La Rosca |Seguridad en los natatorios|

Presidida por el diputado Silvio Gallay, se reunió esta mañana la comisión de Salud de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley denominado “Matías Colaprete“, y que propone un sistema integral de seguridad en natatorios. La norma tiene por objeto “prevenir la morbimortalidad ocasionada por accidentes, emergencias médicas súbitas o eventos adversos producidos en establecimientos públicos o privados de acceso público que cuenten con natatorios, promoviendo la atención inmediata, adecuada y eficaz ante tales situaciones” según consta en el texto analizado en comisión.

El proyecto, autoría de la diputada Liliana Salinas, es resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la familia del joven que falleciera en diciembre de 2024, luego de ser picado por una abeja en el Club Interprofesional de la capital entrerriana. Tanto su familia como sus amigos se hicieron presentes en la reunión, para ofrecer su testimonio y el acompañamiento al proyecto de ley.

La reunión de comisión contó con el aporte de profesionales, convocados en carácter de invitados; la médica toxicóloga Analía Corujo, Jefa de División del Centro de Intoxicaciones de la provincia, que se refirió a los protocolos en casos de emergencias.

“Existen distintas situaciones que pueden derivar en cuadros graves, por ejemplo, en casos de mordedura de serpientes estamos hablando de un tema endémico en la región. En la provincia hace años que manejamos los antivenenos y tenemos protocolos muy claros, según lo que indican a nivel nacional, además están distribuidos epidemiológicamente y estratégicamente en las zonas donde hay mayor cantidad de casos y sobretodo en los 17 hospitales cabeceras de departamento”, resaltó.

En cuanto a lo que hace falta trabajar, la especialista señaló que: “Se debería ajustar el servicio de traslado, que en las ambulancias vaya un médico a bordo y que sepa sobre todo lo que no hay que hacer en los primeros minutos, porque a veces las complicaciones las tenemos por errores que se cometen en el lugar donde ocurrió el hecho, de parte de gente que tiene buena voluntad pero no está preparada para hacerlo”, añadió.

También participó de la reunión de trabajo, el médico especialista en terapia intensiva Esteban Payerv, quien coincidió con que uno de los aspectos a mejorar es el traslado y  atención de urgencias en el sistema de emergencia de ambulancias.

Durante la reunión, la mamá de Matías, Noemí Dalmolín, pidió por la rápida sanción de la ley. “Queremos que lo que le pasó a Matías sirva para salvar otras vidas, es por eso que trabajamos tanto en este proyecto que cuenta con 14 artículos, y que fuimos corrigiendo con profesionales”, detalló.

Otros profesionales que hicieron su aporte durante el desarrollo de la comisión fueron la doctora Marina Alegre, médica intensivista, la doctora Gisela Haberkorn, médica alergista.

Antes de finalizar el encuentro, el presidente de la comisión, diputado Silvio Gallay señaló que se seguirá trabajando a partir de los aportes y modificaciones sugeridas para lograr el mejor texto posible en relación a la prevención y atención de la salud de las personas.

La Rosca |Discapacidad y hospital Garrahan|

“Es muy difícil opinar; te quedan dudas. No sabés si eso es realmente como salió a decir el gobierno, que es una jugada política o realmente está pasando”, entendió. No obstante, añadió que hay un manoseo constante contra las personas con discapacidad todo el tiempo. “Hace mucho ruido y lastima”, dijo.

Cabe mencionar que la legisladora, quien llegó con el mileismo a la Legislatura y después se distanció al armar su propio monobloque y mira la distancia, es madre de un chico de 21 años, Mateo, que padece una discapacidad generada por una lesión cerebral que padecen los bebés prematuros. Se trata de leucomalacia. “Muchas veces nosotros mismos llevamos a los chicos a votar porque los gobiernos se olvidan de que muchos de nuestros pibes votan y les gusta ir a votar. Los llevamos nosotros, los padres. Pero esta vez no voy a molestar a mi hijo a que vaya a votar, ¿a qué? A una persona que está tratando de que la discapacidad desaparezca; que el gobierno no tiene por qué ser responsable de que si vos tenés un hijo con discapacidad u otras cosas tan crueles como lo del Garrahan”, confió.

La referencia es para la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, quien dijo que “no creía que los niños argentinos tuvieran derecho a ser atendidos en el Hospital Garrahan”. “Hoy la medicación de Mateo está saliendo casi $ 400.000 por mes”, indicó. “Hubo un tiempito en el cual el Oser (Obra Social de Entre Ríos) no estaba cubriéndolo y fue muy difícil. Hoy yo lo puedo comprar, pero me imagino otros padres que no lo pueden comprar… es una situación desesperante”, recalcó.

Respecto del escándalo, Salinas manifestó que llamaba mucho la atención que lo hayan despedido a Spagnuolo. “Si estaba tan seguro de que estas cosas no suceden, ¿Por qué tenés que sacarlo del lugar de trabajo?”, se preguntó. En esa línea, dijo que lo más lógico era que tendrían que haberse apartado todos los que están relacionados con el caso o que aparecen en los audios para que haya más transparencia y demostrar que se trata de un gobierno distinto.

La diputada se manifestó a favor de los controles en el área de Discapacidad. “Había muchas pensiones que eran truchas”, dijo. “El tema es la burocracia que hay con el tema de los controles y este ninguneo que hay con las personas con discapacidad”, expresó. Salinas remarcó que quienes tienen los papeles en orden no tienen ninguna preocupación con ese tema. “Los estudios los realizamos todos los años, tenemos estudios nuevos, los certificados todos los años tenés que hacerlos. Es algo que para nosotros es común”, expresó.

“Hay cosas que deben cambiarse desde años atrás. No solamente desde ahora. Mi hijo tiene 21 años y hace 21 años que pasa esto”, indicó. El hijo de la diputada padece leucomalacia. La leucomalacia periventricular es un trastorno cerebral que se produce en bebés (especialmente bebés prematuros) y se caracteriza por daño cerebral con ablandamiento (malacia) y muerte de la parte interna del cerebro (materia blanca). “Estando embarazada, a los seis meses, a mí me da un infarto y a él también. Y ahí es donde nace con ese problema y estamos luchando desde ese momento”, dijo Salinas. “Es totalmente irreversible. No tiene solución”, acotó.

El síntoma más frecuente es la parálisis cerebral, que provoca rigidez y tensión en los músculos, especialmente en las piernas, y dificultades de movimiento, desarrollo y aprendizaje. Justamente, Salinas dijo que la patología le provoca una hemiplejia del lado derecho que le impide caminar. Usa silla de ruedas, solo mueve el brazo y la pierna izquierdos.

Además, padece convulsiones o ataques de epilepsia. Para ello, debe recibir medicamentos anticonvulsivos. Salinas expresó que dependen de la medicación para no padecer convulsiones. «Eso le da la posibilidad de rehabilitarse, le da calidad de vida. Si no, no podés ni salir afuera», remarcó. Por ejemplo, va a la plaza y una persona lo mira de manera extraña. «Ahí nomás convulsionó porque se siente mal», indicó. Muchas veces no tenía un automóvil para trasladarlo y llamaban a un remísse. Pero el chofer le decía que no podía llevar sillas de ruedas. Se siente mal y de nuevo las convulsiones. O ir a algún lugar donde los accesos no están adaptados. «Todas esas situaciones a él lo frustran». «En la casa cualquier cosa que no está adaptada lo frustra. Tenemos que ver que todo funcione a la par de él para que él tenga buenos días, buena calidad de vida, estar bien, estar tranquilo para que no convulsione, no tenga ataques de epilepsia. La medicación lo hace más fuerte a todo esto», remarcó.

Por último, Salinas dijo que la declaración de la emergencia en el sector de la discapacidad es una realidad que no es de ahora. «Siempre fue difícil el tema y sigue siendo hoy difícil. Estamos tan acostumbrados a esto que no nos sorprende en absoluto tener que seguir luchando con toda la burocracia», dijo. En ese sentido, sostuvo que la solución sería un gobierno que les haga un poco más fácil la vida con sus hijos. «Tuvimos una vicepresidenta en silla de rueda (Gabriela Michetti) y fue uno de los peores gobiernos en discapacidad (en referencia a la presidencia de Mauricio Macri)», ejemplificó. En la provincia, citó el caso del ex gobernador Gustavo Bordet quien tiene una hija con discapacidad. «No hizo absolutamente nada en su gobierno. Hoy reclama su esposa (la diputada provincial Mariel Ávila) porque hay otro gobierno pero no levantó la voz cuando su esposo era el gobernador», indicó. «No hay un gobierno que se preocupe y que ocupe del tema discapacidad», remarcó.

 

Fuente: Diario Junio

La Rosca | Violencia en hospitales y escuelas|

“El proyecto establece una herramienta legal para poder defenderse porque no hay absolutamente nada. Te pegaron, te lastimaron una costilla, te dieron una trompada y no tenés a quien acudir: no tenés una herramienta legal que te defienda como personal de salud”, manifestó.

Algo similar ocurre en las escuelas. Salinas asegura que a veces los docentes reciben agresiones hasta por una nota baja a un alumno. “Podés hacer una denuncia, pero eso tampoco avanza porque no hay una herramienta legal que te proteja”, expresó. Para las agresiones más graves se prevén multas van de 201 a 500 JUS (unidad de medida arancelaria), se prohíbe el ingreso por 6 meses a 2 años, y además puede iniciarse una denuncia penal si la conducta constituye un delito mayor.

Se consideran conductas sancionables las agresiones físicas y verbales, el acoso psicológico, los daños a bienes personales o institucionales como represalia, y cualquier otra acción u omisión que afecte la integridad física, psicológica o moral de los trabajadores protegidos por la ley.

Las sanciones varían según la gravedad de la infracción: para faltas leves se aplica un apercibimiento formal y una multa de hasta 50 jus; en casos graves, la multa oscila entre 51 y 200 jus junto con la prohibición de ingreso a la institución por un período de 1 a 6 meses; mientras que, para infracciones muy graves, las multas van de 201 a 500 jus, se prohíbe el ingreso por 6 meses a 2 años, y además puede iniciarse una denuncia penal si la conducta constituye un delito mayor.

Salinas sostuvo que elaboró la iniciativa de acuerdo a lo que se registra en el hospital Masvernat pero el Ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, le dijo que se repite en casi toda la provincia. “En las guardias generalmente pasan estas situaciones. La gente llega enojada, con problemas, pidiendo explicaciones que no se tienen o por demoras. No entienden que las guardias están colapsadas muchas veces”, expresó. Según sostuvo, Blanzaco le expresó que no hay ninguna ley que ampare a los trabajadores en estos casos.

La diputada sostuvo que las agresiones, verbales o físicas, a veces provienen de los pacientes y muchas veces de los familiares porque quieren tener una respuesta inmediata o quieren ingresar de mala manera o con empujones a lugares donde sólo pueden pasar las personas heridas o enfermas.

Entre los fundamentos del proyecto, se establece que se debe a la creciente problemática de violencia física, verbal y psicológica que afecta a los integrantes de los equipos de salud y educación de la Provincia de Entre Ríos. “Reconociendo que los episodios de violencia en estos sectores vulneran la dignidad, la seguridad y el bienestar de quienes dedican su labor al servicio público, se hace indispensable establecer medidas concretas para prevenir estas situaciones, proteger al personal y sancionar las conductas que atenten contra su integridad”, se resalta.

La Ley N.º 8281, que establece un régimen especial para agentes de la administración pública que se desempeñan en los servicios de salud mental, ha demostrado ser un antecedente valioso para la regulación de condiciones laborales seguras en sectores específicos. “Sin embargo, resulta necesario ampliar esta protección a todo el personal de salud y educación, extendiendo su alcance para cubrir los riesgos y desafíos que enfrentan en sus actividades diarias”, se expresa.

“Con esta legislación, la Provincia de Entre Ríos reafirma su compromiso de garantizar entornos laborales seguros, libres de violencia y respetuosos, consolidando los derechos de quienes, a través de su labor, construyen un futuro más equitativo y próspero para la sociedad”, se señala.

El proyecto cuenta con 32 artículos. Los más importantes son:

-Artículo 1° – Objeto:

Establece que el objetivo principal de la ley es garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia para el personal de salud y educación en Entre Ríos.

 

-Artículo 2° – Autoridad de aplicación:

Determina que los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo serán responsables de aplicar la ley en sus respectivos ámbitos, tanto en el sector público como privado.

 

-Artículo 3° – Principios rectores:

La ley se basa en principios como respeto a los derechos humanos, prevención, equidad e integralidad para proteger a los trabajadores.

 

– Artículo 5° – Campañas de sensibilización:

Obliga al Estado a realizar campañas para concientizar a la población sobre la importancia del respeto hacia trabajadores de salud y educación.

 

– Artículo 6° – Capacitación obligatoria:

Exige a las instituciones brindar formación periódica a su personal para la prevención y manejo de la violencia laboral.

 

– Artículo 9° – Monitoreo y evaluación:

Crea un Comité de Monitoreo Interinstitucional para evaluar la efectividad de las medidas preventivas y elaborar informes anuales.

 

– Artículo 11° – Garantía de protección:

El Estado se compromete a brindar protección integral e inmediata a los trabajadores víctimas de violencia.

 

– Artículo 12° – Asistencia a las víctimas:

Establece equipos interdisciplinarios que ofrecerán atención psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento a las víctimas.

 

– Artículo 16° – Protección de denunciantes:

Garantiza la confidencialidad y protección frente a represalias para quienes denuncien hechos de violencia.

 

– Artículo 17° – Conductas sancionatorias:

Tipifica las acciones violentas físicas, verbales y psicológicas como infracciones punibles.

 

– Artículo 18° y 19° – Tipificación y sanciones:

Leves: Apercibimiento y multa de hasta 50 jus. Graves: Multa de 51 a 200 jus y prohibición de ingreso por 1 a 6 meses. Muy graves: Multa de 201 a 500 jus, prohibición de ingreso por 6 meses a 2 años, y posible denuncia penal si corresponde.

 

– Artículo 22° – Denuncia obligatoria:

Obliga a directivos de instituciones a denunciar cualquier hecho de violencia. El incumplimiento será considerado falta grave.

 

– Artículo 23° – Valor del jus:

Define el valor de la unidad sancionatoria (jus) en función del sueldo básico del escalafón público, asegurando su actualización automática.

Fuente: Diario Junio

La legisladora provincial Liliana Salinas opinó sobre los dichos de Oscar Francou, el intendente de Caseros, quién había dicho será necesario “que se mueran muchos” jubilados para aumentarle al resto. “Es terrible, un horror, yo no puedo creer que una persona con ese pensamiento esté al frente del gobierno, es tremendo”. En ese marco dijo que no se imaginaba a su abuela “escuchando a esa persona, es terrible que tenga ese pensamiento” y aseguró que el jefe comunal “no debería estar ocupando el lugar que ocupa”.

 

Espacio libertario

Hubo un encuentro el que participaron referentes de toda Entre Ríos. El objetivo del encuentro era ” ver cómo estábamos, para escucharnos, para ver quiénes estamos y la verdad que me llevé una gran sorpresa, viajaron de toda la provincia, se vinieron a Paraná y tuvimos una linda charla”, sintetizó.

Según mencionó, hablaron sobre la perspectiva en que se encuentran, “qué caminos tomamos, por dónde vamos, si jugamos el 2025 o no, o si directamente nos organizamos para el 2027″.

Paracaidistas

Seguidamente repartió críticas para muchos de los que hoy dirigen el espacio libertario a nivel provincial. Salinas comentó que “desde un principio, yo lo he dicho por más que a muchos no les agrade, los que armamos La Libertad Avanza no estamos adentro y los que están hoy adentro son paracaidistas, que llegaron al último momento”.

 

Como paracaidistas, dijo, se refiere “al diputado (Roque) Fleitas y (Andrés) Laumann”, subrayando que “claramente son personas que no las van a ver en ninguna foto en el recorrido de la provincia porque nunca la recorrieron la provincia”.

 

Salinas no dejó de admitir que las últimas elecciones fueron “un momento muy estratégico, momento en el cual la gente estaba muy desilusionada y aparecemos nosotros de la nada y entonces la gente votó esa opción; soy muy consciente de eso también, que fuimos la opción que la gente necesitaba en ese momento pero no sé si va a haber una próxima vez con esa suerte o con ese momento tan especial que estábamos viviendo en Entre Ríos y en toda la Argentina”.

 

Diferencias con gestión Milei

En ese sentido, marcó diferencias con la actual marcha de la gestión que lidera Javier Milei. “No estoy para nada de acuerdo en absoluto con el tema Discapacidad, Jubilados o lo del Garrahan” aseguró. Subrayando que “no es algo nuevo que la discapacidad siempre quede en último lugar, que no sea el tema que les preocupe a los gobiernos, entonces no es novedad que este gobierno haga exactamente lo mismo y menos tan influido por gente que sabemos que tampoco le interesa”.

Lo mismo con “los jubilados, que cobran mal creo que de toda la vida porque no recuerdo alguna época que hayan cobrado bien los jubilados, eso es un tema que pasa absolutamente siempre, en todos los gobiernos”, agregó.

Fuente: Diario Río Uruguay

La Rosca | Libertarios se alejan de Milei |

Los diputados provinciales libertarios electos Carlos Damasco y Julia Calleros decidieron no integrar el futuro bloque de La Libertad Avanza (LLA) y constituir una bancada aparte. Es por el acuerdo electoral que Javier Milei selló con Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara al balotaje. La decisión de los dos diputados electos se sumó a la que tomó ayer Liliana Salinas, quien también se alejó de LLA por la misma razón.

“Como diputados electos de la provincia de Entre Ríos por la Libertad Avanza, vemos con gran preocupación los acuerdos nacionales realizados en pos de las necesidades electorales, los cuales no compartimos” y además “van en contra de los principios pregonados durante nuestra campaña” indicaron Damasco y Calleros.

La referencia es al entendimiento que alcanzaron Milei y Bullrich y que generó también rupturas en el seno de Juntos por el Cambio, publicó la agencia Apfdigital.

Los diputados afirmaron sentirse “decepcionados” y no queriendo “defraudar al electorado que nos acompañó con su voto y a quienes estuvieron militando con tanto esfuerzo por este proyecto” tomaron la decisión de “formar un bloque aparte, respetando nuestras convicciones y todo el trabajo que hasta ahora hemos realizado y sobre todo haremos a partir de nuestra asunción por el bienestar del pueblo argentino”.

“Estamos convencidos de no querer ser parte de más de lo mismo”, concluyeron.

Así las cosas, de cinco legisladores que LLA había conseguido colocar en la Cámara de Diputados de la provincia, sólo le quedan dos: Roque Fleitas y Débora Todoni.