La Rosca | Educación |
La diputada Lorena Arrozogaray, del bloque peronista en la Cámara Baja entrerriana, presentó este lunes un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo dé a conocer el “listado completo, actualizado al ciclo 2024–2025, de todas las carreras terciarias de formación docente y tecnicaturas dependientes del Consejo General de Educación (CGE), discriminando: localidad, instituto, carrera, estado actual (activa / cerrada / sin inscripción / con cohorte a término)”.
Adicionó que “en relación con las carreras cuya inscripción fue cerrada, limitada o suspendida durante los ciclos 2024 o 2025” se indique: “a) Fecha de la decisión. b) Motivos oficiales. c) Actas, resoluciones o comunicaciones administrativas que respalden dicha decisión. d) Matrícula estudiantil de cada carrera en los últimos cinco (5) años (2021– 2025), discriminada por cohorte y por año de cursada. e) Situación de la planta docente, detallando cantidad de docentes por carrera, condición laboral (titular, interino, suplente, contratado, a término) y previsión del CGE sobre su continuidad en caso de cierre o suspensión de carreras. Infraestructura disponible en cada instituto: a) Si cuenta con edificio propio o comparte sede con instituciones de otros niveles. b) Estado edilicio. c) Partidas presupuestarias asignadas durante 2024 y 2025”.
Pilar estratégico
En el pedido se consignó que “dado que la formación docente constituye un pilar estratégico para el sistema educativo, y considerando la gravedad y urgencia de los hechos denunciados, resulta indispensable que esta Honorable Cámara requiera información oficial, exhaustiva y detallada sobre el estado real de la oferta terciaria provincial, los criterios para la toma de decisiones y las garantías previstas para estudiantes y trabajadores”.
Criterios oficiales
El pedido que fue acompañado por sus pares de bloque Silvia Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Andrea Zoff, Laura Stratta, Yari Seyler y Juan Bahillo, instó también que se precisen los “criterios oficiales utilizados para decidir la continuidad, cierre o apertura de carreras: umbrales mínimos de matrícula, indicadores pedagógicos, parámetros presupuestarios, u otros criterios técnicos” y el “plan de continuidad para estudiantes: medidas adoptadas para garantizar que quienes iniciaron una carrera puedan completarla, incluyendo equivalencias, traslados, reubicaciones o aperturas extraordinarias de cohorte”.
Finalmente se solicitó precisiones sobre la “evaluación provincial del impacto que los cierres o suspensiones de carreras podrían generar en la disponibilidad futura de docentes de nivel secundario en cada región de la provincia”.
Fundamentos
Arrozogaray contextualizó que “durante este año 2025 se ha hecho pública una situación de creciente preocupación respecto al estado de la formación docente en Entre Ríos, que afecta tanto a estudiantes como a docentes y comunidades enteras. Diversas fuentes han documentado recortes, cierres de carreras, falta de infraestructura, precariedad laboral docente y una tendencia a consolidar el sistema de ‘carreras a término’, sin garantía de continuidad.
Riesgo
La legisladora entendió que “estas decisiones ponen en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad laboral y la capacidad del sistema educativo provincial para abastecerse de docentes formados, especialmente en zonas del interior, donde la oferta pública de educación superior es una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades”.
Añadió que “la información disponible sugiere que el criterio predominante estaría vinculado a decisiones presupuestarias y a evaluaciones de matrícula no transparentadas, lo cual agrava la incertidumbre. Docentes y estudiantes señalan que la política educativa actual no asegura ni previsibilidad ni estabilidad, y que la falta de explicaciones oficiales profundiza el malestar social”. APF.
La Rosca |Proyecto de ley frente a aumentos sorpresivos |
Aseguran que la iniciativa busca otorgar previsibilidad a las familias entrerrianas y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan estas obligaciones en la provincia de Entre Ríos.
La iniciativa de la diputada provincial Lorena Arrozogaray que tiene como coautores a sus compañeros de bloque: Mariel Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Yari Seyler, se enmarca en un debate que también se viene dando en otras jurisdicciones del país, donde se han impulsado propuestas orientadas a restablecer mecanismos de previsibilidad en los precios de los combustibles. La propuesta busca trasladar esa lógica al ámbito provincial, garantizando mayor transparencia, anticipación y control frente a incrementos sorpresivos.
El proyecto establece que todas las empresas proveedoras y estaciones de servicio deberán informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos. La iniciativa surge como respuesta al nuevo escenario generado tras la derogación del régimen nacional que exigía informar en tiempo real los cambios de precios, una medida que dejó a consumidores y usuarios sin herramientas básicas para organizar sus gastos.
Además, la propuesta incorpora la obligación de que las estaciones de servicio exhiban cartelería visible e informen mediante sus canales digitales con al menos 48 horas de anticipación. Este mecanismo busca garantizar que la información sea clara, accesible y llegue a los usuarios antes de que los incrementos se apliquen efectivamente.
El proyecto contempla también un régimen sancionatorio expresado en litros de nafta súper, lo que permite actualizar automáticamente el valor de las multas frente al proceso inflacionario. Para las empresas abastecedoras, las sanciones irán del equivalente a 5.000 a 150.000 litros, pudiendo llegar a la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia. Para los expendedores, las multas oscilarán entre 100 y 500 litros.
Puntos clave del proyecto -Información previa a la Autoridad de Aplicación: comunicación obligatoria 72 horas antes de aplicar un aumento. -Publicidad en estaciones de servicio: cartelería y difusión digital con 48 horas de anticipación. -Régimen sancionatorio: multas actualizables por litro de nafta súper; sanciones severas en caso de reincidencia. -Actualización automática: el uso de litros como unidad de cálculo evita el desfase por inflación.
Arrozogaray fundamentó la iniciativa en la necesidad de devolver previsibilidad a la ciudadanía frente a un insumo esencial cuya variación de precios impacta directamente en la movilidad, la producción y la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la obligación de informar en tiempo real generó un vacío que “dejó a los usuarios sin herramientas básicas para anticipar gastos y planificar su consumo”.
El proyecto se apoya también en el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional), y apunta a corregir la asimetría informativa entre quienes fijan los precios y quienes dependen de ellos diariamente.
Si bien la propuesta no interviene en la política de precios, sino que establece reglas de comunicación y transparencia, algunas voces del sector empresarial expresaron que una exigencia de aviso previo podría generar tensiones en la cadena de abastecimiento o alterar la dinámica competitiva. La diputada desestimó estas preocupaciones, señalando que las medidas propuestas “no afectan la operación comercial, sino que establecen condiciones mínimas de previsibilidad para las familias entrerrianas”.
El proyecto comenzará su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se debatirá su contenido y se evaluará su dictamen antes de su eventual tratamiento en el recinto.
La Rosca |Deudores alimentarios|
El proyecto de ley de la diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), señala en el artículo 1º, el texto establece que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la Provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios”.
Con ese fin, los municipios que se adhieran a la ley informarán a los organizadores de los eventos de este requisito, quienes deberán solicitar al registro la información pertinente. Esta exclusión se sumará, una vez aprobado el proyecto de ley, a otras consignadas en el registro, tales como la imposibilidad de ser proveedores del Estado provincial, la prohibición para ser concesionarios o funcionarios públicos, entre otras.
“Esta incorporación busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas”, explicó la legisladora. (APF)
La Rosca |Registro de Deudores Alimentarios|
El martes 4 de noviembre a las 11 la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia retomará el debate del proyecto de ley que propone incorporar “el artículo 12 bis a la Ley Nº 9424 de ‘Creación del Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos”.
Lo que se pretende incorporar es que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la provincia -para los que sea necesario abonar entrada- deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios. A tal fin, los Municipios adheridos a esta Ley, informarán a los organizadores de los eventos de éste requisito, quienes deberán solicitar en este Registro la información pertinente”.
La iniciativa, impulsada por Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), además propone incorporar el Artículo 12 ter: “Las Salas de Juego y Casinos de la Provincia de Entre Ríos deberán prohibir la entrada a quienes se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios” y establece que el Iafas será el encargado de evaluar la manera de implementarlo.
“Esta incorporación busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas”, explicó la legisladora.
La Rosca |Proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray|
Esta semana ingresó a la legislatura entrerriana un proyecto de Ley, impulsado por la diputada Lorena Arrozogaray y un grupo de coautores de su mismo bloque (PJ), que apunta a generar un marco jurídico innovador para la promoción y el estímulo financiero de las cooperativas de trabajo en el ámbito de los gobiernos locales. La iniciativa responde a la necesidad de implementar “dispositivos concretos de inclusión laboral y generación de empleo genuino” frente a la actual crisis.
El proyecto propone la creación del “Programa Provincial de Monitoreo y Fomento de Cooperativas de Trabajo en Gobiernos Locales”, cuyo objeto es “establecer un marco normativo para la evaluación, promoción, estímulo financiero y mejora continua de la contratación de cooperativas de trabajo por parte de Municipios y Comunas de la Provincia de Entre Ríos”.
Ejes de la Propuesta: Prioridad y Monitoreo
La iniciativa busca consolidar el rol de la economía social, reconociendo a las cooperativas como un “pilar fundamental” en la dinamización de las economías locales. Entre los fines principales de la ley, se destaca el objetivo de “Priorizar en las contrataciones del Sector Público Municipal y Comunal, a las Cooperativas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras públicas, facilitando su acceso a los canales de comercialización con el sector público”.
Un punto central es la creación de un sistema de monitoreo. La ley propone que el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos (IPCYMER) elabore y publique un ranking mensual de Municipios y Comunas. Este ranking evaluará criterios como el porcentaje de inversión presupuestaria destinado a cooperativas, el volumen de contratación, y el Impacto Social, entre otros.
En este sentido, el Artículo 6° estipula que la autoridad de aplicación evaluará, entre otros criterios:
“Inversión Presupuestaria: porcentaje del presupuesto municipal destinado a la contratación de cooperativas de trabajo.”
“Volumen de Contratación: número de convenios y contratos celebrados con cooperativas de trabajo en el ámbito público.”
Estímulos y Requisitos de Adhesión
Para adherir al Programa, el proyecto exige que los Gobiernos Locales sancionen ordenanzas que contemplen márgenes de preferencia para las cooperativas en las contrataciones públicas.
El Artículo 7° establece que los Municipios y Comunas deberán incorporar como requisitos mínimos:
“Márgenes de preferencia en las contrataciones públicas para cooperativas (10 % frente a oferentes no provinciales y 5 % frente a oferentes locales; con derecho a mejorar oferta hasta un 12 %).”
“Fraccionamiento razonable de obras y servicios para facilitar la participación cooperativa.”
Además, se prevé la creación del “Fondo de Estímulo al Programa Provincial de Monitoreo y Fomento del Trabajo Cooperativo en Gobiernos Locales”, destinado a asignar recursos a los Gobiernos Locales mejor posicionados en el ranking por grupo poblacional, incentivando así la competencia virtuosa en el fomento cooperativo.
El texto también incluye un mecanismo de control, ya que establece que se deberá crear un “sistema de control para evitar contrataciones precarias encubiertas y garantizar el cumplimiento de los principios cooperativos”.