Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la diputada del bloque peronista, Laura Stratta, que propone la creación “en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano el Sistema Provincial de Información sobre Políticas Alimentarias”.
El objeto, según se sostuvo, del Sistema Provincial de Información de Políticas Alimentarias “tendrá como objeto ser el instrumento de relevamiento, sistematización, auditoría y publicación de información relativa a políticas, programas y dispositivos alimentarios que se ejecuten en el territorio provincial”.
El fundamento del proyecto consiste “en el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y suficiente, que cuenta con reconocimiento a nivel internacional y al cual adhiere la República Argentina”.
Universidades
Stratta sostuvo que “el fortalecimiento de la producción y calidad del dato requiere la participación de actores académicos con capacidades técnicas y territoriales, de modo de mejorar estándares metodológicos, definiciones operativas e indicadores así como desarrollar instancias de auditoría y evaluación periódica”.
En tal sentido añadió que “la incorporación de universidades al sistema como espacio de consulta técnica y construcción de evidencia contribuye a dotar a la política alimentaria de mayor rigor, comparabilidad y legitimidad pública”.
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También destacó que “la publicación accesible de información verificada sobre comedores y merenderos, sin exponer datos personales, cumple una función social adicional: permite ordenar y potenciar el acompañamiento comunitario, canalizar donaciones responsables y facilitar la articulación con organizaciones, empresas y actores del territorio, promoviendo transparencia, trazabilidad y evitando intermediaciones informales”.
Instrumento esencial de relevamiento
Stratta sostuvo que el Sistema debe concebirse “como un instrumento esencial para el relevamiento, sistematización, auditoría y publicación transparente de toda la información relativa a las políticas, programas y dispositivos de asistencia y seguridad alimentaria ejecutados en el territorio provincial, con el fin primordial de mejorar la planificación, el control, la evaluación de las intervenciones y fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, en consonancia con el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y eficiente”.
Entendió su pertinencia en “la situación de familias que atraviesan altos niveles de vulnerabilidad social, que poseen trabajos precarizados o directamente son desempleados, y cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas, condiciona severamente el acceso a una alimentación adecuada”. Añadió que “estos déficits en parte de la población generan la demanda permanente y sostenida de acceso a comedores escolares y comunitarios, merenderos y espacios donde tanto el Estado como las organizaciones sociales aseguran un plato de comida”.
Pespectiva
La diputada consideró que “desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a una alimentación adecuada impone a los Estados obligaciones de respeto, protección y garantía, vinculadas tanto a la disponibilidad como a la accesibilidad de alimentos adecuados de manera sostenible, sin menoscabar el goce de otros derechos”. En estel sentido añadió que “el enfoque de derechos aporta un criterio rector: las políticas alimentarias deben orientarse a asegurar condiciones materiales y sociales que permitan a las personas alimentarse con dignidad”.
Estado garante
Asimismo entendió que “el Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”.
Stratta entendió que “las políticas alimentarias, incluyendo programas de comedores, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos, transferencias u otras modalidades, integran un campo de intervención pública complejo, donde convergen dimensiones sociales, sanitarias, educativas, productivas y territoriales. Su calidad y efectividad dependen de la coordinación entre niveles de gobierno, de la continuidad de la prestación, y de la capacidad estatal de planificar y ajustar intervenciones según evidencia”.
También consideró que “la alimentación saludable, desde una perspectiva de salud pública, es un determinante central para prevenir la malnutrición en todas sus formas y reducir riesgos de enfermedades no transmisibles. Por ello, las políticas alimentarias deben contemplar no sólo la cobertura, sino también criterios de calidad nutricional, inocuidad y adecuación cultural, fortaleciendo un enfoque integral que articule asistencia, prevención y promoción de hábitos alimentarios saludables”.
En aquella línea sostuvo que “la fragmentación de información y la dispersión de fuentes administrativas debilitan la gobernanza de las políticas alimentarias, dificultando: identificar coberturas reales y brechas territoriales; evitar superposiciones o vacíos; monitorear continuidad, frecuencia y adecuación de prestaciones; evaluar resultados; y mejorar la eficiencia del gasto público”.
La Rosca | Proyecto de ley|
La iniciativa, impulsada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Kelly Olmos– define como plataforma online a “toda interfaz digital que permita ofrecer bienes o servicios a consumidores”, y sostiene que “deberán garantizar información transparente y verificable sobre los productos ofrecidos: descripción técnica, precio final, costos adicionales, plazos de entrega y datos completos del proveedor”.
Además, contarán con responsabilidad en los casos en los que se verifiquen “incumplimientos contractuales, defectos en los productos, infracciones a normas de seguridad y falta de pago de tributos”.
En los fundamentos, los autores señalan que el comercio electrónico creció exponencialmente en los últimos años, pero la normativa vigente no se actualizó para contemplar las particularidades del entorno digital. “Esto genera asimetrías informativas y facilita maniobras ilegales como el contrabando y la evasión fiscal”, dice el proyecto.
De aprobarse el proyecto, incluso, estas empresas también deberían actuar como filtros en el control de la mercadería importada a la Argentina de forma ilegal. El texto apunta que, cuando se trate de productos ingresados desde el exterior, deberán exigir documentación que acredite su legítima introducción al país, incluyendo el despacho de importación.
Además, las plataformas tendrán la obligación de verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores y mantener un registro electrónico con esta información. Si no cumplen, podrán recibir multas de hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
En este sentido, el texto contempla la obligación de que las plataformas deban responder por el pago de impuestos aduaneros si permiten la comercialización de bienes importados sin la documentación requerida.
Por otra parte, el proyecto de ley también busca reforzar los controles en zonas críticas de la frontera norte, donde se detectan delitos complejos como narcotráfico y trata de personas, y proteger la industria nacional frente a la competencia desleal.
En caso de ser aprobado, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, que tendrá a su cargo el control y las sanciones. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación.
Uno de los puntos que busca atacar esta iniciativa tiene que ver con el contrabando, una problemática que no tiene que ver con el mundo digital.
Los productos que ingresan a la Argentina de forma ilegal se da por pasos fronterizos sin control también crece y afecta a múltiples sectores productivos.
Entre los productos más contrabandeados aparecen:
Electrónicos:celulares, televisores, notebooks, aires acondicionados, relojes inteligentes y accesorios tecnológicos (TV Box, cargadores, tablets). En 2025, la Aduana incautó 1,8 millones de unidades valoradas en unos US$ 65 millones. En el caso de los celulares en particular más de un tercio de los equipos vendidos en 2025 entraron por fuera del circuito formal.
Cigarros y cigarrillos electrónicos:representan casi el 10% de las ventas, pese a estar prohibidos.
Cerveza y otros alimentos:hasta el 4 % de los autoservicios del AMBA vende marcas ingresadas ilegalmente. El contrabando de huevos supera las 550.000 unidades por día.
Ropa, calzado, perfumes y juguetes:su participación en el mercado informal llegó hasta el 40%, advirtió la UIA.
La Rosca |Educación secundaria de adultos|
“Créase, en el ámbito del Consejo General de Educación, la primera Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) con Orientación en Inteligencia Artificial”, dice la iniciativa. Y deja en manos del Consejo General de Educación (CGE), “en el ejercicio de sus atribuciones”, la misión de elaborar y aprobar el plan de estudios correspondiente a la oferta educativa creada, “pudiendo además adoptar las medidas administrativas, pedagógicas y de articulación institucional que estime necesarias para su implementación”.
La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos con Orientación en Inteligencia Artificial tendrá como finalidades:
a) Brindar una educación secundaria integral, con enfoque en competencias del siglo XXI y en el desarrollo de capacidades vinculadas a la innovación tecnológica.
b) Fomentar el uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial, asegurando la comprensión de su impacto social, cultural y laboral;
c) Desarrollar habilidades de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo, mediante metodologías activas y proyectos cooperativos;
d) Promover la resolución de problemas, el análisis de información y el trabajo interdisciplinario, integrando inteligencia artificial como herramienta transversal en los distintos espacios curriculares”.
En los fundamentos, el legislador plantea: “La educación secundaria para adultos enfrenta actualmente desafíos inéditos, derivados de los rápidos avances tecnológicos, la digitalización de la información y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral y social cada vez más dependiente de la Inteligencia Artificial (IA)”, afirmó y dijo que, “en este marco, la creación de una Escuela Secundaria para Jóvenes Adultos (ESJA) con orientación en Inteligencia Artificial constituye una propuesta innovadora y pionera en la provincia de Entre Ríos, capaz de ofrecer una experiencia formativa de alta calidad, inclusiva y adaptada a las exigencias del siglo XXI”.
“La propuesta incorpora formación en IA y competencias digitales, entendiendo que la Inteligencia Artificial es un acceso transversal a la información”, indicó el legislador y agregó: “El objetivo es ofrecer una formación actualizada, incorporando herramientas que son claves para el desarrollo personal, académico y laboral.
La propuesta plantea una orientación específica en IA y competencias digitales, que funcionará como eje en todas las materias”.
La Rosca |Emergencia en obra pública |
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que solicita “prorrogar por el plazo de un año la vigencia de la Ley Provincial Nº 11.138, prorrogada por Ley N° 11.177, mediante la cual se declaró la emergencia en materia de obra pública en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos”. Se indicó que “la prórroga que se propone, resulta necesaria y razonable frente a la persistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su dictado y la sucesión de otros hechos, normas y convenios que sobrevinieron a su sanción, aparejando un impacto administrativo, financiero y jurídico de carácter significativo”.
Deuda importante y recursos propios insuficientes
En aquella línea se sostuvo que “se estima que la deuda correspondiente a certificados emitidos y a emitir, con más sus intereses y que involucran trámites administrativos y judiciales, ascendería aproximadamente a $ 4.382.218.619,74” y se destacó que “los recursos presupuestarios existentes en las partidas pertinentes, resultan insuficiente para cancelar esta deuda sin afectar otras obras provinciales cuyo financiamiento se halla previsto en el presupuesto”. También se señaló que “la suma indicada se atendería de forma ordenada y previsible mediante la línea de crédito instrumentada por Decretos DTO-2025-2813-E-GER-GOB y DTO-2025-3068-GERGOB, posibilitando una gestión eficiente y razonable de los recursos públicos”.
Herramienta contextual indispensable
El Poder Ejecutivo sostuvo que “la prórroga del régimen de emergencia en materia de obra pública constituye, en este contexto, una herramienta indispensable para posibilitar la negociación en mejores condiciones con las empresas contratistas, facilitando a las mismas el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promover la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario, y reducir de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.
En el proyecto se destacó que “el vencimiento de la Ley Provincial Nº 11.177 al 31 de diciembre de 2025, sin una prórroga adecuada, implicaría un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública” y se añadió que “la sanción de la presente iniciativa constituye, conforme lo expuesto, un acto de responsabilidad impostergable, pues en función de esta herramienta normativa, podrá contenerse y atenderse previsiblemente las deudas por obras públicas, cuidando por un lado las arcas del tesoro provincial y logrando, por otro, satisfacer el crédito de los acreedores, cuidando las fuentes de trabajo vinculadas a los mismos”.
Asimismo, se sostuvo que “la concreción de estas metas, permitirá dar respuesta a los intereses y necesidades públicas involucradas, en beneficio de todos los habitantes de nuestra provincia, por cuanto la cancelación de las deudas existentes, habilitará avanzar a la etapa inmediata posterior de toma de decisiones sobres las obras públicas involucradas. Por todo lo expuesto, solicito a esa Honorable Legislatura, el tratamiento prioritario y la oportuna sanción del presente proyecto.
Decisiones políticas nacionales que impactaron en Entre Ríos
En el proyecto se destacó particularmente “la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por Decreto Nº 1020/2024 PEN, y la consecuente transferencia a la Provincia de Entre Ríos de la ejecución, administración y cierre de numerosas obras públicas financiadas originalmente con fondos nacionales”. Así, se agregó que “esta situación derivó en la suscripción del Convenio Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, junto con sus respectivos acuerdos específicos, mediante los cuales el Estado Provincial, priorizando la obra pública y los beneficios que supone para sus habitantes, asumió obligaciones que implican complejos procesos de regularización administrativa y financiera”.
El Gobierno alegó que “la implementación de dichos acuerdos ha generado un volumen extraordinario de trámites administrativos, particularmente en materia de solicitudes de adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios, muchas de las cuales se rigen por normativa nacional diversa a la aplicada por los organismos provinciales competentes, lo que hace necesario extremar los controles y adecuar los procedimientos de formación de la voluntad estatal”.
A aquella situación se añadió “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente, tornándose inviable su conclusión sin la continuidad del régimen de emergencia”.
En el proyecto se resaltó que “la normativa vigente ha permitido instrumentar novedosos y eficientes mecanismos de asistencia financiera y reconocimiento de deuda a favor de los contratistas del Estado Provincial, orientados a regularizar certificados de obra emitidos e impagos bajo esquemas previsibles, transparentes y acordes a las disponibilidades financieras de la Provincia”, no obstante señalar que “una parte sustancial de las obras transferidas a la Provincia, presenta certificados aún pendientes de emisión como consecuencia directa de redeterminaciones y adecuaciones no concluidas, lo que impide la inclusión de dichas empresas en los mecanismos previstos”.
La Rosca |Proyecto para crear nuevas comunas |
El proyecto declara Comunas de Primera Categoría, a partir del 31 de diciembre de 2025, a La Providencia (departamento La Paz) y Lucas Sud 2° y Mojones Sud Los Algarrobos (Villaguay).
Además, la iniciativa declara Comunas de Segunda Categoría, a partir del 31 de diciembre de 2025, a María Grande Segunda (Paraná), Yeso Oeste (La Paz), Costa Grande e Isletas (Diamante), Crucesitas Octava, Distrito Sauce, Justo José de Urquiza y Crucesitas Tercera (Nogoyá), Colonia Alemana, Santa María y Las Margaritas y Laguna Benítez (Federación), San Miguel (Colón), Paso Duarte y Santa Lucía (Federal), Lucas Sud 1° y Mojones Norte (Villaguay), Estación Lazo (Gualeguay) y La Esmeralda (Feliciano).
Además, la ley contempla la incorporación del decreto previo que tenía el mismo fin que la norma.
“Esta declaración importará una mejora sustancial en la calidad de vida de habitantes de los Centros Rurales de Población, toda vez que, la administración comunal, su sistema de gobierno, competencias, funciones y estructura les permitirá a los gobiernos locales contar con recursos e instrumentos para brindar soluciones a las necesidades de sus habitantes”, sostiene la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Las críticas al proyecto
El presidente comunal de Sajaroff, Jaime Vélez, acudió recientemente al Senado para expresar sus cuestionamientos a la iniciativa, ya que ésta “no incluye un aumento en el porcentaje de coparticipación, la medida es en la práctica un recorte de más del 25% para las 83 comunas existentes. Dado las funciones que actualmente cumplimos las Comunas, si no hay modificaciones en el proceso, esto va a significar una lamentable pérdida de la calidad de vida de las personas de las pequeñas comunidades”, indica Bicameral.
El jefe comunal del departamento Villaguay, acompañado por el senador Juan Cosso, manifestó que está de acuerdo con la jerarquización de las nuevas comunas, pero con un esfuerzo compartido entre provincia y las actuales comunas.
La Rosca | Proyecto de ley|
El proyecto de ley (Expediente Nº 28.288) es autoría de la diputada Gladys Salinas y surgió de una iniciativa ciudadana a propósito del caso de Matías Colaprete, el joven que falleció por una reacción a la picadura de una abeja en un club de Paraná.
Salinas explicó ante los miembros de la comisión que, si bien el texto original ingresó por la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados, una vez en la comisión fue modificado y enriquecido hasta lograr la redacción que forma parte del dictamen.
Participaron del trabajo la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la provincia (MS), Viviana Villa, el director General de Hospitales del MS, Mauro González, así como Noemí Dalmolin y Daniel Colaprete, padres del joven fallecido tras una reacción alérgica provocada por una avispa.
La Rosca |Emergencia alimentaria|
Un proyecto de ley del senador justicialista, Víctor Sanzaberro, que ingresó ayer a la Cámara alta, propone la prórroga por otro año de la vigencia de la Ley Nº 11.140 que declaró el estado de emergencia alimentaria pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la provincia de Entre Ríos.
En el artículo segundo se instó que “la extensión del plazo dispuesta ratifica tanto el objeto y las autorizaciones excepcionales allí dispuestas como el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social, creada en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano como órgano de participación y consulta”.
El senador solicitó “la aprobación del presente proyecto prorrogando la vigencia de la ley 11.140 ‘de emergencia alimentaria’ hasta el 31 de diciembre de 2026, incluyendo el funcionamiento la Mesa de Dialogo Social, como ámbito de articulación participativa que permite una mirada amplia de evaluación en cuanto a la ejecución de la política de asistencia alimentaria”.
Fundamentos
Sanzberro recordó que “oportunamente, en abril de 2024, aprobamos la emergencia pública en materia de seguridad alimentaria y dotamos al Gobierno de una herramienta para atender, con criterios de efectividad y celeridad, la adquisición y provisión de alimentos a través de los dispositivos existentes que coordina el Ministerio de Desarrollo Humano, con participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.
En el mismo sentido rememorativo, consideró que “también dispusimos en esa oportunidad la creación de una Mesa de Diálogo Social, como órgano de participación y consulta, con funciones amplias e integración interinstitucional (representantes de los Ministerios de Desarrollo Humano y Salud, del Consejo General de Educación, representantes de ambas Cámaras legislativas, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y de la Mesa contra el Hambre). La ley se aprobó por unanimidad en 2024 y luego prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Herramienta necesaria y útil
El senador justicialista destacó que “hoy venimos a impulsar nuevamente la prórroga de la emergencia alimentaria entendiendo que es una herramienta necesaria y útil, en tanto la demanda tiene un aumento sostenido y esta norma ha permitido disponer de más módulos alimentarios, permitiendo agilidad en las compras además del incremento de presupuesto en pesos destinado a la ayuda directa”.
El legislador entendió que “es una necesidad concreta prorrogarla, no desde la discusión política sino desde una perspectiva responsable para asistir y atender la demanda en materia alimentaria”.
Aunque el Indec diga lo contrario
Sanzberro precisó que “esa demanda es creciente, aunque las estadísticas del Indec digan otra cosa. De hecho, las mediciones hechas con patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, termina calculando una línea de pobreza más barata, con miles de hogares que aparecen como ‘no pobres’ pero apenas logran cubrir lo básico”.
La Rosca |proyecto de Red voluntaria de videovigilancia|
El diputado Jorge Maier brindó detalles acerca de su proyecto de ley para constituir una red de videovigilancia ciudadana. Según mencionó, tiene el propósito de “contribuir a la prevención y resolución de delitos”.
Vale aclarar que la propuesta legislativa comenzó a ser tratada recientemente en la comisión de Seguridad. El legislador explicó que “a partir de esta ley vamos a tener la posibilidad que el Ministerio de Seguridad y Justicia determine qué ámbito va a hacer en la reglamentación, con quién vamos a celebrar un convenio voluntario y vamos a poner a disposición nuestras imágenes para cuando sean requeridas”.
En diálogo con Diario Río Uruguay, Maier mencionó que ese material “se va a poder requerir a través de un mail o de un Whatsapp que el ciudadano va dejar registrado en ese convenio voluntario que va a establecer y de esa manera la Policía va a tener un radar donde están todos los voluntarios inscriptos, por lo que rápidamente va a poder requerir esa información y en un corto tiempo van a poder contar con esas imágenes”.
Celeridad
Con la iniciativa, agregó el legislador, “se pretende darle celeridad a la información porque con las cámaras familiares generalmente tenemos chips que cada siete días se van grabando y se van repitiendo”. Cuando se necesite el material, en la actualidad, la Justicia empieza la investigación, “es muy común que la policía vaya a la zona de un siniestro o un delito y pregunte si hay cámaras en la zona. Luego, tiene que ir, revisar, informar al fiscal que sí había, se libera la orden para ir a pedirle ese material y a lo mejor el vecino no está en ese momento, tienen que ir dos o tres veces, en ocasiones al vecino no le gusta que la Policía le toque timbre porque tiene miedo, porque están siendo observados y pasan los siete días y perdemos una evidencia muy importante”, argumentó.
Al ser una red de videovigilancia ciudadana y voluntaria, “con el solo hecho de mandarle en el mismo momento un WhatsApp o un mail, en 24 horas o antes van a contar con este elemento importante para la investigación”, destacó Maier.
Acerca del trabajo en comisión, indicó que los distintos bloques manifestaron su predisposición a estudiar el tema, las autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad “que estuvieron presentes valoraron como un aporte importante esta ley”.
La Rosca |Proyecto de ley frente a aumentos sorpresivos |
Aseguran que la iniciativa busca otorgar previsibilidad a las familias entrerrianas y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan estas obligaciones en la provincia de Entre Ríos.
La iniciativa de la diputada provincial Lorena Arrozogaray que tiene como coautores a sus compañeros de bloque: Mariel Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Yari Seyler, se enmarca en un debate que también se viene dando en otras jurisdicciones del país, donde se han impulsado propuestas orientadas a restablecer mecanismos de previsibilidad en los precios de los combustibles. La propuesta busca trasladar esa lógica al ámbito provincial, garantizando mayor transparencia, anticipación y control frente a incrementos sorpresivos.
El proyecto establece que todas las empresas proveedoras y estaciones de servicio deberán informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos. La iniciativa surge como respuesta al nuevo escenario generado tras la derogación del régimen nacional que exigía informar en tiempo real los cambios de precios, una medida que dejó a consumidores y usuarios sin herramientas básicas para organizar sus gastos.
Además, la propuesta incorpora la obligación de que las estaciones de servicio exhiban cartelería visible e informen mediante sus canales digitales con al menos 48 horas de anticipación. Este mecanismo busca garantizar que la información sea clara, accesible y llegue a los usuarios antes de que los incrementos se apliquen efectivamente.
El proyecto contempla también un régimen sancionatorio expresado en litros de nafta súper, lo que permite actualizar automáticamente el valor de las multas frente al proceso inflacionario. Para las empresas abastecedoras, las sanciones irán del equivalente a 5.000 a 150.000 litros, pudiendo llegar a la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia. Para los expendedores, las multas oscilarán entre 100 y 500 litros.
Puntos clave del proyecto -Información previa a la Autoridad de Aplicación: comunicación obligatoria 72 horas antes de aplicar un aumento. -Publicidad en estaciones de servicio: cartelería y difusión digital con 48 horas de anticipación. -Régimen sancionatorio: multas actualizables por litro de nafta súper; sanciones severas en caso de reincidencia. -Actualización automática: el uso de litros como unidad de cálculo evita el desfase por inflación.
Arrozogaray fundamentó la iniciativa en la necesidad de devolver previsibilidad a la ciudadanía frente a un insumo esencial cuya variación de precios impacta directamente en la movilidad, la producción y la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la obligación de informar en tiempo real generó un vacío que “dejó a los usuarios sin herramientas básicas para anticipar gastos y planificar su consumo”.
El proyecto se apoya también en el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional), y apunta a corregir la asimetría informativa entre quienes fijan los precios y quienes dependen de ellos diariamente.
Si bien la propuesta no interviene en la política de precios, sino que establece reglas de comunicación y transparencia, algunas voces del sector empresarial expresaron que una exigencia de aviso previo podría generar tensiones en la cadena de abastecimiento o alterar la dinámica competitiva. La diputada desestimó estas preocupaciones, señalando que las medidas propuestas “no afectan la operación comercial, sino que establecen condiciones mínimas de previsibilidad para las familias entrerrianas”.
El proyecto comenzará su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se debatirá su contenido y se evaluará su dictamen antes de su eventual tratamiento en el recinto.
La Rosca |Proyecto de ley|
La Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que busca establecer un marco integral para abordar el acoso escolar y el ciberacoso en Entre Ríos. La iniciativa, elaborada por la diputada Gabriela Lena, de Juntos por Entre Ríos, propone incorporar el principio de corresponsabilidad familiar como eje central de la política pública, exigir la participación activa de madres, padres y tutores en los procesos educativos y fijar sanciones para quienes no colaboren cuando sus hijos sean identificados como agresores.
El proyecto prevé la creación de un Protocolo Único de Actuación de cumplimiento obligatorio en todas las escuelas de la provincia, con criterios homogéneos de intervención, resguardo de las víctimas y participación familiar en cada etapa. También contempla un régimen de medidas graduadas: apercibimientos, talleres de parentalidad, actividades comunitarias y, como última instancia, multas que pueden ascender a $2.100.000, siguiendo el modelo reciente de Mendoza.
Lena fundamentó su propuesta en la necesidad urgente de garantizar entornos educativos libres de violencia y de actualizar la normativa provincial en materia de acoso escolar, especialmente frente al incremento de situaciones vinculadas al ciberacoso y la necesidad de mayor involucramiento adulto.
La Rosca |Deudores alimentarios|
El proyecto de ley de la diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), señala en el artículo 1º, el texto establece que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la Provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios”.
Con ese fin, los municipios que se adhieran a la ley informarán a los organizadores de los eventos de este requisito, quienes deberán solicitar al registro la información pertinente. Esta exclusión se sumará, una vez aprobado el proyecto de ley, a otras consignadas en el registro, tales como la imposibilidad de ser proveedores del Estado provincial, la prohibición para ser concesionarios o funcionarios públicos, entre otras.
“Esta incorporación busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas”, explicó la legisladora. (APF)
La Rosca |Proyecto de ley|
Un proyecto de ley que ingresó el pasado viernes a la Cámara de Diputados propone que se declare “la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos”.
La iniciática comprenderá “a todas las Micro y Pequeñas Empresas, cuyos titulares, personas humanas o jurídicas, hubieran obtenido el certificado MIPyME según lo establecido por Ley Nacional Nº 27.264 ‘Programa de Recuperación Productiva’ y sus normas complementarias, que desarrollen su actividad económica principal en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, y que encuadren dentro de las características conforme Ley Nacional Nº 24.467 Promoción del Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas”.
También incluirá a “las cooperativas y fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), como así también los agricultores y agricultoras familiares, en forma individual, asociativa o cooperativa, que cumplan con los requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley Nacional Nº 27.118 y sus normas reglamentarias y no superen las 35 personas en su conformación”.
El proyecto, cuya autora en la diputada justicialista, Andrea Zoff, tiene “como objetivo brindar una respuesta inmediata, concreta y de bajo costo fiscal, ejerciendo la potestad de regulación económica provincial, ante la delicada situación que atraviesan miles de Micro y Pequeñas Empresas en la provincia de Entre Ríos, a raíz del contexto macroeconómico nacional e internacional, caracterizado por su elevada volatilidad e incertidumbre”.
Zoff sostuvo que “la declaración de emergencia no es un mero acto formal, sino el reconocimiento técnico de una situación de crisis que habilita la aplicación de instrumentos de política pública excepcionales y focalizados para evitar el colapso de un segmento económico estratégico”.
No es subsidio
La finalidad del proyecto “es garantizar la supervivencia del entramado productivo entrerriano, proteger el empleo, reducir cierres de empresas y evitar una profundización de la recesión económica que agudice la desigualdad territorial y social”. Zoff aclaró que “este no es un proyecto de subsidios generalizados ni de alto impacto fiscal. Es una herramienta legislativa de emergencia, transitoria, selectiva y con una clara orientación al sostenimiento de la capacidad productiva. Está pensada para dar un alivio financiero e impositivo inmediato y construir, junto a los sectores productivos, una estrategia provincial de reactivación con base en el desarrollo endógeno a mediano plazo”.
Datos de la realidad
Zoff citó que “los datos concretos de la realidad, provenientes de fuentes oficiales, validan la necesidad de la intervención estatal de emergencia. Según las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la provincia de Entre Ríos, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros diecinueve meses de la actual gestión nacional, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, lo que constituye un indicio de fragilidad económica y productiva”.
Conclusiones que fundamentan la necesidad de la norma
Algunas de las conclusiones que citó Zoff y “demuestran la afectación directa sobre el segmento de menor tamaño, objetivo de esta ley” son que “entre noviembre de 2023 y junio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 572 casos”; que “en términos absolutos, ‘Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas’ es el sector más afectado, con una pérdida de 145 empleadores, reflejando la contracción del consumo”; que “en términos relativos, el sector más afectado es el de ‘Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento’, que ha registrado una pérdida del 15,4% en el total de empleadores”.
También destacó que “en el mismo período, se perdieron 11.334 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,0%)”; que “en términos relativos, el sector más afectado también es ‘Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-37,1%)”; que “si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,7% del total de los casos (570 empresas menos)”.
Núcleo central del tejido productivo y del empleo en Entre Ríos
La diputada precisó que “las MiPyMEs constituyen el núcleo central del tejido productivo y del empleo en Entre Ríos, generan empleo privado formal y son actores fundamentales en las economías regionales, en la generación de valor agregado local y la diversificación de la matriz productiva, siendo un factor clave en la fijación de población y el equilibrio territorial. La vulnerabilidad estructural de las microempresas (de menor escala y capacidad de acceso a financiamiento) las convierte en el segmento más sensible a los shocks externos e internos”.
No obstante aquella importancia, Zoff sostuvo que “en el último año estas empresas han enfrentado una combinación crítica de factores adversos que inciden negativamente sobre sus costos operativos, la liquidez y la rentabilidad como la caída de la demanda interna y el consumo, evidenciada en la contracción de los índices de ventas minoristas; altas tasas de interés que configuran un escenario de restricción crediticia severa y limitan el acceso al crédito productivo; aumento de los costos fijos, especialmente en servicios públicos y alquileres, afectando directamente el capital de trabajo”.
Además de “presión tributaria y dificultades operativas y financieras para cumplir con obligaciones fiscales; incertidumbre cambiaria y restricciones en la operatoria de comercio exterior que dificultan la previsibilidad en la cadena de aprovisionamiento de insumos”, lo que consideró un “escenario (que) ha generado un creciente riesgo de discontinuidad operativa, descapitalización, pérdida de puestos de trabajo de calidad y deterioro de la competitividad local. La situación exige una reacción ágil, focalizada y contracíclica del Estado provincial, en el marco de su función de fomento y ordenamiento económico, en coordinación con los sectores, público y privado, que permita contener el impacto inmediato y sentar las bases para la resiliencia y recuperación productiva. Es en este punto donde la responsabilidad ineludible del Estado provincial se manifiesta como garante de la estabilidad económica mínima y protector del entramado productivo local”.
Fuente: APF Digital.
La Rosca | Proyecto de ley|
El gobernador, Rogelio Frigerio, envió este miércoles a la Legislatura provincial un proyecto de ley con el fin de crear una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública. La iniciativa busca realizar un análisis exhaustivo del desenvolvimiento histórico de los pasivos del Estado entrerriano durante casi 28 años, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha.
La propuesta ingresada a la Cámara de Diputados busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones.
Según el articulado, el objeto de la Comisión es taxativo: “Realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano, interna y externa, directa e indirecta, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha de promulgación de la presente ley, comprendiendo sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, los respectivos pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento (“default”) y reestructuraciones”.
La Comisión estará integrada por nueve miembros que desempeñarán sus funciones ad-honorem: Tres senadores, tres diputados y tres representantes designados por el gobernador, lo que garantiza la participación de los tres poderes en su conformación.
El trabajo de la Comisión debe culminar con un informe final o dictamen que será de publicación obligatoria en el sitio web oficial del gobierno provincial. Entre los puntos que deberá contener este informe, el proyecto especifica: “Su nivel, composición, origen, destino específico (con especial atención a la diferenciación entre deuda destinada a gasto corriente y aquella orientada a inversiones productivas o estratégicas a largo plazo) y normativa aplicable, estableciendo el destino de los fondos y su correlato en la ejecución presupuestaria”.
En cuanto a sus facultades, establece que la Comisión podrá “requerir al Poder Ejecutivo Provincial, sus ministerios, organismos autárquicos y descentralizados, empresas con participación estatal o cualquier ente bajo su órbita, así como a los órganos autónomos de control y la Legislatura provincial, toda la documentación e información vinculada a operaciones de endeudamiento”.
Además, el proyecto busca “analizar y evaluar la legalidad, oportunidad, destino y efectos presupuestarios de los recursos provenientes del endeudamiento público”.
El proyecto fija un plazo máximo de 12 meses para que la Comisión cumpla con sus fines. Además, en materia de transparencia, el escrito establece que “la Comisión Especial Investigadora garantizará la publicidad de sus actos y el acceso público a la información, debiendo publicarse en el sitio web oficial de la provincia los avances, informes y conclusiones de su trabajo”.
Si el plazo se vence sin un dictamen final, deberá difundir la información recopilada y sus conclusiones parciales, justificando la falta de conclusión.
APF
La Rosca |Apuntan contra proyecto de Benedetti|
La iniciativa, que fue presentada días atrás por los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) establece distancias mínimas de 10 metros desde las áreas sensibles para aplicaciones terrestres y con drones, y de 45 metros en el caso de las aéreas. También refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados y el control técnico de los equipos aplicadores.
Desde la Red Ecosocialista de Entre Ríos, la candidata a diputada nacional Nadia Burgos, lanzó fuertes críticas al proyecto. A través de un video publicado en Instagram, sostuvo: “Estamos en Larroque, ciudad natal del diputado nacional Atilio Benedetti, que junto al lobby del agronegocio y la red de buenas prácticas agrícolas impulsa una ley nacional que, lejos de proteger la salud y la producción, legaliza envenenarnos”.
Tras recordar que en Entre Ríos rige una ley que “establece distancias alarmantes”, producto de “un acuerdo de Frigerio, el peronismo y el Partido Socialista”, Burgos advirtió que el proyecto nacional dispone que “las fumigaciones se podrían hacer a 10 metros de nuestras casas y escuelas”.
Se trata de “un proyecto que garantizas ganancias al agronegocio a costa de la destrucción de nuestros territorios y de nuestra salud”.
“No lo podemos permitir. Exijamos alimentos sanos en territorios sanos. Frente al veneno, sembremos rebeldía: queremos una tierra libre de transgénicos y agrotóxicos, queremos una reforma agraria que devuelva la vida a la tierra y alimentos sanos nacidos de la soberanía de los pueblos”.
“A los que envenenan: juicio y castigo. A los que lo permiten: destitución”, finalizó.
La Rosca |Polémica tras anuncio de dragado del Paraná|
Se alertó que se ignoran los aportes de más de 120 organizaciones ambientales y académicas de todo el país, que visibilizan un “nuevo intento de entrega del río Paraná y su privatización a empresas extranjeras a través de la mal llamada ‘hidrovía’”.
El sábado 4 de septiembre la página de Presidencia de la Nación publicó -con la foto del presidente y el gobernador de la provincia -, el “anuncio del Presidente de la Nación, Javier Milei y el Gobernador Rogelio Frigerio, sobre el dragado de nuevos tramos en la Provincia de Entre Ríos”. En la información se consignó que el presidente manifestó: “Tengo la felicidad de anunciar que, en la licitación de la hidrovía, vamos a incluir el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies, lo que va a mejorar la profundidad actual, que está limitada a 25 pies. Esto será realizado por el sector privado y no por el Estado, y va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables por navíos grandes, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona”.
Este miércoles, diputados del bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia ingresó un proyecto de Declaración por el que pide que el resto de la Cámara acompañe y exprese “su enérgico repudio al anuncio del Presidente de la Nación junto al Gobernador de la provincia de Entre Ríos sobre la licitación de la Hidrovía incluyendo el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies, a la altura del departamento de Islas del ibicuy en nuestra provincia, el avance en general de este proyecto significará la pérdida de soberanía sobre el río y un ecocidio que pondrá en peligro el frágil ecosistema de los humedales y las comunidades ribereñas”.
La autora de proyecto, Silvia del Carmen Moreno, fundamentó el pedido y pidió el acompañamiento del resto de la Cámara, en que se trata de “políticas de saqueo e irreparable ecocidio”. También sostuvo que “el presidente ha justificado esta decisión expresando que esta obra ‘va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables por navíos grandes, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona’”.
Consecuencias ecológicas y económicas
Moreno advirtió que “el dragado del Paraná causará contaminación, degradación de humedales y pérdida de biodiversidad. También aumentará la erosión, el taponamiento de cauces y la reducción de peces. Además, el control privado de la hidrovía favorecería la evasión fiscal, el contrabando y el narcotráfico, perpetuando la explotación sin regulación estatal”.
La diputada sostuvo que “estas medidas representan un grave retroceso en la defensa de los bienes comunes ante los proyectos de saqueo que hay sobre nuestros recursos estratégicos, bienes comunes, y ecosistemas, es decir, nuestro entramado cultural y social. Por lo antes explicitado es fundamental que se puedan realizar consultas públicas y estudios de impacto ambiental acumulativo sobre el proyecto en el Puerto de Ibicuy. Considerando además que, en un contexto de crisis de las economías regionales y un alto déficit de infraestructura, se puede estimar que solo se beneficiarían las agroexportadoras y los narcos, no la producción entrerriana”.
Más de 120 opiniones ignoradas
Moreno destacó que el anuncio de la intervención en el río Paraná se realizó “sin consultas públicas ni demanda de privados, se está ignorando la voz de más de 120 organizaciones ambientales y académicas de todo el país que confluyen junto a organizaciones del Caribe y América Latina con el propósito de visibilizar el nuevo intento de entrega del río Paraná y su privatización a empresas extranjeras a través de la mal llamada ‘hidrovía’”.
La diputada precisó que “como expresan y fundamentan las organizaciones estas empresas pretenden quedarse con la cuenca central, troncal del río, por la cual entran y salen los grandes buques que importan y exportan mercancías. Este proyecto que demanda la profundización del dragado (de 34 a 44 pies) para que entren buques de ultramar al medio de nuestro río, traerá enormes perjuicios a la flora, fauna y pone en riesgo real los ecosistemas y la vida en los pueblos ribereños”.
Moreno entendió que “de este modo, al solo efecto de bajarle costos logísticos a las grandes navieras y multinacionales para que se adueñen de nuestros puertos y de nuestras costas, se destruye a los pueblos ribereños, a las economías regionales y a nuestros humedales y ecosistemas aledaños”.
La Rosca |Proyecto para controles de adicciones|
Tendrán vigencia anual y constituirán “un mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado, previniendo el consumo de estupefacientes en los ámbitos de gobierno”. Actuará una Comisión Evaluadora con un integrante de cada poder.
Los diputados provinciales, Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, autor; Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; y Mauro Godein, de la Alianza Juntos por Entre Ríos, presentaron este jueves un proyecto de ley que tiene por objeto “asegurar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plenas facultades, libres de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales, a fin de preservar el adecuado desempeño de sus responsabilidades, la transparencia institucional, la integridad, idoneidad y responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto “establece la obligatoriedad para los funcionarios públicos mencionados en el artículo 3º de la presente ley de realizar exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales en el ejercicio de sus funciones. Además, se invita a los poderes del estado no enunciados, a adherirse a esta ley”. Los funcionarios mencionados en el artículo 3º como “Sujetos obligados” a la “obligatoriedad de los exámenes establecidos en la presente ley: a) Los legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo”.
Promover la transparencia, responsabilidad y compromiso institucional
Los legisladores consideraron que “es importante destacar que este proyecto no busca sancionar de manera punitiva, sino promover la transparencia, la responsabilidad institucional y el compromiso con una gestión pública libre de condicionamientos derivados del consumo de sustancias ilegales”.
Además indicaron que “la invitación al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, municipios y comunas a adherir a esta normativa busca extender los beneficios de la medida a todos los niveles del Estado en la provincia, fortaleciendo la confianza ciudadana en sus instituciones”.
Funcionarios libres de adicciones
Los legisladores fundamentaron el proyecto que “tiene como finalidad establecer la obligatoriedad de la realización de controles de detección de consumo de sustancias psicoactivas ilegales a todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, iniciando por el Poder Legislativo”.
Entendieron que “la sociedad entrerriana demanda de manera creciente que quienes ejercen responsabilidades institucionales y funciones públicas lo hagan con plena aptitud física y psíquica, libres de adicciones que puedan condicionar la toma de decisiones o el ejercicio de sus funciones”. Así, expresaron que “la ejemplaridad y transparencia en la conducta de los servidores públicos constituye una exigencia ética y democrática de primer orden. La implementación de los controles de sustancias psicoactivas con vigencia anual permitirá contar con un mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado, previniendo el consumo de estupefacientes en los ámbitos de gobierno y garantizando que los funcionarios y agentes públicos se encuentren en condiciones plenas para cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía les delega”.
Comisión Evaluadora
También entendieron como positivo que “a su vez, se prevé un sistema de alternancia entre los poderes del Estado para la aplicación de las pruebas, a fin de asegurar independencia, objetividad e imparcialidad en los procedimientos, evitando conflictos de interés y resguardando la credibilidad del sistema. Esto lo genera la Comisión Evaluadora, que estará integrada por un representante de cada poder”.
Los legisladores señalaron que “el proyecto contempla la realización de protocolos confiables, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria provincial, respetando la confidencialidad de las personas, la integridad de las muestras y los derechos fundamentales. En caso de resultados positivos, se establece un proceso de confirmación y posterior adopción de medidas administrativas o disciplinarias según corresponda, con más el acompañamiento del Estado para tratar esa adicción”. (APF)
La Rosca |Proyecto del Poder Ejecutivo|
Este viernes el Poder Ejecutivo de la provincia ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone crear “la Agencia de Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos como un organismo descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo Provincial” cuya naturaleza jurídica será como “entidad de derecho público con autarquía funcional, administrativa, financiera y técnica, dotada de plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos públicos y privados, con patrimonio y presupuesto propio”.
Fines y objetivos
e determinó que “para el cumplimiento de sus fines y objetivos, desarrollará actividades relativas a la administración de sus recursos, la ejecución de su presupuesto, la gestión de su personal, y la determinación de sus políticas y programas de acción, sin más limitaciones que las establecidas expresamente por la presente ley y las leyes generales aplicables”.
Entre los objetivos específicos se propuso “incrementar la competitividad de los productos y servicios provinciales en mercados internacionales; fomentar y facilitar la llegada de inversiones nacionales e internacionales a la provincia; simplificar y optimizar el marco regulatorio para favorecer el desarrollo y formalización del sector privado, en particular de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)”.
A la hora de definir los objetivos y funciones se indicó que tendrá “por objetivo general promover el desarrollo económico y social de la Provincia de Entre Ríos mediante la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria para favorecer el crecimiento del sector privado, con énfasis en las Mipymes”.
El rol de la Agencia será actuar como “articulador entre el sector público y privado, promotor de estrategias de desarrollo productivo y facilitador de los procesos de exportación, inversión y simplificación regulatoria”.
Funciones
Serán funciones de la Agencia “diseñar e implementar estrategias para incrementar las exportaciones provinciales; diseñar e implementar estrategias para incrementar las inversiones productivas; desarrollar programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios para las empresas; diseñar programas específicos de fomento, aceleración y asistencia para emprendimientos innovadores, nuevas empresas tecnológicas y sectores de la economía del conocimiento”.
También lo será “diseñar estrategias sectoriales para las cadenas de valor clave de la provincia de Entre Ríos; desarrollar sus funciones en coordinación con las distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial, los municipios, organismos nacionales e internacionales, y el sector privado; suscribir convenios de cooperación técnica, asistencia financiera, intercambio de información y ejecución conjunta de proyectos, conforme a la normativa vigente”.
Asimismo comprenderá “diseñar y ejecutar programas de cooperación técnica y financiamiento internacional en las áreas de promoción de exportaciones, atracción de inversiones y simplificación regulatoria; promover al territorio provincial como destino estratégico para inversiones productivas y de servicios; proporcionar asistencia técnica y capacitación a las MIPYMES para fortalecer su competitividad; realizar estudios de mercado y generar información estratégica para los sectores productivos; y facilitar la coordinación intergubernamental para potenciar las exportaciones, inversiones y simplificación regulatoria” entre otras.
Recursos financieros
Los recursos financieros para el funcionamiento de la Agencia surgirán de las “asignaciones presupuestarias del Gobierno Provincial; donaciones, legados, convenios y contribuciones de organismos nacionales e internacionales; recursos generados por servicios, iniciativas y/o actividades propias. d. Demás asignaciones presupuestarias que correspondan o se determinen por el Poder Ejecutivo provincial”.
La Rosca |Sesión en la Cámara de Diputados|
En la decimocuarta sesión ordinaria del 146° periodo legislativo se sancionó al recupero de costos financieros de servicios de salud en la provincia. La iniciativa, que contó con el voto de todos los diputados presentes, establece que las entidades financiadoras de servicios de salud, como obras sociales sindicales y sus federaciones, o las empresas de medicina prepaga, están obligadas al pago de los servicios prestacionales de salud que reciban sus beneficiarios o afiliados en los efectores públicos. El texto de la ley aclara que él órgano de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia.
Además, obtuvo media sanción el proyecto de ley, autoría de la diputada Mariana Bentos, por el cual se modifica el artículo 15 de la Ley N° 3.289 del estatuto del empleado estatal, para ampliar la licencia por adopción en la Administración Pública de Entre Ríos.
Respecto al proyecto original, la Comisión de Legislación General introdujo modificaciones. Uno de ellos es que si ambos sean empleados públicos, solo podrán gozar hasta treinta días de licencia en forma conjunta y utilizar el resto en forma alternada a diferencia de como marcaba el primer texto indicando que solo uno de ellos podía aplicarla.
Otro de los cambios fue la incorporación del artículo 5º que refiere a los trabajadores que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren gozando de licencia por adopción. El texto aprobado por la Cámara baja establece que continuarán con dicho beneficio bajo las condiciones y plazos establecidos en esta norma, conforme determine la reglamentación ya que no será aplicable a empleados que gocen de regímenes más favorables.
Bentos explicó que el objetivo de su iniciativa es extender la licencia para asegurar la integración con el niño adoptado. “Esta ley va en consonancia con el respeto a los derechos del niño y responde a una real urgencia del l Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER), ya que busca garantizar a los trabajadores y sus familias, un tiempo fundamental y necesario para fortalecer lazos con ese niño”, refirió.
La legisladora detalló: “Existen una serie de trámites, cuestiones burocráticas y otras como asistencia a talleres, además de atender las necesidades de ese niño que se está integrando a una familia o a un hogar, que demandan tiempo”, además destacó, “lo novedoso de este proyecto es que incorpora el período de vinculación previa al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos. Se establece una licencia de ciento veinte días corridos, que podrán gozarse de manera discontinua y que resulta una etapa fundamental ya que contribuye a afianzar los lazos desde el inicio, desde los primeros contactos”, explicó.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y girada a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
Durante la sesión de este miércoles también fue aprobado el proyecto de ley, remitido por el poder ejecutivo, por el cual se aprueba el tratado de integración regional celebrado con las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones. La iniciativa fue analizada previamente en la comisión de Legislación General, por lo que el diputado Marcelo López que preside dicha comisión, destacó sus alcances. “El acuerdo se firmó el 16 de octubre de 2024 con la idea de reforzar el trabajo conjunto en relación a los temas que son de interés común”, afirmó
Al referirse a las temáticas que Entre Ríos comparte con las restantes provincias firmantes, López manifestó: “Las gestiones respecto de los cursos de agua o determinadas obras públicas, como rutas por ejemplo, requiere de la articulación de todos los gobernadores y por supuesto de las cámaras legislativas; esa unión garantiza la protección de los recursos y el crecimiento planificado, por eso apoyamos este tipo de acuerdos”, finalizó.
La Rosca |Proyecto de ley|
A la iniciativa la presentó el diputado Fabián Rogel y tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja.
El proyecto “nace de una demanda social concreta, esto es, garantizar que cada entrerriano pueda disfrutar de los ríos sin restricciones arbitrarias”, argumentó el legislador, quien aclaró: “No hablamos solo de recreación, sino también de igualdad, de acceso a la naturaleza, de identidad provincial”.
En ese marco, señaló que las costas “son parte del dominio público y, como tales, no pueden transformarse en privilegio exclusivo de unos pocos”, y precisó que el derecho a caminar, pescar, descansar o simplemente contemplar un río “no puede estar condicionado por intereses privados”.
Con la norma “se busca recuperar el sentido común: los ríos y sus márgenes son de todos, y todos deben poder disfrutarlos”, precisó el diputado quien advirtió que “en distintos puntos de la provincia vemos el mismo fenómeno: barrios cerrados, complejos turísticos, alambrados y terraplenes que bloquean el acceso al río. Esta situación genera tensiones sociales, exclusión y, sobre todo, vulnera derechos básicos”.
Ante ese escenario, dijo que “no podemos darnos el privilegio de permitir en nuestra provincia que haya entrerrianos sin río, donde un acceso público y ordenado a las costas no solo asegura un derecho, sino que también puede convertirse en una política de desarrollo turístico inclusivo, siendo una apuesta por la equidad social”.
La Rosca |Seguridad en los natatorios|
Presidida por el diputado Silvio Gallay, se reunió esta mañana la comisión de Salud de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley denominado “Matías Colaprete“, y que propone un sistema integral de seguridad en natatorios. La norma tiene por objeto “prevenir la morbimortalidad ocasionada por accidentes, emergencias médicas súbitas o eventos adversos producidos en establecimientos públicos o privados de acceso público que cuenten con natatorios, promoviendo la atención inmediata, adecuada y eficaz ante tales situaciones” según consta en el texto analizado en comisión.
El proyecto, autoría de la diputada Liliana Salinas, es resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la familia del joven que falleciera en diciembre de 2024, luego de ser picado por una abeja en el Club Interprofesional de la capital entrerriana. Tanto su familia como sus amigos se hicieron presentes en la reunión, para ofrecer su testimonio y el acompañamiento al proyecto de ley.
La reunión de comisión contó con el aporte de profesionales, convocados en carácter de invitados; la médica toxicóloga Analía Corujo, Jefa de División del Centro de Intoxicaciones de la provincia, que se refirió a los protocolos en casos de emergencias.
“Existen distintas situaciones que pueden derivar en cuadros graves, por ejemplo, en casos de mordedura de serpientes estamos hablando de un tema endémico en la región. En la provincia hace años que manejamos los antivenenos y tenemos protocolos muy claros, según lo que indican a nivel nacional, además están distribuidos epidemiológicamente y estratégicamente en las zonas donde hay mayor cantidad de casos y sobretodo en los 17 hospitales cabeceras de departamento”, resaltó.
En cuanto a lo que hace falta trabajar, la especialista señaló que: “Se debería ajustar el servicio de traslado, que en las ambulancias vaya un médico a bordo y que sepa sobre todo lo que no hay que hacer en los primeros minutos, porque a veces las complicaciones las tenemos por errores que se cometen en el lugar donde ocurrió el hecho, de parte de gente que tiene buena voluntad pero no está preparada para hacerlo”, añadió.
También participó de la reunión de trabajo, el médico especialista en terapia intensiva Esteban Payerv, quien coincidió con que uno de los aspectos a mejorar es el traslado y atención de urgencias en el sistema de emergencia de ambulancias.
Durante la reunión, la mamá de Matías, Noemí Dalmolín, pidió por la rápida sanción de la ley. “Queremos que lo que le pasó a Matías sirva para salvar otras vidas, es por eso que trabajamos tanto en este proyecto que cuenta con 14 artículos, y que fuimos corrigiendo con profesionales”, detalló.
Otros profesionales que hicieron su aporte durante el desarrollo de la comisión fueron la doctora Marina Alegre, médica intensivista, la doctora Gisela Haberkorn, médica alergista.
Antes de finalizar el encuentro, el presidente de la comisión, diputado Silvio Gallay señaló que se seguirá trabajando a partir de los aportes y modificaciones sugeridas para lograr el mejor texto posible en relación a la prevención y atención de la salud de las personas.
La Rosca |Proyecto de ley|
Presidida por el diputado Marcelo López, se reunió la comisión de Legislación General, para iniciar el debate en torno a un proyecto presentado por el diputado Jorge Maier y que establece la posibilidad que la provincia cuente con un Servicio Itinerante de Interpretación en Lengua de Señas Argentina-Español, para que sea utilizado por quién lo necesite.
La comisión recibió a invitados en representación de distintas entidades, organizaciones y áreas del Estado, involucrados con la comunidad sorda y su bienestar. El tratamiento contó con interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) y fue transmitido en directo, vía streaming con la posibilidad de amplificar el contenido del proyecto a quienes no pudieron asistir y que, a instancias de la convocatoria realizada por el presidente de la comisión, podrán hacer llegar los aportes que consideren pertinentes.
Sobre los alcances de su iniciativa Maier detalló: “Queremos otorgarle un servicio que se trasforma en una necesidad para la persona sorda, en el momento que requiere acceder a realizar algún trámite o hacer una gestión en una repartición pública y necesita comprender y ser comprendido. En cualquier lugar que podamos traer como ejemplo, ya sea un hospital, una escuela, una oficina, la comunicación es clave y es ahí donde podrá requerir este servicio, siguiendo algunos parámetros que contempla el proyecto que comenzamos a discutir”, comentó.
Respecto de la característica de itinerante del servicio, el legislador explicó: “Cuando una persona requiera de la interpretación, que debe ser solicitada con un determinado tiempo de anticipación, podrá contar con él, ya sea de manera remota o presencial según sean las condiciones de tiempo y lugar. Entendemos que esta ley nos ayudará a seguir derribando barreras y por lo tanto a garantizar los derechos que todos debemos tener, más allá de nuestra condición o dificultad”, aclaró.
Asistieron como invitados, Diego Velez y Sabina Carrivale, director y coordinadora general de IPRODI, respectivamente; Lorena Caraduje, integrante de Intérpretes de Lengua de señas Argentina (INTELSA); el Centro de Estudios de Lengua de Señas Argentina (CELSA); representante de la coordinación de la Carrera de Intérpretes.
Además Noe Bernardara, presidente de la Asociación Civil de Sordos Paraná; Antonieta Priollo, de la Asociación de Sordos Gualeguaychú; Rodolfo Ramírez, de la Asociación de Sordos de Chajarí y Hugo Fernández de la Asociación de Sordos Concordia.
Es importante destacar que luego de esta primera reunión de comisión se continuarán propiciando otras, a las que serán convocados referentes de otras organizaciones y entidades que trabajan con la temática. De igual manera, como se afirmó durante el encuentro de este miércoles, el espacio de comisión y los legisladores participantes, quedan abiertos a recibir aportes y sugerencias para continuar el debate y enriquecer el proyecto.
La Rosca |uso de celulares en las aulas|
El objetivo principal de la medida, según sus fundamentos, es “garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y la enseñanza”.
Según explicaron, buscan contrarrestar el efecto negativo que la tecnología móvil ha tenido en la concentración de los estudiantes. En los fundamentos del texto, los legisladores argumentan que el uso de celulares “representa una fuente constante de distracción que atenta contra los objetivos pedagógicos y dificulta el normal desarrollo de las clases”.
Cabe destacar que el autor es el diputado Carlos A. Damasco (La Libertad Avanza Entre Ríos) y los coautores son: Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), Lorena Arrozogaray (PJ) y Fabián Rogel (JxER).
La iniciativa destaca estudios que demuestran que la utilización de estos dispositivos “disminuye los niveles de atención, impacta negativamente en el rendimiento académico y afecta las relaciones interpersonales en el aula”.
Sin embargo, el proyecto de ley no es una prohibición total. Contempla excepciones que permitirán el uso de dispositivos en casos puntuales. Según el artículo 3°, se exceptúa la prohibición cuando el uso sea “autorizado expresamente por el docente a cargo, con fines estrictamente pedagógicos”, en “situaciones de emergencia debidamente justificadas” o para “estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran el uso del dispositivo como herramienta de apoyo, previa autorización de la autoridad institucional”.
En el caso de ser aprobada, la ley designaría al Consejo General de Educación de Entre Ríos como la autoridad de aplicación. Este organismo sería responsable de elaborar protocolos de implementación, supervisar su cumplimiento y llevar a cabo campañas de concientización para toda la comunidad educativa. Además, se establece que las instituciones deberán proveer “espacios adecuados para la guarda segura de los dispositivos durante el horario de clases”.
El incumplimiento de la normativa dará lugar a “medidas disciplinarias que establezca cada institución, en el marco de su reglamento interno, respetando el debido proceso y los derechos de los estudiantes”. Los impulsores del proyecto señalan que la prohibición no es un retroceso, sino una medida que “resguarda el derecho a una educación de calidad”.
Fuente: APF.
La Rosca | Proyecto de Ley de Infraestructura|
La iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública y evitar que dependa de la discrecionalidad de un gobierno. Fue durante el cierre del 146° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Paraná, que reunió a representantes del sector de todo el país. El encuentro se realizó en el Centro Provincial de Convenciones.
El mandatario provincial compartió el cierre de la jornada con la presidenta de la delegación Entre Ríos de Camarco, Laura Hereñú; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Lo acompañaron, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Durante su discurso, Frigerio hizo un balance de los avances en materia de obra pública en estos 20 meses de gestión. En ese marco, aseguró que los compromisos asumidos «no quedaron solo en anuncios, están todos en marcha y se están cumpliendo. De nada sirve quedarnos en diagnósticos si no nos animamos a tomar decisiones y a emprender esas transformaciones». Resaltó la importancia de la colaboración para lograr los objetivos propuestos, afirmando que el mensaje «es claro: con orden, transparencia, planificación y diálogo entre el sector público y el sector privado, podemos transformar la obra pública en desarrollo y el desarrollo en empleo genuino y en bienestar para nuestra gente».
Entre los logros mencionados, el gobernador destacó la regularización de casi la totalidad de la deuda con las empresas constructoras, la reactivación de obras paralizadas y la intervención de un tercio de las escuelas, hospitales y rutas provinciales. También hizo hincapié en la implementación de un nuevo sistema de redeterminación de precios y la creación del pliego único de condiciones generales para las obras. «Por primera vez, no se pagan certificados de obras con intereses, como se venía haciendo», afirmó.
En esa línea, anunció que no se renovará la ley de Emergencia en obras y servicios públicos el año próximo y que enviará a la legislatura provincial una nueva ley de Compre Provincial que prioriza a las empresas locales. Subrayó también que están avanzando en la creación de la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura, elaborada junto con la Cámara de Construcción de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Afirmó que este trabajo confluirá en «una verdadera política de Estado: la Ley de Infraestructura Provincial, que institucionalizará la planificación a largo plazo y asegurará que las obras no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno, sino que sean producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local para las próximas décadas».
La exposición de los ministros
En el marco del evento, también expusieron los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Daría Schneider; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
El ministro Schneider se refirió a los principales avances de la provincia en materia de obra pública y planificación estratégica. Destacó como hitos la reactivación de obras provinciales, la implementación de herramientas digitales y la proyección de más de 100 proyectos clave para el desarrollo entrerriano. También mencionó la reestructuración de la deuda; el nuevo sistema de redeterminación de precios; la digitalización de expedientes, además de innovaciones como el uso de ladrillos PET para escuelas. Finalmente, hizo alusión a la importancia de la Ley de Infraestructura y su complementación con la Ley de Ordenamiento Territorial.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, destacó la jornada como un espacio clave de encuentro entre el sector público y privado para debatir y proyectar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo productivo de Entre Ríos. Señaló los avances en el ordenamiento de las cuentas públicas, estado eficiente y transparente, reducción del gasto político, perfil de deuda sostenible y más inversión en infraestructura; y subrayó que el plan de obras busca potenciar la competitividad al reducir costos logísticos. Finalmente, remarcó que «la gestión del gobernador Frigerio se basa en tres pilares: un Estado eficiente, un sector privado dinámico y una articulación público-privada que impulse el desarrollo».
Diario Junio.
La Rosca|Proyecto que alcanza a deudores alimentarios|
El miércoles 3 de septiembre, la Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos continuará el análisis del proyecto de ley que incorpora el “artículo 12 bis” a la Ley Nº 9.424, del Registro de Deudores Alimentarios. La iniciativa establece que los espectáculos culturales y deportivos con entrada paga deberán prohibir el acceso a quienes se encuentren incluidos en dicho registro.
La reunión de comisiones fue convocada a las 13 y contará con la presencia de Nadia Planiscek, directora General de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, y Mariela Acosta, jefa del Departamento de Registro de Deudores Alimentarios, quienes aportarán su perspectiva sobre la implementación.
Proyecto en Diputados
El proyecto, presentado por la diputada de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, Lorena Arrozogaray, ingresó a la Cámara Baja el 17 de junio. Incluye la participación de municipios adheridos, que deberán informar a los organizadores sobre la obligación de consultar el registro antes de permitir el ingreso a los eventos.
Arrozogaray explicó que la ley actual ya establece restricciones como la imposibilidad de ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos. Ahora se suman medidas de disuasión adicionales, incluyendo la prohibición de acceso a salas de juegos y casinos. La legisladora afirmó que estas restricciones buscan visibilizar la responsabilidad parental y evitar que los deudores alimentarios gasten en actividades recreativas.
El proyecto contempla que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) o su futuro reemplazo coordine con las autoridades del Registro la implementación de estas medidas en casinos y salas de juegos.
La diputada recordó que Entre Ríos cuenta con el Registro de Deudores Alimentarios desde 2002, regulado por el Decreto Nº 4967/2003, que incluye a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de alimentos judicialmente establecidos. El organismo mantiene un listado actualizado mensualmente y expide certificados a quienes acrediten interés, sin costo alguno.
La Rosca|Proyecto de ley del Poder Ejecutivo|
Las comisiones de Salud Pública, encabezada por el diputado Silvio Gallay y la de Hacienda, Presupuesto y Cuentas que preside el diputado Bruno Sarubi, trabajaron en torno a una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca recuperar fondos de pacientes mutualizados que se atienden en instituciones de salud pública.
El diputado Silvio Gallay explicó detalles: “El proyecto viene en revisión desde el Senado, tiene como objetivo darle la posibilidad al Ministerio de Salud de requerir a las personas que tienen la cobertura de obras sociales o prepagas, el pago correspondiente cuando reciben atención en los efectores públicos”, especificó.
Al respecto el legislador aclaró: “Hoy está funcionando en los hospitales públicos el sistema de arancelamiento, pero hay casos en los que las obras sociales no cumplen con los pagos y es ahí, en esas situaciones, donde se utilizaría este mecanismo de título ejecutivo que Fiscalía de estado oportunamente haría valer ante la justicia para requerir el pago correspondiente”, describió.
Gallay valoró el apoyo que recibió el proyecto tratado. “Es importante recalcar que hemos firmado dictamen de comisión con el apoyo de todos los legisladores que integran los distintos bloques dentro de la Cámara”, indicó.
La Rosca |Proyecto de ley de consorcios camineros|
La Comisión de Hidrovía y la de Obras Públicas se reunirán el miércoles 03 para comenzar a analizar la creación del Régimen de Consorcios Camineros Rurales, que ya obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados.
El objetivo del Régimen es la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
El proyecto obtuvo la media sanción en la Cámara Baja y se trata de una unificación de las iniciativas presentadas anteriormente por los ex legisladores Esteban Vitor y Néstor Loggio, y el de la actual diputada Julia Calleros que no recibió el apoyo de los diputados del PJ integrantes de la Comisión de Obras Públicas y la de Transporte.
Recordemos que el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) manifestó su rechazó a la implementación del Régimen en una reunión con senadores del PJ. En un comunicado consideraron que la iniciativa que recibió la media sanción de la Cámara de Diputados, “transfiere funciones estratégicas del Estado e implica desvío de recursos y falta de control”.
La Rosca |Proyecto de endeudamiento provincial |
El senador por el departamento Diamante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos), respaldó la iniciativa del Ejecutivo provincial que busca mejorar las condiciones de pago de la deuda, reorganizando vencimientos y reduciendo el peso de los intereses.
“Este reperfilamiento permitirá desahogar las cuentas de la provincia y direccionar más fondos a la obra pública, que es la principal demanda del pueblo entrerriano”, afirmó el legislador, quien recordó que en 2017, siendo intendente de General Ramírez, participó de un esquema similar impulsado por el gobierno provincial. “Con ese crédito compramos maquinaria vial y vehículos que todavía siguen en funcionamiento, en una ciudad que prácticamente no tenía material rodante. Fue una inversión que cambió la capacidad operativa del municipio”, remarcó.
Vergara destacó que no se trata de endeudamiento nuevo para cubrir gastos corrientes, sino de mejorar compromisos asumidos en gran parte durante la gestión Bordet, que en muchos casos se usaron para financiar gastos de funcionamiento.
También subrayó que 15 municipios podrán acceder a este esquema para fortalecer sus finanzas y destinar recursos a infraestructura. “Cuando uno gobierna sabe que una motoniveladora o un camión no son un gasto, son una inversión que da respuesta a la gente. Por eso defiendo esta herramienta”, sostuvo.
En cuanto a los plazos, consideró que es prudente esperar a que pase el proceso electoral para salir al mercado internacional, dado que las condiciones podrían mejorar. “Mientras tanto, dejamos todo listo desde el punto de vista legal y técnico, como hicieron provincias como Córdoba o Santa Fe”, señaló, detalla APF.
Finalmente, Vergara remarcó: “Esta es una política de Estado, no de un partido. Proyectar a futuro significa fortalecer lo que somos: una Entre Ríos que se construye entre todos”.
La Rosca| Consorcios camineros rurales|
La diputada Noelia Taborda, presidenta de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, actuó como miembro informante del proyecto y destacó la importancia de esta iniciativa para el sector rural, el sector productivo, la educación y toda la conectividad dentro de la provincia. “Era hora de saldar esta deuda con el interior profundo de nuestra provincia”, dijo.
“Este proyecto es un paso firme hacia la mejora y la eficiencia en el mantenimiento de los caminos rurales”, afirmó Taborda en la sesión.
“El objetivo es optimizar el trabajo conjunto entre el Estado, los productores y los vecinos de la zona, con controles y supervisión que aseguren la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado”, agregó.
Taborda remarcó el compromiso del gobierno provincial de destinar la totalidad de lo recaudado por los impuestos inmobiliarios rurales al mantenimiento de los caminos rurales. “Este es un compromiso concreto con el sector productivo y con las comunidades que dependen de esta red vial para sacar su producción, para llegar a la escuela, para acceder al centro de salud o para recibir asistencia médica y seguridad”, enfatizó.
La diputada había manifestado anteriormente que “la aprobación de este proyecto era una deuda histórica con el sector rural”. “A pesar de haber sido presentados en gestiones anteriores, estos proyectos nunca habían prosperado. Hoy, gracias a una clara decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, estamos trabajando seriamente para contar con esta herramienta y que tenga fuerza de ley”, afirmó.
Diputados dio media sanción a los consorcios camineros rurales
“Es hora de saldar esta deuda con el interior profundo de nuestra provincia y de dar respuestas concretas a quienes hace años esperan soluciones”, concluyó Taborda, tras lo cual agregó que “la aprobación de la ley de consorcios camineros, aunque no de respuesta total a los problemas viales, es, sin dudas, un paso fuerte para mejor el estado de las rutas entrerrianas”.
Finalmente, la legisladora agradeció el tratamiento del proyecto por parte de los diputados de las comisiones que otorgaron despacho para su tratamiento en el pleno de la Cámara, como así también a los diputados de mandatos cumplidos Esteban Vitor y Néstor Loggio y a la actual legisladora Julia Calleros, que enviaron proyectos referido a la temática, lo que permitió la unificación en una sola iniciativa.
Tuvo asimismo un reconocimiento al director sub administrador de Vialidad Provincial, Alfredo Bel, por el aporte técnico brindado en el estudio del proyecto.
La Rosca|Emprendedurismo |
Se realizó la reunión conjunta de las comisiones de Desarrollo Social y Economías Regionales para analizar una iniciativa que modifica la ley Nº 10.394 vinculada con “Emprendedurismo Joven entrerriano”. Hubo dictamen y tomaría estado parlamentario en próximas sesiones.
Las comisiones de Desarrollo Social, presidida por Carolina Streitenberger, y de Economías Regionales, cuyo titular es el diputado Enrique Cresto, analizaron un proyecto de ley, autoría del diputado Juan Rossi, que establece modificaciones a la ley de ““Emprendedurismo Joven entrerriano”, que data de 2015.
El diputado Cresto explicó las razones que argumentan esta iniciativa. “Es una ley del año 2015, por lo que entendimos que necesitaba ser actualizada en cuanto a la edad que abarcaba, ya que establecía el límite de los 40 años y considerando la situación económica y social del país, en la que muchas personas que tenían trabajo formal lo están perdiendo, era necesario quitar ese límite para que más personas tengan acceso”, afirmó el concordiense.
Cresto fue uno de los impulsores de la ley, sancionada hace una década, y habló de su importancia. “Es una herramienta fundamental para darle un impulso desde lo económico a aquellos que lo necesiten, que tengan un proyecto pero que requieran del apoyo del Estado para hacerlo realidad”, indicó.
El objetivo es que “ambas cámaras aceptan esta modificación y luego el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, disponga de los fondos necesarios “para que funcione y la ley cumpla su cometido que es impulsar, fundamentalmente a los emprendedores de la provincia que recién comienzan”, señaló Cresto.
La Rosca| Piden debate de proyecto sobre discapacidad|
Durante el encuentro manifestaron su apoyo al proyecto de ley para declarar la “Emergencia en Discapacidad” en la provincia, para “proteger y asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas comprendidas en esta situación, promoviendo su inclusión y participación plena en la sociedad”. Además, reiteraron el reclamo para que la Legislatura provincial trate la iniciativa presentada por el justicialismo y también solicitaron ser escuchados en las comisiones legislativas que la analicen.
Según informaron, “la necesidad de aprobar la emergencia responde a situaciones que resultan muy claras en estos momentos. Por un lado, las políticas de ajuste y estigmatización que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en contra de las personas con discapacidad, no solo desmantelando y desfinanciando la estructura estatal correspondiente, sino también sosteniendo un discurso falaz y estigmatizante sobre la situación de esos argentinos y argentinas. A esa deserción del Estado nacional en su obligación de garantizar derechos se suma la acción espejada de la Provincia, cuyo organismo específico (el Instituto Provincial de Discapacidad) brinda cada vez menos respuestas a las demandas que debería atender”.
Los integrantes de estas asociaciones no dudaron en definir como “desesperante” la situación: “Muchas familias no saben qué hacer, no hay a quien reclamarle. Hay casos en que las familias de las personas con discapacidad tienen que elegir entre comer o pagar una prestación”, producto de retirada del Estado.
Entre otras severas dificultades, citaron que muchas personas con discapacidad no pueden acceder a las prestaciones porque “quienes las brindaban ya dejaron de hacerlo por efecto de las políticas nacionales; o porque no se cuenta con el transporte adecuado; o porque existen dificultades con las obras sociales, especialmente con OSER; o por la ausencia de la estructura provincial debido falta de recursos para sostener y movilizar a los equipos técnicos; además de las carencias en la atención pública para quienes no tienen la cobertura de una obra social”.
Los integrantes de las asociaciones indicaron que desde hace tiempo reclaman que el gobierno provincial defina su postura frente a la situación que atraviesan, e igualmente que el gobernador Rogelio Frigerio diga qué actitud van a tener los legisladores nacionales del oficialismo ante el inminente veto de la emergencia nacional por parte del presidente Javier Milei. “Se están vulnerando derechos, especialmente de niños, lo que genera angustia en los padres, que necesitan saber que postura toma la provincia. Se sienten muy solos y necesitan apoyo. Es muy triste no saber que postura tiene el gobierno provincial”, se indicó al respecto.
“Los diputados justicialistas ratificaron su compromiso de trabajar junto a las instituciones para que se trate y apruebe la emergencia en discapacidad en Entre Ríos, considerando que resulta absolutamente justificada en el panorama actual. Asimismo, recordaron que así como el Ejecutivo provincial impulsó la sanción de leyes de emergencia para obras públicas, establecimientos educativos y obras viales que contaron con el apoyo de la oposición, hoy resulta absolutamente razonable que se proponga la emergencia en discapacidad cuando lo que corre riesgo es la salud y la dignidad de miles de entrerrianas y entrerrianos”, señalaron.
El proyecto presentado por el justicialismo propone que la emergencia se extienda hasta diciembre de 2027 y que se garantice la cobertura de todas las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para todas las personas con discapacidad con domicilio en la provincia, en efectores públicos o privados; la facilitación del acceso a pensiones no contributivas nacionales, con transporte público gratuito para traslados a centros de evaluación; y el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD) en toda la provincia. El proyecto podrá ser debatido y enriquecido durante el tratamiento legislativo para receptar aportes de diferentes sectores.
Durante el encuentro remarcaron también que es necesario seguir difundiendo las razones por las cuales se necesita la emergencia en discapacidad, “ante la persistencia de un discurso estigmatizante del gobierno nacional que busca confundir a la sociedad en este tema. Igualmente hubo coincidencias en cuanto a que no existe ninguna razón que justifique que el proyecto no se trate en la Legislatura provincial”.
El encuentro contó con la participaron de representantes de Neurocea San Benito (Amarú Méndez), Apadea litoral y Apadea Paraná (María José Robles, María José Carbajal y Natalio Center), Neurodiversidad San Benito (Nadia Gasparín), del Centro Educativo Terapéutico El Solar (Luciana Scelzi, quien además integra la Fundación Le Ralos en representación de la red de prestadores de la provincia), Tea azul Paraná y MirarTea Paraná; y también de las diputadas Laura Stratta, Mariel Ávila, Andrea Zoff, Silvia Moreno, Silvina Deccó; y el diputado Yari Seiler.
La Rosca| Deuda pública provincial|
Este miércoles 13 a las 10 habrá una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto de la Cámara de Senadores para abordar el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial que la semana pasada tomó estado parlamentario.
Se trata del Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara “prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial” y autoriza al Ejecutivo a “concretar actos, operaciones, mecanismos o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial”.
El monto total “no podrá exceder los US$ 500.000.000” y las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera, según establece el texto. El Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, fue convocado a participar de la reunión.
Los senadores de Entre Ríos, además, continuarán el estudio de los proyectos de ley sobre la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte, y para el aprovechamiento integral de biocombustibles y energías. Para cada iniciativa se convocó a especialistas en el tema.
La Rosca|Proyecto de Declaración de Emergencia en Salud Mental |
En el marco de la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, ATE (que integra la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos), fue convocado por la Diputada Nacional Carolina Gaillard para brindar un informe conjunto sobre la situación provincial y hacer aportes al Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Nacional en Salud Mental (2025-2027).
La reunión informativa, que tuvo lugar el martes 5 de agosto en Buenos Aires, concentró a referentes especialistas de distintos sectores. Desde ATE Matías Passi, Secretario de Derechos Humanos, junto a Laura Lavatelli y Paula Kratje -ambas trabajadoras del Hospital Escuela de Salud Mental, especialistas en la materia e integrantes de la Asamblea- representaron al espacio que reúne a los principales servicios de salud mental de Paraná y otras organizaciones y proyectos regionales de trayectoria en este campo.
El encuentro tuvo como punto central debatir en torno a la necesidad de reconocer la crítica situación de la salud mental a nivel federal, así como discutir acerca de cómo atender a la declaración de emergencia para el sector, detalla APF.
En la presentación, la Licenciada en Psicología Paula Kratje brindó un informe detallado de la situación que atraviesa la salud mental en Entre Ríos y solicitó que la declaración de emergencia sea dentro de la legislación vigente, haciendo alusión a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (LNSM).
Se advirtió sobre la crisis habitacional y alimentaria que golpea a la población y particularmente a las y los usuarios del sistema de salud mental.
En función de esto, se señaló que las personas llegan cada vez más al hospital y a los centros de salud, en busca de un refugio y un plato de comida.
En este sentido, se recalcó la escasez de dispositivos comunitarios, señalando como ejemplo que se cuenta con una única casa de medio camino y un solo hospital de día públicos en todo el territorio provincial, lo que demuestra la necesidad de profundizar en la real implementación de la LNSM.
Otro tramo del informe hizo hincapié en el histórico desfinanciamiento a la política de salud mental, ya que nunca -en sus 15 años de sanción-, el presupuesto necesario llegó a acercarse al 10% del total de Salud, que es lo planteado por la norma y que en realidad ni siquiera logró superar el 2%.
Además, se puntualizó la necesidad de generar componentes de salud mental en hospitales generales y en el primer nivel de atención siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional, así como descentralizar los recursos hacia otras localidades más allá de la capital provincial, lo que ayudaría a descomprimir la alta demanda que sostienen los hospitales monovalentes.
Otro punto importante de la presentación fueron las condiciones laborales en que realizan las prácticas las y los trabajadores de la salud, con salarios paupérrimos y en condiciones precarizadas, dado que sigue pendiente el llamado a concurso para ocupar los cargos creados en el 2022.
Asimismo, instaron a defender las RISaMC como políticas clave en la formación de recursos humanos que promuevan prácticas en salud desde una perspectiva de DDHH y comunitaria.
Carina Domínguez expuso en el Congreso de la Nación sobre la perspectiva de los trabajadores en la problemática de salud mental
Estos y otros aportes fueron brindados a la Comisión para que pueda trabajar en un dictamen de mayoría y pase al recinto para ser tratado por el conjunto de los legisladores. Es una premisa de esta Asamblea insistir en que es necesario dotar de recursos a los equipos existentes y generar mayor cantidad de dispositivos por fuera del hospital monovalente, para avanzar en dirección a los lineamientos propuestos por la LNSM.
La Rosca | Proyecto del diputado Rogel|
Un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia propone modificar el artículo cuarto de la Ley Nº 10.056 que establece que “la recaudación en concepto de Tasa por Actuaciones Judiciales previstas en el Título IV, Capítulo III del Código Fiscal será destinada para atender la remodelación, reparación, ampliación o locación de bienes inmuebles y la adquisición, reparación y mantenimiento de los bienes muebles del Poder Judicial u otros fines que determine el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, necesarios para su funcionamiento”.
La iniciativa del diputado de la Alianza Juntos por Entre Ríos (JxER), Fabián Rogel, se basa en cinco puntos: Derecho de acceso a la justicia y razonabilidad de la carga fiscal; Función del proceso judicial y tutela efectiva; Revisión del mecanismo del beneficio de litigar sin gastos; Armonización con la lógica del proceso y la estructura de costas; y Necesidad de una justicia inclusiva y eficiente.
La actual redacción del artículo que se propone modificar sostiene que “las resoluciones que ordenaren el pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales deberán cumplirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación personal o por cédula de la parte obligada al pago. Transcurrido ese término sin que se hubiere efectuado el pago, se incurrirá en mora automática, la cual habilitará al órgano jurisdiccional a la aplicación de un interés resarcitorio equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (BNA)”. Y añade que “mientras no se acredite documentalmente el ingreso de la tasa, los órganos jurisdiccionales suspenderán el trámite del proceso”.
En ningún caso la falta de pago habilita la suspensión
La modificación pretende que quede redactado de la siguiente forma: “Artículo 4º: La Tasa por Actuaciones Judiciales deberá abonarse al momento del dictado de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso, integrando la liquidación de costas, salvo que el Superior Tribunal de Justicia disponga otra oportunidad de pago en casos especiales debidamente fundados”. Y añade: “El incumplimiento del pago en dicho momento generará intereses resarcitorios conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. En ningún caso la falta de acreditación del pago podrá dar lugar a la suspensión del trámite del proceso”.
Justicia condicionada al pago previo de una tasa
Rogel fundamentó su propuesta en “establecer que el pago de dicha tasa se realice al finalizar el proceso judicial, sin que su falta de pago constituya motivo de suspensión del trámite del expediente. Así, respecto del “Derecho de acceso a la justicia y razonabilidad de la carga fiscal” sostuvo que “la actual redacción del artículo 4º impone un doble obstáculo al justiciable: por un lado, le exige el pago anticipado de la tasa dentro de los cinco días hábiles de su notificación; y por el otro, sanciona su incumplimiento con la paralización del proceso judicial. Este esquema normativo genera una afectación directa al derecho de acceso a la justicia, de raigambre constitucional… y convencional…”.
El diputado añadió que “la justicia no puede quedar condicionada al pago previo de una tasa, especialmente en contextos donde el actor inicia el proceso por verse afectado en derechos fundamentales como la salud, el trabajo, el acceso a un hábitat digno, entre otros. Suspender el trámite judicial por una cuestión estrictamente fiscal configura una medida regresiva, irrazonable y desproporcionada”.
Función pública esencial
Respecto al punto “Función del proceso judicial y tutela efectiva”, Rogel fundamentó que “el proceso judicial cumple una función pública esencial: la resolución pacífica de conflictos mediante la intervención imparcial del Estado. Condicionar su curso al cumplimiento de una obligación económica previa, sin evaluar las circunstancias particulares del litigante, puede equivaler a negar el acceso al sistema de justicia. La tutela judicial efectiva, consagrada en tratados internacionales con jerarquía constitucional…, exige que los procedimientos judiciales sean accesibles, sin trabas económicas que impidan o restrinjan su ejercicio”.
Sobre el ítem “Revisión del mecanismo del beneficio de litigar sin gastos”, Rogel entendió que “si bien el ordenamiento prevé el instituto del beneficio de litigar sin gastos como un mecanismo para exceptuar el pago de tasas judiciales en casos de imposibilidad económica, la exigencia de demostrar esa condición –mediante prueba documental y trámite previo– termina constituyendo una nueva carga procesal para el litigante damnificado, que debe invertir tiempo y recursos en acreditar su situación de pobreza”.
Efecto nocivo de la actual regulación
Rogel sostuvo que “en muchos casos, quien inicia un proceso judicial se encuentra en situación de vulnerabilidad material y emocional, y la exigencia de tramitar el beneficio en forma previa o paralela al juicio opera como una traba formal y fáctica al inicio de la acción judicial. En ese sentido, la posibilidad del beneficio no elimina el efecto nocivo de la actual regulación de la tasa, sino que lo profundiza”.
Acerca de la “Armonización con la lógica del proceso y la estructura de costas”, el legislador argumentó que “en la gran mayoría de los casos, tanto los honorarios profesionales, como las costas y demás cargas del proceso, se liquidan una vez dictada la sentencia. La Tasa por Actuaciones Judiciales debería seguir esa lógica: liquidarse y exigirse con la resolución final del proceso, junto con los demás créditos fiscales o privados, sin afectar el curso del expediente”.
Así, entendió que “esta modificación no implica una renuncia al derecho de recaudación del Estado, sino una reprogramación razonable del cumplimiento de la obligación tributaria, que puede garantizarse con igual eficacia al momento del dictado de la sentencia, aplicando intereses en caso de mora, como ya establece el régimen actual”.
Finalmente, acerca de la “Necesidad de una justicia inclusiva y eficiente”, Rogel expresó: “La reforma propuesta busca una justicia más inclusiva, eficiente y centrada en la persona, en línea con los estándares actuales de derecho público y de protección de derechos humanos. El acceso a la justicia debe ser un derecho garantizado, no un privilegio sujeto al cumplimiento de obligaciones fiscales previas. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley”.
La Rosca| Financiamiento universitario|
La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario con 158 votos positivos. En ese sentido, la senadora nacional por Entre Ríos, de Unión por la Patria, Stefanía Cora, celebró el acompañamiento en su cuenta de X: “La educación superior no es un gasto, es una inversión y un derecho que el Estado debe garantizar”.
Cora sostuvo: “Son estos jóvenes quienes serán los futuros profesionales de nuestra patria”.
Además, la legisladora indicó que en caso de aprobarse el proyecto de Ley “se actualizan las partidas presupuestarias para las universidades, ciencia y tecnología, para el desarrollo y construcción de vida de jóvenes que buscan un futuro posible en nuestro país”.
Por otra parte, lanzó una crítica al oficialismo ya que referentes del sector universitario no pudieron ingresar a la Cámara. “Sesiones como la de hoy en la que se impide el ingreso de los rectores y rectoras de las Universidades Nacionales que se hicieron presentes, pero se llenaron los palcos de aplaudidores del oficialismo”.
La Rosca| Adopción|
El proyecto propone extender la licencia actual de 30 a 90 días hábiles durante la etapa de vinculación con el niño o adolescente, e incorporar permisos adicionales para asistir a talleres, entrevistas y audiencias judiciales previas al otorgamiento de la guarda. Además, contempla la posibilidad de una licencia sin goce de haberes por hasta seis meses, con el objetivo de acompañar integralmente el proceso adoptivo y garantizar una transición afectiva adecuada.
La iniciativa, presentada por la diputada provincial Mariana Bentos (Juntos), propone modificar el actual régimen de licencias establecido por la Ley N° 3.289 y su decreto reglamentario N° 5.703/93.
Actualmente, el artículo 15 de esa norma permite una licencia de 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la tenencia del niño adoptado. La propuesta de Bentos busca ampliar ese plazo a 90 días hábiles, contemplando además instancias previas y posteriores al otorgamiento de la guarda, detalla Diario Junio.
El proyecto propone dividir la licencia por adopción en dos etapas claramente diferenciadas:
Etapa previa: establece una licencia de hasta 5 días hábiles por año para asistir a talleres, entrevistas o audiencias judiciales vinculadas con el proceso de adopción. Estas actividades deben estar señaladas por el equipo técnico del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaer) o por los Juzgados de Familia, y deberán acreditarse mediante certificado.
Etapa de vinculación y guarda: contempla una licencia de 90 días hábiles, corridos o discontinuos, durante la etapa de vinculación con el niño, niña o adolescente (NNA), antes del otorgamiento de la guarda. Este período puede extenderse 30 días más en casos de adopciones múltiples o si el NNA tiene alguna discapacidad acreditada por Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, se aclara que en caso de que ambos adoptantes trabajen en la administración pública, la licencia podrá ser usada por uno de ellos o bien alternarse entre ambos. Una vez agotadas las licencias por adopción, el personal estatal podrá optar por una licencia sin goce de haberes de hasta seis meses, con el objetivo de continuar con el acompañamiento del proceso adoptivo.
Igualdad de derechos
Bentos fundamenta el proyecto en la necesidad de equiparar los derechos entre las distintas formas de conformar una familia, poniendo en pie de igualdad la adopción con el nacimiento y las técnicas de reproducción humana asistida. Actualmente, la licencia por maternidad biológica en Entre Ríos es de 90 días, por lo que se busca que ese plazo también rija en los casos de adopción.
“La adopción implica un proceso complejo y prolongado que requiere de tiempo y acompañamiento. Por eso proponemos esta licencia en dos etapas, adaptada a las distintas fases del proceso adoptivo, desde los primeros encuentros hasta la sentencia de adopción”, explicó la legisladora.
La Rosca| Cuidado del río Paraná|
Integrantes de Unión por la Patria, con la diputada entrerriana Blanca Osuna a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para crear la comisión administradora del Río Paraná como ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía económica financiera, personería jurídica y capacidad de actuación, en el ámbito del derecho público y privado.
El objetivo propuesto en el texto es el de institucionalizar un ámbito interjurisdiccional de coordinación, promoción y ejecución de políticas públicas ambientales, económicas y sociales para el óptimo cuidado y aprovechamiento racional del Río Paraná y región adyacente. Establece, además, que la comisión tendrá competencia en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires.
Además de Osuna, el proyecto de ley lleva las firmas de Diego Giuliano, Daniel Gollán, Micaela Moran, Pablo Todero, Roxana Monzón, Jorge Romero, Nancy Sand, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Pedrini, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Eugenia Alianiello¸ María Luisa Montoto y Lorena Pokoik.
En los fundamentos fueron destacados el valor estratégico del Río Paraná como vía navegable, reserva de agua dulce y símbolo cultural; mencionados los antecedentes históricos y jurídicos que legitiman el dominio provincial sobre los ríos; y remarcaron la necesidad de una gestión coordinada e integral para afrontar crisis ambientales y garantizar un desarrollo sostenible.
Además, propone una manera para obtener el financiamiento de la comisión administrativa a través de la creación de un fondo de compensación ambiental para prevenir y reparar daños ecológicos; y a través de presupuestos estatales, donaciones y otros aportes, publicó Parlamentario.
Los otros objetivos de la comisión serán coordinar políticas ambientales, económicas y sociales para el cuidado y aprovechamiento del Río Paraná y su región; la promoción del uso racional del recurso hídrico; y la fortaleza de la soberanía fluvial frente a procesos de privatización de la vía navegable.
La Rosca| Contratación pública local |
El proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, está destinada a “promover un ecosistema empresarial local competitivo, innovador y sostenible, que fortalezca la actividad productiva, la generación de empleo, el desarrollo territorial y la innovación tecnológica en Entre Ríos”. Pretende adecuar “a las necesidades contemporáneas, el RGCP, hasta este momento regido por la Ley Provincial N°9.353 y su modificatoria N°10.809”.
La finalidad de la norma es “impulsar, proteger y fortalecer a las empresas y proveedores radicados en la Provincia de Entre Ríos; estimular la generación de empleo genuino y el desarrollo territorial equilibrado; incentivar la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento; promover cadenas de valor provinciales y regionales; favorecer la formación de recursos humanos calificados; estimular el consumo de bienes y servicios locales con estándares de calidad y sostenibilidad; integrar la perspectiva ambiental y de sustentabilidad en las compras públicas”.
En el mensaje a la Cámara, el Poder Ejecutivo sostuvo que el proyecto de ley “… adecúa a las necesidades contemporáneas, el régimen de Compre Provincial, hasta este momento regido por la Ley Provincial N°9.353 y su modificatoria N°10.809”. Se señaló que “si bien el mismo fue modificado recientemente a través de la Ley N°10.809, su aplicación práctica se halla limitada a determinados supuestos en los procedimientos de contratación de bienes y servicios y de contratación de obras públicas, limitando el potencial de desarrollo para las firmas y emprendedores locales”.
También se señaló que “se observa que los requerimientos y objetivos plasmados en dicha ley, por la complejidad que presenta o por su referencia a puntos muy específicos de la cadena productiva, no han podido ser óptimamente satisfechos en la reglamentación y en los procedimientos de contratación, observándose obstáculos reales que solo pueden subsanarse mediante el trámite legislativo”.
Pilar fundamental para Entre Ríos
En los fundamentos del proyecto se sostuvo que “el RGCP para la Promoción de la Industria y el Desarrollo Productivo Local que se eleva a esa Legislatura, representa un pilar fundamental en la estrategia de crecimiento económico y social para la Provincia de Entre Ríos, estableciendo un marco normativo previsible y que promueve un ecosistema empresarial local competitivo, innovador y sostenible”.
Se destacó que se “pretende impulsar y fortalecer a las empresas y proveedores radicados en Entre Ríos otorgándoles una preferencia legítima o un puntaje diferencial en los procedimientos de contratación pública, garantizando que una mayor porción del gasto estatal se reinvierta en nuestra propia economía, generando un círculo virtuoso de crecimiento, con impacto real en la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo genuinos y calificados”.
Alcances
Asimismo se indicó que “la iniciativa introduce a nuestra legislación, la contratación de bienes y servicios locales con estándares de calidad y sostenibilidad, integrando la perspectiva ambiental y de sustentabilidad en las compras públicas, como un parámetro que debe ser tenido en cuenta en la contratación, pero con bastante flexibilidad para garantizar su aplicación paulatina conforme a las necesidades y posibilidades de la Provincia”.
El proyecto establece “criterios claros y objetivos para la definición de ‘Empresa Compre del Estado Provincial’, garantizando la transparencia en los procedimientos de contratación, dejando debidamente plasmadas las condiciones para la aplicación de los beneficios y preferencias, los que siempre deberán estar debidamente compatibilizados con las posibilidades financieras y presupuestarias de la provincia”.
Al ingresar en el análisis en particular del texto proyectado, se indicó que “podrá observarse que se establecen con precisión los beneficios del régimen, otorgando mayor puntaje cuando ello es admitido en la modalidad de contratación, o bien, una preferencia a favor del proveedor local, cuando la modalidad no admite asignación de puntajes”.
Oferta Local y Certificación Compre
También se precisó que “Asimismo, se introduce una nueva herramienta, que beneficia por un lado al proveedor local y, a su vez, permite lograr compras más eficientes y de bajo costo. La nueva figura denominada ‘Mejora de Oferta Local’, es un mecanismo que, bajo el principio de eficiencia económica, permite a las empresas locales equiparar ofertas y asegurar la adjudicación, optimizando el uso de los recursos públicos”.
El proyecto “establece un modelo simplificado de certificación para acceder a los beneficios del régimen de promoción. La ‘Certificación Compre’ prevista en el artículo 5° del proyecto, simplifica los trámites para las empresas, al ser válida en todo procedimiento de contratación una vez obtenida, lo que agiliza y desburocratiza el proceso”. En este sentido se señaló que “bajo el régimen hoy vigente, las empresas deben presentar los mismos documentos en cada uno de los procedimientos en que participan, multiplicando innecesariamente la cantidad de documentos de los trámites y quedando subsistente la posibilidad de que, por omisiones o deficiencias del trámite, no se concreten los objetivos de la ley”.
La Rosca| Proyecto de ley |
El encuentro contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani y de autoridades de las principales casas de estudio. Los rectores y decanos presentes expresaron su respaldo a la propuesta y destacaron la eventual creación del CIPER como una herramienta para fortalecer la vinculación entre el sistema universitario y las necesidades de la ciudadanía.
Participaron el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; el regente de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Héctor Sauret; el decano de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Martín Herlax; el decano de la Facultad Regional Paraná de la UTN, Alejandro Carrere; y el vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Román Scattini. Además, las autoridades universitarias se comprometieron a realizar aportes para enriquecer el proyecto en esta etapa de comisión, con vistas a su posible debate en el recinto durante agosto.
“El Estado debe facilitar los puentes entre la universidad y la sociedad”, expresó Oliva al fundamentar su iniciativa. “Las universidades no sólo forman profesionales, también pueden ser incubadoras de proyectos, empresas y soluciones innovadoras”, afirmó.
El presidente del bloque justicialista subrayó que el proyecto se basa en una experiencia exitosa desarrollada en Concepción del Uruguay durante su gestión como intendente, donde el trabajo articulado con las universidades permitió implementar políticas públicas con fuerte anclaje territorial.
“Entre Ríos tiene una rica historia educativa y una presencia universitaria muy potente: queremos generar un ámbito de planificación conjunta, optimizar recursos y crear políticas públicas con impacto real en nuestras comunidades”, sostuvo.
Oliva planteó que el CIPER podría sentar las bases para el fortalecimiento de la identidad y la pertinencia regional, promoviendo programas que respondan a desafíos concretos del territorio y articulando conocimiento con desarrollo. De ser aprobado, este consejo funcionará como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, con capacidad de asesoramiento en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la educación superior, el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de la población.
La Rosca| Facultad de Ciencias Económicas |
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados. Se fundamentó que el objeto de la donación persigue “fines académicos o de investigación científica” de la Casa de Altos Estudios. Será abordado el martes 29 a las 11:30 en la comisión de Legislación.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo de la provincia en el que pidió autorización para donar a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) el edificio donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas. El inmueble está identificado en Plano Nº 95.790, Matricula Nº 134.512 propiedad del Superior Gobierno de Entre Ríos.
Se trata del histórico inmueble ubicado a tres cuadras de la Plaza 1º de Mayo de la capital entrerriana. Se encuentra ubicado entre calles Urquiza, Andrés Pazos, Hipólito Irigoyen y Arturo Illia. El artículo dos del proyecto detalló que “la donación establecida en el Artículo 1º, se realiza con el cargo a ser afectado exclusivamente a fines académicos o de investigación científica de la Universidad Nacional de Entre Ríos”.
En el proyecto se consignó que “la autorización propiciada encuadra en lo establecido por el artículo 81 1º párrafo de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y la ley de Contabilidad Nº 5.140”.
Se recordó que “la Universidad Nacional de Entre Ríos fue creada por Ley Nº 20.366, de mayo de 1973 y consistió en la aglutinación, bajo un mismo rectorado, de una serie de unidades académicas preexistentes que dependían de diversas jurisdicciones (Universidad del Litoral, Universidad Católica Argentina) más otras que se crearon conjuntamente con la Universidad”.
Se destacó que “dicha creación ocurrió como resultado de una demanda histórica y reivindicativa de la población de la provincia, dado los numerosos antecedentes e iniciativas impulsadas previamente para la cristalización de este objetivo. Asimismo, en 1976 se incorporan a la UNER, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ingeniería. Actualmente en el inmueble mencionado se encuentra emplazada la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, como así también otras dependencias de la misma”.
La Ley Provincial Nº 7.087 del 17 de febrero de 1983 autorizó al Poder Ejecutivo provincial a donar a favor del Estado Nacional Argentino el inmueble, también “con destino al funcionamiento de unidades académicas, entre ellas la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y con cargo a ser afectado a fines académicos o de investigación”.
La Ley Provincial Nº7.378 ratificó el Decreto-Ley Nº 7087/83 y el Decreto Nº 1.076 del 22 de abril de 1985 y donó, conforme Ley Nº 7.087 al Estado Nacional Argentino el inmueble de referencia. El Consejo Superior Provisorio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por su parte, aceptó la donación del inmueble mediante Resolución Nº 007/85”.
El proyecto precisó que “sin perjuicio de ello, y en virtud de que la Universidad Nacional de Entre Ríos es una persona jurídica distinta del Estado Nacional Argentino, resulta necesario el dictado de una nueva autorización legislativa mediante la cual se proceda a autorizar al Poder Ejecutivo a efectuar la donación a favor de la Universidad mencionada. Por los motivos expuestos, remito el presente proyecto esperando poder contar con el acompañamiento de los Legisladores”.
La Rosca| Pedido de derogación de decreto|
La diputada nacional Blanca Osuna –de Unión por la Patria (UP) Entre Ríos-, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto Nº 446/2025 —impulsado por el Gobierno nacional— que desreguló el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas, eliminando los precios de referencia y reduciendo la intervención del Estado a funciones de seguridad. En su lugar, la iniciativa propone declarar a la comercialización de GLP como servicio público, restaurando el rol del Estado como regulador, fijador de precios y garante del acceso en condiciones justas para los sectores más vulnerables.
“Esta medida del Ejecutivo deja completamente desprotegidos a millones de argentinos que dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse”, advirtió Osuna en manifestaciones que publicó el portal de noticias legislativas Parlamentario. La entrerriana también cuestionó que el decreto fue dictado “en plena ola de frío y crisis de gas”.
El proyecto no solo propone derogar el decreto vigente desde el 3 de julio pasado, sino también modificar la Ley 26.020, vigente desde 2006, incorporando el artículo 5° BIS, que establece como servicio público la comercialización al consumidor final de garrafas de 10, 12, 15, 30 y 45 kilos.
Un servicio público esencial
La iniciativa pone el foco en el rol social que cumple el GLP envasado para millones de hogares, particularmente aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural. Según datos del Censo 2022, el 41,6% de los hogares argentinos utiliza garrafas para cocinar o calefaccionarse. En provincias como Entre Ríos —de donde es oriunda la autora— sólo el 30% de la población tiene acceso a gas por red.
“Estamos hablando de un servicio esencial para garantizar una vida digna. Por eso es el Estado quien debe regularlo, no el mercado”, sostuvo Osuna. Y recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga a las autoridades a proteger los derechos de los consumidores y usuarios, “garantizando la calidad y eficiencia de los servicios públicos, así como su acceso en condiciones de equidad y a precios justos”.
El Decreto 446/2025, promovido por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, suprimió el artículo 34 de la ley vigente, que establecía precios de referencia para el uso domiciliario del GLP, y eliminó toda fijación estatal de precios para la comercialización de garrafas.
Para Osuna, este tipo de medidas “responde a una lógica de libertad de mercado que no contempla las necesidades sociales”, y representa una regresión en términos de derechos adquiridos. “En nombre de la libertad contractual, se habilita un aumento descontrolado de precios que castiga a quienes más lo necesitan”, agregó.
En la misma línea, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación deberá fijar precios máximos para la venta minorista de garrafas, tomando como base los valores vigentes al momento de la sanción de la ley y ajustándolos según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Educación, control y participación ciudadana
Además de establecer un precio justo, el proyecto incorpora nuevas funciones al artículo 7 de la Ley 26.020, entre ellas:
-Garantizar la publicidad de los precios al público,
-Promover programas de educación para el consumo eficiente de GLP,
-Establecer protocolos de control estatal para la comercialización y almacenamiento seguro de garrafas.
También obliga a la autoridad de aplicación a realizar audiencias públicas o consultas populares, no vinculantes, que permitan escuchar la voz de los consumidores antes de establecer los precios máximos.
El proyecto se basa en antecedentes como el Programa Hogar, implementado desde 2015 para subsidiar el consumo de GLP en sectores vulnerables, y en el marco legal provisto por la Ley 26.020, que creó un fondo fiduciario para fomentar la expansión de redes de gas y permitir el acceso a una energía vital.
A su vez, Osuna cita al jurista Darcy y al especialista Raúl Bertero para defender la noción de que ciertos servicios públicos —aun cuando sean prestados por privados— deben mantener la regulación estatal como garantía de acceso universal, continuo y económico.
El proyecto, que lleva también las firmas de las diputadas Nancy Sand y Andrea Freites, y de los diputados Jorge Neri Araujo Hernández y Jorge Ricardo Herrera, deberá sortear un escenario legislativo complejo, con un oficialismo que defiende la desregulación como política de Estado.
“No puede haber libertad real cuando el acceso a servicios esenciales como el gas se convierte en un lujo”, concluyó Osuna, en defensa de una iniciativa que busca reinstalar el rol del Estado como garante del derecho a la energía para todos los argentinos.
La Rosca| Proyecto sobre IA|
La iniciativa, promovida por el diputado Enrique Creso, tomará estado parlamentario en la próxima sesión.
El objetivo es “proteger los derechos de los ciudadanos, promover la transparencia informativa y prevenir la manipulación o el engaño”, explicó el legislador en los fundamentos del proyecto al que accedió esta Agencia. Si la Ley avanza, alcanzará “a todo contenido audiovisual, gráfico, sonoro, textual o multimedia difundido por medios digitales, redes sociales, páginas web, medios de comunicación provinciales y plataformas digitales con sede o actividad en la provincia”.
Además, contempla “contenidos generados mediante herramientas de inteligencia artificial, incluyendo imágenes sintéticas, videos manipulados (deepfakes), textos automatizados, voces clonadas y cualquier otro producto similar”.
Por otro lado, establece que los contenidos alcanzados “deberán contener la leyenda: ‘Contenido generado con inteligencia artificial’”. Esta leyenda deberá ubicarse “en lugar visible, audible o destacado según el formato del contenido, y ser fácilmente comprensible para el público general”.
Sin embargo, existen excepciones. El Artículo 4° señala que quedan exceptuados de esta obligación “contenidos de uso estrictamente personal y privado, sin difusión pública” y “obras artísticas o académicas registradas con autoría debidamente informada”.
La ley también establece un canal digital para la denuncia de contenidos no etiquetados o presuntamente generados por inteligencia artificial sin la debida identificación. La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo, “tendrá facultades para reglamentar, fiscalizar, recibir denuncias y sancionar las infracciones”.
Las sanciones por incumplimiento se detallan en el Artículo 6°: “El incumplimiento de la ley será considerado infracción y dará lugar a multas para personas humanas entre $50.000 y $500.000 pesos, y para personas jurídicas entre $500.000 y $5.000.000 pesos, o hasta el dos por ciento de la facturación bruta del año anterior, lo que sea mayor”.
Los fondos recaudados en concepto de multas serán destinados a “programas educativos y de capacitación en el uso responsable de tecnologías digitales e inteligencia artificial”.
El proyecto también contempla la necesidad de concientización, indicando que “el Poder Ejecutivo provincial desarrollará campañas de educación y concientización ciudadana sobre el uso responsable de inteligencia artificial, especialmente dirigidas a jóvenes, usuarios de redes sociales y medios de comunicación”.
Creso destacó que “la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para generar contenidos digitales. Si bien su desarrollo aporta enormes beneficios, también plantea riesgos importantes vinculados a la manipulación de información y la difusión de noticias falsas”.
El diputado subrayó que “diversos países como España, China y varios estados de EE.UU. ya han establecido normativas que exigen que los contenidos generados por IA sean etiquetados o identificados visiblemente”. En este sentido, el proyecto propone que Entre Ríos sea “pionera en Argentina en materia de regulación ética de los contenidos generados por IA”, promoviendo “el uso responsable de estas tecnologías”.
La Rosca| Apoyo a emergencia en discapacidad|
Durante un acto en el salón auditorio municipal “Arturo Illia”, instituciones, vecinos y representantes del Consejo Asesor de Discapacidad –ampliado- de Concepción del Uruguay, difundieron un comunicado en favor del sostenimiento y cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada días pasados por Senado de la Nación.
El texto será elevado a los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos y a los legisladores provinciales del departamento Uruguay.
Presente en la ceremonia, el intendente José Eduardo Lauritto, quien además es titular del Consejo Asesor de Discapacidad, destacó que el encuentro respondió a una “auto convocatoria de las instituciones, mecánica que valoramos y agradecemos para darle sentido a los próximos pasos. La Municipalidad tiene el compromiso de acompañar”.
Al respecto reafirmó que el tema “nos compromete a todos, estemos en el nivel que estemos”. Y siguiendo la voluntad del Consejo, anunció que se trasladará la inquietud planteada en el documento a los doce legisladores nacionales de Entre Ríos y a los tres departamentales de la legislatura provincial.
Durante el encuentro, representantes de las entidades que integran el Consejo y familiares de personas con discapacidad dieron testimonios de las graves dificultades que atraviesan, especialmente vinculadas con las prestaciones básicas.
Asistieron al encuentro autoridades de las siguientes entidades: Proyecto Imaginarte, EPEI 1 Surco de Esperanza, Instituto de Formación Docente Tobar García, EEI N° 18 Juan Alberto Marcó, EEI N° 11 Pedro Ponce de León, Club Zaninetti – Basket Síndrome de Down, ASDCU, Hablamos de Autismo, Centro de Día El Despertar, ATPADIS, Fundación La Casita, Fundación Arene, Asociación Civil El Solar Uruguay y Asociación Familias Leonas – TDAH.
La Rosca| Micropymes |
Gustavo Bordet, diputado nacional y ex gobernador por Entre Ríos, hizo esas declaraciones tras presentar -en el Congreso Nacional- un proyecto de Ley que propone la creación del Régimen de Fomento Permanente para micro y pequeñas empresas.
La iniciativa alcanza a microempresas, cooperativas, fábricas recuperadas y a la agricultura familiar, ofreciendo beneficios tributarios, laborales, financieros y comerciales con el fin de proteger, impulsar y consolidar al sector más dinámico y vulnerable de la economía argentina.
“Las MicroPymes son el corazón de la economía real. Frente a un modelo que promueve privilegios para grandes capitales extranjeros, necesitamos un Estado que sostenga a quienes generan empleo, producción e innovación en todo el país”, afirmó Bordet.
Importaciones
“El régimen RIGI y la apertura indiscriminada están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestras economías regionales. Este proyecto es una respuesta federal y justa para cuidar lo nuestro”, resaltó el ex gobernador entrerriano.
Bordet remarcó que el proyecto “busca dar previsibilidad y herramientas reales a quienes todos los días sostienen la producción nacional con esfuerzo y creatividad. No se trata de discursos, sino de medidas concretas que favorecen el arraigo, la inclusión y el trabajo argentino”.
La propuesta invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse para profundizar el acompañamiento estatal a estas unidades productivas, muchas veces relegadas por la concentración del capital y las políticas regresivas.
A través de un comunicado, se enumeraron los principales beneficios del proyecto FOMIPYMES:
Exención de aportes patronales para los primeros dos trabajadores y reducción al 50% para el tercero y cuarto.
Alivio fiscal estructural, que incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias al 20%, la eliminación de anticipos, retenciones y percepciones, la exención del impuesto al débito y crédito bancario, y el diferimiento por 6 meses del pago de IVA y Monotributo,
Facilidades de acceso al crédito, con flexibilización de requisitos bancarios y promoción de tasas preferenciales.
Regulación comercial, con garantía de góndola para productos elaborados por MicroPymes, y topes a comisiones y plazos de acreditación por ventas electrónicas.
La Rosca| Recolección de medicamentos vencidos|
Un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados propone “establecer un marco normativo para la gestión responsable de medicamentos vencidos, caducos o en desuso de origen domiciliario, tanto para la salud humana como animal, en el territorio de la provincia de Entre Ríos”. Se señaló que “actualmente, estos residuos no están comprendidos dentro de la normativa específica de residuos peligrosos, ya que provienen del ámbito domiciliario. Sin embargo, su incorrecta disposición representa un riesgo sanitario y ambiental considerable”.
El proyecto, cuya autora es la diputada justicialista, Andrea Zoff, precisó que “muchos de estos medicamentos permanecen almacenados en los hogares más allá de su fecha de vencimiento o en condiciones inadecuadas, generando riesgos por automedicación, intoxicaciones accidentales o contaminación ambiental”.
Entre las consecuencias de una gestión inadecuada de estos elementos, la legisladora mencionó, destaca APF, que pueden “contaminar fuentes de agua si se eliminan por el inodoro o la basura común; causar daños en animales y personas si son consumidos accidentalmente; afectar el ecosistema mediante la alteración de microorganismos o la liberación de contaminantes al aire si son incinerados sin control”.
También señaló que “existe el riesgo de que, al desecharse con los residuos comunes, estos productos lleguen a manos de personas que realizan recolección informal en basurales, lo cual puede derivar en su reutilización, reventa o consumo indebido”.
Zoff precisó que “el proyecto propone un sistema organizado y accesible para que los ciudadanos puedan desechar estos productos de forma adecuada, a través de una red de puntos de recolección que incluya farmacias, veterinarias y centros de salud, en articulación con los municipios y comunas”.
Obligaciones de los puntos de recolección
El proyecto propone que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud de la Provincia o el que en el futuro lo reemplace. También determina las obligaciones de los puntos de recolección. Estarán obligados a “recibir los medicamentos vencidos o en desuso de los ciudadanos; almacenar temporalmente los medicamentos recolectados de forma segura y diferenciada; entregar los medicamentos recolectados a los operadores autorizados para su transporte y tratamiento”.
El proyecto también prevé “la creación de un Programa Provincial específico, con la participación del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, que garantice: El retiro seguro y periódico de los medicamentos recolectados; su tratamiento y disposición final conforme la normativa ambiental vigente; la realización de campañas de concientización, tanto en medios digitales como en el ámbito educativo, con información clara sobre los riesgos y el modo correcto de proceder”.
Argentina: líder mundial en tenencia de mascotas
Zoff consideró que uno de los aportes novedosos del proyecto “es la inclusión de medicamentos veterinarios, considerando el elevado número de mascotas que hay en los hogares argentinos. Según estudios recientes, Argentina es uno de los países con mayor tenencia de mascotas a nivel mundial, lo cual genera un volumen significativo de medicamentos también en desuso para uso animal”.
También precisó que “diferentes estudios reportados en los últimos diez años concordaron que Argentina es el país con mayor cantidad de mascotas por habitante, 8 de cada 10 argentinos poseen al menos una mascota en su hogar. Además, la tenencia de mascotas continúa en crecimiento: en 2017, el 73% tenía mascotas en el hogar”. Añadió que “luego de la pandemia, en 2022, se registró un crecimiento de 3 puntos (76%), y en 2023 alcanzó 80%”.
Incentivos para sumarse al programa
Finalmente Zoff expresó que “también se contempla la posibilidad de otorgar incentivos a farmacias y veterinarias que se sumen activamente al programa, promoviendo la responsabilidad ambiental en el sector. En suma, esta iniciativa busca brindar una solución concreta, sustentable y de bajo costo a una problemática que hoy carece de un abordaje integral, protegiendo la salud pública y el ambiente mediante la gestión diferenciada de un tipo de residuo que, por sus características, requiere atención urgente”.
La Rosca | Proyecto de Ley |
La iniciativa, que fue presentada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, solicita que se designe autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.
Tendrá a su cargo determinar cuáles son los edificios, obras de arte, piezas históricas, monumentos y cualquier otro patrimonio cultural, histórico y artístico de la provincia que se encuentre en riesgo y requiera con urgencia acciones de puesta en valor y preservación.
También podrá gestionar ante las áreas específicas las acciones y recursos necesarios para atender las situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias para evitar daños mayores a la vez que autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones presupuestarias para financiar las medidas que se dispongan.
El proyecto, que consta de seis artículos de fondo y uno de forma, también lleva las firmas de los diputados, Jorge Maier; Mariana Bentos; Marcelo López; María Elena Romero; Lénico Aranda, Mauro Godein; Carola Lane y Noelia Taborda.
En los fundamentos, la diputada Lena menciona que son catorce inmuebles históricos centenarios, en donde seis corresponden al Siglo XIX y los ocho restantes al Siglo XX. A su vez, once de ellos se hallan catalogados bajo el Inventario de Patrimonio Histórico–Arquitectónico de Entre Ríos y de los cuales tres, presentan declaratoria de Monumento Histórico Nacional (Museo Molino Forclaz, Museo de Casa de Gobierno y Museo Hogar Escuela “Eva Perón”).
Consideró relevante que “preservan su arquitectura original como testimonio de épocas pasadas conforma así el paisaje cultural patrimonial de la ciudad y la provincia. Dichos edificios culturales son instituciones visitadas todo el año no sólo por locales y turistas, sino por establecimientos educativos de la provincia y actualmente están en un deterioro apremiante, a su vez, que implica un riesgo inminente para sus visitantes”.
Precisó luego que de los catorce edificios sólo seis son accesibles ediliciamente: (Centro Cultural “La Vieja Usina”, Casa de la Cultura de Entre Ríos “Arq. Luis F. Enría”, Museo Molino Forclaz, Museo de Casa de Gobierno, Archivo General de Entre Ríos y Museo Hogar Escuela “Eva Perón”), incumpliendo el resto de los organismos culturales con la Ley Nacional de Accesibilidad Universal Nº 26.378/08, “razón por la cual es urgente adaptar arquitectónicamente a dicho organismos con las condiciones de accesibilidad para poder estar abiertos a la comunidad toda”, concluyó la diputada Lena.