La Rosca | Inseguridad en Santa Elena|
Y agregó: “Por eso pedimos que se termine con la ‘puerta giratoria’. No puede ser que la Policía haga su trabajo, detenga a quienes delinquen, los remita al sistema judicial, y que luego queden liberados rápidamente aun cuando reinciden. Entran y salen del sistema sin consecuencias, y eso alimenta una sensación de impunidad que en Santa Elena ya es insoportable”.
Además, aclaró: “Los fiscales son quienes conducen la investigación penal y quienes deben impulsar las medidas procesales necesarias. Son ellos los que tienen que imputar, pedir detenciones cuando corresponda, solicitar prisiones preventivas o medidas de coerción alternativas, y sostener las causas hasta lograr condenas. Si esas decisiones no se toman, o se toman tarde, el mensaje para la comunidad es que acá no pasa nada”.
Por último, se refirió a las gestiones realizadas y al reclamo concreto: “Vamos a seguir insistiendo ante el Gobierno provincial —responsable de la Policía— para que envíe más efectivos, más patrulleros y más recursos a Santa Elena. Pero también le pedimos públicamente al Ministerio Público Fiscal que actúe con seriedad y eficacia: que no mire para otro lado, que no trate a Santa Elena como si fuera una zona liberada, que haga seguimiento real de las causas, que impute, que pida las medidas que corresponden y que no deje libres, sin control, a quienes la Policía sorprende robando o reincidiendo. La gente necesita respuestas y necesita ver consecuencias”.
La Rosca |Juicio al ex gobernador|
Será ante el juez de Garantías Nº 4 Julián Vergara para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.
En noviembre pasado se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.
El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Qué se investiga
La causa se abrió en 2015 y por eso el exgobernador entienden que se han vencido los plazos para avanzar con la investigación y ha planteado la prescripción.
El exgobernador Sergio Urribarri negó la existencia de una pericia contable que dé cuenta de un crecimiento sin justificar de su patrimonio, y alegó que los números que ha difundido el Ministerio Público Fiscal parten de un informe que ha hecho un «empleado» de la Procuración, en directa referencia al contador Héctor Enrique, «La pericia no está terminada y no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía”, aseguró.
Urribarri calificó de “intencional y maliciosa” el accionar del Ministerio Público Fiscal. “La verdadera pericia contable no está terminada porque los profesionales a cargo están esperando una documentación solicitada por mis abogados y por Fiscalía al juez de Garantías para que libre un exhorto a Grecia sobre los ingresos que tuvo mi hijo futbolista (Bruno Urribarri)en los años en que vivió y trabajó allá. Esto ocurrió en octubre de 2022. Cuando la pericia esté completa se podrá ver que no hay ninguna inconsistencia en mi patrimonio, y que no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía y sus medios afines”, manifestó el ex mandatario.
Esa primera pericia habla de un crecimiento patrimonial de alrededor de 9 millones de dólares.
“El monto económico que la pericia arrojó hasta este momento y sin contar los ingresos de mi hijo, es 20 veces menor al monto que el Ministerio Público Fiscal difundió con sus medios afines para instalar un relato que nada tiene que ver con la realidad”, aseveró Urribarri. “Lo que Fiscalía difundió intencional y maliciosamente no es una pericia sobre el patrimonio de mi familia», puntualizó.
“Ese empleado de Fiscalía (Héctor Enrique) fue antes funcionario de mi gobierno y despedido por ineficiente. Por eso cuando empezó a hacer `informes` sobre mi patrimonio, inmediatamente lo impugnamos. También intervino en otras causas en mi contra y ya son conocidos sus errores malintencionados y sus inconsistencias”, señaló.
“Llaman a indagatoria cuando todavía no se ha terminado de recolectar la prueba. Es insólito. ¿Cuál es el apuro de repente? Yo sé: el cronograma electoral», soltó el exgobernador. “El Ministerio Público Fiscal me citó a esta indagatoria el mismo día en que se difundió el cronograma electoral, y la fijó en esta fecha, hoy, cuando cierran las alianzas electorales. Se nota mucho”, asestó.
“No hay casualidades en esto. Hay causalidades. Porque todo se diseñó cuando estaba la posibilidad de que yo sea candidato. La misma causalidad de que cuando las encuestas vienen mal para algunos, hacen que Urribarri entre a escena. Esa es la reacción inmediata, la maniobra política”, dijo.
Y agregó: “Intentan anularme políticamente y quieren tenerme a la parrilla como se dice, entonces, cuando tienen alguna necesidad política, le arriman un poco de brasas como para calentarla. De manual”.
“Es tan insólito que llevan más años de investigación que el tiempo de condena que supone el delito de que se me acusa. A tal punto que estuvieron un año y medio con la causa parada, sin ningún movimiento, hasta que les surgió “la necesidad” electoral de reflotarla”.
La Rosca |Rechazan el sobreseimiento de Kueider |
La defensa de Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel intentó que se anule la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitó que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos. Además, requirió que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Esos registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.
El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada hace unos días por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado, según pudo corroborar Infobae.
Carlos Arévalos y Marcelo Bogado son los defensores de Kueider y Guinsel. El argumento que esgrimieron fue que la acusación que había elaborado el fiscal Ysrael Villalba no cumplía con los presupuestos que establece el Código Procesal Penal del vecino país.
En síntesis, una acusación debe contener un relato de los hechos, una fundamentación y sus elementos de convicción y la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables. Es decir: qué pasó, por qué y de qué los acusan a Kueider y Guinsel. Si no se hace, es causal de sobreseimiento.
Según la defensa, estos aspectos no estaban especificados. La respuesta de Otazú fue que sí se cumplimentaron esos requisitos. Además, apuntó que no se pueden anular las acusaciones, que son requerimientos fiscales, sino solo las resoluciones.
Arévalos y Bogado apelaron esta decisión de Otazú ante la Cámara de Alzada. En fallo dividido, el Tribunal le dio la derecha al magistrado de primera instancia.
Gustavo Amarilla Guernica, con la adhesión de su par Silvana Luraghi ratificaron la decisión de Otazú. Argumentaron que al verificar la Acusación Fiscal presentada, se observó que existen “dos apartados distintos uno de otro en lo que respecta a «relato de hecho», «conducta atribuida a los acusados» y finalmente «fundamentación de la acusación»”.
“Puede observarse que en esos tres apartados el Ministerio Público procede a dar cumplimiento a los requisitos formales” del Código Procesal. Esto abarca tanto el relato de hechos y conducta típica atribuida a los procesados como la fundamentación de la acusación, sostuvieron.
En su voto, Amarilla Guernica resaltó que el fiscal Villalba describió de manera correcta “la supuesta acción desplegada” por los acusados. Luego, consignó que será materia “de valoración probatoria” comprobar la existencia del hecho punible. A párrafo seguido, destacó que el juicio oral es el momento en que se deberá “comprobar la participación de ambos” en el delito de contrabando.
Hubo una disidencia en el Tribunal. Correspondió a la jueza Claudia Criscioni. La magistrada entendió que debía anularse la acusación y la elevación a juicio. Y también tendría que convocarse a una nueva audiencia para resolver esta cuestión. Criscioni razonó que la Fiscalía “debe especificar por qué consideran que los billetes son mercadería” y, por lo tanto, el delito imputado es contrabando.
Causas
Kueider y Guinsel están acusados en el Paraguay de contrabando en grado de tentativa. Esto es porque no alcanzaron a ingresar el dinero al país. Fueron detenidos en la cabecera del Puente de la Amistad que une las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
El expediente fue elevado a juicio. De su resolución depende su extradición a la Argentina. La Fiscalía del vecino país puso como requisito para su remisión que culmine el proceso por contrabando.
En el juicio de extradición, la defensa de Kueider y Guinsel también intentó poner trabas apelando a aspectos formales. Pero la Justicia de Paraguay de inmediato echó por tierra esas pretensiones.
El exsenador nacional por Entre Ríos enfrenta en la Argentina dos causas por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Uno está radicado en Concordia. Allí se encuentra bajo la lupa su patrimonio desde que comenzó en la actividad pública. Por eso las pesquisas comienzan en 1999, cuando fue electo concejal de la ciudad.
El otro expediente se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Lo lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado. La investigación comienza recién en 2017, cuando ya era secretario General de la Gobernación, durante el mandato de Gustavo Bordet.
Comenzó por un incidente derivado de la causa Securitas. Aquí se investigan coimas pagadas por firma multinacional a empresas y organismos estatales para quedarse con el servicio de seguridad privada. Luego, se sumó una denuncia hecha en función de una investigación realizada por la revista El Disenso.