La Rosca |Régimen de licencias del STJ|

No hubo convocatoria en Diputados y el pedido de juicio político a Susana Medina venció.

“Cayó la posibilidad de abrir un proceso de juicio político. Los plazos que establece nuestra Constitución son perentorios. Se trata de un plazo de 30 días. Los treinta días se cumplieron este domingo pasado. Estaban los dictámenes de Comisión, pero no se logró el consenso para firmar un dictamen ninguno de los dos de los sentidos, ni uno que acuse a la doctora Medina ni otro que no la acuse a la doctora. Entonces, al no haber dictamen, el proceso cayó. Pero no significa que no se pueda presentar otro pedido sobre el mismo tema o con temas nuevos”, recordó.

En declaraciones radiales, la legisladora aseguró, luego de consultársele. Juntos culpó al PJ por falta de quorum; y el PJ responsabilizó a Juntos. ¿Qué es lo que ocurrió?

– Nosotros cumplimos con hacer todas las reuniones necesarias, y se entregaron en término absolutamente todas las medidas probatorias que la Comisión de Juicio Político requirió. Estábamos en un mes muy complicado, como es diciembre, con muchos inhábiles en el medio, que hizo que estuviéramos contrarreloj. Pero creo que de todos los bloques se puso buena voluntad y, sobre todo, profesionalismo para poder llegar a una resolución. Lo que no hubo fue consenso para tomar la resolución y que esa resolución pueda llevarse a la Cámara, que era una de las posibilidades también que pensábamos que podía pasar.

 

-¿Cómo valoraron el descargo de la jueza Medina?

-Ella se presentó primero sin que se la cite; después, nosotros le corrimos traslado de las denuncias, porque lamentablemente muchas cosas salían en la prensa y la persona que estaba siendo objeto de esta investigación se enteraba por la prensa antes de que nosotros podamos notificarla, y no está bueno que eso pase. Entonces, le dimos el plazo para que ella se pueda volver a presentar y pueda presentar la prueba que estimaba conveniente, y se produjo también esa prueba que ella mandó, y otra que pidió, que era respecto de los viáticos. Para que la sociedad pueda entender, hay que decir que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia no tiene un órgano que esté por encima de ellos. Por lo tanto, ellos se ponen su propia reglamentación en cuanto al régimen de licencias que van a tener y cómo son los viáticos. No es que la doctora Medina, en este caso, se cortaba sola con el tema de los días que iba a faltar. Todos (los vocales del STJ) sabían y acordaban entre ellos el régimen de licencia para todos. Y en esto, creo que nos debemos un debate como sociedad. En realidad, la sociedad se merece una clarificación. Si no lo hace el Superior Tribunal, tendrá que hacerlo la Legislatura. Tiene que haber una reglamentación en la que los vocales del Superior Tribunal tengan plazos para tomarse licencias, que no se puedan acordar y poner más licencias solamente porque se ponen de acuerdo entre ellos. Y que el sistema de viáticos también se pueda reglamentar.

 

-La Provincia ya atravesó otro proceso de juicio político al exjuez Carlos Chiara Díaz, y en ese proceso salió la famosa frase “la reina de los viajes” en alusión a la vocal Claudia Mizawak. De entonces a esta parte nada cambió, parece.

-Ahora pasa lo mismo. Cuando uno recibe los informes de las licencias, se da cuenta que son todas parecidas. Entonces, esta situación provocó que cueste tomar una resolución sin ser injusto, y a lo que apelamos es a que se pueda modificar esta situación. Ellos, los vocales, tienen una regulación de viáticos y licencias que no es igual al resto de los trabajadores del Estado, o de cualquier otro juez.

-O sea, la moraleja es que la jueza Susana Medina o cualquiera de los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia pueden tomarse licencia a su antojo, total va a haber aprobación del resto. No hay un organismo por encima que los regule, y esto va a seguir así hasta que ellos mismos se autoimpongan un sistema que acote un poco las salidas de la provincia o la toma de licencias o viáticos.

-Si no lo hacen ellos, lo hará la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo hará la Legislatura entrerriana. Esto es un debate que debe darse.

-¿Para ustedes, aun cuando no había elementos para llevar adelante el proceso de juicio político, sí había cuestiones éticas que deben ser reguladas?

-Así es. Cuando uno mira el régimen de licencias que tienen, es para todos los vocales igual. Todos se benefician de ese sistema. Ojalá ellos mismos puedan entender esta situación, y lo digo con total humildad, porque la verdad que hablar así de los vocales del Superior Tribunal parece hasta medio irresponsable de mi parte. Lo hago con total humildad, y les pido que revean esta situación y que puedan hacerse ellos mismos un régimen que sea acorde al régimen de licencia que tiene el resto del Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos, y y también el resto de los otros dos poderes. De otro modo, terminan siendo cuestiones de privilegio que son difíciles de entender.

La Rosca | Pedido de juicio político|

La nueva presentación se realizó en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Allí se presentó la presidenta de la ONG Entre Ríos sin corrupción, María Fabiana Cian.

El nuevo trámite se suma a la denuncia formulada el viernes, que será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunión este jueves a las 11.

La denuncia de Entre Ríos sin Corrupción se centra en “abusos del sistema de licencias”, el “abandono de funciones que perjudicó la función judicial”, la “alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes” cuando Medina fue presidenta el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y una situación de “abuso de autoridad”.

En el texto se marca que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se muestran estadísticas que constatan los índices de demora en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra la magistrada, reseñó Análisis.

“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, se remarca en el texto junto a datos que muestran el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.

En la información se observa que en 2024, por ejemplo, el índice de morosidad llegó al 90 por ciento. También se incluye un cotejo con las otras salas del alto cuerpo. En 2025 la morosidad alcanza el 88 por ciento. Para los denunciantes, la conducta se encuadra en la causal de mal desempeño.

Otro punto aborda la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que hasta esta semana presidió Medina, “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La referencia es a una entidad bancaria que es agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas.

Los denunciantes acompañan imágenes de elementos de comunicación institucional de AMJA en los que puede observarse el logo de la entidad en cuestión. Y entienden que la recepción de esos aportes, de haber existido, constituye un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.

Por último, se incluyó en la denuncia un hecho que para la ONG constituyó un abuso de autoridad, ocurrido cuando al momento de celebrarse una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, a representantes de Entre Ríos sin corrupción se les impidió el acceso a Tribunales.