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LA ROSCA | Debate |

UCR Activa Entre Ríos difundió una carta dirigida al gobernador Rogelio Frigerio en la que ratifica su pedido de convocar a audiencias públicas antes de la eventual presentación de un proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones provincial. La organización sostuvo que cualquier modificación del sistema previsional debe contar con un amplio debate social e institucional.

En el documento, el espacio argumenta que la cuestión previsional involucra derechos y expectativas de trabajadores activos, jubilados y pensionados, por lo que no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva fiscal. Además, señaló que los recursos de la Caja tienen carácter previsional y están destinados a garantizar prestaciones dentro del régimen solidario de reparto.

UCR Activa también planteó que la sustentabilidad del sistema debe buscarse sin afectar derechos adquiridos ni alterar la naturaleza del régimen vigente. En ese sentido, consideró necesario que cualquier propuesta de reforma esté acompañada por información técnica, financiera y actuarial accesible para la ciudadanía.

La solicitud se apoya en el artículo 51 de la Constitución provincial, que contempla la realización de audiencias públicas para asuntos de interés general. Desde el espacio convocaron además a organizaciones, trabajadores, jubilados y distintos sectores de la sociedad a acompañar el pedido mediante una campaña de adhesiones.

LA ROSCA | Contraste con Nación |

La administración de Rogelio Frigerio puso en valor los últimos indicadores de empleo industrial difundidos por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que muestran un crecimiento interanual del 0,5 por ciento en el empleo registrado del sector durante 2026. El dato cobra relevancia en un contexto nacional donde la industria atraviesa dificultades y el promedio del país registra una caída del 3,6 por ciento.

Desde el Gobierno provincial interpretaron los números como una señal de que las políticas de desarrollo productivo comienzan a generar resultados concretos. La gestión sostiene que la combinación de incentivos a la inversión, alivio fiscal y diálogo con el sector empresario permitió sostener la actividad económica y preservar puestos de trabajo en un escenario desafiante para la producción.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó especialmente el impacto del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), una de las principales herramientas promovidas por la gestión provincial. Según indicó, las inversiones comprometidas bajo este esquema proyectan la creación de alrededor de 2.000 empleos privados y representan una apuesta estratégica para ampliar la capacidad productiva de la provincia.

En el oficialismo consideran que estos indicadores fortalecen el discurso de una gestión enfocada en la generación de empleo privado y el crecimiento económico. A ello suman el récord de exportaciones alcanzado durante 2025, cuando Entre Ríos superó los 2.100 millones de dólares en ventas al exterior, un dato que el Gobierno utiliza para respaldar su estrategia de posicionar a la provincia como uno de los polos productivos más dinámicos de la región.

LA ROSCA | Radicalismo entrerriano |

Después de que el peronismo confirmara su Congreso partidario para el 13 de junio, la Unión Cívica Radical de Entre Ríos decidió mover primero. El Comité Provincial convocó a su máximo órgano para el sábado 6 de junio, con un temario formal que apunta a ordenar la vida interna del partido, aunque debajo de esa agenda administrativa empieza a asomar una discusión con impacto directo en el tablero de 2027.

La conducción radical quiere volver al viejo esquema de renovar autoridades en años pares, separando la interna partidaria de las elecciones generales. Para eso propuso que el domingo 2 de agosto se realicen los comicios internos, una decisión que cuenta —según aseguró el senador Rubén Dal Molín— con el respaldo unánime del Comité Provincial. Pero para hacerlo deberá aprobarse antes un recorte del mandato de la actual presidenta partidaria, Alicia Oviedo, que asumió en mayo de 2025 con mandato hasta 2027 y que, de prosperar el cronograma, dejaría el cargo tras apenas 16 meses.

No todos miran la jugada con la misma tranquilidad. Desde UCR Activa, el espacio que perdió la última interna, ya advirtieron que modificar mandatos en curso podría terminar en los tribunales. En el radicalismo nadie desconoce que detrás de la discusión estatutaria también hay una pelea de posicionamiento interno: ordenar temprano el partido para llegar con estructura propia a la negociación de candidaturas del próximo ciclo electoral.

Pero el punto más caliente ni siquiera figura todavía en el orden del día. En distintos sectores del radicalismo comenzó a circular la idea de que el Congreso emita una señal política clara a sus legisladores para que no acompañen una eventual suspensión de las PASO en Entre Ríos. El tema inquieta porque, si el gobernador Rogelio Frigerio decidiera avanzar con esa reforma, necesitaría sí o sí del voto radical dentro de Juntos por Entre Ríos para conseguirla.

Puertas adentro, buena parte de la dirigencia radical que hoy acompaña a Frigerio cree que las primarias son la mejor herramienta para evitar que el armado de 2027 quede otra vez atado a acuerdos de cúpula o a una negociación desigual con La Libertad Avanza. Nadie imagina a la UCR peleando la gobernación, pero sí disputando intendencias, legislaturas y territorio. Por eso, detrás del debate sobre fechas y mandatos, el Congreso del 6 de junio podría terminar anticipando una discusión mucho más profunda: cuánto está dispuesto el radicalismo a alinearse con el oficialismo y cuánto pretende hacer valer, esta vez, el peso de su estructura propia.

LA ROSCA | Izquierda entrerriana |

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), a través de Nueva Izquierda Entre Ríos, formalizó la convocatoria a elecciones internas para renovar sus autoridades partidarias en la provincia, en un proceso que marcará la nueva correlación de fuerzas dentro del espacio y definirá la conducción política para los próximos años.

La convocatoria, oficializada mediante publicación en el Boletín Oficial, establece que los comicios se realizarán el próximo 27 de junio, cuando la militancia elegirá a los representantes que integrarán los principales órganos de decisión y control del partido en el distrito.

En la contienda estarán en juego cargos clave para la estructura partidaria: cinco delegados titulares y dos suplentes para el Congreso partidario; tres miembros titulares y un suplente para el Comité Central; además de representantes para la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Disciplina.

Desde el espacio señalaron que el proceso apunta a fortalecer la organización interna en un escenario político nacional atravesado por la polarización entre el oficialismo libertario y el peronismo, contexto en el que la izquierda busca consolidar presencia territorial y renovar su estrategia electoral de cara a los próximos desafíos políticos.

La Junta Electoral ya quedó constituida y funcionará en la sede partidaria de calle Belgrano 260 de la ciudad de Paraná, donde recibirá documentación y supervisará el proceso de oficialización de candidaturas.

El cronograma establece que el plazo para la presentación y oficialización de listas vencerá el 23 de mayo a las 22, mientras que la votación se desarrollará entre las 10 y las 18 del 27 de junio en la misma sede partidaria.

Con esta convocatoria, el MST abre formalmente una nueva etapa de debate interno en Entre Ríos, donde las distintas expresiones del espacio comenzarán a medir fuerzas para definir el rumbo político de una de las principales referencias de la izquierda provincial.

LA ROSCA | Tercera vía |

Mauricio Macri puso en marcha el relanzamiento político del PRO con la difusión de un manifiesto de fuerte contenido electoral, en el que el partido amarillo busca recuperar centralidad en la escena nacional y diferenciarse tanto del universo kirchnerista como del proyecto libertario encabezado por Javier Milei.

Bajo la consigna “Que el cambio cambie tu vida”, el documento combina apelación emocional, balance del presente económico y una crítica simultánea a los extremos de la política argentina. Sin menciones directas a dirigentes o espacios rivales, el texto identifica “dos enemigos del cambio”: “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, en una referencia implícita al kirchnerismo, y “los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, una definición que en el PRO interpretan como una toma de distancia del estilo político y de algunas decisiones del mileísmo.

El manifiesto arranca con una reconstrucción del clima social que precedió al recambio político nacional —“hubo un momento en que la Argentina tocó fondo”— y reivindica el mandato social de transformación. Pero lejos de ubicarse como socio político del actual gobierno, el texto plantea que los cambios económicos, por sí solos, no alcanzan mientras no impacten de manera concreta en la vida cotidiana.

“Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, señala uno de los párrafos centrales, en una crítica al enfoque centrado exclusivamente en variables macroeconómicas y en un intento por reconectar con sectores medios golpeados por el ajuste.

En otro tramo, el manifiesto redefine el concepto de acompañamiento político y marca autonomía respecto del oficialismo: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”.

La pieza, elaborada bajo supervisión directa de Macri, es leída dentro del PRO como el punto de partida de una nueva etapa electoral, con el objetivo de reconstruir volumen político propio y disputar representación en un escenario cada vez más polarizado entre el peronismo kirchnerista y el espacio libertario.

Con foco en gestión, infraestructura, educación y salud pública, el cierre del documento funciona como slogan de campaña y síntesis estratégica del nuevo posicionamiento partidario: “Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”.

En el entorno de Macri admiten que el mensaje busca reinstalar al PRO como una opción de poder con identidad propia, capaz de interpelar tanto a votantes desencantados del pasado kirchnerista como a sectores que acompañaron el experimento libertario, pero que empiezan a exigir resultados concretos más allá del ajuste.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO

Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.

Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos.

Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio.

Sin especular. Sin mirar desde afuera.

Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore.

Y eso duele, desgasta.

Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más.

Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer.

A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera.

El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta.

Eso es lo que sabemos hacer.

Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos.

LA ROSCA | Opiniones |

Por Gastón Bagnat (*)

Durante muchos años, la discusión previsional en Entre Ríos estuvo atravesada más por consignas y posiciones políticas que por datos concretos. Por eso, una de las decisiones de esta gestión fue comenzar a transparentar con claridad la situación real de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

Los informes técnicos sobre la evolución de aportantes activos muestran una realidad que requiere ser abordada con seriedad y responsabilidad: el sistema previsional provincial atraviesa una tensión estructural que no nació ahora, sino que es consecuencia de muchos años sin correcciones de fondo ni planificación de largo plazo.

Los datos son claros. La relación entre aportantes activos y obligaciones previsionales, ya frágil —menos de dos activos por cada pasivo, cuando debería ser de 4 activos por cada jubilado—, continúa deteriorándose, mientras el déficit del sistema exige un esfuerzo económico cada vez mayor por parte de la provincia.

Todos los sistemas previsionales del país y del mundo presentan algún nivel de déficit o requieren asistencia estatal. El problema no es la existencia del déficit en sí mismo. El verdadero desafío es evitar que ese desequilibrio siga creciendo y termine condicionando cada vez más las finanzas públicas y la capacidad del Estado de destinar recursos a otras áreas fundamentales para la provincia.

Ese es precisamente el escenario que hoy enfrenta Entre Ríos. Por eso el gobernador Rogelio Frigerio plantea con claridad que no existen soluciones mágicas ni discursos fáciles frente a un problema estructural acumulado durante décadas. Lo que sí existe es la obligación de actuar con responsabilidad, mostrar los números reales y comenzar a discutir seriamente con todos los sectores políticos cómo construir un sistema sostenible en el tiempo.

Los informes elaborados por la Caja permiten observar además la enorme complejidad de esta situación. Incluso incorporando situaciones extraordinarias dentro de la serie —como la transferencia de contratos provenientes de ANSES— la tendencia estructural del sistema continúa mostrando fuertes tensiones entre la evolución de los aportantes y el crecimiento de las obligaciones previsionales.

El informe muestra que las principales caídas se concentran en los aportes del sector docente, de la Administración Central y de los municipios. En el caso de los docentes —el universo más numeroso de aportantes de la Caja— cabe aclarar que presenta una dinámica particular vinculada al régimen jubilatorio del sector, que contempla condiciones de retiro diferentes a las de otras áreas de la Administración Pública, lo que genera un movimiento permanente de suplencias y reemplazos dentro de la nómina de aportantes activos.

Al mismo tiempo, la provincia ha tomado una decisión estratégica y de largo plazo: avanzar hacia un Estado más ordenado, más eficiente y sostenible, evitando el crecimiento indiscriminado de la planta estatal, salvo en áreas esenciales como salud, educación y seguridad.

Ese cambio de paradigma también obliga a discutir con madurez la sustentabilidad previsional. Porque el equilibrio del sistema ya no puede depender exclusivamente de ampliar permanentemente la planta estatal para sostener artificialmente la base aportante. Los datos comparativos de la Región Centro muestran, además, una diferencia estructural entre Entre Ríos y provincias vecinas en la relación entre empleo público provincial, jubilados y empleo privado registrado.

Durante muchos años, el crecimiento del Estado fue utilizado como respuesta coyuntural, pero sin resolver los desequilibrios estructurales de fondo. Hoy Entre Ríos eligió otro camino: ordenar, transparentar y construir sostenibilidad a largo plazo.

Mientras tanto, el déficit previsional provincial sigue siendo afrontado con recursos de todos los entrerrianos. Por eso también resulta imprescindible que el Gobierno Nacional cumpla con las obligaciones que legalmente le corresponden en el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas.

La provincia sostiene ese reclamo ante ANSES porque defender los recursos de Entre Ríos también forma parte de la responsabilidad institucional de esta gestión.

La peor política previsional sería negar el problema o seguir escondiendo los números reales. Nosotros elegimos otro camino: asumir la complejidad, decir la verdad y trabajar para evitar que el desequilibrio continúe creciendo.

Defender la Caja no significa ocultar sus dificultades. Significa, precisamente, actuar hoy para garantizar que el sistema siga siendo viable mañana.

* Gastón Bagnat, Presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

LA ROSCA | Jubilaciones de empleados públicos |

En la antesala del envío del proyecto de Reforma Previsional a la Legislatura provincial, Rogelio Frigerio encabezó una reunión clave con referentes gremiales de Entre Ríos, en una señal política orientada a consolidar respaldo social antes de abrir uno de los debates más sensibles de su gestión: el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Del encuentro participaron representantes de los principales sindicatos estatales, docentes y municipales, junto a integrantes del gabinete provincial, en una mesa de trabajo donde se analizaron indicadores de sustentabilidad, escenarios de déficit y alternativas para introducir cambios estructurales en el sistema previsional.

Acompañaron al mandatario el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat.

Según trascendió, la estrategia del Ejecutivo apunta a avanzar sobre variables sensibles como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros parámetros estructurales del régimen, aunque desde el gobierno insisten en que la transformación no se hará mediante “cambios abruptos”, sino a través de un proceso de diálogo con todos los sectores involucrados.

Desde el sindicalismo destacaron la apertura del Ejecutivo y confirmaron que varias propuestas realizadas por los gremios podrían quedar incorporadas en el texto definitivo que ingresará en los próximos días a la Legislatura.

José Allende, secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Entre Ríos, calificó el encuentro como “constructivo” y aseguró que el gobernador se comprometió a considerar distintos planteos gremiales dentro del proyecto.

En la misma línea, Mirta Raya, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), valoró la participación de los trabajadores en la discusión y remarcó la necesidad de encontrar herramientas que permitan sanear el déficit previsional sin comprometer el futuro del sistema.

También el asesor gremial del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, destacó la presencia directa del gobernador en la mesa de negociación y reivindicó “el diálogo, la participación y el debate en democracia”.

Con el proyecto ya en su tramo final, Frigerio busca llegar al debate legislativo con una base de consenso construida con los gremios y con respaldo político suficiente para encarar una reforma que promete convertirse en uno de los capítulos centrales de su agenda de gobierno.

LA ROSCA | Obras públicas |

El Gobierno de Entre Ríos dio un nuevo paso en la implementación del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (Condver), una iniciativa que demandará una inversión de 27,5 millones de dólares y que apunta a fortalecer la infraestructura vial y la integración territorial. En ese marco, se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná una jornada de capacitación y planificación destinada a los equipos técnicos responsables de llevar adelante el proyecto.

La actividad contó con la participación de especialistas del Banco Centroamericano de Integración Económica, autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a los procesos de adquisiciones, herramientas digitales, monitoreo, auditorías y criterios ambientales y sociales que regirán la ejecución del programa durante los próximos tres años.

El Condver tiene como objetivo mejorar la conectividad en la región centro-sur de la provincia, facilitando el acceso entre localidades, áreas productivas y servicios esenciales. Entre las obras previstas se destacan la construcción de puentes sobre los arroyos Desmochado y El Sauce, la repavimentación de tramos de la Ruta Provincial A08 y la pavimentación del acceso a Villa Paranacito, una obra largamente reclamada por los habitantes de la zona.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el programa forma parte de una estrategia orientada a potenciar el desarrollo productivo mediante inversiones en infraestructura. En ese sentido, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de avanzar con proyectos planificados y eficientes, mientras que desde la UEP subrayaron que la etapa inicial resulta clave para garantizar que las obras se traduzcan en mejoras concretas para el territorio entrerriano.

LA ROSCA | Sondeo nacional |

La imagen del gobierno nacional volvió a mostrar señales de desgaste en abril y encendió luces de alerta en el oficialismo. Según el último informe de Atlas Intel y Bloomberg, la aprobación de la gestión de Milei cayó al 35,5 por ciento, mientras que la desaprobación escaló al 63 por ciento, consolidando una tendencia descendente que se viene profundizando desde fines de 2025, cuando el respaldo al mandatario todavía se ubicaba cerca del 44 por ciento. El estudio también revela que el 59,3 por ciento de los consultados considera que la administración libertaria es “mala o muy mala”, frente a apenas un 30,6 por ciento que la califica como positiva.

El deterioro aparece con mayor intensidad entre mujeres y sectores populares. De acuerdo al relevamiento, apenas el 25,4 por ciento de las mujeres mantiene una opinión favorable del presidente, mientras que entre quienes perciben ingresos menores a 630 mil pesos mensuales la desaprobación alcanza el 82,4 por ciento. A esto se suma una fuerte preocupación económica: el 74 por ciento considera que el mercado laboral atraviesa un mal momento, el 68 por ciento evalúa negativamente la situación económica del país y el 58 por ciento asegura que la economía de su hogar se encuentra deteriorada.

En el plano social, la encuesta muestra un escenario de creciente fragilidad: la mitad de los argentinos asegura tener una fuente de ingreso adicional y, de ese universo, seis de cada diez admiten que lo hacen simplemente para llegar a fin de mes. Además, el 58 por ciento redujo consumos, un tercio recurrió al endeudamiento y, entre quienes tomaron deuda, más del 80 por ciento lo hizo para comprar alimentos, reflejando un cuadro de fuerte presión sobre el bolsillo y de precarización extendida.

Pero uno de los datos políticos más llamativos del estudio aparece en el ranking de dirigentes nacionales: Bregman, referente de la izquierda, lidera la tabla con 47 por ciento de imagen positiva y 46 de negativa, convirtiéndose en la única figura del escenario nacional con saldo favorable. Detrás se ubican Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich y el propio Milei, en un tablero que comienza a mostrar nuevas tensiones y señales de reconfiguración política.

LA ROSCA | En sintonía con el gobierno nacional |

La discusión por el futuro del sistema electoral entrerriano abrió un nuevo debate en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, luego del ingreso formal de un proyecto de ley impulsado por Fleitas que propone derogar en todos sus términos la Ley Nº 9.659, norma que instauró el régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia. La iniciativa también plantea que, en caso de aprobarse, la selección de candidatos provinciales, municipales y comunales vuelva a quedar bajo la órbita de las cartas orgánicas de los partidos, alianzas y confederaciones electorales.

En los fundamentos del proyecto, el legislador libertario sostiene que la experiencia acumulada desde la implementación del sistema demuestra que los objetivos originales de fortalecer la vida interna partidaria, ampliar la participación ciudadana y transparentar la selección de candidaturas “no se han visto reflejados de manera consistente en la práctica”. Según argumentó, en la mayoría de los procesos electorales predominaron listas únicas o acuerdos previos entre sectores políticos, convirtiendo a las PASO en una instancia “meramente formal” sin impacto real sobre la calidad democrática.

Fleitas también puso el foco en el costo económico del mecanismo y sostuvo que la organización de elecciones primarias implica erogaciones millonarias que son afrontadas íntegramente por el Estado provincial. En ese marco, afirmó que esos recursos podrían destinarse a áreas sensibles como salud, educación, seguridad u obras públicas, y cuestionó que el conjunto de la sociedad termine financiando procesos internos partidarios que, en muchos casos, carecen de competencia efectiva.

Para el diputado de La Libertad Avanza la derogación de las PASO no representa “un retroceso institucional”, sino una decisión orientada a racionalizar el sistema electoral, optimizar el uso de los recursos públicos y devolver autonomía a las fuerzas políticas para organizar su vida interna. Además, recordó que la eliminación del sistema ya había sido planteada en distintos momentos por dirigentes del peronismo y del radicalismo, lo que anticipa un debate transversal que podría volver a tensionar el mapa político entrerriano.

LA ROSCA | Paro y movilización |

La organización de sindicalistas y jubilados del sector público de la provincia manifestó su rechazo a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial y convocó a una movilización para este jueves 23. El espacio, integrado por distintos gremios y organizaciones de jubilados, expresó su preocupación por el impacto de las modificaciones en el sistema y advirtió sobre posibles consecuencias en los haberes.

Desde la Federación de Jubilados, su referente Ercilio Aimone señaló que el planteo surge de un trabajo conjunto entre sindicatos y agrupaciones. Según explicó, uno de los principales cuestionamientos es la propuesta de modificar el cálculo del haber jubilatorio, lo que podría derivar en ingresos más bajos para quienes aportaron durante décadas al sistema.

Por su parte, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, sostuvo que existen alternativas para afrontar el déficit previsional sin trasladar el costo a los trabajadores. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el esquema de distribución de recursos y propuso avanzar sobre sectores con mayor capacidad contributiva.

En el ámbito docente, el titular de AGMER, Abel Antivero, confirmó un paro de 24 horas para acompañar la protesta. La movilización partirá desde Plaza 1º de Mayo y se dirigirá hacia la Casa de Gobierno en Paraná, donde se realizará un acto central. Los organizadores señalaron que la medida busca visibilizar el rechazo al proyecto y reforzar la unidad de los sectores involucrados.

LA ROSCA | Legislatura provincial |

La Cámara de Diputados de Entre Ríos reanudará este martes el tratamiento de iniciativas destinadas a reglamentar el mecanismo de juicio político, en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El objetivo es avanzar sobre un instrumento clave del sistema institucional, con propuestas que coinciden en la necesidad de dotarlo de mayor claridad, previsibilidad y solidez jurídica.

Uno de los proyectos fue presentado en 2021 por el entonces diputado Esteban Vitor, quien planteó la importancia de establecer reglas precisas para cada paso del proceso. La iniciativa busca garantizar que los pedidos de juicio político se resuelvan en plazos razonables, con fundamentos públicos, ya sea para avanzar o desestimar una denuncia.

Por su parte, la diputada oficialista Gabriela Lena advirtió sobre la falta de una reglamentación detallada en la Constitución provincial, lo que —según sostuvo— genera vacíos en aspectos clave como la apertura de expedientes, las notificaciones y el derecho de defensa. Su propuesta apunta a evitar discrecionalidades y consolidar el juicio político como una herramienta de equilibrio institucional.

En tanto, el diputado peronista Juan Pablo Cosso impulsó un tercer proyecto que define al juicio político como un mecanismo excepcional dentro del Estado de derecho. Su iniciativa incorpora regulaciones sobre el funcionamiento de la comisión investigadora, los plazos, el uso de herramientas tecnológicas y escenarios como la eventual renuncia del denunciado, con el fin de adaptar el proceso a las prácticas actuales y reforzar su efectividad.

LA ROSCA | Polémico artículo sobre los “objetivos” del Presidente argentino |

Un artículo publicado por The New York Times generó repercusión en el escenario político argentino al afirmar que Javier Milei utiliza su presidencia para librar una “guerra ideológica” orientada a transformar los valores de la sociedad. El reporte, firmado por la periodista Emma Bubola, sostiene que el mandatario busca desplazar conceptos como la justicia social y la igualdad económica para consolidar un nuevo contrato social basado en el individualismo.

El informe repasa el ascenso de Milei desde su perfil como economista mediático hasta su llegada a la Casa Rosada, y destaca su estrategia comunicacional, centrada en redes sociales. Según el medio, el Presidente incluso apela a la construcción de una imagen de “superhéroe” generada con inteligencia artificial para reforzar su mensaje de “batalla cultural”, que ahora también proyecta hacia audiencias internacionales a través de contenidos en inglés.

El artículo cita declaraciones del propio mandatario en eventos como “La Derecha Fest”, donde definió el momento actual como una “guerra” por la libertad. En esa línea, el diario interpreta que Milei busca posicionar a la Argentina como un modelo global de libre mercado, en abierta confrontación con tradiciones históricas como el acceso universal a la salud y la educación pública.

El reporte también recoge voces críticas, como la del dirigente Juan Grabois, quien advirtió que el Gobierno intenta “romper el ADN” social del país. A la vez, incluye opiniones de sectores oficialistas que defienden el rumbo libertario, al considerar que promueve una cultura del emprendedurismo frente a un Estado asistencialista que, según sostienen, debilitó la iniciativa individual.

Finalmente, el análisis plantea que el éxito del proyecto cultural de Milei dependerá de los resultados económicos. Con referencias a la baja de la inflación pero también al cierre de empresas y la caída del consumo, el artículo advierte que el respaldo social podría resentirse si no se traduce en mejoras concretas. En ese marco, el ideólogo libertario Agustín Laje sintetiza el desafío: “No hay forma de que la gente compre un modelo cultural si tiene los bolsillos vacíos”.

LA ROSCA | Exsenador nacional entrerriano preso en Paraguay |

El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el exsenador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, fue nuevamente postergado y comenzará el próximo 1° de junio en Asunción. La reprogramación fue dispuesta a pedido del Ministerio Público Fiscal de Paraguay debido a la superposición con otro proceso judicial en curso, según confirmaron fuentes tribunalicias.

Las audiencias iban a iniciarse este lunes 20 de abril, pero debieron ser aplazadas por segunda vez. Inicialmente, el debate estaba previsto para octubre del año pasado, aunque también fue diferido por la realización de otro juicio de relevancia en el fuero penal económico paraguayo. El tribunal que llevará adelante el proceso está integrado por los magistrados Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

Kueider y Guinsel llegarán a esta instancia en condición de detenidos, bajo prisión preventiva domiciliaria desde diciembre de 2024, cuando fueron arrestados por la Prefectura paraguaya. En ese operativo se les incautó una suma de dinero en efectivo que no había sido declarada al momento de cruzar la frontera.

La acusación sostiene que ambos intentaron ingresar a Paraguay desde Brasil con más de 200 mil dólares, además de otras sumas en guaraníes y pesos argentinos, sin la documentación correspondiente. El fiscal Ysrael Villalba Ramírez los imputó por haber sido sorprendidos en flagrancia en territorio aduanero, lo que configura el delito de contrabando en grado de tentativa, con una pena máxima de hasta dos años y medio de prisión.

El caso tiene además implicancias políticas y judiciales en Argentina, donde la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider por una causa vinculada al presunto lavado de activos. No obstante, la Justicia paraguaya estableció que primero debe concluir el juicio por contrabando, mientras la defensa del exlegislador sostiene que el dinero no constituye mercancía y niega que los fondos le pertenezcan.

LA ROSCA | Presunto enriquecimiento del exgobernador |

La Justicia entrerriana avanzó con un allanamiento en la vivienda de una hija del exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, en Paraná, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El operativo fue solicitado por el fiscal José Arias y autorizado por el juez de Garantías Ives Bastián.

El procedimiento se llevó a cabo en la residencia de Florencia Gabriela Bordet, quien no posee fueros parlamentarios. Según trascendió, el ingreso se concretó tras su arribo al domicilio, luego de que inicialmente se analizara forzar la entrada. En paralelo, la fiscalía busca avanzar sobre otras dos propiedades vinculadas al exmandatario, incluida una vivienda en el barrio privado Village Termal.

Sin embargo, esos allanamientos aún no pueden concretarse debido a los fueros de Bordet y de su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, lo que obliga a contar con autorización de las cámaras legislativas correspondientes para avanzar sobre esos inmuebles.

La causa, iniciada hace dos años a partir de una denuncia tras haber tomado estado público un informe del diario Noticiauno de Paraná, (que fue replicado por distintos medios en la provincia) en el que se describe el crecimiento patrimonial del exgobernador, investiga posibles omisiones en declaraciones juradas, compra de bienes a valores subvaluados y construcciones que no se condicen con los ingresos declarados. También se analizan viajes al exterior y movimientos financieros que, según la fiscalía, podrían evidenciar un nivel de vida incompatible con el patrimonio registrado.

En el marco del operativo, la Justicia autorizó el secuestro de documentación patrimonial y comercial, dispositivos electrónicos y otros soportes de información, además de requisas personales y vehiculares. La investigación continúa y podría profundizarse en los próximos días si se habilitan los procedimientos pendientes sobre las propiedades del exmandatario.

LA ROSCA | PJ |

La interna del peronismo provincial sumó un nuevo capítulo luego de que los intendentes de Santa Elena y San Gustavo formalizaran ante el gobernador Rogelio Frigerio su rechazo al esquema de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) promovido por la Liga de Intendentes Justicialistas, en un movimiento que expone diferencias cada vez más profundas dentro del justicialismo provincial.

Durante una reunión de gestión de la que también participó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, los jefes comunales cuestionaron la propuesta de distribuir los fondos bajo parámetros de coparticipación automática, al advertir que ese mecanismo favorecería principalmente a los municipios con mayor estructura y volumen presupuestario.

Frente a ese escenario, Rossi y Simino defendieron la necesidad de avanzar hacia un modelo alternativo de asignación de recursos que contemple criterios de equidad y otorgue prioridad a las localidades con menor capacidad financiera, con el objetivo de evitar —según plantearon— que las actuales asimetrías territoriales se profundicen.

Pero el mensaje político fue más allá de la discusión técnica. Ambos intendentes dejaron en claro que ya trabajan en la reorganización de un sector de presidentes municipales peronistas que no se sienten contenidos por la actual Liga del PJ, con la intención de conformar una estructura paralela con voz propia en la discusión de recursos y en la relación institucional con la Casa Gris.

La reunión, solicitada por los propios intendentes, también permitió avanzar en una agenda conjunta para el departamento La Paz, con eje en obras, gestión territorial y fortalecimiento del vínculo entre la Provincia y los municipios.

Como parte de esa estrategia, se acordó una próxima recorrida de Frigerio por la región en las próximas semanas para profundizar sobre el terreno los temas abordados y avanzar en definiciones concretas.

El movimiento de Rossi y Simino introduce así una nueva fractura dentro del peronismo entrerriano, donde la pelea por los fondos nacionales comienza a reordenar liderazgos, alianzas y estrategias de cara a la disputa política que se avecina.

LA ROSCA | Jubilaciones de empleados públicos |

En medio del creciente debate por el futuro de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Dal Molín lanzó una fuerte advertencia sobre la situación financiera del sistema previsional provincial y sostuvo que la dirigencia ya no puede seguir esquivando una discusión que, según afirmó, “incomoda porque obliga a decir la verdad”. El legislador oficialista aseguró que ordenar un esquema “desbalanceado desde hace años” no genera rédito político, pero remarcó que existen momentos en los que gobernar implica asumir costos.

El senador sostuvo que la crisis de la Caja no es consecuencia de una coyuntura reciente, sino el resultado de años de decisiones políticas en las que —según describió— se fueron acumulando beneficios, excepciones y privilegios sin resolver de manera seria cómo iban a financiarse. “No es responsabilidad de un solo gobierno, sino de buena parte de la dirigencia política, sindical e institucional que durante años prefirió no dar esta discusión”, afirmó, al plantear que esa responsabilidad compartida vuelve aún más urgente encarar una solución.

Dal Molín reveló además que el sistema previsional provincial arrastra actualmente un déficit mensual cercano a los 39.000 millones de pesos, recursos que deben ser cubiertos por el conjunto de los entrerrianos, incluso por quienes nunca formarán parte del régimen. En ese marco, advirtió que si no se corrigen los desequilibrios en un plazo razonable, “en pocos años ya no se discutirá cómo mejorar la Caja, sino cómo sostenerla o incluso cómo pagar las jubilaciones”.

Finalmente, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos cuestionó a los sectores que intentan reducir el debate a una disputa ideológica y reclamó avanzar en una reforma con diálogo, responsabilidad y sensibilidad social. “Nadie plantea avanzar sin escuchar ni desconocer derechos, pero tampoco se puede seguir evitando decisiones necesarias para garantizar que el sistema siga existiendo. Durante años se eligió mirar para otro lado. Hoy ya no hay más tiempo”, concluyó.

LA ROSCA | Deuda pública |

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto que crea una comisión investigadora de la deuda pública provincial, en una votación que mostró coincidencias entre oficialismo y oposición. Tras el resultado, Sarubi calificó la decisión legislativa como “un paso importante para fortalecer la transparencia y mejorar la calidad institucional”, y sostuvo que la discusión sobre el endeudamiento debe ubicarse por encima de las disputas partidarias.

“El endeudamiento público es un tema estructural y contar con herramientas que permitan analizar en profundidad cómo evolucionó es clave para no repetir errores”, afirmó el legislador, quien remarcó que la iniciativa logró un acompañamiento amplio en el recinto, incluyendo el respaldo del bloque justicialista, un dato político que no pasó inadvertido dentro del debate parlamentario.

Sarubi también puso en valor el proceso previo de discusión del proyecto y señaló que durante el tratamiento hubo apertura para incorporar observaciones y aportes de distintos espacios políticos, lo que —según sostuvo— permitió enriquecer la propuesta original y construir un consenso más sólido alrededor de la iniciativa.

Finalmente, el diputado aseguró que la creación de esta comisión no busca “reabrir discusiones con ánimo de confrontación”, sino generar información técnica y transparente que permita ordenar las cuentas públicas, fortalecer la previsibilidad fiscal y consolidar una administración más responsable de los recursos del Estado provincial.

LA ROSCA | Exsenador entrerriano |

El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, enfrentará desde el próximo 20 de abril un juicio en Paraguay acusado de contrabando en grado de tentativa, tras haber intentado ingresar USD 200 mil sin declarar. El proceso judicial se desarrollará en Asunción, donde el exlegislador cumple prisión domiciliaria desde hace más de un año.

Kueider será juzgado junto a su exsecretaria, Iara Guinsel, en una causa que contempla penas mínimas de dos años y medio de prisión. El episodio que originó la investigación ocurrió en diciembre de 2024, cuando ambos fueron interceptados en la frontera paraguaya tras trasladar dinero en efectivo sin declarar, luego de un cruce por Brasil.

La defensa del exsenador sostiene que el dinero no puede ser considerado mercancía y, por lo tanto, no configura delito de contrabando. Además, argumenta que los fondos no eran de su propiedad, sino de inversores paraguayos vinculados al negocio inmobiliario, y que su exsecretaria actuaba como intermediaria. Sin embargo, la fiscalía mantiene una postura contraria y avanzó con la acusación formal.

En paralelo, Kueider enfrenta un proceso de extradición solicitado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Argentina. La justicia paraguaya ya avaló la posibilidad de su traslado, aunque el procedimiento quedará supeditado a la resolución del juicio en curso.

Además, el exlegislador tiene una causa abierta en Concordia que abarca su trayectoria política desde 1999. Con múltiples frentes judiciales abiertos, el futuro de Kueider dependerá de las resoluciones tanto en Paraguay como en Argentina, en un caso que sigue sumando capítulos y repercusiones políticas.

LA ROSCA | Reforma previsional |

El peronismo de Entre Ríos comenzó a delinear su posicionamiento frente a la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. Tras participar de la reunión convocada por el Ejecutivo, legisladores del PJ coincidieron en la necesidad de abrir el debate, aunque dejaron en claro que el acompañamiento estará condicionado al acceso a información precisa y al impacto real de las medidas.

La diputada Laura Stratta valoró la instancia de diálogo y sostuvo que su espacio siempre estará dispuesto a participar en este tipo de convocatorias. No obstante, advirtió que se trata de un tema “complejo, con muchas aristas y de alto impacto”, que exige responsabilidad política y un análisis profundo antes de avanzar en cualquier definición.

En esa línea, Stratta remarcó que desde el bloque peronista solicitaron datos clave para evaluar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y el alcance de las posibles modificaciones. La exigencia de información aparece como uno de los primeros puntos de tensión en un debate que recién comienza a tomar forma en el plano legislativo.

Por su parte, el diputado Juan José Bahillo coincidió en la importancia de sostener el diálogo, pero subrayó la sensibilidad del tema al recordar que la reforma impacta directamente en “cientos de miles de familias”. En ese sentido, enfatizó que las jubilaciones no deben ser tratadas como un beneficio, sino como un derecho adquirido tras años de aportes.

Desde el PJ anticipan una postura de “oposición responsable”, que combine disposición al diálogo con defensa de los derechos previsionales. En ese equilibrio, el peronismo buscará incidir en el contenido final del proyecto, en un escenario donde la reforma promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política provincial.

LA ROSCA | Jubilaciones estatales |

El gobierno de Entre Ríos avanzó en la construcción política de la reforma previsional con una reunión clave entre el gobernador Rogelio Frigerio y legisladores provinciales. El encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, tuvo como eje central alinear posiciones antes del envío del proyecto a la Legislatura.

Durante la reunión, el mandatario dejó en claro la estrategia oficial: avanzar en la iniciativa “sin urgencias, pero sin demoras”, apostando a consolidar acuerdos previos que faciliten el tratamiento parlamentario. En ese sentido, remarcó la necesidad de trabajar junto a diputados y senadores en propuestas concretas que permitan enriquecer el texto final.

Frigerio volvió a poner el foco en el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones, al que calificó como un problema ineludible. Según explicó, el rojo supera los 400.000 millones de pesos anuales y responde, entre otros factores, a una relación cada vez más desfavorable entre aportantes y beneficiarios, actualmente de apenas 1,8 activos por cada pasivo.

En paralelo, el gobernador buscó llevar tranquilidad a los sectores más sensibles al aclarar que la reforma no afectará derechos adquiridos ni implicará cambios bruscos para quienes están próximos a jubilarse. Con este equilibrio entre diagnóstico crítico y mensaje moderador, el oficialismo intenta allanar el camino para una discusión que promete alto voltaje político en la provincia.

LA ROSCA | Empleados públicos |

El gobierno de Entre Ríos dio un paso clave en uno de los debates más sensibles de su gestión: la reforma previsional. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión con representantes de los principales gremios estatales para abrir una instancia de diálogo en torno a la situación de la Caja de Jubilaciones, en medio de crecientes presiones fiscales.

El encuentro, realizado en Casa de Gobierno en Paraná, reunió a funcionarios como Mauricio Colello, Fabián Boleas y Manuel Troncoso, junto a autoridades de la Caja y una amplia representación sindical. El objetivo oficial es avanzar en un esquema de cambios que permita garantizar la sostenibilidad del sistema sin romper el equilibrio político con los trabajadores.

Desde los gremios, la recepción fue cauta pero positiva. La dirigente de Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, destacó la apertura del diálogo, aunque dejó en claro que no hay consenso sobre los puntos en discusión. En particular, advirtió que cualquier modificación no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores, marcando una línea roja en la negociación.

Se pusieron sobre la mesa variables sensibles como la edad jubilatoria y los años de aportes, ejes que el Gobierno considera centrales para el rediseño del sistema. Sin embargo, los sindicatos anticiparon que impulsarán propuestas alternativas, especialmente en materia de financiamiento, buscando evitar un ajuste directo sobre los haberes o las condiciones de retiro.

El proceso recién comienza, pero ya deja en claro que la reforma previsional será uno de los principales frentes políticos del año. Con nuevas reuniones sectoriales en agenda y una participación activa de gremios como ATE, Agmer y Suoyem, el oficialismo apuesta a construir acuerdos que le permitan avanzar sin escalar el conflicto, en un escenario donde el margen de maniobra es cada vez más estrecho.

LA ROSCA | UCR |

El radicalismo de Entre Ríos activó modo “rosca fina” y mostró músculo político en un encuentro en Villa Elisa que dejó una señal clara: la UCR no sólo acompaña, sino que busca consolidarse como sostén central de la gestión de Rogelio Frigerio. Con intendentes, legisladores y funcionarios en una misma mesa, el mensaje fue de unidad puertas adentro y alineamiento sin fisuras hacia afuera.

La cumbre, organizada en el Hotel Quinto Elemento, funcionó como una vidriera de poder territorial. La intendenta Susana Lambert y la titular del Comité Provincial, Alicia Oviedo, marcaron el tono: militancia activa, presencia en el territorio y respaldo político a un gobierno que necesita volumen para sostener las reformas.

En los pasillos y sobre el escenario, la discusión giró en torno a un eje: el orden de las cuentas públicas como condición para cualquier proyecto político. Dirigentes como Francisco Azcué y Darío Schneider coincidieron en que la Legislatura debe garantizar gobernabilidad, mientras que los ministros Hernán Jacob y Fabián Boleas aportaron la pata técnica para sostener el relato de gestión.

El dato político no pasó desapercibido: la presencia del correntino Gustavo Valdés funcionó como guiño regional y respaldo externo. En clave nacional, la UCR entrerriana buscó mostrar que juega en equipo y que el experimento de coalición con el PRO puede tener volumen propio si se sostiene la cohesión interna.

El cierre a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani terminó de ordenar la tropa: unidad, gestión y protagonismo. En la lógica política, el radicalismo dejó en claro que no quiere ser un socio menor, sino un actor determinante en el tablero provincial, con la mira puesta tanto en sostener el presente como en disputar el futuro.

LA ROSCA | Campaña anticipada |

En medio de la creciente disputa política en Entre Ríos, el diputado nacional Guillermo Michel endureció su discurso contra la gestión de Rogelio Frigerio, en una intervención que ya es leída dentro del peronismo como parte de su posicionamiento personal de cara al calendario electoral del próximo año. Sus declaraciones se dieron en el marco de un encuentro junto al senador provincial Juan Diego Conti con presidentes comunales justicialistas de toda la provincia.

Durante la reunión, los jefes comunales expusieron un cuadro crítico, marcado por la caída de la recaudación y el impacto de la incorporación de nuevas comunas, lo que —según señalaron— generó una merma cercana al 50% de los ingresos. A esto sumaron cuestionamientos por lo que consideran un retiro del Estado provincial en la prestación de servicios esenciales, situación que obliga a los gobiernos locales a absorber mayores responsabilidades.

En ese contexto, Michel apuntó directamente contra la administración provincial y denunció un “abandono” hacia las comunas. “El desgobierno de Frigerio se corre de los problemas y deja a los vecinos sin respuestas”, lanzó, en un tono que combinó críticas de gestión con un mensaje político dirigido tanto hacia dentro del peronismo como al electorado en general.

El diputado también buscó reforzar su perfil territorial al destacar el rol de intendentes y presidentes comunales como “la primera ventanilla de la democracia”, en una clara señal de alineamiento con las estructuras locales del PJ. Este gesto no pasó desapercibido en el mapa político provincial, donde distintos sectores comienzan a moverse en función de las definiciones electorales que se avecinan.

Las declaraciones de Michel, con fuertes cuestionamientos al rumbo económico y advertencias sobre un eventual endeudamiento futuro, se inscriben así en una estrategia más amplia de construcción política. Con un discurso crítico hacia el oficialismo y anclaje en las problemáticas territoriales, el dirigente busca consolidar volumen propio dentro del peronismo entrerriano y proyectarse como una de las figuras en carrera para las elecciones del año próximo.

LA ROSCA | Peronismo |

El peronismo entrerriano volvió a mostrar señales de reorganización territorial con un encuentro político en General Ramírez, donde dirigentes y militantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad partidaria frente al actual escenario económico y social. La actividad fue encabezada por los intendentes Damián Arévalo y Gustavo Bastian, quienes impulsan una agenda de reconstrucción del justicialismo desde el territorio.

El encuentro reunió a referentes del Departamento Diamante y se enmarca en una serie de convocatorias que el PJ viene desarrollando en distintos puntos de Entre Ríos. La consigna central fue clara: reconstruir el entramado político desde las bases, priorizando la cercanía con la ciudadanía y la escucha activa de las demandas sociales, en un contexto marcado por la incertidumbre económica.

Durante la jornada, los dirigentes remarcaron la importancia de sostener espacios de diálogo en cada localidad, entendiendo que la fortaleza del peronismo radica en su despliegue territorial. En ese sentido, destacaron el rol estratégico de General Ramírez y el Departamento Diamante como nodos clave para articular una agenda común con proyección provincial.

En el cierre, los organizadores difundieron un documento con definiciones políticas, donde advirtieron sobre el clima social actual: “Hay gritos en soledad de la gente que deben ser escuchados por un peronismo unido”, señalaron, en un mensaje que apunta a reposicionar al partido como canal de representación frente al malestar social.

Además de Arévalo y Bastian, participaron dirigentes como el intendente de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, la exintendenta Claudia Gieco y autoridades partidarias locales, quienes coincidieron en que la reconstrucción del espacio requiere “presencia, diálogo y una fuerte base territorial”. La convocatoria dejó como saldo un peronismo en movimiento, que busca reorganizarse y recuperar protagonismo político en la provincia.

LA ROSCA | Ratifica la gestión en Entre Ríos |

El secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica provincial y defendió el rumbo adoptado por la gestión de Rogelio Frigerio para ordenar las cuentas públicas. En declaraciones radiales, el funcionario apuntó contra la “herencia recibida” y planteó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para revertir lo que definió como décadas de desmanejo financiero.

Colello aseguró que la provincia enfrenta una de las crisis más profundas de los últimos años, producto de un modelo que “gastó más de lo que ingresaba” y que terminó por asfixiar al sector privado. En ese sentido, remarcó que la actual administración debió hacerse cargo de una deuda cercana a los 500 millones de dólares y de una caja que no alcanzaba siquiera para afrontar compromisos básicos, como el pago de aguinaldos a fines de 2023.

En contraste, el funcionario subrayó que el Gobierno no ha tomado nueva deuda y que, pese a un contexto de recaudación inferior incluso al de crisis anteriores como la de 2001, se logró reducir el stock de pasivos, mejorar la imagen internacional de la provincia y reactivar la totalidad de la obra pública. “El objetivo es ordenar las cuentas para poder bajar impuestos”, sintetizó, marcando el norte de la gestión.

Uno de los ejes centrales del discurso de Colello fue la reducción del gasto político, que presentó como condición necesaria para recuperar la confianza social. En esa línea, enumeró medidas como la baja del 50% en cargos políticos, la eliminación del uso personal de vehículos oficiales y el recorte del 30% en contratos de asesoría legislativa. “Los que estamos en el Estado somos empleados de quienes pagan los impuestos”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a la dirigencia como a la ciudadanía.

En relación con el conflicto docente, defendió el acuerdo paritario alcanzado por el Gobierno, al que calificó como “histórico” por garantizar que los salarios no pierdan frente a la inflación. No obstante, reconoció que los ingresos aún deben mejorar y pidió “empatía” al sector público frente a la situación del ámbito privado, donde —según sostuvo— predomina la incertidumbre laboral.

Finalmente, Colello puso el foco en la urgencia de una reforma previsional, al advertir que el déficit de la Caja de Jubilaciones asciende a 36.000 millones de pesos mensuales. “Si no se hace nada, la realidad misma impedirá pagar el 82% móvil”, alertó, al tiempo que defendió las medidas en marcha como un intento de garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

LA ROSCA | Paro docente |

El nuevo paro convocado por los gremios docentes en Entre Ríos volvió a exhibir una baja adhesión y dejó en evidencia el desgaste de las medidas de fuerza en el sector. Según datos oficiales del Consejo General de Educación, el 70% de los docentes asistió a sus puestos de trabajo, garantizando el normal dictado de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

El elevado nivel de presentismo marcó un contraste con la expectativa sindical y debilitó el impacto de la protesta. Lejos de paralizar el sistema educativo, la jornada transcurrió con relativa normalidad, lo que refuerza la percepción de un paro con escasa capacidad de daño político y social.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la continuidad de las clases permitió resguardar el derecho a la educación de miles de estudiantes entrerrianos, además de brindar previsibilidad a las familias. En ese sentido, remarcaron que el sostenimiento del servicio educativo refleja una creciente distancia entre las bases docentes y las conducciones gremiales.

Otro factor que incidió en la baja adhesión fue el reciente pago, por vía complementaria, del incremento salarial ofrecido al sector. La acreditación de estos haberes, realizada días atrás, aparece como un elemento clave para explicar la limitada convocatoria y el progresivo debilitamiento de las medidas de fuerza.

En este escenario, el nuevo paro fallido abre interrogantes sobre la estrategia sindical y su capacidad de representación real. Mientras tanto, el Gobierno logra capitalizar políticamente la situación, mostrando control del conflicto y priorizando la continuidad educativa en toda la provincia.

LA ROSCA | Dato mata relato |

El relato de la “reactivación” empieza a chocar con los números de la economía real. Desde la asunción de Javier Milei, cerraron 22.608 empresas en el país, una caída del 4,4% que ya se equipara, en magnitud, al golpe que significó la pandemia. El dato no es menor: se trata del peor arranque para un gobierno en más de dos décadas.

El informe de Fundar pone en evidencia un proceso que no se detiene. Solo en diciembre de 2025 bajaron sus persianas 670 firmas, en lo que fue la décimo quinta caída mensual consecutiva. El año cerró con 10.392 empresas menos y una seguidilla de 22 meses de retroceso interanual, configurando un escenario de deterioro persistente y sin señales claras de reversión.

Lejos de ser un fenómeno coyuntural, la contracción se da sobre una estructura productiva que ya venía golpeada. Tras el rebote parcial posterior al COVID-19, el número total de empresas volvió a retroceder hasta ubicarse en torno a las 490.000, muy por debajo de los más de 530.000 registros que supo tener la Argentina en su etapa de mayor expansión. La comparación con la pandemia, en este contexto, deja de ser un recurso retórico y pasa a ser un dato concreto.

El contraste político también es elocuente. A los 24 meses de gestión, el indicador de cantidad de empresas durante el gobierno de Milei se ubica en 95,7 puntos, por debajo de los registros de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de sus mandatos. Es decir, incluso en contextos de crisis, el nivel de destrucción de unidades productivas no había sido tan pronunciado en el inicio de una gestión.

El impacto sectorial muestra que la caída no distingue rubros. Transporte y almacenamiento, inmobiliarias e industria manufacturera lideran las bajas, pero el dato más preocupante es otro: 13 de los 19 sectores económicos están en retroceso interanual y 14 acumulan caídas desde el cambio de gobierno. Solo algunas actividades vinculadas al Estado o a enclaves específicos como la minería logran escapar a la tendencia.

En el plano territorial, el cuadro es igual de crítico. 22 de las 24 provincias registran caídas interanuales y en 23 la situación empeoró desde la llegada de Milei al poder. Casos como La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Cruz encabezan el ranking negativo, pero el fenómeno también golpea de lleno a los grandes motores económicos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que no logran revertir la inercia.

El trasfondo del problema es político y económico: un modelo que ajusta sobre el consumo, retrae la demanda y enfría la actividad termina impactando directamente en la supervivencia de las empresas. Mientras el Gobierno sostiene su programa de reformas, los datos empiezan a plantear una pregunta incómoda: cuánto tejido productivo puede perder la Argentina antes de que la recuperación deje de ser una promesa.

LA ROSCA | Denuncian falta de recursos en el interior |

La iniciativa, presentada por el senador provincial Víctor Sanzberro (Victoria) y llamativamente acompañada por el bloque oficialista, es decir los senadores del gobernador Rogelio Frigerio, fue aprobada en la sesión de este miércoles como proyecto de comunicación. El planteo apunta directamente a la falta de envío de los Aportes del Tesoro (AMNR), considerados recursos clave para el funcionamiento cotidiano de estas instituciones.

Desde el PJ advirtieron que la situación es crítica, ya que las Juntas de Gobierno cumplen un rol central en las comunidades más pequeñas y alejadas, garantizando servicios básicos como el acceso al agua, la recolección de residuos, el mantenimiento de caminos rurales y la atención primaria.

“El interior no puede quedar librado a su suerte. Estamos hablando de recursos mínimos que permiten sostener servicios esenciales y acompañar a nuestros vecinos en el día a día”, sostuvo Sanzberro, al fundamentar el proyecto.

Además de la regularización inmediata de los fondos, los legisladores solicitaron al Ejecutivo un informe detallado que explique los motivos de la interrupción de los envíos, la metodología actual de cálculo de los aportes y el monto total adeudado a cada Junta de Gobierno.

En términos políticos, el reclamo expone un nuevo foco de conflicto en la relación entre el oficialismo y los sectores del interior, en un contexto donde la distribución de recursos y el federalismo interno vuelven a instalarse como eje de debate.

El senador por Victoria remarcó que la falta de transferencias no responde a cuestiones meramente administrativas, sino a decisiones que requieren “una pronta respuesta política”, al tiempo que reclamó mayor transparencia y equidad en la asignación de recursos.

Finalmente, el proyecto insta al Poder Ejecutivo a actuar con celeridad para evitar la paralización de servicios esenciales y garantizar el normal funcionamiento de las Juntas de Gobierno, cuya fragilidad financiera hoy pone en alerta a numerosas localidades entrerrianas.

LA ROSCA | Transporte docente gratuito |

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos junto a la Secretaría de Transporte, alcanza a docentes dependientes del Consejo General de Educación que se desempeñan en localidades con servicio de transporte público, como Paraná y su área metropolitana, Concordia, Gualeguaychú, La Paz y Concepción del Uruguay.

Según se informó oficialmente, el beneficio será válido de lunes a viernes y está destinado a docentes con domicilio en la provincia que no perciben el código de traslado (029) en sus haberes. Se estima que la medida alcanzará a alrededor de 4.500 trabajadores, consolidándose como una política de alivio económico en un contexto de tensión salarial en el sector educativo.

Uno de los puntos destacados de la implementación es que aquellos docentes que ya contaban con el 50% de descuento pasarán automáticamente a gozar del boleto gratuito, sin necesidad de realizar un nuevo trámite, lo que agiliza la transición del beneficio.

En cuanto a la gestión, el trámite continúa realizándose de manera presencial —o bajo la modalidad que disponga cada localidad—, presentando la tarjeta SUBE, el DNI y el certificado de Informe de Servicios (IS), que se obtiene a través de la Dirección de Recursos Humanos del CGE o mediante el sistema SAGE. En el caso de La Paz, donde rige el sistema Malvibus, se deberá presentar la tarjeta correspondiente.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno provincial para contener el impacto del costo del transporte en sectores clave como la educación, y podría leerse también en clave política como un gesto hacia el sector docente, históricamente movilizado en reclamos salariales y de condiciones laborales.

Con esta decisión, la administración entrerriana busca no solo garantizar el acceso al transporte, sino también reforzar su agenda social en un año atravesado por fuertes desafíos económicos.

LA ROSCA | Peronistas a ciegas con el proyecto del Gobierno |

En Entre Ríos, la reforma previsional empieza a tensar el clima político antes de nacer formalmente. El Bloque de diputados peronistas salió a marcarle la cancha al gobierno de Rogelio Frigerio y exigió que presente por escrito el anteproyecto que viene anticipando en declaraciones y reuniones reservadas, pero que todavía no ingresó a la Legislatura.

El punto de fricción es claro, en la oposición aseguran que el debate se está planteando “a ciegas”.

Hasta ahora, los detalles de la reforma del sistema previsional entrerriano circularon más por off y trascendidos que por canales institucionales. En ese marco, los legisladores opositores reclaman que el Ejecutivo deje de administrar la discusión en cuotas y exponga el contenido real de la iniciativa.

Paradójicamente, el propio oficialismo había planteado que enviaría un anteproyecto —y no un proyecto cerrado— para abrir el juego a distintos sectores. Pero en el PJ advierten que sin texto no hay debate posible. “Primero hay que saber qué se quiere reformar”, sintetizan en el Bloque, donde desconfían de un esquema que, sospechan, podría avanzar sobre derechos sin blanquear el alcance de los cambios.

Además del documento, la oposición pone el foco en otro déficit: la falta de un diagnóstico integral del sistema previsional. Sin números claros ni proyecciones, sostienen, cualquier discusión queda en terreno político más que técnico. Y en un tema sensible como jubilaciones, el margen para la improvisación es mínimo.

Por ahora, en la Casa Gris administran los tiempos y evitan mostrar el borrador. Pero el mensaje del peronismo es directo: están dispuestos a dar la discusión, pero con reglas claras. En el fondo, lo que se juega no es solo una reforma, sino quién controla la narrativa y el ritmo de uno de los debates más delicados de la gestión.

LA ROSCA | Se consolida la alianza oficialista |

En medio del reacomodamiento político tras la muerte de Jorge Chemes, el gobierno de Entre Ríos activó una jugada rápida: Atilio Benedetti fue designado como nuevo representante de la provincia en la Región Centro, un espacio estratégico para la articulación productiva con Córdoba y Santa Fe.

La decisión, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, no solo cubre una vacante sensible sino que también ordena el tablero político con un dirigente de peso dentro del radicalismo. Benedetti, con trayectoria legislativa y fuerte vínculo con el sector agropecuario, aparece como una figura de equilibrio dentro de la coalición oficialista.

En clave política, el movimiento no es menor: la Región Centro funciona como una plataforma de poder para posicionar la agenda del interior productivo frente a la Nación. Allí, Frigerio busca consolidar volumen político y coordinación con gobernadores de signo diverso, en un contexto donde las provincias intentan recuperar protagonismo frente al ajuste nacional.

Benedetti recogió el guante y, desde sus redes, habló de “honor” y de la necesidad de profundizar una región “cada vez más integrada”, con capacidad de “hacer oír con más fuerza la voz del interior”. El mensaje no fue casual: apunta a reforzar el discurso federal que hoy atraviesa a buena parte de los gobernadores.

El nuevo representante también puso el acento en el potencial económico del bloque regional, al remarcar que la articulación con Córdoba y Santa Fe puede potenciar las economías regionales. Detrás de esa definición hay una hoja de ruta: más coordinación productiva, mayor presión conjunta y un intento de convertir a la Región Centro en un actor político con peso propio en el escenario nacional.

La Rosca | Concepción del Uruguay |

El jefe comunal centró su mensaje en una defensa del diálogo como herramienta central de la democracia, aun cuando —según planteó— “las instituciones se han vuelto impopulares”. En ese marco, advirtió que el escenario político y económico actual es “poco propicio para la construcción de espacios comunes”, pero insistió en la necesidad de preservar ámbitos de debate y consenso.

“El mayor peligro para la democracia es la destrucción del espacio común, donde las cosas puedan hablarse, puedan discutirse”, sostuvo Lauritto, quien rechazó que el diálogo sea interpretado como signo de debilidad. Recordó además que al asumir, el 10 de diciembre de 2023, había planteado que “todos tenemos el derecho a soñar”, aunque subrayó que las propuestas solo adquieren valor “en la medida que sean posibles”, en referencia a la necesidad de previsibilidad fiscal y trabajo articulado.

En materia de infraestructura, el intendente confirmó la licitación de 34 nuevas cuadras de pavimento y un plan de mejoras en loteos urbanos. También anunció una inversión millonaria para la planta de tratamiento de residuos, junto con el fortalecimiento del sistema de recolección y la erradicación de minibasurales.

Entre los avances ya ejecutados, enumeró el recambio de 5.407 luminarias LED y la instalación de 765 nuevas columnas, una política orientada a mejorar la seguridad y eficiencia energética en distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, destacó la puesta en valor de espacios públicos emblemáticos como los balnearios Itapé, Banco Pelay e Isla del Puerto, además del Parque Ribereño, consolidando el perfil turístico y recreativo de Concepción del Uruguay.

En el área de transporte, Lauritto remarcó la implementación del boleto estudiantil, financiado íntegramente por el municipio, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a la educación.

En paralelo, señaló que el sistema de educación municipal alcanzará a 671 estudiantes en 2026 y detalló acciones en materia de acompañamiento sanitario a recién nacidos, salud mental y abordaje de consumos problemáticos.

El intendente también anunció la creación de un nuevo Centro de Día para personas con discapacidad y la continuidad de programas deportivos y de inclusión social, como parte de una política de fuerte impronta comunitaria.

En el plano productivo, Lauritto subrayó el impulso al Polo Tecnológico “La Nube”, al que definió como motor del ecosistema emprendedor local y eje estratégico para el desarrollo de la economía del conocimiento en la ciudad.

Con experiencia en tres períodos de gobierno bajo distintas administraciones nacionales y provinciales, el intendente reivindicó la legitimidad democrática de todas las autoridades y llamó a “convivir, que no es otra cosa que vivir con el otro, democráticamente”.

El mensaje dejó planteada una hoja de ruta que combina administración prudente, inversión con recursos propios y políticas sociales activas, en un escenario político donde —según afirmó— sostener el diálogo y la institucionalidad se vuelve un desafío central para la gestión pública en Entre Ríos.

La Rosca | En línea con Milei |

El intendente de Francisco Azcué inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Concordia con un duro discurso político, donde combinó anuncios de gestión 2026 con duras críticas a la administración anterior. En el Centro de Convenciones, defendió el ajuste del gasto público, cuestionó lo que definió como un “festival de contratos” en 2023 y aseguró que recibió un municipio con una deuda superior a los 5 millones de dólares y una estructura “sobredimensionada”. “Elegimos el camino estrecho”, afirmó al justificar las medidas de ordenamiento fiscal y reducción del gasto.

En el tramo más confrontativo, Azcué sostuvo que durante el último año de la gestión pasada hubo cerca de 900 altas y 230 pases a planta permanente con “criterio proselitista”, lo que implicó un costo mensual cercano al millón de dólares, según afirmó. El jefe comunal defendió las 92 sanciones administrativas aplicadas en dos años, la reducción del 40% de los contratos y más de 130 jubilaciones impulsadas para achicar la planta. Según detalló, el ahorro anual supera los 9.000 millones de pesos y permitió redireccionar recursos hacia infraestructura y servicios bajo los ejes de “orden, planificación, control y eficiencia”.

En materia de seguridad y espacio público, el intendente destacó la creación del Centro de Monitoreo Municipal junto a la Policía de Entre Ríos, la instalación de lectores de patentes en accesos y mejoras de iluminación en más de 100 calles. Además, anunció que enviará al Concejo un proyecto para eliminar definitivamente la tracción a sangre en la ciudad, tras la adopción de más de 100 equinos, y confirmó que se desarticularon más de 200 usurpaciones en terrenos municipales. En paralelo, defendió la nueva ordenanza impositiva 2026 que redujo la tasa comercial y eliminó el 10% por derechos de espectáculos públicos, en línea con una estrategia de baja de impuestos y desregulación administrativa.

Entre los anuncios centrales para 2026, Azcué presentó un plan de pavimentación y repavimentación de más de 100 cuadras, la compra de una nueva planta asfáltica municipal con una inversión superior a 2.700 millones de pesos y la ampliación de la peatonal hasta el histórico Palacio Arruabarrena. También anticipó la disolución del INVITAM para integrar sus funciones a Obras Públicas y reforzar el control administrativo. Con un mensaje final enfocado en desarrollo productivo, turismo y modernización del Estado, el intendente buscó posicionar a Concordia como polo regional y dejó en claro que 2026 será, según sus palabras, el año de consolidación del ajuste y expansión de la inversión.

La Rosca | Cambios en el Gabinete nacional |

El presidente Javier Milei anunció cambios clave en el Gobierno y confirmó que Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La decisión se oficializó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y marca un reordenamiento profundo en una de las carteras más sensibles del Gabinete. En paralelo, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, asumirá como secretario de Justicia, desplazando a Sebastián Amerio en la estructura interna del ministerio.

La salida de Cúneo Libarona, uno de los últimos sobrevivientes del primer Gabinete libertario, estaba acordada desde octubre y responde al desgaste acumulado en la gestión. Según fuentes oficiales, el ministro saliente había manifestado su intención de dejar el cargo y esperaba cerrar su ciclo en marzo. La situación interna del Ministerio de Justicia se había vuelto insostenible y Milei decidió anticipar la transición antes de su próximo viaje al exterior, con el objetivo de ordenar la conducción política y enviar una señal de autoridad hacia adentro del Gobierno.

Mahiques, actual titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, llega con un perfil técnico y fuerte inserción en el mundo judicial. En su primer mensaje público agradeció la confianza del Presidente y planteó los ejes de su gestión: “sin justicia no hay futuro posible”, afirmó, al tiempo que reclamó una Justicia “independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”. El nuevo ministro puso el foco en la seguridad jurídica, la previsibilidad normativa y la necesidad de reglas claras para atraer inversión, conceptos centrales en la agenda económica del oficialismo.

El trasfondo político también es relevante. La llegada de Mahiques consolida la influencia de Karina Milei en el área judicial y fortalece el vínculo con sectores de la denominada “familia judicial”, en un contexto donde el Gobierno busca avanzar en reformas estructurales y redefinir su relación con los tribunales. Con este movimiento, Milei apuesta a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia, con un esquema de conducción más alineado al núcleo duro libertario y con la promesa de imprimir mayor velocidad a los cambios institucionales.

La Rosca | Conflicto docente |

Como publicó La Rosca, el conflicto docente en Entre Ríos se da en el marco de la negociación paritaria 2026, cuya apertura estuvo marcada por la ruptura del diálogo. En la primera reunión salarial realizada el 24 de febrero en la Secretaría de Trabajo, la conducción de AGMER se declaró en estado de beligerancia y dio por terminada la instancia de negociación de manera unilateral. Desde el Ejecutivo señalaron que la declaración de conflicto fue adoptada como primer paso de una mesa recién constituida, impidiendo profundizar el debate técnico y presentar contrapropuestas.

La propuesta oficial incluía mejoras en ayuda escolar, boleto docente, sumas complementarias y el compromiso de revisar los montos remunerativos en un plazo no mayor a 90 días, sujeto a la evolución de los recursos provinciales. Además, el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la mejora salarial ofrecida será abonada por complementaria en los próximos días, en un intento por descomprimir la tensión y garantizar previsibilidad a las familias antes del inicio pleno del ciclo lectivo.

Desde una lectura política, el bajo nivel de adhesión expone límites en la estrategia gremial y refuerza la posición del Gobierno, que sostiene como prioridad el derecho a aprender y la continuidad escolar. Con siete de cada diez docentes en las aulas, la medida de fuerza perdió capacidad de presión y dejó abierto un interrogante hacia adelante: si el camino será la profundización del conflicto o el regreso a la mesa paritaria para evitar que la disputa salarial vuelva a poner en riesgo la normalidad educativa en Entre Ríos.

La Rosca | Casta entrerriana |

La discusión sobre la “casta política” y la perpetuidad en cargos del Estado sumó un nuevo capítulo en el Senado. El exsenador nacional Alfredo De Ángeli, cuyo mandato finalizó en diciembre, fue designado como asesor del bloque PRO en la Cámara Alta bajo la modalidad de planta transitoria, en la categoría más alta del escalafón. El decreto de nombramiento se formalizó el 26 de enero y lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su carácter de titular del Senado. La solicitud fue impulsada por el jefe del bloque PRO, Martín Göerling, quien sucedió a De Ángeli en la conducción de la bancada amarilla.

Fuentes parlamentarias indicaron que la categoría A1 (la más alta dentro de las plantas transitorias) implica un ingreso cercano a los 3 millones de pesos mensuales.

El dato generó ruido interno incluso dentro del propio Senado. “Gana como cuatro docentes o como cuatro pasantes del Garrahan”, deslizaron fuentes legislativas a LPO, en referencia al Hospital Hospital Garrahan, uno de los centros de salud pública más emblemáticos del país.

La comparación no es menor en un contexto de ajuste fiscal, revisión de contratos y discurso oficial centrado en la reducción del gasto político.

De la 125 a vivir del Estado

La trayectoria política de De Ángeli comenzó durante el conflicto por la Resolución 125 en 2008, cuando se convirtió en uno de los dirigentes más visibles de los cortes de ruta en Gualeguaychú contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde ese momento saltó a la política nacional, primero como referente rural y luego como senador nacional por Entre Ríos. Pasaron 18 años entre militancia rural, banca legislativa y, ahora, un rol como “asesor” del mismo cuerpo que integró hasta diciembre.

En los pasillos del Congreso admiten que “le está costando desprenderse del Senado”, publicó La Política Online. La designación como asesor le permite continuar dentro del Palacio Legislativo pese a no contar ya con mandato popular.

La Cajita Feliz

El caso reaviva una discusión medular: ¿hasta qué punto las plantas transitorias funcionan como herramienta técnica (asesores) y cuándo se transforman en un mecanismo de acomodo político?

En los últimos meses, el Senado fue escenario de varios movimientos de designaciones transitorias, una práctica histórica en el Congreso pero hoy bajo mayor cuestionamiento público, especialmente tras una campaña presidencial que hizo de la crítica a la “casta” uno de sus ejes centrales.

La categoría A1 no es un cargo menor, se trata del nivel más alto dentro de las designaciones no permanentes, reservado formalmente para perfiles técnicos o estratégicos de máxima responsabilidad.

Sin embargo, la continuidad de exlegisladores en funciones rentadas dentro del mismo ámbito donde ejercieron poder político abre interrogantes sobre los límites entre asesoramiento especializado y reciclaje de políticos.

La casta no distingue partidos

Según fuentes parlamentarias, De Ángeli no sería el único con su apellido en la nómina de la Cámara Alta bajo modalidades contractuales o de planta.

El “mecanismo” no distingue partidos: oficialismo y oposición han recurrido históricamente a las plantas transitorias para sostener equipos políticos tras la finalización de mandatos. La diferencia, señalan observadores legislativos, radica en el contexto actual de ajuste y discurso antiprivilegios del presidente Javier Milei.

En un escenario de revisión del gasto público y debate sobre el tamaño del Estado, el regreso de Alfredo De Ángeli al Senado como asesor categoría A1 vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Congreso y la tensión entre recambio democrático y permanencia estructural en la administración pública.

La pregunta que queda flotando es si la política argentina está dispuesta a discutir en serio los mecanismos que permiten que la vida en el Estado se extienda más allá de las urnas.

La Rosca | Paraná |

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso centrado en la digitalización del Estado, la mejora de los servicios públicos y un ambicioso plan de obras para 2026. El acto se realizó en la Sala Mayo y contó con la presencia del viceintendente David Cáceres, concejales, funcionarios provinciales y representantes institucionales. “Nos reúne la voluntad de seguir forjando comunidad en una ciudad con historia, con presente y con futuro”, afirmó la jefa comunal, marcando el tono político de la jornada.

En su mensaje, Romero defendió la institucionalidad y la continuidad de políticas públicas como ejes de gobierno. Sostuvo que “ninguna ciudad vuelve a empezar cada cuatro años” y reivindicó un Estado “facilitador, cercano, inteligente y eficiente”. En ese marco, puso el foco en la modernización administrativa a través de la profundización del Portal Ciudadano Mi Paraná y anunció la implementación de la “Tramitación Digital Inteligente”, un sistema que eliminará definitivamente el expediente en papel y permitirá firma digital, seguimiento en tiempo real y mayor transparencia en los procesos municipales.

En materia de movilidad y servicios públicos, la intendenta destacó la transformación del transporte urbano con el nuevo modelo implementado desde diciembre de 2025, apoyado en herramientas tecnológicas como la aplicación Arriba Paraná. También remarcó avances del Plan Paraná 100% LED, que ya alcanzó el 80% de la ciudad con más de 14.400 luminarias instaladas en 170 vecinales, y la continuidad del programa Calle a Calle para recuperar la trama vial y mejorar la conectividad entre barrios.

Entre los anuncios más relevantes, Romero confirmó que en 2026 se ejecutarán 59 obras incluidas en el presupuesto municipal y que a mitad de año entrará en funcionamiento el Parque Solar Fotovoltaico de 10.400 paneles, con un ahorro estimado de más de 150 millones de pesos mensuales. Además, resaltó la continuidad de la obra de vinculación entre la Ruta 12 y avenida Circunvalación como Acceso Sudeste. Con un mensaje final de reconocimiento al Concejo por el acompañamiento legislativo, la intendenta delineó un año enfocado en consolidar la modernización del municipio y fortalecer el desarrollo urbano de la capital entrerriana.

La Rosca | Financiamiento externo |

La emisión se realizó dentro de los límites establecidos por la Ley Nº 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, aprobada por la Legislatura entrerriana, y constituye la primera colocación internacional desde 2017.

Según se informó oficialmente, el nuevo bono tiene una vida promedio de seis años y un cupón anual del 9,55%, con pagos semestrales. El esquema de amortización prevé vencimientos de capital escalonados: 33,33% en 2031, otro 33,33% en 2032 y el 33,34% restante en 2033.

El objetivo central de la operación es refinanciar compromisos financieros existentes, cancelar pasivos en pesos considerados más costosos y aliviar vencimientos concentrados en el corto plazo. Desde la administración provincial sostienen que esta estrategia permitirá mejorar la liquidez y otorgar mayor previsibilidad a las cuentas públicas.

En términos financieros, el bono fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de duración similar, lo que representa —según destacaron desde el Ejecutivo— una mejora de 50 puntos básicos respecto del spread obtenido en la emisión internacional realizada en 2017.

La operación también incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28, cuyo resultado definitivo se conocerá este viernes. Este mecanismo apunta a extender plazos y reducir presiones sobre los servicios de deuda en los próximos ejercicios fiscales.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el regreso a los mercados internacionales constituye una señal de confianza de los inversores hacia la administración entrerriana y hacia el proceso de ordenamiento fiscal impulsado en los últimos años.

En ese sentido, sostienen que la colocación permite “rediseñar el perfil global de vencimientos”, generando una estructura más equilibrada en el tiempo y marcando —según la versión oficial— una mejora respecto del esquema de endeudamiento heredado.

El retorno de Entre Ríos al crédito externo se produce en un contexto nacional de restricciones financieras para las provincias, por lo que la operación adquiere también una lectura política: posiciona al distrito nuevamente dentro del circuito internacional de financiamiento y abre un nuevo capítulo en su estrategia de administración de la deuda pública.

La Rosca |Denuncia Penal |

El expediente se abrió tras una denuncia presentada por concejales de la oposición, luego de que se hiciera público el accidente de tránsito ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en territorio brasileño. En ese siniestro, el jefe comunal protagonizó un vuelco mientras se trasladaba en una camioneta Mitsubishi Dakar perteneciente a la Municipalidad de Colón. Su esposa, Gimena Bordet, resultó gravemente herida y logró recuperarse semanas después.

Investigación penal

A través de un comunicado oficial, la Unidad Fiscal Nº 2 de Colón informó que se dispuso la apertura de causa y el inicio de la Investigación Penal Preparatoria por el presunto uso indebido de un bien público para un viaje al exterior del país.

La denuncia también menciona posibles maniobras de encubrimiento por parte de Mariano Bravo, quien se encontraba a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al momento de los hechos.

Las actuaciones fueron remitidas por la Sub-Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Paraná, donde inicialmente se había radicado la presentación. El 9 de febrero se ordenaron diversas medidas probatorias, entre ellas el requerimiento de documentación administrativa, informes de organismos nacionales, provinciales e internacionales, antecedentes registrales del vehículo involucrado y constancias vinculadas al siniestro ocurrido en Brasil.

Denuncia

La denuncia penal fue presentada a mediados de enero por los concejales peronistas Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi, del bloque “17 de Octubre”. Los ediles solicitaron que se investiguen presuntos delitos contra la administración pública, tanto por parte del intendente como de su esposa —quien se desempeña como secretaria privada— y otros funcionarios.

Según los denunciantes, el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”, lo que configuraría un uso indebido de bienes públicos. Además, advirtieron que los daños materiales sufridos en el accidente podrían representar un perjuicio patrimonial concreto para el municipio, cuyo monto deberá ser determinado.

“Tenemos el deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses. La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”, señalaron.

La versión del Intendente

Por su parte, Walser sostuvo que el viaje tenía carácter laboral, ya que había sido invitado a participar de un acto oficial en Brasil, y que posteriormente aprovechó la ocasión para vacacionar con su familia en la ciudad de Torres.

No obstante, el eje de la investigación se centra en determinar si el traslado al exterior en un vehículo oficial —destinado al servicio de la administración pública— constituyó un uso irregular de recursos municipales, y si existió algún intento de ocultar o justificar administrativamente el hecho.

La causa avanza ahora con la recolección de pruebas, en un expediente que pone bajo la lupa el manejo de bienes públicos y la eventual responsabilidad penal de funcionarios municipales.

La Rosca | Condena contra la Municipalidad de Concordia |

El fallo, dictado el 9 de febrero de 2026 y firmado por los jueces Federico Lacava y María Fernanda Erramuspe, puso un límite a la potestad del Ejecutivo local para revisar designaciones realizadas por la gestión anterior. En la resolución se declaró la nulidad absoluta del Decreto 213/2024, mediante el cual se había dejado sin efecto el pase a planta permanente del agente Claudio Daniel D’Antonio.

Salarios caídos, intereses y honorarios

La sentencia no solo ordena la reincorporación del trabajador en la Categoría 5 —tal como había sido designado en 2023— sino que condena al municipio a pagar la totalidad de los salarios caídos desde febrero de 2024 hasta su efectiva reincorporación.

A ese monto deberán sumarse intereses calculados a tasa activa del Banco Nación, lo que incrementa significativamente el pasivo, además de los honorarios profesionales y las costas del proceso judicial. Todo ello configura un desembolso millonario que impactará directamente en el presupuesto municipal.

Ejes del fallo

El caso se originó tras la decisión del intendente Azcué de revocar, en febrero de 2024, el pase a planta permanente dispuesto en septiembre de 2023 por el entonces jefe comunal Enrique Cresto mediante el Decreto 1279/2023.

El Ejecutivo argumentó que la designación era ilegítima por no haberse cumplido supuestamente los concursos y capacitaciones exigidos por la normativa local. Sin embargo, el tribunal no se pronunció inicialmente sobre la idoneidad del agente, sino sobre la vía utilizada para dejar sin efecto el nombramiento.

La Cámara consideró que el decreto de 2023 constituía un “acto administrativo estable”, es decir, un acto que ya había generado derechos subjetivos —como el derecho al empleo y al salario— y que, por lo tanto, no podía ser anulado unilateralmente por la propia administración.

Según la doctrina vigente en Entre Ríos, si el municipio entendía que el acto era ilegítimo, debía iniciar una acción de lesividad ante la Justicia para que fuera un juez quien declarara su nulidad. Al omitir ese procedimiento y revocar el nombramiento por decreto, el Ejecutivo municipal vulneró el debido proceso.

Límite institucional y costo fiscal

En su resolución, el tribunal fue categórico: “La potestad de la Administración de revocar sus propios actos en sede administrativa desaparece cuando el acto es estable”. En consecuencia, dispuso la nulidad total del Decreto 213/2024, la reincorporación provisoria del agente y el pago integral de lo adeudado.

Más allá del debate político sobre las designaciones de la gestión anterior, el fallo deja una consecuencia concreta: la erogación de fondos públicos para cubrir salarios retroactivos, intereses y honorarios, en un contexto de restricciones presupuestarias.

Así, la controversia administrativa terminó traduciéndose en un costo económico que deberá afrontar el municipio de Concordia, con impacto directo en los recursos que provienen de los contribuyentes locales.

La Rosca | Economía al rojo vivo |

El informe Líder elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella afirma que la economía argentina enfrenta un deterioro significativo y una muy alta probabilidad de entrar en recesión en los próximos meses.

Según el documento, el Índice Líder (IL) —un indicador diseñado para anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico— registró una caída mensual en enero de 2026 y muestra una serie de componentes con desempeños negativos, lo que indica debilidad en variables clave de la actividad económica.

La lectura más destacada del informe es que la probabilidad de que la economía deje la fase expansiva e ingrese en recesión durante los próximos seis meses se ubica en alrededor del 99 %, una cifra que refleja una alarmante tendencia de estancamiento o contracción futura a pesar de ciertos datos oficiales que sugieren crecimiento.

El informe destaca que esta probabilidad se calcula a partir de un conjunto de series —como índices bursátiles real, agregados monetarios ajustados, producción industrial, recaudación del IVA y ventas de autos, entre otros— que integran el Índice Líder para ofrecer una visión anticipada del rumbo de la economía argentina.

En síntesis, el CIF advierte que los indicadores adelantados reflejan una marcada debilidad y casi certeza de una recesión económica en el corto plazo, contradiciendo expectativas más optimistas y generando preocupación por el futuro de la actividad económica nacional.

La principal preocupación está centrada en que los números del estudio de la prestigiosa Universidad Di Tella contrastan significativamente con las proyecciones del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien en los últimos días declaró que la economía crecerá un 4% en 2026

Mirá acá el informe completo de la Universidad Di Tella

La Rosca | Reforma Laboral |

El exlegislador analizó el impacto de la medida y afirmó que no se trata de un simple cambio en las reglas de contratación, sino de la supresión de “garantías estructurales” que históricamente protegieron la función social y la independencia de los trabajadores de prensa frente a los poderes políticos y económicos.

D’Agostino recordó que, aunque el Estatuto fue sancionado en 1946 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, su gestación fue más amplia y transversal. Señaló que durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear comenzó a distinguirse normativamente el trabajo “obrero” del “intelectual”, y que el radicalismo acompañó la sanción de la Ley 12.581, que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Periodistas y definió legalmente la actividad.

En esa línea, sostuvo que mayorías políticas con profundas diferencias ideológicas coincidieron históricamente en la necesidad de dotar al periodismo de un régimen jurídico especial que resguardara su independencia.

Durante casi 80 años, explicó, la Ley 12.908 estableció un sistema de protección que no otorgaba “privilegios corporativos”, sino que blindaba institucionalmente la función social del periodismo.

Entre sus principales garantías enumeró:

Estabilidad laboral reforzada con indemnización agravada por despido sin causa.
Jornada reducida de 36 horas semanales.
Protección frente a despidos motivados por opiniones o publicaciones.
Salarios mínimos profesionales por categoría.
Prohibición de precarización mediante formas indirectas de contratación.
Reconocimiento específico de la profesión.

El dirigente radical recordó además que la Corte Suprema validó la constitucionalidad de la indemnización agravada en el fallo “Roca, Mario c/ Análisis S.A.” (1972), al descartar que se tratara de un privilegio arbitrario.

“La lógica del Estatuto era clara: un periodista sin estabilidad económica es vulnerable a presiones directas o indirectas. Y un periodismo vulnerable debilita el sistema republicano”, afirmó.

¿Puede existir plena libertad de prensa sin estabilidad profesional mínima para los periodistas?

“La respuesta es no”.

La derogación del régimen especial está prevista para el 1° de enero de 2027 en el marco de la reforma laboral. Para D’Agostino, la cuestión “no es meramente laboral, sino constitucional”.

En ese sentido, citó el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora tratados internacionales con jerarquía constitucional, y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.

También recordó la doctrina fijada por la Corte Suprema en el fallo “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. ART”, donde se declaró la inconstitucionalidad de límites regresivos en materia indemnizatoria.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la eliminación del Estatuto supone la pérdida de la estabilidad reforzada, la equiparación del periodista al régimen laboral general y la supresión de protecciones específicas vinculadas a la libertad de expresión.

Para el exdiputado, la estabilidad profesional no constituía un beneficio individual, sino una garantía estructural para la libertad de prensa. “La censura no siempre adopta la forma de prohibición previa; puede manifestarse como amenaza económica. Cuando el despido se vuelve jurídicamente barato, la autocensura se vuelve socialmente probable”, advirtió.

En su conclusión, D’Agostino afirmó que la Ley 12.908 no fue un privilegio sectorial, sino una construcción histórica destinada a proteger la independencia del periodismo frente al poder político y económico.

“Si la libertad de expresión es una piedra angular del sistema constitucional, el debilitamiento de las condiciones materiales que la hacen posible no puede considerarse una mera reforma laboral. Es una decisión con profundas implicancias institucionales”, sostuvo.

Y cerró con una definición categórica: “¿Puede existir plena libertad de prensa sin estabilidad profesional mínima para los periodistas? La respuesta es no”.

La Rosca | Opiniones |

Por Jorge Fontevecchia (*)

Lamentablemente, parte de la Justicia no tomó nota de que hay un plan sistemático para silenciar las voces críticas. A los periodistas que cuestionan aspectos de este Gobierno se los acusa de cometer delitos o se los intenta ridiculizar.

Señor Presidente, usted me acusó de delincuente, de cobrar sobres para criticarlo y de vivir de lo que usted llama “la pauta”, que no es ni más ni menos que la publicidad pública. Hace tiempo, en una de estas columnas, le pedimos que presente pruebas de eso que hizo. Todavía no lo hizo, pero sigue acusando a todo periodista que sea crítico de su gestión de lo mismo. Usted me acusa de delincuente, pero, al hacerlo, usted mismo comete un delito. En Argentina, acusar a alguien de un delito que no cometió, como es el cobrar sobornos para criticarlo, es en sí mismo un delito. Así lo dicen los artículos 109 y 110 del Código Penal, señor Presidente.

Lamentablemente, parte de la Justicia no tomó nota de que hay un plan sistemático para silenciar las voces críticas. A los periodistas que cuestionan aspectos de este Gobierno se los acusa de cometer delitos o se los intenta ridiculizar. Se trata de destruir su reputación. Se apunta contra los medios en los que trabajan para quitarles la publicidad estatal y se la redirige a medios complacientes; se les niega el acceso a las fuentes oficiales y se instruye a la SIDE para que pueda espiarlos sin otro motivo que el ser críticos. Esto es lo que sucede actualmente en la Argentina libertaria de Javier Milei.

La última novedad de esta batalla que libramos desde Perfil por el valor de la palabra y nuestra reputación como medio independiente es que los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmaron el sobreseimiento del Presidente en la causa por injurias contra mi persona. Esto significa que nuestro presidente, sin prueba alguna, me acuse a mí y a otros periodistas de ensobrados, es decir, de cobrar dinero para criticarlo, no es un delito porque, según los camaristas, sería parte de la libertad de expresión.

¿Qué implicancias tiene en una sociedad que hasta el Presidente pueda acusar sin pruebas a periodistas críticos o adversarios? ¿Cómo se puede debatir sobre ideas y enfoques sobre los diferentes problemas del país si a cada quien que tiene una posición diferente del Gobierno se lo acusa de ensobrado o de estar en un plan para desestabilizar al Gobierno?

¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando hay un plan sistemático de silenciamiento de las voces críticas basado en las acusaciones del Presidente, su banda de trolls y las disposiciones para que la SIDE pueda investigar a cualquier persona que, cito textual, con su opinión “erosione la credibilidad del Gobierno”?

En la antigua Roma había un término conocido como “calumnia”, que designaba precisamente la acusación maliciosa y falsa. Ya en la Ley de las XII Tablas (siglo V a.C.) existían disposiciones contra el falso testimonio. Con el tiempo, el derecho romano fue afinando la distinción entre error y mala fe. Si un acusador actuaba sabiendo que su imputación era falsa, podía sufrir sanciones que incluían multas, infamia (es decir, la pérdida de honor jurídico y de ciertos derechos civiles), e incluso penas equivalentes a las que pretendía para el acusado.

En el proceso penal romano, donde la acusación era ejercida por particulares, el Estado tenía interés en evitar que el sistema se convirtiera en un instrumento de persecución personal. La “infamia” era especialmente temida porque degradaba el estatus social del condenado. Roma entendía que la Justicia dependía no solo de castigar el delito, sino de proteger el procedimiento de abusos.

En la Mesopotamia, el Código de Hammurabi (c. 1754 a.C.) castigaba con extrema dureza la acusación falsa: quien imputaba un delito grave y no podía probarlo podía recibir la misma pena que pretendía para el acusado, incluso la muerte. En el derecho hebreo, el Deuteronomio establecía el principio de reciprocidad: el falso testigo debía sufrir el castigo que buscaba imponer.

En la Antigua Grecia, especialmente en Atenas, se sancionaba a los denunciantes temerarios con multas si no lograban respaldo suficiente en juicio, para desalentar acusaciones oportunistas. En la Antigua Roma, la calumnia era un delito: el acusador malicioso podía sufrir multas, pérdida de honor jurídico (infamia) o penas equivalentes.

En el Antiguo Egipto, mentir en juicio atentaba contra la Ma’at (verdad y orden) y podía acarrear castigos físicos o trabajos forzados. En todas estas culturas, acusar sin pruebas era visto como una amenaza al orden social y a la credibilidad de la Justicia. En Argentina, los artículos 109 y 110 del Código Penal prohíben acusar a una persona de un delito que no cometió.

Si desde las civilizaciones de la antigüedad se penaba este delito es porque la calumnia es un elemento nocivo para la sociedad. Si cualquiera puede acusar a cualquiera de cualquier cosa, o se transforma en una caza de brujas sin sentido o la Justicia deja de hacer caso a las denuncias y se vuelve una suerte de tierra de nadie sin orden ni justicia. Desde sus orígenes, la filosofía occidental entendió que la palabra no es un simple instrumento, sino el núcleo mismo de la vida moral y política.

En Sócrates la palabra está inseparablemente unida a la verdad. Su método (preguntar, dialogar, refutar) no buscaba vencer al adversario, sino depurar el error. En los diálogos de Platón, Sócrates aparece como la contracara del sofista: frente a quien usa el lenguaje para persuadir o manipular, él lo utiliza para examinar la propia vida. Su decisión de aceptar la condena antes que renunciar a su práctica filosófica expresa una convicción radical: una palabra que traiciona la verdad vacía de sentido la existencia.

Aristóteles profundiza esta idea en clave ética. En la “Ética a Nicómaco” sostiene que la veracidad es una virtud del carácter. No se trata solo de no mentir, sino de mantener coherencia entre lo que se es y lo que se dice. La mentira degrada porque rompe esa correspondencia y corroe la confianza que hace posible la vida en comunidad. Para Aristóteles, el ser humano es un “animal político” porque posee palabra (logos), y es la palabra lo que permite deliberar sobre lo justo y lo injusto. Sin compromiso con la verdad, la polis se desintegra en mera retórica.

Siglos después, Immanuel Kant formula el argumento más tajante: mentir es siempre moralmente inadmisible. Su ética del deber sostiene que la verdad es una obligación categórica, incluso cuando decirla puede traer consecuencias negativas. Si la mentira se universalizara, afirma, la confianza desaparecería y el lenguaje perdería su función. La palabra verdadera no es solo un valor individual, sino la condición racional que permite la convivencia entre personas libres.

La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del Presidente. Sostuvo que llamarme “delincuente” o “ensobrado” está protegido por la libertad de expresión porque se trató de un debate político sobre asuntos de interés público. Pero nuestro equipo de abogados señala que el fallo comete un error central: no analizó cada expresión en particular. La ley exige verificar si cada frase tiene relación directa con un tema de interés público. No alcanza con invocar en general el “debate político” para cubrir cualquier descalificación, especialmente acusar al otro de cometer delitos.

El fallo también equipara esas expresiones a opiniones. Sin embargo, nuestro equipo de abogados sostiene que no es lo mismo opinar que imputar hechos. Decir “no me gusta su línea editorial” es una opinión; decir “es un delincuente” implica atribuir la comisión de un delito. Cuando se imputan hechos concretos, la jurisprudencia exige sustento y verificación. Eso no fue evaluado.

La resolución afirma, además, que, por tratarse de una figura pública, el umbral de tolerancia debe ser mayor. Nuestro equipo de abogados responde que mayor tolerancia no significa ausencia de límites. La crítica política es legítima; la imputación deshonrosa sin prueba no debería quedar amparada, y menos aún cuando proviene del Presidente de la Nación.

Las publicaciones de Perfil, como yo mismo, hemos sido críticos de los actos de gobierno de Milei y del propio Presidente, pero nunca imputamos directamente delitos sin pruebas. El debate público debe ser sobre ideas, acciones, con sustantivos y no calificativos, y mucho menos permitir calumniar, acusar de delincuente a quien no lo es. Y ya en el terreno de injuria, la defensa del honor resulta una demostración de lo contrario a este fallo de Casación que el Presidente pueda avanzar con el juicio similar contra la periodista Julia Mengolini por decir que Milei está enamorado de su hermana.

Por último, el periodismo, como parte del sistema de división de poderes, tiene la misión de ser crítico de los gobiernos para cumplir su rol republicano de limitación de cualquier absolutismo; es, de forma figurada, una especie de primer fiscal proveyendo pruebas o indicios a la Justicia. Al revés, no es función del Poder Ejecutivo ser un oponente del periodismo, invirtiendo el orden del papel que cada uno cumple en el sistema democrático.

La Cámara sostuvo que el caso podía cerrarse sin juicio porque la atipicidad era “manifiesta”. Nuestro equipo de abogados entiende lo contrario: si hay discusión jurídica razonable sobre el alcance de esas expresiones, el proceso no debió clausurarse anticipadamente. Por eso recurriremos a la Corte Suprema para que se definan con claridad los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el uso de la palabra pública.

Ahora, esto que enfrentamos los periodistas en Argentina no es distinto a lo que enfrentan los periodistas en Estados Unidos o en otros lugares donde gobierna o gobernó la extrema derecha. Recordaremos el término “character assassination”. Como explicó María O’Donnell en Urbana Play, se trata de destruir la reputación de una figura pública para que no pueda ser un interlocutor válido que critique de manera honesta e intelectual.

La estrategia de la extrema derecha global contra el periodismo crítico no es un fenómeno aislado, sino una técnica coordinada que busca erosionar la verdad para reemplazarla por lealtad. El primer paso de este modelo suele ser la descalificación sistemática para invalidar al periodista ante su propia audiencia.

En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump popularizó términos como “enemigo del pueblo” y “fake news” para referirse a los medios tradicionales. Esta retórica no solo busca desacreditar la información fáctica, sino que incita directamente al acoso digital y físico. Durante su mandato, las agresiones contra reporteros en mítines políticos se volvieron una constante, creando un entorno donde el ejercicio de la pregunta incómoda es visto como un acto de traición a la patria.

Otro pilar fundamental es la judicialización y lo que se conoce como acoso legal. En Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, se ha perfeccionado el uso de leyes y estructuras estatales para asfixiar a los medios que aún intentan mantener su independencia. La creación de autoridades de medios controladas políticamente permite imponer multas exorbitantes bajo conceptos ambiguos como la falta de equilibrio informativo. A esto se suman las demandas por difamación utilizadas como una forma de guerra jurídica para agotar financieramente a los pequeños medios.

Por ejemplo, está el caso de Direkt36, que es un faro de resistencia en Hungría. Nacido del éxodo de periodistas que rechazaron la censura gubernamental, como medio independiente desmantela la red de corrupción estatal al exponer contratos amañados que benefician a allegados del poder y revelar los negocios offshore de la élite política. Su impacto trascendió fronteras mediante su colaboración en los Panama Papers, demostrando que el periodismo de investigación es el único contrapeso real frente al autoritarismo.

El vuelto contra Direkt36 fue una operación de guerra híbrida que combinó espionaje y asfixia. El Estado utilizó el software Pegasus para infectar teléfonos de sus periodistas, permitiendo el acceso a cámaras, mensajes y fuentes para cortar filtraciones desde el poder. Simultáneamente, el gobierno bloqueó toda publicidad estatal y presionó a empresas privadas para desfinanciar el medio. Finalmente, el aparato mediático oficialista lanzó campañas de calumnia, tildándolos de “agentes extranjeros” para destruir su credibilidad. Como ven, diferentes países, un mismo modus operandi: las redes sociales.

En Brasil, durante los años de Jair Bolsonaro, la estrategia se centró en redes de mensajería privada como WhatsApp, a través de los denominados gabinetes del odio. Estos grupos se dedicaron a lanzar campañas de calumnias coordinadas, especialmente contra periodistas mujeres. Un caso concreto es el de Patricia Campos Mello, quien fue blanco de insultos misóginos y amenazas constantes tras investigar el uso de fondos empresariales para financiar noticias falsas que favorecían al gobierno.

Este fenómeno busca que el ciudadano común deje de creer en la existencia de una verdad comprobable, llevándolo a elegir su postura basándose únicamente en la emoción y la identidad de grupo. Cuando el periodismo crítico es silenciado mediante el trolleo coordinado, la asfixia económica o la calumnia moral, el poder deja de tener contrapesos reales, facilitando el avance de agendas autoritarias en todo el mundo. Como ven, Milei es solo una manifestación local de un fenómeno global: gobiernos de extrema derecha eligiendo al periodismo independiente como enemigo.

Ahora, es preciso entender cuál es el verdadero objetivo. La estrategia de la extrema derecha moderna no busca convencerte de una verdad alternativa, sino anular tu capacidad de distinguir la verdad de la mentira. El concepto de Steve Bannon, conocido originalmente como “Flood the zone with shit” (Llenar la zona de mierda), es el motor táctico detrás de los ataques al periodismo crítico.

El objetivo de Bannon no es censurar la información al estilo de las dictaduras del siglo XX, que prohibían diarios o cerraban canales. En la era de la sobreinformación, la técnica es la saturación. Al “llenar la cancha de mierda”, se lanzan tantas versiones contradictorias, teorías conspirativas y calumnias al voleo que el ciudadano medio termina agotado. Ese agotamiento produce un fenómeno de “escepticismo radical”: si todo parece ser mentira o estar operado, entonces nada es verdad, y el periodismo de investigación pierde su impacto porque se lo percibe como una mancha más en el barro.

Aquí es donde el ataque al periodismo se vuelve fundamental. Para que la técnica de Bannon funcione, hay que destruir la autoridad del árbitro. El periodismo profesional actúa históricamente como el verificador de los hechos; por lo tanto, la extrema derecha necesita degradar al periodista a la categoría de “militante” o “enemigo”. Si logran que el público crea que un reportero del New York Times o de un medio local es solo un operario político más, entonces cualquier investigación, por más documentada que esté, queda anulada bajo la etiqueta de “Fake News”.

Esta “mierda” que se arroja a la cancha incluye la calumnia personal. No se debate el dato que el periodista presenta, sino que se ataca su moral, su financiamiento o su vida privada. Al hacerlo, se desplaza el foco de la noticia hacia la figura del mensajero. Es una táctica de distracción masiva: mientras el periodismo intenta limpiar su nombre de una calumnia, el poder sigue operando sin escrutinio.

En este ecosistema, la extrema derecha utiliza la desinformación no para que creas en una mentira específica, sino para destruir el concepto mismo de realidad compartida. Cuando la cancha está llena de mierda, el único refugio que le queda al votante es la identidad: “No sé qué es verdad, pero le creo a los míos”. Así, el ataque al periodismo es la herramienta necesaria para romper el contrato social de la verdad y reemplazarlo por un tribalismo ciego, donde el líder tiene vía libre porque ya nadie tiene autoridad para cuestionarlo.

Por todo esto decidimos seguir apelando y litigando en la Justicia. No solo está el prestigio de los periodistas de Perfil y de la propia editorial en juego, sino, además, el valor de la palabra como institución necesaria para una sociedad democrática que debate públicamente sus problemas. Reiteramos: no nos vamos a rendir y vamos a seguir litigando. En defensa de la palabra y la credibilidad del periodismo. Es decir, en defensa de nuestras herramientas de trabajo.

Señor Presidente, pierde el tiempo si piensa que puede callar al periodismo y, en particular, a la Editorial Perfil con el uso de la calumnia, el ataque económico o el uso de la SIDE. La Justicia tiene sus tiempos; lo mismo nos sucedió con los juicios de Carlos Menem, donde, tras ser condenados en Argentina, terminamos logrando en el Tribunal Interamericano que el condenado fuera el gobierno de Menem; o como en el caso de Néstor Kirchner, donde, tras haber perdido en primera instancia en los tribunales argentinos, nuestra Corte nos dio la razón condenando al gobierno.

Seguiremos haciendo lo que siempre hicimos: defendiendo nuestros derechos en la Justicia y haciendo periodismo crítico de este y de todos los gobiernos.

* Jorge Fontevecchia – Periodista, escritor, empresario de medios de comunicación. Presidente de Editorial Perfil.

La Rosca | Baja en el partido de Milei |

Oriundo de Gualeguay, Erro impulsó la conformación del partido en 2019 y asumió su presidencia en 2020. Durante su conducción, la fuerza logró el reconocimiento legal como partido político en mayo de 2025. Sin embargo, tras diferencias con integrantes de la actual conducción, optó por dar un paso al costado.

En su comunicado, explicó que al concluir su etapa al frente del partido delegó “voluntariamente la conducción partidaria” con el objetivo de garantizar una transición ordenada y fortalecer la continuidad institucional. No obstante, señaló que con el paso del tiempo se profundizaron desacuerdos internos que intentó encauzar mediante el diálogo.

Ruptura tras las elecciones

Erro detalló que, luego del proceso electoral de 2025, convocó a una reunión en Villaguay para recomponer la unidad y establecer un marco de consenso. Según afirmó, ese encuentro no solo no permitió acercar posiciones sino que dejó en evidencia “una ruptura profunda” dentro de la conducción, que derivó en la renuncia de la vicepresidenta y del secretario general del consejo directivo.

Además, cuestionó decisiones adoptadas por la actual dirigencia, a las que atribuyó una profundización del conflicto, falta de respuestas institucionales y ausencia de un horizonte político claro para los afiliados identificados con el Gobierno nacional.

En el tramo más crítico del texto, sostuvo que se adoptaron actitudes orientadas a desplazar “espacios de trabajo imprescindibles del proceso fundacional del partido”, sin los cuales el Partido Libertario de Entre Ríos no habría alcanzado su reconocimiento legal.

“Coherencia”

“El ejercicio de la política debe sostenerse en el respeto por la palabra dada, la vocación de unidad y el reconocimiento al trabajo colectivo”, expresó Erro. Y agregó que cuando esos principios dejan de regir la vida interna de una organización, “la coherencia personal obliga a tomar decisiones claras”.

En el cierre del comunicado, agradeció a afiliados y militantes que acompañaron el proyecto desde sus inicios y destacó que el espacio obtuvo el reconocimiento del presidente Javier Milei y del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Pese a su alejamiento orgánico, Erro aseguró que continuará comprometido con los valores que dieron origen al espacio y que seguirá trabajando por ellos “desde otros ámbitos”.

La Rosca | Oposición |

En un comunicado enviado a La Rosca, el partido expresó un “rechazo firme” a la iniciativa alentada por el Gobierno provincial. La definición surgió tras una reunión realizada en Concordia, donde dirigentes del espacio analizaron la coyuntura política, cuestionaron la política salarial en Entre Ríos y abordaron aspectos de organización interna partidaria. Sin embargo, el eje central del encuentro fue la postura frente a una posible reforma constitucional.

Rechazo unánime

Según el documento difundido, “el punto de mayor debate de la reunión fue el rechazo unánime a cualquier intento de reforma de la Constitución Provincial de 2008”. El Frente sostuvo que presentar una eventual modificación como una medida de ahorro fiscal constituye “una premisa engañosa”.

En ese sentido, argumentaron que la eliminación de una cámara legislativa no implicaría una reducción sustancial del gasto estructural, dado que el personal pertenece a planta permanente y continuaría dentro del Estado. “Lo que sí se vería afectado es la capacidad institucional del Poder Legislativo para ejercer su función de contrapeso frente a los demás poderes”, advirtieron.

Defensa del texto actual

El espacio recordó que la Constitución sancionada en 2008 fue resultado de una consulta popular y del consenso de todas las fuerzas representadas en la Convención Constituyente. Destacaron que el texto incorporó órganos de control con autonomía funcional y rango constitucional, estándares avanzados en materia de transparencia, la organización del Ministerio Público Fiscal, derechos colectivos y protección ambiental.

Asimismo, subrayaron que bajo el régimen vigente “un exgobernador haya sido condenado en el marco de un proceso judicial que evidenció la independencia y autonomía real de los órganos de control”, en alusión a antecedentes judiciales recientes en la provincia.

Críticas al gobierno

En otro tramo del comunicado, el Frente consideró “paradójico” que se impulse una reforma desde una práctica de gobierno que —según señalaron— no ha demostrado apego estricto al texto constitucional actual.

Entre los ejemplos mencionaron que durante 2024 se mantuvo el cobro de un tributo sin ley formal que lo autorizara, en tensión con el principio constitucional que establece que ningún impuesto puede exigirse sin una norma que lo disponga. También recordaron que el Ejecutivo modificó la fecha fijada por la Carta Magna para la apertura de sesiones ordinarias, incumpliendo —afirmaron— una disposición explícita.

“Estos antecedentes reflejan una preocupante relativización de la norma constitucional en la práctica, mientras simultáneamente se plantea su reforma”, sostuvieron.

Deudas pendientes

El partido señaló además que la Constitución de 2008 aún presenta deudas de implementación, entre ellas la puesta en funcionamiento efectivo de la Defensoría del Pueblo. Por ello, consideraron “institucionalmente contradictorio” promover cambios sin haber garantizado antes su pleno cumplimiento.

En el cierre del documento, el Frente Entrerriano Federal concluyó que Entre Ríos “no necesita una reforma constitucional motivada por consignas coyunturales”, sino “instituciones sólidas, órganos de control con plena institucionalidad y una Constitución que preserve el equilibrio de poderes; no que sea reformada para acompañar las necesidades circunstanciales del gobierno de turno”.

La Rosca | Economía |

La iniciativa del legislador entrerriano plantea “solicitar informe al Poder Ejecutivo Nacional, por medio del organismo que corresponda, sobre la ley 27.780 “Convenio con la República Popular China, para la eliminación de la doble imposición, con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal, y su protocolo”, con el fin de determinar cuántas empresas estatales chinas obtuvieron beneficios fiscales por la aplicación del Convenio de Doble Imposición Fiscal Argentina-China.

“Argentina cuenta con convenios vigentes con al menos 23 países para mitigar ese tributo y así atraer inversiones. En el caso de China, el 18 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.780 mediante la cual el Congreso de la Nación aprobó el CDI entre Argentina y China. Este Convenio se firmó el 2 de diciembre de 2018 pero recién se convirtió en ley en el año 2024 y está vigente en la actualidad”, según el proyecto.

Michel afirmó que este Convenio “incorpora como novedad un tratamiento diferencial para ciertas instituciones de propiedad o controladas por cada uno de los Estados contratantes. De este modo, otorga exenciones o alícuotas preferenciales por sobre las previstas para la generalidad de los casos en este CDI”.

El proyecto que también lleva la firma de Miguel Ángel Pichetto, describe que “en particular, en el ítem 7 del Protocolo al Convenio, se listan las instituciones de propiedad o controladas por China y la Argentina que gozarán de este tratamiento diferencial, como −por ejemplo, en el caso de China− el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) o el Fondo para la Ruta de la Seda. Este listado podrá ser ampliado de común acuerdo por las autoridades competentes de ambos países. En este sentido, y a los efectos de conocer los datos que implica la aplicación de la ley 27.780 y con el interés de salvaguardar los intereses de la Nación, es que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que informe a esta Cámara al respecto indicando cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se han beneficiado por la aplicación de las ventajas diferenciales que este CDI otorga por las rentas que obtengan en Argentina”.

La Rosca | Narcotráfico en la provincia|

En un trabajo conjunto de seguridad e inteligencia, la Justicia Federal logró desbaratar un plan de sicariato orquestado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Los objetivos del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

La investigación señala como principal implicado al narco diamantino Leonardo Airaldi (exdirigente rural con vínculos políticos), quien se encuentra alojado en el Pabellón E de dicha unidad. Según los datos recolectados, Airaldi habría pagado la suma de 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los funcionarios durante sus vacaciones.

El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para mañana 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía “vengarse” de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos de seguridad secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de cocaína.

El gobernador Rogelio Frigerio calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, y remarcó la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos. “Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el gobernador.

Con información de Noticiauno.

La Rosca |Voto negativo a la reforma laboral|

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

La Rosca |Polémica con Transporte San José S.A. |

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Transporte San José S.A. y declaró la incompetencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en la causa iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

La medida se originó a partir de una acción de amparo promovida por UTA, solicitando que la nueva concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Paraná incorporara al personal que se desempeñaba en la anterior empresa adjudicataria.

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná, integrada por Guillermo Leopoldo Federik; María Alejandra Abud y Emilio Luján Matorras, entendió que la acción promovida no configura un conflicto colectivo de alcance nacional, sino un conflicto pluriindividual, circunscripto al ámbito local y que la controversia se relaciona exclusivamente con la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.

Asimismo, se recordó que tanto el domicilio de las partes como el lugar de prestación de tareas se encuentran en la provincia de Entre Ríos. “La competencia en materia laboral es improrrogable, conforme la normativa provincial y nacional aplicable”.

De esta manera se resolvió que la causa debe tramitar ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4 de Paraná y que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta incompetente para intervenir en el proceso originado por la demanda planteada por el ente sindical.

La Rosca |Discurso de Frigerio ante la Legislatura |

“Por 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, la provincia fue acumulando problemas estructurales que nadie quiso abordar de fondo. Déficit crónico, deuda creciente, obra pública paralizada, un Iosper desordenado y una Caja previsional al borde del colapso”, aseveró.

“La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se evitó el default, se cumplió con vencimientos de deuda heredada, se pasó del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación y, algo fundamental, no se aumentaron impuestos por encima de la inflación”, enfatizó.

“Eso no es menor. Es un cambio de lógica. Pero ordenar no alcanza”, advirtió la legisladora.

“Elevar la vara significa que el equilibrio fiscal debe traducirse en crecimiento concreto. Y ya hay señales claras: dejamos de ser la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país y mejoramos competitividad; el RINI generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo; se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva obra pública paralizada durante años”.

“La situación económica sigue siendo difícil. El gobernador fue honesto en eso. Pero hoy estamos mejor plantados porque ejecutamos mejor el presupuesto, ahorramos donde antes se expandía el gasto político y recuperamos confianza institucional”, manifestó luego.

“Elevar la vara es no conformarse con haber estabilizado la provincia. Es exigirnos más. Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver”, expresó.

“La consolidación no es un slogan. Es una decisión política de no retroceder. Etre Ríos tiene ahora algo que durante años no tuvo: equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro. Y eso es lo que nos permite mirar la segunda mitad con ambición de desarrollo, no solo con preocupación por sobrevivir”, finalizó.

La Rosca |Reforma laboral en debate |

Finalmente la Reforma Laboral se aprobó en Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra. El proyecto volverá al Senado debido a la eliminación del artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad. Será tratado la próxima semana y si, como se descuenta, es sancionado a partir de entonces tendrá rango de ley.

Desde UCR Activa criticaron a Dario Schneider que fue uno de los legisladores que votó a favor de la reforma laboral.” Lo hizo desde la lista violeta de La Libertad Avanza armada por Rogelio Frigerio y Karina Milei, encabezada por Laumann y compartida con Benegas Lynch, respaldado por la mayoría oficialista del Congreso de la UCR de Entre Ríos”, sostuvieron en un comunicado.

El sector interno cuestionó los argumentos del legislador radical, quien justificó su voto al sostener que la reforma “baja costos” para generar empleo y reducir el trabajo no registrado. “El trabajo en negro no se termina con menos protección: se termina con control a los empleadores, sanciones efectivas y salarios que alcancen”, remarcaron.

En ese sentido, advirtieron que “bajar costos” en la Argentina “se traduce en menos derechos y menos protección social para los trabajadores”, y rechazaron que la precarización sea el camino para mejorar el empleo. “Si de verdad queremos más trabajo, mejora económica y desarrollo, el rumbo es otro: estabilidad, crédito, inversión productiva, capacitación y un control laboral serio. No más precarización”, concluyeron desde UCR Activa.

La Rosca | Tras discurso de Frigerio|

“En tiempos de dificultades económicas y de creciente presión sobre el sistema público, la ciudadanía espera menos gestos simbólicos y más definiciones de gestión. Entre la épica y la gestión cotidiana, hoy Entre Ríos necesita, sobre todo, lo segundo”, enfatizaron los senadores justicialistas.

“Reconocemos la importancia de plantear objetivos, pero entendemos que gobernar también implica asumir con precisión la realidad actual de Entre Ríos: restricción de recursos, obra pública paralizada y dificultades para generar empleo. Ese es el punto de partida desde el cual deben construirse soluciones”, señalaron.

“El trabajo es hoy el desafío central. Observamos una tensión en la que quienes sostienen la producción enfrentan mayores obstáculos, mientras no se generan condiciones suficientes para ampliar el empleo. Frente a esto, la provincia debe reclamar con firmeza los recursos que le corresponden, ya que no hay desarrollo posible sin financiamiento adecuado ni una defensa clara de los intereses provinciales”, sostuvieron.

“La situación económica y social requiere diagnósticos precisos, prioridades definidas y propuestas concretas. En ese sentido, llamó la atención el tono del mensaje, más cercano a una narrativa fundacional que a la realidad cotidiana que atraviesan los entrerrianos, quienes hoy demandan menos gestos simbólicos y más definiciones de gestión”, afirmaron en un comunicado.

“También preocupa la falta de precisiones sobre temas estructurales como el endeudamiento público y su sostenibilidad, así como el creciente traslado de responsabilidades hacia los municipios, lo que evidencia la necesidad de una planificación provincial más clara y coordinada”,

“Desde nuestro rol opositor, reafirmamos que el Senado ha actuado con responsabilidad institucional, acompañando herramientas de gobernabilidad cuando fueron en beneficio de la ciudadanía. Creemos que la convivencia democrática se fortalece con respeto, diálogo y reconocimiento del papel legítimo de cada fuerza política”, aseguraron.

“Esperamos que en adelante se expresen con mayor claridad los lineamientos y prioridades para sostener el funcionamiento de la provincia y atender a quienes más lo necesitan. La sociedad entrerriana merece previsibilidad, responsabilidad y un rumbo claro”, finalizaron.

La Rosca |Consecuencias del temporal |

Al finalizar el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, precisó que “se están evaluando en toda la provincia las consecuencias del temporal”, como la voladura de techos por los fuertes vientos, e inundaciones que llegaron a cortar rutas.

“Estamos recibiendo información. Pido tranquilidad para que podamos evaluar realmente cuáles son las consecuencias; y en la ciudad de Paraná ya una consecuencia directa con la búsqueda de integrantes de una familia. Esto ha sido informado al gobernador para que esté al tanto”, remarcó.

“Estamos articulando muy bien con Defensa Civil y con todo el territorio. Para el Ministerio de Desarrollo Humano, el dato válido lo da Defensa Civil provincial, estamos relevando y cerciorando con ellos la validez de nuestros datos”, agregó.

Finalmente, la Ministra explicó que ante “una inundación siempre el municipio debe tener previsto las instalaciones necesarias y el lugar de evacuación para empezar a trabajar antes de que suceda”; y adelantó que desde el gobierno provincial se brinda ayuda alimentaria en forma inmediata y “en algunos casos saldremos con algún subsidio más personal para alguna familia que así lo necesite; pero, sobre todo, se atendrá la necesidad de comida y de pernoctar en algún lugar especial. Se irá evaluando, porque todas las ciudades están con situaciones muy diferentes”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, precisó que desde esta mañana se dio asistencia a municipios cercanos, como Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, con la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas.

Asimismo, se está “en contacto telefónico con otros municipios pero por la lluvia no se ha concretado la entrega, así que coordinamos para las próximas horas cuando el tiempo lo permita”.

La Rosca | Paritaria estatal |

En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial hizo una oferta salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo, los gremios pidieron mejorar la propuesta y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.

La propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero de 2026, consiste en una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.

Tras finalizar el encuentro, el Director General de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman indicó que el diálogo con los representantes gremiales fue «positivo» ya que hubo «comprensión del contexto económico» en el que es llevada la paritaria.

ATE

“Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos”, manifestó el Secretario General, Oscar Muntes, de cara al encuentro de este viernes.

Luego de finalizar el primer encuentro paritario del año, el Secretario General de ATE, Oscar Muntes destacó la presentación de una propuesta por parte del Gobierno pero consideró que lo ofrecido es insuficiente y la característica de las sumas genera “inconvenientes” a la Caja de Jubilaciones y a la OSER.

“Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras para recuperar el salario”, planteó. Y, respecto a lo ofertado, Muntes pidió que se aclare cuáles serán los montos que recibirá cada categoría.

UPCN

Al inicio de la reunión se ratificó que UPCN es, por la cantidad de afiliados, el gremio mayoritario. Además de la mejora en la propuesta, UPCN reclamó una actualización de la ayuda escolar, ante el inminente inicio de las clases.

«Vinimos con expectativas porque ayer escuchamos al gobernador que reconoció que los sueldos están bajos y que la provincia está mal, pero los servicios del Estado se brindan a través de los trabajadores», subrayó Allende.

También aseveró que «con la reforma laboral que pretende Milei es necesario buscar mantener las fuentes de trabajo» y, en ese sentido planteó: «¿Cuánto va a tardar Milei en pedirle a los gobernadores que ajusten en sus provincias?».

Tras la queja del titular de UPCN porque «siempre llaman a paritaria sobre el vencimiento de los plazos», se acordó pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.

La Rosca | La reforma previsional en el tapete |

La reforma previsional fue un punto de interés en el discurso ofrecido ante legisladores entrerrianos durante la inauguración del 147º Período de Sesiones Ordinarias desarrollada el pasado miércoles. Según el diputado provincial Bruno Sarubi, en diálogo con Radio Diputados, la gestión del gobernador Rogelio Frigerio busca una solución estructural para el déficit de la Caja de Jubilaciones sin abandonar el 82% móvil. Aunque solicitó prudencia a los sectores involucrados hasta conocer el texto definitivo de la ley, el diputado enfatizó la necesidad de alcanzar consensos amplios para proteger el sistema a largo plazo.

En materia de Infraestructura -otro de los ejes relevantes del discurso anual brindado por el primer mandatario ante la Asamblea Legislativa- el jefe de la bancada oficialista ponderó el “plan de inversión vial más importante de la historia reciente”. Sarubi remarcó que la mejora de los caminos rurales y las rutas principales resulta vital para la producción, el turismo y la seguridad ciudadana. Además, recordó que la Legislatura facilitó herramientas para que los recursos del impuesto inmobiliario rural tengan como destino específico el mantenimiento de la red vial entrerriana.

Respecto al alivio fiscal para el sector privado, el diputado destacó “la decisión de disminuir la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas”. En este sentido, explicó que esta política busca fomentar la inversión y el desarrollo productivo sin desfinanciar de forma abrupta las arcas del Estado. Mencionó la reciente ampliación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) hacia varios sectores que antes no estaban incluidos además del “compromiso oficial de bajar la presión fiscal con el sector que genera empleo”.

Finalmente, el legislador anticipó un año de debates intensos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En la misma línea, ratificó el acompañamiento del bloque a las transformaciones propuestas por el Ejecutivo y destacó la gestión del gobernador para reperfilar la deuda provincial. Y concluyó con que “el ordenamiento de las cuentas públicas permite hoy el inicio de una etapa de reestructuración profunda en beneficio de todos los entrerrianos”.

La Rosca | Juicio a ex funcionario provincial |

A las 9:10 de la mañana, en la sala de audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay, el juez Darío Crespo reanudó el debate en el Legajo N° 2367, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique S/Homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas”.

La segunda jornada del juicio oral volvió a poner en primer plano una pregunta que excede el expediente: cómo procesa una comunidad la muerte de cuatro jóvenes trabajadores cuando el imputado era un alto funcionario provincial al momento del hecho y el vehículo en el que se conducía pertenecía al Estado.

En la sala estuvieron presentes el fiscal N° 5, Eduardo Santo; el querellante particular Mario Arcusín -con la ausencia justificada de Leandro Rosatti-; el imputado Juan Enrique Ruiz Orrico; y sus defensores, Félix Pérez y Leopoldo Lambruschini. uicio

La teoría del caso bajo lupa técnica

La acusación sostiene que Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial (dominio colocado IYU 009) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre cuando, a la altura del kilómetro 123 -entre Caseros y Herrera-, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa (dominio DTD 845). En ese vehículo viajaban los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi. Los cuatro fallecieron como consecuencia directa del siniestro.

La calificación legal es homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas (arts. 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal). En la primera audiencia, el imputado admitió su responsabilidad. En esta segunda jornada, la discusión se desplazó hacia la arquitectura científica del caso: mecánica del impacto, condiciones del entorno, alcoholemia, cadena de custodia y contexto institucional.

La mecánica del choque: una violencia inusual

El primero en declarar fue el agente técnico de Policía Científica, Joaquín Martínez Jancarik, quien detalló las constataciones mecánicas realizadas sobre ambos rodados. Su testimonio funcionó como introducción a un bloque pericial que buscó reconstruir con precisión la dinámica del hecho.

La licenciada en Accidentología Vial Daniela Alejandra Aguiar, profesional de Criminalística de la Departamental Uruguay, aportó los informes técnicos periciales 54/2024, 54/2024 bis y 61/2024. Su relato fue meticuloso. Explicó que el pavimento se encontraba en buenas condiciones, que la ruta estaba delimitada en sus laterales pero carecía de demarcación central visible y que, según los vestigios materiales, el Passat se cruzó de carril e impactó frontalmente con impacto en el lado izquierdo contra el Corsa.

Un aspecto central fue la imposibilidad de determinar científicamente la velocidad del Passat. Aguiar explicó que la deformación extrema de las estructuras y la ausencia de ciertos datos técnicos impidieron un cálculo fiable. También aclaró que la posición de la aguja del velocímetro no constituye un indicador válido tras un impacto de esa magnitud, desmontando una creencia frecuente en la opinión pública.

Antes de concluir, respondió a una pregunta de la defensa y confirmó que los ocupantes del Corsa no utilizaban cinturón de seguridad. El dato, potencialmente relevante en otros contextos, fue luego relativizado por la medicina forense.

El comisario Héctor Adrián Jacquet, jefe de la División Criminalística Uruguay, corroboró las conclusiones. Con 25 años de servicio y más de una década al frente del área, afirmó que nunca había intervenido en una colisión de semejante violencia. La descripción no fue retórica: la magnitud del daño estructural en ambos vehículos resultó determinante para comprender la letalidad inmediata del siniestro.

El bloque siguiente abordó la cuestión de la extracción y análisis de sangre del imputado. El médico policial Marcos Luis Benavídez explicó que, al arribar a la escena, Ruiz Orrico ya había sido trasladado al hospital “Justo José de Urquiza”. Intentó realizar la extracción para dosaje alcohólico, pero no pudo hacerlo de inmediato debido a la atención prioritaria de las lesiones múltiples. La muestra fue finalmente obtenida por un técnico del hospital, cuando el paciente ya se encontraba en terapia intensiva, y que esa práctica se hizo bajo su supervisión.

A las 11 en punto, el juez dispuso un cuarto intermedio. Veinticinco minutos después, el debate se reanudó con el testimonio de Eduardo Martín Vienny, técnico químico del mismo hospital. Ratificó que realizó la extracción en presencia del médico policial, entregó las muestras y que estas fueron remitidas a Fiscalía bajo cadena de custodia.

La bioquímica Natalia Quevedo, del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal, declaró de manera virtual. Presentó el informe pericial N° H-041 y confirmó que analizó dos muestras: una extraída a las 8 y otra a las 11 del 20 de junio de 2024. En la primera detectó 1,10 gramos de etanol por litro de sangre; en la segunda, 0,59 g/l. La diferencia indicó que el organismo se encontraba en fase de metabolización.

El médico forense Adrián Siemens ofreció uno de los testimonios más relevantes de la jornada. Explicó la elaboración de los informes autópsicos, los estudios complementarios y la metodología utilizada para estimar la alcoholemia al momento del impacto -la llamada “hora cero”-. Basándose en literatura científica farmacológica, concluyó que Ruiz Orrico presentaba al menos 1,52 g/l al momento del siniestro.

También fue categórico respecto del cinturón de seguridad: dadas las características del impacto y las lesiones constatadas, el uso o no del dispositivo no hubiera modificado el resultado letal. La afirmación resultó crucial para neutralizar cualquier intento de desplazar el eje de responsabilidad hacia las víctimas.

El vehículo oficial y la dimensión política

El último testigo, Daniel Alejandro Galizzi, director general de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, introdujo la dimensión institucional. Confirmó que Ruiz Orrico se desempeñaba como director del Instituto Portuario de Entre Ríos y que el Passat pertenecía a la Secretaría General, aunque estaba asignado a ese organismo.

Se refirió a un decreto dictado por el gobernador Rogelio Frigerio que prohíbe el uso personal de vehículos oficiales. Admitió, sin embargo, que el cumplimiento efectivo es de imposible cumplimiento y que, en todo caso, se depende en gran medida de la responsabilidad individual de cada funcionario, ya que los automóviles no cuentan con sistemas de geolocalización como lo poseen algunas ambulancias y patrulleros. Tampoco pudo precisar si a las 4:30 de aquella madrugada el imputado se desplazaba por motivos oficiales.

Esa declaración no es un detalle administrativo. En el contexto de Entre Ríos, donde la siniestralidad vial constituye un problema estructural y la utilización de los bienes del Estado para fines personales es parte de la cultura política, el uso de un bien estatal en circunstancias que culminaron con cuatro muertes coloca el caso en el centro del debate sobre ética pública y control institucional. (APF)

La Rosca |Mirada sobre discurso de Frigerio ante la Asamblea Legislativa|

“Escuchamos una extensa enumeración de acciones de gobierno que en buena medida reiteró aspectos señalados en años anteriores, y que otra vez fueron presentados con un pretendido carácter fundacional. Dentro de estas cuestiones no tuvieron la relevancia esperada temas centrales para vecinas y vecinos de nuestra provincia, y que impactan en una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, menor producción, freno de la economía y menor calidad de los servicios públicos. En cuanto a la ejecución de obra pública, con suerte representa una cuarta parte de los niveles de la gestión anterior, siendo casi nula la construcción de viviendas sociales, lo que consideramos el punto más crítico de esta desinversión”, señalaron luego.

Además, afirmaron: “Como oposición, hemos acompañado responsablemente las herramientas que el Ejecutivo solicitó a la Legislatura para poner en marcha su plan de acción. Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes”.

“Esta gestión provincial llegó al gobierno con expectativas y objetivos muy altos, pero transcurrido más de la mitad del mandato no encontramos ningún aspecto, en ninguna de las áreas del gobierno provincial, que sea superador a los gobiernos anteriores. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para intentar encontrar algo en lo que el gobierno de Frigerio se destaque”, indicaron.

Finalmente, sostuvieron: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando desde el rol legislativo para lograr las mejores leyes, incluyendo el anunciado debate sobre la reforma previsional, donde nuestra prioridad será el resguardo de los derechos de los entrerrianos. Pero debemos señalar que mientras la gestión provincial ignore que las mayores dificultades son consecuencia de decisiones de un gobierno nacional que desconoce por completo el carácter federal del país, que destruye el entramado productivo y también las políticas sociales, no hay posibilidades de construir un futuro mejor. Es evidente que allí, en las medidas del gobierno de Milei, está la verdadera causa de los problemas que aquejan a Frigerio y a todos los entrerrianos”.

La Rosca |Ex funcionario responsable de cuatro muertes|

El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, afronta desde la mañana de este miércoles 18 el juicio en su contra en los Tribunales de Concepción del Uruguay por el delito de Homicidio culposo agravado. Orrico colisionó el 20 de junio contra el auto en que se trasladaban a trabajar a un frigorífico cuatro jóvenes, cuando regresaba de una cena en la casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

El ex funcionario aceptó declarar en la apertura de las audiencias y se hizo cargo por las muertes de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, los cuatro empleados del frigorífico Fadel a quienes colisionó cuando conducía alcoholizado un auto oficial por la ruta 39 en la madrugada del 20 de junio de 2024, precisó Análisis.

Orrico estuvo a cargo de los puertos de Entre Ríos en el gobierno provincial desde diciembre de 2023 hasta el día siguiente del siniestro fatal, cuando fue desvinculado del cargo por el gobernador Rogelio Frigerio.

“Quiero asumir la responsabilidad total”

“Del accidente del cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, dijo Orrico ante el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Además, ofreció sus disculpas, pidió perdón a todos los familiares y los nombró con nombre y apellido.

“Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, expresó.

“Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”, admitió el ex funcionario.

El acusado añadió: “Tratamos con mis abogados de trasladar mis condolencias y si de alguna manera tuviera la posibilidad de mitigar el daño, estaría dispuesto a hacerlo”.

“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver a atrás”, continuó su declaración, en la que no respondió preguntas de las partes, por consejo de sus abogados defensores, Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje. Y reconoció, una vez más: “El responsable soy yo”, insistió.

El debate es encabezado por el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que la querella particular es ejercida por el abogado Mario Arcusin.

El caso

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial conducido por Ruiz Orrico. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.

Ese jueves 20 de junio era festivo. Cerca de las 5, Orrico iba al mando de un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, con el cual invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa, en el que iban las cuatro personas fallecidas. Orrico había estado cenando en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

La Rosca |Proyecto de ley|

Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la diputada del bloque peronista, Laura Stratta, que propone la creación “en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano el Sistema Provincial de Información sobre Políticas Alimentarias”.

El objeto, según se sostuvo, del Sistema Provincial de Información de Políticas Alimentarias “tendrá como objeto ser el instrumento de relevamiento, sistematización, auditoría y publicación de información relativa a políticas, programas y dispositivos alimentarios que se ejecuten en el territorio provincial”.

El fundamento del proyecto consiste “en el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y suficiente, que cuenta con reconocimiento a nivel internacional y al cual adhiere la República Argentina”.

Universidades

Stratta sostuvo que “el fortalecimiento de la producción y calidad del dato requiere la participación de actores académicos con capacidades técnicas y territoriales, de modo de mejorar estándares metodológicos, definiciones operativas e indicadores así como desarrollar instancias de auditoría y evaluación periódica”.

En tal sentido añadió que “la incorporación de universidades al sistema como espacio de consulta técnica y construcción de evidencia contribuye a dotar a la política alimentaria de mayor rigor, comparabilidad y legitimidad pública”.

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También destacó que “la publicación accesible de información verificada sobre comedores y merenderos, sin exponer datos personales, cumple una función social adicional: permite ordenar y potenciar el acompañamiento comunitario, canalizar donaciones responsables y facilitar la articulación con organizaciones, empresas y actores del territorio, promoviendo transparencia, trazabilidad y evitando intermediaciones informales”.

Instrumento esencial de relevamiento

Stratta sostuvo que el Sistema debe concebirse “como un instrumento esencial para el relevamiento, sistematización, auditoría y publicación transparente de toda la información relativa a las políticas, programas y dispositivos de asistencia y seguridad alimentaria ejecutados en el territorio provincial, con el fin primordial de mejorar la planificación, el control, la evaluación de las intervenciones y fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, en consonancia con el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y eficiente”.

Entendió su pertinencia en “la situación de familias que atraviesan altos niveles de vulnerabilidad social, que poseen trabajos precarizados o directamente son desempleados, y cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas, condiciona severamente el acceso a una alimentación adecuada”. Añadió que “estos déficits en parte de la población generan la demanda permanente y sostenida de acceso a comedores escolares y comunitarios, merenderos y espacios donde tanto el Estado como las organizaciones sociales aseguran un plato de comida”.

Pespectiva

La diputada consideró que “desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a una alimentación adecuada impone a los Estados obligaciones de respeto, protección y garantía, vinculadas tanto a la disponibilidad como a la accesibilidad de alimentos adecuados de manera sostenible, sin menoscabar el goce de otros derechos”. En estel sentido añadió que “el enfoque de derechos aporta un criterio rector: las políticas alimentarias deben orientarse a asegurar condiciones materiales y sociales que permitan a las personas alimentarse con dignidad”.

Estado garante

Asimismo entendió que “el Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”.

Stratta entendió que “las políticas alimentarias, incluyendo programas de comedores, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos, transferencias u otras modalidades, integran un campo de intervención pública complejo, donde convergen dimensiones sociales, sanitarias, educativas, productivas y territoriales. Su calidad y efectividad dependen de la coordinación entre niveles de gobierno, de la continuidad de la prestación, y de la capacidad estatal de planificar y ajustar intervenciones según evidencia”.

También consideró que “la alimentación saludable, desde una perspectiva de salud pública, es un determinante central para prevenir la malnutrición en todas sus formas y reducir riesgos de enfermedades no transmisibles. Por ello, las políticas alimentarias deben contemplar no sólo la cobertura, sino también criterios de calidad nutricional, inocuidad y adecuación cultural, fortaleciendo un enfoque integral que articule asistencia, prevención y promoción de hábitos alimentarios saludables”.

En aquella línea sostuvo que “la fragmentación de información y la dispersión de fuentes administrativas debilitan la gobernanza de las políticas alimentarias, dificultando: identificar coberturas reales y brechas territoriales; evitar superposiciones o vacíos; monitorear continuidad, frecuencia y adecuación de prestaciones; evaluar resultados; y mejorar la eficiencia del gasto público”.

La Rosca | Asamblea Legislativa |

La vicegobernadora Alicia Aluani abrió el 147 período legislativo de la provincia. La Asamblea comenzó pasadas las 11.30. Los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet izaron la Bandera nacional; en tanto que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, y la intendenta de Paraná Rosario Romero, hicieron lo propio con el pabellón de Entre Ríos.

En su alocución, Frigerio repasó medidas de equilibrio fiscal y recordó que eliminaron “gastos reservados”, redujeron contratos, terminaron con “adscripciones docentes injustificadas”, y recortaron “cargos políticos”, pusieron “fin al uso de autos oficiales” y revisaron “cada peso del Estado que se derrochaba alquilando oficinas públicas”, resolvieron “expedientes acumulados” y “pases a planta sin concurso previo”, entre otras cuestiones. “Resolvimos un 200 por ciento más de expedientes. Recortamos adscripciones, pusimos fin a contratos basura”, enumeró.

El gobernador detalló: “creamos planta transitoria de Gabinete para no engrosar la planta permanente. Todos los funcionarios que vinieron conmigo se dedicaran a otra cosa cuando termine la gestión”, reiteró. “Logramos lo que parecía imposible en dos años. Ordenamos las cuentas públicas. Hoy la provincia tiene menos deuda. Redujimos a menos de la mitad el peso de la deuda en relación a ingresos que representaba el 45 por ciento y hoy el 19 por ciento”, aseguró. “Mejoramos calificación crediticia en los mercados. Mejoramos condiciones de deuda”, apuntó. “Somos una provincia que no toma deuda sin saber para qué, integramos la comisión de investigación de deuda pública. La deuda no es mala o buena sino que hay que saber para qué se toma”, dijo.

Jubilaciones y obra social

“Salvamos la Caja de Jubilaciones de la provincia del colapso. Cuando asumimos tenía un déficit del 42 por ciento y aumentaba un punto por año. Hoy el déficit es cerca de la mitad. Es un desbalance que se cubre con recursos de la provincia. Si seguíamos así, en pocos años la provincia no pagaría más jubilaciones ni podría sostener el 82 por ciento móvil. Pero aun haciendo las cosas bien, el sistema sigue teniendo problemas. El déficit actual es lo que pagamos todos los entrerrianos en las boletas de luz del año. Por eso enviaremos un proyecto de reforma que garantice el 82 por ciento móvil sostenible”, anunció.

Frigerio aseguró que el IOSPER era “desordenado y deficitario”. “Estaba en juego la sustentabilidad. Había un pasivo que se extendía sin control. Avanzaba a un deterioro económico y financiero. Frente a ese escenario, avanzamos en un marco institucional”, dijo.

“Intervenir era la decisión más responsable. Esta decisión generó un ahorro en cargos de conducción. Esto no se resuelve con una sola ley, requiere gestión sostenida y controles. Sabemos que las mejoras en las prestaciones todavía no se ven del todo, pero estamos destinando cada peso en lograr ese objetivo”, afirmó.

Más adelante habló de transparencia y modernización, que implementaron expedientes electrónicos, las resoluciones ministeriales son digitales, que se concentran trámites e información en una única plataforma. De inmediato refirió a la emergencia social y mencionó las decisiones políticas. “Fortalecimos protección de derechos de niños, duplicamos alcance de asistencia. Este año vamos a aumentar el acompañamiento a emprendedores, para 2026, aumentamos presupuesto para políticas de género, incrementamos recursos para programas de personas mayores. Nos ocupamos de cuidar la primera infancia”, aseguró.

El mandatario refirió a las viviendas, dijo que ordenaron el IAPV. “Licitamos viviendas nuevas en distintos municipios. Empezamos a resolver 20 mil viviendas sin escriturar. Pusimos en marcha crédito de vivienda sobre lote propio. Había terrenos procrear que gestionamos en Nación y nos permitirán desarrollar un plan de 300 viviendas en Paraná”, anunció. “Estamos empezando a saldar una deuda de años. Pero este no es el camino, queremos cambiar el paradigma habitacional, necesitamos estado que genere herramientas de acceso al crédito hipotecario”.

Compra centralizada de medicamentos para los hospitales más grandes

En relación al sistema de salud, Frigerio contó que realizan rondas sanitarias en zonas rurales con “nueva impronta” y anunció la “primera compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales más grandes, más eficiencia de recursos, mejor logística y más control, recuperamos establecimientos sanitarios, nuevas terapias, mejoramos servicios, intervenimos 32 hospitales, reactivamos obras de Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y traspasamos el Hospital de la Baxada a la provincia”.

Mencionó una “apuesta fuerte a la salud digital, avanzamos con historia clínica electrónica, en paralelo, avanzamos en implementación de un sistema para compartir imágenes en la nube, fortaleceremos telemedicina”, aseguró.

“La salud mental es prioridad de gestión. Empezamos por algo básico, impulsar una campaña para que se hable del tema, decidimos conformar observatorio para prevenir suicidio, trabajamos para un registro más claro, implementamos un sistema para que hospitales notifiquen intentos de suicidio, implementamos el 135 y enrutamos la línea al 0800 que ya existía. Implementamos protocolo para abordar crisis de salud mental en vía pública”, enumeró.

Seguridad: “La fuerza de Entre Ríos es la mejor del país”

“Nos adelantamos al delito. Reforzamos controles en zonas frontera, 60 por ciento más de procedimientos, más secuestros de droga. La fuerza de seguridad de entre ríos es la mejor del país y ahora cuenta con apoyo político para cumplir tarea. Incorporamos camionetas, motos, chalecos y pistolas, se compraron armas no letales, el delito es cada vez más complejo, formación es central, carrera administrativa, actualizamos planes estudio, cárceles”, manifestó.

Educación, deporte y cultura

“Atendimos infraestructura escolar. Mejoramos más de 500 escuelas. Ordenamos el sistema educativo, sabemos quiénes son nuestros estudiantes y dónde están. Empezamos a cambiar la alfabetización de nuestro s alumnos, queremos avanzar en la enseñanza de matemáticas. Si una persona nacida en el 1900 aparecería hoy, se sorprendería de todo menos de la escuela. Actualizamos la currícula incorporando robótica, la conectividad, donde hay una escuela tiene que haber conexión. Queremos más eficiencia de recursos y más calidad pedagógica, logramos sostener poder de compra de los docentes. El compromiso es tratar de mejorar los salarios”, aseguró.

“La mejor escuela de valores es el deporte y por eso apoyamos a las instituciones, sancionamos la ley de mecenazgo deportivo y trabajamos para la realización de grandes eventos. Llevamos a cabo la primera feria del libro en Concordia, el último FICER fue el más concurrido, abrimos más de 120 espacios culturales para la noche de los museos”, afirmó.

“Las interpretaciones no pueden ser siempre en contra del que genera empleo”

El gobernador dijo que su obsesión es que “haya trabajo en el sector privado”. “El Estado no puede ser la aspiración final de una familia. Nos debemos cambio cultural de fondo. El momento difícil que atravesamos nos exige coordinación. Que jueces y magistrados puedan actuar con independencia, mencionó fallos que afectan la economía, las pymes, las leyes laborales siguen para proteger derechos de trabajadores pero cuando se usan para simular situaciones ficticias con el fin de generar un rédito económico, el sistema deja de cumplir su función. Frente a eso no podemos mirar para otro lado. Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo, necesitamos razonabilidad”, pidió.

En la misma línea se refirió a los amparos. “El amparo puede ser una herramienta cuando se vulnera un derecho, pero cuando se lo convierte en atajo sistemático se termina perjudicando a miles. Hay ejemplos como el fallo que obligó a OSER a cubrir una silla de ruedas de 90 millones de pesos, pese a que existía una alternativa equivalente en depósito y más económica. Cuando esto es la regla y no excepción estamos ante un problema del sistema. Esl estado no puede despilfarrar recursos”.

Producción

Destinamos 100 por ciento de impuesto rural a caminos de producción. En menos de dos años pasamos de tener obra pública paralizada a reactivar obras, modernizamos reglas de juego, trabajamos en pliego único de condiciones generales en un nuevo registro de contratistas, pusimos norte claro que certificados se paguen en tiempo y forma porque durante años los intereses por demoras se disfrazaron como inversión”

Estamos avanzando en primera cartera de proyectos de la provincia. Sé que estado de rutas es una de las mayores preocupaciones. Recuperamos casi 700 kilómetros, y estamos avanzando con obras de grupo 1 en el que se encuentra Ruta Provincial 11, 16, 20, 21 y 45. El problema estructural nunca se resolvió. No queremos postergar soluciones. En el grupo 2 está la Ruta Provincial 23, las nacionales 130y 18, la Provincial 38 y la Nacional 14, la ruta a Puerto Yeruá”.

“Vamos a iniciar la compra de herramientas más grande de las últimas décadas para revertir este atraso”, anunció.

Puertos, tarifa energética e impuesto

Frigerio refirió al aeropuerto de Concordia. “Nuestra provincia cuenta con cuatro puertos públicos, trabajamos para sanear el sistema. Por primera vez participamos en la Hidrovía Paraná Paraguay, tenemos la posibilidad de extender la navegación comercial”.

Más adelante, aseguró que quiere una provincia “competitiva”. “Durante años tuvimos la energía más cara del país. En menos de dos años pasamos a la mitad del ranking nacional, sé que la factura de la tarifa sigue siendo difícil para muchas familias. Por eso vamos a sostener el reclamo de la tarifa justa para la energía de Salto Grande en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, anunció. “Queremos bajar las tasas municipales en la factura. Estamos transformando la matriz de energía y trabajamos en la energía limpia y renovable”, apuntó.

El gobernador sostuvo que llegaron para “aliviar la presión fiscal”. “Corregimos distorsiones por ejemplo en la cadena de granos, los proveedores de internet, y todos los impuestos que se actualizaron lo hicieron por debajo de la inflación. Hoy más del 90 por ciento de productores primarios tributa con alícuota cero. Avanzamos con eliminación de 100 tasas. Tomamos decisión que marca la transparencia, este año vamos a poder ver qué impuesto pagamos y cómo se conforman los precios por adherir al régimen de transparencia fiscal”.

Dijo que impulsaron la industria a través del RINI y fortalecieron parques industriales. “Con la agencia de desarrollo vamos a salir a buscar mercados al mundo. No esperamos a que el sector productivo se acerque al Estado. Somos la provincia con mayor cantidad de créditos gestionados”, mencionó.

Agenda ambiental

En materia ambiental, el mandatario entrerriano manifestó que recuperaron envases fitosanitarios, “volvimos a marcar un hito en la naturaleza con la creación del Parque Islas”. “Todos los fines de semana largo tuvimos mucho movimiento turístico. Para nosotros el turismo es una prioridad, una política pública real. Pusimos foco en promoción con la campaña Carpincho, llevamos a Entre Ríos a millones de pantallas. Gracias al apoyo del Gobierno nacional fortalecimos el calendario de fiestas populares incorporando el Carnaval de Gualeguaychú. Hace dos años tres joyas turísticas de Concordia estaban usurpados, los recuperamos”.

Refirió al reclamo para la relocalización de la planta de combustibles HIF Global en Paysandú, frente a Colón. “No podemos enfrentarnos pero cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos”, subrayó.

Economía del conocimiento, institucionalidad

“Impulsamos trabajo entre sector científico, productivo y estado. Organizamos eventos como Conertech. Somos una de las cuatro provincias que enseña inteligencia artificial. El año pasado avanzamos con el Mirador Tec, un espacio de instituto del seguro que sería destinado a oficinas públicas hoy son laboratorios, salas de coworking y reuniones”.

En relación a la institucionalidad, dijo que lograron avanzar en el reclamo judicial por el déficit de la Caja de Jubilaciones. “Actualmente recibimos 6000 millones de pesos por mes. Tenemos el compromiso que al finalizar auditorías la compensación crezca. Tenemos la decisión de continuar el reclamo hasta que cancelen los saldos de deuda sin resolverse”.

“Transferimos terrenos de la costanera de Paraná, la transferencia del Puerto de Paraná a la provincia, logramos que la Nación lo entienda. Avanzamos en la concesión de rutas nacionales”, dijo.

Situación financiera

Por último, el gobernador remarcó que “los ingresos no mejoraron, la situación económica es muy difícil”. “Entre Ríos sufrió en 2025 una caída de un punto de recursos respecto del año anterior. Aunque en algunos sectores se ven mejoras, no tiene impacto en nuestro sistema de ingresos. No creemos que salir de una crisis sea asfixiando a quienes producen e invierten dinero. Cambió cómo estamos plantados ante una situación igual de crítica. Estamos mejor plantados, no porque tengamos más recursos, sino porque nos esforzamos en sostener el gasto corriente, porque hicimos del ahorro una política de Estado. Estamos mejor plantados porque logramos construir un vínculo institucional con la Nación, porque saneamos la deuda pública, la Caja de Jubilaciones, porque pasamos del déficit al equilibrio, porque ser buenos cumplidores hace que el mundo confíe nuevamente en Entre Ríos. Queremos una provincia que ocupe el lugar que merece. Esto recién comienza. Hace pocos días conmemoramos la Batalla de Caseros y nos propusimos reivindicar el protagonismo de Entre Ríos y Justo José de Urquiza en la construcción dela Nación. Desde acá impulsamos un proyecto de país organizado, gestamos ideas que hicieron posible el camino a la Constitución. Esta es una deuda histórica que tenemos como argentinos. Aunque cueste, sabemos que vamos por buen camino. El tiempo que estamos viviendo nos pide responsabilidad y compromiso, no conformarnos con menos. Quiero una provincia que atraiga, quiero que Entre Ríos juegue en la parte alta de la tabla. Esta es la huella”.

La Rosca |Paro nacional contra la reforma laboral|

La CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso.

En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Adhesión entrerriana

En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), anunció que irá al paro este jueves.

“En defensa de los derechos laborales y de la educación pública, Agmer junto a Ctera adhiere al paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma que ese día movilizarán al Congreso de la Nación”, anunció el gremio de los maestros.

La jornada de lucha en todo el país se convoca en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, para expresar el rechazo “a una reforma que atenta contra los derechos históricamente conquistados y que profundiza el ajuste contra la educación pública”.

La jornada servirá para expresarse:

Contra la reforma laboral
En defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores.
Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas.
En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral.
Por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes.

La Rosca |Vialidad Nacional|

El sindicato denunció que, según un informe interno, el organismo se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, consumando “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.

Gremio de Vialidad Nacional intimó a Federico Sturzenegger

Por ese motivo, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

Además, hizo personalmente responsables a los funcionarios mencionados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció.

Cabe recordar que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública -nacional e internacional- para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales. Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial.

La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.

Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.

Estado de las rutas nacionales

Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), al que accedió Ámbito, señala que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.

El documento del FEPEVINA, que preside como secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes. (Fuente: Ámbito)

La Rosca |Causa por presuntos sobreprecios en la CARU|

“Estoy a derecho. De la denuncia, que se haga cargo quien la hizo. El tiempo ordena las cosas y esperaremos el tiempo necesario”, dijo.

“Más allá de esta injusticia y lo aberrante que es esta causa, espero de todo corazón –y lo desea mi familia- que se haga justicia”, dijo, según destaca El Entre Ríos.

“Desde lo jurídico estoy tranquilo, pero no le deseo a nadie esta situación, ser llamado a un espacio que debería ser sagrado como es la Justicia”, agregó el funcionario.

La causa tiene también como imputados además a Mauro Vazón y Juan Ruiz Orrico. Al momento de los hechos que se investigan, los tres integraban la delegación argentina del organismo binacional.

Los imputados

Los casos de Vazón y Satto adquieren una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia.

Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.

Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial.

La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.

La Rosca |Finanzas provinciales|

Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) señaló que la provincia arrastra una estructura de ingresos “fuertemente vinculada a la coparticipación federal”, que representa aproximadamente el 75 por ciento de los recursos tributarios, por lo que la dinámica de la recaudación nacional resulta determinante para el equilibrio de las cuentas provinciales.

En ese sentido, advirtió que durante 2025 los principales tributos que integran la masa coparticipable, en particular IVA, Ganancias y Bienes Personales, mostraron una desaceleración significativa desde el primer trimestre, con impacto en la coparticipación: “En términos reales, se registraron variaciones negativas durante los últimos tres trimestres del ejercicio, profundizándose hacia el final del año”, indicó.

El senador remarcó además la rigidez de la estructura del gasto provincial: salarios, jubilaciones, coparticipación a municipios e intereses de la deuda pública absorben más del 95 por ciento de los recursos disponibles, lo que reduce de manera sustantiva el margen para invertir en obras de infraestructura pública.

Sobre el escenario económico, Dal Molín agregó que el consumo se mantiene en una meseta, con varios meses de caída, y que las proyecciones reflejan un panorama austero: “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”.

Finalmente, subrayó que “la caída de los recursos coparticipables obliga a tomar decisiones responsables, basadas en datos y no en voluntarismos”, y que los momentos complejos “requieren prudencia fiscal, no como una opción ideológica, sino como una condición necesaria para garantizar previsibilidad, continuidad y responsabilidad en la gestión de lo público”.

La Rosca |Tasas municipales|

El presidente Gabriel Bourdin encabezó la reunión, quien marcó que los ejes estratégicos forman parte de la línea de trabajo de los últimos años, para lo cual instó a dar continuidad y reforzar las gestiones con vistas a la renovación de autoridades en abril.

El encuentro permitió observar en detalle la planificación del año, que toma como base las sugerencias recepcionadas durante el Networking Industrial realizado en Crespo al cierre de 2025. Allí se definieron propuestas y aportes que trazaron la agenda de prioridades, que apunta a impuestos, infraestructura, energía, importaciones, financiamiento y también los ejes en educación, empleo e incorporación tecnológica.

Asimismo, se hizo referencia al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), a la nueva Ley Ambiental de la provincia que está en proceso de reglamentación, a las novedades en materia de tarifas de energía, la situación del empleo y las inversiones en renovables en ejecución o en análisis de inversión por parte de establecimientos industriales.

Por otro lado, se conversó sobre la preocupación creciente de los industriales respecto de las elevadas tasas municipales en Entre Ríos, que surgen ante la necesidad de recaudación de los gobiernos locales. Incluso, se plantearon casos que llegaron a la Justicia y que impactan significativamente en las empresas.

También brindó una charla Agustina Briner, directora de Departamentos Técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA). La economista habló sobre modernización laboral, acuerdos comerciales entre Mercosur-UE y Argentina-Estados Unidos. Además dio su mirada sobre las expectativas del nivel de la actividad industrial, con heterogeneidad según sectores.

La Rosca | Concesión de las rutas nacionales 12 y 14|

A sólo un mes de la entrada en vigencia de la nueva concesión de las rutas nacionales 12 y 14, el espacio UCR Activa elevó un pedido formal a los legisladores nacionales de Entre Ríos para que impulsen modificaciones en los pliegos del contrato.

El reclamo apunta a que la empresa concesionaria, Autovía del Mercosur, asuma responsabilidades concretas en materia de seguridad vial, asistencia sanitaria y apoyo económico a los bomberos voluntarios y a los hospitales regionales.

Bajo el título “Las rutas de Entre Ríos: cuando el Estado se ausenta, la tragedia se vuelve política pública”, el documento advierte que la seguridad vial en la provincia dejó de ser un problema circunstancial para convertirse en una emergencia estructural.

Los datos que se exponen son contundentes: 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales y enero de 2026 terminó con 26 personas fallecidas. “De mantenerse esa tendencia, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un incremento superior al 70% respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”, señalan.

El planteo contextualiza la gravedad de la situación en el rol estratégico que ocupa Entre Ríos dentro del Mercosur. “La provincia es corredor obligado del comercio regional, cuenta con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y un vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires”.

A ese tránsito estructural se suma la intensa producción agrícola-ganadera, avícola y lechera del centro provincial, además del fuerte flujo turístico durante el verano. “Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”, sostienen.

Sin embargo, desde UCR Activa cuestionan que el Estado nacional haya decidido retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, una decisión que —afirman— fue acompañada por el gobierno provincial “sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio”. El resultado, advierten, es “un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.

En ese marco, el espacio radical pone el foco en el nuevo contrato de concesión, al que le adjudica “errores graves”. Entre ellos, remarcan que no se contempló a los bomberos voluntarios dentro de las obligaciones de las concesionarias.

Actualmente, “muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -por obligación legal y humanitaria- mantienen deudas con estaciones de servicio y no cuentan con recursos para afrontarlas. Los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes”, afirman en el texto enviado a R2820.

A esto “se suma la falta de aportes al sistema sanitario provincial, pese a que las concesionarias utilizan de manera permanente su infraestructura y recursos públicos, lo que califican como “un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.

Por estos motivos, UCR Activa exhorta a los legisladores nacionales entrerrianos a trabajar para modificar los pliegos de licitación de las rutas 12 y 14.

Entre los puntos centrales, plantean la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas, que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas”. Además, reclaman que “se establezca de manera explícita un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.

El documento también señala una causa estructural de fondo: el desguace del ferrocarril en la década del ’90, que convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren, advierten, satura las rutas con camiones de gran porte, acelera su deterioro y multiplica el riesgo de siniestros.

En contraste, mencionan que Brasil avanza en la modernización y expansión de su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. “Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”, afirman.

Finalmente, el texto cuestiona que, mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito y asistencia automática ante siniestros—, en Argentina los pliegos de licitación sigan concentrándose en “cobrar más y gastar menos”, sin transformar la infraestructura ni invertir en tecnología que salve vidas.

“La falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”, concluye el documento.

La Rosca |Causa por enriquecimiento ilícito|

La Justicia puso fecha a las audiencias de remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador.

Será los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.

En noviembre de 2025 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.

El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31. Verbigracia: no podrá iniciarse la tramitación de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.

Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.

Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.

Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.

A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.

Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.

En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.

En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.

El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.

En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

La Rosca |Reforma laboral|

El ex diputado nacional Tomás Ledesma brindó detalles de la reunión ampliada del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos que se desarrolló en las últimas horas y en la que se definió, entre otras cosas, la postura ante el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional.

En declaraciones periodísticas, Ledesma señaló que “fue una agenda bastante amplia, de un montón de temas que no solamente requieren una oposición férrea de nuestro espacio, sino que hace falta también empezar a poner arriba de la mesa alternativas; no solamente ser una oposición concreta a determinadas cuestiones como la reforma laboral, como la posibilidad de la reforma constitucional, la reforma previsional, sino también empezar a generar ámbitos de discusión puertas para adentro del Partido Justicialista. Una postura que tiene que ver con salir de ese lugar de oposición que es muy importante y empezar a poner arriba de la mesa, cómo nos tocaría y cómo deberíamos hacer las cosas nosotros, para plantear una alternativa a la sociedad, que está un poco cansada de escuchar oposición constante porque sí, o defensa constante de una idea porque sí, y está esperando queseamos un poco más creativos y se ponga arriba de la mesa cómo uno cree que hay que hacer las cosas”.

En ese sentido, planteó que desde el PJ “tenemos una oposición férrea a la reforma laboral que propone este gobierno por todas las razones que hemos puesto arriba de la mesa, sobre todo porque consolida algo que no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino con una política económica generalizada del gobierno, que es que la variable de ajuste son los trabajadores, es la informalidad de los laburantes, de los que todos los días se levantan para ir a laburar y no están llegando a fin de mes. Estamos en una provincia donde un docente, con suerte, está llegando a cobrar un piso de 621 mil pesos por mes, sosteniendo familias, sosteniendo hogares”.

“Obviamente me parece que también la situación de época no acompaña; se ha construido una demonización muy grande sobre la figura gremial, sobre la figura de los sindicatos, sobre la política en términos generales también, y también ha habido un peronismo donde, puertas para adentro, durante muchos años por no romper cierto equilibrio y por no dar ciertas discusiones, hemos perdido una base de representación importante en muchos trabajadores de la Argentina que también hoy sienten que no hay una representación férrea en una oposición concreta u organizada, a la reforma laboral”, analizó.

De todos modos, dijo confiar en que “en el marco del Consejo Provincial del Partido Justicialista se llame a consolidar esos ámbitos para que podamos transformar al Partido Justicialista en una expresión de representación de todos los que están preocupados, como están preocupados todos los que vamos a laburar todos los días”.

Sobre los temas de agenda tratados en el encuentro partidario, explicitó que “estaba todo enmarcado en tres ejes: uno era reforma laboral; otro era esta posibilidad de la reforma constitucional que esgrimen en los pasillos, pero sin concreciones, y que no se sabe si tiene que ver con una cuestión real o simplemente es para desviar el foco de atención del proceso de endeudamiento que está teniendo la provincia, de la falta de gestión, de la suba constante del desempleo, reforma que muchos miramos con mucha atención en una provincia que tiene una de las Constituciones más recientes de la Argentina; y lo otro que nos preocupa muchísimo porque tiene que ver con los trabajadores, es esta reforma previsional que va a estar presentando el gobierno provincial y de la cual también faltan un montón de certezas”.

Respecto de la reforma previsional, consideró que “el 82% móvil sigue siendo una cuestión real en el poder adquisitivo de los trabajadores que eligen acceder a una jubilación en cualquier tipo de base de cálculo. Después, obviamente, la discusión de la suba de la edad jubilatoria, y también una cuestión más general que muchos planteamos, porque es verdad que hay ciertas discusiones en torno a la Caja de Jubilaciones que había que darlas, o que mínimamente había que abrir la discusión en términos de financiamiento, pero también hay una realidad que es que el peronismo en la provincia de Entre Ríos siempre resolvió de alguna manera u otra, particularmente en términos políticos, la situación de la Caja de Jubilaciones, asegurando las recomposiciones del gobierno nacional en su momento, más allá de algunas tensiones durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, pero resolvía los problemas. Y hoy tenemos a un gobierno provincial con una condescendencia absoluta, y a veces hasta innecesaria, donde falta muchas veces ver una simbiosis, un ida y vuelta más claro también del gobierno nacional con la provincia, y donde no han podido resolver tampoco esta cuestión”.

Ante esto, resumió que “es uno de los temas sobre los cuales se abrió la discusión y la idea es que en las próximas semanas o meses se consoliden equipos técnicos adentro del Partido Justicialista, que puedan expresarse constantemente y con mayor firmeza sobre esta situación”.

En este contexto, no descartó hacer un mea culpa desde el peronismo por no haber dado antes estas discusiones: “Puede haber personas que lo planteen con mayor firmeza, que sean más autocríticas o menos autocríticas. Yo tengo 31 años y si no tengo la capacidad de sentarme o de mirar a los que confían en uno, o de sentarme en mi espacio político y decir ‘loco, no puede ser que no hayamos dado estas discusiones’. No podemos no haber aprovechado determinado tiempo histórico para profundizar en estos temas, para dar nuestra mirada, por incomodidades, porque muchas veces había pensamientos diferentes en las vertientes del peronismo, y la verdad que a uno le genera mucha bronca y mucho dolor, pero por suerte, logramos reorganizar todo eso en términos de lo que uno siente para que salga un lugar propositivo y plantear que tenemos que construir nuevamente esa correlación de fuerzas, que es necesaria en muchos sentidos. Pero yo también soy de otra escuela que cree que muchas veces la correlación de fuerzas no se espera, se construye, porque muchas veces la agenda de la política está marcada por el sentido común de la sociedad, y los que tenemos responsabilidad de dirigente o que hemos tenido el privilegio de tener responsabilidad institucional, dirigencial, política, también tenemos la responsabilidad de poner arriba de la mesa lo que nosotros creemos que está bien, más allá de la correlación de fuerzas y del sentido común de época”.

Como ejemplos, mencionó: “Cuando Alfonsín decidió avanzar con el divorcio en la Argentina había una resistencia muy importante en la sociedad, ni hablar de la iglesia católica, y avanzó igual y luego fue algo que se incorporó absolutamente en el sentido común de la sociedad argentina. Cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se disponen a avanzar con el matrimonio igualitario, había una porción importantísima de la sociedad argentina que le generaba dudas, que no sabía qué pensar o que no estaba de acuerdo, y seis meses después o un año después, más del 80% de la sociedad acompañaba estas decisiones. Cuando avanzamos con la asignación universal por hijo, había una sociedad que tenía una resistencia enorme, y hoy es una de las políticas públicas y de Estado que sostienen el entramado social y familiar en la Argentina. Entonces, yo entiendo esto de la correlación de fuerzas, se construye, se trabaja, pero también hay una responsabilidad política de entender que a veces hay que poner la agenda arriba de la mesa, explicarla fácil, y sobre todo ser novedoso y trabajar en una renovación en este sentido también”.

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La Rosca |Reforma laboral|

A lo largo del texto el senador nacional argumentó por qué no está de acuerdo con el proyecto. “Voté en contra porque no estoy dispuesto a acompañar una iniciativa que, en caso de quiebra del empleador, no garantiza que los fondos sean destinados prioritariamente al pago de las deudas salariales. Cuando una empresa cae, quienes no pueden ser la variable de ajuste son quienes viven de su trabajo”, expresó.

“Pero, además, este esquema implica afectar recursos que pertenecen al sistema previsional. Es decir, recursos que son de nuestros jubilados y jubiladas. No se puede pretender resolver un problema generando otro, ni comprometer fondos previsionales que deben estar destinados a sostener haberes y garantizar derechos”, profundizó.

“Lo advertimos en el recinto. Planteamos modificaciones concretas para proteger a los trabajadores sin poner en riesgo a los jubilados. No fueron escuchadas”, lamentó el exintendente de Paraná.

Para finalizar, Bahl remarcó: “Cada vez que una norma ponga en riesgo a los trabajadores y a nuestros jubilados, voy a estar del lado de quienes producen, de quienes ya trabajaron toda su vida y de quienes sostienen nuestra economía todos los días”.

La Rosca |Reclamo salarial|

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó al 212º Congreso Extraordinario, que se realizará el lunes 23 de febrero en la ciudad de Paraná. La cita será en el Salón de SUTEF (San Martín 1373) desde las 8.00 horas y reunirá a congresales de toda la provincia.

El Congreso, máximo órgano de deliberación y toma de decisiones del sindicato, abordará un análisis de la coyuntura nacional y provincial, además de definir las estrategias gremiales a seguir en el actual contexto.

Cabe destacar que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 2 de marzo, por lo que la convocatoria adquiere especial relevancia en la cuenta regresiva hacia el comienzo de clases. La discusión salarial será central en el Congreso, ya que de su resultado dependerá la definición de medidas gremiales y la postura frente al inicio del año escolar.

En este marco, Agmer busca consolidar una estrategia que permita garantizar condiciones laborales y salariales adecuadas para los docentes entrerrianos, en un escenario marcado por tensiones económicas y sociales.

El comunicado indica:

Desde 2023 gobierna Entre Ríos un conjunto de fuerzas políticas, de las cuales la UCR ,-partido más que centenario en la Provincia- creemos , sin jactancia, es la columna vertebral , el pilar más sólido.

La bandera de esta coalición, encabezada por el aliado contingente y coyuntural Rogelio Frigerio, con la que logramos, en su momento, atraer el voto mayoritario del pueblo entrerriano, fue la política del cambio, la honestidad y transparencia en el manejo. Hacer las cosas de manera distinta y mejor de lo que habíamos conocido hasta entonces. Dichos valores no los podía exhibir el nombrado, ya que venía en nuestra patria chica de las cercanías de Jorge Pedro Busti, gobernante que no hacía de la transparencia un valor admirable precisamente.

El nuevo gobierno debía afrontar la pesada herencia que le dejaron administraciones anteriores, una tremenda deuda en millones de dólares, un Estado y empresas públicas ineficientes, plagado de nombramientos y contrataciones inútiles a través de los años, el “monumento a la corrupción” que son las rutas entrerrianas que cuestan cientos de vidas en accidentes varios de ellos evitables como el caso de su funcionario Orrico, que con un auto oficial de la provincia y en estado de ebriedad mató 4 jóvenes entrerrianos trabajadores.

Esas y otras varias anomalías sin embargo no han merecido, salvo casos excepcionales, una mínima investigación esclarecedora, e identificación y castigo de los culpables, que la gente conoce y señala. Más bien vemos fotos de Frigerio sonriendo y posando con quienes deberían estar siendo investigado por una justicia, que se hace la distraída.

Un cambio con olor a pasado peronista

No podemos dejar de advertir con preocupación ,que desde que asumió la Gobernación el equipo encabezado porel Sr. Frigerio, permanecen en altas funciones en los tres poderes del Estado notorios individuos, a quienes se menciona como responsables, directos o indirectos de muchas de tales irregularidades.

Y no sólo eso, sino que, de continuo nos anoticiamos que son nombrados en importantes cargos de la Provincia otros y otras conocidos personajes, vinculados a las anteriores gestiones peronistas, como Mouliá o Kerz, Francolini o Asueta, nombres que echan por tierra el discurso del cambio que se venía a proponer. Además su mano derecha es un ex – ultra K, como es Troncoso.

Por supuesto que no está en nuestro espíritu el cuestionar la facultad constitucional del Sr, Gobernador a la hora de elegir colaboradores.

Pero sí nos permitimos señalar que el Radicalismo entrerriano, como lo demuestran los cerca de veinte municipios que gobierna o co gobierna, empezando por el de Concordia puede ofrecer una pléyade de hombres y mujeres, con capacidad conocimiento y experiencia suficiente para las diferentes funciones del Estado y la administración: no es necesario importar talentos de Buenos Aires (011).

Frigerio con Azcue como guía

Es por ello que el Sr. Gobernador Frigerio debería tomar de ejemplo el gabinete conformado por “Gringo” Azcue, mayoritariamente radical, para afrontar una gestión de honestidad y austeridad luego de 40 años de ostracismo. Con funcionarios de primera a los que escucha, como es el caso, por solo nombrar a uno, de los que juegan en primera A Luciano Del Olio y mantiene aceitadas las vinculaciones con otros baluartes de las tradicionales banderas radicales , como es el caso del diputado Marcelo López, con quien a diario trabaja fecundamente, en plena comunidad y armonía. Jamás los nombrados saltaron de un partido al otro, como Frigerio, que fue desde el peronismo al pro, como es de público y notorio.

Le decimos a Frigerio que es difícil que pueda aportar soluciones, precisamente siendo acompañado por quienes son parte mayúscula del problema.

La Rosca |Informe sobre OSER|

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

“La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual”, indicó.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, dijo luego.

El legislador subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, mencionó.

En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”

Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

“No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”, finalizó.

La Rosca | Informe sobre OSER|

“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”. Lo afirmó el senador provincial Víctor Sanzberro al responder los cuestionamientos de las autoridades del OSER al informe del síndico fiscalizador sobre el funcionamiento de la obra social.

El legislador remarcó que los datos difundidos “son contundentes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras y demoras sistemáticas en la provisión de información”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta oficial, basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria, “no es una refutación: es una evasión”.

Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia absoluta, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico designado para ejercer control institucional que fue presentado al Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.

“No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó el legislador del PJ.

Asimismo, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, afirmó.

Finalmente, el senador victoriense advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los empleados, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos “son quienes pagan las consecuencias directas, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo que agrava aún más el impacto sobre el acceso a la salud”.

La Rosca |Incremento salarial |

En ese marco, fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial.

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

La Rosca |Incremento salarial a policías |

El Gobierno de Entre Ríos anunció una mejora salarial para la Policía provincial y el Servicio Penitenciario a partir de febrero de 2026, con foco en dos adicionales específicos: el código 286, correspondiente a riesgo y peligrosidad, y el código 244, vinculado a funciones jerárquicas o de conducción.

Según lo informado oficialmente, el incremento se instrumenta como una suma no remunerativa y no bonificable. En el caso del adicional por riesgo (código 286), el monto se establece en una escala según antigüedad que parte de $200.000 y alcanza un tope de $350.000.

Como referencia de impacto, desde el Ejecutivo indicaron que un agente con un año de antigüedad pasará a percibir $1.302.000 de ingreso mensual total.

En paralelo, se dispuso una actualización para el sector pasivo de ambas fuerzas: desde febrero se fijará un monto mensual de $100.000 para retirados, jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.

El anuncio se da en un contexto sensible. En Entre Ríos comenzó a circular en redes y grupos vinculados a la fuerza una convocatoria a una manifestación pacífica prevista para el sábado 14 de marzo a las 17, frente a Casa de Gobierno en Paraná. Si bien no hubo confirmación oficial de autoridades policiales, la convocatoria expone un clima de inquietud dentro del sector.

Además, el escenario regional agrega presión. En Santa Fe, en las últimas horas, el conflicto policial escaló con concentraciones, sirenazos y episodios de alta tensión institucional, en un marco donde la fuerza no tiene derecho formal a huelga. Allí, el reclamo incluyó la discusión sobre el impacto de las recomposiciones salariales en el básico y en los haberes jubilatorios, lo que derivó en negociaciones directas con el Ejecutivo provincial.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.

En ese marco, la actualización de adicionales en Entre Ríos aparece como una señal política para atender la situación antes de que el malestar derive en una escalada mayor. La clave estará en determinar si la mejora alcanza para descomprimir el reclamo o si el debate se trasladará hacia una discusión más estructural sobre salario básico y condiciones laborales, como ocurrió en la provincia vecina.

La Rosca |Pedido de paritaria de los gremios|

“Seguimos con la clara acción del Gobernador de ejecución de obra pública, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la red vial, los establecimientos educativos y salud. Otra línea de acción que afecta a las cuentas públicas es el tema de la política energética y la tarifa: se eliminaron los impuestos y tasas municipales”, aseguró Boleas.

En materia salarial, Boleas indicó: “Venimos trabajando en la propuesta que podemos hacer, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora. Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla. Va a ser algo que podamos cumplir, no vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”.

En esa línea, indicó que “estábamos cerrando los últimos números de enero. Los ingresos tributarios de la Provincia cayeron en términos reales un 7% enero contra enero. Son números que nos delimitan un marco de acción”.

Para mejorar los ingresos de la Provincia, dijo Boleas a Radio La Voz, “hay acciones que son propias, que las venimos trabajando y que tendremos que profundizarlas si es necesario, tiene que ver con la administración tributaria provincial y ahí hay que accionar para levantar lo más posible los índices de cobrabilidad y demás. En materia de política tributaria provincial hay que lograr la mayor eficiencia para bajar la presión tributaria y aliviar a los buenos contribuyentes”.

“Hemos venimos en una franca disminución de la política tributaria a través de la eliminación de más de 100 tasas, impuestos”, agregó.

En cuanto al estado de la deuda, el Ministro indicó: “Si comparamos a los últimos números cerrados venimos no solo cumpliendo con cada uno de los vencimientos sino que también en cuanto a stock medido en moneda dura venimos reduciendo”.

Con respecto al sistema previsional entrerriano, señaló: “Se han tomado muchas medidas y es necesario tomar otras. El Gobernador ha enumerado los lineamientos de las medidas que se están trabajando desde la Caja de Jubilaciones, tiene que ver un poco con la edad. No son medidas que se toman de un día para el otro, que en la inmediatez le está cambiando uno las condiciones a alguien que ya venía trabajando y tenía la expectativa de jubilarse el año que viene; se trabaja sobre una ventana de tiempo. Se están delineando los puntos principales de algunas medidas que consideramos que hay que tomar”.

Cerrada la auditoría de la Caja, “tiene que surgir un número de qué porción del déficit que tiene la Caja de Jubilaciones se tiene que hacer cargo Anses, también va a surgir un número que refleje el stock de deuda. Nos interesa porque nos daría orden, previsibilidad en fijar cuál es la parte del déficit que tiene la Caja que tendría que asumir ANSES y eso sea operativo mínimamente”.

“Lo que intentamos es ir tomando medidas sensatas que vayas en línea de reducir el déficit de la Caja y darle racionalidad y previsibilidad a todo el sistema previsional”, dijo.

En materia de obras públicas, señaló Boleas: “En el presupuesto 2026 están contempladas obras que ya se vienen realizando con financiamiento propio, pero además también hay un artículo de autorización para endeudamiento para un paquete de obras que el Gobernador ha conseguido que los organismos internacionales nos miren y digan Entre Ríos es elegible. A medida que se vaya consiguiendo cupo para eso se irán firmando los convenios correspondientes”.

“Las condiciones de mercado son las que uno tiene que ir evaluando para ver si salir o no salir, son esas las cosas que estamos evaluando, si se da la posibilidad y cuándo”, dijo luego.

Por último, Boleas enfatizó, “mi objetivo es consolidar este proceso político que conduce Rogelio Frigerio. Estoy contento de la decisión tomada. Encarna un proyecto que nos va a permitir dar el salto cualitativo como entrerrianos y siento que trabajo para eso”.

La Rosca |Acuerdo con la UE|

“El acuerdo con la UE representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur. La UE sigue siendo la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de USD 43.000. Además, es el segundo importador mundial de bienes, el primer importador mundial de servicios, el principal socio comercial del Mercosur y la principal fuente de IED (inversión directa) recibida”, sostuvo Michel.

Señaló, en ese sentido, que “la gran mayoría de las exportaciones del Mercosur se verán beneficiadas arancelariamente en el ingreso al mercado europeo, ya sea a través de la eliminación de aranceles o por la suba de cuotas, generando oportunidades de nuevos negocios, sobre todo para las PyMES, economías regionales y alimentos con alto valor agregado, que de otra manera tendrían dificultades para competir en el acceso a dicho mercado”.

Agrandar imagenAsimismo, en el comunicado remitido a El Entre Ríos, remarcó que la iniciativa “fortalecerá al Mercosur, mejorando su inserción internacional y modernizando su marco regulatorio a través de la adopción de normas de avanzada que garantizan un comercio seguro y previsible”.

“Debe leerse como una base”

“El Acuerdo es una verdadera expresión de políticas públicas. Ha sido negociado durante 25 años, atravesando gobiernos de diferente signo político. Todos han aportado a esta construcción colectiva; es un acuerdo de la Argentina, no de un gobierno en particular, mucho menos de este que tardó casi dos años en designar un embajador ante la UE”, manifestó.

Para el de Gualeguaychú, “el Acuerdo debe leerse como una base, no como un punto de llegada; su verdadero impacto dependerá de las políticas que se desplieguen puertas adentro: inversión en infraestructura logística, crédito productivo, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y fortalecimiento de cadenas de valor”.

Fuente: El Entre Ríos.

La Rosca |Baja en la edad de imputabilidad |

Este jueves la Cámara de Diputados logró la media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, propuesto por el Gobierno nacional, con 149 votos a favor contra 100 legisladores que votaron en contra. No hubo abstenciones.

Con esta iniciativa el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.

El voto de los entrerrianos, en su mayoría no fue sorpresivo, hasta el caso de Michel no generó extrañeza. El oriundo de Gualeguaychú ya había anticipado su postura la semana pasada al compartir declaraciones en las que afirmaba que “para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo”, sostuvo. Además, el legislador subrayó que “si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas”.

Aunque Michel votó en contra del proyecto en su totalidad, apoyó la idea de bajar la edad de imputabilidad, una postura también adoptada por otros legisladores cercanos a Sergio Massa.

La Rosca |Reducción de la edad de imputabilidad|

El exgobernador Gustavo Bordet sostuvo que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad.

El diputado nacional también advirtió que la participación de adolescentes en el delito suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, lo que genera percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas. “El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, subrayó, retomando planteos de organismos especializados.

En relación con la situación local, Bordet mencionó datos de Entre Ríos que reflejan la baja incidencia del fenómeno: durante 2024, solo el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad. Para el exmandatario, estas cifras evidencian que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.

Asimismo, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características. Recordó que existe una emergencia carcelaria a nivel nacional y que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso y regresivo en términos de derechos.

Finalmente, Bordet afirmó que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.

A continuación, algunos de los dirigentes que manifestaron su rechazo:

Adán Bahl (senador nacional PJ): “No estamos discutiendo una ley de modernización laboral, estamos discutiendo cómo abaratar despidos. Esta ley se pudo haber hecho mejor, estamos perdiendo una oportunidad histórica para acompañar a quien invierte y produce”.

Laura Stratta (diputada provincial PJ): “Argentina tiene más del 40% de informalidad laboral. El problema es grave y exige una reforma seria. Pero no alcanza con llamarla ‘modernización’ si en los hechos implica un retroceso en derechos.

La ley que aprobó el Senado debilita conquistas históricas y envía un mensaje preocupante a quienes hoy están en la informalidad: aun ingresando al sistema, las garantías serán menores que las actuales.

Además, crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes que hoy integran la masa destinada al sistema previsional. No es un impuesto a los jubilados, pero sí redirecciona recursos que sostienen jubilaciones y la seguridad social.

En un mercado laboral frágil, cualquier flexibilización sin contrapesos claros termina aplicándose de un solo lado: el del trabajador, que ya tiene menor poder de negociación.

Quienes apoyan estos cambios deberán hacerse cargo. Más temprano que tarde quedará en evidencia si esta norma generó empleo genuino o si terminó precarizando aún más a millones de argentinos”.

Tomás Ledesma (ex diputado nacional PJ): “Te quieren hacer laburar el triple por la misma plata”.

Stefanía Cora (ex senadora nacional PJ): “En los últimos años la economía no registrada avanzó a pasos agigantados y quienes todavía tienen trabajo viven cada día peor. Esto no es oponerse por oponerse.

Es la responsabilidad de advertir que no vamos a salir adelante como país ni como provincia si legislamos precarizando la vida de los argentinos.

Hace años que muchos derechos constitucionales no se cumplen. Pero la respuesta nunca puede ser bajar la vara. Nos merecemos vivir en una Argentina mejor”. (APF)

La Rosca |Reforma laboral|

El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos en la votación en general, sin abstenciones, y quedó así con media sanción.

De esta manera, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará avanzar con su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de que el Presidente pueda incorporarla en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, el próximo 1° de marzo.

En la votación participaron los tres senadores entrerrianos: dos acompañaron la propuesta y uno se manifestó en contra. Los legisladores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida —quienes asumieron en diciembre pasado— votaron a favor y defendieron el proyecto en el recinto, mientras que el tercer representante de Entre Ríos se pronunció en contra de la reforma.

La palabra de dos senadores

El senador peronista y exintendente de Paraná, Adán Bahl, dio las razones para su voto en contra. “La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos”, afirmó.

Del otro lado, en el oficialismo, Benegas Lynch se manifestó a favor de la iniciativa: “Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino que como socios naturales”.

La Rosca |Marchas contra la reforma laboral|

Mientras los senadores nacionales debatían el proyecto de la modernización laboral, los sindicatos y agrupaciones entrerrianos se unieron en Paraná para movilizarse en la tarde de este miércoles desde la Plaza 1 de Mayo hacia Casa de Gobierno con el fin de oponerse a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional.

Con cánticos contra el gobierno de Milei y el de Rogelio Frigerio, referentes gremiales leyeron un comunicado de espalda a la entrada de la Casa Gris en el que sostuvieron que la Reforma Laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”.

Además el escrito remarca que el proyecto “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores” y que solo “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos principalmente extranjeros”.

El texto hace hincapié en que la propuesta de Milei “sueña con un país sin sindicatos, los cuales permitieron que las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a derechos, a salarios dignos, a estabilidad laboral y a una vida con futuro”.

Por otra parte, el comunicado señala que “sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante” como modo de crítica al gobernador Frigerio, a quién los gremios sostienen que “sigue el mismo camino que Milei”.

En ese sentido, hubo párrafos que hicieron referencia a conflictos con la Provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”.

Asimismo, hubo críticas a la reforma previsional. “Manifestamos nuestro rechazo a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados. De intentarlo, nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.

“Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”, culminaron.

La Rosca |Media sanción para la Reforma Laboral|

El texto final recién se conoció a las 0.36 AM, cuando Patricia Bullrich daba el discurso de cierre. Minutos antes, el bloque libertario seguía con las negociaciones para asegurarse los votos en particular de los artículos más polémicos. Es que, pese a las más de 28 modificaciones incluidas, y diálogo permanente con sus aliados, todavía se esperaban más cambios.

De esta forma, el oficialismo se aseguró el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico de Córdoba (Luis Juez); Provincias Unidas (Carlos Espinola y Alejandra Vigo), Independencia (Beatriz Avila); La Neuquinidad (Julieta Corroza); Primero los Salteños (Flavia Royón); Despierta Chubut (Edith Terenzi); y el Frente Renovador de la Concordia (Carlos Arce), además de los tres senadores del bloque PRO. Así, consiguió los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto.

La eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores, terminó por darle a la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, el apoyo necesario para avanzar con la reforma.

El bloque de los santacruceños, conformado por los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, sobre los que había expectativa, no se sentó en sus bancas al momento de dar quorum y no acompañó la votación en general. Tampoco lo hicieron los cinco legisladores de Convicción Federal, que responden a sus gobernadores, ni los senadores del Frente Cívico por Santiago, y menos aún los 20 del bloque Justicialista, que preside José Mayans. Es así, que el peronismo en el Senado rechazó como interbloque, sin fisuras, el proyecto.

El debate

Al comienzo de la sesión, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, marcó unas pocas generalidades respecto al texto, donde solo subrayó que se estaba discutiendo una ley que desde principios de la democracia se está “intentando tratar”, cosa que rápidamente el senador Recalde se encargó de desmentir al enumerar las varias reformas que se hicieron e intentaron.

Luego, la ex ministra de Seguridad le cedió la palabra a dos jóvenes senadores de la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero, para que sintetizaran las modificaciones que se iban a incorporar. Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Olivera Lucero explicó que cada empleador deberá crear una cuenta donde aportará regularmente para nutrir el fondo. En ese sentido, el senador Mariano Recalde, preguntó si “en caso de quiebra el trabajador podrá cobrar del FAL, ya que no se especificaba. Ante la consulta, Olivera sostuvo dubitativo que “el juez será quien defina si el trabajador puede ir por el FAL”, mientras Bullrich susurró en el recinto que el detalle de este punto se discutiría en la redacción en particular.

Recalde, fue el primer orador del bloque Justicialista en tomar la palabra e hizo un primer pantallazo sobre los puntos más perjudiciales para los trabajadores. El senador caracterizó al FAL como un “canal de despidos” y subrayó que será una herramienta “de los amigos de Caputo para hacer negociados”. Además, informó que este fondo estará a cargo de administradoras privadas “que van a timbear”, y las comparó con las AFJP.

Para Recalde, la reforma “es producto de un revanchismo” y “no está pensada para crear empleo”, sino para “terminar con los derechos laborales y que no haya juicios”. Al finalizar, le pidió a los senadores que no sean “cómplices” de habilitar el “despido gratuito”.

A su turno, la senadora por Catamarca, Lucia Corpacci se quejó de que no se le permitió a la oposición ningún tipo de aporte, y se enteraron de las últimas modificaciones horas antes de la sesión. La senadora Anabel Fernández Sagasti, por su parte, chicaneó al oficialismo por arrodillarse frente “a la casta”. “Se han arrodillado ante los gobernadores, la CGT y los bancos. Se arrodillaron ante todos los que decían querer combatir”, dijo la mendocina.

Uno de los cruces más picantes fue el que se dio entre Alberto Benegas Lynch y Juliana Di Tulio, cuando el libertario lanzó la frase: “la decadencia de los últimos años tiene que ver con el fascismo peronista”. Tras el agravio, la senadora justicialista le pidió que se ubique, que “está en la casa de la democracia”.

Carolina Moises, senadora del bloque Convicción Federal, que estaba en la mira de los diferentes bloques, subrayó que el proyecto del oficialismo solo “busca legislar para los trabajadores en blanco”, pero no pone el acento en resolver algo para quienes están en la informalidad. También aprovechó para criticar a un sector del peronismo al denunciar que en las últimas semanas fue víctima de una “campaña espantosa” que intentó presionarla y sentenció: “Yo en esta banca voy a votar lo mejor para los jujeños”. Luego, adelantó su rechazo al proyecto.

El debate en el recinto solo se vio interrumpido por el minuto de silencio que los senadores hicieron para recordar a la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza, por su fallecimiento.

Minutos antes de la 1 de la mañana, Patricia Bullrich, comenzó su discurso de cierre. La presidenta de bloque oficialista justificó la quita de derechos laborales, bajo el argumento de que “contratar hoy es un acto de riesgo”. “Nadie contrata porque tiene miedo”, aseguró y dijo que el Gobierno quiere que “el trabajo sea la libre elección de los argentinos”. Bajo esos argumento defendió el ajuste a los trabajadores y dio paso a la votación en general y luego en particular.

Modificaciones de última hora

Uno de los logros que obtuvieron los gremios fue mantener la facultad de cobrar compulsivamente los “aportes solidarios” a los trabajadores, aunque se les impuso un tope del 2%. Como contrapartida, se tomó la misma decisión para los aportes que cobran las cámaras empresarias. Seguirán siendo obligatorios, pero limitados -como hasta ahora- al 0,5% mensual.

Otro cambio que se conoció es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinieron los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación.

Asimismo, un aspecto clave de negociación fue el artículo 91, en el que el oficialismo decidió agregar el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”. Se trata de un entendimiento celebrado entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, que establece un régimen para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad asuman competencias en materia laboral que hoy tiene la Justicia Federal.

Respecto a las sentencias judiciales, se abrió la posibilidad para que los empleadores las paguen en cuotas. Las empresas grandes podrán hacerlo en seis cuotas, y las pequeñas en 12.

También, se planteó una reducción de las contribuciones patronales. En este punto se especificó que “los empleadores, por las relaciones laborales incluidas en el presente Régimen, excepto que se trate de aquellas previstas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y mientras persistan sus efectos, tendrán una reducción de UN (1) punto porcentual para las grandes empresas y DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para las micro, pequeñas y medianas empresas en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social”.

Uno de los cambios que impulsaba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, era el que refería a que el salario de un trabajador iba a poder cobrarse a través de billeteras virtuales. Este artículo fue modificado y las remuneraciones solo podrían pagarse en entidades bancarias. Sin embargo, a la medianoche todavía había versiones de que se podría volver a la versión original.

Otra de las claves del proyecto es la ultraactividad, que es el principio que sostiene la vigencia de un convenio colectivo después de haber vencido hasta ser reemplazado por uno nuevo. En caso de que se sancione la ley, se podrán derogar los estatutos profesionales y se abrirá un periodo de 180 días para labrar nuevos.

En relación al INCAA, la modificación que se agregó extiende la fecha en la que se derogan incisos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esto significa que recién a partir del 1 de enero de 2028 se avanzará con los cambios que ponen en peligro el financiamiento del organismo.

Por último, otro de los aspectos más polémicos es el que refiere a los certificados médicos. Aquí se especifica que “en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador”.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

“Es un hecho verificable que existen abogados que reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, muchas veces interviniendo de manera impune en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la obra social, ofreciendo de forma directa la vía judicial como primera y única respuesta”, sostuvo.

“Del mismo modo, numerosos profesionales hacen ostentación pública de la cantidad de amparos que promueven, exhibiéndolos como credenciales profesionales en sus propias redes sociales, lo que da cuenta de una práctica sistemática y no de situaciones excepcionales de vulneración de derechos”, dijo.

“Los registros administrativos y judiciales de la Obra Social permiten identificar patrones reiterados de actuación por parte de determinados abogados de la matrícula, que presentan acciones de amparo por prestaciones que no revisten carácter urgente, por prestaciones que ya fueron otorgadas, o incluso sin haber agotado mínimamente las vías administrativas disponibles. Esta conducta desnaturaliza la figura del amparo, deformando su sentido jurídico y constitucional, previsto como remedio excepcional y urgente, no como atajo sistemático”, expresó el legislador.

“En este marco, resulta necesario aclarar que no he generalizado ni descalificado al conjunto de la abogacía entrerriana. Por el contrario, he señalado una práctica concreta, verificable y reiterada. No se han buscado chivos expiatorios ni responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los letrados, en el cuidado de la mayor obra social de la provincia, cuyo sostenimiento depende del uso racional, solidario y responsable de sus recursos”, declaró.

“Se comprende la defensa que el Colegio realiza de sus matriculados, pero esa defensa no puede implicar la negación de una realidad que es grave, abusiva y sistemática. Por ello, el Colegio, antes de sacar un comunicado en tiempo récord, quizás debería hacer una revisión y reflexión sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional”.

“Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”, finalizó. (APF)

La Rosca |Autopostulación|

Desde que concluyó su periodo legislativo en 2023, Casaretto ha tenido un rol secundario dentro del PJ provincial: su nombre no estuvo presente en las listas que llevó el partido a las elecciones de medio término, pero desde las redes sociales aporta críticas al gobierno de Frigerio y de Javier Milei.

Aunque es “temprano” para hablar del mapa electoral en cuanto a candidatos, quien fuese Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Jorge Busti en 1997, lanzó una frase que sorprendió: “Estoy dispuesto a ser candidato a gobernador”, reveló Letra P.

Mientras sostiene que el peronismo “necesita una representación política que hoy no tiene”, uno de los motivos por los cuales se postularía a gobernador es que a él no lo pueden “comprar ni condicionar”, avisa.

Actualmente Casaretto se ha convertido en un crítico desde la comodidad de sus redes sociales. “Me mantengo arriba en la opinión pública”, resalta. Y agregó: “Tuve tres millones de vistas”, cuenta orgulloso sobre sus siempre muy activos en su perfiles en X, de Instagram y Facebook.

La Rosca |Sesiones ordinarias de la Legislatura provincial|

La Constitución Provincial reformada en 2008 fija como fecha de inicio del período de sesiones ordinarias al 15 de febrero. Como este año cae domingo, en medio del feriado largo de Carnaval, desde finales de enero se viene especulando con la posibilidad de un corrimiento de la fecha para el miércoles 18, a fin de que el acto institucional y, en particular, el mensaje de apertura del gobernador Rogelio Frigerio no se termine diluyendo en la apatía del feriado.

El aplazamiento quedó ratificado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El corrimiento de la fecha no altera las sesiones preparatorias que en ambas cámaras tendrán lugar el miércoles 11. Al mediodía en Diputados y a las 17 en el Senado.

En la Cámara de Diputados no se aguardan -en principio- mayores cambios. Nadie está hablando abiertamente de que Hein deje la presidencia y, por lo pronto, la conducción de los bloques políticos seguiría igual: el diputado radical de Concordia, Marcelo López seguiría al frente del bloque de Juntos por Entre Ríos y Laura Stratta de la bancada peronista.

De cualquier manera, las definiciones se alcanzarán en las conversaciones que se darán hacia el interior de cada bancada entre martes y miércoles. Parecería que la continuidad está más garantizada en el bloque peronista, ya que algunas voces dentro del oficialismo hablan de un «final abierto» para la resolución de los nombres y no quieren dar nada por cerrado.

Se espera también que Roque Fleitas continúe liderando la bancada de La Libertad Avanza. Lo demás son bloques unipersonales: Gladys Liliana Salinas en la bancada del Partido Conservador Popular; Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.

En el Senado se aguardan más novedades. En particular dentro de la bancada peronista, que por su división perdió el año pasado el control de la Cámara.

La novedad pasará por quién reemplazará a Martín Oliva en la jefatura de bloque. Se mencionan tres nombres: el senador de San Salvador, Marcelo Berthet; el de Victoria, Victor Sanzberro; y la senadora de Federal Nancy Miranda.

Por el lado del oficialismo también deberían producirse novedades si se cumple con el propósito de continuar la rotación de la presidencia de la bancada, que en 2024 estuvo a cargo de Gustavo Vergara y en 2025 de Rubén Dal Molín.

Habrá que ver si hay senadores dispuestos a ocupar el rol que viene desempeñando Dal Molín en la defensa de las políticas del Poder Ejecutivo. Puede que haya legisladores más interesados en presidir algunas comisiones.

El intercambio de posiciones para acordar jefatura de bloque, presidencias de comisiones y también vicepresidencia de Cámara se producirá en una reunión de la bancada oficialista que tendrá lugar este martes. En el oficialismo se asegura que todo se va a resolver “sin traumas”.

Fuente: APF Digital

La Rosca |Sector citrícola entrerriano|

La iniciativa se fundamenta en que el sector citrícola argentino ya cumplió con todas las exigencias técnicas y sanitarias requeridas. En 2019, el USDA-APHIS evaluó y aprobó favorablemente el estatus sanitario y los procesos productivos, restando únicamente instancias administrativas para completar el procedimiento de consulta pública y la publicación de la norma reglamentaria correspondiente.

Al respecto, Bahillo afirmó que “estamos frente a una oportunidad histórica para la citricultura entrerriana, que no se debe dejar pasar. El sector productivo hizo su parte hace años, cumplió cada requisito y hoy lo que se necesita es decisión política para destrabar una demora injustificada”.

“El acceso al mercado estadounidense no implica costos fiscales ni subsidios, pero sí puede generar un impacto muy significativo en términos de empleo, inversión, generación de divisas y mejora de precios para nuestros productores”, agregó.

Por su parte, Cresto remarcó la importancia estratégica de la citricultura para el noreste entrerriano. “En departamentos como Concordia y Federación, esta actividad es un pilar económico y social. Avanzar en la apertura de este mercado es defender el trabajo, la producción y el desarrollo regional”, sostuvo.

Ambos legisladores coincidieron en que el Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos brinda las herramientas institucionales necesarias para resolver esta situación y evitar que continúe una asimetría que perjudica a la producción entrerriana.

“No es un pedido nuevo ni improvisado: es un proceso que está maduro, técnicamente aprobado y listo para concretarse. Por eso insistimos en avanzar sin más demoras”, concluyó Bahillo.

La Rosca |Reformas, impuestos y acuerdo Nación – Provincias|

En declaraciones periodísticas, el mandatario entrerriano pidió avanzar en la eliminación de tributos “distorsivos” y consideró que el debate fiscal no puede quedar reducido a un capítulo accesorio dentro del proyecto laboral. “La reforma tributaria es igual de importante que la reforma laboral”, remarcó.

Frigerio apuntó contra la estructura impositiva vigente en los tres niveles del Estado. “Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”, expresó. En ese sentido, mencionó Ingresos Brutos y Sellos en las provincias, tasas municipales que —según indicó— funcionan como verdaderos impuestos, y dos tributos nacionales que calificó como “tremendamente distorsivos”: las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.

Para el gobernador, el núcleo del problema argentino radica en la presión fiscal que enfrentan quienes cumplen con sus obligaciones. “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”, sostuvo.

No obstante, diferenció el impuesto a las Ganancias de otros gravámenes. “No es el peor impuesto que tenemos en la Argentina”, señaló, aunque aclaró que cualquier modificación en ese tributo impacta en los recursos de Nación, provincias y municipios.

Frigerio reivindicó la política fiscal de su gestión en Entre Ríos, donde —según afirmó— redujo la carga tributaria en términos reales y alcanzó el equilibrio fiscal tras recibir una provincia con déficit. También destacó la reducción de la deuda en relación con los ingresos y la implementación de un Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), una versión provincial del esquema nacional, que exime del pago de impuestos provinciales y municipales durante quince años a nuevas inversiones.

De acuerdo con sus datos, el régimen ya permitió comprometer inversiones por 200 millones de dólares y la creación de casi 2.000 puestos de trabajo.

“El déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca más en duda eso y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”, enfatizó.

Si bien calificó la reforma laboral como “un antes y un después para la Argentina”, Frigerio relativizó el peso del capítulo fiscal incluido en el proyecto. “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Es un apéndice que suma y que podría discutirse perfectamente en una reforma impositiva integral”, explicó.

En esa línea, propuso que la reducción de impuestos se aborde mediante un acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios, en línea con el espíritu del último pacto fiscal que lideró cuando fue funcionario nacional.

Apoyo a Milei

Consultado sobre la gestión de Javier Milei, el gobernador evitó confrontaciones y expresó su deseo de que la administración nacional tenga éxito. “Tengo muchas ganas de que a este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos y a los entrerrianos”, afirmó.

A lo largo de su exposición, Frigerio insistió en que la Argentina necesita debatir en el Congreso reformas estructurales profundas, tanto en materia laboral como tributaria. A su entender, modernizar normas que llevan décadas sin cambios y reducir la presión impositiva son condiciones indispensables para recuperar el crédito, salir del populismo y encarar una etapa de crecimiento sostenido.

La Rosca |Posibles irregularidades administrativas en Deportes|

Buscan “determinar posibles irregularidades administrativas y responsabilidades en el personal que presta servicio en el área respectiva, consistentes en la falsificación de firmas atribuidas a los Sres. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y Ricardo Aníbal Lupi en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, en el marco de los expedientes administrativos N° 3103539, N° 3105946, N° 3112785, N° 3113188, N° 3122518, N° 3126292, N° 3141140, N° 3143652 y N° 3179203, atento los antecedentes y fundamentos expuestos en el presente acto”.

La medida está contenida en el decreto N° 14, del 4 de enero último, que ordena que la información sumaria “deberá realizarse a través de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, la que estará facultada para solicitar la colaboración adicional de la Contaduría General de la Provincia, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de toda repartición o ente que considere necesario para el cumplimiento de lo aquí dispuesto”.

La investigación interna surgió de la propia Secretaría de Deportes, que puso en conocimiento de “una serie de irregularidades que fueran advertidas y detectadas en la tramitación de los expedientes identificados bajo carátula N° 3103539 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el entrenador de la Escuelita de Fútbol del Barrio San Martín en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3105946 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para deportista de la disciplina fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3112785 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para los entrenadores de fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3113188 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la entrenadora en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3122518 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina patín artístico en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3126292 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3141140 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina Hockey el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3143652 ´ Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el deportista Alejandro Clemente en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´ y N° 3179203 ´Compras y contrataciones – Compra/contratación directa sol/Autorización P/la modificación de elementos de comunicación visual´”.

El decreto menciona que “sin perjuicio que los procedimientos sustanciados en los referidos expedientes se han efectuado en conformidad a las previsiones normativas que reglamentan cada uno de los trámites allí instados, se advirtió -una vez concluidas las actuaciones- que obran intervenciones atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y/o al Sr. Ricardo Aníbal Lupi, en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, cuyas autorías y firmas no les pertenecen”.

Además, en los expedientes N° 3103539, 3105946, 3113188, lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para el entrenador Cipriani, Cristian Exequiel, para el deportista Deniz Thiago Mateo y para la entrenadora Cappellacci Rita Antonella respectivamente, “atribuidas al Sr. Ricardo Aníbal Lupi Director de Deporte Social y Educativo, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”. Y que “en los expedientes 3112785, 3122518, 3126292, 3141140, 3143652 lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para los entrenadores Rodríguez Alexander Nicolás y Darchez Carlos Fernando Facundo, para la deportista Sosa Arrazate Aurora, para la deportista Busatto Sofía Antonella, para la deportista Rodríguez Sol y para el deportista Clemente Alejandro José María respectivamente, atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”.

Finalmente, “en el expediente 3179203, se solicita autorización para modificación de lonas en estructuras de prensa, nota que también es atribuida al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no habiéndose suscripto por dicho Secretario Ministerial” detalla Entre Ríos Ahora.

Así, “dada la gravedad que reviste el asunto, resulta indispensable instruir la sustanciación de las medidas pertinentes en procura de esclarecer los hechos suscitados y eventualmente discernir las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder en caso de identificarse al o los autores materiales de las mismas”.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

El senador provincial Martín Oliva mantuvo un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.

En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.

“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.

Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.

El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.

“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.

En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.

El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que “se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces”.

Desplazamientos

Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.

Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.

En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.

La Rosca |Debate sobre la baja de edad de punibilidad|

Benítez explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes.

A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.

“La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además es inconstitucional”, enfatizó Benítez. Y recordó: “No es la primera vez que se ha querido reducir la edad de punibilidad y siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días vemos en todas las provincias argentinas”.

En ese sentido, mencionó: “Si bien el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dice que hay que modificar la Ley Penal Juvenil, con lo cual nosotros estamos de acuerdo porque la ley 22.278 viene de la época de la dictadura militar, a su vez dice que al modificarla no se debe incrementar las penas ni se debe bajar la edad de punibilidad, dos cuestiones que se pretende hacer con este proyecto de ley”.

En cuanto a las razones fácticas por las cuales sostiene esta posición, explicó: “Estamos en un momento muy especial en Argentina, donde los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes viene disminuyendo desde hace muchísimos años. En general, ha disminuido el delito en Argentina: en 2001-2002 estábamos con una tasa de homicidios de aproximadamente 9 o 10 cada 100.000 habitantes y ahora estamos en una tasa de 3,7. Y en Entre Ríos tenemos una tasa menor que la media nacional, de 2,33 homicidios cada 100.00 habitantes”. A eso agregó que “es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”.

“Es cierto lo que dice el gobierno, que hay países en la región que tienen una edad menor que Argentina, como Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de los niños y adolescentes. Justamente, esos son los casos que nos dan la razón de que la privación de la libertad no hace más que profundizar la violencia”, remarcó Benítez. En ese sentido, precisó que Uruguay, con una edad de punibilidad de 13 años tiene más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con una edad de 12, tienen 23 y 22 respectivamente, y Paraguay, con una edad de 14 tiene 6,2.

Respuestas alternativas

Acerca del rol que debe tener el Estado frente a la problemática de los jóvenes que cometen delitos, el Defensor General de Entre Ríos sostuvo: “El hecho de que una persona sea no punible, no quiere decir que se vaya a la casa y que no pase más nada. Tenemos que ver las razones por las cuales ese niño cometió ese hecho, tenemos que acompañar a las víctimas pero no tenemos que desproteger al autor. Por ejemplo, si el delito está relacionado con el consumo de estupefacientes, se debe tratar esa problemática, si es necesario, en un lugar de recuperación de adictos”.

“No es ninguna solución que vaya a la cárcel, sino que eso empeora las cosas. El Estado debe intervenir, lo que nosotros sostenemos es que la intervención no es desde el Derecho Penal y que el lugar de detención no es una cárcel de mayores; sino que el lugar de detención y el tratamiento deben ser otros”, añadió. A esto sumó que hay actualmente en el país “una crisis carcelaria seria”, con “el mayor índice de prisionalización desde que se toman este tipo de mediciones” y esto se agravaría mucho más con la incorporación de niños y adolescentes.

Finalmente, recordó que existen estudios científicos que, entre otras cosas, demuestran que los adolescentes no poseen un total desarrollo del lóbulo frontal hasta los 20 años, con las consecuencias que esto tiene en el autocontrol, la toma de decisiones, el desarrollo del pensamiento abstracto y la anticipación de las consecuencias, entre otras cuestiones. Esto fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la propia Corte de los Estados Unidos en los casos “Poper”, “Miller” y “Graham”.

“Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia e impedir su resocialización y desarrollo sano. Soy defensor público desde hace más de 30 años. Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria: la mayoría de los niños que estuvieron ahí privados de su libertad hoy están muertos o están presos con penas altísimas”, concluyó. (APF)

La Rosca |Movillizaciones contra la reforma laboral|

La Departamental Paraná del PJ se sumará a la movilización contra la reforma laboral que comenzará a las 18:30 hs en la Plaza 1° de Mayo junto a trabajadores, sindicatos, partidos políticos populares y paranaenses en general bajo la consigna “sin trabajo no hay patria”

Comunicado de la Departamental Paraná del PJ contra la reforma laboral

El peronismo es la fuerza política histórica que fundaron los trabajadores en Argentina bajo el liderazgo de Perón para llevar adelante un proceso de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política en una comunidad organizada en torno al trabajo, donde la igualdad sea el criterio rector y la armonía entre capital y trabajo la garantía de la justicia y la paz social.

Cada vez que bajo gobiernos liberales autoritarios o democráticos, desde 1955 a estos días, se proponen “reformas llaborales”, lo que se busca bajo ese eufemismo es avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores bajo los gobiernos peronistas y favorecer la concentración económica en manos de empresarios inescrupulosos como Rocca de Techint, Elsztain del Banco Hipotecario o Galperín de Mercado Libre, que permanentemente enajenan su capital en el exterior, fugan la ganancia obtenida y desinvierten para convertir sus activos en especulación financiera, desentendiéndose de la suerte de la economía nacional, de la producción y el trabajo de los argentinos. En ningún modo les interesa generar más trabajo sino acumular más ganancia flexibilizando las relaciones laborales, la explotación y el salario de los trabajadores formales e informales.

En nuestra provincia, la avanzada de la reforma laboral mileísta tiene el sello de Frigerio y su alianza de gobierno, que inauguró su gestión destruyendo la principal Obra Social de los entrerrianos para hacer del OSER el negocio de sus socios porteños y de legisladores que levantaron la mano para despedir y perseguir empleados que han dado sobradas muestras de compromiso y eficiencia en sus labores a lo largo de la vida del IOSPER. Lo mismo con la degradación de la administración pública con la incorporación de parásitos importados de CABA; las cesantías en el área de Derechos Humanos concretada a fines de 2025 y la amenaza sobre la Caja de Jubilaciones y otros organismos públicos de los cuales depende el bienestar del pueblo entrerriano.

De esta forma, lo que buscan como objetivo estratégico es desarticular el principal vínculo de organización social como el trabajo y en ello la desaparición del peronismo como fuerza política que expresa y defiende el interés de los trabajadores.

Por eso decimos que el rechazo de la pretendida reforma laboral de Milei y Frigerio es una obligación de todo dirigente peronista, porque conceder a ello es atentar contra la comunidad, la familia, la justicia y la paz social, y al fin y al cabo, contra el peronismo. Por lo cual sostenemos que resistir la reforma laboral nos distingue a los peronistas que sostenemos la lealtad a Perón y nuestro pueblo como bandera frente a aquellos que agachan la cabeza y no lo hacen.

A la vez, defender el trabajo es entonces una posición ética que debemos sostener todos los argentinos que aún sostenemos un vínculo patriótico con nuestra historia y vida comunitaria, los trabajadores formales e informales, los desempleados, los jubilados, los estudiantes y jóvenes en general, porque SIN TRABAJO NO HAY PATRIA PARA NADIE.

La Rosca |Movilización contra la reforma laboral|

“La importancia de la movilización en Rosario demuestra que hay fuerza social para frenar esta reforma reaccionaria, que busca legalizar la precarización y avanzar contra más de cien años de derechos laborales conquistados”, afirmó Burgos.

En ese sentido, denunció que “mañana los senadores que tratarán esta reforma deberán hacerse cargo de votar a favor de una verdadera estafa a los trabajadores, al servicio de los grandes empresarios y las corporaciones, mientras millones viven de changas, con salarios de miseria o directamente sin trabajo”.

Burgos también cuestionó a la conducción de la CGT por no convocar a un paro general: “No se puede enfrentar una ofensiva de esta magnitud con medidas tibias. Hace falta un paro general y un plan de lucha, no negociaciones a espaldas de quienes todos los días sostienen el país con su trabajo. No podemos dejar que el entreguismo de las direcciones traidoras desmovilize al conjunto de los que venimos luchando. Mañana desde la izquierda vamos a marchar también en apoyo al hospital Garrahan. El ataque a sus trabajadores con sanciones y despidos como contra nuestra compañera Norma Lezana es muestra de lo que quieren hacer con el conjunto de los trabajadores que luchan cuando tengan esta reforma que nos quiere precarizados y desorganizados.”

La dirigente entrerriana remarcó que este ataque se inscribe en un ajuste más amplio: “En Entre Ríos, Frigerio aplica el mismo ajuste, recortando en salud, educación y salarios estatales, mientras se multiplican las presiones y la falta de paritarias. Es el mismo modelo que hoy se quiere blindar con esta reforma laboral”.

Por último, Burgos convocó a movilizar en la provincia: “Este miércoles a las 18:30 en Paraná tenemos que estar en la calle en Paraná, rodear el Congreso y decir bien claro que no vamos a permitir esta reforma esclavista. La fuerza está en la movilización y en la organización independiente de los trabajadores”.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

El planteo fue realizado mediante una nota enviada al presidente de OSER, Mariano Gallegos, firmada por el titular de FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, junto al secretario, Lautaro Torriano. Allí informaron que el tema fue abordado en una reunión de mesa directiva ampliada, realizada el 4 de febrero, con la participación de los titulares de las entidades gremiales departamentales.

En el comunicado, las autoridades expresaron: “Nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento lo tratado en reunión de mesa directiva ampliada con la presencia de los presidentes de las entidades gremiales departamentales que conforman esta federación. En la misma se analizó exhaustivamente la continuidad del vínculo prestacional entre la FEMER y el OSER”.

Según detallaron, durante el encuentro “se explicitaron un sinnúmero de reclamos por los débitos aplicados a nuestra facturación, muchos de ellos resueltos unilateralmente por la obra social y otros motivados por los numerosos asuntos pendientes, que subsisten y que fueran explicitados en nuestra nota de fecha 21/1/26”. En ese marco, indicaron que “se exteriorizó el menoscabo sufrido y la creciente irritación que provoca en los profesionales que integran el gremio médico entrerriano”.

FEMER sostuvo que la asamblea consideró “imprescindible y urgente la formalización de un convenio prestacional con reglas consensuadas y claras, que eviten estas perturbaciones”, y remarcó que “transcurridos muchos meses no se ha logrado un acuerdo arancelario ni una propuesta razonable de convenio con la OSER”. En ese sentido, advirtieron: “No puede sostenerse indefinidamente esta situación inestable que mantiene a nuestros profesionales asociados en la incertidumbre respecto de los valores y plazos en que percibirá la prestación que brinda”.

Finalmente, el gremio médico requirió “suscribir un convenio prestacional que contemple un acuerdo de valores justo y serio que permita la continuidad de las prestaciones médicas a los afiliados de la OSER y que nuestros profesionales asociados puedan ejercer su actividad sin zozobras”. Además, informaron que el consejo directivo de FEMER fue convocado para el 25 de febrero, fecha en la que se evaluará refrendar un eventual convenio o, en su defecto, definir la posición y los pasos a seguir, lo que podría derivar en la interrupción de las prestaciones si no hay acuerdo.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

“Estas dificultades, que ya existían en el marco de Iosper, se han profundizado tras la conformación de la OSER, que-lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a afiliadas y afiliados- no ha logrado dar las respuestas que la situación requiere”, sostuvieron.

“Tal como lo señalamos oportunamente, advertimos que muchas de las decisiones adoptadas se han realizado de manera discrecional y sin la transparencia necesaria, en un contexto que genera serias dudas sobre el destino y el uso de los recursos de la obra social, hoy bajo la órbita del gobierno de la provincia de Entre Ríos”, alertaron.

“Lamentablemente, en la vida cotidiana de quienes utilizamos la obra social seguimos observando que los problemas de acceso a la salud no se resuelven, y que persisten importantes dificultades administrativas y de funcionamiento en una institución que debería estar al servicio de las y los trabajadores”, sostuvieron.

“En este marco, nos preocupa profundamente la circulación de denuncias anónimas que dan cuenta de un clima de malestar creciente entre afiliadas, afiliados y trabajadores del sistema, y que reflejan una realidad que vivimos día a día: el acceso efectivo a la salud está siendo puesto en riesgo”.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con todas y todos los afiliados, y especialmente con las trabajadoras y los trabajadores de OSER, quienes no solo enfrentan recortes y dificultades en la prestación de servicios de salud, sino también situaciones de hostigamiento y la falta de respuestas a problemáticas estructurales como salarios y condiciones laborales”.

“Por todo esto, llamamos a mantenernos en estado de alerta y movilización para defender la obra social y para seguir impulsando un sistema de salud que conciba la salud como un derecho fundamental y no como un negocio”, señalaron. (APF)

La Rosca |Caminos rurales|

El subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, José Palacios, encabezó una reunión de trabajo con representantes de Estación Sosa, María Grande Segunda, El Palenque, Colonia Rivadavia, Antonio Tomás, Arroyo Corralito y Aldea Santa María.

Del encuentro también participaron el director de Obras por Administración, Raúl Casali, y el jefe del Departamento II Consorcios, Marcelo Solanas. Tras el encuentro, la presidenta comunal de Estación Sosa, Gloria Vittor, remarcó: “Es muy interesante esta propuesta porque nos puede brindar la posibilidad de mejorar los caminos y dar mayor transitabilidad y mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a la zona rural”.

“Hay que seguir trabajando, ver la situación de cada uno de los caminos y las posibilidades que tenemos las comunas de poder acceder con maquinarias y realizar el mantenimiento de los mismos. Continuamos trabajando con muy buenas perspectivas para darle solución a la red vial de nuestro ejido comunal”, continuó.

Por su parte, Patricia Romero, de María Grande Segunda, comentó: “Es mi primera reunión como presidente comunal y resultó muy positiva. Tenemos que analizar este convenio porque en nuestro caso aún no contamos con las herramientas para hacernos cargo de tantos kilómetros. Los primeros dos años nos dedicamos a la limpieza de banquinas y el recambio de alcantarillas que también es fundamental para la transitabilidad, pero en este caso debemos analizarlo en profundidad para tomar la mejor decisión para nuestra zona”.

La Rosca |Acompañamiento en el Consejo General de Educación |

Subrayó que su función estará centrada en el acompañamiento al Consejo General de Educación (CGE), respetando su autonomía, y en la articulación con distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la educación en la provincia, marcada por recortes presupuestarios, sobrecarga docente y la necesidad de promover procesos de innovación pedagógica en un contexto de escasez de recursos.

Kerz insistió en que su tarea en el Gobierno será “acompañar” la tarea que desarrolle el Consejo General de Educación (CGE), y que su área depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo. “Voy a trabajar articuladamente con el Consejo”, aclaró. “Se trata de respetar la autonomía del Consejo”, apuntó.

Sobre su llegada al gobierno -en una función que cumplirá Ad honorem y a tiempo parcial-, dijo que el primer llamado que recibió fue del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; luego, dialogó con el gobernador Rogelio Frigerio; y al final la convocatoria para sumarse a la Secretaría de Articulación Educativa provino del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

“Yo voy a estar a disposición de la presidencia del Consejo, trabajando muy cerca; y en la articulación con otros organismos. Además, voy a aportar desde mi experiencia académica lo que tiene que ver con las transformaciones internas, la forma de aprender en las escuelas, las transformaciones que han ocurrido en la forma de relacionarse con las escuelas de las niñeces y juventudes. No creamos que porque está la Inteligencia Artificial vamos a dejar de pensar; al revés, tenemos que pensar todavía más para poder tener después la maquinaria, la Inteligencia Artificial a nuestro favor”, comentó.

En ese marco, el funcionario describió en declaraciones periodísticas, el complejo escenario que atraviesa actualmente el sistema educativo entrerriano, condicionado por limitaciones presupuestarias, recortes a nivel nacional y una creciente carga administrativa sobre el trabajo docente. Dijo en tal sentido: “Estamos en un momento de enormes restricciones. Tenemos grandes dificultades con los recursos. Hay determinado tipo de recorte que se sienten. Por ejemplo, ahora disminuyó el presupuesto educativo nacional, y eso nos hace suponer que habrá bastantes tensiones en ese aspecto. Y uno trata de convivir con esas cuestiones y resolver como se pueda. Este es un aspecto, la restricción presupuestaria. Después, hay una sobrecarga docente, hay actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria, que uno tiene que ir pensándolas cómo las simplifica para el docente, porque tenemos herramientas a mano”.

Finalmente, Kerz puso el foco en la necesidad de revisar prácticas burocráticas y de generar condiciones que alienten la innovación en las aulas, acompañando a los docentes en los procesos de formación y experimentación pedagógica. “Esos documentos que se escriben por cada alumno, que después nadie lo lee, porque en realidad es algo rutinario que está. Hay que encontrar otra forma para aliviar también al docente de esa carga que tiene. Y después, acompañar en la formación docente, cómo uno anima a la docencia a poder explorar, a poder innovar, y no tener miedo de que seas reprendido por alguna experiencia incorrecta, porque en realidad es tan incierto el futuro que nosotros tenemos que animarnos a probar, incluso animarnos a innovar, siempre sabiendo que los recursos son escasos, y que va a ser dificultoso responder, digamos, la necesidad o las expectativas del colectivo docente. Aún así hay que animarse. Es lo mismo que me digo a mí. ¿Por qué no voy a acompañar en esto? Porque la otra era quedarme en casa protestando, o diciendo la cosa no funciona. Somos conscientes que hay enormes restricciones. Comparado con la época que a mí tocó ser presidente del Consejo, los recursos económicos eran bastante más accesibles. En esa época habíamos sido la cuarta provincia del país en inversión en educación técnica”, cerró.

La Rosca |Reclamo por servicio de colectivos |

Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas con los que se enfrentan, fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el defensor Lisandro Amavet.

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se han registrado reclamos relacionados con recorridos, esperas por frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y de garitas. También se planteó la necesidad de que se liberen los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza el tránsito de los colectivos, y que se atiendan los inconvenientes que genera la altura de los escalones de acceso a las unidades en personas mayores o con dificultades de movilidad, entre otros temas.

Amavet dijo que, si bien la nueva concesión del servicio que se instrumentó en diciembre con los nuevos prestadores es un avance para la ciudad, “se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte”.

Seguidamente añadió: “El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una `llave´ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo”.

Participaron de la reunión un grupo numeroso de vecinos y funcionarios del área municipal.

La Rosca |INDEC e IPC|

“La reciente renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refleja la tensión del gobierno de Javier Milei sobre la implementación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, contextualizó, señalando que el IPC actual “mide una canasta de productos y servicios en base a las conductas de consumo del año 2004”.

En este contexto, el economista entrerriano aseguró que Lavagna había estado trabajando en la actualización del IPC para reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales. “Sin embargo, el gobierno de Milei está manipulando los datos para presentar una imagen más favorable de la economía”, sostuvo.

Para Gabás, el nuevo IPC, que se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, “iba a darle mayor ponderación a los servicios, como vivienda, electricidad y transporte, lo que podría mostrar una inflación más alta que la actual”.

A su vez, opinó que “la nueva canasta de consumo refleja patrones de gastos contemporáneos y acordes a la cultura de consumo, reemplazando a la vetusta canasta de 2004”. También consideró que “asimismo, se amplía la base de precios relevados de 320 mil a más de 500. Es decir que, el peso relativo de ‘Alimentos y bebidas’ bajaría del 26,9 al 22,7 por ciento, mientras que ‘Vivienda, electricidad y otros combustibles’ aumentaría de 9,4 a 14,5. El transporte ganaría relevancia, pasando del 11 al 14,3 por ciento”.

El dirigente entendió que “las consecuencias de dichas medidas ya están a la vista”. En esa línea, aseguró que “principalmente, Milei siempre se jactó de la intendencia del INDEC y su comportamiento es el reflejo de su impotencia. Lo que no gusta, se elimina. Deja de lado el respeto por las instituciones democráticas”.

Además, Gabás consideró que “la pérdida de credibilidad y la manipulación de los datos estadísticos ha generado no solo incertidumbre en los mercados (caída de bonos, acciones y aumento del riesgo país) sino que, además, es el primer error no percibido por el gobierno (que va a tallar su gobierno), en su único vector de importancia económica, que era la inflación”.