La Rosca |Vialidad Nacional|
El sindicato denunció que, según un informe interno, el organismo se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, consumando “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.
Gremio de Vialidad Nacional intimó a Federico Sturzenegger
Por ese motivo, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.
El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.
Además, hizo personalmente responsables a los funcionarios mencionados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.
“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció.
Cabe recordar que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública -nacional e internacional- para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales. Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial.
La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.
Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.
Estado de las rutas nacionales
Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), al que accedió Ámbito, señala que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.
La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.
El documento del FEPEVINA, que preside como secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes. (Fuente: Ámbito)
La Rosca |Causa por presuntos sobreprecios en la CARU|
“Estoy a derecho. De la denuncia, que se haga cargo quien la hizo. El tiempo ordena las cosas y esperaremos el tiempo necesario”, dijo.
“Más allá de esta injusticia y lo aberrante que es esta causa, espero de todo corazón –y lo desea mi familia- que se haga justicia”, dijo, según destaca El Entre Ríos.
“Desde lo jurídico estoy tranquilo, pero no le deseo a nadie esta situación, ser llamado a un espacio que debería ser sagrado como es la Justicia”, agregó el funcionario.
La causa tiene también como imputados además a Mauro Vazón y Juan Ruiz Orrico. Al momento de los hechos que se investigan, los tres integraban la delegación argentina del organismo binacional.
Los imputados
Los casos de Vazón y Satto adquieren una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia.
Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.
Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial.
La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.
La Rosca |Finanzas provinciales|
Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) señaló que la provincia arrastra una estructura de ingresos “fuertemente vinculada a la coparticipación federal”, que representa aproximadamente el 75 por ciento de los recursos tributarios, por lo que la dinámica de la recaudación nacional resulta determinante para el equilibrio de las cuentas provinciales.
En ese sentido, advirtió que durante 2025 los principales tributos que integran la masa coparticipable, en particular IVA, Ganancias y Bienes Personales, mostraron una desaceleración significativa desde el primer trimestre, con impacto en la coparticipación: “En términos reales, se registraron variaciones negativas durante los últimos tres trimestres del ejercicio, profundizándose hacia el final del año”, indicó.
El senador remarcó además la rigidez de la estructura del gasto provincial: salarios, jubilaciones, coparticipación a municipios e intereses de la deuda pública absorben más del 95 por ciento de los recursos disponibles, lo que reduce de manera sustantiva el margen para invertir en obras de infraestructura pública.
Sobre el escenario económico, Dal Molín agregó que el consumo se mantiene en una meseta, con varios meses de caída, y que las proyecciones reflejan un panorama austero: “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”.
Finalmente, subrayó que “la caída de los recursos coparticipables obliga a tomar decisiones responsables, basadas en datos y no en voluntarismos”, y que los momentos complejos “requieren prudencia fiscal, no como una opción ideológica, sino como una condición necesaria para garantizar previsibilidad, continuidad y responsabilidad en la gestión de lo público”.
La Rosca |Año legislativo en Entre Ríos|
Por el feriado de carnaval, el gobernador corrió la apertura del 147 Período Legislativo, más allá de que la Constitución de la provincia establece claramente que “ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada año desde el quince de febrero hasta el quince de diciembre”.
Frigerio explicaría a los diputados y senadores lo qué realizó su gestión en estos dos años y los lineamientos para el segundo tramo de gobierno.
Será el cuarto discurso que Frigerio dará a los legisladores. El primero fue el día de su asunción el 11 de diciembre de 2023. Ahora, deberá trazar la hoja de ruta a dos años de haber asumido como gobernador.
Se espera que realice un repaso de las gestiones de su gobierno y se supone que destacará los proyectos que impulsará este año en la Legislatura, entre los que se encuentra la reforma del sistema previsional y la promesa de obras viales con financiamiento internacional.
La Rosca |Tasas municipales|
El presidente Gabriel Bourdin encabezó la reunión, quien marcó que los ejes estratégicos forman parte de la línea de trabajo de los últimos años, para lo cual instó a dar continuidad y reforzar las gestiones con vistas a la renovación de autoridades en abril.
El encuentro permitió observar en detalle la planificación del año, que toma como base las sugerencias recepcionadas durante el Networking Industrial realizado en Crespo al cierre de 2025. Allí se definieron propuestas y aportes que trazaron la agenda de prioridades, que apunta a impuestos, infraestructura, energía, importaciones, financiamiento y también los ejes en educación, empleo e incorporación tecnológica.
Asimismo, se hizo referencia al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), a la nueva Ley Ambiental de la provincia que está en proceso de reglamentación, a las novedades en materia de tarifas de energía, la situación del empleo y las inversiones en renovables en ejecución o en análisis de inversión por parte de establecimientos industriales.
Por otro lado, se conversó sobre la preocupación creciente de los industriales respecto de las elevadas tasas municipales en Entre Ríos, que surgen ante la necesidad de recaudación de los gobiernos locales. Incluso, se plantearon casos que llegaron a la Justicia y que impactan significativamente en las empresas.
También brindó una charla Agustina Briner, directora de Departamentos Técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA). La economista habló sobre modernización laboral, acuerdos comerciales entre Mercosur-UE y Argentina-Estados Unidos. Además dio su mirada sobre las expectativas del nivel de la actividad industrial, con heterogeneidad según sectores.
La Rosca | Concesión de las rutas nacionales 12 y 14|
A sólo un mes de la entrada en vigencia de la nueva concesión de las rutas nacionales 12 y 14, el espacio UCR Activa elevó un pedido formal a los legisladores nacionales de Entre Ríos para que impulsen modificaciones en los pliegos del contrato.
El reclamo apunta a que la empresa concesionaria, Autovía del Mercosur, asuma responsabilidades concretas en materia de seguridad vial, asistencia sanitaria y apoyo económico a los bomberos voluntarios y a los hospitales regionales.
Bajo el título “Las rutas de Entre Ríos: cuando el Estado se ausenta, la tragedia se vuelve política pública”, el documento advierte que la seguridad vial en la provincia dejó de ser un problema circunstancial para convertirse en una emergencia estructural.
Los datos que se exponen son contundentes: 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales y enero de 2026 terminó con 26 personas fallecidas. “De mantenerse esa tendencia, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un incremento superior al 70% respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”, señalan.
El planteo contextualiza la gravedad de la situación en el rol estratégico que ocupa Entre Ríos dentro del Mercosur. “La provincia es corredor obligado del comercio regional, cuenta con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y un vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires”.
A ese tránsito estructural se suma la intensa producción agrícola-ganadera, avícola y lechera del centro provincial, además del fuerte flujo turístico durante el verano. “Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”, sostienen.
Sin embargo, desde UCR Activa cuestionan que el Estado nacional haya decidido retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, una decisión que —afirman— fue acompañada por el gobierno provincial “sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio”. El resultado, advierten, es “un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.
En ese marco, el espacio radical pone el foco en el nuevo contrato de concesión, al que le adjudica “errores graves”. Entre ellos, remarcan que no se contempló a los bomberos voluntarios dentro de las obligaciones de las concesionarias.
Actualmente, “muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -por obligación legal y humanitaria- mantienen deudas con estaciones de servicio y no cuentan con recursos para afrontarlas. Los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes”, afirman en el texto enviado a R2820.
A esto “se suma la falta de aportes al sistema sanitario provincial, pese a que las concesionarias utilizan de manera permanente su infraestructura y recursos públicos, lo que califican como “un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.
Por estos motivos, UCR Activa exhorta a los legisladores nacionales entrerrianos a trabajar para modificar los pliegos de licitación de las rutas 12 y 14.
Entre los puntos centrales, plantean la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas, que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas”. Además, reclaman que “se establezca de manera explícita un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.
El documento también señala una causa estructural de fondo: el desguace del ferrocarril en la década del ’90, que convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren, advierten, satura las rutas con camiones de gran porte, acelera su deterioro y multiplica el riesgo de siniestros.
En contraste, mencionan que Brasil avanza en la modernización y expansión de su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. “Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”, afirman.
Finalmente, el texto cuestiona que, mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito y asistencia automática ante siniestros—, en Argentina los pliegos de licitación sigan concentrándose en “cobrar más y gastar menos”, sin transformar la infraestructura ni invertir en tecnología que salve vidas.
“La falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”, concluye el documento.
La Rosca |Causa por enriquecimiento ilícito|
La Justicia puso fecha a las audiencias de remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador.
Será los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.
En noviembre de 2025 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.
El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31. Verbigracia: no podrá iniciarse la tramitación de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
La Rosca |Reforma laboral|
El ex diputado nacional Tomás Ledesma brindó detalles de la reunión ampliada del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos que se desarrolló en las últimas horas y en la que se definió, entre otras cosas, la postura ante el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional.
En declaraciones periodísticas, Ledesma señaló que “fue una agenda bastante amplia, de un montón de temas que no solamente requieren una oposición férrea de nuestro espacio, sino que hace falta también empezar a poner arriba de la mesa alternativas; no solamente ser una oposición concreta a determinadas cuestiones como la reforma laboral, como la posibilidad de la reforma constitucional, la reforma previsional, sino también empezar a generar ámbitos de discusión puertas para adentro del Partido Justicialista. Una postura que tiene que ver con salir de ese lugar de oposición que es muy importante y empezar a poner arriba de la mesa, cómo nos tocaría y cómo deberíamos hacer las cosas nosotros, para plantear una alternativa a la sociedad, que está un poco cansada de escuchar oposición constante porque sí, o defensa constante de una idea porque sí, y está esperando queseamos un poco más creativos y se ponga arriba de la mesa cómo uno cree que hay que hacer las cosas”.
En ese sentido, planteó que desde el PJ “tenemos una oposición férrea a la reforma laboral que propone este gobierno por todas las razones que hemos puesto arriba de la mesa, sobre todo porque consolida algo que no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino con una política económica generalizada del gobierno, que es que la variable de ajuste son los trabajadores, es la informalidad de los laburantes, de los que todos los días se levantan para ir a laburar y no están llegando a fin de mes. Estamos en una provincia donde un docente, con suerte, está llegando a cobrar un piso de 621 mil pesos por mes, sosteniendo familias, sosteniendo hogares”.
“Obviamente me parece que también la situación de época no acompaña; se ha construido una demonización muy grande sobre la figura gremial, sobre la figura de los sindicatos, sobre la política en términos generales también, y también ha habido un peronismo donde, puertas para adentro, durante muchos años por no romper cierto equilibrio y por no dar ciertas discusiones, hemos perdido una base de representación importante en muchos trabajadores de la Argentina que también hoy sienten que no hay una representación férrea en una oposición concreta u organizada, a la reforma laboral”, analizó.
De todos modos, dijo confiar en que “en el marco del Consejo Provincial del Partido Justicialista se llame a consolidar esos ámbitos para que podamos transformar al Partido Justicialista en una expresión de representación de todos los que están preocupados, como están preocupados todos los que vamos a laburar todos los días”.
Sobre los temas de agenda tratados en el encuentro partidario, explicitó que “estaba todo enmarcado en tres ejes: uno era reforma laboral; otro era esta posibilidad de la reforma constitucional que esgrimen en los pasillos, pero sin concreciones, y que no se sabe si tiene que ver con una cuestión real o simplemente es para desviar el foco de atención del proceso de endeudamiento que está teniendo la provincia, de la falta de gestión, de la suba constante del desempleo, reforma que muchos miramos con mucha atención en una provincia que tiene una de las Constituciones más recientes de la Argentina; y lo otro que nos preocupa muchísimo porque tiene que ver con los trabajadores, es esta reforma previsional que va a estar presentando el gobierno provincial y de la cual también faltan un montón de certezas”.
Respecto de la reforma previsional, consideró que “el 82% móvil sigue siendo una cuestión real en el poder adquisitivo de los trabajadores que eligen acceder a una jubilación en cualquier tipo de base de cálculo. Después, obviamente, la discusión de la suba de la edad jubilatoria, y también una cuestión más general que muchos planteamos, porque es verdad que hay ciertas discusiones en torno a la Caja de Jubilaciones que había que darlas, o que mínimamente había que abrir la discusión en términos de financiamiento, pero también hay una realidad que es que el peronismo en la provincia de Entre Ríos siempre resolvió de alguna manera u otra, particularmente en términos políticos, la situación de la Caja de Jubilaciones, asegurando las recomposiciones del gobierno nacional en su momento, más allá de algunas tensiones durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, pero resolvía los problemas. Y hoy tenemos a un gobierno provincial con una condescendencia absoluta, y a veces hasta innecesaria, donde falta muchas veces ver una simbiosis, un ida y vuelta más claro también del gobierno nacional con la provincia, y donde no han podido resolver tampoco esta cuestión”.
Ante esto, resumió que “es uno de los temas sobre los cuales se abrió la discusión y la idea es que en las próximas semanas o meses se consoliden equipos técnicos adentro del Partido Justicialista, que puedan expresarse constantemente y con mayor firmeza sobre esta situación”.
En este contexto, no descartó hacer un mea culpa desde el peronismo por no haber dado antes estas discusiones: “Puede haber personas que lo planteen con mayor firmeza, que sean más autocríticas o menos autocríticas. Yo tengo 31 años y si no tengo la capacidad de sentarme o de mirar a los que confían en uno, o de sentarme en mi espacio político y decir ‘loco, no puede ser que no hayamos dado estas discusiones’. No podemos no haber aprovechado determinado tiempo histórico para profundizar en estos temas, para dar nuestra mirada, por incomodidades, porque muchas veces había pensamientos diferentes en las vertientes del peronismo, y la verdad que a uno le genera mucha bronca y mucho dolor, pero por suerte, logramos reorganizar todo eso en términos de lo que uno siente para que salga un lugar propositivo y plantear que tenemos que construir nuevamente esa correlación de fuerzas, que es necesaria en muchos sentidos. Pero yo también soy de otra escuela que cree que muchas veces la correlación de fuerzas no se espera, se construye, porque muchas veces la agenda de la política está marcada por el sentido común de la sociedad, y los que tenemos responsabilidad de dirigente o que hemos tenido el privilegio de tener responsabilidad institucional, dirigencial, política, también tenemos la responsabilidad de poner arriba de la mesa lo que nosotros creemos que está bien, más allá de la correlación de fuerzas y del sentido común de época”.
Como ejemplos, mencionó: “Cuando Alfonsín decidió avanzar con el divorcio en la Argentina había una resistencia muy importante en la sociedad, ni hablar de la iglesia católica, y avanzó igual y luego fue algo que se incorporó absolutamente en el sentido común de la sociedad argentina. Cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se disponen a avanzar con el matrimonio igualitario, había una porción importantísima de la sociedad argentina que le generaba dudas, que no sabía qué pensar o que no estaba de acuerdo, y seis meses después o un año después, más del 80% de la sociedad acompañaba estas decisiones. Cuando avanzamos con la asignación universal por hijo, había una sociedad que tenía una resistencia enorme, y hoy es una de las políticas públicas y de Estado que sostienen el entramado social y familiar en la Argentina. Entonces, yo entiendo esto de la correlación de fuerzas, se construye, se trabaja, pero también hay una responsabilidad política de entender que a veces hay que poner la agenda arriba de la mesa, explicarla fácil, y sobre todo ser novedoso y trabajar en una renovación en este sentido también”.
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La Rosca |Reforma laboral|
A lo largo del texto el senador nacional argumentó por qué no está de acuerdo con el proyecto. “Voté en contra porque no estoy dispuesto a acompañar una iniciativa que, en caso de quiebra del empleador, no garantiza que los fondos sean destinados prioritariamente al pago de las deudas salariales. Cuando una empresa cae, quienes no pueden ser la variable de ajuste son quienes viven de su trabajo”, expresó.
“Pero, además, este esquema implica afectar recursos que pertenecen al sistema previsional. Es decir, recursos que son de nuestros jubilados y jubiladas. No se puede pretender resolver un problema generando otro, ni comprometer fondos previsionales que deben estar destinados a sostener haberes y garantizar derechos”, profundizó.
“Lo advertimos en el recinto. Planteamos modificaciones concretas para proteger a los trabajadores sin poner en riesgo a los jubilados. No fueron escuchadas”, lamentó el exintendente de Paraná.
Para finalizar, Bahl remarcó: “Cada vez que una norma ponga en riesgo a los trabajadores y a nuestros jubilados, voy a estar del lado de quienes producen, de quienes ya trabajaron toda su vida y de quienes sostienen nuestra economía todos los días”.
El comunicado indica:
Desde 2023 gobierna Entre Ríos un conjunto de fuerzas políticas, de las cuales la UCR ,-partido más que centenario en la Provincia- creemos , sin jactancia, es la columna vertebral , el pilar más sólido.
La bandera de esta coalición, encabezada por el aliado contingente y coyuntural Rogelio Frigerio, con la que logramos, en su momento, atraer el voto mayoritario del pueblo entrerriano, fue la política del cambio, la honestidad y transparencia en el manejo. Hacer las cosas de manera distinta y mejor de lo que habíamos conocido hasta entonces. Dichos valores no los podía exhibir el nombrado, ya que venía en nuestra patria chica de las cercanías de Jorge Pedro Busti, gobernante que no hacía de la transparencia un valor admirable precisamente.
El nuevo gobierno debía afrontar la pesada herencia que le dejaron administraciones anteriores, una tremenda deuda en millones de dólares, un Estado y empresas públicas ineficientes, plagado de nombramientos y contrataciones inútiles a través de los años, el “monumento a la corrupción” que son las rutas entrerrianas que cuestan cientos de vidas en accidentes varios de ellos evitables como el caso de su funcionario Orrico, que con un auto oficial de la provincia y en estado de ebriedad mató 4 jóvenes entrerrianos trabajadores.
Esas y otras varias anomalías sin embargo no han merecido, salvo casos excepcionales, una mínima investigación esclarecedora, e identificación y castigo de los culpables, que la gente conoce y señala. Más bien vemos fotos de Frigerio sonriendo y posando con quienes deberían estar siendo investigado por una justicia, que se hace la distraída.
Un cambio con olor a pasado peronista
No podemos dejar de advertir con preocupación ,que desde que asumió la Gobernación el equipo encabezado porel Sr. Frigerio, permanecen en altas funciones en los tres poderes del Estado notorios individuos, a quienes se menciona como responsables, directos o indirectos de muchas de tales irregularidades.
Y no sólo eso, sino que, de continuo nos anoticiamos que son nombrados en importantes cargos de la Provincia otros y otras conocidos personajes, vinculados a las anteriores gestiones peronistas, como Mouliá o Kerz, Francolini o Asueta, nombres que echan por tierra el discurso del cambio que se venía a proponer. Además su mano derecha es un ex – ultra K, como es Troncoso.
Por supuesto que no está en nuestro espíritu el cuestionar la facultad constitucional del Sr, Gobernador a la hora de elegir colaboradores.
Pero sí nos permitimos señalar que el Radicalismo entrerriano, como lo demuestran los cerca de veinte municipios que gobierna o co gobierna, empezando por el de Concordia puede ofrecer una pléyade de hombres y mujeres, con capacidad conocimiento y experiencia suficiente para las diferentes funciones del Estado y la administración: no es necesario importar talentos de Buenos Aires (011).
Frigerio con Azcue como guía
Es por ello que el Sr. Gobernador Frigerio debería tomar de ejemplo el gabinete conformado por “Gringo” Azcue, mayoritariamente radical, para afrontar una gestión de honestidad y austeridad luego de 40 años de ostracismo. Con funcionarios de primera a los que escucha, como es el caso, por solo nombrar a uno, de los que juegan en primera A Luciano Del Olio y mantiene aceitadas las vinculaciones con otros baluartes de las tradicionales banderas radicales , como es el caso del diputado Marcelo López, con quien a diario trabaja fecundamente, en plena comunidad y armonía. Jamás los nombrados saltaron de un partido al otro, como Frigerio, que fue desde el peronismo al pro, como es de público y notorio.
Le decimos a Frigerio que es difícil que pueda aportar soluciones, precisamente siendo acompañado por quienes son parte mayúscula del problema.
La Rosca |Informe sobre OSER|
“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.
“La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual”, indicó.
“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, dijo luego.
El legislador subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.
“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, mencionó.
En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”
Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.
“No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”, finalizó.
La Rosca | Informe sobre OSER|
“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”. Lo afirmó el senador provincial Víctor Sanzberro al responder los cuestionamientos de las autoridades del OSER al informe del síndico fiscalizador sobre el funcionamiento de la obra social.
El legislador remarcó que los datos difundidos “son contundentes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras y demoras sistemáticas en la provisión de información”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta oficial, basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria, “no es una refutación: es una evasión”.
Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia absoluta, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico designado para ejercer control institucional que fue presentado al Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.
“No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó el legislador del PJ.
Asimismo, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, afirmó.
Finalmente, el senador victoriense advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los empleados, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos “son quienes pagan las consecuencias directas, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo que agrava aún más el impacto sobre el acceso a la salud”.
La Rosca |Incremento salarial |
En ese marco, fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial.
Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.
La Rosca |Incremento salarial a policías |
El Gobierno de Entre Ríos anunció una mejora salarial para la Policía provincial y el Servicio Penitenciario a partir de febrero de 2026, con foco en dos adicionales específicos: el código 286, correspondiente a riesgo y peligrosidad, y el código 244, vinculado a funciones jerárquicas o de conducción.
Según lo informado oficialmente, el incremento se instrumenta como una suma no remunerativa y no bonificable. En el caso del adicional por riesgo (código 286), el monto se establece en una escala según antigüedad que parte de $200.000 y alcanza un tope de $350.000.
Como referencia de impacto, desde el Ejecutivo indicaron que un agente con un año de antigüedad pasará a percibir $1.302.000 de ingreso mensual total.
En paralelo, se dispuso una actualización para el sector pasivo de ambas fuerzas: desde febrero se fijará un monto mensual de $100.000 para retirados, jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.
El anuncio se da en un contexto sensible. En Entre Ríos comenzó a circular en redes y grupos vinculados a la fuerza una convocatoria a una manifestación pacífica prevista para el sábado 14 de marzo a las 17, frente a Casa de Gobierno en Paraná. Si bien no hubo confirmación oficial de autoridades policiales, la convocatoria expone un clima de inquietud dentro del sector.
Además, el escenario regional agrega presión. En Santa Fe, en las últimas horas, el conflicto policial escaló con concentraciones, sirenazos y episodios de alta tensión institucional, en un marco donde la fuerza no tiene derecho formal a huelga. Allí, el reclamo incluyó la discusión sobre el impacto de las recomposiciones salariales en el básico y en los haberes jubilatorios, lo que derivó en negociaciones directas con el Ejecutivo provincial.
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.
En ese marco, la actualización de adicionales en Entre Ríos aparece como una señal política para atender la situación antes de que el malestar derive en una escalada mayor. La clave estará en determinar si la mejora alcanza para descomprimir el reclamo o si el debate se trasladará hacia una discusión más estructural sobre salario básico y condiciones laborales, como ocurrió en la provincia vecina.
La Rosca |Pedido de paritaria de los gremios|
“Seguimos con la clara acción del Gobernador de ejecución de obra pública, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la red vial, los establecimientos educativos y salud. Otra línea de acción que afecta a las cuentas públicas es el tema de la política energética y la tarifa: se eliminaron los impuestos y tasas municipales”, aseguró Boleas.
En materia salarial, Boleas indicó: “Venimos trabajando en la propuesta que podemos hacer, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora. Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla. Va a ser algo que podamos cumplir, no vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”.
En esa línea, indicó que “estábamos cerrando los últimos números de enero. Los ingresos tributarios de la Provincia cayeron en términos reales un 7% enero contra enero. Son números que nos delimitan un marco de acción”.
Para mejorar los ingresos de la Provincia, dijo Boleas a Radio La Voz, “hay acciones que son propias, que las venimos trabajando y que tendremos que profundizarlas si es necesario, tiene que ver con la administración tributaria provincial y ahí hay que accionar para levantar lo más posible los índices de cobrabilidad y demás. En materia de política tributaria provincial hay que lograr la mayor eficiencia para bajar la presión tributaria y aliviar a los buenos contribuyentes”.
“Hemos venimos en una franca disminución de la política tributaria a través de la eliminación de más de 100 tasas, impuestos”, agregó.
En cuanto al estado de la deuda, el Ministro indicó: “Si comparamos a los últimos números cerrados venimos no solo cumpliendo con cada uno de los vencimientos sino que también en cuanto a stock medido en moneda dura venimos reduciendo”.
Con respecto al sistema previsional entrerriano, señaló: “Se han tomado muchas medidas y es necesario tomar otras. El Gobernador ha enumerado los lineamientos de las medidas que se están trabajando desde la Caja de Jubilaciones, tiene que ver un poco con la edad. No son medidas que se toman de un día para el otro, que en la inmediatez le está cambiando uno las condiciones a alguien que ya venía trabajando y tenía la expectativa de jubilarse el año que viene; se trabaja sobre una ventana de tiempo. Se están delineando los puntos principales de algunas medidas que consideramos que hay que tomar”.
Cerrada la auditoría de la Caja, “tiene que surgir un número de qué porción del déficit que tiene la Caja de Jubilaciones se tiene que hacer cargo Anses, también va a surgir un número que refleje el stock de deuda. Nos interesa porque nos daría orden, previsibilidad en fijar cuál es la parte del déficit que tiene la Caja que tendría que asumir ANSES y eso sea operativo mínimamente”.
“Lo que intentamos es ir tomando medidas sensatas que vayas en línea de reducir el déficit de la Caja y darle racionalidad y previsibilidad a todo el sistema previsional”, dijo.
En materia de obras públicas, señaló Boleas: “En el presupuesto 2026 están contempladas obras que ya se vienen realizando con financiamiento propio, pero además también hay un artículo de autorización para endeudamiento para un paquete de obras que el Gobernador ha conseguido que los organismos internacionales nos miren y digan Entre Ríos es elegible. A medida que se vaya consiguiendo cupo para eso se irán firmando los convenios correspondientes”.
“Las condiciones de mercado son las que uno tiene que ir evaluando para ver si salir o no salir, son esas las cosas que estamos evaluando, si se da la posibilidad y cuándo”, dijo luego.
Por último, Boleas enfatizó, “mi objetivo es consolidar este proceso político que conduce Rogelio Frigerio. Estoy contento de la decisión tomada. Encarna un proyecto que nos va a permitir dar el salto cualitativo como entrerrianos y siento que trabajo para eso”.
La Rosca |Acuerdo con la UE|
“El acuerdo con la UE representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur. La UE sigue siendo la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de USD 43.000. Además, es el segundo importador mundial de bienes, el primer importador mundial de servicios, el principal socio comercial del Mercosur y la principal fuente de IED (inversión directa) recibida”, sostuvo Michel.
Señaló, en ese sentido, que “la gran mayoría de las exportaciones del Mercosur se verán beneficiadas arancelariamente en el ingreso al mercado europeo, ya sea a través de la eliminación de aranceles o por la suba de cuotas, generando oportunidades de nuevos negocios, sobre todo para las PyMES, economías regionales y alimentos con alto valor agregado, que de otra manera tendrían dificultades para competir en el acceso a dicho mercado”.
Agrandar imagenAsimismo, en el comunicado remitido a El Entre Ríos, remarcó que la iniciativa “fortalecerá al Mercosur, mejorando su inserción internacional y modernizando su marco regulatorio a través de la adopción de normas de avanzada que garantizan un comercio seguro y previsible”.
“Debe leerse como una base”
“El Acuerdo es una verdadera expresión de políticas públicas. Ha sido negociado durante 25 años, atravesando gobiernos de diferente signo político. Todos han aportado a esta construcción colectiva; es un acuerdo de la Argentina, no de un gobierno en particular, mucho menos de este que tardó casi dos años en designar un embajador ante la UE”, manifestó.
Para el de Gualeguaychú, “el Acuerdo debe leerse como una base, no como un punto de llegada; su verdadero impacto dependerá de las políticas que se desplieguen puertas adentro: inversión en infraestructura logística, crédito productivo, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y fortalecimiento de cadenas de valor”.
Fuente: El Entre Ríos.
La Rosca |Baja en la edad de imputabilidad |
Este jueves la Cámara de Diputados logró la media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, propuesto por el Gobierno nacional, con 149 votos a favor contra 100 legisladores que votaron en contra. No hubo abstenciones.
Con esta iniciativa el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.
El voto de los entrerrianos, en su mayoría no fue sorpresivo, hasta el caso de Michel no generó extrañeza. El oriundo de Gualeguaychú ya había anticipado su postura la semana pasada al compartir declaraciones en las que afirmaba que “para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo”, sostuvo. Además, el legislador subrayó que “si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas”.
Aunque Michel votó en contra del proyecto en su totalidad, apoyó la idea de bajar la edad de imputabilidad, una postura también adoptada por otros legisladores cercanos a Sergio Massa.
La Rosca |Reducción de la edad de imputabilidad|
El exgobernador Gustavo Bordet sostuvo que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad.
El diputado nacional también advirtió que la participación de adolescentes en el delito suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, lo que genera percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas. “El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, subrayó, retomando planteos de organismos especializados.
En relación con la situación local, Bordet mencionó datos de Entre Ríos que reflejan la baja incidencia del fenómeno: durante 2024, solo el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad. Para el exmandatario, estas cifras evidencian que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.
Asimismo, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características. Recordó que existe una emergencia carcelaria a nivel nacional y que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso y regresivo en términos de derechos.
Finalmente, Bordet afirmó que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.
A continuación, algunos de los dirigentes que manifestaron su rechazo:
Adán Bahl (senador nacional PJ): “No estamos discutiendo una ley de modernización laboral, estamos discutiendo cómo abaratar despidos. Esta ley se pudo haber hecho mejor, estamos perdiendo una oportunidad histórica para acompañar a quien invierte y produce”.
Laura Stratta (diputada provincial PJ): “Argentina tiene más del 40% de informalidad laboral. El problema es grave y exige una reforma seria. Pero no alcanza con llamarla ‘modernización’ si en los hechos implica un retroceso en derechos.
La ley que aprobó el Senado debilita conquistas históricas y envía un mensaje preocupante a quienes hoy están en la informalidad: aun ingresando al sistema, las garantías serán menores que las actuales.
Además, crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes que hoy integran la masa destinada al sistema previsional. No es un impuesto a los jubilados, pero sí redirecciona recursos que sostienen jubilaciones y la seguridad social.
En un mercado laboral frágil, cualquier flexibilización sin contrapesos claros termina aplicándose de un solo lado: el del trabajador, que ya tiene menor poder de negociación.
Quienes apoyan estos cambios deberán hacerse cargo. Más temprano que tarde quedará en evidencia si esta norma generó empleo genuino o si terminó precarizando aún más a millones de argentinos”.
Tomás Ledesma (ex diputado nacional PJ): “Te quieren hacer laburar el triple por la misma plata”.
Stefanía Cora (ex senadora nacional PJ): “En los últimos años la economía no registrada avanzó a pasos agigantados y quienes todavía tienen trabajo viven cada día peor. Esto no es oponerse por oponerse.
Es la responsabilidad de advertir que no vamos a salir adelante como país ni como provincia si legislamos precarizando la vida de los argentinos.
Hace años que muchos derechos constitucionales no se cumplen. Pero la respuesta nunca puede ser bajar la vara. Nos merecemos vivir en una Argentina mejor”. (APF)
La Rosca |Reforma laboral|
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos en la votación en general, sin abstenciones, y quedó así con media sanción.
De esta manera, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará avanzar con su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de que el Presidente pueda incorporarla en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, el próximo 1° de marzo.
En la votación participaron los tres senadores entrerrianos: dos acompañaron la propuesta y uno se manifestó en contra. Los legisladores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida —quienes asumieron en diciembre pasado— votaron a favor y defendieron el proyecto en el recinto, mientras que el tercer representante de Entre Ríos se pronunció en contra de la reforma.
La palabra de dos senadores
El senador peronista y exintendente de Paraná, Adán Bahl, dio las razones para su voto en contra. “La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos”, afirmó.
Del otro lado, en el oficialismo, Benegas Lynch se manifestó a favor de la iniciativa: “Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino que como socios naturales”.
La Rosca |Marchas contra la reforma laboral|
Mientras los senadores nacionales debatían el proyecto de la modernización laboral, los sindicatos y agrupaciones entrerrianos se unieron en Paraná para movilizarse en la tarde de este miércoles desde la Plaza 1 de Mayo hacia Casa de Gobierno con el fin de oponerse a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional.
Con cánticos contra el gobierno de Milei y el de Rogelio Frigerio, referentes gremiales leyeron un comunicado de espalda a la entrada de la Casa Gris en el que sostuvieron que la Reforma Laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”.
Además el escrito remarca que el proyecto “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores” y que solo “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos principalmente extranjeros”.
El texto hace hincapié en que la propuesta de Milei “sueña con un país sin sindicatos, los cuales permitieron que las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a derechos, a salarios dignos, a estabilidad laboral y a una vida con futuro”.
Por otra parte, el comunicado señala que “sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante” como modo de crítica al gobernador Frigerio, a quién los gremios sostienen que “sigue el mismo camino que Milei”.
En ese sentido, hubo párrafos que hicieron referencia a conflictos con la Provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”.
Asimismo, hubo críticas a la reforma previsional. “Manifestamos nuestro rechazo a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados. De intentarlo, nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.
“Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”, culminaron.
La Rosca |Media sanción para la Reforma Laboral|
El texto final recién se conoció a las 0.36 AM, cuando Patricia Bullrich daba el discurso de cierre. Minutos antes, el bloque libertario seguía con las negociaciones para asegurarse los votos en particular de los artículos más polémicos. Es que, pese a las más de 28 modificaciones incluidas, y diálogo permanente con sus aliados, todavía se esperaban más cambios.
De esta forma, el oficialismo se aseguró el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico de Córdoba (Luis Juez); Provincias Unidas (Carlos Espinola y Alejandra Vigo), Independencia (Beatriz Avila); La Neuquinidad (Julieta Corroza); Primero los Salteños (Flavia Royón); Despierta Chubut (Edith Terenzi); y el Frente Renovador de la Concordia (Carlos Arce), además de los tres senadores del bloque PRO. Así, consiguió los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto.
La eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores, terminó por darle a la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, el apoyo necesario para avanzar con la reforma.
El bloque de los santacruceños, conformado por los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, sobre los que había expectativa, no se sentó en sus bancas al momento de dar quorum y no acompañó la votación en general. Tampoco lo hicieron los cinco legisladores de Convicción Federal, que responden a sus gobernadores, ni los senadores del Frente Cívico por Santiago, y menos aún los 20 del bloque Justicialista, que preside José Mayans. Es así, que el peronismo en el Senado rechazó como interbloque, sin fisuras, el proyecto.
El debate
Al comienzo de la sesión, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, marcó unas pocas generalidades respecto al texto, donde solo subrayó que se estaba discutiendo una ley que desde principios de la democracia se está “intentando tratar”, cosa que rápidamente el senador Recalde se encargó de desmentir al enumerar las varias reformas que se hicieron e intentaron.
Luego, la ex ministra de Seguridad le cedió la palabra a dos jóvenes senadores de la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero, para que sintetizaran las modificaciones que se iban a incorporar. Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Olivera Lucero explicó que cada empleador deberá crear una cuenta donde aportará regularmente para nutrir el fondo. En ese sentido, el senador Mariano Recalde, preguntó si “en caso de quiebra el trabajador podrá cobrar del FAL, ya que no se especificaba. Ante la consulta, Olivera sostuvo dubitativo que “el juez será quien defina si el trabajador puede ir por el FAL”, mientras Bullrich susurró en el recinto que el detalle de este punto se discutiría en la redacción en particular.
Recalde, fue el primer orador del bloque Justicialista en tomar la palabra e hizo un primer pantallazo sobre los puntos más perjudiciales para los trabajadores. El senador caracterizó al FAL como un “canal de despidos” y subrayó que será una herramienta “de los amigos de Caputo para hacer negociados”. Además, informó que este fondo estará a cargo de administradoras privadas “que van a timbear”, y las comparó con las AFJP.
Para Recalde, la reforma “es producto de un revanchismo” y “no está pensada para crear empleo”, sino para “terminar con los derechos laborales y que no haya juicios”. Al finalizar, le pidió a los senadores que no sean “cómplices” de habilitar el “despido gratuito”.
A su turno, la senadora por Catamarca, Lucia Corpacci se quejó de que no se le permitió a la oposición ningún tipo de aporte, y se enteraron de las últimas modificaciones horas antes de la sesión. La senadora Anabel Fernández Sagasti, por su parte, chicaneó al oficialismo por arrodillarse frente “a la casta”. “Se han arrodillado ante los gobernadores, la CGT y los bancos. Se arrodillaron ante todos los que decían querer combatir”, dijo la mendocina.
Uno de los cruces más picantes fue el que se dio entre Alberto Benegas Lynch y Juliana Di Tulio, cuando el libertario lanzó la frase: “la decadencia de los últimos años tiene que ver con el fascismo peronista”. Tras el agravio, la senadora justicialista le pidió que se ubique, que “está en la casa de la democracia”.
Carolina Moises, senadora del bloque Convicción Federal, que estaba en la mira de los diferentes bloques, subrayó que el proyecto del oficialismo solo “busca legislar para los trabajadores en blanco”, pero no pone el acento en resolver algo para quienes están en la informalidad. También aprovechó para criticar a un sector del peronismo al denunciar que en las últimas semanas fue víctima de una “campaña espantosa” que intentó presionarla y sentenció: “Yo en esta banca voy a votar lo mejor para los jujeños”. Luego, adelantó su rechazo al proyecto.
El debate en el recinto solo se vio interrumpido por el minuto de silencio que los senadores hicieron para recordar a la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza, por su fallecimiento.
Minutos antes de la 1 de la mañana, Patricia Bullrich, comenzó su discurso de cierre. La presidenta de bloque oficialista justificó la quita de derechos laborales, bajo el argumento de que “contratar hoy es un acto de riesgo”. “Nadie contrata porque tiene miedo”, aseguró y dijo que el Gobierno quiere que “el trabajo sea la libre elección de los argentinos”. Bajo esos argumento defendió el ajuste a los trabajadores y dio paso a la votación en general y luego en particular.
Modificaciones de última hora
Uno de los logros que obtuvieron los gremios fue mantener la facultad de cobrar compulsivamente los “aportes solidarios” a los trabajadores, aunque se les impuso un tope del 2%. Como contrapartida, se tomó la misma decisión para los aportes que cobran las cámaras empresarias. Seguirán siendo obligatorios, pero limitados -como hasta ahora- al 0,5% mensual.
Otro cambio que se conoció es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinieron los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación.
Asimismo, un aspecto clave de negociación fue el artículo 91, en el que el oficialismo decidió agregar el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”. Se trata de un entendimiento celebrado entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, que establece un régimen para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad asuman competencias en materia laboral que hoy tiene la Justicia Federal.
Respecto a las sentencias judiciales, se abrió la posibilidad para que los empleadores las paguen en cuotas. Las empresas grandes podrán hacerlo en seis cuotas, y las pequeñas en 12.
También, se planteó una reducción de las contribuciones patronales. En este punto se especificó que “los empleadores, por las relaciones laborales incluidas en el presente Régimen, excepto que se trate de aquellas previstas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y mientras persistan sus efectos, tendrán una reducción de UN (1) punto porcentual para las grandes empresas y DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para las micro, pequeñas y medianas empresas en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social”.
Uno de los cambios que impulsaba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, era el que refería a que el salario de un trabajador iba a poder cobrarse a través de billeteras virtuales. Este artículo fue modificado y las remuneraciones solo podrían pagarse en entidades bancarias. Sin embargo, a la medianoche todavía había versiones de que se podría volver a la versión original.
Otra de las claves del proyecto es la ultraactividad, que es el principio que sostiene la vigencia de un convenio colectivo después de haber vencido hasta ser reemplazado por uno nuevo. En caso de que se sancione la ley, se podrán derogar los estatutos profesionales y se abrirá un periodo de 180 días para labrar nuevos.
En relación al INCAA, la modificación que se agregó extiende la fecha en la que se derogan incisos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esto significa que recién a partir del 1 de enero de 2028 se avanzará con los cambios que ponen en peligro el financiamiento del organismo.
Por último, otro de los aspectos más polémicos es el que refiere a los certificados médicos. Aquí se especifica que “en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador”.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
“Es un hecho verificable que existen abogados que reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, muchas veces interviniendo de manera impune en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la obra social, ofreciendo de forma directa la vía judicial como primera y única respuesta”, sostuvo.
“Del mismo modo, numerosos profesionales hacen ostentación pública de la cantidad de amparos que promueven, exhibiéndolos como credenciales profesionales en sus propias redes sociales, lo que da cuenta de una práctica sistemática y no de situaciones excepcionales de vulneración de derechos”, dijo.
“Los registros administrativos y judiciales de la Obra Social permiten identificar patrones reiterados de actuación por parte de determinados abogados de la matrícula, que presentan acciones de amparo por prestaciones que no revisten carácter urgente, por prestaciones que ya fueron otorgadas, o incluso sin haber agotado mínimamente las vías administrativas disponibles. Esta conducta desnaturaliza la figura del amparo, deformando su sentido jurídico y constitucional, previsto como remedio excepcional y urgente, no como atajo sistemático”, expresó el legislador.
“En este marco, resulta necesario aclarar que no he generalizado ni descalificado al conjunto de la abogacía entrerriana. Por el contrario, he señalado una práctica concreta, verificable y reiterada. No se han buscado chivos expiatorios ni responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los letrados, en el cuidado de la mayor obra social de la provincia, cuyo sostenimiento depende del uso racional, solidario y responsable de sus recursos”, declaró.
“Se comprende la defensa que el Colegio realiza de sus matriculados, pero esa defensa no puede implicar la negación de una realidad que es grave, abusiva y sistemática. Por ello, el Colegio, antes de sacar un comunicado en tiempo récord, quizás debería hacer una revisión y reflexión sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional”.
“Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”, finalizó. (APF)
La Rosca |Autopostulación|
Desde que concluyó su periodo legislativo en 2023, Casaretto ha tenido un rol secundario dentro del PJ provincial: su nombre no estuvo presente en las listas que llevó el partido a las elecciones de medio término, pero desde las redes sociales aporta críticas al gobierno de Frigerio y de Javier Milei.
Aunque es “temprano” para hablar del mapa electoral en cuanto a candidatos, quien fuese Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Jorge Busti en 1997, lanzó una frase que sorprendió: “Estoy dispuesto a ser candidato a gobernador”, reveló Letra P.
Mientras sostiene que el peronismo “necesita una representación política que hoy no tiene”, uno de los motivos por los cuales se postularía a gobernador es que a él no lo pueden “comprar ni condicionar”, avisa.
Actualmente Casaretto se ha convertido en un crítico desde la comodidad de sus redes sociales. “Me mantengo arriba en la opinión pública”, resalta. Y agregó: “Tuve tres millones de vistas”, cuenta orgulloso sobre sus siempre muy activos en su perfiles en X, de Instagram y Facebook.
La Rosca |Sesiones ordinarias de la Legislatura provincial|
La Constitución Provincial reformada en 2008 fija como fecha de inicio del período de sesiones ordinarias al 15 de febrero. Como este año cae domingo, en medio del feriado largo de Carnaval, desde finales de enero se viene especulando con la posibilidad de un corrimiento de la fecha para el miércoles 18, a fin de que el acto institucional y, en particular, el mensaje de apertura del gobernador Rogelio Frigerio no se termine diluyendo en la apatía del feriado.
El aplazamiento quedó ratificado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
El corrimiento de la fecha no altera las sesiones preparatorias que en ambas cámaras tendrán lugar el miércoles 11. Al mediodía en Diputados y a las 17 en el Senado.
En la Cámara de Diputados no se aguardan -en principio- mayores cambios. Nadie está hablando abiertamente de que Hein deje la presidencia y, por lo pronto, la conducción de los bloques políticos seguiría igual: el diputado radical de Concordia, Marcelo López seguiría al frente del bloque de Juntos por Entre Ríos y Laura Stratta de la bancada peronista.
De cualquier manera, las definiciones se alcanzarán en las conversaciones que se darán hacia el interior de cada bancada entre martes y miércoles. Parecería que la continuidad está más garantizada en el bloque peronista, ya que algunas voces dentro del oficialismo hablan de un «final abierto» para la resolución de los nombres y no quieren dar nada por cerrado.
Se espera también que Roque Fleitas continúe liderando la bancada de La Libertad Avanza. Lo demás son bloques unipersonales: Gladys Liliana Salinas en la bancada del Partido Conservador Popular; Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.
En el Senado se aguardan más novedades. En particular dentro de la bancada peronista, que por su división perdió el año pasado el control de la Cámara.
La novedad pasará por quién reemplazará a Martín Oliva en la jefatura de bloque. Se mencionan tres nombres: el senador de San Salvador, Marcelo Berthet; el de Victoria, Victor Sanzberro; y la senadora de Federal Nancy Miranda.
Por el lado del oficialismo también deberían producirse novedades si se cumple con el propósito de continuar la rotación de la presidencia de la bancada, que en 2024 estuvo a cargo de Gustavo Vergara y en 2025 de Rubén Dal Molín.
Habrá que ver si hay senadores dispuestos a ocupar el rol que viene desempeñando Dal Molín en la defensa de las políticas del Poder Ejecutivo. Puede que haya legisladores más interesados en presidir algunas comisiones.
El intercambio de posiciones para acordar jefatura de bloque, presidencias de comisiones y también vicepresidencia de Cámara se producirá en una reunión de la bancada oficialista que tendrá lugar este martes. En el oficialismo se asegura que todo se va a resolver “sin traumas”.
Fuente: APF Digital
La Rosca |Sector citrícola entrerriano|
La iniciativa se fundamenta en que el sector citrícola argentino ya cumplió con todas las exigencias técnicas y sanitarias requeridas. En 2019, el USDA-APHIS evaluó y aprobó favorablemente el estatus sanitario y los procesos productivos, restando únicamente instancias administrativas para completar el procedimiento de consulta pública y la publicación de la norma reglamentaria correspondiente.
Al respecto, Bahillo afirmó que “estamos frente a una oportunidad histórica para la citricultura entrerriana, que no se debe dejar pasar. El sector productivo hizo su parte hace años, cumplió cada requisito y hoy lo que se necesita es decisión política para destrabar una demora injustificada”.
“El acceso al mercado estadounidense no implica costos fiscales ni subsidios, pero sí puede generar un impacto muy significativo en términos de empleo, inversión, generación de divisas y mejora de precios para nuestros productores”, agregó.
Por su parte, Cresto remarcó la importancia estratégica de la citricultura para el noreste entrerriano. “En departamentos como Concordia y Federación, esta actividad es un pilar económico y social. Avanzar en la apertura de este mercado es defender el trabajo, la producción y el desarrollo regional”, sostuvo.
Ambos legisladores coincidieron en que el Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos brinda las herramientas institucionales necesarias para resolver esta situación y evitar que continúe una asimetría que perjudica a la producción entrerriana.
“No es un pedido nuevo ni improvisado: es un proceso que está maduro, técnicamente aprobado y listo para concretarse. Por eso insistimos en avanzar sin más demoras”, concluyó Bahillo.
La Rosca |Reforma tributaria|
Subrayó la necesidad de modificar el sistema impositivo del país y planteó que el debate no debe limitarse a una sola de las grandes transformaciones en discusión: “Quiero tener una discusión de reforma impositiva integral de la Argentina, que creo que nos la debemos. Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”.
Frigerio diferenció el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, al calificarlo de “apéndice” y señalar que carece de vinculación directa con la modernización de las normas laborales.
Para el ex ministro del Interior, el núcleo del problema radica en la estructura tributaria: “En las provincias tenemos ingresos brutos, sellos, los municipios muchas veces cobran tasas que son impuestos, y el gobierno nacional tiene dos impuestos tremendamente distorsivos que no se cobran en ningún lugar del mundo, prácticamente, que son las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque”.
Según detalló el gobernador, su gestión en la provincia de Entre Ríos se propuso reducir la carga impositiva y avanzar hacia el equilibrio fiscal. “En Entre Ríos yo bajé los impuestos, mis impuestos cayeron todos en términos reales, estoy bajando todo lo que puedo y, a la par, pasé del déficit que encontré al equilibrio fiscal, bajé la deuda en términos de ingresos y logré también llevar adelante una suerte de RIGI provincial, un RINI, Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, donde todas las inversiones nuevas no pagan ningún impuesto, ni provincial ni municipal, durante quince años”, remarcó el gobernador.
El gobernador puso énfasis en diálogo con Infobae, en la presión fiscal que enfrentan quienes tributan en el país: “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”.
Su propuesta es que la reducción de impuestos se aborde de manera coordinada entre Nación, provincias y municipios, bajo el espíritu del último pacto fiscal que lideró como funcionario nacional.
Al referirse a la reforma laboral, Frigerio la calificó como “un antes y un después para la Argentina”, pero insistió en que el capítulo fiscal no debe ensombrecer el objetivo principal: “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Este es un capítulo que suma, que se podría discutir perfectamente en una reforma impositiva integral, que yo apoyo esa discusión, que además tiene que venir acompañada de un acuerdo fiscal de los tres niveles de gobierno”.
En tanto, el mandatario provincial describió la situación de las provincias tras el proceso de descentralización fiscal y la magnitud de sus responsabilidades en salud, educación, seguridad y justicia. “La verdad que de un día para el otro, las provincias tuvieron que hacerse cargo de la gran mayoría del gasto público”, relató. “Ahora se está atacando, pero el déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca en duda eso, nunca más, y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”.
En cuanto al impacto de la reducción del impuesto a las ganancias, Frigerio aclaró que la medida afecta a todos los niveles de gobierno: “El impuesto a las ganancias baja los ingresos de todos los niveles de gobierno. De la nación, de las provincias y de los municipios”.
El dirigente subrayó que el país necesita una discusión amplia sobre su esquema fiscal: “La Argentina tiene que reducir su presión impositiva y, a mi juicio, tiene que arrancar con los impuestos distorsivos, los más distorsivos que tiene Argentina, que son: impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones y, en el caso de las provincias, ingresos brutos y secundarios”.
Durante el diálogo, el exministro también abordó la problemática de la “industria del juicio”, a la que atribuyó la desaparición de numerosas pymes. “Es tremendo el tema de la industria del juicio. Tremendo. La cantidad de pymes que han desaparecido por la industria del juicio es dramático”, enfatizó.
Sobre la gestión del gobierno nacional, Frigerio evitó las críticas frontales y manifestó su deseo de que a la administración de Javier Milei le vaya bien. “Tengo muchas ganas de que este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos, le va a ir bien a los entrerrianos. Y estoy trabajando desde hace dos años con esa idea y con esa lógica, más allá de la especulación personal, partidaria, electoral”.
A lo largo del diálogo, el gobernador de Entre Ríos insistió en la necesidad de que los principales temas de la agenda pública sean debatidos en el Congreso y celebró el giro hacia la discusión de reformas estructurales. A su entender, “modernizar las normas laborales que en la Argentina están estancadas de hace décadas” constituye un paso relevante para el país. Además, expuso que el régimen de incentivos provincial ya permitió comprometer inversiones por doscientos millones de dólares y la generación de casi dos mil puestos de trabajo nuevos.
El mandatario provincial concluyó su intervención destacando que la salida del populismo y la recuperación del crédito dependen tanto del equilibrio de las cuentas públicas como de la capacidad para avanzar en reformas institucionales y tributarias profundas, en línea con los desafíos que enfrentan la economía y la sociedad argentinas.
La Rosca |Posibles irregularidades administrativas en Deportes|
Buscan “determinar posibles irregularidades administrativas y responsabilidades en el personal que presta servicio en el área respectiva, consistentes en la falsificación de firmas atribuidas a los Sres. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y Ricardo Aníbal Lupi en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, en el marco de los expedientes administrativos N° 3103539, N° 3105946, N° 3112785, N° 3113188, N° 3122518, N° 3126292, N° 3141140, N° 3143652 y N° 3179203, atento los antecedentes y fundamentos expuestos en el presente acto”.
La medida está contenida en el decreto N° 14, del 4 de enero último, que ordena que la información sumaria “deberá realizarse a través de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, la que estará facultada para solicitar la colaboración adicional de la Contaduría General de la Provincia, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de toda repartición o ente que considere necesario para el cumplimiento de lo aquí dispuesto”.
La investigación interna surgió de la propia Secretaría de Deportes, que puso en conocimiento de “una serie de irregularidades que fueran advertidas y detectadas en la tramitación de los expedientes identificados bajo carátula N° 3103539 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el entrenador de la Escuelita de Fútbol del Barrio San Martín en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3105946 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para deportista de la disciplina fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3112785 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para los entrenadores de fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3113188 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la entrenadora en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3122518 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina patín artístico en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3126292 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3141140 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina Hockey el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3143652 ´ Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el deportista Alejandro Clemente en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´ y N° 3179203 ´Compras y contrataciones – Compra/contratación directa sol/Autorización P/la modificación de elementos de comunicación visual´”.
El decreto menciona que “sin perjuicio que los procedimientos sustanciados en los referidos expedientes se han efectuado en conformidad a las previsiones normativas que reglamentan cada uno de los trámites allí instados, se advirtió -una vez concluidas las actuaciones- que obran intervenciones atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y/o al Sr. Ricardo Aníbal Lupi, en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, cuyas autorías y firmas no les pertenecen”.
Además, en los expedientes N° 3103539, 3105946, 3113188, lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para el entrenador Cipriani, Cristian Exequiel, para el deportista Deniz Thiago Mateo y para la entrenadora Cappellacci Rita Antonella respectivamente, “atribuidas al Sr. Ricardo Aníbal Lupi Director de Deporte Social y Educativo, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”. Y que “en los expedientes 3112785, 3122518, 3126292, 3141140, 3143652 lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para los entrenadores Rodríguez Alexander Nicolás y Darchez Carlos Fernando Facundo, para la deportista Sosa Arrazate Aurora, para la deportista Busatto Sofía Antonella, para la deportista Rodríguez Sol y para el deportista Clemente Alejandro José María respectivamente, atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”.
Finalmente, “en el expediente 3179203, se solicita autorización para modificación de lonas en estructuras de prensa, nota que también es atribuida al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no habiéndose suscripto por dicho Secretario Ministerial” detalla Entre Ríos Ahora.
Así, “dada la gravedad que reviste el asunto, resulta indispensable instruir la sustanciación de las medidas pertinentes en procura de esclarecer los hechos suscitados y eventualmente discernir las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder en caso de identificarse al o los autores materiales de las mismas”.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
El senador provincial Martín Oliva mantuvo un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.
En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.
“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.
Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.
El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.
“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.
En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.
El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que “se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces”.
Desplazamientos
Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.
Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.
En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.
La Rosca |Debate sobre la baja de edad de punibilidad|
Benítez explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes.
A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.
“La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además es inconstitucional”, enfatizó Benítez. Y recordó: “No es la primera vez que se ha querido reducir la edad de punibilidad y siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días vemos en todas las provincias argentinas”.
En ese sentido, mencionó: “Si bien el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dice que hay que modificar la Ley Penal Juvenil, con lo cual nosotros estamos de acuerdo porque la ley 22.278 viene de la época de la dictadura militar, a su vez dice que al modificarla no se debe incrementar las penas ni se debe bajar la edad de punibilidad, dos cuestiones que se pretende hacer con este proyecto de ley”.
En cuanto a las razones fácticas por las cuales sostiene esta posición, explicó: “Estamos en un momento muy especial en Argentina, donde los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes viene disminuyendo desde hace muchísimos años. En general, ha disminuido el delito en Argentina: en 2001-2002 estábamos con una tasa de homicidios de aproximadamente 9 o 10 cada 100.000 habitantes y ahora estamos en una tasa de 3,7. Y en Entre Ríos tenemos una tasa menor que la media nacional, de 2,33 homicidios cada 100.00 habitantes”. A eso agregó que “es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”.
“Es cierto lo que dice el gobierno, que hay países en la región que tienen una edad menor que Argentina, como Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de los niños y adolescentes. Justamente, esos son los casos que nos dan la razón de que la privación de la libertad no hace más que profundizar la violencia”, remarcó Benítez. En ese sentido, precisó que Uruguay, con una edad de punibilidad de 13 años tiene más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con una edad de 12, tienen 23 y 22 respectivamente, y Paraguay, con una edad de 14 tiene 6,2.
Respuestas alternativas
Acerca del rol que debe tener el Estado frente a la problemática de los jóvenes que cometen delitos, el Defensor General de Entre Ríos sostuvo: “El hecho de que una persona sea no punible, no quiere decir que se vaya a la casa y que no pase más nada. Tenemos que ver las razones por las cuales ese niño cometió ese hecho, tenemos que acompañar a las víctimas pero no tenemos que desproteger al autor. Por ejemplo, si el delito está relacionado con el consumo de estupefacientes, se debe tratar esa problemática, si es necesario, en un lugar de recuperación de adictos”.
“No es ninguna solución que vaya a la cárcel, sino que eso empeora las cosas. El Estado debe intervenir, lo que nosotros sostenemos es que la intervención no es desde el Derecho Penal y que el lugar de detención no es una cárcel de mayores; sino que el lugar de detención y el tratamiento deben ser otros”, añadió. A esto sumó que hay actualmente en el país “una crisis carcelaria seria”, con “el mayor índice de prisionalización desde que se toman este tipo de mediciones” y esto se agravaría mucho más con la incorporación de niños y adolescentes.
Finalmente, recordó que existen estudios científicos que, entre otras cosas, demuestran que los adolescentes no poseen un total desarrollo del lóbulo frontal hasta los 20 años, con las consecuencias que esto tiene en el autocontrol, la toma de decisiones, el desarrollo del pensamiento abstracto y la anticipación de las consecuencias, entre otras cuestiones. Esto fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la propia Corte de los Estados Unidos en los casos “Poper”, “Miller” y “Graham”.
“Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia e impedir su resocialización y desarrollo sano. Soy defensor público desde hace más de 30 años. Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria: la mayoría de los niños que estuvieron ahí privados de su libertad hoy están muertos o están presos con penas altísimas”, concluyó. (APF)
La Rosca |Movillizaciones contra la reforma laboral|
La Departamental Paraná del PJ se sumará a la movilización contra la reforma laboral que comenzará a las 18:30 hs en la Plaza 1° de Mayo junto a trabajadores, sindicatos, partidos políticos populares y paranaenses en general bajo la consigna “sin trabajo no hay patria”
Comunicado de la Departamental Paraná del PJ contra la reforma laboral
El peronismo es la fuerza política histórica que fundaron los trabajadores en Argentina bajo el liderazgo de Perón para llevar adelante un proceso de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política en una comunidad organizada en torno al trabajo, donde la igualdad sea el criterio rector y la armonía entre capital y trabajo la garantía de la justicia y la paz social.
Cada vez que bajo gobiernos liberales autoritarios o democráticos, desde 1955 a estos días, se proponen “reformas llaborales”, lo que se busca bajo ese eufemismo es avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores bajo los gobiernos peronistas y favorecer la concentración económica en manos de empresarios inescrupulosos como Rocca de Techint, Elsztain del Banco Hipotecario o Galperín de Mercado Libre, que permanentemente enajenan su capital en el exterior, fugan la ganancia obtenida y desinvierten para convertir sus activos en especulación financiera, desentendiéndose de la suerte de la economía nacional, de la producción y el trabajo de los argentinos. En ningún modo les interesa generar más trabajo sino acumular más ganancia flexibilizando las relaciones laborales, la explotación y el salario de los trabajadores formales e informales.
En nuestra provincia, la avanzada de la reforma laboral mileísta tiene el sello de Frigerio y su alianza de gobierno, que inauguró su gestión destruyendo la principal Obra Social de los entrerrianos para hacer del OSER el negocio de sus socios porteños y de legisladores que levantaron la mano para despedir y perseguir empleados que han dado sobradas muestras de compromiso y eficiencia en sus labores a lo largo de la vida del IOSPER. Lo mismo con la degradación de la administración pública con la incorporación de parásitos importados de CABA; las cesantías en el área de Derechos Humanos concretada a fines de 2025 y la amenaza sobre la Caja de Jubilaciones y otros organismos públicos de los cuales depende el bienestar del pueblo entrerriano.
De esta forma, lo que buscan como objetivo estratégico es desarticular el principal vínculo de organización social como el trabajo y en ello la desaparición del peronismo como fuerza política que expresa y defiende el interés de los trabajadores.
Por eso decimos que el rechazo de la pretendida reforma laboral de Milei y Frigerio es una obligación de todo dirigente peronista, porque conceder a ello es atentar contra la comunidad, la familia, la justicia y la paz social, y al fin y al cabo, contra el peronismo. Por lo cual sostenemos que resistir la reforma laboral nos distingue a los peronistas que sostenemos la lealtad a Perón y nuestro pueblo como bandera frente a aquellos que agachan la cabeza y no lo hacen.
A la vez, defender el trabajo es entonces una posición ética que debemos sostener todos los argentinos que aún sostenemos un vínculo patriótico con nuestra historia y vida comunitaria, los trabajadores formales e informales, los desempleados, los jubilados, los estudiantes y jóvenes en general, porque SIN TRABAJO NO HAY PATRIA PARA NADIE.
La Rosca |Movilización contra la reforma laboral|
“La importancia de la movilización en Rosario demuestra que hay fuerza social para frenar esta reforma reaccionaria, que busca legalizar la precarización y avanzar contra más de cien años de derechos laborales conquistados”, afirmó Burgos.
En ese sentido, denunció que “mañana los senadores que tratarán esta reforma deberán hacerse cargo de votar a favor de una verdadera estafa a los trabajadores, al servicio de los grandes empresarios y las corporaciones, mientras millones viven de changas, con salarios de miseria o directamente sin trabajo”.
Burgos también cuestionó a la conducción de la CGT por no convocar a un paro general: “No se puede enfrentar una ofensiva de esta magnitud con medidas tibias. Hace falta un paro general y un plan de lucha, no negociaciones a espaldas de quienes todos los días sostienen el país con su trabajo. No podemos dejar que el entreguismo de las direcciones traidoras desmovilize al conjunto de los que venimos luchando. Mañana desde la izquierda vamos a marchar también en apoyo al hospital Garrahan. El ataque a sus trabajadores con sanciones y despidos como contra nuestra compañera Norma Lezana es muestra de lo que quieren hacer con el conjunto de los trabajadores que luchan cuando tengan esta reforma que nos quiere precarizados y desorganizados.”
La dirigente entrerriana remarcó que este ataque se inscribe en un ajuste más amplio: “En Entre Ríos, Frigerio aplica el mismo ajuste, recortando en salud, educación y salarios estatales, mientras se multiplican las presiones y la falta de paritarias. Es el mismo modelo que hoy se quiere blindar con esta reforma laboral”.
Por último, Burgos convocó a movilizar en la provincia: “Este miércoles a las 18:30 en Paraná tenemos que estar en la calle en Paraná, rodear el Congreso y decir bien claro que no vamos a permitir esta reforma esclavista. La fuerza está en la movilización y en la organización independiente de los trabajadores”.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
El planteo fue realizado mediante una nota enviada al presidente de OSER, Mariano Gallegos, firmada por el titular de FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, junto al secretario, Lautaro Torriano. Allí informaron que el tema fue abordado en una reunión de mesa directiva ampliada, realizada el 4 de febrero, con la participación de los titulares de las entidades gremiales departamentales.
En el comunicado, las autoridades expresaron: “Nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento lo tratado en reunión de mesa directiva ampliada con la presencia de los presidentes de las entidades gremiales departamentales que conforman esta federación. En la misma se analizó exhaustivamente la continuidad del vínculo prestacional entre la FEMER y el OSER”.
Según detallaron, durante el encuentro “se explicitaron un sinnúmero de reclamos por los débitos aplicados a nuestra facturación, muchos de ellos resueltos unilateralmente por la obra social y otros motivados por los numerosos asuntos pendientes, que subsisten y que fueran explicitados en nuestra nota de fecha 21/1/26”. En ese marco, indicaron que “se exteriorizó el menoscabo sufrido y la creciente irritación que provoca en los profesionales que integran el gremio médico entrerriano”.
FEMER sostuvo que la asamblea consideró “imprescindible y urgente la formalización de un convenio prestacional con reglas consensuadas y claras, que eviten estas perturbaciones”, y remarcó que “transcurridos muchos meses no se ha logrado un acuerdo arancelario ni una propuesta razonable de convenio con la OSER”. En ese sentido, advirtieron: “No puede sostenerse indefinidamente esta situación inestable que mantiene a nuestros profesionales asociados en la incertidumbre respecto de los valores y plazos en que percibirá la prestación que brinda”.
Finalmente, el gremio médico requirió “suscribir un convenio prestacional que contemple un acuerdo de valores justo y serio que permita la continuidad de las prestaciones médicas a los afiliados de la OSER y que nuestros profesionales asociados puedan ejercer su actividad sin zozobras”. Además, informaron que el consejo directivo de FEMER fue convocado para el 25 de febrero, fecha en la que se evaluará refrendar un eventual convenio o, en su defecto, definir la posición y los pasos a seguir, lo que podría derivar en la interrupción de las prestaciones si no hay acuerdo.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
“Estas dificultades, que ya existían en el marco de Iosper, se han profundizado tras la conformación de la OSER, que-lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a afiliadas y afiliados- no ha logrado dar las respuestas que la situación requiere”, sostuvieron.
“Tal como lo señalamos oportunamente, advertimos que muchas de las decisiones adoptadas se han realizado de manera discrecional y sin la transparencia necesaria, en un contexto que genera serias dudas sobre el destino y el uso de los recursos de la obra social, hoy bajo la órbita del gobierno de la provincia de Entre Ríos”, alertaron.
“Lamentablemente, en la vida cotidiana de quienes utilizamos la obra social seguimos observando que los problemas de acceso a la salud no se resuelven, y que persisten importantes dificultades administrativas y de funcionamiento en una institución que debería estar al servicio de las y los trabajadores”, sostuvieron.
“En este marco, nos preocupa profundamente la circulación de denuncias anónimas que dan cuenta de un clima de malestar creciente entre afiliadas, afiliados y trabajadores del sistema, y que reflejan una realidad que vivimos día a día: el acceso efectivo a la salud está siendo puesto en riesgo”.
“Queremos expresar nuestra solidaridad con todas y todos los afiliados, y especialmente con las trabajadoras y los trabajadores de OSER, quienes no solo enfrentan recortes y dificultades en la prestación de servicios de salud, sino también situaciones de hostigamiento y la falta de respuestas a problemáticas estructurales como salarios y condiciones laborales”.
“Por todo esto, llamamos a mantenernos en estado de alerta y movilización para defender la obra social y para seguir impulsando un sistema de salud que conciba la salud como un derecho fundamental y no como un negocio”, señalaron. (APF)
La Rosca |Caminos rurales|
El subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, José Palacios, encabezó una reunión de trabajo con representantes de Estación Sosa, María Grande Segunda, El Palenque, Colonia Rivadavia, Antonio Tomás, Arroyo Corralito y Aldea Santa María.
Del encuentro también participaron el director de Obras por Administración, Raúl Casali, y el jefe del Departamento II Consorcios, Marcelo Solanas. Tras el encuentro, la presidenta comunal de Estación Sosa, Gloria Vittor, remarcó: “Es muy interesante esta propuesta porque nos puede brindar la posibilidad de mejorar los caminos y dar mayor transitabilidad y mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a la zona rural”.
“Hay que seguir trabajando, ver la situación de cada uno de los caminos y las posibilidades que tenemos las comunas de poder acceder con maquinarias y realizar el mantenimiento de los mismos. Continuamos trabajando con muy buenas perspectivas para darle solución a la red vial de nuestro ejido comunal”, continuó.
Por su parte, Patricia Romero, de María Grande Segunda, comentó: “Es mi primera reunión como presidente comunal y resultó muy positiva. Tenemos que analizar este convenio porque en nuestro caso aún no contamos con las herramientas para hacernos cargo de tantos kilómetros. Los primeros dos años nos dedicamos a la limpieza de banquinas y el recambio de alcantarillas que también es fundamental para la transitabilidad, pero en este caso debemos analizarlo en profundidad para tomar la mejor decisión para nuestra zona”.
La Rosca |Acompañamiento en el Consejo General de Educación |
Subrayó que su función estará centrada en el acompañamiento al Consejo General de Educación (CGE), respetando su autonomía, y en la articulación con distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la educación en la provincia, marcada por recortes presupuestarios, sobrecarga docente y la necesidad de promover procesos de innovación pedagógica en un contexto de escasez de recursos.
Kerz insistió en que su tarea en el Gobierno será “acompañar” la tarea que desarrolle el Consejo General de Educación (CGE), y que su área depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo. “Voy a trabajar articuladamente con el Consejo”, aclaró. “Se trata de respetar la autonomía del Consejo”, apuntó.
Sobre su llegada al gobierno -en una función que cumplirá Ad honorem y a tiempo parcial-, dijo que el primer llamado que recibió fue del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; luego, dialogó con el gobernador Rogelio Frigerio; y al final la convocatoria para sumarse a la Secretaría de Articulación Educativa provino del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
“Yo voy a estar a disposición de la presidencia del Consejo, trabajando muy cerca; y en la articulación con otros organismos. Además, voy a aportar desde mi experiencia académica lo que tiene que ver con las transformaciones internas, la forma de aprender en las escuelas, las transformaciones que han ocurrido en la forma de relacionarse con las escuelas de las niñeces y juventudes. No creamos que porque está la Inteligencia Artificial vamos a dejar de pensar; al revés, tenemos que pensar todavía más para poder tener después la maquinaria, la Inteligencia Artificial a nuestro favor”, comentó.
En ese marco, el funcionario describió en declaraciones periodísticas, el complejo escenario que atraviesa actualmente el sistema educativo entrerriano, condicionado por limitaciones presupuestarias, recortes a nivel nacional y una creciente carga administrativa sobre el trabajo docente. Dijo en tal sentido: “Estamos en un momento de enormes restricciones. Tenemos grandes dificultades con los recursos. Hay determinado tipo de recorte que se sienten. Por ejemplo, ahora disminuyó el presupuesto educativo nacional, y eso nos hace suponer que habrá bastantes tensiones en ese aspecto. Y uno trata de convivir con esas cuestiones y resolver como se pueda. Este es un aspecto, la restricción presupuestaria. Después, hay una sobrecarga docente, hay actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria, que uno tiene que ir pensándolas cómo las simplifica para el docente, porque tenemos herramientas a mano”.
Finalmente, Kerz puso el foco en la necesidad de revisar prácticas burocráticas y de generar condiciones que alienten la innovación en las aulas, acompañando a los docentes en los procesos de formación y experimentación pedagógica. “Esos documentos que se escriben por cada alumno, que después nadie lo lee, porque en realidad es algo rutinario que está. Hay que encontrar otra forma para aliviar también al docente de esa carga que tiene. Y después, acompañar en la formación docente, cómo uno anima a la docencia a poder explorar, a poder innovar, y no tener miedo de que seas reprendido por alguna experiencia incorrecta, porque en realidad es tan incierto el futuro que nosotros tenemos que animarnos a probar, incluso animarnos a innovar, siempre sabiendo que los recursos son escasos, y que va a ser dificultoso responder, digamos, la necesidad o las expectativas del colectivo docente. Aún así hay que animarse. Es lo mismo que me digo a mí. ¿Por qué no voy a acompañar en esto? Porque la otra era quedarme en casa protestando, o diciendo la cosa no funciona. Somos conscientes que hay enormes restricciones. Comparado con la época que a mí tocó ser presidente del Consejo, los recursos económicos eran bastante más accesibles. En esa época habíamos sido la cuarta provincia del país en inversión en educación técnica”, cerró.
La Rosca |Reclamo por servicio de colectivos |
Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas con los que se enfrentan, fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el defensor Lisandro Amavet.
Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se han registrado reclamos relacionados con recorridos, esperas por frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y de garitas. También se planteó la necesidad de que se liberen los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza el tránsito de los colectivos, y que se atiendan los inconvenientes que genera la altura de los escalones de acceso a las unidades en personas mayores o con dificultades de movilidad, entre otros temas.
Amavet dijo que, si bien la nueva concesión del servicio que se instrumentó en diciembre con los nuevos prestadores es un avance para la ciudad, “se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte”.
Seguidamente añadió: “El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una `llave´ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo”.
Participaron de la reunión un grupo numeroso de vecinos y funcionarios del área municipal.
La Rosca |INDEC e IPC|
“La reciente renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refleja la tensión del gobierno de Javier Milei sobre la implementación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, contextualizó, señalando que el IPC actual “mide una canasta de productos y servicios en base a las conductas de consumo del año 2004”.
En este contexto, el economista entrerriano aseguró que Lavagna había estado trabajando en la actualización del IPC para reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales. “Sin embargo, el gobierno de Milei está manipulando los datos para presentar una imagen más favorable de la economía”, sostuvo.
Para Gabás, el nuevo IPC, que se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, “iba a darle mayor ponderación a los servicios, como vivienda, electricidad y transporte, lo que podría mostrar una inflación más alta que la actual”.
A su vez, opinó que “la nueva canasta de consumo refleja patrones de gastos contemporáneos y acordes a la cultura de consumo, reemplazando a la vetusta canasta de 2004”. También consideró que “asimismo, se amplía la base de precios relevados de 320 mil a más de 500. Es decir que, el peso relativo de ‘Alimentos y bebidas’ bajaría del 26,9 al 22,7 por ciento, mientras que ‘Vivienda, electricidad y otros combustibles’ aumentaría de 9,4 a 14,5. El transporte ganaría relevancia, pasando del 11 al 14,3 por ciento”.
El dirigente entendió que “las consecuencias de dichas medidas ya están a la vista”. En esa línea, aseguró que “principalmente, Milei siempre se jactó de la intendencia del INDEC y su comportamiento es el reflejo de su impotencia. Lo que no gusta, se elimina. Deja de lado el respeto por las instituciones democráticas”.
Además, Gabás consideró que “la pérdida de credibilidad y la manipulación de los datos estadísticos ha generado no solo incertidumbre en los mercados (caída de bonos, acciones y aumento del riesgo país) sino que, además, es el primer error no percibido por el gobierno (que va a tallar su gobierno), en su único vector de importancia económica, que era la inflación”.
La Rosca |Agroindustria nacional |
“La ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”, sostuvo el legislador.
“La industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE —definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental— funciona como una barrera para-arancelaria: una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”, afirmó.
“Hoy la UE es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel de nuestro país, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros mercados internacionales”.
“La agroindustria argentina no puede perder ese mercado, que llevaría al cierre de plantas industriales y a la pérdida de puestos de trabajo. En Entre Ríos el golpe afectaría de manera directa a las plantas instaladas en el centro de la provincia; fundamentalmente, en Nogoyá”, publicó Michel en sus redes sociales.
En este marco, afirmó que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.
La Rosca |Jornadas sobre narcotráfico y contrabando |
Con una destacada participación de representantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, funcionarios y profesionales y estudiantes del derecho, se desarrolló este viernes 6 en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú la jornada de capacitación “Narcotráfico y Contrabando”.
La actividad fue organizada por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el Gobierno Municipal y la Sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y trabajo conjunto para abordar estos delitos complejos.
La necesidad del trabajo articulado
En el acto de apertura, el juez federal Hernán Viri destacó el nivel de los expositores y el carácter plural de la jornada, que reunió a jueces y fiscales locales y federales, miembros de las fuerzas de seguridad, abogados, estudiantes, personal de Aduana y representantes de distintos organismos.
“Este es un encuentro para pensar, reflexionar y escuchar nuevas miradas sobre dos flagelos cuyas consecuencias nos atraviesan a todos”, expresó el magistrado, quien además subrayó que el objetivo era compartir experiencias y generar un intercambio abierto, más que brindar exposiciones magistrales.
El intendente Mauricio Davico valoró la realización del encuentro y afirmó que “como sociedad y desde los tres poderes del Estado es imprescindible trabajar en conjunto para enfrentar problemáticas tan graves como el narcotráfico y el contrabando”.
El jefe comunal enfatizó que “sabemos que es una guerra permanente, pero la única manera de avanzar es hacerlo unidos”, agradeciendo la elección de Gualeguaychú como sede del evento.
Panel sobre narcotráfico: enfoque en el microtráfico
La jornada se desarrolló en dos bloques temáticos. El primero, dedicado al narcotráfico y moderado por el juez Viri, comenzó con la exposición del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien compartió su experiencia de cinco años como Jefe de Drogas de la Policía Federal.
El funcionario provincial explicó que actualmente en Entre Ríos el enfoque está puesto en el microtráfico, “cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando se transforman en dinero, ese pasamano que empieza a volver a los productores”.
Roncaglia fue contundente al señalar las múltiples dimensiones del problema: “El narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de personas, es lavado de activos y es deterioro social. Hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente drogas, y somos todos perjudicados, aunque no seamos consumidores”.
El ministro subrayó además la importancia de la presencia territorial: “No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente”.
En el mismo panel expusieron el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, investigación y tratamiento judicial de estos delitos.
Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales, afirmando que “nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena”.
Contrabando en zonas fronterizas
El segundo panel, moderado por el secretario del Juzgado Federal, Dr. Pedro Bancoff, se enfocó en el contrabando y sus particularidades en zonas fronterizas. Participaron el diputado nacional Guillermo Michel, los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo.
La Rosca | Reclamo por paritaria del gremio docente |
El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), reunido en Ibicuy, declaró el estado de alerta y demandó al Gobierno provincial una “urgente convocatoria a paritaria salarial”. El reclamo se centra en la necesidad de una propuesta que dignifique el salario docente y garantice condiciones adecuadas para el inicio de clases en 2026.
Agmer manifestó que el ingreso actual de los docentes resulta insuficiente para cubrir gastos básicos como alquiler, servicios y alimentación. “Si hay un primer punto para reconocer nuestra labor, es que el salario alcance para vivir con dignidad”, expresaron los dirigentes.
El sindicato exige estabilidad laboral y mecanismos concursales transparentes, además de rechazar cualquier intento de modificar la Ley 8732 de Jubilaciones y Pensiones. “Defenderemos nuestros derechos previsionales sin más ajustes ni despojos”, remarcaron.
El último congreso de Agmer, realizado en diciembre en San Salvador, ya había advertido sobre la falta de avances en las comisiones paritarias y reclamado un nuevo acuerdo salarial que contemple el costo de vida en aumento. En agosto y diciembre de 2025, el gremio pidió reabrir la paritaria anual, pero no obtuvo respuestas.
La negociación de 2025 fue extensa y conflictiva. Tras varias audiencias, el Gobierno ofreció incrementos atados al índice de inflación, un bono fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad y mejoras en el Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo, Agmer consideró la propuesta insuficiente y condicionó su aceptación a la actualización de la base de cálculo y la corrección de distorsiones en el escalafón.
De cara al ciclo lectivo 2026, el sindicato advierte que la responsabilidad política recae en el gobernador Rogelio Frigerio. “Si no hay respuesta que contenga nuestros planteos, alertamos sobre la responsabilidad absoluta del Ejecutivo en el inicio de clases”, señalaron los congresales.
Agmer reclama que la paritaria se convoque de inmediato, que se garantice inversión en infraestructura escolar, transporte y obra social, y que se avance en un acuerdo salarial que supere la inflación. El gremio ratificó que continuará en estado de alerta y movilización hasta obtener una propuesta que dignifique la tarea docente.
La Rosca |Administración en ATER |
Korell indicó que, si bien el caso de Concepción del Uruguay “puede ser un disparador, pero es el inicio de un proceso que ya lleva alrededor de un año y medio en el que venimos trabajando; la administradora trató en su objetivo de digitalizar y tener todos procesos digitales y la detección de mejoras también fue parte de eso”. Al respecto, puntualizó que “estuvimos trabajando en la herramienta, después en el marco normativo de cómo se podía aplicar y se fueron llevando varias tareas a cabo hasta que decidimos empezar este año con la detección de mejoras que no estaban declaradas”.
Aclaró en declaraciones periodísticas que, “a veces el contribuyente, en el afán de no entender cómo tenía que declararlo, también el sistema era complejo, y a veces el vecino pensaba que lo declaraba en el municipio y cuando le llegaba la boleta del impuesto inmobiliario que recaudamos desde ATER, no estaban declaradas esas mejoras”.
Ante ello, comentó que “en primer lugar, intentamos hacer acuerdos con los distintos municipios para que nos brinden información de sus datos. La realidad es que muchos municipios a veces no están preparados y no tienen ni la capacidad ni la tecnología que tenemos nosotros, o tienen la información en soporte papel y se hace muy difícil el tema de la carga. Entonces no teníamos ese fluido de datos que nosotros necesitamos, con lo cual tomamos la decisión de empezar a actuar a través de la administradora, y llegamos a esta conclusión que nos da, en promedio un 30 o 40% de las partidas que no tienen declaradas sus mejoras en el impuesto, aunque en algunas localidades hay porcentajes mucho mayores”.
Sobre la tecnología implementada, indicó que “se hizo trabajando con los técnicos. En la Dirección de Catastro, que está a cargo nuestro, hay unos chicos que son muy jóvenes, y en conjunto con la Dirección de Sistemas fueron desarrollando herramientas que son gratuitas. La administradora no gastó un solo peso en el trabajo de generar estas herramientas para poder detectar. Con el fin de ir tratando de optimizar los recursos, lo fuimos haciendo nosotros porque la realidad es que los recursos humanos que tiene la administradora tributaria son muy buenos, en su mayoría son profesionales, a veces hay que ordenarlos, pero siempre con un objetivo de adónde se quiere llegar y generaron esta herramienta, que en otros casos capaz que hubiera generado un costo significativo para las arcas del Estado. En este caso no gastamos un solo peso en generar estas herramientas”.
Consultado por el nivel de recaudación de impuestos durante 2025, el funcionario sostuvo que “teníamos en el presupuesto alrededor de 900.000 millones de pesos y la realidad es que recaudamos un 10% más. Obviamente que en el contexto y la situación en que se encuentra la provincia, a veces, los recursos no alcanzan, pero la realidad es que el año pasado tuvimos un plan de pago que fue bastante beneficioso para los contribuyentes que se pudieron poner al día con sus deudas, y también nos generó una compensación con la pérdida de los recursos que tiene la provincia a nivel Nación y tratamos de ir colaborando. Si bien nuestra cuota de aporte es más chica, todo hace que sume y podemos aplicar esos ingresos a políticas de Estado”.
Respecto del impuesto automotor, explicitó que “nuestro código fiscal el año pasado nos permitía incrementar en las últimas cuotas, pero la realidad es que el impuesto quedó fijo para todo el año y se dio la posibilidad al contribuyente de tener una cuota más”. Al respecto, aclaró: “La desinformación hizo que se considere que se había agregado una cuota, pero en realidad dimos la posibilidad de que el mismo impuesto se pueda pagar, en vez de cuatro cuotas, en cinco cuotas”.
“La realidad es que el año pasado los valores se incrementaron a niveles de la inflación del año 2024, que era alrededor del 115%. En este caso, el proceso de inflación va desacelerando y obviamente que los aumentos van a ser seguramente menores, pero hay que tener en cuenta que el impuesto automotor se rige por el valor de tabla que no fija la Dirección Nacional de Registro Automotor, es decir que función de eso y de acuerdo a las tablas y los coeficientes que tiene la administradora se aplica el impuesto. Pero la base del origen surge de las evaluaciones de la Dirección Nacional de Registro Automotor”, apuntó.
Como ejemplo, mencionó que “el impuesto inmobiliario rural tiene una baja morosidad, y realmente es mucho mejor cumplidor que el urbano”.
Al momento de analizar la influencia de la crisis económica general del país en la morosidad, Korell admitió que “se ha notado que, a los contribuyentes de bajos recursos obviamente le cuesta mucho más cumplir, porque tienen otras prioridades, pero a nivel general diría que ha mejorado la performance del cumplimiento de las obligaciones”.
Consideró que “también ayudó mucho el tema del plan de pago, que tenía muchos beneficios y mucha gente se pudo poner al día. Eso ayudó, porque la realidad es que tuvimos una recaudación de 35.000 millones de pesos en el régimen del plan de pago, teniendo promedios de 90.000 mensuales. La realidad es que fue un monto importante”.
En el otro extremo, sobre el sector de mayores ingresos con bienes de lujo, embarcaciones, o vehículos de alta gama, puntualizó que “en relación con embarcaciones, este año hicimos operativos en guarderías; se nos hace muy difícil porque no es como el registro automotor que podemos tener una información o una base de datos y se hace muy difícil la detección. De todos modos, estamos trabajando ahora en periodos de verano donde las dejan en guardería, y se está trabajando para que haya más equidad y que todos paguen”.
“Con respecto al tema de automotor, hemos notado que han venido vehículos de origen chino o de mecánica híbrida o eléctrico, y puede ser que podamos mirarlo un poquito con más detalle, porque los vehículos híbridos tienen beneficios que no tienen los vehículos de motorización convencional. Entonces, si bien ahora se acortó el periodo de exención, porque antes tenían 5 años de exención, ahora vamos a tener que ir mirándolo. Pero más que nada lo que se ha incrementado son vehículos de motorización híbrida, no tanto de alta gama”, explicó.
Por último, aclaró que “el kayak o piragua no pagan tributo, estamos hablando en principio de que sea con motorización, una lancha o un velero”.
La Rosca |Vínculos en la Causa Kueider |
“Al día 22 de enero de 2026, el agente Rodolfo Daniel González es empleado de esta institución y revista en la Planta Permanente en la categoría A-06 del escalafón”, ratificó la BCN como respuesta al requerimiento.
«Gonzalito» está imputado en la causa que investiga a Kueider y está en manos del Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo considera parte de la “asociación o banda” destinada a cometer ilícitos. La magistrada lo investiga por varios delitos, entre ellos, lavado de activos.
Sin sueldo
La Biblioteca del Congreso aclaró que González no percibe un salario. “El agente se encuentra, desde el día 4 de abril de 2025, suspendido, sin prestación de servicios ni percepción de haberes”, puntualizó el organismo en otro tramo de la respuesta a Infobae.
La suspensión sin sueldo se resolvió “en virtud de un sumario administrativo en curso en esta Biblioteca del Congreso, relacionado con la causa judicial”, iniciada en San Isidro.
Luego, la BCN precisó que en marzo de 2025 “cursaba una licencia por enfermedad prolongada”. Ese mes, en medio de una serie de allanamientos y procedimientos dictados por Arroyo Salgado, quedó detenido. Fue alojado en Ezeiza. En julio de ese año logró que la Cámara Federal de San Martín revocara la prisión preventiva y lo excarcelara.
La Biblioteca del Congreso de la Nación es una institución pública que depende de ambas cámaras. La administra una comisión integrada por seis diputados y otros tantos senadores. La última conformación tuvo mandato hasta diciembre de 2025. Su presidenta fue la senadora Luisa Ávila (Tucumán – Partido de la Justicia Social). Infobae intentó contactarla, pero no respondió los mensajes.
Cuál era el vínculo entre González y Kueider
«Pajarito» quedó como empleado de la biblioteca a principios de siglo. Cuando Kueider llegó al Senado en diciembre de 2019, lo llevó a trabajar con él. La relación tenía dos facetas. Una en lo público: González quedaría adscripto al despacho del entonces senador y no debía cumplir con las formalidades de horarios y demás en la BCN. La segunda, en lo privado: tenía que “poner el rostro” como presidente de Betail SA.
Kueider adquirió la empresa ese mismo mes, a días de asumir su banca. «Gonzalito» figuraba como dueño del 50% de las acciones. Y, en los papeles, era el presidente. Duró poco. En los primeros meses de 2019, el ex senador repatrió de España a su primo Javier Rubel. Este albañil de Concordia se quedó con la parte y el cargo de González en Betail.
Este movimiento debía ser definitiva, pero surgió un problema. La ex pareja de Rubel lo acusó de abuso de sus hijas menores, nacidas durante una relación anterior. El caso sacudió los Tribunales de Concordia. Y forzó a Kueider a revertir la venta de acciones. González volvió a quedarse con el 50% de la empresa y a figurar como presidente.
«Gonzalito» era, además, el dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay. Junto a él iba su ex secretaria Iara Guinsel. Trasladaban más de USD 200 mil sin declarar. Por esa maniobra, será juzgado en Asunción en el mes de abril. Lo acusan de contrabando en grado de tentativa. El Estado paraguayo incautó el dinero y el vehículo.
Cuál era la importancia de Betail SA en el esquema
Federico Domínguez es el fiscal federal en quien Arroyo Salgado delegó la instrucción de la causa. El funcionario consideró en el expediente que la empresa era, en realidad, “una fachada, una pantalla”.
En la investigación judicial figura que entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider adquirió departamentos y cocheras en un edificio de lujo de la ciudad de Paraná. Esas unidades se registraron a nombre de Betail SA. Tres testigos aportaron esos datos. Se trata de personas vinculadas a la desarrolladora inmobiliaria que construyó el complejo.
La investigación también encontró que, para disimular las maniobras, se simularon préstamos de la firma Estructuras Financieras SA. La empresa desconoció las operaciones que figuraban en el balance de Betail.
Conforme a la hipótesis fiscal, esta estrategia se habría gestado porque Edgardo Kueider “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”.
La AFIP (hoy ARCA) informó que durante 2021 el ex senador por Entre Ríos registró ingresos salariales por un total de $4.114.023,59; en 2022 por $6.704.690,99; y en 2023 por $16.757.765,47. En esos años, no emitió facturas.
La suma de todos los montos no se acerca al 50% del valor pagado por los inmuebles.
Por último, otro dato es que González y su pareja, Adriana Crucitta (también vinculada a la causa), tenían una sociedad en común. Se llama Peninsular Sudamericana SAS. A través de esta figura, se ingresaba dinero a la cuenta de Betail SA. Por su parte, Guinsel usaba esos fondos para atender gastos de los departamentos, como expensas y servicios.
El propósito, según la hipótesis fiscal, era que la pareja de Kueider apareciera ejerciendo el carácter de administradora de los inmuebles a fin de “ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes”.
La Rosca |Polémica por proyecto industrial de la empresa HIF Global |
Formalmente, exigieron “acciones inmediatas y efectivas para defender nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional (Art. 41); cumplimiento estricto del Estatuto del Río Uruguay, particularmente los artículos 7 al 13 (Consulta y aviso previo ante la CARU); protección de nuestro patrimonio, cultura, ambiente y medios de vida frente a la amenaza de la planta química de HIF Global; y representación firme de los intereses de Entre Ríos ante las autoridades nacionales y en el ámbito internacional”.
“Usted fue elegido para representar y defender los intereses de los entrerrianos, no de corporaciones extranjeras ni de gobiernos foráneos. Este es un tema de soberanía, dignidad territorial y defensa de lo nuestro”, le recuerdan a Frigerio.
“Si el Estado Provincial no actúa ahora con firmeza, estaremos renunciando a nuestros derechos y condenando a nuestras comunidades. La historia juzgará nuestra acción u omisión”.
La misiva fue recibida por la secretaria del gobernador en el acto realizado el martes 3 de febrero en el Palacio San José, con motivo del acto conmemorativo de la Batalla de Caseros.
El agua del río, “impactada por sustancias químicas”
La iniciativa pertenece a la organización “Colón en riesgo”, encabezada por la Lic. Adriana Viollaz y el Ing. Miguel Delaloye, y reúne las firmas de vecinos preocupados por las posibles consecuencias del megaemprendimiento que se realizaría a 3.500 metros de la ciudad.
Tenemos conformados tres equipos: uno técnico-jurídico, uno institucional y otro de comunicación, desde los que vamos delineando acciones.
“Presentamos a los Concejos Deliberantes de la Microrregión Tierra de Palmares el pedido de declaración de causa, para que hagan una ordenanza en común declarando este problema como causa prioritaria. También presentamos una nota a Cancillería solicitando el pedido de información a la República Oriental del Uruguay y que se haga respetar el Tratado del Río”, menciona Viollaz a El Entre Ríos.
Además, “surgió la presentación de esta carta a Rogelio Frigerio, pidiendo que a nivel gobernación se establezca esta causa como prioritaria”.
“Lo preocupante es que van a utilizar el agua del río como insumo, que obviamente va a estar fuertemente impactada por sustancias químicas, afectando a todas las ciudades ribereñas que la consumimos. Esto amerita una intervención de todos los estamentos del gobierno de la provincia”, resalta.
Piden al gobernador “que haga las gestiones que correspondan a nivel nacional para que la causa tome la dimensión que debe, dado que ya se aprobó la validación de localización, están en proceso de presentar el estudio de impacto ambiental y esto sería en marzo”.
“Si repetimos la historia de Botnia, no estamos muy lejos de que comiencen las obras, pese a no haber consultado a la Argentina y no haber respetado el Tratado del Río Uruguay, generando una fuerte división entre la comunidad que está favor y la que está en contra”, concluye.
La Rosca |Debate sobre siniestros viales |
En un documento, UCR Activa señaló que “los datos son contundentes y verificables. El año 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales. El arranque de 2026 fue todavía más grave: enero terminó con 26 personas fallecidas. Si esa tendencia se mantiene, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un aumento de más del 70 por ciento respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”.
Además, advirtió que “nada de esto ocurre por azar. Entre Ríos ocupa una posición estratégica en el Mercosur. Es corredor obligado del comercio regional, con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires. A ese tránsito estructural se suma la producción agrícola-ganadera, avícola y la cuenca lechera del centro provincial. En verano, además, el turismo multiplica el flujo de vehículos. Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”.
Sin embargo, aclaró, “el Estado nacional decidió retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales. Y el gobierno provincial acompañó esa decisión sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio. El resultado es un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.
A esto se suma un nuevo contrato de concesión de rutas que vuelve a cometer errores graves. “Entre las obligaciones de las concesionarias no se tuvo en cuenta a los bomberos voluntarios. Hoy, muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -porque tienen la obligación legal y humanitaria de hacerlo- tienen deudas con estaciones de servicio y no saben cómo afrontarlas”.
UCR Activa marcó que “los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes. Tampoco se contempló entre las obligaciones, que aporten al sistema sanitario provincial porque utilizan su infraestructura y recursos públicos de manera permanente y no contribuyen en nada; lo que constituye un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.
Además, exhortó a los legisladores nacionales entrerrianos “a que trabajen para modificar los pliegos de licitación de las rutas nacionales 12 y 14. Es imprescindible que se incluya la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas. Y que se establezca, de manera explícita, un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.
Causales estructurales
Más adelante aclaró que “hay una causa estructural que también debe decirse sin eufemismos: el desguace del ferrocarril en la década de los ’90 convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren satura las rutas con camiones de gran porte, las destruye y multiplica el riesgo. Mientras tanto, Brasil moderniza y expande su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”.
Mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —infraestructura con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito, asistencia automática ante siniestros— en la Argentina los pliegos de licitaciones se siguen concentrando en: cobrar más, gastar menos, sin transformar la infraestructura física y sin contemplar la inversión en tecnología que salve vidas.
El costo de las vidas humanas
UCR Activa remarcó que “la falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”.
La Rosca |Ex funcionario implicado en siniestro gravísimo |
El abogado Félix Pérez, defensor de Ruiz Orrico —extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos— ofreció el pago de una suma total y única de 150 millones de pesos como “reparación integral del daño”, a través de una carta documento enviada a las familias. La oferta llegó a pocos días del juicio oral y público que será en Concepción del Uruguay. La primera audiencia será el 18 de febrero.
El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando Orrico, conduciendo alcoholizado un vehículo oficial, se desvió de carril y embistió de frente a cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso, causando la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, de 31 y 26 años; Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23).
Dubini apuntó contra el trasfondo de la maniobra legal. “Es un buen accionar de sus abogados defensores como estrategia, porque ante el juez van a decir que intentó compensar el daño que hizo. Pero la carta documento me parece una falta de respeto, de los abogados y de la Justicia”, afirmó la mujer en declaraciones periodísticas.
Con crudeza y dolor, la madre puso en palabras lo que, asegura, no puede cuantificarse: “Preguntaría cuánto vale la vida de un hijo de él. Mis hijos no tienen precio. El lunes nos hacen llegar la carta documento de este homicida que nos ofrece una suma de dinero”. El ofrecimiento fue rechazado.
En ese sentido, Dubini remarcó que, más allá de cualquier condena, nada podrá reparar la pérdida sufrida. “Lamento mucho que él, como persona, crea que con unos pesos va a arreglar el daño que hizo. Si bien a mí el hecho de que sea condenado no me va a devolver a mis hijos, mis hijos van a tener la Justicia que se merecen. Hace un año y siete meses que le vienen dando muchos privilegios”, sostuvo.
Finalmente, recordó a las víctimas y destacó el sacrificio y los sueños que quedaron truncos. “Ellos eran seres de luz. Luquita era el nene de la casa, tenía 26 años. Brian, de 31, era común que los días que no trabajaba viniera a comer a casa. Recuerdo esa noche que le dije ‘mañana hacemos unos fideos’, y me dijo que no vendría porque trabajaba. Le dije ‘¿qué vas a hacer con tanta plata?’ y me respondió ‘terminar mi casa’”, relató con emoción.
Y concluyó: “Eran gurises que debían estar en un boliche porque era feriado, pero iban a laburar. Lucas trabajaba para su hijo; Axel para terminar de pagar su auto y su casa; Lea trabajaba por sus hijos. Estos gurises solo querían progresar”.
La Rosca |Inminente inicio de actividades escolares |
El Secretario General de AGMER, Abel Antivero, se refirió a la discusión salarial de cara al inicio del ciclo lectivo: “Tenemos la necesidad de tener una discusión salarial ante el difícil escenario económico que está pasando la sociedad entera”.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos expresó su convicción sobre la necesidad de plantear durante el año la discusión salarial como tema central para los docentes. Antivero explicó que hubo avances y esperan el llamado antes del inicio del ciclo lectivo.
“Planteamos la apertura de diferentes estados paritarios que tiene que ver con salud laboral y con infraestructura. Porque nosotros vemos una mirada también desde dentro de las escuelas que muchas veces el gobierno no la tiene. Nuestros compañeros son parte de la vida de las instituciones, por lo tanto, hay problemáticas que nos trasladan y que nosotros podemos analizar muchas veces con el gobierno, a través de sus funcionarios”, explicó el secretario respecto a la labor que llevan adelante como gremio.
Sobre las Escuelas de Innovación (Nivel Secundario), AGMER planteó lo inconsulto de los avances para una transformación de fondo que implica, entre otras cosas, precarización laboral, modificación de diseños curriculares, sistema de evaluación, régimen de asistencia y cargas horarias.– Ante los planteos sobre lo sucedido con el Nivel Superior, el CGE informó que están en diálogo con cada instituto confirmando las preinscripciones y las continuidades.
“El gobierno había definido en el último semestre avanzar sobre recategorizar escuelas y eso implica que algunos docentes puedan llegar a quedarse sin trabajo. Y nos pasó en el departamento Feliciano, donde 38 docentes se quedaron sin su empleo”, explicó el secretario con respecto a otro de los puntos que se pusieron en debate en la reunión.
Finalmente, Antivero concluyó que el trabajo que lleva adelante el gremio es pura y exclusivamente para evitar ajustes en la educación: “Sobre todo si hablamos de las escuelas rurales, hay que seguir teniéndolas”.
La Rosca |Preocupación por el agua en Paraná |
Durante el encuentro, concejales trasladaron reclamos concretos vinculados a problemas de presión, distribución e infraestructura, especialmente en zonas que históricamente presentan mayores dificultades. En ese marco, se enfatizó en la necesidad de que las obras planificadas se traduzcan en mejoras reales y visibles para la comunidad.
Desde el área municipal se brindaron detalles del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en Paraná, que contempla obras estructurales para optimizar la producción y distribución del servicio. Asimismo, se informó sobre el rol de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, encargada de la operación de las plantas, el mantenimiento de redes, la micromedición y el control de calidad del agua.
Participaron de la reunión la presidenta del bloque, Silvia Campos, y los concejales Rosana Toso, Maximiliano Rodríguez Paulín y Fabián Carbajal, junto a la secretaria Narella Guerra.
Desde el bloque se subrayó que el acceso al agua potable de calidad no puede ser un privilegio, sino un derecho básico, y se reafirmó el compromiso de seguir controlando y acompañando cada reclamo vecinal, como se viene haciendo en otros temas de la agenda local, destacando también la importancia del trabajo articulado con las áreas municipales responsables de llevar adelante las políticas públicas.
La Rosca |Debate sobre acuerdo con la UE |
El bloque de Unión por la Patria tuvo una larga reunión durante la noche del martes y todavía no hay una postura de consenso. Un diputado que participó del encuentro afirma que “hay buena predisposición pero queremos ver los papeles”. “Hay 8 mil fojas que todavía nadie vio pero dicen que ya están en Legal y Técnica”, apunta.
Entre los diputados miran con preocupación la reciente decisión de la Comisión Europea de calificar a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” y, entienden, amenazas el negocio del biodiesel argentino. Además, en el kirchnerismo siempre hubo reparos con el acuerdo por considerar que no defiende los intereses del sector industrial argentino.
En medio de esa confusión en el bloque, un grupo de diputados dio un primer paso para apoyar el acuerdo porque creen que tiene aspectos positivos para el campo y podría ser una señal de acercamiento.
El grupo conformado por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Juan Pablo Luque y Emir Roberto Félix presentó un proyecto para crear una comisión bicameral con participación de sectores empresarios para evaluar los impactos del acuerdo y evitar que haya sectores perjudicados. Uno de los casos sobre los que quieren poner especial atención es el biodiésel, un sector que quedaría muy complicado con el acuerdo.
El grupo que presentó este proyecto viene teniendo diálogos con las entidades del campo, donde le expresaron apoyo al acuerdo con la Unión Europea. También hubo consultas con el titular de la comisión de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, que respaldó la creación de la Bicameral.
“Es necesario que los políticos escuchemos a los sectores industriales, al campo, la agroindustria, las cadenas de valor y los trabajadores al momento de implementar un acuerdo tan trascendente para nuestro país”, señala el proyecto.
En cambio, Juan Grabois publicó un mensaje lapidario en redes sociales. “Olvídense que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales”, escribió. Una línea similar a la de Grabois estaría expresando el excanciller Jorge Taiana.
Mientras tanto, los diputados de La Cámpora y el kircherismo duro están paralizados a la espera de alguna señal de Cristina, que se mantiene en un largo silencio y concentrada en su situación personal.
El acuerdo con la UE es un ejemplo clarísimo de la actualidad del peronismo, con dirigentes que están quietos por la falta de una bajada de línea y con miedo a expresar cualquier opinión por temor equivocarse. Por eso acaso sea una señal el movimiento del grupo de diputados que se desmarcó y apoya el acuerdo.
Además del impulso de Milei al acuerdo, al kirchnerismo le genera una contradicción también por la relación con Lula, que en una posición diametralmente opuesta expresó su “confianza” en que el Congreso “no medirá esfuerzos” para internalizar el acuerdo “en el menor plazo posible”.
La Rosca |Reunión de gabinete |
El encuentro semanal tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, donde los presentes analizaron la conmemoración de la batalla de Caseros, rescatando el aporte de Entre Ríos a la organización nacional y tomando el compromiso de defender y difundir esta herencia, tal cual lo desatacó el gobernador en el acto de la víspera.
“Hicimos un balance del acto de conmemoración de la batalla de Caseros, que fue una jornada muy provechosa, que reivindica la figura del general Justo José de Urquiza”, agregó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, al referirse a la actividad.
El titular de la cartera sanitaria, vocero de la reunión, expresó que también se trató el plan de refacciones y reparaciones de la red vial provincial, “porque hay rutas que están en mal estado”. A propósito, Blanzaco comentó que se debatió sobre el nuevo control de los pesajes en las rutas, “porque hay camiones que están con sobrepeso transitando las rutas que nos cuesta mucho esfuerzo mantener”.
Por último, el titular de Salud se refirió a un tema que preocupa a la gestión gubernamental y especialmente al área a su cargo: el alto índice de suicidios que tiene la provincia. “Es un tema que venimos abordando desde la Dirección General de Salud Mental desde el año pasado, en trabajo conjunto con la Legislatura, el Ministerio de Desarrollo y el Consejo General de Educación. Vimos los planes orientados a la promoción y prevención, que implementaremos a lo largo del año para disminuir este flagelo, y aprovechamos para recordar la disponibilidad de la línea gratuita 135”, finalizó.
La Rosca |Ley de emergencia en discapacidad |
La norma, sancionada como Ley 27.793, declara la emergencia en materia de discapacidad y establece un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Si bien el Congreso la aprobó, el Poder Ejecutivo había dispuesto mediante un decreto que su aplicación quedara condicionada a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Esa decisión derivó en una presentación judicial. En diciembre pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su “inmediata puesta en marcha”. En su fallo, sostuvo que el condicionamiento presupuestario resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad.
El Gobierno nacional apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín, pero el magistrado habilitó la feria judicial de enero para supervisar el cumplimiento del fallo. En ese marco, intimó al Ministerio de Salud a informar qué medidas había adoptado para avanzar con la implementación de la norma.
A comienzos de enero, la cartera que conduce Mario Lugones comunicó a la Justicia que había iniciado una serie de pasos administrativos y comunicaciones internas para poner en marcha la ley, aunque aclaró que su aplicación no podía ser inmediata y no precisó fechas concretas. Con la reglamentación ahora publicada, el Ejecutivo formalizó ese proceso.
La reglamentación aprobada ahora define cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley, que hasta el momento carecía de reglas operativas. Entre los cambios más relevantes figuran la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la conversión automática de beneficios ya otorgados y la implementación de auditorías periódicas para controlar el sistema.
Además, se dispuso que las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de las prestaciones alcanzadas.
La reglamentación también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Asimismo, establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.
El decreto ratifica además los mecanismos institucionales de consulta y participación, a través del Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad, con esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La norma lleva la firma del presidente, Javier Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Federico Sturzenegger.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación “sin reconocer hechos ni derechos” ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, pero con el objetivo de dotar de precisión operativa y administrativa a la norma, ordenar los criterios de implementación y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las políticas públicas.
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y sistemas de auditoría, y establece que el régimen deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.
La Rosca |Reclamo salarial |
En el marco de un plan de lucha que comenzó a finales de 2025, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para este viernes 6 de febrero. La decisión surge ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial a los pedidos tramitados a través de la Mesa Salarial del Poder Judicial.
Desde el gremio calificaron como ”inaceptable” la situación económica que atraviesa el sector, denunciando que el sueldo de un escribiente sin antigüedad se encuentra actualmente por debajo de la línea de la canasta básica. Ante este escenario, la organización ratificó un pliego de reclamos que incluye la recomposición salarial inmediata y el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos.
Puntos clave del conflicto
Además de la cuestión salarial, los trabajadores judiciales exigen el cumplimiento de ítems específicos como:
- El pago del título profesional.
- El adicional por tareas especiales para notificadores y evisceradores.
- La defensa irrestricta del 82% móvil para las jubilaciones
Alerta por el sistema previsional
Uno de los puntos de mayor tensión en el comunicado es la advertencia sobre posibles reformas en el sistema jubilatorio. AJER denunció la intención del Gobierno de eliminar el 82% móvil, aumentar la edad jubilatoria y suprimir el beneficio del “3×1″.
“Defenderemos nuestros derechos con unidad y determinación”, afirmaron desde el sindicato, dejando en claro que, si bien mantienen la voluntad de diálogo para solucionar el conflicto, no darán marcha atrás con las medidas de fuerza hasta obtener una propuesta concreta que revierta el deterioro salarial de los últimos años.
La Rosca |Salida de Lavagna del gobierno nacional |
La renuncia de Marcos Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó fuertes repercusiones en el arco político.
En ese contexto, la diputada entrerriana Blanca Osuna vinculó el alejamiento del funcionario con una presunta manipulación de las estadísticas públicas por parte de la gestión de Javier Milei. “La renuncia de Marcos Lavagna al frente del Indec confirma una alarma que encendimos el año pasado en el Congreso. Advertimos entonces que modificar metodologías sin transparencia ni control parlamentario abría la puerta a la manipulación de estadísticas públicas. Por eso presentamos el proyecto 4559-D-2025 exigiendo explicaciones formales sobre el funcionamiento del organismo”, sostuvo la legisladora entrerriana.
“El gobierno de Milei construyó su relato político sobre la supuesta baja de la inflación y la pobreza. Pero la salida del titular del Indec, en medio del bloqueo a la actualización de los índices, expone la fragilidad de ese indicador y pone bajo sospecha los números que sostienen ese discurso”, enfatizó.
El nudo del problema no reside solo en los porcentajes, sino en la metodología utilizada para obtenerlos. La diputada entrerriana puso la lupa sobre un desfasaje técnico que el oficialismo omite: el uso de parámetros obsoletos para medir el costo de vida actual. Según Osuna: “La Canasta Básica Total se calcula con patrones de consumo de hace más de 20 años, cuando servicios y transporte pesaban mucho menos en el gasto familiar. Actualizarla habría mostrado una inflación más alta. Y como la pobreza se mide por ingresos en relación a esa canasta, usar una base desactualizada también distorsiona ese indicador: la supuesta baja de 20 puntos que anuncia el Gobierno no refleja la realidad.
Por último, afirmó que “el Indec es un organismo autárquico y debe estar sometido a control democrático. Lo exigimos el año pasado y lo seguimos exigiendo hoy: información pública clara, metodologías transparentes y rendición de cuentas ante el Congreso. Defender la verdad de los datos es defender los derechos de nuestro pueblo”.
La Rosca |Denuncia pago discriminatorio de dieta |
Etcheverry sostuvo: “En vista de la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de no revisar el fondo de la resolución de primera instancia —que convalidó el incumplimiento y el pago discriminatorio de las dietas — y de imponer además las costas del proceso a quien reclamó legítimamente, siento la obligación de decirlo con claridad. Mi reclamo fue válido, y el propio expediente demuestra que el pago se realizó recién después de iniciada la acción judicial. Aun así, la Justicia decidió no analizar si existió arbitrariedad, trato desigual o disciplinamiento económico, y terminó castigando a quien acudió a los tribunales para defender un derecho”, argumenta.
Luego indicó: “Considero que la tutela judicial efectiva y el derecho a ejercer la oposición sin presiones económicas no solo no fueron protegidos en este caso, sino que, con esta decisión, se profundizó el daño, trasladándome las consecuencias del incumplimiento estatal por haberlo visibilizado públicamente a la situación. Lo digo con responsabilidad institucional: mi caso no es un hecho aislado. En muchos municipios de la provincia, el uso de herramientas económicas para condicionar, disciplinar o silenciar a quienes no responden al oficialismo es una práctica conocida y ampliamente utilizada. Cuando la Justicia decide no favorecer el equilibrio y la institucionalidad, contribuye a que se sigan ocultando problemas estructurales del funcionamiento municipal”.
“Por esa razón, he decidido interponer un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en busca de una mirada objetiva e independiente que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no me ha brindado. Durante todo el proceso, el eje del reclamo fue sistemáticamente desviado, y finalmente se me sanciona por haber intentado resguardar mi derecho como representante electa. No puedo dejar de señalar una preocupación que excede mi situación personal. Mientras en otros casos -como reclamos de trabajadores contratados de Concordia tutelados por ATE- la Justicia entrerriana sí garantiza el acceso a la tutela judicial por la vía del amparo, y no deriva automáticamente los conflictos a otros fueros, pero cuando se trata de una concejal vecinalista, sin padrinos ni estructuras de poder profundas, el criterio parece ser otro. La pregunta es inevitable: ¿qué tienen en común las sentencias, que siempre terminan beneficiando al mismo espacio político?”, refiere.
“Yo no cuestiono a la Justicia por fallar distinto a lo que esperaba. La cuestiono cuando elige no revisar, cuando desplaza los problemas de fondo y cuando termina reforzando desigualdades de poder que deberían ser controladas, no naturalizadas, dependiendo quien sea el demandante y que padrinazgos tenga. Voy a seguir defendiendo mis derechos y los de quienes representan a sus comunidades sin obediencia ciega, porque la democracia local no se fortalece con silencios ni con castigos económicos, sino con reglas claras, igualdad ante la ley y jueces dispuestos a ejercer plenamente su función con objetividad La justicia entrerriana no tiene venda, ni balanza, ni espada. Tiene una birome para condicionar económicamente a quien desafía el status quo”, finalizó la concejal vecinalista de Sauce de Luna. (Fuente: Debate Abierto)
La Rosca |Palacio San José|
El ministro Troncoso aseguró que “la firma del convenio que estamos por concretar marca un punto de inflexión para el Palacio San José. Ningún gobernador se había preocupado como lo hizo Rogelio Frigerio por el estado edilicio de este emblema de nuestra historia”, destacó Manuel agregó: “no solo se preocupó: se ocupó, gestionó y tomó decisiones concretas para revertir años de abandono y degradación”.
Consideró “clave para recuperar el Palacio que queremos” al hecho de que la provincia “se haya hecho cargo y que avancemos hacia una cogestión entre Nación y Entre Ríos”.
“Estamos hablando de uno de los símbolos más fuertes de la identidad entrerriana y de un patrimonio central de la historia argentina, que durante demasiado tiempo sufrió un deterioro profundo”, recordó el funcionario.
“En política hay gestión y políticas públicas, pero también hay capital simbólico, y la recuperación del Palacio San José expresa una decisión clara: volver a poner a Entre Ríos en el lugar que se merece en la historia”, opinó y terminó diciendo: “es, en alguna medida, retomar el proyecto que soñó Urquiza y dejar atrás años de decadencia, apostando a una cultura viva, cuidada y proyectada hacia el futuro”.
La Rosca |Sentencia condenatoria a ex funcionario |
La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná dictó una sentencia condenatoria contra Gustavo Eduardo Borrajo, exfuncionario provincial, obligándolo a pagar al Estado Provincial la suma de $25.722.684,17 más intereses desde agosto de 1998, que totalizan más de $100 millones de pesos actualizados. Borrajo ocupó el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999, período en el que se detectaron graves irregularidades en la gestión bancaria de la cartera.
Irregularidades detectadas
Entre las irregularidades encontradas se destacan la falta de rendición de cuentas documentadas, la ausencia de documentación al finalizar su gestión, la pérdida de control de causas judiciales y la imposibilidad de verificación por la falta de documentación, según reveló una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Fallo de la Cámara
Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui señalaron que la conducta de Borrajo se limitó a cuestionar aspectos formales del proceso sin demostrar su diligencia en la función. La sentencia aplicó el principio de “culpa in re ipsa” y confirmó la responsabilidad civil del exfuncionario, imponiendo el pago del capital más intereses y las costas judiciales.
Antecedentes del exfuncionario
En los dos últimos años de la segunda Gobernación de Jorge Busti y Raúl Franzoni, Gustavo Borrajo se desempeñó como presidente del Instituto del Seguro, estando involucrado en situaciones controversiales relacionadas con planes de retiros voluntarios y ventas de cartera de clientes. Su vinculación con el exministro Eduardo Macri en manejos financieros en Suiza también fue objeto de análisis y denuncias en medios locales.
La Rosca | Defensa de la agroindustria nacional|
A través de sus redes sociales, el diputado nacional Michel sostuvo que “la ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”.
En la misma línea, el senador Bahl remarcó que “la industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE, definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental, funciona como una barrera para-arancelaria y una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”.
Ambos dirigentes señalaron que la Unión Europea es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel argentino, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros destinos internacionales.
En ese sentido, advirtieron que perder ese mercado “llevaría al cierre de plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo”, con impacto directo en las plantas ubicadas en el centro de Entre Ríos, particularmente en Nogoyá.
Finalmente, plantearon que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.
La Rosca |Agenda de Frigerio en EEUU |
El objetivo del viaje fue presentar la situación económica y fiscal actual de la provincia, exponer las líneas centrales del programa de gobierno y ratificar el compromiso de Entre Ríos con una administración responsable, transparente y previsible de sus obligaciones financieras, luego de casi una década fuera de los mercados internacionales.
En ese contexto, Frigerio se reunió con representantes de importantes firmas financieras y con un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA y Bank of America, además del Banco Entre Ríos.
“Fue un viaje relámpago para volver a presentar a la provincia después de muchos años fuera de los mercados, mostrando los avances que hicimos en un contexto muy complejo”, explicó el gobernador, y destacó que, pese a una caída del 15 por ciento de los ingresos totales, la provincia logró pasar del déficit al equilibrio fiscal y cumplir con todos sus compromisos.
Frigerio remarcó que Entre Ríos tiene un perfil de deuda “altamente concentrado en el corto plazo”, con la mayor parte de los vencimientos en los próximos tres años. “Era necesario explicar nuestra nueva realidad a los inversores y mostrar que cumplimos y vamos a cumplir, incluso en los momentos más difíciles”, subrayó.
El mandatario aclaró que las reuniones no implicaron compromisos ni constituyeron un proceso de emisión de deuda, sino un non deal roadshow, una instancia previa para reconstruir credibilidad y retomar el vínculo con los mercados. “No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta concreta”, precisó.
Actualmente, la deuda en dólares de la provincia asciende a 280 millones de dólares, luego de haber sido reducida desde los 500 millones a través de amortizaciones y ahorros realizados durante la actual gestión. En ese sentido, Frigerio fue claro: “Si eventualmente vamos al mercado será exclusivamente para mejorar el perfil de la deuda existente, no para incrementarla”.
La Rosca |Cambios en Educación |
Kerz es sociólogo, docente e investigador, y ha desarrollado una extensa carrera vinculada a la educación, la gestión pública y el análisis social. En distintos momentos participó en debates sobre políticas educativas, inclusión y transformaciones del sistema escolar, además de desempeñarse como expositor en ámbitos académicos y jornadas de reflexión.
Al igual que Marta Landó, expresidenta del Consejo de Educación en la primera administración de Gustavo Bordet, Kerz asumirá el cargo ad honorem.
Kerz ocupó varios cargos en la gestión del exgobernador Jorge Pedro Busti. En 2005, y en medio del escándalo por la entrega de alimentos vencidos de programas sociales, reemplazó a la exministra de Desarrollo Social, Graciela López de Degani, que debió enfrentar además un proceso judicial de la que resultó sobreseída en 2007. Antes, entre 2003 y 2005 había sido Defensor del Pueblo de Paraná.
El 11 de noviembre de 2005, el entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, lo propuso para que Busti lo designe al frente del Consejo de Educación sucediendo en la función a Felipe Ascúa.
Un año después, en 2006, presentó su renuncia, molesto con la decisión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de instalar una carpa frente a Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial.
Además, Kerz fue diputado provincial, candidato a vicegobernador en 2011, acompañando en la fórmula a Busti, y ocupó otros roles relevantes en la gestión estatal, como la presidencia de la empresa láctea Cotapa.
Con su incorporación al gabinete de Frigerio, vuelve a ocupar un lugar central en la articulación de políticas educativas en la provincia.
La Rosca |Reclamo salarial en Salud |
La decisión surge como respuesta a lo que califican como un “empobrecimiento sistemático” y un “ajuste disciplinatorio”. Según manifestaron los delegados en las asambleas, la situación financiera de las familias es crítica debido a que los salarios no logran cubrir la canasta básica, situación agravada por el reciente incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones y la amenaza de nuevos recortes en los adicionales por horas extras.
“No somos vagos, queremos vivir sin la angustia de no llegar a fin de mes”, reza uno de los fragmentos más crudos del documento difundido por los empleados, donde también se critica la postergación de la paritaria sectorial.
A continuación, se transcribe de forma íntegra el comunicado emitido por los trabajadores de la cartera sanitaria:
¡BASTA DE AJUSTE DISCIPLINATORIO, INCONSULTO Y EMPOBRECEDOR!
Los trabajadores del Ministerio de Salud de Entre Ríos, nivel central, estamos diciendo basta a nuestros gobiernos que no nos representan y nos colocan, siempre, como variable de ajuste sin importar el hastío. Nos estamos reuniendo en asambleas, desde este miércoles, con retención de servicios por el lapso de tres horas.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Estamos hartos de tener salarios que no alcanzan el salario mínimo y nos dejan, como a los jubilados, por debajo del nivel de pobreza. A quienes tenemos familia, cada vez más nos cuesta poner cosas en la heladera. Porque llenarla es imposible hace décadas. Ni hablar de comprar ropa y calzado a nuestros hijos y todo lo necesario para sus estudios.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Mientras los políticos y funcionarios miran para otro lado y omiten ponerse en nuestros zapatos, hace ocho meses que nuestros sueldos están congelados a un nivel glaciar. Cada vez podemos menos y nos endeudamos más, pagando impuestos, tasas y servicios a precios de buen pagador. De esta manera, nuestro poder adquisitivo es paupérrimo y, en la mayoría de los casos, preso de tarjetazos; adelantos de sueldo y créditos leoninos que nos hunden en la desesperación absoluta. También caemos en el tramposo pago mínimo de las tarjetas de crédito, que nos sumen en las profundidades del Veraz.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Proponemos un ejercicio de empatía a nuestras autoridades: cronometrar en cuánto tiempo se les termina un sueldo promedio de nuestros bolsillos – hoy amenazados por un nuevo recorte de horas extras-, teniendo en cuenta que ya nos quitaron un porcentaje en la primera estocada.
La segunda instancia de avasallamiento fue la quita de un porcentaje de nuestro sueldo para subsanar, qué palabra infeliz, la Caja de Jubilaciones de la provincia. Mientras tanto, trabajamos intensamente durante dos años para mostrar (con producciones comunicacionales e informes de gestión) que cada peso entrerriano va adonde tiene que ir. Eso sí, poco y nada para los empleados estatales.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. No obstante lo estatal es un universo diverso en cuanto a los salarios de cada sector. Y en esto los trabajadores de Salud en general, históricamente, llevamos las de perder. De nada sirven la antigüedad; la responsabilidad profesional; la bonificación por título; las recategorizaciones o los pases a planta: siempre nos falta medio para el peso. Y no hablamos de no podernos ir de vacaciones, nos referimos a tener un salario digno que no disfrace de horas extras un ingreso que nunca alcanza a ser suficiente.
En el medio, tenemos que ver cómo patean la paritaria sectorial, los dueños de la pelota pública: ellos no pagan los platos rotos jamás.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. No nos da vergüenza ser empleados públicos y no estamos pidiendo ser millonarios. Simplemente queremos vivir sin la angustia de no llegar a fin de mes, pudiendo dar respuesta a las necesidades más básicas de nuestras familias.
Esta medida de retención de servicios, que puede parecer exagerada para quien no está en nuestra situación, es la manera que encontramos para defendernos de un ataque masivo de empobrecimiento sistemático (que no tiene que ver con un gobierno) sino con un sistema que traga, mastica y escupe con desdén y violencia a los que lo alimentan y sostienen con su fuerza de trabajo.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. DISCULPEN LAS MOLESTIAS: NOS ESTÁN RECORTANDO EL SUELDO Y NUESTRO DERECHO HUMANO A UNA VIDA SALUDABLE EN TODO SENTIDO. GRACIAS.
La Rosca | Licitación de la Vía Navegable Troncal |
El ingeniero Hernán Darío Orduna, autor del “Análisis revisado de los pliegos de la licitación de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata”, advirtió que el proceso licitatorio aprobado mediante la Resolución ANPyN 67/2025 presenta riesgos de “alta gravedad” para el Estado nacional, las provincias ribereñas y la soberanía logística argentina.
Según la síntesis del informe, la licitación de la concesión del dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal (VNT) no constituye una decisión meramente técnica o administrativa, sino que define el modelo de control estatal, el federalismo operativo, la competitividad económica y la proyección geopolítica del país por las próximas décadas. Se trata, remarca el documento, de la principal infraestructura logística de la Argentina, de absoluta relevancia para el comercio exterior, los costos de exportación y el desarrollo portuario.
Entre los hallazgos centrales, Orduna señala un riesgo institucional y constitucional, al advertir que el dragado fue declarado servicio público pero licitado como obra pública, lo que genera contradicciones normativas. Además, el esquema vigente excluye a las provincias del control efectivo, concentra decisiones en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y podría vulnerar los artículos 42 y 124 de la Constitución Nacional.
El informe también alerta sobre una posible pérdida de control del Estado, al indicar que el diseño contractual reduce la capacidad regulatoria futura y traslada decisiones estratégicas al concesionario privado, consolidando una dependencia estructural difícil de revertir en el tiempo.
En el plano económico, Orduna cuestiona el régimen tarifario previsto en los pliegos, que establece tarifas mínimas obligatorias y garantiza rentabilidad al concesionario. A su entender, esto elimina la competencia real, desnaturaliza el riesgo empresario y traslada mayores costos a usuarios, exportadores y economías regionales.
Desde el punto de vista técnico, el análisis advierte sobre la disminución administrativa de la profundidad del río Paraná en el tramo comprendido entre el sur de Diamante y Santa Fe, dispuesta por las disposiciones SSPyVN 24/2024 y 28/2024. Esta medida, sostiene Orduna, afecta la navegabilidad, la eficiencia logística y la competitividad portuaria, particularmente en Entre Ríos y Santa Fe.
Asimismo, se cuestiona la subvaloración del río Paraná Guazú como ruta alternativa estratégica hacia el océano, pese a sus ventajas comparativas, lo que debilita la redundancia logística del sistema. En ese marco, el ingeniero plantea la necesidad de realizar estudios comparativos entre distintas trazas, incluyendo Paraná de las Palmas–Canal Mitre versus Paraná Guazú–Canal Buenos Aires, así como Canal Punta Indio frente al Canal Magdalena, con una profundidad objetivo de 14,3 metros al cero.
El documento también subraya un déficit ambiental estructural, marcado por la ausencia de líneas de base, la falta de evaluaciones de impacto ambiental integrales previas y estudios hidrosedimentológicos insuficientes, con potenciales efectos directos sobre territorios provinciales.
En el plano internacional, Orduna advierte sobre compromisos pendientes con Uruguay en el ámbito de la CARP, los riesgos asociados al Canal Punta Indio y la falta de consolidación del Canal Magdalena como salida soberana al Atlántico.
Respecto del impacto territorial, el informe identifica afectaciones diferenciadas: Entre Ríos por la disminución del calado y la falta de consolidación del Paraná Guazú; Santa Fe por el aumento de costos logísticos y la pérdida de competitividad exportadora; y Buenos Aires por la incidencia sobre el Puerto de La Plata y la estrategia vinculada al Canal Magdalena.
Como lineamientos para la toma de decisiones públicas, el ingeniero propone la creación de un órgano federal de control con participación de Nación, provincias, usuarios y técnicos independientes; la adecuación normativa previa a la apertura de ofertas; una reforma del régimen tarifario; la separación del contrato en etapas técnicas; la federalización de la evaluación ambiental y una estrategia soberana de trazas alternativas.
Finalmente, el informe llama a una acción política conjunta de las provincias ribereñas, a través de un documento federal común y una agenda mínima compartida.
En su conclusión estratégica, Orduna sostiene que una concesión mal diseñada puede aumentar costos estructurales, debilitar la soberanía logística y condicionar al Estado durante décadas, mientras que una concesión corregida permitiría fortalecer el federalismo, reducir costos productivos y garantizar control público sobre la Vía Navegable Troncal. (Diario Junio).
La Rosca |Reiteran pedido de audiencia a Frigerio |
Los legisladores nacionales del peronismo reiteraron “el pedido de audiencia oportunamente formulado mediante nota de fecha 5 de enero del corriente año, que a la fecha no ha tenido respuesta, y cuyo contenido entendemos reviste una gravedad institucional y fiscal significativa para la provincia de Entre Ríos”.
“Como fuera oportunamente expuesto, el proyecto de ley denominado ‘Modernización Laboral’, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación y que ya cuenta con dictamen favorable, encontrándose próximo a ser tratado en sesión extraordinaria en la Honorable Cámara de Senadores, incorpora en su artículo 191 una modificación sustancial en la escala del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, reduciendo las alícuotas aplicables a los tramos de mayor facturación”, apuntaron.
En ese sentido, sostienen que “la modificación implica una merma significativa en la recaudación del tributo, con impacto directo sobre los recursos”.
“En este contexto, y atendiendo a la responsabilidad institucional de resguardar los recursos de Entre Ríos, consideramos imprescindible mantener una reunión política con su persona, a efectos de conocer su posición frente a este proyecto y analizar en conjunto posibles estrategias o alternativas que eviten o mitiguen el perjuicio económico para nuestra provincia”, consignaron.
Finalmente, los legisladores manifestaron su “disposición al diálogo y al trabajo conjunto, y quedamos a la espera de una respuesta que permita coordinar fecha y horario para el encuentro solicitado”.
La Rosca |Debate sobre desafios del radicalismo |
Durante las jornadas se trabajó “sobre los principales desafíos que atraviesa la Argentina: educación, salud, seguridad, empleo y desarrollo”.
En ese marco, se aseguró que “las nuevas generaciones son las que van a poner al radicalismo de pie”, y precisaron: “De nosotros depende enfrentar los próximos desafíos y construir una alternativa real de gobierno. Vamos a ser alternativa en cada ciudad del país en 2027, trabajando para consolidar liderazgos, equipos y una propuesta sólida, con vocación nacional”.
Al respecto, detallaron que el radicalismo “atraviesa un proceso de renovación profunda en todos sus estamentos, con dirigentes que muestran que hay otra forma de gestionar y de gobernar: con diálogo, sin enfrentamientos estériles, con proyectos concretos y con trabajo mancomunado entre el sector público y la iniciativa privada. Defendiendo la educación pública y la universidad como bandera, fortaleciendo el sistema de salud y construyendo políticas públicas con una mirada federal”.
En ese sentido apuntaron que la UCR “cuenta con jóvenes concejales, diputados provinciales e intendentes, que hoy gobiernan, legislan y gestionan en distintos puntos del país. Dirigentes que aportan mirada territorial, responsabilidad institucional y resultados, demostrando que la renovación viene con experiencia y gestión.
“En tiempos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, desde la Juventud Radical reivindicamos la política como herramienta de transformación. En una época donde algunos se esfuerzan por denostarla, ridiculizarla o vaciarla de sentido, nosotros estamos acá, convencidos de que la política no es el problema, sino el único instrumento capaz de transformar la realidad. Una realidad que duele, pero que también nos interpela y nos exige dar lo mejor de nosotros”, indicaron.
Además, señalaron que el país “necesita más política, no menos, y necesita un radicalismo con vocación de poder”.
Reforma laboral y juventudes
Por otro lado, sentaron una posición ante el proyecto de Ley que impulsa el gobierno para llevar adelante la Reforma Laboral: “Hoy se requiere responsabilidad política, porque lo que muchas veces ilusiona en redes sociales se contrapone con una realidad que muestra enormes dificultades para conseguir trabajo, progresar y proyectar un futuro, lo que termina generando frustración y desencanto”.
Ante ese escenario se advirtió que, hace más de 40 años, la UCR plantea “la necesidad de reformar una legislación laboral que, con el paso del tiempo, terminó consolidando sindicatos y dirigentes gremiales ricos, con trabajadores pobres”, por lo que la propuesta de la Juventud Radical tiene “como objetivo corregir esas distorsiones, limitar privilegios y equilibrar la balanza en favor del trabajador, no profundizar desigualdades. Esa injusticia no puede enfrentarse hoy con cambios que precaricen aún más el empleo, como propone el gobierno nacional”.
Este panorama “generaría además una mayor caída del consumo, producto de salarios bajos y desocupación, con pequeñas y medianas empresas cerrando sus puertas. Frente a esto, los radicales planteamos una posición clara: defender el poder adquisitivo del salario para proteger el consumo, la actividad económica y el entramado productivo nacional”, indicaron.
La Rosca |Debate salarial |
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció la convocatoria a un plenario de secretarios generales para el viernes 6 de febrero en Ibicuy, departamento Islas, en un contexto marcado por la falta de avances en la discusión salarial y la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el 2 de marzo. Además, se proyecta la realización de un congreso para definir la estrategia gremial de cara al nuevo año escolar, con la fecha probable de convocatoria a ser establecida durante el plenario.
Estas serán las primeras convocatorias impulsadas por la nueva conducción de Agmer, encabezada por Abel Antivero, que asumió a comienzos de 2026. El último congreso del sindicato, realizado el 4 de diciembre en San Salvador, exigió al Gobierno provincial el “inmediato cumplimiento de las convocatorias y avances en las comisiones paritarias”, así como la apertura de una nueva negociación salarial que garantice “salarios que cubran el costo de vida en constante aumento” y la estabilidad laboral en todos los niveles educativos.
Los congresales emitieron un ultimátum al Poder Ejecutivo, advirtiendo que, en caso de no recibir una respuesta que contemple estos reclamos, “alertamos sobre la responsabilidad absoluta del gobernador Rogelio Frigerio de cara al ciclo lectivo 2026”. Desde agosto y hasta diciembre, Agmer insistió en la reapertura de la paritaria anual firmada, pero no obtuvo respuestas concretas. Aunque se anunció una convocatoria para febrero, aún no hay fecha confirmada para esa reunión, y el único compromiso oficial es la continuidad del pago de una suma fija de 25 mil pesos, acordada en la paritaria que venció en diciembre pasado.
La negociación salarial de 2025 fue extensa y compleja. A fines de febrero de ese año, el congreso de Agmer aceptó la oferta salarial del Gobierno, aunque la calificó como “insuficiente” y condicionó su aceptación a la inclusión de un monto remunerativo y bonificable para todos los docentes con menos de diez años de antigüedad. Durante ese proceso, cuatro de las 17 seccionales, incluyendo las de Paraná y Uruguay, rechazaron la propuesta oficial, principalmente por la asignación de una suma fija de 25 mil pesos que solo alcanzaba a docentes con diez o más años de antigüedad.
La negociación comenzó temprano en 2025, con una primera oferta presentada el 13 de febrero que proponía extender los incrementos salariales mes a mes según el IPC del Indec, un aumento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, la implementación de un boleto docente urbano con un descuento del 50% y la continuidad del trabajo en la Comisión de Nomenclador para corregir distorsiones salariales. Esta propuesta fue rechazada el 17 de febrero por insuficiente. En la audiencia paritaria del 19 de febrero, el Gobierno presentó una nueva oferta que fue retirada ante el rechazo sindical.
Finalmente, el 25 de febrero, en la tercera audiencia paritaria, el Gobierno presentó una propuesta que incluía la cobertura anual contra la inflación con actualizaciones mensuales basadas en el IPC, el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de 25 mil pesos para docentes con diez o más años de antigüedad desde marzo hasta diciembre, cambios en la base de cálculo con actualizaciones en marzo y agosto, un incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y conectividad, y la implementación de un boleto docente urbano con un descuento del 50%. Sobre esta base, Agmer ahora busca reabrir la negociación para obtener un aumento adicional.
La nueva conducción del sindicato prepara así un escenario de movilización y debate para las próximas semanas, con el objetivo de asegurar mejoras salariales y condiciones laborales para el ciclo lectivo 2026.
La Rosca |Salud |
El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Obra Social y estuvo encabezado por el presidente de OSER, Mariano Gallego y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Con la firma del convenio se busca fortalecer toda la red sanitaria provincial, asegurar un mayor acceso a prestaciones, mejorar la previsibilidad y gestión del sistema de salud entrerriano.
En relación al convenio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco indicó: “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que nos permite actualizar y fortalecer el vínculo desde la red pública de salud”.
“Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en algunos centros de atención primaria de la salud, incorporando prácticas que no estaban contempladas hasta ahora”, agregó Blanzaco, al tiempo que destacó: “Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir fortaleciendo el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención”.
Este convenio establece un sistema de reciprocidad y colaboración mutua, permitiendo prestación de servicios de salud sin coseguro para los afiliados de OSER, un marco claro de derechos y obligaciones entre las partes, organización y actualización del padrón de establecimientos y profesionales y reglas transparentes para la facturación, pagos y actualización de valores, garantizando previsibilidad.
La Rosca |Internas del PJ |
“Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA, y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad”, recalcó más adelante. De paso, le envió un mensaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la Provincia”.
Guillermo Michel: A ver, ¿es necesario modernizar el marco normativo laboral? Sí, es necesario. Estamos de acuerdo en hacerlo. Hay un problema, hay un hecho de facto que demuestra que es necesario modificar las leyes. ¿Por qué? Hoy, a rasgos, de 22 millones de personas ocupadas, 10 están en la informalidad. Claramente, el marco normativo laboral tiene que ser modificado. Ahora, lo que el Gobierno tiene que explicar es: ¿por qué en una supuesta ley de modernización laboral está tocando casi un punto del PBI del superávit? En el 191, introduce la principal modificación del Impuesto a las Ganancias para empresas, bajándole la alícuota del 35 al 31,5, que beneficia fundamentalmente a 144 empresas, y que perjudica no sólo al Tesoro Nacional, sino fundamentalmente a las provincias. Mi provincia, Entre Ríos, pierde $ 81.000 millones este año, si se aprueba esa baja. Segundo, el Gobierno tiene que explicar por qué esta modernización laboral crea el FAL, que desfinancia al Sistema de la Seguridad Social. Esos tres puntos de contribuciones que se van a dejar de aportar al ANSES y van a ir a un fondo específico, que van a administrar unas mini AFJP para pagar indemnizaciones, desfinancia a los jubilados en US$ 3000 millones. Alguien tiene que explicar por qué los jubilados, en un sistema deficitario como es el ANSES, que hoy no sólo no alcanza con el aporte y las contribuciones, sino que se nutre de IVA o del impuesto a los débito y crédito bancario, que van al ANSES para financiar las jubilaciones, tienen que pagar las indemnizaciones de las grandes empresas. Y, sobre todo, el que tiene que dar explicaciones de esto es el Fondo Monetario Internacional.
P.: ¿Por qué el FMI?
G.M.: Antes eran muy celosos cada vez que se impulsaba una moratoria previsional. Ahora, alguien del FMI tiene que decir por qué este régimen, que afecta casi 0,5 puntos del PBI, puede avanzar y cómo se piensa financiar al sistema de jubilaciones con esta pérdida.
P: Y más allá de estos cuestionamientos, el Gobierno plantea que con la sanción de su ley, se crearán nuevos puestos de empleo. ¿Coincide?
G.M.: Una ley no genera puestos de trabajo, lo que genera puestos de trabajo son una economía creciendo y un proceso de sustitución de importaciones. Me remito al proceso del 2003 al 2009: no se modificó una sola ley laboral y se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo.
P.: El Gobierno no sólo plantea que con esta ley se generan puestos de trabajo, sino también que se termina con la industria del juicio. Uno, ¿cree que hay industria del juicio? Y dos, ¿cree que esta ley podría, si es que existe esa industria, ayudar a desarmarla?
G.M.: Creo que hay actores que se aprovechan de la debilidad de los trabajadores y que generan beneficios para ellos. Ahora, esta reforma laboral, así como está, ese problema de fondo no lo ataca. De nuevo, el problema de fondo para generar puestos de trabajo en blanco es que la economía crezca y que haya un proceso de sustitución de importaciones. Acá vamos en un sentido contrario: la economía no crece, la microeconomía no crece; crecen sectores que no generan puestos de trabajo como es el agro, la industria y la minería, y estamos ante un proceso de apertura de importaciones que afecta a la industria local.
P.: Otro tema que se incluyó en extraordinarias es el Régimen Penal Juvenil, que ya se trató el año pasado y que un sector del peronismo acompañaba. ¿Cuál es su postura al respecto?
G.M.: Yo inicié un proceso de discusión con mis colegas de Entre Ríos. También charlé con Ramiro Gutiérrez (diputado y referente del Frente Renovador en temas de Seguridad) para interiorizarme en el proyecto que él presentó, en el cual en muchos puntos estoy de acuerdo. Cualquier ley que se impulse no sirve de nada si no se materializa después lo que se necesita.
P.: ¿Qué se necesita?
G.M.: Cárceles para chicos, un proceso de control posterior para los chicos, controlar las redes sociales. Vimos con este crimen salvaje a Jerónimo Monzón cómo a través de redes sociales se visualizaba el delito, por eso, hay que trabajar sobre eso. No alcanza con una ley, es necesaria, pero no es suficiente el marco normativo, se necesitan otras cosas. Hay que trabajar no sólo en el marco normativo, sino en la implementación para llevar adelante todas las normas a las que se avance.
Su mirada sobre el peronismo, Cristina Kirchner y Axel Kicillof
P.: Hablando de diferencias en el PJ, ¿cómo está viendo al partido?
G.M.: Hoy el peronismo no tiene una conducción clara. Por eso, lo primero que hay que hacer es ampliar la mesa de debate. El partido debería llamar al debate de los temas. No veo que nadie de la conducción del peronismo nos esté llamando a los legisladores, a los diputados, a los senadores a debatir los temas, a hablar. Todo surge de iniciativas propias. Nosotros presentamos un proyecto para desendeudar las familias, nadie nos llamó, nos convocó, nos pidió opinión. El peronismo tiene que reconfigurar la conducción, porque de esta forma le estamos cediendo la agenda al oficialismo, a la libertad de avance y no nos estamos planteando los temas. El peronismo cree que lo único que tiene que discutir es de la interna en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un problema, ¿sí? Nos va a ser muy difícil ganar una elección.
P.: Cuando habla de conducción, pienso en Cristina Kirchner, que conduce el PJ a nivel nacional, y Máximo Kirchner, que lo conduce en la provincia de Buenos Aires, donde habla de las internas. ¿Cómo los ve a ellos puntualmente? ¿Ya agotaron un ciclo?
G.M.: Yo no soy quién para calificar o hablar de otros dirigentes políticos y menos de alguien como Cristina, que fue presidenta, a quien respeto claramente. Lo que digo es un dato objetivo la realidad. Hoy no hay una conducción clara en el peronismo. ¿Por qué? Por los procesos que se han dado luego de haber perdido la última elección. Hoy el peronismo necesita ampliar su base de sustentación, necesita convocar otros actores, necesita ensayar esto que fuimos ensayando con el proyecto de desendeudamiento de las familias [el proyecto lleva las firmas de diputados de otros partidos, como Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto], de acercar a otros dirigentes que en algún momento estuvieron en el peronismo, para que vuelvan a formar parte. Necesitamos renovar nuestro discurso, necesitamos defender la industria nacional, el empleo, la producción, el trabajo. Necesitamos volver a hablarle a la base del peronismo que siempre fue el trabajador y la industria nacional. Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad.
P.: En las elecciones de octubre, Milei tuvo un triunfo inesperado. ¿Se lo atribuye a su gestión o a las internas de la oposición? ¿A qué le adjudica ese triunfo?
G.M.: Creo que la emoción que prevaleció a la hora de votar a la gente fue: “Che, no quiero que se vaya todo el tacho el lunes”. Por ahí, lo que nosotros interpretamos como algo en contra, que era lo que dijo Trump: “Voten a este Gobierno porque si no se acaba la ayuda a Estados Unidos, terminó generando esa emoción en el votante argentino y terminó prevaleciendo esa emoción a la hora de votar”. También creo que el adelantamiento de la elección en provincia de Buenos Aires, que le sirvió al peronismo de la Provincia de Buenos Aires, dejó atado a todo el peronismo del interior del país a esa estrategia electoral y fue contraproducente para la elección de octubre.
P.: ¿Por qué?
G.M.: Porque adelantó un poco, funcionó como una especie de PASO. O sea, algo que le sirvió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que no tengo nada para decirles al respecto de su estrategia electoral, fue contraproducente para el resto del peronismo del interior del país.
P.: Tras las elecciones provinciales, parecía que Axel Kicillof quedaba validado como candidato del PJ de cara a las presidenciales de 2027. Eso, después se puso en duda cuando se vio la remontada de La Libertad de Avanza en las nacionales. ¿Cómo lo ve al gobernador? ¿Es la figura que puede conducir al peronismo e incluso competir en las presidenciales?
G.M.: Hoy es tal vez el dirigente del peronismo con el cargo institucional más importante, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país. Y lo han elegido dos veces sus ciudadanos, por lo cual, yo no soy quien para decir cómo lo veo o no. O sea, sus ciudadanos lo ven bien, por eso lo votan. Ahora sí, yo creo que Axel tiene que decidir si quiere; mostrar su vocación de ser jefe de todo el peronismo. Eso lo tiene que demostrar él. Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires.
La Rosca |Controversia por informe sobre baja de matrícula |
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, cuestionó el informe de la organización Argentinos por la Educación sobre la baja proyectada de la matrícula escolar y advirtió que su difusión se da en un contexto de conflicto docente, marcado por reclamos salariales, condiciones laborales y falta de diálogo con los gobiernos provincial y nacional.
Según expresó, la publicación del estudio no es neutral, sino que se utiliza para “construir opinión pública” en un momento en el que el sector docente reclama paritarias, mejoras salariales y una mayor inversión en educación. En ese sentido, sostuvo que una eventual baja en la cantidad de alumnos podría ser presentada por el Gobierno como un argumento para minimizar esos reclamos.
En declaraciones públicas, Antivero afirmó que Argentinos por la Educación “es una entidad que está muy lejos de nosotros y con la que no tenemos puntos de coincidencia.
Si bien reconoció que “existen claramente datos que indican una disminución del índice de natalidad”, el dirigente gremial advirtió que el problema radica en el uso político de esos datos. “En términos simples, podría haber menos chicos y más docentes, lo que permitiría avanzar en calidad educativa si existe un gobierno que tenga a la educación como prioridad”, explicó. Sin embargo, alertó que, en un contexto de ajuste fiscal, ese escenario “se transforma en letra para cerrar cargos, cerrar escuelas y recortar derechos”.
Antivero recordó además que Argentinos por la Educación impulsó fuertemente la apertura de las escuelas durante la salida de la pandemia y señaló que la organización “ha buscado instalar un sentido privatizador del sistema educativo”, a través de conceptos como eficiencia, racionalización u optimización de recursos, de los que el gremio se manifestó “totalmente alejado”.
También cuestionó el perfil de los autores del informe, al señalar que pertenecen al ámbito privado y que algunos de ellos trabajaron bajo la línea del actual funcionario nacional Federico Sturzenegger. “Esto no viene de un repollo, hay una intencionalidad y estos organismos son funcionales al gobierno de turno”, sostuvo.
Respecto a la matrícula, reconoció que AGMER no cuenta con datos sistematizados, aunque indicó que a través de las seccionales se observa una baja tanto en el nivel primario como en el secundario, situación que, según afirmó, también está vinculada al incumplimiento de la obligatoriedad escolar y a la ausencia del Estado.
Finalmente, el titular de AGMER volvió a reclamar la convocatoria a paritarias de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 y advirtió que la falta de diálogo agrava el conflicto. “Nuestra intención es que los chicos estén en las escuelas el 2 de marzo, pero hoy, a fines de enero, todavía no hemos sido convocados. El único responsable es el gobierno provincial”, concluyó.
La Rosca |Cambios desde el CGE |
En una carta pública, la funcionaria saliente explicó: “En el marco de la formalización y renovación de autoridades del Consejo General de Educación (CGE), máximo organismo rector de la política educativa provincial, se inició este año un proceso de reordenamiento de los lineamientos y criterios educativos de cara a los desafíos futuros. Este proceso implicó modificaciones en distintos equipos de gestión del CGE, impactando también en el funcionamiento de las Direcciones Departamentales de Escuelas”.
Dijo que le tocó asumir “en un contexto de alta complejidad, atravesado por urgencias que exigieron conformar equipos de manera veloz y dar respuestas inmediatas ante el inminente inicio del ciclo lectivo. Los años siguientes no fueron distintos: a los desafíos preexistentes, especialmente vinculados a problemáticas edilicias, se sumó una marcada fragilidad en los recursos económicos del Estado provincial, situación que afectó al sistema educativo en todo el territorio. Aun así, gracias a la voluntad política del gobernador, se lograron ejecutar inversiones clave en mejoras estructurales, lo que permitió —con enorme satisfacción— garantizar el normal desarrollo de las clases en todo el departamento Uruguay e iniciar un proceso de mejora sostenida de los entornos educativos”.
“Este contexto inicial de crisis no impidió el avance de programas y propuestas educativas centradas en lo esencial: los contenidos impartidos en las aulas. Entre ellas, se destaca el Plan de Alfabetización, desarrollado con resultados positivos en toda la provincia, que permitió a los docentes fortalecer sus prácticas para mejorar los procesos de lectoescritura. A ello se sumaron numerosos proyectos en la misma línea. Asimismo, se trabajó de manera articulada con otras dependencias del Estado —comedores escolares, Copnaf, entre otros—, con organizaciones de la sociedad civil, juntas y municipios del departamento, otorgándole a la Dirección Departamental un rol activo como espacio de diálogo, escucha y gestión de soluciones. Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento recibido, el cual agradezco profundamente”, sostuvo.
Esta es la tercera modificación en las estructuras departamentales del Consejo de Educación.
El primer reemplazo fue el de Natalia Báez en Gualeguaychú por la expresidenta del CGE durante el primer gobierno de Gustavo Bordet, a lo que siguió la salida de Marina Roude de la Departamental de Escuelas de San Salvador. Su lugar será ocupado por Belén Beherens.
La Rosca |Recurso de entrerrianos contra DNU |
El ex diputado nacional de filiación radical que ocupó una banca por el Frente de Todos/Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, cuestionó duramente el fallo del juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, que el jueves 29 rechazó por improcedente el recurso de Habeas Corpus colectivo que presentaron los abogados radicales de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, Raimundo Kisser y Armando Aquino Britos, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, para que declare su inconstitucionalidad.
En un párrafo del posteo en su red social en X, Moreau instó a Alonso a que “piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia y el daño será irreparable”.
Moreau, manifestó que “algunos fallos de magistrados de distinta jerarquía y fueros del Poder Judicial nos confirman la necesidad de un urgente rediseño de ese Poder del Estado y el desamparo al que se encuentran sometidos los ciudadanos argentinos en sus derechos y garantías más elementales”.
En aquella línea, añadió que “el Juez federal de Paraná, Daniel Alonso rechazó un habeas corpus preventivo interpuesto contra los efectos del DNU 941/2025 que faculta a agentes de Inteligencia a practicar detenciones sin orden judicial” y resaltó que “lo más ridículo y vergonzoso son los fundamentos del fallo”.
Moreau expuso que “el juez sostiene textualmente que ‘no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución (y lean esta frase en particular) NI VULNERACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL ALGUNA (sic)”. Así, en tono pedagógico, el ex legislador y dirigente político, le aportó al juez: “Doctor, usted sabe que un DNU está vigente y operativo desde su publicación en el Boletín Oficial. Por lo tanto, imagine que en el mismo instante en el que usted se devanaba los sesos para desplegar su razonamiento o yo para escribir este tuit, un ciudadano argentino está siendo, en el marco de una ‘operación encubierta’, detenido y subido a un auto con patentes adulteradas por personal de la SIDE con falsas identidades y trasladado a otra fuerza federal sin un límite temporal, ni conocimiento de la causa que se le imputa ni intervención judicial”.
Además, lo interrogó sobre si “¿esta forma de actuar no le hace acordar a otros tiempos de la Argentina? ¿No se da cuenta que estamos hablando de los derechos individuales? ¿No advierte que esos derechos están en expectativa en riesgo para 47 millones de sus compatriotas?”.
Finalmente lo instó a que “piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia y el daño será irreparable”.
La Rosca |Cuestionamientos a la reforma laboral|
“La mal llamada ‘modernización laboral’ busca dejar a las y los trabajadores sin derecho al salario en pesos, a las horas extras pagas, a ser indemnizados por despido, a las vacaciones y a las licencias”, sostuvo la legisladora al cuestionar el proyecto del Ejecutivo nacional que propone fuertes reformas a la legislación laboral.
“El proyecto de Milei trata de socavar conquistas vigentes y liquidar derechos”, aseveró y enfatizó que “el explícito apoyo del gobernador Rogelio Frigerio al proyecto del presidente lo hace igualmente responsable de todos los retrocesos que puedan concretarse. Anticipo de ello es la brutal e inédita represión a los trabajadores del puerto de Concepción del Uruguay de hace unos días”.
En este marco, manifestó su rechazo a esa iniciativa y “el total compromiso de impulsar las normas que hemos presentado a favor del trabajo, los trabajadores y la producción nacional”, (APF)
La Rosca |Pago de deuda|
Este pago representa el quinto compromiso de esta emisión que asume la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Al respecto, el senador provincial Rubén Dal Molín destacó la voluntad de cumplimiento de la provincia pese al complejo escenario recibido.
“El dato central es que honramos los compromisos, aun cuando se trata de una pesada herencia que sigue generando un fuerte estrés financiero sobre la provincia”, afirmó el senador provincial Rubén Dal Molín.
El legislador recordó que esta deuda no fue tomada para financiar nuevas obras, sino que estuvo destinada a la cancelación de deuda pública consolidada, generada por años de déficit, durante los cuales el Estado provincial gastó sistemáticamente más de lo que ingresaba.
Entre 2011 y 2017, Entre Ríos acumuló 1.387 millones de dólares de déficit, lo que derivó en una deuda pública que aún hoy condiciona las finanzas provinciales.
Dal Molín explicó además que, frente a esto, la Legislatura aprobó la Ley 11.209, que habilita al Poder Ejecutivo a gestionar el reperfilamiento de la deuda existente, con el objetivo de ordenar los vencimientos, reducir el estrés financiero y recuperar capacidad para la inversión pública.
Desde el inicio de la actual gestión, la provincia ya afrontó pagos por 326 millones de dólares de capital y 66 millones de dólares de intereses, correspondientes a compromisos asumidos por gestiones anteriores.
“Pudimos cumplir porque hay una administración ordenada, que además debió absorber con recursos propios servicios que antes financiaba la Nación. La provincia está equilibrada, con fuertes restricciones, pero avanzando”, señaló el senador.
Finalmente, Dal Molín subrayó que “es tiempo de defender posiciones. Los datos son claros y desmienten cualquier intento de distorsionar la realidad”.
La Rosca |Túnel Subfluvial|
El Secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainza, visitó las instalaciones del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos S. Begnis” en una jornada orientada a fortalecer la colaboración y el progreso institucional.
El director del Ente interprovincial, Aníbal Vergara, recibió a Gainza el jueves por la mañana, con el objetivo de generar un espacio de intercambio estratégico sobre la infraestructura del Túnel, los procesos operativos, los servicios disponibles para los usuarios, la modernización tecnológica y la proyección institucional.
Durante la visita, Gainza manifestó su disposición a trabajar junto a las distintas áreas que conforman el Ente, con el fin de optimizar el funcionamiento cotidiano del viaducto. Por su parte, los representantes del Túnel expusieron el funcionamiento de cada área, elaborando un diagnóstico preliminar que servirá para planificar acciones acordes a las necesidades del Ente.
El Túnel Subfluvial, que cuenta con 56 años de historia, ha debido adaptarse a distintos avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Por ello, el proceso de modernización se plantea de manera gradual, con el objetivo de prolongar su vida útil y mejorar la calidad del servicio a los usuarios.
La colaboración entre el Gobierno de Entre Ríos y el Túnel Subfluvial es clave para alcanzar estos objetivos, y la visita de Gainza representa un paso importante hacia una mayor eficiencia y modernización del viaducto.
La Rosca |Recurso de entrerrianos contra DNU |
El recurso busca invalidar los puntos críticos del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El núcleo del reclamo se centra en que la nueva normativa permite que agentes de inteligencia —cuya identidad y funciones son por ley secretas y encubiertas— puedan realizar “aprehensiones de personas” en situaciones de flagrancia o bajo la excusa de proteger sus propias operaciones. Según los denunciantes, esto transforma a un organismo de espionaje en una fuerza de seguridad con poder de policía, algo prohibido por la Constitución Nacional.
Los letrados calificaron la medida como una “amenaza real y concreta” para la libertad ambulatoria de toda la sociedad. Sostienen que, al desplazarse los agentes de forma encubierta por todo el territorio, cualquier ciudadano podría ser interceptado o demorado sin que medie la orden escrita de un juez competente, lo que rompe con las garantías básicas del debido proceso y el derecho a circular libremente.
En el escrito, se solicita además la inconstitucionalidad del decreto por considerar que el Presidente no puede regular cuestiones que afectan la libertad personal y el derecho penal mediante un DNU. Argumentan que este tipo de restricciones solo pueden ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, respetando la división de poderes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La Rosca |Vialidad Provincial|
Rogelio Frigerio decidió designar como número dos del área provincial de Vialidad a José Palacios. Se trata de un dirigente vecinalista que fue intendente de Cerrito (departamento Paraná). El área vial es particularmente sensible para Entre Ríos, con una trama deteriorada de caminos de ripio y de tierra, pero imprescindible para la producción agropecuaria.
El hasta ahora secretario de Gobierno de Cerrito asumirá en reemplazo del dirigente ruralista Alfredo Bel, que había renunciado en diciembre de 2025. Quién es José Palacios, el nuevo nombre para Vialidad
Palacios fue intendente de Cerrito entre 2019 y 2023 por el vecinalismo. Antes de llegar a la jefatura comunal, se desempeñó como viceintendente y, tras dejar el Ejecutivo local, ocupaba el cargo de secretario de Gobierno hasta la designación en Vialidad. Palacios forma parte de un espacio vecinalista que tiene como particularidad definir en asambleas abiertas de la ciudadanía a quienes se postularán para cargos electivos por dicha fuerza, un esquema poco habitual en la política entrerriana.
Contador público nacional, Palacios conoce a Donda porque ambos compartieron tareas como asesores del dirigente radical Hugo Appelhans durante su gestión como intendente de Villa Urquiza, entre finales de 2006 y 2007.
Los desafíos para Vialidad en Entre Ríos
Entre Ríos cuenta con una red vial de más de 27.000 kilómetros. Descontadas las rutas nacionales que operan bajo el dominio de Vialidad Nacional o de concesiones, el 85% corresponde a caminos naturales o de tierra, todos ellos de mantenimiento complejo y de alto costo para el Estado provincial.
El resto de la trama vial provincial está compuesto por caminos de ripio o broza y, en menor medida, por rutas pavimentadas. La estructura operativa de Vialidad a nivel provincial está organizada en una delegación zonal en cada uno de los 17 departamentos en los que se divide administrativamente la provincia, con la excepción de Paraná, que por su extensión cuenta con tres zonales.
En el organismo explicaron que trabajan en la mejora de los procesos administrativos y en la posibilidad de llegar a tiempo con las tareas de mantenimiento. En paralelo, un proyecto que propuso la creación de consorcios camineros obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y continua su tratamiento en comisiones del Senado. La iniciativa apunta a los caminos primarios y secundarios, de tierra y ripio, y busca permitir un esquema de trabajo más holgado para el área en aquellas zonas donde los consorcios no se conformen.
La Rosca |Obras públicas |
Consultado por otras obras prioritarias para la UEP, especificó que “hay un remanente de los recursos que estaban volcados para lo que se conocía como el aeropuerto de Concordia, pero es el fortalecimiento de la zona de Salto Grande, donde hemos aportado más de 1.200.000 dólares a la zona de frontera y vamos a tener una hermosa frontera con una mejor Aduana, con mayores controles y mayor calidad técnica a partir de la inversión que hemos hecho”, afirmó.
“Estamos dándole recursos para unas consultoras, se han puesto muchos recursos en la parte turística de Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), hemos dado mucha plata y recursos a la parte turística y a la parte productiva”, aseguró y marcó que hay aportes no reintegrables (ANR) “que ya estamos terminando, para el sector productivo y del turismo”.
En Gualeguaychú están por terminar
Por otro lado, mencionó que “hay un crédito que era de 80 millones de dólares, con el cual estamos terminando la laguna de tratamiento de Gualeguaychú, que en febrero o marzo estaría entregada”, adelantó y añadió que “lo entregamos con maquinaria, tractores, unas dragas para la laguna y desobstructores”.
Concepción y Colón
“Además, estamos ya en el sexto mes de la obra de tratamiento de efluentes cloacales, la más importante que es en Concepción del Uruguay, y ahora estamos estudiando la oferta de una licitación que se abrió para Colón, que es un crédito de 80 millones de dólares”, anticipó.
Mesa interinstitucional de infraestructura
En declaraciones realizadas al programa “A Quien Corresponda”, sostuvo que “es novedosa” la conformación de esta mesa interinstitucional de infraestructura educativa, pero mencionó que con la anterior titular del CGE, Alicia Fregonese, “había una relación directa porque la UEP tenía su cargo financiamiento de varias escuelas, muchas de las cuales terminamos este año”.
Ahondó que “se terminaron cerca de 10 escuelas y jardines de infantes, e incluso le dije a Cuenca que va a tener tres para inaugurar en este inicio lectivo: una UENI (Unidad Educativa de Nivel Inicial) en Crespo; una UENI en Federación y una escuela en Paraná que está dotada con la mayor tecnología y el amoblamiento que es la Bicentenario N°75”.
Respecto de la infraestructura escolar hoy, tras dos años de gestión, explicó que “justamente eso fue parte de la reunión, para expresar en qué estamos cada uno, qué tenemos proyectado para este año, y fundamentalmente esperando que desde el CGE nos den las prioridades, porque cada uno tiene por su lado financiamiento: en el caso de la UEP va a tener financiamiento internacional para las escuelas; CAFESG tiene financiamiento y también está atendiendo algunas escuelas con reparaciones; en el caso del Ministerio de Obras Públicas este año se dedicaron a tomar la urgencia y a reparar escuelas, hasta un monto de 30 millones”.
“De la reunión participó Vialidad porque tiene la atención de los caminos que llegan a las escuelas; el INAUBEPRO tiene el pago del transporte escolar que hay en la zona de campaña, y fue muy bueno que cada uno pudiera expresarse y vamos a coordinar el trabajo. Lo que nosotros tenemos que recibir de ellos es la prioridad, y a partir de ahí, nosotros nos encargamos de hacer el relevamiento con un censo”, explicó.
“En el caso nuestro está la posibilidad tener un financiamiento internacional, pero no queremos que nos pase el hecho de no tenemos un banco de obras para presentar, entonces en esta etapa estamos haciendo un relevamiento, vamos a las escuelas, fijamos las prioridades, confeccionamos los pliegos, los presupuestos, los cómputos métricos, y dejamos todo preparado para que, cuando se haga el financiamiento, podamos meter inmediatamente obras de escuelas en la provincia. Lo mismo está haciendo Obras Públicas y lo mismo está haciendo CAFESG”, detalló.
Obras urgentes en escuelas
Sobre las escuelas con obras de urgencia, afirmó que “eso está más en Obras Públicas, pero sé que están perfectamente trabajando en las prioridades; además de haber hecho relevamiento, están dándole prioridad y arreglando una cantidad de escuelas. En el caso de la UEP son obras nuevas”.
Como ejemplo, mencionó que “a la escuela Bazán y Bustos se le caían los cielorrasos y logramos entregar este año esa escuela nueva, lo que vino a solucionar un problema histórico. Tuvimos problemas también con una UENI en el Procrear, el jardín Consejito, donde estuvimos casi un año porque estaba terminada la obra y resulta que nunca había llegado ni el agua, ni la cloaca, ni la electricidad, así que, terminado el hermoso jardín de infantes, no lo podíamos entregar”.
Reiteró que desde la UEP “estamos a la espera de las prioridades para el financiamiento internacional, y la reunión con el presidente del CGE, Carlos Cuenca, fue para que nos diga por dónde empezar en Paraná y a partir de ahí nosotros entramos y nos abocamos ver la parte técnica, los planos si es ampliación, si es refacción, a preparar los cómputos métricos, el presupuesto y el pliego. Es la base que tenemos que tener, hay que tener un banco de proyectos”.
Especificó que “en esta semana el CGE estará definiendo las prioridades en función del censo que se hizo en toda la provincia y a partir nosotros empezaremos a trabajar en la confección de los pliegos, los presupuestos y de los cómputos para que cuando tengamos financiamiento haya inmediatamente una salida. En el caso de la UEP será con financiamiento internacional, en el caso de Obras Públicas lo hará por vía del presupuesto provincial, y CAFESG atiende solamente una región sobre la costa del Uruguay”.
En tal sentido, el funcionario consideró que “viene bien una organización de esta manera para poder coordinar todos los esfuerzos y resolver algo tan acuciante como es el tema de las escuelas”.
Buscan financiamiento por 70 millones de dólares
Sobre el monto previsto de financiamiento internacional para la UEP, Cusinato confirmó que “se está hablando de cerca de 70 millones de dólares” y explicó: “Llegar a desembolsar nos lleva a veces 6, 7 meses a un año; con las obras de los caminos rurales con el CAF (Corporación Andina de Fomento); con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) tenemos las lagunas de tratamiento, el aeropuerto; tenemos otro banco que es el BICE para Villa Paranacito; con el FIDA, que es también para caminos para la zona apícola. Yo no defino qué hay que hacer, a mí me dicen que hay que buscar financiamiento por tal cosa y salimos a buscar ese financiamiento, entonces entre que salís a buscar hasta que terminás y ponés el primer ladrillo, a veces lleva un año. Pero en el caso del CAF creemos que para mediados de año ya estaríamos en condiciones de empezar a presentar los proyectos y lograr ese financiamiento más de 70 millones de dólares”.
Otras obras
En ese detalle, agregó que “se está empezando la obra, y creo que se va a firmar la semana que viene ya el inicio de obra, de una ruta que va desde Viale hasta Arroyo Durazno, cerca de Maciá. Son 30 y pico millones de dólares, para 60 y pico de kilómetros de ripio y puentes de hormigón”.
“Por otro lado, estamos ya al cierre del financiamiento con el FIDA, que es un organismo que presta plata para el sector productivo, para obras de 12 kilómetros de ripio entre Maciá y Guardamonte y después en cinco Departamentos de pequeños tramos de ruta que saca la zona de cooperativas apícolas a zonas que necesitan ingresar con tránsito en momentos de lluvia, y tiene aportes también para colmenas y elementos para los productores apícolas”, precisó.
Agregó que “se está trabajando con BICE para pavimentación en la zona de Villa Paranacito y unos puentes en la región. Y estamos iniciando también un crédito que seguramente vamos a tomar, que nos han habilitado cerca de 300 y pico de millones de dólares, y se están definiendo qué obras se van a hacer con este financiamiento”.
Cusinato explicó que “cuando hay falta de proyectos, hay que contratar consultoras para hacerlos, como sucedió con la Circunvalación de Nogoyá, que pasa por el medio de la ciudad y circula todo el tránsito pesado que va a Victoria, Rosario, Córdoba, Chile, así que estamos con esto con el financiamiento del BID. Y con eso también hay varias obras: creo que también en Gualeguay hay una obra que es de contención de las inundaciones que cortan la ruta 11 que va a Victoria. A eso lo está definiendo Vialidad, nosotros hacemos todos los trámites para lograr la plata. Vialidad, Producción, Turismo, son los que nos dicen, estos son los proyectos prioritarios y a partir de ahí avanzamos con el financiamiento”.
Finalmente, sobre la forma de conseguir el financiamiento internacional, apuntó: “Hemos logrado que el gobernador, que históricamente ha tenido relaciones con el financiamiento, con el BID, con muchos organismos, y es muy conocido, nos abra la puerta y a través de él, nosotros vamos detrás a hacer todo el trabajo burocrático hasta lograr el contrato, hacer la licitación, adjudicar la licitación. Después Vialidad controla la obra, ellos certifican, nos mandan certificados a nosotros y nosotros pagamos. Ese es un poco el circuito, el cual se empieza con el gobernador porque la verdad que es quien nos abrió la puerta en muchos lugares que quizás nosotros o gobiernos anteriores no lo habían logrado”. El Entre Ríos.
La Rosca |Plan de lucha de gremios|
El frente de unidad definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral que contempla una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en Rosario, Santa Fe, el martes 10. Exigirán a los gobernadores que rechacen el proyecto.
“A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, indicó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Los sindicatos movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario, Santa Fe, el 10, para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto.
Un nuevo Frente de Sindicatos Unidos integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos sindicatos nucleados en las distintas centrales obreras definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral que contemplará una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en la ciudad de Rosario (Santa Fe) el martes 10.
“A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado. Con esta reforma no nos vamos a dejar humillar, vamos a reaccionar con dureza hasta que se caiga completa. Milei cruzó una línea roja de la que será muy difícil volver. No hay que descartar que la reforma laboral sea para el presidente lo que la previsional fue para Macri. No vaya a ser cosa de que con el empecinamiento en destruir a los sindicatos y los trabajadores, empiece el tiempo de descuento para el oficialismo”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Si el Gobierno quiere discutir una reforma de verdad, que realmente solucione la crisis del mercado de trabajo, tiene que empezar de cero y hacer lo que no hizo: convocar a los trabajadores”, detalló. Participaron también de la reunión la CTA Autónoma y de los Trabajadores.
En referencia a la decisión de movilizar a las provincias, el dirigente apuntó: “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. Se trata de una reforma laboral que no va en contra de los trabajadores, directamente va en contra de la Argentina. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina de desfinanciar y fundir a las provincias”.
“Respetamos todas las posturas, pero no coincidimos con la idea de dialogar con el objetivo de modificar algunos artículos. Esta iniciativa contiene 136 puntos y todos perjudican a los trabajadores. Aunque recuperemos cuatro o cinco puntos, igual perderíamos por goleada. Tampoco creemos que se pueda pensar que una vez aprobada, la posterior declaración de inconstitucionalidad sea una posibilidad para los trabajadores. La última vez que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó 13 años para hacerlo. No podemos esperar ese tiempo. Con esta reforma, en meses desaparecemos”, agregó Rodolfo Aguiar.
“No existe un solo indicador que esté a favor de los argumentos que exponen Bullrich y el Gobierno. Esta ley no va a crear nuevos puestos de empleo, y menos aún que estos sean de calidad. La modernización que nos están proponiendo es más precarización y más explotación. Si la reforma se aprueba, nuestro destino será trágico, el destino de todo el pueblo será de tragedia. Tenemos que salir a la calle y levantar nuestra voz”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Todos los sindicatos trabajaron en la elaboración de un documento que incluye los ejes del debate y las principales resoluciones.
Cabe recordar que Rodolfo Aguiar ya había mantenido reuniones previas con sus pares de la UOM, Abel Furlán, y de Aceiteros, Daniel Yofra, en la que expresaron la voluntad de las bases trabajadoras para marchar contra el proyecto que impulsa el Gobierno nacional.
Además, ATE junto a sindicatos estatales realizarán un paro con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado, previsto para el 11 de febrero.
La Rosca | Recorte de horas extra |
El gremio reclamó a la Provincia “una urgente aclaración” y advirtió que “los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo”.
“Nos han contactado trabajadores de varios ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo.
La dirigente aclaró que hasta el momento el sindicato “no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas”.
A mediados de 2025 el patio central de Casa de Gobierno fue escenario de ruidosas protestas de trabajadores de la Administración, molestos por el recorte de horas extra que entonces rondó el 20%.
“La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios”, explicó.
Melgarejo dijo que “esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”.
“Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.
La secretaria gremial de UPCN se preguntó “cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas” y al respecto remarcó: “Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores”.
“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, resaltó Melgarejo.
“Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema», señaló y reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.
“Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar”, apuntó la dirigente sindical.
Luego manifestó: “En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno”.
“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó.
“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa”, finalizó Melgarejo.
La Rosca |Mesa de dálogo social|
Lo hizo tras participar de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social. Presentó una serie de propuestas para transparentar las políticas alimentarias.
En ese ámbito, el legislador presentó cuatro propuestas concretas orientadas a fortalecer la transparencia, el control participativo y la confianza pública en la distribución de la asistencia alimentaria en Entre Ríos.
Las iniciativas incluyen la creación de una plataforma digital pública de trazabilidad, la realización de auditorías externas anuales a cargo de universidades públicas, un registro digital voluntario del destino final de los alimentos y la implementación de talleres de capacitación y buenas prácticas para las organizaciones.
El encuentro contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, legisladores provinciales, universidades públicas y representantes de organizaciones sociales que integran la Mesa de Diálogo Social, espacio interinstitucional destinado al seguimiento y fortalecimiento de las políticas alimentarias en la provincia.
La reunión había sido solicitada formalmente por el senador Sanzberro junto al senador Casiano Otaegui (Juntos por Entre Ríos) mediante un proyecto de comunicación aprobado por el Senado provincial, con el objetivo de que el Ministerio brinde información y se generen instancias de mejora en los mecanismos de autorización, entrega, control y seguimiento de la asistencia alimentaria.
Sanzberro remarcó que las propuestas presentadas en representación de su bloque, son voluntarias, constructivas y no punitivas, y subrayó que “apuntan a generar más confianza sin sumar burocracia, reconociendo el trabajo de quienes todos los días sostienen la política alimentaria en el territorio”.
La Rosca |Agenda de Frigerio en EEUU |
En el marco de la estrategia provincial de ordenamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas, el gobernador Rogelio Frigerio desarrollará en los próximos días una agenda de reuniones institucionales en los Estados Unidos con fondos de inversión y administradores de activos internacionales.
Con el objetivo de presentar la situación económica y fiscal de la provincia, exponer las líneas centrales del programa de gobierno y ratificar el compromiso de Entre Ríos con una administración responsable y previsible de sus obligaciones, el mandatario mantendrá encuentros con representantes de importantes firmas financiera en las ciudades de Nueva York y Boston. Durante tres días, Frigerio tendrá reuniones con bancos de inversión, entre ellos, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre Vanguard Payden, JPMIM Aberdeen Blue Bay, PIMCO, VR Capital, Black Rock, Mesarete, Wellington, Loomis Sayles, Brace Bridge. También nos acompaña un consorcio de Bancos (Santander – BBVA y Bank Of America) y Banco Entre Ríos.
La agenda incluirá reuniones técnicas y presentaciones ante distintos fondos de inversión y administradores de activos. Serán coordinadas con el acompañamiento de entidades financieras internacionales que permitirán intercambiar información y responder consultas sobre la realidad económica de la provincia y su proyección de mediano y largo plazo.
Durante las reuniones, Frigerio expondrá el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que viene llevando adelante la provincia, las medidas adoptadas para fortalecer el equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar hacia un perfil de deuda sostenible que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar la prestación de servicios esenciales ni el desarrollo productivo.
El gobernador destacará que “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”, y subrayará que el diálogo con los mercados internacionales forma parte de una política de responsabilidad institucional y transparencia.
Desde el gobierno provincial se remarca que este tipo de instancias de diálogo son habituales en procesos de ordenamiento financiero y resultan clave para fortalecer la credibilidad, mejorar el acceso al financiamiento y garantizar condiciones de mayor estabilidad para el futuro de Entre Ríos.
La Rosca |Reorganización interna en la municipalidad|
Durante la ceremonia, la Presidenta Municipal explicó que la salida de Stickel había sido anticipada por motivos personales y valoró su gestión, destacando su rol en una etapa clave vinculada al transporte urbano. En ese marco, señaló que Bolzán ya integraba el equipo de gobierno y tendrá la responsabilidad de dar continuidad a las políticas del área.
Romero remarcó que uno de los principales desafíos de la gestión será mejorar el Sistema de Estacionamiento y continuar fortaleciendo la movilidad urbana en la ciudad, como parte de una agenda de trabajo orientada a optimizar la circulación y el ordenamiento del tránsito.
A su turno, Kevin Bolzán señaló que la designación representa “un desafío muy grande” y expresó su satisfacción por el acompañamiento del equipo de trabajo y el respaldo de la intendenta. “Vamos a trabajar para conseguir buenos resultados y dar continuidad a lo realizado por la anterior secretaria. El objetivo es ordenar el sistema de estacionamiento y seguir mejorando el servicio de transporte”, afirmó.
Antes de dejar el cargo, Katherine Stickel, en una actividad oficial, agradeció a la intendenta y valoró la experiencia transitada durante su gestión.
“Estoy muy agradecida por la valoración y el acompañamiento. Fue una gran experiencia personal y laboral, con importantes aprendizajes. Trabajar bajo la conducción y la orientación de Rosario Romero me permitió incorporar la templanza como un valor fundamental para esta función. Me voy muy conforme con el trabajo realizado y los resultados obtenidos”, expresó.
Participaron de la actividad el viceintendente David Cáceres; el jefe de Gabinete Santiago Halle; la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental Mayra Collante; el secretario de Desarrollo Social Enrique Ríos; el secretario de Hacienda y Producción Alexis Bilbao; el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana Rubén Clavenzani; la concejala Luisina Minni; el subsecretario de Servicios Públicos Daniel Clivio y el escribano municipal Facundo Urriste.
La Rosca |Acuerdo de libre comercio |
La discusión no es menor: el entendimiento involucra para la Argentina y el resto de los socios del bloque un mercado de casi 700 millones de personas y a uno de los principales polos de consumo e inversión del mundo. Para países exportadores de alimentos, el acuerdo aparece como una oportunidad para ampliar el comercio exterior, aunque también como un desafío frente a exigencias ambientales, cupos, aranceles y asimetrías productivas con las naciones europeas.
En el plano local, el debate se cruza con una discusión más profunda sobre el modelo de inserción internacional. La posibilidad de que el acuerdo profundice la primarización de las exportaciones, en lugar de impulsar el agregado de valor y la generación de empleo, genera reparos en distintos sectores productivos y políticos, especialmente ante la falta de políticas de acompañamiento por parte del Estado nacional.
El escenario internacional tampoco es lineal. Las cláusulas ambientales, como el reglamento europeo sobre Productos Libres de Deforestación, y la competencia directa con economías altamente desarrolladas en sectores sensibles, suman complejidad a una implementación que, aun en el mejor de los casos, sería gradual y de mediano plazo.
En este contexto, la discusión excede el acuerdo en sí mismo y se proyecta sobre la macroeconomía argentina, la restricción estructural de dólares, la previsibilidad institucional y la capacidad del país para atraer inversiones productivas genuinas en un escenario global cada vez más fragmentado.
Con ese marco, Juan José Bahillo, exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante la gestión de Sergio Massa en Economía y actual diputado provincial de Entre Ríos por el Frente Renovador, analiza los alcances, oportunidades y riesgos del acuerdo Mercosur–Unión Europea.
Con experiencia directa en las negociaciones y una mirada crítica sobre el rumbo actual de la economía por parte del gobierno de Javier Milei, Bahillo plantea la necesidad de una estrategia que priorice el valor agregado, el trabajo argentino y una inserción internacional más inteligente.
-¿Cuál es tu primera impresión sobre los últimos avances en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea después de tantos años de negociaciones?
Es un acuerdo muy importante para nuestro país. Tenemos que ser inteligentes para sacar de este acuerdo el mejor provecho posible porque puede favorecernos si somos inteligentes y estratégicos en las negociaciones, de acá para adelante, puede perjudicar a algunos sectores. Pero, en mi opinión, el acuerdo es positivo.
Estamos teniendo un acuerdo con un bloque que tiene casi 700 millones de personas, los 27 estados de la Unión Europea, que producen 30% del PIB mundial. Tienen un alto poder adquisitivo, un altísimo ingreso per cápita, con lo cual el fuerte el importante intercambio que ya tenemos en materia de exportaciones puede verse mejorado.
Lo ideal de esto sería que este acuerdo de libre comercio, más allá de generar mejores condiciones objetivas para la exportación de nuestros productos, deberíamos pensarlo para una mayor inversión en las distintas cadenas de valor, fundamentalmente agroalimentarias que tenemos, para que agreguen valor y trabajo argentino a las exportaciones. Y no que este acuerdo, que también puede pasar, que sería el lado negativo, solo se traduzca en más exportaciones de parte de nuestro país en producto de carácter primario y sin valor agregado.
Me parece que hay que pensarlo por ahí. Si nos quedamos con que vamos a exportar más volumen de lo que ya exportamos, que algunos son con valor agregado, pero la mayoría es con poco valor agregado, creo que nos estamos quedando cortos y siendo mezquinos en la mirada.
Hay que mirarlo de manera más estratégica y tratando de generar condiciones para que se realicen inversiones extranjeras, junto con el capital nacional, para agregar valor y así subir el promedio de dólares por tonelada exportada y generar nuevas oportunidades laborales para los argentinos.
-¿Crees que las señales del Gobierno han sido más en favor de la primarización de las exportaciones?
-Lamentablemente sí. El acuerdo per se no dice nada de eso, pero el Gobierno no tiene una política de acompañamiento o de apalancamiento de manera financiera para las inversiones del privado pueda desarrollar un mayor agregado de valor. Milei muchas veces cuando dice que quiere volver a la Argentina en 1910, habría que mandarlo a estudiar un poquito, porque exportábamos granos fundamentalmente sin valor agregado. Yo quiero exportar fideos de alta calidad, no granos de trigo. Y me parece que el Gobierno actual no tiene política concreta en este sentido.
Le da prácticamente lo mismo o le traslada todo al sector privado cuando el desarrollo de una plataforma exterior, de un proceso de industrialización en un país lleva mínimamente 10 años y tiene que tener de alguna manera un acompañamiento del Estado, sobre todo en apoyo con líneas de financiamiento para la importación por ejemplo de bienes de capital, de bienes intermedios para agregar valor a nuestros productos. Yo no veo una política concreta de generar trabajo argentino y ese es el temor que tengo: que esto solamente se traduzca en exportaciones de carácter primario y eso no sería beneficioso, porque lo que importamos sí tiene componentes de mucho valor agregado, bienes intermedios del sector industrial, es lo que nos exportan a nosotros, digamos, y nosotros no nos caracterizamos por tener mayor valor agregado. Creo que eso habría que empezar a trabajarlo para que no sea tan así.
-Mencionaste que algunos sectores de la economía podrían terminar siendo perjudicados si la apertura comercial con Europa no contempla algunas regulaciones. ¿A cuáles te referís?
-La desgravación es de carácter progresivo. Siempre hay que mirar la letra chica de todos los acuerdos, y yo no la he podido ver. Sí participé de algunas reuniones donde estuve como Secretario de Agricultura junto con Cancillería de algunas negociaciones y algunas cuestiones avanzaban y nosotros estábamos inmovilizados. Yo creo que el sector de los vinos tiene que estar muy atento, porque si nosotros exportamos vinos a la Unión Europea, también ellos son productores con mucha competitividad y mucha calidad. Países como España o Francia, tienen muy buenos vinos. También pueden competir en segmentos de alto valor. La exportación más importante que nosotros hacemos es de harina de soja. La harina de soja tiene algo de procesamiento, no es lo mismo que el poroto de soja, pero deberíamos exportar alimento balanceado, en todo caso, o carne. Exportar proteína vegetal transformada en proteína animal.
Y en tema de carne es que otorga un cupo de 99 mil toneladas para el bloque del Mercosur, que no es tan importante para los cuatro países, esto teniendo en cuenta la capacidad productiva de Brasil. A China nomás, nosotros le exportamos 500 mil toneladas. Estados Unidos habla de que va a llevar el cupo a 80 mil toneladas cuando le exportamos 20 mil. Lo más importante ahí es la eliminación inmediata, aparentemente, de lo que es el arancel que tiene la cuota Hilton, que es de un 20% y eso sería una mejora inmediata de 110 millones de dólares para el sector y se debería trasladar a la cadena de los frigoríficos que exportan hasta los productores que producen para la cuota Hilton, una carne producida solamente a pasto y tener toda una trazabilidad. Ahí yo veo una mejora inmediata.
Y las exportaciones agrícolas pueden ir creciendo de a poco, porque también no pueden crecer más de un 5% del promedio del último trienio, tengo entendido que se sigue tomando eso, que ya se hablaba en aquel momento. Porque ahí sí pueden estar objetadas tanto por los productores o por las entidades de la Unión Europea, con lo cual ahí puede haber un crecimiento, pero es más gradual. Hay que apostar fuertemente a la inversión extranjera, esto genera nuevas oportunidades de negocio, recupera un poco el multilateralismo en un mundo, que en estos tiempos ha habido retrocesos y que se maneja de manera prácticamente unilateral y mezclando muchas veces, lamentablemente, la política con las oportunidades comerciales. Las oportunidades comerciales tienen que ser aprovechadas por los países para colocar sus productos y para vender trabajo argentino y no estar condicionadas por cuestiones ideológicas
-¿Es un acuerdo de rápida implementación o va a ser progresivo y complejo de aplicar?
-Vamos a empezar a ver algunos resultados dentro de entre 5 y 10 años. No es de rápido recupero, digamos, esto se va a ver en el mediano plazo. Pero bueno, las inversiones también tienen que ser planificadas de esta manera y lo que sí, el acuerdo le da previsibilidad para la generación de este tipo de inversiones, para el agregado valor que yo te decía
-¿El reglamento para Productos Libres de Deforestación que estableció la Unión Europea para algunos productos que se producen en Argentina caduca con este acuerdo o se mantiene vigente?
-Eso regiría. Se mantiene, lo que pasa es que se va postergando su implementación. Es más que nada un arancel económico, más que de sostenibilidad ambiental, porque nuestros procesos productivos de producción de granos o de alimentos son positivos en cuanto a huella de carbono. Nosotros implementamos la siembra directa, hay un cuidado del suelo, hay sostenibilidad, hay sustentabilidad en nuestros procesos productivos y por lo tanto los alimentos que se obtienen a partir de esos procesos. Es más que nada una barrera proteccionista en términos ambientales.
-¿Cómo ve el acuerdo de ampliación de cupo con los Estados Unidos de exportación de carne? Se ha hablado mucho pero no hay demasiadas certezas
-Sería bueno y hay que ser coherentes. Cuando era secretario de Agricultura, hice una viaje Washington me acuerdo fundamentalmente por dos temas. Uno era ampliar la cuota de 20 mil toneladas que teníamos con un arancel muy bajo, después se va a un arancel del 26% superada las 20 mil toneladas, con lo cual nos saca un poco de mercado, dado que había países que en la cuota de importación que tenía Estados Unidos en aquel momento no la cumplían. Nosotros no fuimos a pedir a Estados Unidos que ampliara la cuota, sino que hiciera una reasignación de esos países que no podían cumplir con la cuota y si podíamos tener una oportunidad comercial y poder exportar más. Hicimos un viaje a Washington, nos reunimos con autoridades del Gobierno de aquel momento, inclusive hasta con las entidades que representaron a los productores, pidiendo la ampliación de la cuota. Así que en ese sentido yo creo que si nosotros la hicimos a la gestión buscando esa ampliación que se ve ahora, me parece que está bien.
Lo que yo no veo que esto se traduzca en términos concretos. Por ahora solo estamos en anuncios. Está como el swap de 20 mil millones de dólares que se anunció en el proceso electoral de parte de Estados Unidos y nuestro país y todavía de eso no hay nada en concreto. Hay mucho anuncio pero que no se traduce a la realidad y ojalá se tradujera aunque fueran partes y cuotificados y que tome algunos años, pero sería positivo para el sector que se ampliaran las importaciones a Estados Unidos de carne bobina
-Volviendo al acuerdo del Mercosur con Europa. ¿Cree que puede modificar la ecuación para que ingresen dólares a la Argentina y empezar a corregir esa situación deficitaria de arrastre?
-Y ojalá genere. El problema son las decisiones políticas. Ahora por primera vez tenemos un Presupuesto de tres años. No van a venir inversiones importantes si no ven de parte de las autoridades nacionales y la más gravitante responsabilidad la tiene el oficialismo en el gobierno de Milei para mostrarse coherente, previsible, que esté fortalecido y que no tenga cuestiones imprevistas o de estrés en la macroeconomía. Y lamentablemente el gobierno nacional todavía muestra debilidades y mucha flaqueza en este sentido. Cada cuatro meses está necesitando la fortaleza de la compañía del Fondo Monetario Internacional, el respaldo del gobierno de EEUU, el swap con China el año pasado fue un blanqueo muy importante. Está todavía con un modelo que tiene un fuerte estrés en cuanto a la restricción de dólares, son más los dólares que necesitamos para pagar la deuda y las importaciones que los dólares que generamos.
Encima abren de manera irrestricta y casi sin ningún tipo de razonabilidad las importaciones de bienes terminados, de bienes de consumo terminado, con lo cual eso tiene un doble efecto perjudicial. Una mayor demanda de dólares, el superávit energético lo neutralizó o se lo comió la mayor demanda de dólares para viajes al exterior, para el turismo, por la balanza comercial negativa que tenemos en turismo. Esos no comió un superávit similar al superávit energético en alrededor de 7 mil millones de dólares, con lo cual el gobierno sigue mostrando una vulnerabilidad muy fuerte.
Mientras no muestra el signo de mayor fortaleza en la macroeconomía, las grandes inversiones en mi opinión pueden mirar, pueden estar atentos, pero no se van a traducir tan rápidamente. De hecho se generaron un régimen muy especial, muy particular, extremadamente beneficioso, ya de manera grosera, a través del RIGI para darle beneficio a las inversiones, sobre todo en minería y en energía, y eso no se tradujo prácticamente en nada en estos más de dos años de Gobierno. (News Digitales)
La Rosca |Retención de servicios |
Ante “otra ofensiva contra las y los laburantes que sostienen el ministerio”, según expresaron en un comunicado, los trabajadores de Desarrollo Humano de Entre Ríos realizarán este martes y miércoles, a partir de las 10, asamblea en el hall del organismo en Casa de Gobierno.
“Como ya es una lamentable costumbre, por comunicaciones informales, sabemos que se definió un nuevo recorte a nuestros ingresos. Si ya resulta extremadamente difícil sostener la vida con un mínimo de dignidad con nuestro ingreso actual, ¿a qué condiciones quieren empujarnos con una nueva quita?”, señalaron.
“No nos vamos a resignar a seguir perdiendo calidad de vida. No vamos a normalizar la indiferencia con la que nos quieren disciplinar hace meses. Somos quienes garantizamos derechos con nuestro trabajo cotidiano. Creemos en el Estado y lo vamos a seguir defendiendo”, remarcaron.
Extraoficialmente, se conoció este lunes que el ministerio de Economía de Entre Ríos habría dictaminado que se reduzcan las horas que tienen en Desarrollo Social de 13000 a 8000.
Al comenzar a circular la información, trabajadores se hicieron presentes para dialogar con la ministra Verónica Berisso, quien nos los recibió.
En diálogo con AIM, la delegada de ATE en el ministerio, María Victoria Bautista, indicó: “llevamos adelante una asamblea informativa a raíz de una comunicación informal que comenzó a circular entre jueves y viernes de la semana pasada respecto de un nuevo recorte en nuestros ingresos, que se suma al que ya nos aplicaron en junio de 2025, fecha desde la que no hemos tenido recomposición salarial, más allá de ese bono no remunerativo de 50 mil pesos”.
“Supimos que desde el ministerio de Economía se decidió unilateralmente un nuevo recorte y, en función de eso, decidimos retomar acciones que van a comenzar mañana con asambleas y retenciones de servicios”, dijo Bautista.
Con respecto a si dicho recorte se aplicaría también en otros ministerios, afirmó: “Todavía no tenemos confirmación. Estamos en comunicación entre delegados y delegadas. Trabajadores nos han dicho que en otros ministerios están en la misma situación”, concluyó.
La Rosca |Posible reforma en el sistema previsional |
El titular de la Caja, Gastón Bagnat, ha insistido en que todavía «no hay proyecto» aunque sí hay líneas directrices que llevarán este 2026 al Ejecutivo a presentar una iniciativa en la Legislatura provincial. “Estamos poniendo sobre la mesa cuáles son los ejes. Hay que terminar de definir algunas líneas para dejar un sistema sustentable a largo plazo. Estamos en esta línea de trabajo, con reuniones, explicando, también invitando a que hagan propuestas, que opinen. Este martes fue una muy buena reunión en ese sentido, de mucha sinceridad. Tanto los gremios como de mi parte dijimos las cosas como son. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces en desacuerdo”, dijo en diciembre pasado.
Con la vocal Vallori Agmer abordó “la situación (creada) ante las declaraciones en la prensa y rumores de intento de modificación de la Ley 8732 que regula el régimen provincial de jubilaciones y pensiones”.
Del encuentro tomaron parte el titular de Agmer, Abel Antivero; la adjunta, Lía Fimpel; la gremial, Susana Cogno; y los dirigentes Sergio Blanc y Claudio Puntel. Según indicó el gremio docente, “se dialogó sobre las declaraciones en medios de prensa” de parte de funcionarios del Gobierno respecto de la eventual modificación de la Ley N° 8.732, y también de los pasos que han dado los distintos sectores, el gremio docente y la Federación de Jubilados y Pensionados -entidad a la que representa Vallori- en defensa del actual sistema jubilatorio.
“Ante la ausencia de proyecto y las crecientes declaraciones mediáticas de los funcionarios de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, reiteramos lo que históricamente se ha defendido, no sólo por parte de la docencia, sino de todos los sectores perjudicados: defensa irrestricta del 82% móvil, la edad jubilatoria, el cálculo previsional y el sistema de pensiones, puntos en los cuales coincidimos durante la charla y a los cuales vamos a defender en unidad”, indicó Agmer.
El mayor sindicato docente de Entre Ríos planteó ante la vocal de los jubilados en la Caja que “en momentos de ajustes” los activos y los jubilados “no pueden ser la variable”.
“Se coincidió que, históricamente, ante intentos anteriores de reforma el estar todos en la calle defendiendo la Caja y la ley logró seguir manteniendo el derecho a una jubilación digna”, planteó Agmer. Y se plantearon “canales de diálogo para futuras reuniones para continuar la resistencia frente a este tipo de políticas que sólo intentan beneficiar a un sector de la población empobreciendo a miles de entrerrianos”.
La Rosca |Apuntaron contra el intendente de Feliciano |
“Decir que un hecho de posible espionaje institucional “no era para tanto” no es una frase ingenua ni un comentario menor. Es una definición política. Y como tal, merece una postura clara, responsable y a la altura de las circunstancias. Los vecinos, desde hace años (y con justa razón) nos piden a quienes ocupamos momentáneamente funciones públicas, justamente eso”, sostuvo.
“El hallazgo de cámaras y sistemas de audio en despachos oficiales del gobernador de la provincia y del secretario general de la Gobernación no puede ni debe relativizarse. No se trata de una película de detectives de Hollywood, ni de una anécdota técnica, ni de cables olvidados en un edificio viejo. Estamos hablando de un hecho de gravedad institucional que interpela directamente a nuestra democracia y a la calidad de nuestras instituciones”, agregó.
“Minimizarlo es un error. Pero, peor aún, es un riesgo. Porque cuando se naturalizan prácticas irregulares, cuando se las disfraza de “sistemas caseros”, cuando se las justifica en nombre del cuidado personal o de la sospecha permanente, se abre una puerta muy peligrosa: la de aceptar que todo vale, que los límites pueden correrse y que la legalidad es una cuestión opinable”, manifestó.
“Nuestra historia, como argentinos y como entrerrianos, nos obliga a ser especialmente cuidadosos. Venimos de tiempos muy oscuros donde el espionaje interno, la vigilancia y la persecución política fueron herramientas del poder. Por eso resulta alarmante escuchar livianamente que “no causó mayor preocupación” o que ‘no parecía espionaje’. La gravedad de los hechos no depende de una opinión personal, sino del respeto irrestricto al Estado de Derecho”, advirtió Romero.
“En este contexto, es necesario destacar y defender la actitud del gobernador Rogelio Frigerio. Desde el primer día, este gobierno se ha caracterizado por la transparencia, por poner luz donde durante años hubo oscuridad y por enfrentar sin titubeos la corrupción que se apoderó de nuestra provincia durante más de 20 largos años. Denunciar, investigar y dar intervención a la Justicia no es exagerar ni apresurarse: es gobernar con responsabilidad democrática y con un compromiso real con la verdad”.
“Investigar no es dramatizar. Denunciar no es sobreactuar. Muy por el contrario: es cumplir con la obligación institucional que le cabe a cualquier gobierno serio cuando se detecta una posible irregularidad de esta magnitud. El silencio o la minimización sí serían una falta grave”.
“Que sea la Justicia la que determine qué ocurrió, cómo y con qué finalidad es lo correcto. Pero ese proceso debe darse sin relativizaciones previas, sin discursos que bajen el precio a hechos que afectan la confianza pública”.
“No todo es lo mismo. No todo es ‘una cuestión técnica’. Y no todo puede resolverse con un “no era para tanto”.
“Por eso, señor intendente Arévalo, no se trata de sobreactuar ni de minimizar, sino de estar a la altura del cargo que se ocupa. Los hechos sensibles, que tocan fibras profundas de nuestra vida democrática, no pueden transformarse en excusas para declaraciones livianas.
La responsabilidad institucional exige prudencia, seriedad y compromiso con la verdad. Porque cuando se habla de prácticas que remiten a los momentos más oscuros de nuestra historia, lo que corresponde no es relativizar ni especular, sino defender con firmeza las reglas de la democracia que todos decimos respetar”. (APF)
La Rosca |Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano |
Katherina Stickel no es más la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná. La funcionaria renunció en las últimas horas por motivos personales y de ese modo se desvinculó del equipo de gestión de la intendenta Rosario Romero.
El reemplazo de la ahora exfuncionaria será anunciado en las próximas horas por la jefa comunal.
Si bien no hay nombres confirmados, uno de los que suena para ocupar la Secretaría es Kevin Bolzán, quien ya se viene desempeñando en la actual administración municipal.
La Rosca |Revisión doctrinaria del PJ |
El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, volvió a plantear la necesidad de una revisión doctrinaria dentro del peronismo y aseguró que quiere involucrarse activamente en ese debate. Desde su mirada, el principal desafío del espacio de cara a 2027 pasa por reconstruir un proyecto centrado en el trabajo, la industria y salarios dignos, y no en lo que definió como “el mundo del pobrismo”.
En una entrevista con diario Clarín, Pichetto insistió en que el peronismo necesita debatir “ideas antes que nombres”, pero advirtió que también será clave la estética del espacio, que —sostuvo— debe diferenciarse de la centroizquierda y del enfoque de los organismos de derechos humanos. En su visión, un peronismo con aspiraciones de volver al poder requiere hablar el lenguaje de la sociedad y recuperar la defensa de la industria nacional, hoy —afirmó— golpeada por las políticas del Gobierno.
Pichetto reconoció que trabaja junto a dirigentes de diversas corrientes del peronismo en la búsqueda de coincidencias programáticas, y mencionó entre ellos a Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Massot. Consideró que el partido “está ávido de un debate” que vuelva a poner en el centro al empleo y los salarios, y sostuvo que el peronismo es históricamente el garante de la gobernabilidad, algo que —dijo— se deterioró con el protagonismo de los movimientos sociales.
Pichetto afirmó que nunca dejó de sentirse peronista y que su distancia en los últimos años estuvo ligada a la “cosmovisión” del kirchnerismo y del gobierno de Alberto Fernández, al que cuestiona por haber puesto el acento en los planes sociales. “Gobernar es generar trabajo”, remarcó. Para el diputado, esa será la gran demanda social del próximo ciclo político.
Respecto del kirchnerismo, señaló que fue garante de la gobernabilidad “en algún momento”, y que hoy el espacio atraviesa un proceso de redefinición que involucra especialmente al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Aseguró que si el mandatario quiere convertirse en una alternativa para 2027, “tiene que cambiar la visión y las ideas”. Aunque fue crítico de él en el pasado, afirmó que no pretende hacer política desde lo personal y que lo central es reconstruir confianza social sobre la base de un proyecto vinculado a la tradición productivista del peronismo.
En ese marco, cuestionó lo que considera una lectura “vieja” de la política internacional y planteó que Argentina debe alinearse con Occidente, cerca de Estados Unidos —“no tan cerca para no quemarte”, matizó— y con una “relación inteligente” con China, aunque rechazó la apertura indiscriminada a las importaciones del gigante asiático.
Consultado sobre el rol de los gobernadores, Pichetto consideró que muchos están condicionados por la situación económica de sus provincias y que no corresponde calificarlos por su relación con la Casa Rosada. Enumeró dificultades como la falta de obra pública, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas y las tensiones salariales.
Sobre la reforma laboral que comenzará a tratarse en el Congreso, sostuvo que buena parte de sus efectos ya se verifican en la realidad mediante la caída de salarios y el aumento del empleo informal. Adelantó que observa con preocupación algunos puntos porque considera que pueden profundizar la precarización, aunque esperará la versión final del Senado para fijar posición.
Pichetto analizó además el lugar de las figuras que marcaron la política de los últimos años. Dijo que Cristina Kirchner “sigue siendo un sujeto gravitante, incluso desde la cárcel”, y que no descarta que pueda formar parte de la reconfiguración del peronismo. En su opinión, la renovación partidaria de los años 80 demostró que es posible avanzar aun con referentes tradicionales adentro del proceso, siempre que exista debate y, sobre todo, liderazgo.
Finalmente, planteó que para ordenar al peronismo podría ser necesario un mecanismo democrático semejante al de 1987 entre Menem y Cafiero, pero aclaró que, antes de eso, debe darse un verdadero debate de ideas. “Si no hay líder, no hay proceso. Y si el líder es equivocado y el discurso es equivocado, estás destinado a la derrota”, concluyó.
La Rosca |Amparo sobre distancias de aplicación |
Lo dijo durante una reunión de la Filial Puiggari del Distrito III de la FAA que se realizó en Aldea Brasilera para abordar la situación de los productores afectados por el amparo judicial vinculado a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en las localidades de Colonia Ensayo y Aldea Salto del departamento Diamante.
El encuentro se llevó a cabo el viernes 23 de enero y contó con la participación del director de FAA Entre Ríos, Matías Martiarena; integrantes de la Filial; productores; el diputado provincial Lenico Aranda; el senador provincial Gustavo Vergara; y el presidente de la Comuna de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer.
Los productores expusieron el estado actual de las acciones judiciales en curso y detallaron el avance de las causas que los involucran, en un contexto que genera profunda preocupación en el sector productivo. Cabe destacar que la representación del Estado provincial en estas instancias está a cargo de la Fiscalía de Estado.
Por su parte, el director Matías Martiarena informó sobre las gestiones que vienen llevando adelante las entidades del sector, entre ellas la posibilidad de sumarse a la causa como amicus curiae (amigos del tribunal) o como terceros afectados, así como el trabajo de recopilación y presentación de pruebas técnicas, académicas y oficiales que respalden la actividad productiva.
Asimismo, los legisladores presentes explicaron el extenso y detallado trabajo realizado para la sanción de la Ley Provincial de Fitosanitarios N.º 11.178, actualmente cuestionada en el ámbito judicial.
En el cierre del encuentro, Bender expresó la preocupación de los productores ante la reiteración de acciones judiciales que consideran intencionadas contra los sectores productivos, pese a la vigencia de una ley que demandó años de debate, consensos y trabajo conjunto.
“Estamos muy preocupados por las reiteradas denuncias y acciones judiciales contra productores, aun cuando existe una ley de fitosanitarios que fue trabajada durante años con el consenso de todas las instituciones. La expansión desordenada de loteos termina castigando injustamente al sector productivo. Nosotros solo queremos seguir trabajando, produciendo y abasteciendo de alimentos a la sociedad, como lo hicimos siempre”, concluyó Bender. (APF)
La Rosca |Paritarias estatales |
El secretario de la Gobernación, Mauricio Colello, se refirió al estado de las paritarias en el sector público y destacó que el Gobierno viene manteniendo diálogos con los distintos sindicatos que agrupan a los trabajadores del Estado. El funcionario resaltó que no solo se viene abordando la situación con el principal sindicato docente de la provincia sino que se lo viene haciendo con todos los sindicatos.
En ese sentido, Colello expresó a R2820: “Hablamos con todos: con los sindicatos de los trabajadores, no solo con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), sino con los policías, con los que nuclean a la gente de la administración pública, estamos en permanente comunicación y diálogo para que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, que gracias al gobierno nacional cada año está bajando, logrando una estabilidad económica”.
El funcionario destacó, en relación con una paritaria que cada año renueva el reclamo sea la gestión que esté al frente del Poder Ejecutivo provincial, que “lo más importante es que las clases comiencen cuando tengan que comenzar y que cumplamos con el calendario escolar porque cada día de clases cuenta”.
El funcionario estuvo presente en la cuarta noche del Carnaval del País, acompañado por el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. En referencia a la paritaria docente, agregó que “hay que decir que tenemos este diálogo y una conversación en un contexto económico de una crisis muy compleja, muy aguda, producto de muchas décadas de mala administración y populismo, pero hay que tener en cuenta que cuando la administración pública está discutiendo actualización salarial, en muchos casos la actividad privada -que es la que genera riqueza y empleo- está discutiendo permanencia en el trabajo”.
En aquel contexto, el funcionario opinó que ” hay que tener empatía con el sector productivo que banca a la administración pública, al menos en los costos. Por eso tratamos de dialogar permanentemente con cada uno de los sindicatos para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación”.
La Rosca |EMTURER |
El gobernador Rogelio Frigerio designó al secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), “dando así un paso decisivo para la puesta en marcha de una herramienta institucional clave para el desarrollo de la actividad turística en la provincia”, remarcaron desde Provincia.
La designación permite avanzar en la implementación efectiva del Ente Mixto de Turismo (creado por la Ley N° 11.183 sancionada en 2025), que estableció un nuevo modelo de gestión asociada entre el sector público y privado para el diseño, ejecución y control de políticas y programas de desarrollo, fomento y promoción turística.
“Demanda histórica del sector turístico”
El EMTURER fue concebido como un organismo descentralizado de la Administración Pública Provincial, al que se transfieren las responsabilidades primarias, objetivos, acciones, presupuesto, patrimonio, estructura funcional y recursos humanos vinculados a la Secretaría de Turismo. “Se trata del primer Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y de una demanda histórica del sector turístico entrerriano que asumimos como un compromiso desde la gestión provincial”, destacó Colello.
La Ley N° 11.183 establece que el Ente contará con un directorio integrado por 15 representantes del sector público, privado e institucional. Estará conformado por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y un legislador por cada Cámara del Poder Legislativo; representantes del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (COPROTUER) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); y cinco referentes del sector privado designados por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), asociaciones hoteleras y gastronómicas adheridas a FEHGRA, delegaciones de Entre Ríos de UTHGRA, la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (ASEAVyT).
Inicio de la etapa operativa
Cabe recordar que, durante el 2025, y en el marco de la sanción de la ley, referentes del sector público y privado del turismo entrerriano mantuvieron reuniones periódicas destinadas a ensayar la dinámica de funcionamiento del Ente Mixto, promoviendo el diálogo, el consenso y la construcción de una agenda común.
Con la designación de su presidente y el avance en la conformación de autoridades, “el EMTURER inicia formalmente su etapa operativa”, precisaron y comunicaron que, en este contexto, el 2026 se proyecta “como un año bisagra para la implementación de este modelo de gobernanza turística, orientado a fortalecer la planificación estratégica, la articulación institucional y el desarrollo sostenido del turismo en Entre Ríos”.
La Rosca |Cámaras halladas en despacho de Frigerio|
“Creo que tanto el exsecretario general como el exgobernador, deberían aclarar si obviaron, si olvidaron o intencionalmente no nos dijeron de que dejaban cámaras ocultas en la gobernación”, pidió Colello, mano derecha del gobernador Rogelio Frigerio.
Mientras se espera que la Justicia descubra quién colocó las cámaras que fueron encontradas el jueves, Colello señaló que el descubrimiento “es doblemente grave porque si el exgobernador y el exsecretario general sabían que en sus oficinas habían cámaras ocultas” deberían haberlo informado.
En cuanto a los posibles responsables de las cámaras, Colello dio que “son sectores que están interesados en escuchar lo que se habla en la gobernación y que de alguna manera eh se sienten incómodos o molestos con las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia y que no es la primera vez que pasan en la provincia”.
Colello confirmó que “hemos encontrado tres aparatos de intercepción de audio y de video dentro de la gobernación” y resaltó que es un “un tema de una gravedad institucional”.
“Independientemente de quién lo haya puesto ahí es que nosotros nos encontramos con cámaras con capacidad de filmar tanto imágenes como audio camufladas en artefactos de sensores de movimiento. Lo que vulgarmente se llama una cámara oculta”, agregó.
Una cámara estaba en “la propia oficina del gobernador, otro en el pasillo que une a la Secretaría General con la oficina del gobernador y un tercero en Secretaría General”, contó.
“Tomamos este hecho primero con mucha angustia porque a nadie le gusta que lo que lo estén espiando, pero por otro lado habida cuenta de que es el gobernador a quien se estaba espiando toma una gravedad institucional”, reiteró.
Colello confirmó que el gobierno provincial hizo una denuncia ante la justicia (donde actúa el fiscal Santiago Alfieri) y tras ello también se inició “el proceso administrativo para entender quién las puso. Si alguien habilitó eh la habilitación la de la colocación de esas cámaras ocultas. Pero no sabemos todavía eh desde cuándo están colocadas esas cámaras”, acotó.
Ahora “con total certeza puedo decir que son cámaras que están conectadas a corriente y que estaban en capacidad de poder funcionar perfectamente”, agregó.
Pero “lo que hay que determinar ahora es si eso efectivamente se estaba usando o no y si la utilización, en el caso de que así sea, era solamente por medio de cable o había una utilización de manera de Wi-Fi remoto, es decir que iba un dispositivo de móvil por fuera de las de las oficinas”, advirtió.
La Rosca |Encuentro-asesoramiento|
Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la generación de empleo, la necesidad de modernizar estructuras productivas y la importancia de contar con políticas públicas que permitan acompañar los cambios que se están produciendo a nivel nacional e internacional.
Tras el encuentro, Moine destacó la importancia de avanzar en reformas que permitan ampliar el empleo formal y reducir la informalidad. “Coincido con la necesidad de una reforma laboral que ayude a generar más trabajo registrado y a ampliar la demanda laboral, sin afectar derechos esenciales”, expresó el exmandatario.
Asimismo, remarcó la relevancia de encarar estos debates con una mirada de mediano y largo plazo. “Durante muchos años se aplicaron esquemas que no lograron resolver los problemas de fondo. Hoy es necesario animarse a discutir nuevas herramientas, con responsabilidad y consenso”, sostuvo.
En ese marco, Frigerio y Moine coincidieron en señalar al turismo como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de Entre Ríos. Moine subrayó que se trata de una actividad clave para el crecimiento de los servicios y la generación de empleo, y remarcó la necesidad de avanzar en una planificación sostenida que involucre al sector público, al sector privado y a los gobiernos locales.
Finalmente, el exgobernador valoró el diálogo mantenido con Frigerio y destacó la importancia de generar ámbitos de intercambio que permitan pensar políticas de Estado orientadas al desarrollo y al futuro de la provincia.
La Rosca |Debate por la reforma laboral|
El diputado nacional, Guillermo Michel, estuvo en la sede del PJ de Concordia junto a su par Marianela Marclay, además del intendente de San José, Gustavo Bastián y concejales. Allí, abordaron la Reforma Laboral que impulsa el gobierno nacional y detalló que existen 21 conflictos vinculados al mundo del trabajo en la provincia.
El legislador nacional viene manteniendo encuentros con diversos sectores y sindicatos debido a “los despidos, cierres, quiebras, suspensiones y retiros voluntarios que se están produciendo en toda la provincia, así como la pérdida de derechos que supone el proyecto de reforma laboral que pretende el gobierno nacional“, indicaron desde su entorno.
“La reforma que propone el gobierno va a profundizar la conflictividad laboral generando precarización y menor producción”, afirmó Michel. Y agregó: “Con esta ley el Gobierno busca debilitar la posición de los trabajadores y sabe que no va a generar un sólo puesto de trabajo. No va a haber crecimiento en la formalidad o la economía”.
La Rosca | Escándalo por denuncias de espionaje|
La diputada nacional Carolina Gaillard utilizó el reciente escándalo por presunto espionaje en dependencias del gobierno de Entre Ríos para lanzar una ofensiva política contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 impulsado por el presidente Javier Milei, que introduce cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional.
A través de una publicación en la red social X, la legisladora calificó como “gravísimos” los hechos denunciados en la provincia y sostuvo que ese tipo de prácticas remiten a “los momentos más oscuros de la historia argentina”. En ese marco, vinculó el episodio con el debate que se dará en el Congreso sobre el DNU 941 y advirtió que la norma “habilita el espionaje sin límites ni controles”.
Gaillard fue un paso más allá y apuntó directamente al gobernador Rogelio Frigerio. Le reclamó que no se limite a repudiar lo ocurrido en Entre Ríos, sino que intervenga políticamente para que los diputados y senadores nacionales que responden a la provincia rechacen el decreto del Poder Ejecutivo. Según planteó, existe una contradicción entre condenar el espionaje a nivel local y, al mismo tiempo, permitir que avance una iniciativa que —a su entender— amplía de manera peligrosa las facultades del sistema de inteligencia.
El DNU 941, publicado a comienzos de este año, reestructura el Sistema de Inteligencia Nacional y redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde la oposición y organismos de derechos humanos se cuestiona que el decreto declare como “encubiertas” todas las actividades de inteligencia, facilite el intercambio de datos personales entre organismos y otorgue mayores atribuciones operativas sin controles suficientes del Congreso o del Poder Judicial.
En su mensaje, la diputada entrerriana sostuvo que el debate no es abstracto ni técnico, sino que tiene consecuencias concretas. “Si se repudia el espionaje, también se debe rechazar una norma que lo institucionaliza”, fue el sentido del planteo que dirigió al mandatario provincial.
La Rosca |Críticas a informe de Consejo Empresario|
“Considerando la cantidad total de estudiantes de Entre Ríos registrados para rendir la prueba Aprender 2024 y el número de cargos docentes en ese mismo período, surge un resultado llamativo: el sistema provincial presenta, en promedio, apenas cinco alumnos por cada cargo docente. Se trata de un valor extraordinariamente bajo, que expone un desbalance de magnitud entre matrícula y planta docente”, dice un informe sobre Calidad Educativa elaborado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).
Dice, además: “Es necesario destacar luego del estudio en base a las Pruebas Aprender, que el rendimiento de los alumnos en la provincia de Entre Ríos se relaciona directamente con el nivel socioeconómico y de vida de los estudiantes. A mejor nivel de vida, se muestran mejores rendimientos por parte de los alumnos”.
Y más: “Lo llamativo también es la migración de los estudiantes desde escuelas estatales a instituciones privadas, lo que muestra a las familias buscando mejores condiciones para la educación de sus hijos. También hay que tener en cuenta que hay un porcentaje que no migra de un tipo de institución a la otra, sino que probablemente abandona la escuela. Esto se aprecia claramente cuando a través de los últimos años que los estudiantes de las escuelas estatales disminuyen mientras que los de las escuelas privadas aumentan, pero no en la misma magnitud”.
Abel Antivero, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se apuró a contextualizar el informe y los datos que dio a conocer el Consejo Empresario. Durante su reciente visita a la ciudad de Chajarí, sostuvo: “No tengo específicamente esos datos, pero no me sorprenden, sobre todo cuando miras el origen de esos datos. Citan las pruebas Aprender. Nosotros hemos cuestionado las pruebas Aprender, porque en realidad no hacen una evaluación de lo que es el aprendizaje, sino que nosotros entendemos que la evaluación tiene que ser sobre la institución y hacia adentro”.
“Yo si soy directivo de una escuela, no tengo que prepararla para competir contra otra escuela. Al contrario. La evaluación es hacia adentro y yo la tengo que pensar para poder mejorar en cuanto a las debilidades que pueden surgir en función de esa evaluación, no para competir con otras”, dijo Antivero.
La seccional Federación de Agmer fijó postura más enfática respecto de aquel informe del Consejo Empresario: planteó que “mediante datos sesgados y evaluaciones estandarizadas busca instalar un discurso de ineficiencia sobre la educación pública. La educación no es un gasto, ni se mide con criterios empresariales”.
“La educación no es un gasto, ni se mide con criterios empresariales”, señaló el sindicato. “Este tipo de informes son intencionales, buscan preparar el terreno para el ajuste y el avance de intereses que conciben a la educación como un negocio y no como un derecho. El informe que dice que ´sobra personal docente´ y que hay ´un docente cada cinco alumnos´. Es falso y tramposo. Muestra como exceso lo que en realidad es fragmentación: docentes con pocas horas cátedra que, sumadas entre varios, apenas completan un cargo. Mezclar horas sueltas, cargos rurales, educación especial, hospitalaria y equipos de apoyo para inflar números no es un error técnico, es una maniobra”, fustigó Agmer Federación.
Y puntualiza: “A esto se suma una distorsión aún mayor: el informe contabiliza dos veces a docentes que trabajan en más de un cargo, sin aclarar que en el segundo cargo —según el artículo 40° de la Constitución— perciben un 40% menos de salario, aun teniendo las mismas responsabilidades laborales. Esta forma de conteo infla artificialmente la cantidad de docentes y oculta una realidad conocida por los docentes: para llegar a fin de mes hay que hacer malabares”.
En ese marco, reprochó que quien “hizo ese informe claramente no conoce cómo funcionan las escuelas. Los que estamos adentro sabemos que no sobran docentes: faltan cargos para cubrir necesidades reales. Los números aislados, sin contexto, solo sirven para armar titulares engañosos y confundir a la sociedad, con medios que no chequean quién escribe, ni desde dónde”.
“Nada de esto es casual -subrayó-. Estos informes aparecen siempre en enero, justo antes de las discusiones salariales. Es una estrategia conocida: instalar datos falsos para poner a la sociedad contra los trabajadores de la educación. Ya se intentó con el tema licencias, se demostró que era mentira, y ahora se repite la misma operación, disfrazada de informe técnico”.
La Rosca |Envío de fondos nacionales |
Un reciente análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, a pesar del incremento nominal de los fondos, Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor crecimiento real de recursos enviados por Nación al cierre del cuarto trimestre de 2025.
Mientras que el promedio nacional de variación real fue del 2,7%, Entre Ríos apenas alcanzó un 0,4%, situándose significativamente por debajo de provincias vecinas como Santa Fe (0,6%) o Buenos Aires (3,8%).
El cuadro presentado por la OPC está compuesto por transferencias automáticas y no automáticas. En el primer caso, la Provincia recibió $2.769.293 millones en 2025, frente a los $1.959.381 millones de 2024. Esto representa una suba nominal del 41,3%, pero un crecimiento real de apenas el 0,4% tras descontar el efecto de la inflación.
En cuanto a las no automáticas, se percibió $66.703 millones, lo que implica una variación nominal del 33,9%. Sin embargo, en términos reales, el crecimiento fue de tan solo un 0,6%.
En total, Frigerio obtuvo un total de $2.835.996 millones y la variación real total fue del 0,4%, al igual que Santa Cruz y solo por encima La Pampa (0,2%)
Estadísticas a nivel nacional
Salta y Buenos Aires lideraron el crecimiento real con 4,7% y 3,8% respectivamente. También se ubicaron entre los más favorecidos Chaco (3,7), Neuquén (3,2) y Tucumán (3,3). Por su parte, Santa Fe incrementó tan solo un 0,6% de fondos de nación respecto al 2024.
La Rosca |Caja de Jubilaciones y Pensiones |
El mandatario entrerriano recibió al ministro del Interior de la Nación para avanzar en una agenda de trabajo que tuvo como eje central la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
Tras una reunión extendida en la Casa de Gobierno, ambos funcionarios brindaron detalles sobre el esquema de financiamiento y las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional entrerriano.
Santilli destacó que el diálogo con Entre Ríos es parte de una política nacional de ordenamiento de las cuentas públicas y transparencia en la asistencia a las cajas no transferidas. Por su parte, Frigerio ratificó su compromiso de “tomar el toro por las astas” para resolver un déficit que asciende a los 400 mil millones de pesos.
Auditoría y nuevos fondos para mayo
Uno de los anuncios más concretos fue el plazo para la finalización de los controles técnicos que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según Santilli, este proceso es fundamental para determinar el flujo de fondos que la Nación debe enviar a la provincia.
“Venimos trabajando en una auditoría para la caja jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de ahí, habrá una readecuación de lo que la provincia recibe todos los meses; es un compromiso asumido”, aseguró el ministro Santilli.
El funcionario explicó que no se trata de discrecionalidad, sino de un proceso técnico: “El Estado Nacional se compromete en acuerdos a ir pagando. Una vez que tengamos el número de la auditoría, vamos a poder determinar no solo el flujo de lo que nos tiene que pagar Anses, sino también el stock de la deuda acumulada en el pasado”.
Una reforma estructural para Entre Ríos
El gobernador Frigerio fue enfático al señalar que la asistencia nacional es solo una parte de la solución. El mandatario advirtió que el sistema actual es insostenible y que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para encarar una reforma profunda que evite el colapso definitivo del sistema.
“Hemos logrado evitar que la caja explotara, logramos ordenarla y eliminar privilegios absurdos, pero tenemos la responsabilidad de no seguir pateando la pelota para adelante como se hizo en las últimas décadas”, sentenció Frigerio.
El gobernador subrayó que el déficit actual impacta sobre toda la población provincial: “Esos 400 mil millones de pesos de déficit recaen en la espalda de un millón y medio de entrerrianos, la mayoría de los cuales no tiene nada que ver con la caja provincial”.
Asimismo, Frigerio aseguró que la reforma buscará proteger a los beneficiarios: “Queremos garantizar que los jubilados de hoy y los del futuro tengan acceso a una prestación que respete valores como el 82% móvil”.
Relación política y apoyo a las reformas
La visita de Santilli también sirvió para consolidar el vínculo político entre la provincia y la Casa Rosada. El ministro elogió la gestión de Frigerio, afirmando que “es uno de los gobernadores que ha defendido los valores de equilibrio fiscal y baja de impuestos que van en concordancia con la visión del Presidente”.
Frigerio, en tanto, concluyó reafirmando su apoyo al rumbo nacional: “A la Argentina le tiene que ir bien para que le vaya bien a nuestra Provincia. Esta cosecha que sentimos que estamos teniendo hoy es fruto de dos años de sembrar este vínculo con convicción”.
La Rosca |Denuncia de espionaje
“La democracia no admite los métodos de la dictadura”, afirmaron desde el Comité Provincial de la UCR y expresaron su “más enérgico repudio ante el hallazgo de dispositivos destinados a la inteligencia ilegal y la violación de la privacidad en dependencias del Gobierno Provincial”.
“Estos hechos representan una práctica nefasta que nos remite a las épocas más tristes de nuestra historia reciente y que deben alertarnos a todos como ciudadanos”.
-“Como el partido que lideró el retorno a la vida democrática no podemos permanecer indiferentes ante métodos de vigilancia clandestina propios de regímenes autoritarios. El uso de tecnología para vulnerar la intimidad de quienes ejercen la función pública es la herramienta de aquellos ‘mentores dictadores’ que pretenden imponer el control y el miedo por sobre la ley y el respeto a las libertades individuales”.
-“Hoy más que nunca la sociedad entrerriana debe unirse bajo un compromiso inquebrantable para que estas violaciones a los derechos fundamentales no vuelvan Nunca Más. No hay lugar para el avasallamiento de las instituciones en una provincia que ha decidido dejar atrás, definitivamente, los mecanismos de la oscuridad”.
-Nos solidarizamos con el gobernador Rogelio Frigerio y respaldamos su decisión de acudir a la Justicia. La transformación de Entre Ríos exige transparencia absoluta y el destierro total de estas conductas paraestatales”.
– “Que el peso de la ley caiga sobre los responsables. En Entre Ríos, la dignidad de las personas y la salud de la democracia son innegociables”, enfatizaron.
En tanto, la ex diputada nacional Carolina Gaillard aseveró: “Los hechos denunciados por el gobernador sobre espionaje en Casa de Gobierno son gravísimos. Hay que denunciarlos”.
“Debemos repudiarlos con fuerza y al unísono porque son prácticas que nada tiene que ver con la democracia sino con los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”, agregó.
En tanto, el diputado nacional Francisco Morchio (Encuentro Federal) repudió “la intromisión en la privacidad del Gobernador Frigerio a través de dispositivos de escucha. Estos hechos son de una gran gravedad institucional y nunca deberían suceder.
En tanto, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos también expresó su respaldo a Frigerio: “Expresamos nuestro total acompañamiento al gobernador Rogelio Frigerio ante los hechos de extrema gravedad que motivaron la denuncia del hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales del Gobierno provincial” indicaron a través de un comunicado”.
“La decisión de denunciar ante la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con total transparencia refleja un cambio de época en Entre Ríos. Durante años se naturalizaron prácticas oscuras que dañaron la institucionalidad, la confianza pública y el normal funcionamiento del Estado. Hoy, ese tiempo quedó atrás”, señalaron.
“El proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 implica terminar definitivamente con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras, ordenar el Estado y garantizar que la gestión pública esté al servicio de los entrerrianos, y no de intereses ocultos. Sabemos que este camino no es sencillo, pero es el único posible para construir una provincia más justa, moderna y democrática”.
“Como intendentes, acompañamos este rumbo con convicción y responsabilidad. Defendemos la legalidad, la transparencia, la libertad y el respeto por las instituciones como valores irrenunciables. El cambio que está en marcha es profundo y no se detiene”.
Otro referente que mostró su respaldo a Frigerio fue el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, (JxER) compartió una historia en la que expresó: “Prácticas como estas no pueden ocurrir más, toda mi solidaridad con nuestro gobernador Rogelio Frigerio y con el secretario de la Gobernación Mauricio Colello”.
“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes. En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado”, había expresado el gobernador al hacer pública la situación.
Por su parte, el concejal Emiliano Gómez Tutau (PJ) publicó en sus redes sociales: “Quiero expresar mi solidaridad con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, frente a este hecho grave que afecta nuestras instituciones democráticas y que exige un pronto esclarecimiento”.
“Por su gravedad institucional, este hecho debe ser investigado con máxima publicidad de los actos, seriedad institucional y la celeridad que la situación requiere”.
“Este episodio, del que no encuentro antecedentes recientes, se da en un contexto donde la Argentina atraviesa una profunda reconfiguración del sistema de inteligencia. El DNU 941/2025 reformó de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional y modificó la lógica de funcionamiento del Estado en esta materia”.
“Esa reforma impulsa el pasaje del Estado clásico a un Estado gobernado por sistemas de información, donde la inteligencia deja de ser un área auxiliar y pasa a ser infraestructura central del poder”.
“En ese marco, el presupuesto de la SIDE creció más del 190 % en los últimos dos años, y se habilita la incorporación de nuevas tecnologías de análisis de datos, incluso mediante eventuales contrataciones con empresas tecnológicas como Palantir”.
“Por eso este hecho ocurrido en Entre Ríos no puede analizarse aisladamente y exige controles democráticos firmes, institucionalidad y responsabilidad política”, sostuvo.
La que se corrió de las voces que repudiaron el hecho fue la diputada justicialista Blanca Osuna: “Frigerio, fuiste parte del gobierno de Macri que usó la práctica de espiar cual moneda corriente. Y hoy como socio de Milei bancás el espionaje sin límite y que la SIDE detenga personas sin orden judicial. Qué prácticas oscuras dejas atrás?”.
La Rosca |Política tributaria provincial|
El Gobierno de Entre Ríos oficializó la semana pasada la promulgación de la Ley Nº 11.247. La normativa introdujo cambios estructurales en la política tributaria de la provincia que regirán a partir del año fiscal 2026. La ley fue aprobada en el Senado el 16 de diciembre y obtuvo su sanción definitiva en Diputados el 23 de diciembre.
Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos se reconoció la aprobación, por parte de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, de la reforma al Código Fiscal vigente que impulsó el Poder Ejecutivo provincial. Se sostuvo que “la misma procede a igualar la carga tributaria del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) para los eslabones de Acopio y Sujetos Canjeadores, beneficiando a estos últimos al reducir sus alícuota e igualarla con los acopios”. Desde otro paradigma, contadores de Entre Ríos plantearon inconsistencias entre el Código Fiscal y la Constitución Provincial.
Se promulgó la reforma integral del Código Fiscal para el 2026
El presidente de la Bolsa de Cereales, Héctor Bolzán, señaló que «la actualización del marco fiscal provincial constituye una herramienta importante para promover el desarrollo productivo sostenible, favorecer la inversión y generar condiciones más claras de crecimiento para el sector agroindustrial entrerriano, que día a día contribuye al desarrollo económico y social de nuestra provincia».
Desde la institución se señaló que “la normativa vigente establece que la alícuota para ambas figuras —fundamentales en la cadena de comercialización de granos— queda fijada en 0,25% subsanando una de las asimetrías que afectan la competitividad y la transparencia del mercado regional”.
Desde la institución se destacó que “la medida aporta equidad al sector, eliminando distorsiones operativas entre los distintos actores que intervienen en la originación y comercialización de cereales y oleaginosas”.
En el mismo sentido se destacó que la reforma significa “un avance positivo y necesario para ir hacia una revisión fiscal profunda e integral que abarque a todo el sector productivo entrerriano” y se reconoció que “estas acciones indican que se transita por el camino correcto, fomentando el diálogo público-privado para construir un esquema tributario que potencie la inversión y el desarrollo agroindustrial de nuestra provincia”.
La Rosca |Emergencia en obras públicas|
En la 15 sesión especial del 146 período legislativo, el bloque oficialista juntó los votos necesarios para dar sanción definitiva al restablecimiento de la emergencia en obras y servicios públicos para Entre Ríos, más allá de las fuertes observaciones del peronismo y de algunos libertarios.
La defensa por el oficialismo la realizó la diputada María Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos) quien afirmó que “esta adecuación resulta necesaria y es responsable, porque hay certificados de obras y servicios públicos reconocidos administrativos y judicialmente que requieren instrumentos agiles y de aceleración”.
En ese sentido aclaró que la modificación “no amplia facultades discrecionales, sino que, ratifica las herramientas ya autorizadas por la legislatura”.
Además, la diputada dijo que la Ley generará “continuidad, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal, permitiendo honrar compromisos y cuidar el interés general de la provincia”.
En ese sentido, Gabriela Lena (UCR), aclaró que la norma “para nada es una renuncia al Estado de Derecho. El artículo quinto de la Ley no viola derechos, sino que los protege, porque permite revisar, negociar y encauzar todas las controversias en un marco legal y transparente. La verdadera inseguridad jurídica sería mirar para otro lado y dejar que los conflictos se acumulen y las obras se abandonen sin respuestas”.
El diputado Juan José Bahillo explicó que el bloque Mas para Entre Ríos- Unión por la Patria no acompañó la prórroga “porque en un tercer año de gestión se normaliza una cuestión excepcional”.
Al respecto, recordó que “cuando el gobierno provincial asumió en diciembre de 2023 requirió el acompañamiento para la declaración de emergencia en diferentes materias, en algunas consideramos que era racional y en otras no tanto, pero, no obstante, se votaron los proyectos de Leyes de las declaraciones de emergencia que impulsó el Poder Ejecutivo, porque entendíamos que teníamos que darles las herramientas para iniciar la gestión, aunque no estábamos tan de acuerdo pero tampoco íbamos a ser un obstáculo”.
En ese marco, rememoró: “Después vinieron las prórrogas, que algunas las acompañamos; en educación, alimentaria, vial y en obra pública. Nadie puede decir que no somos una oposición razonable que le dio al Ejecutivo las herramientas que necesita, pero una emergencia que concluirá un 31 de diciembre en un tercer año de gestión representa un 75 por ciento de gestión en emergencia”.
Al respecto, apuntó que “se pueden entender que con los cambios de gobierno nacional y provincial se pudo generar algún tipo de controversia o situación crítica para seguir adelante con la obra pública hasta que se acomodara algunas cuestiones. Pero nadie debe sorprenderse por esto, porque el actual presidente Javier Milei dijo claramente que no iba a financiar obra pública de ningún tipo”.
Para el diputado “después de dos años el gobierno, la gestión provincial debería haber encontrado el mecanismo y, además, no hay una magnitud excepcional de obra pública para justificar la emergencia. Indudablemente, hay una desorganización en cuanto a lo administrativo que no logra resolverse a dos años de experiencia; se puede entender en los primeros seis meses pero a dos años ya no corresponde”.
Además, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio “dijo el 17 de septiembre, ante la Cámara Argentina de la Construcción, que no iba a haber prórroga de la emergencia en obra pública y anunció un plan de infraestructura y, ninguna de las dos cosas, se están cumpliendo. Seguramente tenía esa intención, pero ninguna de las dos cosas se dio”.
Las modificaciones introducidas por el Senado “son correctas, ya que no se puede prorrogar algo que venció”, dijo la diputada Silvina Deccó, quien precisó: “Espero que esto sirva como un ejemplo para visibilizar la que la celeridad o el tratamiento exprés solo dilatan el debate y estudio de los proyectos, que permite analizar a conciencia y con claridad el significado que se quiere dar a cada Ley”. Sin embargo, la legisladora aclaró que lo que se trató en el hemiciclo “no es una cuestión de redacción, sino que hay algo mucho más profundo, ya que no se indica el fundamento para requerir una prórroga de una emergencia”.
Deccó apuntó que uno de los argumentos es “el volumen extraordinario de trámites administrativos y ahí nos preguntamos si ‘un gran volumen’ habilita o no a una declaración de emergencia, que entiendo que no. Además, hay una cuestión que es meramente enunciativa, eso no es una fundamentación ni real ni efectiva”.
Por otro lado, la legisladora habló de los argumentos económicos: “Se refieren a una deuda de, aproximadamente, 4.000 millones de pesos, correspondientes a certificados emitidos y a emitir, pero si se analiza con el Presupuesto 2026 el impacto sería mínimo, porque no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto destinado a obras, es decir, el argumento es vago y con poco criterio en cuanto a la especificidad que se requiere para este tipo de normativas”.
“Desde otro lugar al hablar de ‘extraordinario’ nos tenemos que centrar en esto, porque si se sigue prorrogando deja de ser algo excepcional para ser algo regular y ordinario, ya que la Ley 11.138 que estableció la emergencia en diciembre de 2024 y que fue prorrogada hasta diciembre de 2025 y esta norma la restablece hasta el 31 de diciembre de 2026”, dijo.
Además, rememoró que durante la pandemia “se ameritaba una emergencia y, en ese momento, quienes hoy son oficialismo y antes eran oposición no la acompañaron. Esa emergencia en un contexto más grave y determinante fue por, solamente, un año, por lo que no es un dato menor tratar este proyecto que de un gobierno de cuatro años tres esté en emergencia”, publicó Aim.
Por otro lado, cuestionó el artículo cinco: “Acá no hablamos simplemente de una emergencia, sino que hablamos de seguridad jurídica”.
También, consideró que la emergencia “habilita la discrecionalidad con contrataciones directas y excepciones a procedimientos extraordinarios”.
La Rosca |Reclamo salarial |
En el marco de un plan de lucha que comenzó a finales de 2025, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para este viernes 6 de febrero. La decisión surge ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial a los pedidos tramitados a través de la Mesa Salarial del Poder Judicial.