La Rosca | Registro Único de la Verdad|
Tampoco el Registro de la Verdad se quedó huérfano de asesoramiento legal, agregó, tras la no renovación del contrato al abogado Marcelo Boeykens. La tarea legal la llevará adelante la propia Bargagna, y la abogada Nazarena Rolandelli, que se suma al Registro. “Nosotros queremos llevarles a todas estas organizaciones tranquilidad. Estoy al frente del Registro Único de la Verdad. Vamos a garantizar la continuidad de las tareas, tal como se venían realizando. Estamos abordando el tema y en plena actividad”, afirmó en declaraciones radiales.
Cuatro son los contratos que “cayeron”. Eran “contratos temporarios con plazo determinado, con vencimiento 31 de diciembre de 2025. Venció el plazo y no han sido renovados. Fueron cuatro personas que estaban afectadas al trabajo del Registro Único de la Verdad. De todas maneras, ha quedado una mayoría en actividad, se ha sumado otra persona, que formaba parte de la Dirección de Derechos Humanos y que solicitó ingresar. Eso se aceptó, así que hay una persona más. Y es muy razonable y correcto lo que dijo el doctor Boeykens que estaba faltando un abogado. Bueno, el secretario de Justicia (Julián Maneiro) ha dispuesto que la suscripta, que es abogada, y la doctora Rolandelli, nos hagamos cargo de todas las tareas jurídicas y judiciales que tienen emprendidas el Registro Único de la Verdad, para que no se afecte ninguna de sus actividades ni la finalidad del organismo”.
Entre esos cuatro contratos que no se renovaron está el del abogado Boeykens y de tres personas más.
Boeykens posteó un video en redes dando cuenta del “vaciamiento” del Registro de la Verdad. “Lo que mostró, dando cuenta que no había nadie trabajando, tiene que ver con la época del año. En este momento, gran parte de nuestro personal, tanto de Derechos Humanos como del Registro Único de la Verdad, están de vacaciones. Y es posible que haya ido en un horario en que en ese momento no había gente”, destacó.
Respecto de los motivos por la no renovación de esos contratos, la abogada resaltó: “Eso es una decisión política de altas esferas de funcionarios, del Gobernador y de ministros. Nosotros no participamos de esas decisiones, las recibimos y las acatamos. Han decidido no renovar contratos. En el caso del Registro Único de la Verdad son estas cuatro personas. Pero no pasa por nuestra decisión valorar políticamente si se tienen que renovar o no determinados contratos. De todas maneras, el compromiso es que las funciones del Registro no pueden paralizarse, no se van a suspender y todo va a ir avanzando normalmente”.
“Tenemos el mandato de nuestras autoridades y un convencimiento personal de que las actividades del Registro Único de la Verdad no pueden suspenderse ni dejarse, sin cumplir. No solo que compartimos el trabajo del Registro, sino que estamos comprometidos en llevarla adelante con lo que tenemos”, dijo.
Bargagna aseguró que el área de Derechos Humanos de Entre Ríos, además de velar por la continuidad de los juicios de Lesa Humanidad, también “está tomando la defensa de los derechos humanos actuales que están siendo vulnerados por determinadas cuestiones. Así que no hay solo una mirada hacia el pasado, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra democracia y de las instituciones de la República, y de no volver a cometer errores como los que se cometieron, sino también una mirada hacia el presente y el futuro. Es decir, hoy nuestra sociedad está envuelta por una serie de cuestiones que hacen necesaria la tarea de la defensa de los derechos humanos en materia de salud, de salud mental, en materia del uso abusivo e inoportuno de los celulares en los niños. Lo nuestro no solo se detiene en el pasado, sino que mira hacia el presente y el futuro”. (APF)
La Rosca |Registro Único de la Verdad|
Mediante un comunicado, el Ejecutivo aclaró que no se renovaron tres contratos temporarios, “cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas”. Asimismo, se refirió a la no renovación de contratos temporarios en la Administración Pública: “representa menos del 6% del total de contratos temporarios vigentes”.
Luego de que La Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) denunciaran un proceso de vaciamiento institucional, la Provincia emitió un comunicado desmintiéndolo.
“Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: No existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV). No hay cesantías ni despidos de trabajadores”.
A su vez el Ejecutivo aclaró que no se renovaron tres contratos temporarios, “cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas”. Y agregó en el escrito: “Esta medida no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo”.
Además, el texto remarca: “Resulta fundamental remarcar que de ninguna manera se ven afectadas en la provincia de Entre Ríos las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”.
“La presencia del Estado provincial en dichas causas se encuentra plenamente garantizada, así como también la representación provincial en los procesos vinculados a delitos de lesa humanidad, dado que existen, tanto en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia como en la Dirección de Derechos Humanos, profesionales debidamente calificados y con competencia suficiente para ejercer dicho rol, asegurando la continuidad institucional y el compromiso del Estado entrerriano en esta materia”, señaló.
No renovación de contratos temporarios en la Administración Pública
En la oportunidad, el Gobierno provincial también se refirió a la decisión adoptada respecto de los contratos temporarios remarcando que se trata de “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.
Asimismo, explicó: “No se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos temporarios, los cuales, por definición legal, tienen carácter transitorio y están sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, cumplimiento de funciones y necesidades operativas”.
Por otra parte, el comunicado indica que la cantidad de contratos no renovados representa menos del 6% del total de contratos temporarios vigentes en la Administración Pública. “Más del 94% de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad de las políticas públicas y el normal funcionamiento de todas las áreas del Estado”.
“Las decisiones adoptadas responden a criterios administrativos objetivos y responsables, orientados a fortalecer la gestión pública, optimizar el uso de los recursos y consolidar un Estado eficiente, transparente y plenamente comprometido con sus obligaciones institucionales”, concluye el texto.
La Rosca |Cese de contratos|
“Rechazamos el desguace del Registro Único de la Verdad y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, que significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia”, sostiene el comunicado.
“La decisión respecto al Registro no puede ser presentada como una cuestión administrativa”, cuestionaron y argumentaron: “Se trata de un área del Estado provincial que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, un espacio que resguarda la memoria, la verdad y parte esencial de nuestra identidad colectiva”.
En ese marco, advirtieron que lo ocurrido forma parte de una política más amplia de retroceso del Estado en áreas sensibles. “Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, y que implica el abandono de políticas sensibles que protegen a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano”.
“No se trata de contratos que finalizan, sino de despidos y vaciamiento. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial”, señalaron.
En otro tramo del documento, expresaron su solidaridad “con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos”.
El comunicado apuntó directamente a la gestión del gobernador Frigerio: “Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador Frigerio, existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo”.
En ese sentido, manifestaron que el PJ “adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir de manera inmediata una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de nuestra provincia”.
“Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos”, finalizó el documento.