La Rosca |Retención de servicios|
Representantes de ATE Entre Ríos se reunieron con autoridades de la Secretaría de Justicia para plantear el rechazo al recorte de horas extras en la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos.
Según informa el sindicado, la medida de ajuste ocasiona “un daño muy grande al salario de los y las trabajadoras”. En tal sentido, explicó que los recortes superan el 30% —llegando al 42% en muchos casos—, a diferencia del resto de los organismos del Estado.
ATE también expuso sobre la necesidad de convocar a una mesa de trabajo con todas las demandas que viene formulando. Además, se comprometió a elevar a las autoridades un relevamiento de las condiciones laborales de todas las dependencias de la Dirección.
Por su parte, la Secretaría de Justicia se comprometió a responder a las demandas de manera urgente, detalla APF.
En esta reunión participaron: Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos; Mariana Luján, Secretaria Administrativa; y Delegados de Paraná, de Gualeguaychú y de Concepción del Uruguay en representación de los trabajadores y trabajadoras del interior, propuestos en la Asamblea del pasado viernes 22.
Cabe recordar que los trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas dependiente de la Dirección continúan con las medidas de fuerza: Asambleas informativas y deliberativas con retención de servicio de 08 a 12hs hasta este viernes.
La Rosca | Recortes en el municipio |
Además, la medida, oficializada mediante el Decreto N° 511/2025, y entrará en vigencia el 1° de agosto, con alcance hasta el 31 de diciembre de este año aunque con posibilidad de prórroga, comprende una reducción del 20% en los contratos por prestación de servicios en todas las áreas municipales y otra serie de ajustes que “buscan preservar el equilibrio fiscal sin comprometer los servicios esenciales”.
Apenas asumió su cargo en el diciembre del 2023, la intendenta del PJ redujo su sueldo en un 40% y el 1 de julio del corriente, congeló el salario de todos los funcionarios.
Según el comunicado oficial emitido por el Municipio de esa localidad, el contexto que motivó estas medidas «es crítico»: En junio, Victoria sufrió una disminución del 32 % en los fondos de coparticipación nacional y del 41 % en la provincial, en comparación con el mes anterior. Esta fuerte merma en los ingresos afectó directamente la capacidad de financiamiento del Estado local.
Además de los recortes mencionados, el decreto establece la supresión de horas extras, la fijación de un tope máximo de 60 horas por quincena para los trabajadores temporarios, la reestructuración funcional del personal, y una reducción del 25 % en los cupos de carga de combustible de vehículos, salvo aquellos destinados a servicios esenciales, indica Diario Junio.
La normativa garantiza el pago de haberes al personal permanente y jornalizado, priorizando la prestación de servicios esenciales y los trabajos impostergables.
El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga, y será remitido al Concejo Deliberante para invitar a la adhesión en los mismos términos por parte del Cuerpo legislativo local.
La Rosca | Educación Pública |
“En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias aseguren el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó la legisladora entrerriana Blanca Osuna.
Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.
El Proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación, hoy en riesgo de cumplimiento. Asimismo se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.
La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.
En el Capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país.
El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las Provincias.
Osuna agregó que “el Presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”.
“La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada nacional por Entre Ríos.