La Rosca |Debate sobre siniestros viales |

En un documento, UCR Activa señaló que “los datos son contundentes y verificables. El año 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales. El arranque de 2026 fue todavía más grave: enero terminó con 26 personas fallecidas. Si esa tendencia se mantiene, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un aumento de más del 70 por ciento respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”.

 

Además, advirtió que “nada de esto ocurre por azar. Entre Ríos ocupa una posición estratégica en el Mercosur. Es corredor obligado del comercio regional, con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires. A ese tránsito estructural se suma la producción agrícola-ganadera, avícola y la cuenca lechera del centro provincial. En verano, además, el turismo multiplica el flujo de vehículos. Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”.

 

Sin embargo, aclaró, “el Estado nacional decidió retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales. Y el gobierno provincial acompañó esa decisión sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio. El resultado es un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.

 

A esto se suma un nuevo contrato de concesión de rutas que vuelve a cometer errores graves. “Entre las obligaciones de las concesionarias no se tuvo en cuenta a los bomberos voluntarios. Hoy, muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -porque tienen la obligación legal y humanitaria de hacerlo- tienen deudas con estaciones de servicio y no saben cómo afrontarlas”.

 

UCR Activa marcó que “los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes. Tampoco se contempló entre las obligaciones, que aporten al sistema sanitario provincial porque utilizan su infraestructura y recursos públicos de manera permanente y no contribuyen en nada; lo que constituye un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.

 

Además, exhortó a los legisladores nacionales entrerrianos “a que trabajen para modificar los pliegos de licitación de las rutas nacionales 12 y 14. Es imprescindible que se incluya la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas. Y que se establezca, de manera explícita, un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.

 

Causales estructurales

Más adelante aclaró que “hay una causa estructural que también debe decirse sin eufemismos: el desguace del ferrocarril en la década de los ’90 convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren satura las rutas con camiones de gran porte, las destruye y multiplica el riesgo. Mientras tanto, Brasil moderniza y expande su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”.

 

Mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —infraestructura con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito, asistencia automática ante siniestros— en la Argentina los pliegos de licitaciones se siguen concentrando en: cobrar más, gastar menos, sin transformar la infraestructura física y sin contemplar la inversión en tecnología que salve vidas.

 

El costo de las vidas humanas

UCR Activa remarcó que “la falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”.

La Rosca |Piden operativos de control y balanza|

La iniciativa solicita que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se disponga la instalación adecuada y en cantidad suficiente de operativos de control y balanzas, tanto fijas como móviles, con el fin de evitar la circulación de camiones con sobrepeso que aceleran el deterioro de la infraestructura vial.

Rossi remarcó que la situación es crítica: “Entre Ríos es un corredor logístico estratégico para el país y el Mercosur. El mal estado de las rutas nacionales, agravado por la falta de controles, está afectando la seguridad vial, el desarrollo económico y la competitividad de nuestras economías regionales”.

Según datos de Vialidad Nacional del período 2023-2024, el 43,9% de los 2.018 km de rutas nacionales relevados en Entre Ríos se encuentra en mal estado, mientras que solo el 26,3% presenta condiciones buenas. El tránsito de camiones con exceso de carga provoca fisuras, deformaciones y baches, reduciendo drásticamente la vida útil del pavimento. Un aumento del 20% en el peso por eje puede reducir a la mitad la durabilidad de una ruta.

El diputado subrayó que la DNV tiene la responsabilidad legal indelegable de controlar el cumplimiento de los límites de peso, independientemente de si la ruta está o no concesionada:

“La ley es clara y la autoridad nacional no puede desentenderse. La ausencia de controles fomenta prácticas evasivas y multiplica el impacto del sobrepeso sobre nuestras rutas”.

Rossi también señaló que la falta de fiscalización se agrava por los recortes presupuestarios y la reducción de personal en Vialidad Nacional, lo que limita la capacidad operativa del organismo:

“Estamos defendiendo los intereses de los entrerrianos. El deterioro acelerado de las rutas no es solo un problema vial: afecta la seguridad, encarece el transporte, desalienta el turismo y perjudica directamente a nuestras economías”.

Finalmente, el legislador pidió el acompañamiento de sus pares: “Exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con su deber legal de fiscalizar. Sin controles reales y permanentes, el patrimonio vial de todos los argentinos seguirá en riesgo”. (Fuente: Debate Abierto)