas y recién bajaron al recinto en la convocatoria posterior de las 16 hs, cuando ya el daño institucional estaba hecho. Pretender ahora presentarse como víctimas de una maniobra del oficialismo es, cuanto menos, una falta de respeto a la verdad”, afirmó.

 

“Resulta llamativo -y preocupante- que dirigentes con tanto recorrido político recurran a chicanas intrascendentes y a argumentos manifiestamente falaces no solo para intentar confundir a la ciudadanía, sino también para justificar su ausencia en el recinto y eludir su responsabilidad como representantes del pueblo entrerriano”, agregó Romero.

 

Finalmente, la legisladora subrayó que “la seriedad institucional exige respeto por los procedimientos, presencia en el recinto y honestidad intelectual”. Y concluyó: “El juicio político no puede ser rehén de especulaciones políticas ni de relatos construidos para tapar ausencias. Menos declaraciones grandilocuentes y más compromiso con el trabajo legislativo que la sociedad espera y merece”.

La Rosca | Acusaciones contra Susana Medina|

Laner explicó que, en los procesos de juicio político, la mayoría política no reemplaza las normas vigentes, ya que el reglamento exige quórum para emitir dictámenes válidos.

 

“Aunque tengamos mayoría, sin quórum no hay dictamen. Y el quórum se logra con presencia. El PJ decidió no estar y por eso el juicio político no avanzó”, sostuvo.

 

Precisó además que en la Comisión de Juicio Político el quórum se alcanza con la presencia de la mayoría de sus integrantes, y que la ausencia del bloque justicialista impidió sesionar válidamente y elevar el expediente al recinto.

 

“No existe la posibilidad de dictaminar solos. En un tema de esta gravedad institucional, el dictamen requiere quórum. El día que había que resolver, el PJ no fue”, remarcó.

 

La diputada cuestionó la postura del bloque justicialista, que reclamó públicamente más tiempo de debate mientras no asistía a las instancias formales donde ese debate debía darse.

 

“Hablan de evitar tratamientos exprés, pero no participan ni de la comisión ni de la sesión. El debate se da en los ámbitos institucionales, no desde la ausencia”, afirmó.

Laner destacó que los bloques oficialistas y aliados cumplieron todas las etapas del proceso, analizando pruebas y escuchando los descargos correspondientes.

Aclaró que no integra la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, pero señaló que los diputados que no forman parte de ese cuerpo recibieron información permanente y detallada sobre cada paso del procedimiento.

Finalmente, Laner fue categórica al asignar responsabilidades: “Si hoy no hubo juicio político, no es por una decisión del oficialismo. Es porque el PJ se ausentó. Sin quórum no hay dictamen, y sin dictamen no hay tratamiento en el recinto”.

La diputada recordó que el juicio político está expresamente regulado en la Constitución de Entre Ríos, en los artículos 138 a 154, y que el artículo 143 establece un plazo perentorio de 30 días para que la comisión concluya su labor.

La Rosca | Denuncias contra Susana Medina|

Este viernes se realizó una nueva reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones y Poderes y Reglamentos a  la que asistieron los Bloques de Diputados de Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, Fe y Libertad y Partido Conservador Popular sin la presencia del PJ para analizar dos  de las tres denuncias contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina

La Rosca | Denuncia contra Susana Medina  |

El trámite parlamentario quedó empantanado a partir de la decisión del bloque de Más para Entre Ríos de abstenerse de participar de la sesión especial en la que debía tratarse el dictamen de la Comisión de Juicio Político –entre otros proyectos–. Sin quórum, la Cámara de Diputados volverá a reunirse el viernes.

“No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del dictamen. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando”, advirtió la oposición.

El oficialismo fracasó en su intento por conseguir el quórum de tres cuartos de los miembros de la Cámara de Diputados para tratar el dictamen en la sesión especial convocada para este martes.

Medina enfrenta dos denuncias por mal desempeño. Esencialmente se le cuestionaba haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuía un atraso en la tramitación de causas. En su descargo y en la declaración ante la comisión, la magistrada negó demoras en su despacho, aseguró que los viajes fueron autorizados por el STJ y que estaban dentro del régimen que rige para los supremos.

El dictamen que pretende imponer el oficialismo sostiene que Medina no incurrió en causales de mal desempeño ni en una violación a las normas éticas que deben regir para cualquier magistrado y advierte que las denuncias en su contra constituyen un intento de promover el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional.

Además, sostiene que Medina no incurrió en causales de mal desempeño y que “reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad-honorem, viajar sola y/o acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, viajar en autos oficiales y con choferes, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”.

En su declaración ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político, la jueza admitió haber viajado al exterior en aviones privados invitada por Eduardo Eurnekian, CEO de Corporación América, de quien dijo ser amiga personal.

Se trata de tres vuelos a España y uno a Colombia, según registros migratorios; dos fueron por vacaciones (feria o compensaciones de feria), uno por motivos personales y el restante para un encuentro sobre perspectiva de género, de acuerdo con las constancias que aportó el STJ.

Sin embargo, los legisladores oficialistas consideran que no tienen facultades para “juzgar o analizar los gastos económicos realizados en un viaje privado fuera de su magistratura, sean que fuese de su peculio o abonados por terceros amigos o familiares”, si esos viajes fueron justificados y autorizados por el STJ y no violan sus reglamentos.

La Rosca |Denuncias por mal desempeño |

La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina formalizó la presentación de su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en respuesta a las denuncias por mal desempeño.

Medina fue denunciada por el dirigente gremial Eduardo Jacquemain en virtud de que se habría ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, el equivalente a tres años judiciales completos, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025.

Una segunda denuncia fue promovida por la asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción, que también pone el foco en “el extraordinario número de días de licencias”, pero agrega que las ausencias derivaron en un abandono y un perjuicio de sus funciones; y, además, le atribuye haber promovido una alteración en el orden de designaciones de vocales subrogantes del STJ ante casos de recusación o excusación; la aceptación o gestión de donaciones indebidas para la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA); y un abuso de autoridad por haber impedido la entrada a tribunales a integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción.

La magistrada rechazó cada una de las causales que le atribuyen: aseguró que las ausencias, licencias, comisiones de servicios y compensatorias de ferias “fueron solicitadas en tiempo y forma” y “autorizadas, registradas y aprobadas” por el STJ, lo que rubrica con un informe de la Secretaría de Superintendencia del alto cuerpo.

Del mismo modo, afirmó que los viáticos que percibió le han sido otorgados “conforme la reglamentación vigente”, aunque adjuntó una nota donde expresa su renuncia a percibir viáticos para viajes dentro de la jurisdicción a partir de julio de 2022 y también dijo haber renunciado al uso del servicio de chofer durante el período en que fue presidenta del alto cuerpo, entre 2022 y 2023.

En su descargo dijo además que tiene su despacho al día, “sin causas con términos vencidos para resolver”, en respuesta a una de las causales que le atribuyó Entre Ríos Sin Corrupción, una de las denunciantes, que le atribuye una morosidad del 90 por ciento en 2024 y un 88 por ciento en 2025.

Medina aseguró la “inexistencia absoluta de afectación del procedimiento, del servicio de justicia y de los plazos legales” y agregó que “jamás una sola de las actividades académicas, institucionales o administrativas generó afectación, demora, perjuicio o irregularidad en el ejercicio de mi función jurisdiccional. Quien afirme lo contrario debe probarlo y la prueba no existe”.

En ese sentido, la magistrada insistió en que “no puede haber mal desempeño cuando no existe daño, no existe atraso, no existe perjuicio y no existe incumplimiento” y reiteró que “ninguna de las licencias cuestionadas alteró el normal funcionamiento de la Sala (del Trabajo) ni la marcha del procedimiento”.

La presentación de Susana Medina abunda también en apoyos que ha recibido de instituciones relacionadas con su actividad gremial, en el ámbito de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, a la que renunció el domingo último. Los apoyos llegaron desde Perú, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y España.

Se destacan las notas remitidas por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la reconocida jurista Aída Kemelmajer, que ha sonado en innumerables ocasiones para ocupar un cargo en la Corte Suprema; y Alfredo Silverio Gusmán, integrante de la Cámara Federal Civil y Comercial, publicó Página Judicial.

La Rosca | Pedido de juicio político|

La nueva presentación se realizó en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Allí se presentó la presidenta de la ONG Entre Ríos sin corrupción, María Fabiana Cian.

El nuevo trámite se suma a la denuncia formulada el viernes, que será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunión este jueves a las 11.

La denuncia de Entre Ríos sin Corrupción se centra en “abusos del sistema de licencias”, el “abandono de funciones que perjudicó la función judicial”, la “alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes” cuando Medina fue presidenta el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y una situación de “abuso de autoridad”.

En el texto se marca que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se muestran estadísticas que constatan los índices de demora en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra la magistrada, reseñó Análisis.

“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, se remarca en el texto junto a datos que muestran el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.

En la información se observa que en 2024, por ejemplo, el índice de morosidad llegó al 90 por ciento. También se incluye un cotejo con las otras salas del alto cuerpo. En 2025 la morosidad alcanza el 88 por ciento. Para los denunciantes, la conducta se encuadra en la causal de mal desempeño.

Otro punto aborda la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que hasta esta semana presidió Medina, “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La referencia es a una entidad bancaria que es agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas.

Los denunciantes acompañan imágenes de elementos de comunicación institucional de AMJA en los que puede observarse el logo de la entidad en cuestión. Y entienden que la recepción de esos aportes, de haber existido, constituye un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.

Por último, se incluyó en la denuncia un hecho que para la ONG constituyó un abuso de autoridad, ocurrido cuando al momento de celebrarse una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, a representantes de Entre Ríos sin corrupción se les impidió el acceso a Tribunales.