La Rosca |Proyecto de reforma del Código Contravencional |
Este viernes ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que “tiene por objeto derogar la Ley Nº 3815, sancionada en el año 1952, y sustituirla por un nuevo Código de Contravenciones de la Provincia de Entre Ríos, adaptado a la realidad social, institucional y jurídica del siglo XXI”. En el texto se indicó que “el texto vigente, con más de siete décadas de antigüedad, fue elaborado bajo un paradigma normativo y social propio de otra época, que ya no responde a las necesidades actuales de convivencia, seguridad ciudadana y respeto por los derechos humanos”.
La crítica a la norma vigente que realizó la diputada Vilma Vázquez, del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER), comprendió que “su estructura, lenguaje y contenido carecen de coherencia sistemática, generan superposiciones con la legislación penal y administrativa, y resultan incompatibles con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y debido proceso que rigen nuestro orden constitucional”.
Exhaustivo estudio comparado de códigos contravencionales
Vázquez destacó que “… se propone un nuevo Código Contravencional, elaborado sobre la base de un exhaustivo estudio comparado de los códigos y ordenamientos contravencionales de Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Córdoba, provincias que en los últimos años han modernizado integralmente sus sistemas sancionatorios menores”.
El artículo 3° que versa sobre el “Principio de legalidad” establece que “ningún proceso contravencional puede ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipificadas por Ley dictada con anterioridad al hecho e interpretado de manera restrictiva”. El 4° versa sobre la “Prohibición de analogía” que prescribe que “este Código no podrá aplicar en forma analógica otros tipos de contravenciones que busquen perjudicar al imputado”.
También determina un “Principio de culpabilidad” que ordena que “las contravenciones se configuran bajo las formas de dolo o culpa. No obstante, la sanción de conductas culposas requiere que la modalidad haya sido expresamente tipificada por la ley, en resguardo del principio de legalidad”.
En el artículo 6º plantea la “Inimputabilidad y causas de justificación” determina la “Inimputabilidad por edad” en la que “no son punibles las personas menores de 18 años, salvo en los supuestos de contravenciones de tránsito, en cuyo caso la edad de punibilidad será la requerida legalmente para obtener la licencia de conducir. En tales casos, no podrá imponerse sanción de arresto”; la “Inimputabilidad por incapacidad”, por la que “no serán punibles quienes, al momento de la comisión de la contravención: a. No pudieren comprender la ilicitud del hecho o dirigir sus acciones. b. Actuaren bajo fuerza física irresistible o bajo amenaza de sufrir un mal grave e inminente en su persona o bienes”.
Entre las “Causas de justificación” sostiene que “tampoco será punible quien, al momento del hecho: a. Obrase en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. b. Causare un mal para evitar otro mayor e inminente al cual fuera ajeno. c. Actuare en defensa propia o de terceros, siempre que concurran las siguientes condiciones: â—‹ Agresión ilegítima” entre otras.
Vázquez sostuvo que “este trabajo permite incorporar las mejores prácticas federales, armonizando criterios sancionatorios y procesales en todo el país, sin perder de vista las particularidades propias de Entre Ríos. El proyecto se inspira en los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional…, y la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, asegurando un equilibrio entre la autoridad del Estado y la tutela efectiva de los derechos individuales”.
Asimismo, la diputada señaló, detalla APF, que “el Código incorpora una visión moderna del Derecho Contravencional, entendiendo las sanciones no sólo como mecanismos punitivos, sino también como instrumentos de prevención, reparación y reinserción social”. En ese sentido añadió que “se priorizan las medidas alternativas al arresto —como el trabajo de utilidad pública, las instrucciones especiales o la reparación del daño— y se crea la Unidad de Control y Ejecución de Sanciones (UCES), órgano técnico que garantiza la ejecución efectiva y transparente de las sanciones impuestas”.
Otro aspecto “central” del proyecto, según consideró la autora, “es la digitalización y transparencia en la gestión contravencional. Se prevé la creación de registros digitales, mecanismos de control público y la utilización de medios tecnológicos para el seguimiento de las sanciones, lo que fortalece la eficiencia institucional y el acceso a la información. Finalmente, la redacción del nuevo Código responde a un enfoque de convivencia democrática y educación cívica, que promueve la participación comunitaria, la prevención del conflicto y el respeto mutuo como valores fundamentales del entramado social entrerriano”.
La Rosca |Reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia|
La oposición no consiguió este miércoles aprobar de manera definitiva la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto, que buscaba imponer nuevas reglas de control legislativo sobre el Ejecutivo, deberá volver al Senado luego de no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos requerida para sancionar su artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso trate los decretos presidenciales.
Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.
Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto.
De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.
Blanca Osuna publicó en X: “Sancionamos la reforma a la Ley de DNU. Un freno al autoritarismo de Javier Milei y al uso indiscriminado de decretos para gobernar por encima del Congreso y del pueblo”.
Por su parte, Gaillard uso la misma vía para expresarse: “Logramos aprobar la modificación de la Ley de DNU. Durante meses Milei usó los decretos como si el Congreso no existiera. Hoy pusimos un freno a ese abuso. La democracia se defiende con instituciones que funcionen y un Congreso que haga valer la voluntad del pueblo”.
Desde el Gobierno nacional, consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Fuente: APF
La Rosca |Polémica tras reforma de ley de Juicio por Jurados|
Burgos sostuvo que “uno de los sectores más corporativos del Poder Judicial busca seguir frenando cualquier tipo de control social”.
La sanción definitiva de la reforma a la ley de Juicio por Jurados por parte de la Cámara de Senadores de Entre Ríos provocó la inmediata y dura reacción de varios sectores, entre ellos, de la candidata a diputada nacional Nadia Burgos, quien consideró que los cambios en la normativa constituyen un retroceso en lo que respecta a la participación ciudadana.
“Con la reforma de la Ley de Juicio por Jurados nuevamente gana lo peor de la casta judicial”, advirtió, consideró que se trata de “un ataque a una de las medidas de democratización que la ciudadanía tiene para participar de la Justicia” y cuestionó que con este paso “uno de los sectores más corporativos del Poder Judicial busca seguir frenando cualquier tipo de control social”.
Para la dirigente, esta reforma “implica un retroceso en una conquista que se había logrado con muchísima pelea” y que, además, va “a contramano de lo que establece la propia Constitución Nacional.”
“Creemos que en lugar de reducir la intervención de los Juicios por Jurados habría que tomar medidas más estructurales para eliminar todos los privilegios del Poder Judicial y, en este marco, deberíamos estar discutiendo la elección directa de jueces y fiscales por el voto popular, y la ampliación del juicio por jurado”, consideró la dirigente en declaraciones enviadas a esta Agencia,
Finalmente, Burgos centró el repudio en la decisión de ambas cámaras legislativas de avalar la polémica reforma y en quienes impulsaron “esta reforma antidemocrática” que fue presentada por el Poder Ejecutivo.
La Rosca |Reforma del Código Procesal Penal|
El encuentro fue en el Centro de Convenciones de Paraná, en la zona alta del Parque Urquiza. Del staff gubernamental participaron por la Secretaría de Justicia, su secretario, Julián Maneiro, y el funcionario, Rubén Virué, y el secretario de Legal y Técnica, Esteban Vitor. Fue en una charla con periodistas.
Los funcionarios dieron las precisiones que pudieron respecto de los 20 puntos que se dieron a conocer y son parte de un temario tentativo que comenzó a circular entre distintos estamentos que son parte de la provisión del servicio de Justicia o coadyuvan a su funcionamiento y fueron convocados para realizar sus aportes. Así fue por lo reciente de las consultas, tras el retiro del Senado del primer proyecto de modificación que presentó el gobernador, Rogelio Frigerio.
Los funcionarios precisaron que por mandato del gobernador, el proyecto tiene que estar terminado, con todos los aportes previos que se espera recibir, antes del 15 de diciembre –fecha límite-, cuando cesa la actividad legislativa de este año. Desde el gobierno se precisó que los estamentos convocados a realizar sus aportes fueron el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; el Colegio de la Abogacía; y las universidades Autónoma de Entre Ríos, Católica Argentina, Nacional del Litoral y de Concepción del Uruguay.
El tema que más consultas concitó fue el de la fijación de los plazos razonables para poder continuar una investigación. Hubo referencias al reciente fallo de la Corte Suprema que anuló el fallo Cozzi, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que declaró la insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal para continuar la investigación una vez superados determinados plazos. En este sentido, los funcionarios aportaron que la intención es recibir las contribuciones de los estamentos y destacaron la necesidad de ponerle un límite a las investigaciones para evitar que un acusado quede en un limbo o en la “parrilla”. Así, indicaron que se trata de determinar desde cuando se contabilizan los plazos procesales máximos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), y cuando fenecen.
Del temario tentativo de 20 puntos, que no son limitantes para que se incorporen otros de acuerdo a la dinámica del debate previo al ingreso del proyecto a la Legislatura como así tampoco es seguro que sean abordados todos, se destacan, además del que aborda los plazos razonables de una investigación, la regulación específica de la acción privada cuando el MPF dispone el archivo y es confirmado por el fiscal coordinador; la posibilidad de que el Estado sea querellante en materia penal; la incorporación de la figura del arrepentido y del informante; la incorporación al proceso contra personas jurídicas; regulación de una etapa previa a la IPP y su duración.
También se enumeraron la duración del proceso y plazos para resolver y la problemática con la Ley de Juicio por Jurados en función de una aludida demora en la fijación de las audiencias. En relación a la herramienta constitucional del Juicio por Jurados, del que se precisó que tiene su propia normativa y reglamentación, se añadió el estudio de la posibilidad de que la víctima pueda recurrir el veredicto de no culpabilidad, algo que en la actual normativa no está contemplado. (APF)
La Rosca | Diputados |
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, se reunió este martes para tratar dos expedientes: la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos Nº 11.003, propuesta por el Poder Ejecutivo, y la regulación del procedimiento de pedidos de datos e informes realizados por las cámaras legislativas a los otros poderes del Estado, presentado por la diputada Andrea Zoff.
Al término de la reunión, Lena informó que hubo dictamen favorable para el proyecto que prevé cambios en la norma del organismo que selecciona jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial de la provincia; luego de una serie de encuentros en que la comisión escuchó a especialistas y a representantes de instituciones que tienen participación en el Consejo, además de debatir el articulado entre los mismos legisladores.
“Hubo dictamen. Ya reunimos las firmas necesarias como para poder ingresarlo y que sea tratado en el recinto”, dijo Lena, quien precisó que se realizaron cambios al texto enviado por el ejecutivo, de acuerdo con los aportes que realizaron los legisladores y los invitados y en coordinación con el Ejecutivo.
“Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
Con respecto a la conformación del CMER, dijo que el dictamen prevé representación del Poder Ejecutivo, de los magistrados y funcionarios judiciales, de los trabajadores, del sector académico y de organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la temática. “En cuanto a la representación de las universidades, que fue uno de los temas más debatidos, se le da prioridad a aquellas que tengan asiento en la provincia de Entre Ríos”, completó.
Regulación de pedidos de informes
Consultada acerca de su iniciativa, Andrea Zoff explicó: “Este proyecto busca regular y reglamentar el procedimiento para pedidos de informes que está previsto en el artículo 117 y 204 inciso F de nuestra Constitución. Como legisladores, una de nuestras funciones es controlar lo que hacen los otros poderes y nos encontramos con que para esta figura no están estipulados plazos para su respuesta ni alguna consecuencia en caso de incumplimiento”.
En ese sentido, manifestó que “hay muchos pedidos que si la respuesta llega tarde o no llega, deja de tener sentido contar con esta herramienta”. Por ese motivo, se busca establecer: “Primero, cómo tienen que responderse los informes: de manera clara, completa, documentada. El segundo punto es el plazo: 15 días hábiles, que se condice con el que está previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública, y le sumamos una prórroga automática por igual tiempo en caso de que se trate de un pedido de informes que tenga determinada complejidad”.
Otra de las propuestas es que en caso de que no existiera respuesta, la Presidencia de la Cámara requirente deba instar al poder de que se trate para que lo haga. “En caso de no cumplirse, se habilitará la vía judicial y, por otro lado, a los funcionarios públicos se les aplicará causal por mal desempeño de su cargo”, dijo la legisladora.
Finalmente, se prevé la publicación de los informes en la página web de la Cámara requirente, con el objetivo de brindar mayor transparencia. “No solamente los legisladores vamos a contar con esta información, sino que también podrá tener acceso a ella cualquier ciudadano”, concluyó.
La Rosca | Reforma política |
Los concejales Leandro Fernández (presidente de Bloque), Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Rosana Mabel Toso y Pablo David Donadío consideran que la reforma política electoral que impulsa el Gobierno de Entre Ríos “fortalece la democracia, la transparencia electoral y la participación ciudadana”.
En este sentido, a través de un proyecto de comunicación, instaron a los distintos sectores políticos, sociales y ciudadanos a “acompañar y enriquecer este proceso con la convicción de que su implementación beneficiará a la sociedad en su conjunto”.
El proyecto de reforma política, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente bajo análisis en el Senado. Los concejales expresaron su optimismo: “Estamos convencidos de que estamos a las puertas de un gran acuerdo. Modernizar nuestro sistema electoral es una deuda histórica y la incorporación de la Boleta Única de Papel, una herramienta ya adoptada por muchas provincias, representa un paso fundamental en ese camino”.
Asimismo, subrayaron el carácter participativo del proceso de discusión, destacando las iniciativas impulsadas adelante por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que organizan encuentros en diversas ciudades para recoger propuestas y fortalecer el proyecto. También remarcaron el intenso trabajo realizado en las comisiones de la Cámara de Diputados y el debate en el Senado, resaltando que “Juntos por Entre Ríos ha demostrado su voluntad de diálogo y compromiso para construir la mejor ley posible”.
En los fundamentos de la iniciativa, los concejales enfatizaron la necesidad de adaptar la democracia a las demandas del siglo XXI. “La democracia no puede estancarse, debe evolucionar para responder a las expectativas y necesidades de la sociedad. Esta reforma representa un instrumento esencial para modernizar y fortalecer nuestro sistema político, garantizando que sea más inclusivo, eficiente y transparente”, concluyeron.
La Rosca | En debate |
Maneiro adelantó que pretenden “aprobar el proyecto de Reforma Política antes de fin de año”.
En declaraciones a Debate Abierto, el funcionario provincial y exlegislador, Julián Maneiro, dijo que la Reforma Política presentada por el gobernador Rogelio Frigerio será abierta al diálogo con todos sectores de la política y la sociedad. “Tenemos pensada una agenda de trabajo y encuentros que la vamos a comenzar el lunes (por hoy), con los bloques legislativos de diferentes espacios, partidos políticos, asociaciones civiles, y no más allá de mayo estaremos presentando el proyecto y hacia fines del período legislativo 2024 tendremos aprobada la ley”, describió.
“Nuestro objetivo es que la ley esté aprobada antes de fin de año”, insistió Maneiro y aclaró que “no presentamos un anteproyecto porque entendimos que si presentábamos una propuesta íbamos a limitar el debate. Queremos abordar una reforma integral, que sea más transparente, económica. El peronismo quizás ya hubiese ido con un proyecto cerrado pero no es nuestra impronta, creo que vamos a encontrar los puntos de consensos”, señaló.
Peronismo a favor de cambios
Maneiro dijo que “con José Cáceres (Presidente del PJ de Entre Ríos) hemos tenido diferencias y lo respetamos, es un dirigente de gran trayectoria en el peronismo, en su momento cuando yo era diputado compartimos banca, él se expresó y dijo que no está de acuerdo con la boleta única, lo respetamos porque es una opinión a título personal, pero entiendo que la mayoría del peronismo está aceptando la necesidad de un cambio”, destacó.
“Hay un antecedente, cuando el exgobernador Gustavo Bordet envió un proyecto de boleta única, que la entonces Ministra de Gobierno Rosario Romero apoyó. Por eso decía que la mayoría de la dirigencia del peronismo está a favor de un cambio. Pero siempre es mejor alentar este tipo de debates. Éste es un buen tiempo para iniciar el debate”, consideró el funcionario provincial.
Maneiro anticipó que en la Reforma Política de Juntos “se van a tener en cuenta algunas cuestiones del proyecto de Bordet. Los temas se hablan con las distintas fuerzas, y vamos a oficializar estos contactos con la dirigencia y sociedad civil”.