La Rosca | Concepción del Uruguay |
El jefe comunal centró su mensaje en una defensa del diálogo como herramienta central de la democracia, aun cuando —según planteó— “las instituciones se han vuelto impopulares”. En ese marco, advirtió que el escenario político y económico actual es “poco propicio para la construcción de espacios comunes”, pero insistió en la necesidad de preservar ámbitos de debate y consenso.
“El mayor peligro para la democracia es la destrucción del espacio común, donde las cosas puedan hablarse, puedan discutirse”, sostuvo Lauritto, quien rechazó que el diálogo sea interpretado como signo de debilidad. Recordó además que al asumir, el 10 de diciembre de 2023, había planteado que “todos tenemos el derecho a soñar”, aunque subrayó que las propuestas solo adquieren valor “en la medida que sean posibles”, en referencia a la necesidad de previsibilidad fiscal y trabajo articulado.
En materia de infraestructura, el intendente confirmó la licitación de 34 nuevas cuadras de pavimento y un plan de mejoras en loteos urbanos. También anunció una inversión millonaria para la planta de tratamiento de residuos, junto con el fortalecimiento del sistema de recolección y la erradicación de minibasurales.
Entre los avances ya ejecutados, enumeró el recambio de 5.407 luminarias LED y la instalación de 765 nuevas columnas, una política orientada a mejorar la seguridad y eficiencia energética en distintos barrios de la ciudad.
Asimismo, destacó la puesta en valor de espacios públicos emblemáticos como los balnearios Itapé, Banco Pelay e Isla del Puerto, además del Parque Ribereño, consolidando el perfil turístico y recreativo de Concepción del Uruguay.
En el área de transporte, Lauritto remarcó la implementación del boleto estudiantil, financiado íntegramente por el municipio, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a la educación.
En paralelo, señaló que el sistema de educación municipal alcanzará a 671 estudiantes en 2026 y detalló acciones en materia de acompañamiento sanitario a recién nacidos, salud mental y abordaje de consumos problemáticos.
El intendente también anunció la creación de un nuevo Centro de Día para personas con discapacidad y la continuidad de programas deportivos y de inclusión social, como parte de una política de fuerte impronta comunitaria.
En el plano productivo, Lauritto subrayó el impulso al Polo Tecnológico “La Nube”, al que definió como motor del ecosistema emprendedor local y eje estratégico para el desarrollo de la economía del conocimiento en la ciudad.
Con experiencia en tres períodos de gobierno bajo distintas administraciones nacionales y provinciales, el intendente reivindicó la legitimidad democrática de todas las autoridades y llamó a “convivir, que no es otra cosa que vivir con el otro, democráticamente”.
El mensaje dejó planteada una hoja de ruta que combina administración prudente, inversión con recursos propios y políticas sociales activas, en un escenario político donde —según afirmó— sostener el diálogo y la institucionalidad se vuelve un desafío central para la gestión pública en Entre Ríos.
La Rosca | En línea con Milei |
El intendente de Francisco Azcué inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Concordia con un duro discurso político, donde combinó anuncios de gestión 2026 con duras críticas a la administración anterior. En el Centro de Convenciones, defendió el ajuste del gasto público, cuestionó lo que definió como un “festival de contratos” en 2023 y aseguró que recibió un municipio con una deuda superior a los 5 millones de dólares y una estructura “sobredimensionada”. “Elegimos el camino estrecho”, afirmó al justificar las medidas de ordenamiento fiscal y reducción del gasto.
En el tramo más confrontativo, Azcué sostuvo que durante el último año de la gestión pasada hubo cerca de 900 altas y 230 pases a planta permanente con “criterio proselitista”, lo que implicó un costo mensual cercano al millón de dólares, según afirmó. El jefe comunal defendió las 92 sanciones administrativas aplicadas en dos años, la reducción del 40% de los contratos y más de 130 jubilaciones impulsadas para achicar la planta. Según detalló, el ahorro anual supera los 9.000 millones de pesos y permitió redireccionar recursos hacia infraestructura y servicios bajo los ejes de “orden, planificación, control y eficiencia”.
En materia de seguridad y espacio público, el intendente destacó la creación del Centro de Monitoreo Municipal junto a la Policía de Entre Ríos, la instalación de lectores de patentes en accesos y mejoras de iluminación en más de 100 calles. Además, anunció que enviará al Concejo un proyecto para eliminar definitivamente la tracción a sangre en la ciudad, tras la adopción de más de 100 equinos, y confirmó que se desarticularon más de 200 usurpaciones en terrenos municipales. En paralelo, defendió la nueva ordenanza impositiva 2026 que redujo la tasa comercial y eliminó el 10% por derechos de espectáculos públicos, en línea con una estrategia de baja de impuestos y desregulación administrativa.
Entre los anuncios centrales para 2026, Azcué presentó un plan de pavimentación y repavimentación de más de 100 cuadras, la compra de una nueva planta asfáltica municipal con una inversión superior a 2.700 millones de pesos y la ampliación de la peatonal hasta el histórico Palacio Arruabarrena. También anticipó la disolución del INVITAM para integrar sus funciones a Obras Públicas y reforzar el control administrativo. Con un mensaje final enfocado en desarrollo productivo, turismo y modernización del Estado, el intendente buscó posicionar a Concordia como polo regional y dejó en claro que 2026 será, según sus palabras, el año de consolidación del ajuste y expansión de la inversión.
La Rosca | Cambios en el Gabinete nacional |
El presidente Javier Milei anunció cambios clave en el Gobierno y confirmó que Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La decisión se oficializó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y marca un reordenamiento profundo en una de las carteras más sensibles del Gabinete. En paralelo, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, asumirá como secretario de Justicia, desplazando a Sebastián Amerio en la estructura interna del ministerio.
La salida de Cúneo Libarona, uno de los últimos sobrevivientes del primer Gabinete libertario, estaba acordada desde octubre y responde al desgaste acumulado en la gestión. Según fuentes oficiales, el ministro saliente había manifestado su intención de dejar el cargo y esperaba cerrar su ciclo en marzo. La situación interna del Ministerio de Justicia se había vuelto insostenible y Milei decidió anticipar la transición antes de su próximo viaje al exterior, con el objetivo de ordenar la conducción política y enviar una señal de autoridad hacia adentro del Gobierno.
Mahiques, actual titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, llega con un perfil técnico y fuerte inserción en el mundo judicial. En su primer mensaje público agradeció la confianza del Presidente y planteó los ejes de su gestión: “sin justicia no hay futuro posible”, afirmó, al tiempo que reclamó una Justicia “independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”. El nuevo ministro puso el foco en la seguridad jurídica, la previsibilidad normativa y la necesidad de reglas claras para atraer inversión, conceptos centrales en la agenda económica del oficialismo.
El trasfondo político también es relevante. La llegada de Mahiques consolida la influencia de Karina Milei en el área judicial y fortalece el vínculo con sectores de la denominada “familia judicial”, en un contexto donde el Gobierno busca avanzar en reformas estructurales y redefinir su relación con los tribunales. Con este movimiento, Milei apuesta a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia, con un esquema de conducción más alineado al núcleo duro libertario y con la promesa de imprimir mayor velocidad a los cambios institucionales.
La Rosca | Conflicto docente |
Como publicó La Rosca, el conflicto docente en Entre Ríos se da en el marco de la negociación paritaria 2026, cuya apertura estuvo marcada por la ruptura del diálogo. En la primera reunión salarial realizada el 24 de febrero en la Secretaría de Trabajo, la conducción de AGMER se declaró en estado de beligerancia y dio por terminada la instancia de negociación de manera unilateral. Desde el Ejecutivo señalaron que la declaración de conflicto fue adoptada como primer paso de una mesa recién constituida, impidiendo profundizar el debate técnico y presentar contrapropuestas.
La propuesta oficial incluía mejoras en ayuda escolar, boleto docente, sumas complementarias y el compromiso de revisar los montos remunerativos en un plazo no mayor a 90 días, sujeto a la evolución de los recursos provinciales. Además, el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la mejora salarial ofrecida será abonada por complementaria en los próximos días, en un intento por descomprimir la tensión y garantizar previsibilidad a las familias antes del inicio pleno del ciclo lectivo.
Desde una lectura política, el bajo nivel de adhesión expone límites en la estrategia gremial y refuerza la posición del Gobierno, que sostiene como prioridad el derecho a aprender y la continuidad escolar. Con siete de cada diez docentes en las aulas, la medida de fuerza perdió capacidad de presión y dejó abierto un interrogante hacia adelante: si el camino será la profundización del conflicto o el regreso a la mesa paritaria para evitar que la disputa salarial vuelva a poner en riesgo la normalidad educativa en Entre Ríos.
La Rosca | Casta entrerriana |
La discusión sobre la “casta política” y la perpetuidad en cargos del Estado sumó un nuevo capítulo en el Senado. El exsenador nacional Alfredo De Ángeli, cuyo mandato finalizó en diciembre, fue designado como asesor del bloque PRO en la Cámara Alta bajo la modalidad de planta transitoria, en la categoría más alta del escalafón. El decreto de nombramiento se formalizó el 26 de enero y lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su carácter de titular del Senado. La solicitud fue impulsada por el jefe del bloque PRO, Martín Göerling, quien sucedió a De Ángeli en la conducción de la bancada amarilla.
Fuentes parlamentarias indicaron que la categoría A1 (la más alta dentro de las plantas transitorias) implica un ingreso cercano a los 3 millones de pesos mensuales.
El dato generó ruido interno incluso dentro del propio Senado. “Gana como cuatro docentes o como cuatro pasantes del Garrahan”, deslizaron fuentes legislativas a LPO, en referencia al Hospital Hospital Garrahan, uno de los centros de salud pública más emblemáticos del país.
La comparación no es menor en un contexto de ajuste fiscal, revisión de contratos y discurso oficial centrado en la reducción del gasto político.
De la 125 a vivir del Estado
La trayectoria política de De Ángeli comenzó durante el conflicto por la Resolución 125 en 2008, cuando se convirtió en uno de los dirigentes más visibles de los cortes de ruta en Gualeguaychú contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde ese momento saltó a la política nacional, primero como referente rural y luego como senador nacional por Entre Ríos. Pasaron 18 años entre militancia rural, banca legislativa y, ahora, un rol como “asesor” del mismo cuerpo que integró hasta diciembre.
En los pasillos del Congreso admiten que “le está costando desprenderse del Senado”, publicó La Política Online. La designación como asesor le permite continuar dentro del Palacio Legislativo pese a no contar ya con mandato popular.
La Cajita Feliz
El caso reaviva una discusión medular: ¿hasta qué punto las plantas transitorias funcionan como herramienta técnica (asesores) y cuándo se transforman en un mecanismo de acomodo político?
En los últimos meses, el Senado fue escenario de varios movimientos de designaciones transitorias, una práctica histórica en el Congreso pero hoy bajo mayor cuestionamiento público, especialmente tras una campaña presidencial que hizo de la crítica a la “casta” uno de sus ejes centrales.
La categoría A1 no es un cargo menor, se trata del nivel más alto dentro de las designaciones no permanentes, reservado formalmente para perfiles técnicos o estratégicos de máxima responsabilidad.
Sin embargo, la continuidad de exlegisladores en funciones rentadas dentro del mismo ámbito donde ejercieron poder político abre interrogantes sobre los límites entre asesoramiento especializado y reciclaje de políticos.
La casta no distingue partidos
Según fuentes parlamentarias, De Ángeli no sería el único con su apellido en la nómina de la Cámara Alta bajo modalidades contractuales o de planta.
El “mecanismo” no distingue partidos: oficialismo y oposición han recurrido históricamente a las plantas transitorias para sostener equipos políticos tras la finalización de mandatos. La diferencia, señalan observadores legislativos, radica en el contexto actual de ajuste y discurso antiprivilegios del presidente Javier Milei.
En un escenario de revisión del gasto público y debate sobre el tamaño del Estado, el regreso de Alfredo De Ángeli al Senado como asesor categoría A1 vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Congreso y la tensión entre recambio democrático y permanencia estructural en la administración pública.
La pregunta que queda flotando es si la política argentina está dispuesta a discutir en serio los mecanismos que permiten que la vida en el Estado se extienda más allá de las urnas.
La Rosca | Paraná |
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso centrado en la digitalización del Estado, la mejora de los servicios públicos y un ambicioso plan de obras para 2026. El acto se realizó en la Sala Mayo y contó con la presencia del viceintendente David Cáceres, concejales, funcionarios provinciales y representantes institucionales. “Nos reúne la voluntad de seguir forjando comunidad en una ciudad con historia, con presente y con futuro”, afirmó la jefa comunal, marcando el tono político de la jornada.
En su mensaje, Romero defendió la institucionalidad y la continuidad de políticas públicas como ejes de gobierno. Sostuvo que “ninguna ciudad vuelve a empezar cada cuatro años” y reivindicó un Estado “facilitador, cercano, inteligente y eficiente”. En ese marco, puso el foco en la modernización administrativa a través de la profundización del Portal Ciudadano Mi Paraná y anunció la implementación de la “Tramitación Digital Inteligente”, un sistema que eliminará definitivamente el expediente en papel y permitirá firma digital, seguimiento en tiempo real y mayor transparencia en los procesos municipales.
En materia de movilidad y servicios públicos, la intendenta destacó la transformación del transporte urbano con el nuevo modelo implementado desde diciembre de 2025, apoyado en herramientas tecnológicas como la aplicación Arriba Paraná. También remarcó avances del Plan Paraná 100% LED, que ya alcanzó el 80% de la ciudad con más de 14.400 luminarias instaladas en 170 vecinales, y la continuidad del programa Calle a Calle para recuperar la trama vial y mejorar la conectividad entre barrios.
Entre los anuncios más relevantes, Romero confirmó que en 2026 se ejecutarán 59 obras incluidas en el presupuesto municipal y que a mitad de año entrará en funcionamiento el Parque Solar Fotovoltaico de 10.400 paneles, con un ahorro estimado de más de 150 millones de pesos mensuales. Además, resaltó la continuidad de la obra de vinculación entre la Ruta 12 y avenida Circunvalación como Acceso Sudeste. Con un mensaje final de reconocimiento al Concejo por el acompañamiento legislativo, la intendenta delineó un año enfocado en consolidar la modernización del municipio y fortalecer el desarrollo urbano de la capital entrerriana.
La Rosca | Financiamiento externo |
La emisión se realizó dentro de los límites establecidos por la Ley Nº 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, aprobada por la Legislatura entrerriana, y constituye la primera colocación internacional desde 2017.
Según se informó oficialmente, el nuevo bono tiene una vida promedio de seis años y un cupón anual del 9,55%, con pagos semestrales. El esquema de amortización prevé vencimientos de capital escalonados: 33,33% en 2031, otro 33,33% en 2032 y el 33,34% restante en 2033.
El objetivo central de la operación es refinanciar compromisos financieros existentes, cancelar pasivos en pesos considerados más costosos y aliviar vencimientos concentrados en el corto plazo. Desde la administración provincial sostienen que esta estrategia permitirá mejorar la liquidez y otorgar mayor previsibilidad a las cuentas públicas.
En términos financieros, el bono fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de duración similar, lo que representa —según destacaron desde el Ejecutivo— una mejora de 50 puntos básicos respecto del spread obtenido en la emisión internacional realizada en 2017.
La operación también incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28, cuyo resultado definitivo se conocerá este viernes. Este mecanismo apunta a extender plazos y reducir presiones sobre los servicios de deuda en los próximos ejercicios fiscales.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el regreso a los mercados internacionales constituye una señal de confianza de los inversores hacia la administración entrerriana y hacia el proceso de ordenamiento fiscal impulsado en los últimos años.
En ese sentido, sostienen que la colocación permite “rediseñar el perfil global de vencimientos”, generando una estructura más equilibrada en el tiempo y marcando —según la versión oficial— una mejora respecto del esquema de endeudamiento heredado.
El retorno de Entre Ríos al crédito externo se produce en un contexto nacional de restricciones financieras para las provincias, por lo que la operación adquiere también una lectura política: posiciona al distrito nuevamente dentro del circuito internacional de financiamiento y abre un nuevo capítulo en su estrategia de administración de la deuda pública.
La Rosca |Denuncia Penal |
El expediente se abrió tras una denuncia presentada por concejales de la oposición, luego de que se hiciera público el accidente de tránsito ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en territorio brasileño. En ese siniestro, el jefe comunal protagonizó un vuelco mientras se trasladaba en una camioneta Mitsubishi Dakar perteneciente a la Municipalidad de Colón. Su esposa, Gimena Bordet, resultó gravemente herida y logró recuperarse semanas después.
Investigación penal
A través de un comunicado oficial, la Unidad Fiscal Nº 2 de Colón informó que se dispuso la apertura de causa y el inicio de la Investigación Penal Preparatoria por el presunto uso indebido de un bien público para un viaje al exterior del país.
La denuncia también menciona posibles maniobras de encubrimiento por parte de Mariano Bravo, quien se encontraba a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al momento de los hechos.
Las actuaciones fueron remitidas por la Sub-Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Paraná, donde inicialmente se había radicado la presentación. El 9 de febrero se ordenaron diversas medidas probatorias, entre ellas el requerimiento de documentación administrativa, informes de organismos nacionales, provinciales e internacionales, antecedentes registrales del vehículo involucrado y constancias vinculadas al siniestro ocurrido en Brasil.
Denuncia
La denuncia penal fue presentada a mediados de enero por los concejales peronistas Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi, del bloque “17 de Octubre”. Los ediles solicitaron que se investiguen presuntos delitos contra la administración pública, tanto por parte del intendente como de su esposa —quien se desempeña como secretaria privada— y otros funcionarios.
Según los denunciantes, el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”, lo que configuraría un uso indebido de bienes públicos. Además, advirtieron que los daños materiales sufridos en el accidente podrían representar un perjuicio patrimonial concreto para el municipio, cuyo monto deberá ser determinado.
“Tenemos el deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses. La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”, señalaron.
La versión del Intendente
Por su parte, Walser sostuvo que el viaje tenía carácter laboral, ya que había sido invitado a participar de un acto oficial en Brasil, y que posteriormente aprovechó la ocasión para vacacionar con su familia en la ciudad de Torres.
No obstante, el eje de la investigación se centra en determinar si el traslado al exterior en un vehículo oficial —destinado al servicio de la administración pública— constituyó un uso irregular de recursos municipales, y si existió algún intento de ocultar o justificar administrativamente el hecho.
La causa avanza ahora con la recolección de pruebas, en un expediente que pone bajo la lupa el manejo de bienes públicos y la eventual responsabilidad penal de funcionarios municipales.
La Rosca | Condena contra la Municipalidad de Concordia |
El fallo, dictado el 9 de febrero de 2026 y firmado por los jueces Federico Lacava y María Fernanda Erramuspe, puso un límite a la potestad del Ejecutivo local para revisar designaciones realizadas por la gestión anterior. En la resolución se declaró la nulidad absoluta del Decreto 213/2024, mediante el cual se había dejado sin efecto el pase a planta permanente del agente Claudio Daniel D’Antonio.
Salarios caídos, intereses y honorarios
La sentencia no solo ordena la reincorporación del trabajador en la Categoría 5 —tal como había sido designado en 2023— sino que condena al municipio a pagar la totalidad de los salarios caídos desde febrero de 2024 hasta su efectiva reincorporación.
A ese monto deberán sumarse intereses calculados a tasa activa del Banco Nación, lo que incrementa significativamente el pasivo, además de los honorarios profesionales y las costas del proceso judicial. Todo ello configura un desembolso millonario que impactará directamente en el presupuesto municipal.
Ejes del fallo
El caso se originó tras la decisión del intendente Azcué de revocar, en febrero de 2024, el pase a planta permanente dispuesto en septiembre de 2023 por el entonces jefe comunal Enrique Cresto mediante el Decreto 1279/2023.
El Ejecutivo argumentó que la designación era ilegítima por no haberse cumplido supuestamente los concursos y capacitaciones exigidos por la normativa local. Sin embargo, el tribunal no se pronunció inicialmente sobre la idoneidad del agente, sino sobre la vía utilizada para dejar sin efecto el nombramiento.
La Cámara consideró que el decreto de 2023 constituía un “acto administrativo estable”, es decir, un acto que ya había generado derechos subjetivos —como el derecho al empleo y al salario— y que, por lo tanto, no podía ser anulado unilateralmente por la propia administración.
Según la doctrina vigente en Entre Ríos, si el municipio entendía que el acto era ilegítimo, debía iniciar una acción de lesividad ante la Justicia para que fuera un juez quien declarara su nulidad. Al omitir ese procedimiento y revocar el nombramiento por decreto, el Ejecutivo municipal vulneró el debido proceso.
Límite institucional y costo fiscal
En su resolución, el tribunal fue categórico: “La potestad de la Administración de revocar sus propios actos en sede administrativa desaparece cuando el acto es estable”. En consecuencia, dispuso la nulidad total del Decreto 213/2024, la reincorporación provisoria del agente y el pago integral de lo adeudado.
Más allá del debate político sobre las designaciones de la gestión anterior, el fallo deja una consecuencia concreta: la erogación de fondos públicos para cubrir salarios retroactivos, intereses y honorarios, en un contexto de restricciones presupuestarias.
Así, la controversia administrativa terminó traduciéndose en un costo económico que deberá afrontar el municipio de Concordia, con impacto directo en los recursos que provienen de los contribuyentes locales.
La Rosca | Economía al rojo vivo |
El informe Líder elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella afirma que la economía argentina enfrenta un deterioro significativo y una muy alta probabilidad de entrar en recesión en los próximos meses.
Según el documento, el Índice Líder (IL) —un indicador diseñado para anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico— registró una caída mensual en enero de 2026 y muestra una serie de componentes con desempeños negativos, lo que indica debilidad en variables clave de la actividad económica.
La lectura más destacada del informe es que la probabilidad de que la economía deje la fase expansiva e ingrese en recesión durante los próximos seis meses se ubica en alrededor del 99 %, una cifra que refleja una alarmante tendencia de estancamiento o contracción futura a pesar de ciertos datos oficiales que sugieren crecimiento.
El informe destaca que esta probabilidad se calcula a partir de un conjunto de series —como índices bursátiles real, agregados monetarios ajustados, producción industrial, recaudación del IVA y ventas de autos, entre otros— que integran el Índice Líder para ofrecer una visión anticipada del rumbo de la economía argentina.
En síntesis, el CIF advierte que los indicadores adelantados reflejan una marcada debilidad y casi certeza de una recesión económica en el corto plazo, contradiciendo expectativas más optimistas y generando preocupación por el futuro de la actividad económica nacional.
La principal preocupación está centrada en que los números del estudio de la prestigiosa Universidad Di Tella contrastan significativamente con las proyecciones del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien en los últimos días declaró que la economía crecerá un 4% en 2026
Mirá acá el informe completo de la Universidad Di Tella
La Rosca | Reforma Laboral |
El exlegislador analizó el impacto de la medida y afirmó que no se trata de un simple cambio en las reglas de contratación, sino de la supresión de “garantías estructurales” que históricamente protegieron la función social y la independencia de los trabajadores de prensa frente a los poderes políticos y económicos.
D’Agostino recordó que, aunque el Estatuto fue sancionado en 1946 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, su gestación fue más amplia y transversal. Señaló que durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear comenzó a distinguirse normativamente el trabajo “obrero” del “intelectual”, y que el radicalismo acompañó la sanción de la Ley 12.581, que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Periodistas y definió legalmente la actividad.
En esa línea, sostuvo que mayorías políticas con profundas diferencias ideológicas coincidieron históricamente en la necesidad de dotar al periodismo de un régimen jurídico especial que resguardara su independencia.
Durante casi 80 años, explicó, la Ley 12.908 estableció un sistema de protección que no otorgaba “privilegios corporativos”, sino que blindaba institucionalmente la función social del periodismo.
Entre sus principales garantías enumeró:
-
Estabilidad laboral reforzada con indemnización agravada por despido sin causa.
-
Jornada reducida de 36 horas semanales.
-
Protección frente a despidos motivados por opiniones o publicaciones.
-
Salarios mínimos profesionales por categoría.
-
Prohibición de precarización mediante formas indirectas de contratación.
-
Reconocimiento específico de la profesión.
El dirigente radical recordó además que la Corte Suprema validó la constitucionalidad de la indemnización agravada en el fallo “Roca, Mario c/ Análisis S.A.” (1972), al descartar que se tratara de un privilegio arbitrario.
“La lógica del Estatuto era clara: un periodista sin estabilidad económica es vulnerable a presiones directas o indirectas. Y un periodismo vulnerable debilita el sistema republicano”, afirmó.
¿Puede existir plena libertad de prensa sin estabilidad profesional mínima para los periodistas?
“La respuesta es no”.
La derogación del régimen especial está prevista para el 1° de enero de 2027 en el marco de la reforma laboral. Para D’Agostino, la cuestión “no es meramente laboral, sino constitucional”.
En ese sentido, citó el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora tratados internacionales con jerarquía constitucional, y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.
También recordó la doctrina fijada por la Corte Suprema en el fallo “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. ART”, donde se declaró la inconstitucionalidad de límites regresivos en materia indemnizatoria.
Desde esa perspectiva, sostuvo que la eliminación del Estatuto supone la pérdida de la estabilidad reforzada, la equiparación del periodista al régimen laboral general y la supresión de protecciones específicas vinculadas a la libertad de expresión.
Para el exdiputado, la estabilidad profesional no constituía un beneficio individual, sino una garantía estructural para la libertad de prensa. “La censura no siempre adopta la forma de prohibición previa; puede manifestarse como amenaza económica. Cuando el despido se vuelve jurídicamente barato, la autocensura se vuelve socialmente probable”, advirtió.
En su conclusión, D’Agostino afirmó que la Ley 12.908 no fue un privilegio sectorial, sino una construcción histórica destinada a proteger la independencia del periodismo frente al poder político y económico.
“Si la libertad de expresión es una piedra angular del sistema constitucional, el debilitamiento de las condiciones materiales que la hacen posible no puede considerarse una mera reforma laboral. Es una decisión con profundas implicancias institucionales”, sostuvo.
Y cerró con una definición categórica: “¿Puede existir plena libertad de prensa sin estabilidad profesional mínima para los periodistas? La respuesta es no”.
La Rosca | Opiniones |
Por Jorge Fontevecchia (*)
Lamentablemente, parte de la Justicia no tomó nota de que hay un plan sistemático para silenciar las voces críticas. A los periodistas que cuestionan aspectos de este Gobierno se los acusa de cometer delitos o se los intenta ridiculizar.
Señor Presidente, usted me acusó de delincuente, de cobrar sobres para criticarlo y de vivir de lo que usted llama “la pauta”, que no es ni más ni menos que la publicidad pública. Hace tiempo, en una de estas columnas, le pedimos que presente pruebas de eso que hizo. Todavía no lo hizo, pero sigue acusando a todo periodista que sea crítico de su gestión de lo mismo. Usted me acusa de delincuente, pero, al hacerlo, usted mismo comete un delito. En Argentina, acusar a alguien de un delito que no cometió, como es el cobrar sobornos para criticarlo, es en sí mismo un delito. Así lo dicen los artículos 109 y 110 del Código Penal, señor Presidente.
Lamentablemente, parte de la Justicia no tomó nota de que hay un plan sistemático para silenciar las voces críticas. A los periodistas que cuestionan aspectos de este Gobierno se los acusa de cometer delitos o se los intenta ridiculizar. Se trata de destruir su reputación. Se apunta contra los medios en los que trabajan para quitarles la publicidad estatal y se la redirige a medios complacientes; se les niega el acceso a las fuentes oficiales y se instruye a la SIDE para que pueda espiarlos sin otro motivo que el ser críticos. Esto es lo que sucede actualmente en la Argentina libertaria de Javier Milei.
La última novedad de esta batalla que libramos desde Perfil por el valor de la palabra y nuestra reputación como medio independiente es que los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmaron el sobreseimiento del Presidente en la causa por injurias contra mi persona. Esto significa que nuestro presidente, sin prueba alguna, me acuse a mí y a otros periodistas de ensobrados, es decir, de cobrar dinero para criticarlo, no es un delito porque, según los camaristas, sería parte de la libertad de expresión.
¿Qué implicancias tiene en una sociedad que hasta el Presidente pueda acusar sin pruebas a periodistas críticos o adversarios? ¿Cómo se puede debatir sobre ideas y enfoques sobre los diferentes problemas del país si a cada quien que tiene una posición diferente del Gobierno se lo acusa de ensobrado o de estar en un plan para desestabilizar al Gobierno?
¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando hay un plan sistemático de silenciamiento de las voces críticas basado en las acusaciones del Presidente, su banda de trolls y las disposiciones para que la SIDE pueda investigar a cualquier persona que, cito textual, con su opinión “erosione la credibilidad del Gobierno”?
En la antigua Roma había un término conocido como “calumnia”, que designaba precisamente la acusación maliciosa y falsa. Ya en la Ley de las XII Tablas (siglo V a.C.) existían disposiciones contra el falso testimonio. Con el tiempo, el derecho romano fue afinando la distinción entre error y mala fe. Si un acusador actuaba sabiendo que su imputación era falsa, podía sufrir sanciones que incluían multas, infamia (es decir, la pérdida de honor jurídico y de ciertos derechos civiles), e incluso penas equivalentes a las que pretendía para el acusado.
En el proceso penal romano, donde la acusación era ejercida por particulares, el Estado tenía interés en evitar que el sistema se convirtiera en un instrumento de persecución personal. La “infamia” era especialmente temida porque degradaba el estatus social del condenado. Roma entendía que la Justicia dependía no solo de castigar el delito, sino de proteger el procedimiento de abusos.
En la Mesopotamia, el Código de Hammurabi (c. 1754 a.C.) castigaba con extrema dureza la acusación falsa: quien imputaba un delito grave y no podía probarlo podía recibir la misma pena que pretendía para el acusado, incluso la muerte. En el derecho hebreo, el Deuteronomio establecía el principio de reciprocidad: el falso testigo debía sufrir el castigo que buscaba imponer.
En la Antigua Grecia, especialmente en Atenas, se sancionaba a los denunciantes temerarios con multas si no lograban respaldo suficiente en juicio, para desalentar acusaciones oportunistas. En la Antigua Roma, la calumnia era un delito: el acusador malicioso podía sufrir multas, pérdida de honor jurídico (infamia) o penas equivalentes.
En el Antiguo Egipto, mentir en juicio atentaba contra la Ma’at (verdad y orden) y podía acarrear castigos físicos o trabajos forzados. En todas estas culturas, acusar sin pruebas era visto como una amenaza al orden social y a la credibilidad de la Justicia. En Argentina, los artículos 109 y 110 del Código Penal prohíben acusar a una persona de un delito que no cometió.
Si desde las civilizaciones de la antigüedad se penaba este delito es porque la calumnia es un elemento nocivo para la sociedad. Si cualquiera puede acusar a cualquiera de cualquier cosa, o se transforma en una caza de brujas sin sentido o la Justicia deja de hacer caso a las denuncias y se vuelve una suerte de tierra de nadie sin orden ni justicia. Desde sus orígenes, la filosofía occidental entendió que la palabra no es un simple instrumento, sino el núcleo mismo de la vida moral y política.
En Sócrates la palabra está inseparablemente unida a la verdad. Su método (preguntar, dialogar, refutar) no buscaba vencer al adversario, sino depurar el error. En los diálogos de Platón, Sócrates aparece como la contracara del sofista: frente a quien usa el lenguaje para persuadir o manipular, él lo utiliza para examinar la propia vida. Su decisión de aceptar la condena antes que renunciar a su práctica filosófica expresa una convicción radical: una palabra que traiciona la verdad vacía de sentido la existencia.
Aristóteles profundiza esta idea en clave ética. En la “Ética a Nicómaco” sostiene que la veracidad es una virtud del carácter. No se trata solo de no mentir, sino de mantener coherencia entre lo que se es y lo que se dice. La mentira degrada porque rompe esa correspondencia y corroe la confianza que hace posible la vida en comunidad. Para Aristóteles, el ser humano es un “animal político” porque posee palabra (logos), y es la palabra lo que permite deliberar sobre lo justo y lo injusto. Sin compromiso con la verdad, la polis se desintegra en mera retórica.
Siglos después, Immanuel Kant formula el argumento más tajante: mentir es siempre moralmente inadmisible. Su ética del deber sostiene que la verdad es una obligación categórica, incluso cuando decirla puede traer consecuencias negativas. Si la mentira se universalizara, afirma, la confianza desaparecería y el lenguaje perdería su función. La palabra verdadera no es solo un valor individual, sino la condición racional que permite la convivencia entre personas libres.
La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del Presidente. Sostuvo que llamarme “delincuente” o “ensobrado” está protegido por la libertad de expresión porque se trató de un debate político sobre asuntos de interés público. Pero nuestro equipo de abogados señala que el fallo comete un error central: no analizó cada expresión en particular. La ley exige verificar si cada frase tiene relación directa con un tema de interés público. No alcanza con invocar en general el “debate político” para cubrir cualquier descalificación, especialmente acusar al otro de cometer delitos.
El fallo también equipara esas expresiones a opiniones. Sin embargo, nuestro equipo de abogados sostiene que no es lo mismo opinar que imputar hechos. Decir “no me gusta su línea editorial” es una opinión; decir “es un delincuente” implica atribuir la comisión de un delito. Cuando se imputan hechos concretos, la jurisprudencia exige sustento y verificación. Eso no fue evaluado.
La resolución afirma, además, que, por tratarse de una figura pública, el umbral de tolerancia debe ser mayor. Nuestro equipo de abogados responde que mayor tolerancia no significa ausencia de límites. La crítica política es legítima; la imputación deshonrosa sin prueba no debería quedar amparada, y menos aún cuando proviene del Presidente de la Nación.
Las publicaciones de Perfil, como yo mismo, hemos sido críticos de los actos de gobierno de Milei y del propio Presidente, pero nunca imputamos directamente delitos sin pruebas. El debate público debe ser sobre ideas, acciones, con sustantivos y no calificativos, y mucho menos permitir calumniar, acusar de delincuente a quien no lo es. Y ya en el terreno de injuria, la defensa del honor resulta una demostración de lo contrario a este fallo de Casación que el Presidente pueda avanzar con el juicio similar contra la periodista Julia Mengolini por decir que Milei está enamorado de su hermana.
Por último, el periodismo, como parte del sistema de división de poderes, tiene la misión de ser crítico de los gobiernos para cumplir su rol republicano de limitación de cualquier absolutismo; es, de forma figurada, una especie de primer fiscal proveyendo pruebas o indicios a la Justicia. Al revés, no es función del Poder Ejecutivo ser un oponente del periodismo, invirtiendo el orden del papel que cada uno cumple en el sistema democrático.
La Cámara sostuvo que el caso podía cerrarse sin juicio porque la atipicidad era “manifiesta”. Nuestro equipo de abogados entiende lo contrario: si hay discusión jurídica razonable sobre el alcance de esas expresiones, el proceso no debió clausurarse anticipadamente. Por eso recurriremos a la Corte Suprema para que se definan con claridad los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el uso de la palabra pública.
Ahora, esto que enfrentamos los periodistas en Argentina no es distinto a lo que enfrentan los periodistas en Estados Unidos o en otros lugares donde gobierna o gobernó la extrema derecha. Recordaremos el término “character assassination”. Como explicó María O’Donnell en Urbana Play, se trata de destruir la reputación de una figura pública para que no pueda ser un interlocutor válido que critique de manera honesta e intelectual.
La estrategia de la extrema derecha global contra el periodismo crítico no es un fenómeno aislado, sino una técnica coordinada que busca erosionar la verdad para reemplazarla por lealtad. El primer paso de este modelo suele ser la descalificación sistemática para invalidar al periodista ante su propia audiencia.
En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump popularizó términos como “enemigo del pueblo” y “fake news” para referirse a los medios tradicionales. Esta retórica no solo busca desacreditar la información fáctica, sino que incita directamente al acoso digital y físico. Durante su mandato, las agresiones contra reporteros en mítines políticos se volvieron una constante, creando un entorno donde el ejercicio de la pregunta incómoda es visto como un acto de traición a la patria.
Otro pilar fundamental es la judicialización y lo que se conoce como acoso legal. En Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, se ha perfeccionado el uso de leyes y estructuras estatales para asfixiar a los medios que aún intentan mantener su independencia. La creación de autoridades de medios controladas políticamente permite imponer multas exorbitantes bajo conceptos ambiguos como la falta de equilibrio informativo. A esto se suman las demandas por difamación utilizadas como una forma de guerra jurídica para agotar financieramente a los pequeños medios.
Por ejemplo, está el caso de Direkt36, que es un faro de resistencia en Hungría. Nacido del éxodo de periodistas que rechazaron la censura gubernamental, como medio independiente desmantela la red de corrupción estatal al exponer contratos amañados que benefician a allegados del poder y revelar los negocios offshore de la élite política. Su impacto trascendió fronteras mediante su colaboración en los Panama Papers, demostrando que el periodismo de investigación es el único contrapeso real frente al autoritarismo.
El vuelto contra Direkt36 fue una operación de guerra híbrida que combinó espionaje y asfixia. El Estado utilizó el software Pegasus para infectar teléfonos de sus periodistas, permitiendo el acceso a cámaras, mensajes y fuentes para cortar filtraciones desde el poder. Simultáneamente, el gobierno bloqueó toda publicidad estatal y presionó a empresas privadas para desfinanciar el medio. Finalmente, el aparato mediático oficialista lanzó campañas de calumnia, tildándolos de “agentes extranjeros” para destruir su credibilidad. Como ven, diferentes países, un mismo modus operandi: las redes sociales.
En Brasil, durante los años de Jair Bolsonaro, la estrategia se centró en redes de mensajería privada como WhatsApp, a través de los denominados gabinetes del odio. Estos grupos se dedicaron a lanzar campañas de calumnias coordinadas, especialmente contra periodistas mujeres. Un caso concreto es el de Patricia Campos Mello, quien fue blanco de insultos misóginos y amenazas constantes tras investigar el uso de fondos empresariales para financiar noticias falsas que favorecían al gobierno.
Este fenómeno busca que el ciudadano común deje de creer en la existencia de una verdad comprobable, llevándolo a elegir su postura basándose únicamente en la emoción y la identidad de grupo. Cuando el periodismo crítico es silenciado mediante el trolleo coordinado, la asfixia económica o la calumnia moral, el poder deja de tener contrapesos reales, facilitando el avance de agendas autoritarias en todo el mundo. Como ven, Milei es solo una manifestación local de un fenómeno global: gobiernos de extrema derecha eligiendo al periodismo independiente como enemigo.
Ahora, es preciso entender cuál es el verdadero objetivo. La estrategia de la extrema derecha moderna no busca convencerte de una verdad alternativa, sino anular tu capacidad de distinguir la verdad de la mentira. El concepto de Steve Bannon, conocido originalmente como “Flood the zone with shit” (Llenar la zona de mierda), es el motor táctico detrás de los ataques al periodismo crítico.
El objetivo de Bannon no es censurar la información al estilo de las dictaduras del siglo XX, que prohibían diarios o cerraban canales. En la era de la sobreinformación, la técnica es la saturación. Al “llenar la cancha de mierda”, se lanzan tantas versiones contradictorias, teorías conspirativas y calumnias al voleo que el ciudadano medio termina agotado. Ese agotamiento produce un fenómeno de “escepticismo radical”: si todo parece ser mentira o estar operado, entonces nada es verdad, y el periodismo de investigación pierde su impacto porque se lo percibe como una mancha más en el barro.
Aquí es donde el ataque al periodismo se vuelve fundamental. Para que la técnica de Bannon funcione, hay que destruir la autoridad del árbitro. El periodismo profesional actúa históricamente como el verificador de los hechos; por lo tanto, la extrema derecha necesita degradar al periodista a la categoría de “militante” o “enemigo”. Si logran que el público crea que un reportero del New York Times o de un medio local es solo un operario político más, entonces cualquier investigación, por más documentada que esté, queda anulada bajo la etiqueta de “Fake News”.
Esta “mierda” que se arroja a la cancha incluye la calumnia personal. No se debate el dato que el periodista presenta, sino que se ataca su moral, su financiamiento o su vida privada. Al hacerlo, se desplaza el foco de la noticia hacia la figura del mensajero. Es una táctica de distracción masiva: mientras el periodismo intenta limpiar su nombre de una calumnia, el poder sigue operando sin escrutinio.
En este ecosistema, la extrema derecha utiliza la desinformación no para que creas en una mentira específica, sino para destruir el concepto mismo de realidad compartida. Cuando la cancha está llena de mierda, el único refugio que le queda al votante es la identidad: “No sé qué es verdad, pero le creo a los míos”. Así, el ataque al periodismo es la herramienta necesaria para romper el contrato social de la verdad y reemplazarlo por un tribalismo ciego, donde el líder tiene vía libre porque ya nadie tiene autoridad para cuestionarlo.
Por todo esto decidimos seguir apelando y litigando en la Justicia. No solo está el prestigio de los periodistas de Perfil y de la propia editorial en juego, sino, además, el valor de la palabra como institución necesaria para una sociedad democrática que debate públicamente sus problemas. Reiteramos: no nos vamos a rendir y vamos a seguir litigando. En defensa de la palabra y la credibilidad del periodismo. Es decir, en defensa de nuestras herramientas de trabajo.
Señor Presidente, pierde el tiempo si piensa que puede callar al periodismo y, en particular, a la Editorial Perfil con el uso de la calumnia, el ataque económico o el uso de la SIDE. La Justicia tiene sus tiempos; lo mismo nos sucedió con los juicios de Carlos Menem, donde, tras ser condenados en Argentina, terminamos logrando en el Tribunal Interamericano que el condenado fuera el gobierno de Menem; o como en el caso de Néstor Kirchner, donde, tras haber perdido en primera instancia en los tribunales argentinos, nuestra Corte nos dio la razón condenando al gobierno.
Seguiremos haciendo lo que siempre hicimos: defendiendo nuestros derechos en la Justicia y haciendo periodismo crítico de este y de todos los gobiernos.
* Jorge Fontevecchia – Periodista, escritor, empresario de medios de comunicación. Presidente de Editorial Perfil.
La Rosca | Baja en el partido de Milei |
Oriundo de Gualeguay, Erro impulsó la conformación del partido en 2019 y asumió su presidencia en 2020. Durante su conducción, la fuerza logró el reconocimiento legal como partido político en mayo de 2025. Sin embargo, tras diferencias con integrantes de la actual conducción, optó por dar un paso al costado.
En su comunicado, explicó que al concluir su etapa al frente del partido delegó “voluntariamente la conducción partidaria” con el objetivo de garantizar una transición ordenada y fortalecer la continuidad institucional. No obstante, señaló que con el paso del tiempo se profundizaron desacuerdos internos que intentó encauzar mediante el diálogo.
Ruptura tras las elecciones
Erro detalló que, luego del proceso electoral de 2025, convocó a una reunión en Villaguay para recomponer la unidad y establecer un marco de consenso. Según afirmó, ese encuentro no solo no permitió acercar posiciones sino que dejó en evidencia “una ruptura profunda” dentro de la conducción, que derivó en la renuncia de la vicepresidenta y del secretario general del consejo directivo.
Además, cuestionó decisiones adoptadas por la actual dirigencia, a las que atribuyó una profundización del conflicto, falta de respuestas institucionales y ausencia de un horizonte político claro para los afiliados identificados con el Gobierno nacional.
En el tramo más crítico del texto, sostuvo que se adoptaron actitudes orientadas a desplazar “espacios de trabajo imprescindibles del proceso fundacional del partido”, sin los cuales el Partido Libertario de Entre Ríos no habría alcanzado su reconocimiento legal.
“Coherencia”
“El ejercicio de la política debe sostenerse en el respeto por la palabra dada, la vocación de unidad y el reconocimiento al trabajo colectivo”, expresó Erro. Y agregó que cuando esos principios dejan de regir la vida interna de una organización, “la coherencia personal obliga a tomar decisiones claras”.
En el cierre del comunicado, agradeció a afiliados y militantes que acompañaron el proyecto desde sus inicios y destacó que el espacio obtuvo el reconocimiento del presidente Javier Milei y del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Pese a su alejamiento orgánico, Erro aseguró que continuará comprometido con los valores que dieron origen al espacio y que seguirá trabajando por ellos “desde otros ámbitos”.
La Rosca | Oposición |
En un comunicado enviado a La Rosca, el partido expresó un “rechazo firme” a la iniciativa alentada por el Gobierno provincial. La definición surgió tras una reunión realizada en Concordia, donde dirigentes del espacio analizaron la coyuntura política, cuestionaron la política salarial en Entre Ríos y abordaron aspectos de organización interna partidaria. Sin embargo, el eje central del encuentro fue la postura frente a una posible reforma constitucional.
Rechazo unánime
Según el documento difundido, “el punto de mayor debate de la reunión fue el rechazo unánime a cualquier intento de reforma de la Constitución Provincial de 2008”. El Frente sostuvo que presentar una eventual modificación como una medida de ahorro fiscal constituye “una premisa engañosa”.
En ese sentido, argumentaron que la eliminación de una cámara legislativa no implicaría una reducción sustancial del gasto estructural, dado que el personal pertenece a planta permanente y continuaría dentro del Estado. “Lo que sí se vería afectado es la capacidad institucional del Poder Legislativo para ejercer su función de contrapeso frente a los demás poderes”, advirtieron.
Defensa del texto actual
El espacio recordó que la Constitución sancionada en 2008 fue resultado de una consulta popular y del consenso de todas las fuerzas representadas en la Convención Constituyente. Destacaron que el texto incorporó órganos de control con autonomía funcional y rango constitucional, estándares avanzados en materia de transparencia, la organización del Ministerio Público Fiscal, derechos colectivos y protección ambiental.
Asimismo, subrayaron que bajo el régimen vigente “un exgobernador haya sido condenado en el marco de un proceso judicial que evidenció la independencia y autonomía real de los órganos de control”, en alusión a antecedentes judiciales recientes en la provincia.
Críticas al gobierno
En otro tramo del comunicado, el Frente consideró “paradójico” que se impulse una reforma desde una práctica de gobierno que —según señalaron— no ha demostrado apego estricto al texto constitucional actual.
Entre los ejemplos mencionaron que durante 2024 se mantuvo el cobro de un tributo sin ley formal que lo autorizara, en tensión con el principio constitucional que establece que ningún impuesto puede exigirse sin una norma que lo disponga. También recordaron que el Ejecutivo modificó la fecha fijada por la Carta Magna para la apertura de sesiones ordinarias, incumpliendo —afirmaron— una disposición explícita.
“Estos antecedentes reflejan una preocupante relativización de la norma constitucional en la práctica, mientras simultáneamente se plantea su reforma”, sostuvieron.
Deudas pendientes
El partido señaló además que la Constitución de 2008 aún presenta deudas de implementación, entre ellas la puesta en funcionamiento efectivo de la Defensoría del Pueblo. Por ello, consideraron “institucionalmente contradictorio” promover cambios sin haber garantizado antes su pleno cumplimiento.
En el cierre del documento, el Frente Entrerriano Federal concluyó que Entre Ríos “no necesita una reforma constitucional motivada por consignas coyunturales”, sino “instituciones sólidas, órganos de control con plena institucionalidad y una Constitución que preserve el equilibrio de poderes; no que sea reformada para acompañar las necesidades circunstanciales del gobierno de turno”.
La Rosca | Economía |
La iniciativa del legislador entrerriano plantea “solicitar informe al Poder Ejecutivo Nacional, por medio del organismo que corresponda, sobre la ley 27.780 “Convenio con la República Popular China, para la eliminación de la doble imposición, con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal, y su protocolo”, con el fin de determinar cuántas empresas estatales chinas obtuvieron beneficios fiscales por la aplicación del Convenio de Doble Imposición Fiscal Argentina-China.
“Argentina cuenta con convenios vigentes con al menos 23 países para mitigar ese tributo y así atraer inversiones. En el caso de China, el 18 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.780 mediante la cual el Congreso de la Nación aprobó el CDI entre Argentina y China. Este Convenio se firmó el 2 de diciembre de 2018 pero recién se convirtió en ley en el año 2024 y está vigente en la actualidad”, según el proyecto.
Michel afirmó que este Convenio “incorpora como novedad un tratamiento diferencial para ciertas instituciones de propiedad o controladas por cada uno de los Estados contratantes. De este modo, otorga exenciones o alícuotas preferenciales por sobre las previstas para la generalidad de los casos en este CDI”.
El proyecto que también lleva la firma de Miguel Ángel Pichetto, describe que “en particular, en el ítem 7 del Protocolo al Convenio, se listan las instituciones de propiedad o controladas por China y la Argentina que gozarán de este tratamiento diferencial, como −por ejemplo, en el caso de China− el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) o el Fondo para la Ruta de la Seda. Este listado podrá ser ampliado de común acuerdo por las autoridades competentes de ambos países. En este sentido, y a los efectos de conocer los datos que implica la aplicación de la ley 27.780 y con el interés de salvaguardar los intereses de la Nación, es que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que informe a esta Cámara al respecto indicando cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se han beneficiado por la aplicación de las ventajas diferenciales que este CDI otorga por las rentas que obtengan en Argentina”.
La Rosca | Narcotráfico en la provincia|
En un trabajo conjunto de seguridad e inteligencia, la Justicia Federal logró desbaratar un plan de sicariato orquestado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Los objetivos del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
La investigación señala como principal implicado al narco diamantino Leonardo Airaldi (exdirigente rural con vínculos políticos), quien se encuentra alojado en el Pabellón E de dicha unidad. Según los datos recolectados, Airaldi habría pagado la suma de 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los funcionarios durante sus vacaciones.
El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para mañana 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía “vengarse” de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos de seguridad secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de cocaína.
El gobernador Rogelio Frigerio calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, y remarcó la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos. “Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el gobernador.
Con información de Noticiauno.
La Rosca |Voto negativo a la reforma laboral|
El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.
El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.
Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.
En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.
La Rosca |Polémica con Transporte San José S.A. |
La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Transporte San José S.A. y declaró la incompetencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en la causa iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La medida se originó a partir de una acción de amparo promovida por UTA, solicitando que la nueva concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Paraná incorporara al personal que se desempeñaba en la anterior empresa adjudicataria.
La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná, integrada por Guillermo Leopoldo Federik; María Alejandra Abud y Emilio Luján Matorras, entendió que la acción promovida no configura un conflicto colectivo de alcance nacional, sino un conflicto pluriindividual, circunscripto al ámbito local y que la controversia se relaciona exclusivamente con la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.
Asimismo, se recordó que tanto el domicilio de las partes como el lugar de prestación de tareas se encuentran en la provincia de Entre Ríos. “La competencia en materia laboral es improrrogable, conforme la normativa provincial y nacional aplicable”.
De esta manera se resolvió que la causa debe tramitar ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4 de Paraná y que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta incompetente para intervenir en el proceso originado por la demanda planteada por el ente sindical.
La Rosca |Discurso de Frigerio ante la Legislatura |
“Por 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, la provincia fue acumulando problemas estructurales que nadie quiso abordar de fondo. Déficit crónico, deuda creciente, obra pública paralizada, un Iosper desordenado y una Caja previsional al borde del colapso”, aseveró.
“La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se evitó el default, se cumplió con vencimientos de deuda heredada, se pasó del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación y, algo fundamental, no se aumentaron impuestos por encima de la inflación”, enfatizó.
“Eso no es menor. Es un cambio de lógica. Pero ordenar no alcanza”, advirtió la legisladora.
“Elevar la vara significa que el equilibrio fiscal debe traducirse en crecimiento concreto. Y ya hay señales claras: dejamos de ser la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país y mejoramos competitividad; el RINI generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo; se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva obra pública paralizada durante años”.
“La situación económica sigue siendo difícil. El gobernador fue honesto en eso. Pero hoy estamos mejor plantados porque ejecutamos mejor el presupuesto, ahorramos donde antes se expandía el gasto político y recuperamos confianza institucional”, manifestó luego.
“Elevar la vara es no conformarse con haber estabilizado la provincia. Es exigirnos más. Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver”, expresó.
“La consolidación no es un slogan. Es una decisión política de no retroceder. Etre Ríos tiene ahora algo que durante años no tuvo: equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro. Y eso es lo que nos permite mirar la segunda mitad con ambición de desarrollo, no solo con preocupación por sobrevivir”, finalizó.
La Rosca |Reforma laboral en debate |
Finalmente la Reforma Laboral se aprobó en Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra. El proyecto volverá al Senado debido a la eliminación del artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad. Será tratado la próxima semana y si, como se descuenta, es sancionado a partir de entonces tendrá rango de ley.
Desde UCR Activa criticaron a Dario Schneider que fue uno de los legisladores que votó a favor de la reforma laboral.” Lo hizo desde la lista violeta de La Libertad Avanza armada por Rogelio Frigerio y Karina Milei, encabezada por Laumann y compartida con Benegas Lynch, respaldado por la mayoría oficialista del Congreso de la UCR de Entre Ríos”, sostuvieron en un comunicado.
El sector interno cuestionó los argumentos del legislador radical, quien justificó su voto al sostener que la reforma “baja costos” para generar empleo y reducir el trabajo no registrado. “El trabajo en negro no se termina con menos protección: se termina con control a los empleadores, sanciones efectivas y salarios que alcancen”, remarcaron.
En ese sentido, advirtieron que “bajar costos” en la Argentina “se traduce en menos derechos y menos protección social para los trabajadores”, y rechazaron que la precarización sea el camino para mejorar el empleo. “Si de verdad queremos más trabajo, mejora económica y desarrollo, el rumbo es otro: estabilidad, crédito, inversión productiva, capacitación y un control laboral serio. No más precarización”, concluyeron desde UCR Activa.
La Rosca | Tras discurso de Frigerio|
“En tiempos de dificultades económicas y de creciente presión sobre el sistema público, la ciudadanía espera menos gestos simbólicos y más definiciones de gestión. Entre la épica y la gestión cotidiana, hoy Entre Ríos necesita, sobre todo, lo segundo”, enfatizaron los senadores justicialistas.
“Reconocemos la importancia de plantear objetivos, pero entendemos que gobernar también implica asumir con precisión la realidad actual de Entre Ríos: restricción de recursos, obra pública paralizada y dificultades para generar empleo. Ese es el punto de partida desde el cual deben construirse soluciones”, señalaron.
“El trabajo es hoy el desafío central. Observamos una tensión en la que quienes sostienen la producción enfrentan mayores obstáculos, mientras no se generan condiciones suficientes para ampliar el empleo. Frente a esto, la provincia debe reclamar con firmeza los recursos que le corresponden, ya que no hay desarrollo posible sin financiamiento adecuado ni una defensa clara de los intereses provinciales”, sostuvieron.
“La situación económica y social requiere diagnósticos precisos, prioridades definidas y propuestas concretas. En ese sentido, llamó la atención el tono del mensaje, más cercano a una narrativa fundacional que a la realidad cotidiana que atraviesan los entrerrianos, quienes hoy demandan menos gestos simbólicos y más definiciones de gestión”, afirmaron en un comunicado.
“También preocupa la falta de precisiones sobre temas estructurales como el endeudamiento público y su sostenibilidad, así como el creciente traslado de responsabilidades hacia los municipios, lo que evidencia la necesidad de una planificación provincial más clara y coordinada”,
“Desde nuestro rol opositor, reafirmamos que el Senado ha actuado con responsabilidad institucional, acompañando herramientas de gobernabilidad cuando fueron en beneficio de la ciudadanía. Creemos que la convivencia democrática se fortalece con respeto, diálogo y reconocimiento del papel legítimo de cada fuerza política”, aseguraron.
“Esperamos que en adelante se expresen con mayor claridad los lineamientos y prioridades para sostener el funcionamiento de la provincia y atender a quienes más lo necesitan. La sociedad entrerriana merece previsibilidad, responsabilidad y un rumbo claro”, finalizaron.
La Rosca |Consecuencias del temporal |
Al finalizar el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, precisó que “se están evaluando en toda la provincia las consecuencias del temporal”, como la voladura de techos por los fuertes vientos, e inundaciones que llegaron a cortar rutas.
“Estamos recibiendo información. Pido tranquilidad para que podamos evaluar realmente cuáles son las consecuencias; y en la ciudad de Paraná ya una consecuencia directa con la búsqueda de integrantes de una familia. Esto ha sido informado al gobernador para que esté al tanto”, remarcó.
“Estamos articulando muy bien con Defensa Civil y con todo el territorio. Para el Ministerio de Desarrollo Humano, el dato válido lo da Defensa Civil provincial, estamos relevando y cerciorando con ellos la validez de nuestros datos”, agregó.
Finalmente, la Ministra explicó que ante “una inundación siempre el municipio debe tener previsto las instalaciones necesarias y el lugar de evacuación para empezar a trabajar antes de que suceda”; y adelantó que desde el gobierno provincial se brinda ayuda alimentaria en forma inmediata y “en algunos casos saldremos con algún subsidio más personal para alguna familia que así lo necesite; pero, sobre todo, se atendrá la necesidad de comida y de pernoctar en algún lugar especial. Se irá evaluando, porque todas las ciudades están con situaciones muy diferentes”, concluyó.
Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, precisó que desde esta mañana se dio asistencia a municipios cercanos, como Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, con la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas.
Asimismo, se está “en contacto telefónico con otros municipios pero por la lluvia no se ha concretado la entrega, así que coordinamos para las próximas horas cuando el tiempo lo permita”.
La Rosca | Paritaria estatal |
En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial hizo una oferta salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo, los gremios pidieron mejorar la propuesta y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.
La propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero de 2026, consiste en una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.
Tras finalizar el encuentro, el Director General de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman indicó que el diálogo con los representantes gremiales fue «positivo» ya que hubo «comprensión del contexto económico» en el que es llevada la paritaria.
ATE
“Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos”, manifestó el Secretario General, Oscar Muntes, de cara al encuentro de este viernes.
Luego de finalizar el primer encuentro paritario del año, el Secretario General de ATE, Oscar Muntes destacó la presentación de una propuesta por parte del Gobierno pero consideró que lo ofrecido es insuficiente y la característica de las sumas genera “inconvenientes” a la Caja de Jubilaciones y a la OSER.
“Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras para recuperar el salario”, planteó. Y, respecto a lo ofertado, Muntes pidió que se aclare cuáles serán los montos que recibirá cada categoría.
UPCN
Al inicio de la reunión se ratificó que UPCN es, por la cantidad de afiliados, el gremio mayoritario. Además de la mejora en la propuesta, UPCN reclamó una actualización de la ayuda escolar, ante el inminente inicio de las clases.
«Vinimos con expectativas porque ayer escuchamos al gobernador que reconoció que los sueldos están bajos y que la provincia está mal, pero los servicios del Estado se brindan a través de los trabajadores», subrayó Allende.
También aseveró que «con la reforma laboral que pretende Milei es necesario buscar mantener las fuentes de trabajo» y, en ese sentido planteó: «¿Cuánto va a tardar Milei en pedirle a los gobernadores que ajusten en sus provincias?».
Tras la queja del titular de UPCN porque «siempre llaman a paritaria sobre el vencimiento de los plazos», se acordó pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.
La Rosca | La reforma previsional en el tapete |
La reforma previsional fue un punto de interés en el discurso ofrecido ante legisladores entrerrianos durante la inauguración del 147º Período de Sesiones Ordinarias desarrollada el pasado miércoles. Según el diputado provincial Bruno Sarubi, en diálogo con Radio Diputados, la gestión del gobernador Rogelio Frigerio busca una solución estructural para el déficit de la Caja de Jubilaciones sin abandonar el 82% móvil. Aunque solicitó prudencia a los sectores involucrados hasta conocer el texto definitivo de la ley, el diputado enfatizó la necesidad de alcanzar consensos amplios para proteger el sistema a largo plazo.
En materia de Infraestructura -otro de los ejes relevantes del discurso anual brindado por el primer mandatario ante la Asamblea Legislativa- el jefe de la bancada oficialista ponderó el “plan de inversión vial más importante de la historia reciente”. Sarubi remarcó que la mejora de los caminos rurales y las rutas principales resulta vital para la producción, el turismo y la seguridad ciudadana. Además, recordó que la Legislatura facilitó herramientas para que los recursos del impuesto inmobiliario rural tengan como destino específico el mantenimiento de la red vial entrerriana.
Respecto al alivio fiscal para el sector privado, el diputado destacó “la decisión de disminuir la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas”. En este sentido, explicó que esta política busca fomentar la inversión y el desarrollo productivo sin desfinanciar de forma abrupta las arcas del Estado. Mencionó la reciente ampliación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) hacia varios sectores que antes no estaban incluidos además del “compromiso oficial de bajar la presión fiscal con el sector que genera empleo”.
Finalmente, el legislador anticipó un año de debates intensos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En la misma línea, ratificó el acompañamiento del bloque a las transformaciones propuestas por el Ejecutivo y destacó la gestión del gobernador para reperfilar la deuda provincial. Y concluyó con que “el ordenamiento de las cuentas públicas permite hoy el inicio de una etapa de reestructuración profunda en beneficio de todos los entrerrianos”.
La Rosca | Juicio a ex funcionario provincial |
A las 9:10 de la mañana, en la sala de audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay, el juez Darío Crespo reanudó el debate en el Legajo N° 2367, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique S/Homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas”.
La segunda jornada del juicio oral volvió a poner en primer plano una pregunta que excede el expediente: cómo procesa una comunidad la muerte de cuatro jóvenes trabajadores cuando el imputado era un alto funcionario provincial al momento del hecho y el vehículo en el que se conducía pertenecía al Estado.
En la sala estuvieron presentes el fiscal N° 5, Eduardo Santo; el querellante particular Mario Arcusín -con la ausencia justificada de Leandro Rosatti-; el imputado Juan Enrique Ruiz Orrico; y sus defensores, Félix Pérez y Leopoldo Lambruschini. uicio
La teoría del caso bajo lupa técnica
La acusación sostiene que Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial (dominio colocado IYU 009) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre cuando, a la altura del kilómetro 123 -entre Caseros y Herrera-, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa (dominio DTD 845). En ese vehículo viajaban los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi. Los cuatro fallecieron como consecuencia directa del siniestro.
La calificación legal es homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas (arts. 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal). En la primera audiencia, el imputado admitió su responsabilidad. En esta segunda jornada, la discusión se desplazó hacia la arquitectura científica del caso: mecánica del impacto, condiciones del entorno, alcoholemia, cadena de custodia y contexto institucional.
La mecánica del choque: una violencia inusual
El primero en declarar fue el agente técnico de Policía Científica, Joaquín Martínez Jancarik, quien detalló las constataciones mecánicas realizadas sobre ambos rodados. Su testimonio funcionó como introducción a un bloque pericial que buscó reconstruir con precisión la dinámica del hecho.
La licenciada en Accidentología Vial Daniela Alejandra Aguiar, profesional de Criminalística de la Departamental Uruguay, aportó los informes técnicos periciales 54/2024, 54/2024 bis y 61/2024. Su relato fue meticuloso. Explicó que el pavimento se encontraba en buenas condiciones, que la ruta estaba delimitada en sus laterales pero carecía de demarcación central visible y que, según los vestigios materiales, el Passat se cruzó de carril e impactó frontalmente con impacto en el lado izquierdo contra el Corsa.
Un aspecto central fue la imposibilidad de determinar científicamente la velocidad del Passat. Aguiar explicó que la deformación extrema de las estructuras y la ausencia de ciertos datos técnicos impidieron un cálculo fiable. También aclaró que la posición de la aguja del velocímetro no constituye un indicador válido tras un impacto de esa magnitud, desmontando una creencia frecuente en la opinión pública.
Antes de concluir, respondió a una pregunta de la defensa y confirmó que los ocupantes del Corsa no utilizaban cinturón de seguridad. El dato, potencialmente relevante en otros contextos, fue luego relativizado por la medicina forense.
El comisario Héctor Adrián Jacquet, jefe de la División Criminalística Uruguay, corroboró las conclusiones. Con 25 años de servicio y más de una década al frente del área, afirmó que nunca había intervenido en una colisión de semejante violencia. La descripción no fue retórica: la magnitud del daño estructural en ambos vehículos resultó determinante para comprender la letalidad inmediata del siniestro.
El bloque siguiente abordó la cuestión de la extracción y análisis de sangre del imputado. El médico policial Marcos Luis Benavídez explicó que, al arribar a la escena, Ruiz Orrico ya había sido trasladado al hospital “Justo José de Urquiza”. Intentó realizar la extracción para dosaje alcohólico, pero no pudo hacerlo de inmediato debido a la atención prioritaria de las lesiones múltiples. La muestra fue finalmente obtenida por un técnico del hospital, cuando el paciente ya se encontraba en terapia intensiva, y que esa práctica se hizo bajo su supervisión.
A las 11 en punto, el juez dispuso un cuarto intermedio. Veinticinco minutos después, el debate se reanudó con el testimonio de Eduardo Martín Vienny, técnico químico del mismo hospital. Ratificó que realizó la extracción en presencia del médico policial, entregó las muestras y que estas fueron remitidas a Fiscalía bajo cadena de custodia.
La bioquímica Natalia Quevedo, del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal, declaró de manera virtual. Presentó el informe pericial N° H-041 y confirmó que analizó dos muestras: una extraída a las 8 y otra a las 11 del 20 de junio de 2024. En la primera detectó 1,10 gramos de etanol por litro de sangre; en la segunda, 0,59 g/l. La diferencia indicó que el organismo se encontraba en fase de metabolización.
El médico forense Adrián Siemens ofreció uno de los testimonios más relevantes de la jornada. Explicó la elaboración de los informes autópsicos, los estudios complementarios y la metodología utilizada para estimar la alcoholemia al momento del impacto -la llamada “hora cero”-. Basándose en literatura científica farmacológica, concluyó que Ruiz Orrico presentaba al menos 1,52 g/l al momento del siniestro.
También fue categórico respecto del cinturón de seguridad: dadas las características del impacto y las lesiones constatadas, el uso o no del dispositivo no hubiera modificado el resultado letal. La afirmación resultó crucial para neutralizar cualquier intento de desplazar el eje de responsabilidad hacia las víctimas.
El vehículo oficial y la dimensión política
El último testigo, Daniel Alejandro Galizzi, director general de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, introdujo la dimensión institucional. Confirmó que Ruiz Orrico se desempeñaba como director del Instituto Portuario de Entre Ríos y que el Passat pertenecía a la Secretaría General, aunque estaba asignado a ese organismo.
Se refirió a un decreto dictado por el gobernador Rogelio Frigerio que prohíbe el uso personal de vehículos oficiales. Admitió, sin embargo, que el cumplimiento efectivo es de imposible cumplimiento y que, en todo caso, se depende en gran medida de la responsabilidad individual de cada funcionario, ya que los automóviles no cuentan con sistemas de geolocalización como lo poseen algunas ambulancias y patrulleros. Tampoco pudo precisar si a las 4:30 de aquella madrugada el imputado se desplazaba por motivos oficiales.
Esa declaración no es un detalle administrativo. En el contexto de Entre Ríos, donde la siniestralidad vial constituye un problema estructural y la utilización de los bienes del Estado para fines personales es parte de la cultura política, el uso de un bien estatal en circunstancias que culminaron con cuatro muertes coloca el caso en el centro del debate sobre ética pública y control institucional. (APF)
La Rosca |Mirada sobre discurso de Frigerio ante la Asamblea Legislativa|
“Escuchamos una extensa enumeración de acciones de gobierno que en buena medida reiteró aspectos señalados en años anteriores, y que otra vez fueron presentados con un pretendido carácter fundacional. Dentro de estas cuestiones no tuvieron la relevancia esperada temas centrales para vecinas y vecinos de nuestra provincia, y que impactan en una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, menor producción, freno de la economía y menor calidad de los servicios públicos. En cuanto a la ejecución de obra pública, con suerte representa una cuarta parte de los niveles de la gestión anterior, siendo casi nula la construcción de viviendas sociales, lo que consideramos el punto más crítico de esta desinversión”, señalaron luego.
Además, afirmaron: “Como oposición, hemos acompañado responsablemente las herramientas que el Ejecutivo solicitó a la Legislatura para poner en marcha su plan de acción. Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes”.
“Esta gestión provincial llegó al gobierno con expectativas y objetivos muy altos, pero transcurrido más de la mitad del mandato no encontramos ningún aspecto, en ninguna de las áreas del gobierno provincial, que sea superador a los gobiernos anteriores. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para intentar encontrar algo en lo que el gobierno de Frigerio se destaque”, indicaron.
Finalmente, sostuvieron: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando desde el rol legislativo para lograr las mejores leyes, incluyendo el anunciado debate sobre la reforma previsional, donde nuestra prioridad será el resguardo de los derechos de los entrerrianos. Pero debemos señalar que mientras la gestión provincial ignore que las mayores dificultades son consecuencia de decisiones de un gobierno nacional que desconoce por completo el carácter federal del país, que destruye el entramado productivo y también las políticas sociales, no hay posibilidades de construir un futuro mejor. Es evidente que allí, en las medidas del gobierno de Milei, está la verdadera causa de los problemas que aquejan a Frigerio y a todos los entrerrianos”.
La Rosca |Ex funcionario responsable de cuatro muertes|
El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, afronta desde la mañana de este miércoles 18 el juicio en su contra en los Tribunales de Concepción del Uruguay por el delito de Homicidio culposo agravado. Orrico colisionó el 20 de junio contra el auto en que se trasladaban a trabajar a un frigorífico cuatro jóvenes, cuando regresaba de una cena en la casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.
El ex funcionario aceptó declarar en la apertura de las audiencias y se hizo cargo por las muertes de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, los cuatro empleados del frigorífico Fadel a quienes colisionó cuando conducía alcoholizado un auto oficial por la ruta 39 en la madrugada del 20 de junio de 2024, precisó Análisis.
Orrico estuvo a cargo de los puertos de Entre Ríos en el gobierno provincial desde diciembre de 2023 hasta el día siguiente del siniestro fatal, cuando fue desvinculado del cargo por el gobernador Rogelio Frigerio.
“Quiero asumir la responsabilidad total”
“Del accidente del cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, dijo Orrico ante el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Además, ofreció sus disculpas, pidió perdón a todos los familiares y los nombró con nombre y apellido.
“Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, expresó.
“Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”, admitió el ex funcionario.
El acusado añadió: “Tratamos con mis abogados de trasladar mis condolencias y si de alguna manera tuviera la posibilidad de mitigar el daño, estaría dispuesto a hacerlo”.
“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver a atrás”, continuó su declaración, en la que no respondió preguntas de las partes, por consejo de sus abogados defensores, Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje. Y reconoció, una vez más: “El responsable soy yo”, insistió.
El debate es encabezado por el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que la querella particular es ejercida por el abogado Mario Arcusin.
El caso
El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial conducido por Ruiz Orrico. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.
Ese jueves 20 de junio era festivo. Cerca de las 5, Orrico iba al mando de un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, con el cual invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa, en el que iban las cuatro personas fallecidas. Orrico había estado cenando en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.
La Rosca |Proyecto de ley|
Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la diputada del bloque peronista, Laura Stratta, que propone la creación “en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano el Sistema Provincial de Información sobre Políticas Alimentarias”.
El objeto, según se sostuvo, del Sistema Provincial de Información de Políticas Alimentarias “tendrá como objeto ser el instrumento de relevamiento, sistematización, auditoría y publicación de información relativa a políticas, programas y dispositivos alimentarios que se ejecuten en el territorio provincial”.
El fundamento del proyecto consiste “en el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y suficiente, que cuenta con reconocimiento a nivel internacional y al cual adhiere la República Argentina”.
Universidades
Stratta sostuvo que “el fortalecimiento de la producción y calidad del dato requiere la participación de actores académicos con capacidades técnicas y territoriales, de modo de mejorar estándares metodológicos, definiciones operativas e indicadores así como desarrollar instancias de auditoría y evaluación periódica”.
En tal sentido añadió que “la incorporación de universidades al sistema como espacio de consulta técnica y construcción de evidencia contribuye a dotar a la política alimentaria de mayor rigor, comparabilidad y legitimidad pública”.
Publicidad
También destacó que “la publicación accesible de información verificada sobre comedores y merenderos, sin exponer datos personales, cumple una función social adicional: permite ordenar y potenciar el acompañamiento comunitario, canalizar donaciones responsables y facilitar la articulación con organizaciones, empresas y actores del territorio, promoviendo transparencia, trazabilidad y evitando intermediaciones informales”.
Instrumento esencial de relevamiento
Stratta sostuvo que el Sistema debe concebirse “como un instrumento esencial para el relevamiento, sistematización, auditoría y publicación transparente de toda la información relativa a las políticas, programas y dispositivos de asistencia y seguridad alimentaria ejecutados en el territorio provincial, con el fin primordial de mejorar la planificación, el control, la evaluación de las intervenciones y fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, en consonancia con el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y eficiente”.
Entendió su pertinencia en “la situación de familias que atraviesan altos niveles de vulnerabilidad social, que poseen trabajos precarizados o directamente son desempleados, y cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas, condiciona severamente el acceso a una alimentación adecuada”. Añadió que “estos déficits en parte de la población generan la demanda permanente y sostenida de acceso a comedores escolares y comunitarios, merenderos y espacios donde tanto el Estado como las organizaciones sociales aseguran un plato de comida”.
Pespectiva
La diputada consideró que “desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a una alimentación adecuada impone a los Estados obligaciones de respeto, protección y garantía, vinculadas tanto a la disponibilidad como a la accesibilidad de alimentos adecuados de manera sostenible, sin menoscabar el goce de otros derechos”. En estel sentido añadió que “el enfoque de derechos aporta un criterio rector: las políticas alimentarias deben orientarse a asegurar condiciones materiales y sociales que permitan a las personas alimentarse con dignidad”.
Estado garante
Asimismo entendió que “el Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”.
Stratta entendió que “las políticas alimentarias, incluyendo programas de comedores, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos, transferencias u otras modalidades, integran un campo de intervención pública complejo, donde convergen dimensiones sociales, sanitarias, educativas, productivas y territoriales. Su calidad y efectividad dependen de la coordinación entre niveles de gobierno, de la continuidad de la prestación, y de la capacidad estatal de planificar y ajustar intervenciones según evidencia”.
También consideró que “la alimentación saludable, desde una perspectiva de salud pública, es un determinante central para prevenir la malnutrición en todas sus formas y reducir riesgos de enfermedades no transmisibles. Por ello, las políticas alimentarias deben contemplar no sólo la cobertura, sino también criterios de calidad nutricional, inocuidad y adecuación cultural, fortaleciendo un enfoque integral que articule asistencia, prevención y promoción de hábitos alimentarios saludables”.
En aquella línea sostuvo que “la fragmentación de información y la dispersión de fuentes administrativas debilitan la gobernanza de las políticas alimentarias, dificultando: identificar coberturas reales y brechas territoriales; evitar superposiciones o vacíos; monitorear continuidad, frecuencia y adecuación de prestaciones; evaluar resultados; y mejorar la eficiencia del gasto público”.
La Rosca | Asamblea Legislativa |
La vicegobernadora Alicia Aluani abrió el 147 período legislativo de la provincia. La Asamblea comenzó pasadas las 11.30. Los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet izaron la Bandera nacional; en tanto que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, y la intendenta de Paraná Rosario Romero, hicieron lo propio con el pabellón de Entre Ríos.
En su alocución, Frigerio repasó medidas de equilibrio fiscal y recordó que eliminaron “gastos reservados”, redujeron contratos, terminaron con “adscripciones docentes injustificadas”, y recortaron “cargos políticos”, pusieron “fin al uso de autos oficiales” y revisaron “cada peso del Estado que se derrochaba alquilando oficinas públicas”, resolvieron “expedientes acumulados” y “pases a planta sin concurso previo”, entre otras cuestiones. “Resolvimos un 200 por ciento más de expedientes. Recortamos adscripciones, pusimos fin a contratos basura”, enumeró.
El gobernador detalló: “creamos planta transitoria de Gabinete para no engrosar la planta permanente. Todos los funcionarios que vinieron conmigo se dedicaran a otra cosa cuando termine la gestión”, reiteró. “Logramos lo que parecía imposible en dos años. Ordenamos las cuentas públicas. Hoy la provincia tiene menos deuda. Redujimos a menos de la mitad el peso de la deuda en relación a ingresos que representaba el 45 por ciento y hoy el 19 por ciento”, aseguró. “Mejoramos calificación crediticia en los mercados. Mejoramos condiciones de deuda”, apuntó. “Somos una provincia que no toma deuda sin saber para qué, integramos la comisión de investigación de deuda pública. La deuda no es mala o buena sino que hay que saber para qué se toma”, dijo.
Jubilaciones y obra social
“Salvamos la Caja de Jubilaciones de la provincia del colapso. Cuando asumimos tenía un déficit del 42 por ciento y aumentaba un punto por año. Hoy el déficit es cerca de la mitad. Es un desbalance que se cubre con recursos de la provincia. Si seguíamos así, en pocos años la provincia no pagaría más jubilaciones ni podría sostener el 82 por ciento móvil. Pero aun haciendo las cosas bien, el sistema sigue teniendo problemas. El déficit actual es lo que pagamos todos los entrerrianos en las boletas de luz del año. Por eso enviaremos un proyecto de reforma que garantice el 82 por ciento móvil sostenible”, anunció.
Frigerio aseguró que el IOSPER era “desordenado y deficitario”. “Estaba en juego la sustentabilidad. Había un pasivo que se extendía sin control. Avanzaba a un deterioro económico y financiero. Frente a ese escenario, avanzamos en un marco institucional”, dijo.
“Intervenir era la decisión más responsable. Esta decisión generó un ahorro en cargos de conducción. Esto no se resuelve con una sola ley, requiere gestión sostenida y controles. Sabemos que las mejoras en las prestaciones todavía no se ven del todo, pero estamos destinando cada peso en lograr ese objetivo”, afirmó.
Más adelante habló de transparencia y modernización, que implementaron expedientes electrónicos, las resoluciones ministeriales son digitales, que se concentran trámites e información en una única plataforma. De inmediato refirió a la emergencia social y mencionó las decisiones políticas. “Fortalecimos protección de derechos de niños, duplicamos alcance de asistencia. Este año vamos a aumentar el acompañamiento a emprendedores, para 2026, aumentamos presupuesto para políticas de género, incrementamos recursos para programas de personas mayores. Nos ocupamos de cuidar la primera infancia”, aseguró.
El mandatario refirió a las viviendas, dijo que ordenaron el IAPV. “Licitamos viviendas nuevas en distintos municipios. Empezamos a resolver 20 mil viviendas sin escriturar. Pusimos en marcha crédito de vivienda sobre lote propio. Había terrenos procrear que gestionamos en Nación y nos permitirán desarrollar un plan de 300 viviendas en Paraná”, anunció. “Estamos empezando a saldar una deuda de años. Pero este no es el camino, queremos cambiar el paradigma habitacional, necesitamos estado que genere herramientas de acceso al crédito hipotecario”.
Compra centralizada de medicamentos para los hospitales más grandes
En relación al sistema de salud, Frigerio contó que realizan rondas sanitarias en zonas rurales con “nueva impronta” y anunció la “primera compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales más grandes, más eficiencia de recursos, mejor logística y más control, recuperamos establecimientos sanitarios, nuevas terapias, mejoramos servicios, intervenimos 32 hospitales, reactivamos obras de Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y traspasamos el Hospital de la Baxada a la provincia”.
Mencionó una “apuesta fuerte a la salud digital, avanzamos con historia clínica electrónica, en paralelo, avanzamos en implementación de un sistema para compartir imágenes en la nube, fortaleceremos telemedicina”, aseguró.
“La salud mental es prioridad de gestión. Empezamos por algo básico, impulsar una campaña para que se hable del tema, decidimos conformar observatorio para prevenir suicidio, trabajamos para un registro más claro, implementamos un sistema para que hospitales notifiquen intentos de suicidio, implementamos el 135 y enrutamos la línea al 0800 que ya existía. Implementamos protocolo para abordar crisis de salud mental en vía pública”, enumeró.
Seguridad: “La fuerza de Entre Ríos es la mejor del país”
“Nos adelantamos al delito. Reforzamos controles en zonas frontera, 60 por ciento más de procedimientos, más secuestros de droga. La fuerza de seguridad de entre ríos es la mejor del país y ahora cuenta con apoyo político para cumplir tarea. Incorporamos camionetas, motos, chalecos y pistolas, se compraron armas no letales, el delito es cada vez más complejo, formación es central, carrera administrativa, actualizamos planes estudio, cárceles”, manifestó.
Educación, deporte y cultura
“Atendimos infraestructura escolar. Mejoramos más de 500 escuelas. Ordenamos el sistema educativo, sabemos quiénes son nuestros estudiantes y dónde están. Empezamos a cambiar la alfabetización de nuestro s alumnos, queremos avanzar en la enseñanza de matemáticas. Si una persona nacida en el 1900 aparecería hoy, se sorprendería de todo menos de la escuela. Actualizamos la currícula incorporando robótica, la conectividad, donde hay una escuela tiene que haber conexión. Queremos más eficiencia de recursos y más calidad pedagógica, logramos sostener poder de compra de los docentes. El compromiso es tratar de mejorar los salarios”, aseguró.
“La mejor escuela de valores es el deporte y por eso apoyamos a las instituciones, sancionamos la ley de mecenazgo deportivo y trabajamos para la realización de grandes eventos. Llevamos a cabo la primera feria del libro en Concordia, el último FICER fue el más concurrido, abrimos más de 120 espacios culturales para la noche de los museos”, afirmó.
“Las interpretaciones no pueden ser siempre en contra del que genera empleo”
El gobernador dijo que su obsesión es que “haya trabajo en el sector privado”. “El Estado no puede ser la aspiración final de una familia. Nos debemos cambio cultural de fondo. El momento difícil que atravesamos nos exige coordinación. Que jueces y magistrados puedan actuar con independencia, mencionó fallos que afectan la economía, las pymes, las leyes laborales siguen para proteger derechos de trabajadores pero cuando se usan para simular situaciones ficticias con el fin de generar un rédito económico, el sistema deja de cumplir su función. Frente a eso no podemos mirar para otro lado. Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo, necesitamos razonabilidad”, pidió.
En la misma línea se refirió a los amparos. “El amparo puede ser una herramienta cuando se vulnera un derecho, pero cuando se lo convierte en atajo sistemático se termina perjudicando a miles. Hay ejemplos como el fallo que obligó a OSER a cubrir una silla de ruedas de 90 millones de pesos, pese a que existía una alternativa equivalente en depósito y más económica. Cuando esto es la regla y no excepción estamos ante un problema del sistema. Esl estado no puede despilfarrar recursos”.
Producción
Destinamos 100 por ciento de impuesto rural a caminos de producción. En menos de dos años pasamos de tener obra pública paralizada a reactivar obras, modernizamos reglas de juego, trabajamos en pliego único de condiciones generales en un nuevo registro de contratistas, pusimos norte claro que certificados se paguen en tiempo y forma porque durante años los intereses por demoras se disfrazaron como inversión”
Estamos avanzando en primera cartera de proyectos de la provincia. Sé que estado de rutas es una de las mayores preocupaciones. Recuperamos casi 700 kilómetros, y estamos avanzando con obras de grupo 1 en el que se encuentra Ruta Provincial 11, 16, 20, 21 y 45. El problema estructural nunca se resolvió. No queremos postergar soluciones. En el grupo 2 está la Ruta Provincial 23, las nacionales 130y 18, la Provincial 38 y la Nacional 14, la ruta a Puerto Yeruá”.
“Vamos a iniciar la compra de herramientas más grande de las últimas décadas para revertir este atraso”, anunció.
Puertos, tarifa energética e impuesto
Frigerio refirió al aeropuerto de Concordia. “Nuestra provincia cuenta con cuatro puertos públicos, trabajamos para sanear el sistema. Por primera vez participamos en la Hidrovía Paraná Paraguay, tenemos la posibilidad de extender la navegación comercial”.
Más adelante, aseguró que quiere una provincia “competitiva”. “Durante años tuvimos la energía más cara del país. En menos de dos años pasamos a la mitad del ranking nacional, sé que la factura de la tarifa sigue siendo difícil para muchas familias. Por eso vamos a sostener el reclamo de la tarifa justa para la energía de Salto Grande en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, anunció. “Queremos bajar las tasas municipales en la factura. Estamos transformando la matriz de energía y trabajamos en la energía limpia y renovable”, apuntó.
El gobernador sostuvo que llegaron para “aliviar la presión fiscal”. “Corregimos distorsiones por ejemplo en la cadena de granos, los proveedores de internet, y todos los impuestos que se actualizaron lo hicieron por debajo de la inflación. Hoy más del 90 por ciento de productores primarios tributa con alícuota cero. Avanzamos con eliminación de 100 tasas. Tomamos decisión que marca la transparencia, este año vamos a poder ver qué impuesto pagamos y cómo se conforman los precios por adherir al régimen de transparencia fiscal”.
Dijo que impulsaron la industria a través del RINI y fortalecieron parques industriales. “Con la agencia de desarrollo vamos a salir a buscar mercados al mundo. No esperamos a que el sector productivo se acerque al Estado. Somos la provincia con mayor cantidad de créditos gestionados”, mencionó.
Agenda ambiental
En materia ambiental, el mandatario entrerriano manifestó que recuperaron envases fitosanitarios, “volvimos a marcar un hito en la naturaleza con la creación del Parque Islas”. “Todos los fines de semana largo tuvimos mucho movimiento turístico. Para nosotros el turismo es una prioridad, una política pública real. Pusimos foco en promoción con la campaña Carpincho, llevamos a Entre Ríos a millones de pantallas. Gracias al apoyo del Gobierno nacional fortalecimos el calendario de fiestas populares incorporando el Carnaval de Gualeguaychú. Hace dos años tres joyas turísticas de Concordia estaban usurpados, los recuperamos”.
Refirió al reclamo para la relocalización de la planta de combustibles HIF Global en Paysandú, frente a Colón. “No podemos enfrentarnos pero cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos”, subrayó.
Economía del conocimiento, institucionalidad
“Impulsamos trabajo entre sector científico, productivo y estado. Organizamos eventos como Conertech. Somos una de las cuatro provincias que enseña inteligencia artificial. El año pasado avanzamos con el Mirador Tec, un espacio de instituto del seguro que sería destinado a oficinas públicas hoy son laboratorios, salas de coworking y reuniones”.
En relación a la institucionalidad, dijo que lograron avanzar en el reclamo judicial por el déficit de la Caja de Jubilaciones. “Actualmente recibimos 6000 millones de pesos por mes. Tenemos el compromiso que al finalizar auditorías la compensación crezca. Tenemos la decisión de continuar el reclamo hasta que cancelen los saldos de deuda sin resolverse”.
“Transferimos terrenos de la costanera de Paraná, la transferencia del Puerto de Paraná a la provincia, logramos que la Nación lo entienda. Avanzamos en la concesión de rutas nacionales”, dijo.
Situación financiera
Por último, el gobernador remarcó que “los ingresos no mejoraron, la situación económica es muy difícil”. “Entre Ríos sufrió en 2025 una caída de un punto de recursos respecto del año anterior. Aunque en algunos sectores se ven mejoras, no tiene impacto en nuestro sistema de ingresos. No creemos que salir de una crisis sea asfixiando a quienes producen e invierten dinero. Cambió cómo estamos plantados ante una situación igual de crítica. Estamos mejor plantados, no porque tengamos más recursos, sino porque nos esforzamos en sostener el gasto corriente, porque hicimos del ahorro una política de Estado. Estamos mejor plantados porque logramos construir un vínculo institucional con la Nación, porque saneamos la deuda pública, la Caja de Jubilaciones, porque pasamos del déficit al equilibrio, porque ser buenos cumplidores hace que el mundo confíe nuevamente en Entre Ríos. Queremos una provincia que ocupe el lugar que merece. Esto recién comienza. Hace pocos días conmemoramos la Batalla de Caseros y nos propusimos reivindicar el protagonismo de Entre Ríos y Justo José de Urquiza en la construcción dela Nación. Desde acá impulsamos un proyecto de país organizado, gestamos ideas que hicieron posible el camino a la Constitución. Esta es una deuda histórica que tenemos como argentinos. Aunque cueste, sabemos que vamos por buen camino. El tiempo que estamos viviendo nos pide responsabilidad y compromiso, no conformarnos con menos. Quiero una provincia que atraiga, quiero que Entre Ríos juegue en la parte alta de la tabla. Esta es la huella”.
La Rosca |Paro nacional contra la reforma laboral|
La CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso.
En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.
Adhesión entrerriana
En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), anunció que irá al paro este jueves.
“En defensa de los derechos laborales y de la educación pública, Agmer junto a Ctera adhiere al paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma que ese día movilizarán al Congreso de la Nación”, anunció el gremio de los maestros.
La jornada de lucha en todo el país se convoca en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, para expresar el rechazo “a una reforma que atenta contra los derechos históricamente conquistados y que profundiza el ajuste contra la educación pública”.
La jornada servirá para expresarse:
- Contra la reforma laboral
- En defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores.
- Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas.
- En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
- Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral.
- Por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes.
La Rosca |Vialidad Nacional|
El sindicato denunció que, según un informe interno, el organismo se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, consumando “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.
Gremio de Vialidad Nacional intimó a Federico Sturzenegger
Por ese motivo, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.
El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.
Además, hizo personalmente responsables a los funcionarios mencionados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.
“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció.
Cabe recordar que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública -nacional e internacional- para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales. Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial.
La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.
Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.
Estado de las rutas nacionales
Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), al que accedió Ámbito, señala que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.
La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.
El documento del FEPEVINA, que preside como secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes. (Fuente: Ámbito)
La Rosca |Causa por presuntos sobreprecios en la CARU|
“Estoy a derecho. De la denuncia, que se haga cargo quien la hizo. El tiempo ordena las cosas y esperaremos el tiempo necesario”, dijo.
“Más allá de esta injusticia y lo aberrante que es esta causa, espero de todo corazón –y lo desea mi familia- que se haga justicia”, dijo, según destaca El Entre Ríos.
“Desde lo jurídico estoy tranquilo, pero no le deseo a nadie esta situación, ser llamado a un espacio que debería ser sagrado como es la Justicia”, agregó el funcionario.
La causa tiene también como imputados además a Mauro Vazón y Juan Ruiz Orrico. Al momento de los hechos que se investigan, los tres integraban la delegación argentina del organismo binacional.
Los imputados
Los casos de Vazón y Satto adquieren una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia.
Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.
Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial.
La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.
La Rosca |Finanzas provinciales|
Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) señaló que la provincia arrastra una estructura de ingresos “fuertemente vinculada a la coparticipación federal”, que representa aproximadamente el 75 por ciento de los recursos tributarios, por lo que la dinámica de la recaudación nacional resulta determinante para el equilibrio de las cuentas provinciales.
En ese sentido, advirtió que durante 2025 los principales tributos que integran la masa coparticipable, en particular IVA, Ganancias y Bienes Personales, mostraron una desaceleración significativa desde el primer trimestre, con impacto en la coparticipación: “En términos reales, se registraron variaciones negativas durante los últimos tres trimestres del ejercicio, profundizándose hacia el final del año”, indicó.
El senador remarcó además la rigidez de la estructura del gasto provincial: salarios, jubilaciones, coparticipación a municipios e intereses de la deuda pública absorben más del 95 por ciento de los recursos disponibles, lo que reduce de manera sustantiva el margen para invertir en obras de infraestructura pública.
Sobre el escenario económico, Dal Molín agregó que el consumo se mantiene en una meseta, con varios meses de caída, y que las proyecciones reflejan un panorama austero: “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”.
Finalmente, subrayó que “la caída de los recursos coparticipables obliga a tomar decisiones responsables, basadas en datos y no en voluntarismos”, y que los momentos complejos “requieren prudencia fiscal, no como una opción ideológica, sino como una condición necesaria para garantizar previsibilidad, continuidad y responsabilidad en la gestión de lo público”.
La Rosca |Tasas municipales|
El presidente Gabriel Bourdin encabezó la reunión, quien marcó que los ejes estratégicos forman parte de la línea de trabajo de los últimos años, para lo cual instó a dar continuidad y reforzar las gestiones con vistas a la renovación de autoridades en abril.
El encuentro permitió observar en detalle la planificación del año, que toma como base las sugerencias recepcionadas durante el Networking Industrial realizado en Crespo al cierre de 2025. Allí se definieron propuestas y aportes que trazaron la agenda de prioridades, que apunta a impuestos, infraestructura, energía, importaciones, financiamiento y también los ejes en educación, empleo e incorporación tecnológica.
Asimismo, se hizo referencia al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), a la nueva Ley Ambiental de la provincia que está en proceso de reglamentación, a las novedades en materia de tarifas de energía, la situación del empleo y las inversiones en renovables en ejecución o en análisis de inversión por parte de establecimientos industriales.
Por otro lado, se conversó sobre la preocupación creciente de los industriales respecto de las elevadas tasas municipales en Entre Ríos, que surgen ante la necesidad de recaudación de los gobiernos locales. Incluso, se plantearon casos que llegaron a la Justicia y que impactan significativamente en las empresas.
También brindó una charla Agustina Briner, directora de Departamentos Técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA). La economista habló sobre modernización laboral, acuerdos comerciales entre Mercosur-UE y Argentina-Estados Unidos. Además dio su mirada sobre las expectativas del nivel de la actividad industrial, con heterogeneidad según sectores.
La Rosca | Concesión de las rutas nacionales 12 y 14|
A sólo un mes de la entrada en vigencia de la nueva concesión de las rutas nacionales 12 y 14, el espacio UCR Activa elevó un pedido formal a los legisladores nacionales de Entre Ríos para que impulsen modificaciones en los pliegos del contrato.
El reclamo apunta a que la empresa concesionaria, Autovía del Mercosur, asuma responsabilidades concretas en materia de seguridad vial, asistencia sanitaria y apoyo económico a los bomberos voluntarios y a los hospitales regionales.
Bajo el título “Las rutas de Entre Ríos: cuando el Estado se ausenta, la tragedia se vuelve política pública”, el documento advierte que la seguridad vial en la provincia dejó de ser un problema circunstancial para convertirse en una emergencia estructural.
Los datos que se exponen son contundentes: 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales y enero de 2026 terminó con 26 personas fallecidas. “De mantenerse esa tendencia, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un incremento superior al 70% respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”, señalan.
El planteo contextualiza la gravedad de la situación en el rol estratégico que ocupa Entre Ríos dentro del Mercosur. “La provincia es corredor obligado del comercio regional, cuenta con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y un vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires”.
A ese tránsito estructural se suma la intensa producción agrícola-ganadera, avícola y lechera del centro provincial, además del fuerte flujo turístico durante el verano. “Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”, sostienen.
Sin embargo, desde UCR Activa cuestionan que el Estado nacional haya decidido retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, una decisión que —afirman— fue acompañada por el gobierno provincial “sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio”. El resultado, advierten, es “un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.
En ese marco, el espacio radical pone el foco en el nuevo contrato de concesión, al que le adjudica “errores graves”. Entre ellos, remarcan que no se contempló a los bomberos voluntarios dentro de las obligaciones de las concesionarias.
Actualmente, “muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -por obligación legal y humanitaria- mantienen deudas con estaciones de servicio y no cuentan con recursos para afrontarlas. Los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes”, afirman en el texto enviado a R2820.
A esto “se suma la falta de aportes al sistema sanitario provincial, pese a que las concesionarias utilizan de manera permanente su infraestructura y recursos públicos, lo que califican como “un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.
Por estos motivos, UCR Activa exhorta a los legisladores nacionales entrerrianos a trabajar para modificar los pliegos de licitación de las rutas 12 y 14.
Entre los puntos centrales, plantean la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas, que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas”. Además, reclaman que “se establezca de manera explícita un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.
El documento también señala una causa estructural de fondo: el desguace del ferrocarril en la década del ’90, que convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren, advierten, satura las rutas con camiones de gran porte, acelera su deterioro y multiplica el riesgo de siniestros.
En contraste, mencionan que Brasil avanza en la modernización y expansión de su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. “Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”, afirman.
Finalmente, el texto cuestiona que, mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito y asistencia automática ante siniestros—, en Argentina los pliegos de licitación sigan concentrándose en “cobrar más y gastar menos”, sin transformar la infraestructura ni invertir en tecnología que salve vidas.
“La falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”, concluye el documento.
La Rosca |Causa por enriquecimiento ilícito|
La Justicia puso fecha a las audiencias de remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador.
Será los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.
En noviembre de 2025 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.
El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31. Verbigracia: no podrá iniciarse la tramitación de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
La Rosca |Reforma laboral|
El ex diputado nacional Tomás Ledesma brindó detalles de la reunión ampliada del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos que se desarrolló en las últimas horas y en la que se definió, entre otras cosas, la postura ante el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional.
En declaraciones periodísticas, Ledesma señaló que “fue una agenda bastante amplia, de un montón de temas que no solamente requieren una oposición férrea de nuestro espacio, sino que hace falta también empezar a poner arriba de la mesa alternativas; no solamente ser una oposición concreta a determinadas cuestiones como la reforma laboral, como la posibilidad de la reforma constitucional, la reforma previsional, sino también empezar a generar ámbitos de discusión puertas para adentro del Partido Justicialista. Una postura que tiene que ver con salir de ese lugar de oposición que es muy importante y empezar a poner arriba de la mesa, cómo nos tocaría y cómo deberíamos hacer las cosas nosotros, para plantear una alternativa a la sociedad, que está un poco cansada de escuchar oposición constante porque sí, o defensa constante de una idea porque sí, y está esperando queseamos un poco más creativos y se ponga arriba de la mesa cómo uno cree que hay que hacer las cosas”.
En ese sentido, planteó que desde el PJ “tenemos una oposición férrea a la reforma laboral que propone este gobierno por todas las razones que hemos puesto arriba de la mesa, sobre todo porque consolida algo que no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino con una política económica generalizada del gobierno, que es que la variable de ajuste son los trabajadores, es la informalidad de los laburantes, de los que todos los días se levantan para ir a laburar y no están llegando a fin de mes. Estamos en una provincia donde un docente, con suerte, está llegando a cobrar un piso de 621 mil pesos por mes, sosteniendo familias, sosteniendo hogares”.
“Obviamente me parece que también la situación de época no acompaña; se ha construido una demonización muy grande sobre la figura gremial, sobre la figura de los sindicatos, sobre la política en términos generales también, y también ha habido un peronismo donde, puertas para adentro, durante muchos años por no romper cierto equilibrio y por no dar ciertas discusiones, hemos perdido una base de representación importante en muchos trabajadores de la Argentina que también hoy sienten que no hay una representación férrea en una oposición concreta u organizada, a la reforma laboral”, analizó.
De todos modos, dijo confiar en que “en el marco del Consejo Provincial del Partido Justicialista se llame a consolidar esos ámbitos para que podamos transformar al Partido Justicialista en una expresión de representación de todos los que están preocupados, como están preocupados todos los que vamos a laburar todos los días”.
Sobre los temas de agenda tratados en el encuentro partidario, explicitó que “estaba todo enmarcado en tres ejes: uno era reforma laboral; otro era esta posibilidad de la reforma constitucional que esgrimen en los pasillos, pero sin concreciones, y que no se sabe si tiene que ver con una cuestión real o simplemente es para desviar el foco de atención del proceso de endeudamiento que está teniendo la provincia, de la falta de gestión, de la suba constante del desempleo, reforma que muchos miramos con mucha atención en una provincia que tiene una de las Constituciones más recientes de la Argentina; y lo otro que nos preocupa muchísimo porque tiene que ver con los trabajadores, es esta reforma previsional que va a estar presentando el gobierno provincial y de la cual también faltan un montón de certezas”.
Respecto de la reforma previsional, consideró que “el 82% móvil sigue siendo una cuestión real en el poder adquisitivo de los trabajadores que eligen acceder a una jubilación en cualquier tipo de base de cálculo. Después, obviamente, la discusión de la suba de la edad jubilatoria, y también una cuestión más general que muchos planteamos, porque es verdad que hay ciertas discusiones en torno a la Caja de Jubilaciones que había que darlas, o que mínimamente había que abrir la discusión en términos de financiamiento, pero también hay una realidad que es que el peronismo en la provincia de Entre Ríos siempre resolvió de alguna manera u otra, particularmente en términos políticos, la situación de la Caja de Jubilaciones, asegurando las recomposiciones del gobierno nacional en su momento, más allá de algunas tensiones durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, pero resolvía los problemas. Y hoy tenemos a un gobierno provincial con una condescendencia absoluta, y a veces hasta innecesaria, donde falta muchas veces ver una simbiosis, un ida y vuelta más claro también del gobierno nacional con la provincia, y donde no han podido resolver tampoco esta cuestión”.
Ante esto, resumió que “es uno de los temas sobre los cuales se abrió la discusión y la idea es que en las próximas semanas o meses se consoliden equipos técnicos adentro del Partido Justicialista, que puedan expresarse constantemente y con mayor firmeza sobre esta situación”.
En este contexto, no descartó hacer un mea culpa desde el peronismo por no haber dado antes estas discusiones: “Puede haber personas que lo planteen con mayor firmeza, que sean más autocríticas o menos autocríticas. Yo tengo 31 años y si no tengo la capacidad de sentarme o de mirar a los que confían en uno, o de sentarme en mi espacio político y decir ‘loco, no puede ser que no hayamos dado estas discusiones’. No podemos no haber aprovechado determinado tiempo histórico para profundizar en estos temas, para dar nuestra mirada, por incomodidades, porque muchas veces había pensamientos diferentes en las vertientes del peronismo, y la verdad que a uno le genera mucha bronca y mucho dolor, pero por suerte, logramos reorganizar todo eso en términos de lo que uno siente para que salga un lugar propositivo y plantear que tenemos que construir nuevamente esa correlación de fuerzas, que es necesaria en muchos sentidos. Pero yo también soy de otra escuela que cree que muchas veces la correlación de fuerzas no se espera, se construye, porque muchas veces la agenda de la política está marcada por el sentido común de la sociedad, y los que tenemos responsabilidad de dirigente o que hemos tenido el privilegio de tener responsabilidad institucional, dirigencial, política, también tenemos la responsabilidad de poner arriba de la mesa lo que nosotros creemos que está bien, más allá de la correlación de fuerzas y del sentido común de época”.
Como ejemplos, mencionó: “Cuando Alfonsín decidió avanzar con el divorcio en la Argentina había una resistencia muy importante en la sociedad, ni hablar de la iglesia católica, y avanzó igual y luego fue algo que se incorporó absolutamente en el sentido común de la sociedad argentina. Cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se disponen a avanzar con el matrimonio igualitario, había una porción importantísima de la sociedad argentina que le generaba dudas, que no sabía qué pensar o que no estaba de acuerdo, y seis meses después o un año después, más del 80% de la sociedad acompañaba estas decisiones. Cuando avanzamos con la asignación universal por hijo, había una sociedad que tenía una resistencia enorme, y hoy es una de las políticas públicas y de Estado que sostienen el entramado social y familiar en la Argentina. Entonces, yo entiendo esto de la correlación de fuerzas, se construye, se trabaja, pero también hay una responsabilidad política de entender que a veces hay que poner la agenda arriba de la mesa, explicarla fácil, y sobre todo ser novedoso y trabajar en una renovación en este sentido también”.
—
La Rosca |Reforma laboral|
A lo largo del texto el senador nacional argumentó por qué no está de acuerdo con el proyecto. “Voté en contra porque no estoy dispuesto a acompañar una iniciativa que, en caso de quiebra del empleador, no garantiza que los fondos sean destinados prioritariamente al pago de las deudas salariales. Cuando una empresa cae, quienes no pueden ser la variable de ajuste son quienes viven de su trabajo”, expresó.
“Pero, además, este esquema implica afectar recursos que pertenecen al sistema previsional. Es decir, recursos que son de nuestros jubilados y jubiladas. No se puede pretender resolver un problema generando otro, ni comprometer fondos previsionales que deben estar destinados a sostener haberes y garantizar derechos”, profundizó.
“Lo advertimos en el recinto. Planteamos modificaciones concretas para proteger a los trabajadores sin poner en riesgo a los jubilados. No fueron escuchadas”, lamentó el exintendente de Paraná.
Para finalizar, Bahl remarcó: “Cada vez que una norma ponga en riesgo a los trabajadores y a nuestros jubilados, voy a estar del lado de quienes producen, de quienes ya trabajaron toda su vida y de quienes sostienen nuestra economía todos los días”.
El comunicado indica:
Desde 2023 gobierna Entre Ríos un conjunto de fuerzas políticas, de las cuales la UCR ,-partido más que centenario en la Provincia- creemos , sin jactancia, es la columna vertebral , el pilar más sólido.
La bandera de esta coalición, encabezada por el aliado contingente y coyuntural Rogelio Frigerio, con la que logramos, en su momento, atraer el voto mayoritario del pueblo entrerriano, fue la política del cambio, la honestidad y transparencia en el manejo. Hacer las cosas de manera distinta y mejor de lo que habíamos conocido hasta entonces. Dichos valores no los podía exhibir el nombrado, ya que venía en nuestra patria chica de las cercanías de Jorge Pedro Busti, gobernante que no hacía de la transparencia un valor admirable precisamente.
El nuevo gobierno debía afrontar la pesada herencia que le dejaron administraciones anteriores, una tremenda deuda en millones de dólares, un Estado y empresas públicas ineficientes, plagado de nombramientos y contrataciones inútiles a través de los años, el “monumento a la corrupción” que son las rutas entrerrianas que cuestan cientos de vidas en accidentes varios de ellos evitables como el caso de su funcionario Orrico, que con un auto oficial de la provincia y en estado de ebriedad mató 4 jóvenes entrerrianos trabajadores.
Esas y otras varias anomalías sin embargo no han merecido, salvo casos excepcionales, una mínima investigación esclarecedora, e identificación y castigo de los culpables, que la gente conoce y señala. Más bien vemos fotos de Frigerio sonriendo y posando con quienes deberían estar siendo investigado por una justicia, que se hace la distraída.
Un cambio con olor a pasado peronista
No podemos dejar de advertir con preocupación ,que desde que asumió la Gobernación el equipo encabezado porel Sr. Frigerio, permanecen en altas funciones en los tres poderes del Estado notorios individuos, a quienes se menciona como responsables, directos o indirectos de muchas de tales irregularidades.
Y no sólo eso, sino que, de continuo nos anoticiamos que son nombrados en importantes cargos de la Provincia otros y otras conocidos personajes, vinculados a las anteriores gestiones peronistas, como Mouliá o Kerz, Francolini o Asueta, nombres que echan por tierra el discurso del cambio que se venía a proponer. Además su mano derecha es un ex – ultra K, como es Troncoso.
Por supuesto que no está en nuestro espíritu el cuestionar la facultad constitucional del Sr, Gobernador a la hora de elegir colaboradores.
Pero sí nos permitimos señalar que el Radicalismo entrerriano, como lo demuestran los cerca de veinte municipios que gobierna o co gobierna, empezando por el de Concordia puede ofrecer una pléyade de hombres y mujeres, con capacidad conocimiento y experiencia suficiente para las diferentes funciones del Estado y la administración: no es necesario importar talentos de Buenos Aires (011).
Frigerio con Azcue como guía
Es por ello que el Sr. Gobernador Frigerio debería tomar de ejemplo el gabinete conformado por “Gringo” Azcue, mayoritariamente radical, para afrontar una gestión de honestidad y austeridad luego de 40 años de ostracismo. Con funcionarios de primera a los que escucha, como es el caso, por solo nombrar a uno, de los que juegan en primera A Luciano Del Olio y mantiene aceitadas las vinculaciones con otros baluartes de las tradicionales banderas radicales , como es el caso del diputado Marcelo López, con quien a diario trabaja fecundamente, en plena comunidad y armonía. Jamás los nombrados saltaron de un partido al otro, como Frigerio, que fue desde el peronismo al pro, como es de público y notorio.
Le decimos a Frigerio que es difícil que pueda aportar soluciones, precisamente siendo acompañado por quienes son parte mayúscula del problema.
La Rosca |Informe sobre OSER|
“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.
“La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual”, indicó.
“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, dijo luego.
El legislador subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.
“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, mencionó.
En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”
Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.
“No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”, finalizó.
La Rosca | Informe sobre OSER|
“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”. Lo afirmó el senador provincial Víctor Sanzberro al responder los cuestionamientos de las autoridades del OSER al informe del síndico fiscalizador sobre el funcionamiento de la obra social.
El legislador remarcó que los datos difundidos “son contundentes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras y demoras sistemáticas en la provisión de información”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta oficial, basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria, “no es una refutación: es una evasión”.
Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia absoluta, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico designado para ejercer control institucional que fue presentado al Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.
“No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó el legislador del PJ.
Asimismo, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, afirmó.
Finalmente, el senador victoriense advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los empleados, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos “son quienes pagan las consecuencias directas, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo que agrava aún más el impacto sobre el acceso a la salud”.
La Rosca |Incremento salarial |
En ese marco, fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial.
Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.
La Rosca |Incremento salarial a policías |
El Gobierno de Entre Ríos anunció una mejora salarial para la Policía provincial y el Servicio Penitenciario a partir de febrero de 2026, con foco en dos adicionales específicos: el código 286, correspondiente a riesgo y peligrosidad, y el código 244, vinculado a funciones jerárquicas o de conducción.
Según lo informado oficialmente, el incremento se instrumenta como una suma no remunerativa y no bonificable. En el caso del adicional por riesgo (código 286), el monto se establece en una escala según antigüedad que parte de $200.000 y alcanza un tope de $350.000.
Como referencia de impacto, desde el Ejecutivo indicaron que un agente con un año de antigüedad pasará a percibir $1.302.000 de ingreso mensual total.
En paralelo, se dispuso una actualización para el sector pasivo de ambas fuerzas: desde febrero se fijará un monto mensual de $100.000 para retirados, jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.
El anuncio se da en un contexto sensible. En Entre Ríos comenzó a circular en redes y grupos vinculados a la fuerza una convocatoria a una manifestación pacífica prevista para el sábado 14 de marzo a las 17, frente a Casa de Gobierno en Paraná. Si bien no hubo confirmación oficial de autoridades policiales, la convocatoria expone un clima de inquietud dentro del sector.
Además, el escenario regional agrega presión. En Santa Fe, en las últimas horas, el conflicto policial escaló con concentraciones, sirenazos y episodios de alta tensión institucional, en un marco donde la fuerza no tiene derecho formal a huelga. Allí, el reclamo incluyó la discusión sobre el impacto de las recomposiciones salariales en el básico y en los haberes jubilatorios, lo que derivó en negociaciones directas con el Ejecutivo provincial.
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.
En ese marco, la actualización de adicionales en Entre Ríos aparece como una señal política para atender la situación antes de que el malestar derive en una escalada mayor. La clave estará en determinar si la mejora alcanza para descomprimir el reclamo o si el debate se trasladará hacia una discusión más estructural sobre salario básico y condiciones laborales, como ocurrió en la provincia vecina.
La Rosca |Pedido de paritaria de los gremios|
“Seguimos con la clara acción del Gobernador de ejecución de obra pública, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la red vial, los establecimientos educativos y salud. Otra línea de acción que afecta a las cuentas públicas es el tema de la política energética y la tarifa: se eliminaron los impuestos y tasas municipales”, aseguró Boleas.
En materia salarial, Boleas indicó: “Venimos trabajando en la propuesta que podemos hacer, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora. Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla. Va a ser algo que podamos cumplir, no vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”.
En esa línea, indicó que “estábamos cerrando los últimos números de enero. Los ingresos tributarios de la Provincia cayeron en términos reales un 7% enero contra enero. Son números que nos delimitan un marco de acción”.
Para mejorar los ingresos de la Provincia, dijo Boleas a Radio La Voz, “hay acciones que son propias, que las venimos trabajando y que tendremos que profundizarlas si es necesario, tiene que ver con la administración tributaria provincial y ahí hay que accionar para levantar lo más posible los índices de cobrabilidad y demás. En materia de política tributaria provincial hay que lograr la mayor eficiencia para bajar la presión tributaria y aliviar a los buenos contribuyentes”.
“Hemos venimos en una franca disminución de la política tributaria a través de la eliminación de más de 100 tasas, impuestos”, agregó.
En cuanto al estado de la deuda, el Ministro indicó: “Si comparamos a los últimos números cerrados venimos no solo cumpliendo con cada uno de los vencimientos sino que también en cuanto a stock medido en moneda dura venimos reduciendo”.
Con respecto al sistema previsional entrerriano, señaló: “Se han tomado muchas medidas y es necesario tomar otras. El Gobernador ha enumerado los lineamientos de las medidas que se están trabajando desde la Caja de Jubilaciones, tiene que ver un poco con la edad. No son medidas que se toman de un día para el otro, que en la inmediatez le está cambiando uno las condiciones a alguien que ya venía trabajando y tenía la expectativa de jubilarse el año que viene; se trabaja sobre una ventana de tiempo. Se están delineando los puntos principales de algunas medidas que consideramos que hay que tomar”.
Cerrada la auditoría de la Caja, “tiene que surgir un número de qué porción del déficit que tiene la Caja de Jubilaciones se tiene que hacer cargo Anses, también va a surgir un número que refleje el stock de deuda. Nos interesa porque nos daría orden, previsibilidad en fijar cuál es la parte del déficit que tiene la Caja que tendría que asumir ANSES y eso sea operativo mínimamente”.
“Lo que intentamos es ir tomando medidas sensatas que vayas en línea de reducir el déficit de la Caja y darle racionalidad y previsibilidad a todo el sistema previsional”, dijo.
En materia de obras públicas, señaló Boleas: “En el presupuesto 2026 están contempladas obras que ya se vienen realizando con financiamiento propio, pero además también hay un artículo de autorización para endeudamiento para un paquete de obras que el Gobernador ha conseguido que los organismos internacionales nos miren y digan Entre Ríos es elegible. A medida que se vaya consiguiendo cupo para eso se irán firmando los convenios correspondientes”.
“Las condiciones de mercado son las que uno tiene que ir evaluando para ver si salir o no salir, son esas las cosas que estamos evaluando, si se da la posibilidad y cuándo”, dijo luego.
Por último, Boleas enfatizó, “mi objetivo es consolidar este proceso político que conduce Rogelio Frigerio. Estoy contento de la decisión tomada. Encarna un proyecto que nos va a permitir dar el salto cualitativo como entrerrianos y siento que trabajo para eso”.
La Rosca |Acuerdo con la UE|
“El acuerdo con la UE representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur. La UE sigue siendo la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de USD 43.000. Además, es el segundo importador mundial de bienes, el primer importador mundial de servicios, el principal socio comercial del Mercosur y la principal fuente de IED (inversión directa) recibida”, sostuvo Michel.
Señaló, en ese sentido, que “la gran mayoría de las exportaciones del Mercosur se verán beneficiadas arancelariamente en el ingreso al mercado europeo, ya sea a través de la eliminación de aranceles o por la suba de cuotas, generando oportunidades de nuevos negocios, sobre todo para las PyMES, economías regionales y alimentos con alto valor agregado, que de otra manera tendrían dificultades para competir en el acceso a dicho mercado”.
Agrandar imagenAsimismo, en el comunicado remitido a El Entre Ríos, remarcó que la iniciativa “fortalecerá al Mercosur, mejorando su inserción internacional y modernizando su marco regulatorio a través de la adopción de normas de avanzada que garantizan un comercio seguro y previsible”.
“Debe leerse como una base”
“El Acuerdo es una verdadera expresión de políticas públicas. Ha sido negociado durante 25 años, atravesando gobiernos de diferente signo político. Todos han aportado a esta construcción colectiva; es un acuerdo de la Argentina, no de un gobierno en particular, mucho menos de este que tardó casi dos años en designar un embajador ante la UE”, manifestó.
Para el de Gualeguaychú, “el Acuerdo debe leerse como una base, no como un punto de llegada; su verdadero impacto dependerá de las políticas que se desplieguen puertas adentro: inversión en infraestructura logística, crédito productivo, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y fortalecimiento de cadenas de valor”.
Fuente: El Entre Ríos.
La Rosca |Baja en la edad de imputabilidad |
Este jueves la Cámara de Diputados logró la media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, propuesto por el Gobierno nacional, con 149 votos a favor contra 100 legisladores que votaron en contra. No hubo abstenciones.
Con esta iniciativa el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.
El voto de los entrerrianos, en su mayoría no fue sorpresivo, hasta el caso de Michel no generó extrañeza. El oriundo de Gualeguaychú ya había anticipado su postura la semana pasada al compartir declaraciones en las que afirmaba que “para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo”, sostuvo. Además, el legislador subrayó que “si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas”.
Aunque Michel votó en contra del proyecto en su totalidad, apoyó la idea de bajar la edad de imputabilidad, una postura también adoptada por otros legisladores cercanos a Sergio Massa.
La Rosca |Reducción de la edad de imputabilidad|
El exgobernador Gustavo Bordet sostuvo que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad.
El diputado nacional también advirtió que la participación de adolescentes en el delito suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, lo que genera percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas. “El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, subrayó, retomando planteos de organismos especializados.
En relación con la situación local, Bordet mencionó datos de Entre Ríos que reflejan la baja incidencia del fenómeno: durante 2024, solo el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad. Para el exmandatario, estas cifras evidencian que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.
Asimismo, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características. Recordó que existe una emergencia carcelaria a nivel nacional y que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso y regresivo en términos de derechos.
Finalmente, Bordet afirmó que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.
A continuación, algunos de los dirigentes que manifestaron su rechazo:
Adán Bahl (senador nacional PJ): “No estamos discutiendo una ley de modernización laboral, estamos discutiendo cómo abaratar despidos. Esta ley se pudo haber hecho mejor, estamos perdiendo una oportunidad histórica para acompañar a quien invierte y produce”.
Laura Stratta (diputada provincial PJ): “Argentina tiene más del 40% de informalidad laboral. El problema es grave y exige una reforma seria. Pero no alcanza con llamarla ‘modernización’ si en los hechos implica un retroceso en derechos.
La ley que aprobó el Senado debilita conquistas históricas y envía un mensaje preocupante a quienes hoy están en la informalidad: aun ingresando al sistema, las garantías serán menores que las actuales.
Además, crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes que hoy integran la masa destinada al sistema previsional. No es un impuesto a los jubilados, pero sí redirecciona recursos que sostienen jubilaciones y la seguridad social.
En un mercado laboral frágil, cualquier flexibilización sin contrapesos claros termina aplicándose de un solo lado: el del trabajador, que ya tiene menor poder de negociación.
Quienes apoyan estos cambios deberán hacerse cargo. Más temprano que tarde quedará en evidencia si esta norma generó empleo genuino o si terminó precarizando aún más a millones de argentinos”.
Tomás Ledesma (ex diputado nacional PJ): “Te quieren hacer laburar el triple por la misma plata”.
Stefanía Cora (ex senadora nacional PJ): “En los últimos años la economía no registrada avanzó a pasos agigantados y quienes todavía tienen trabajo viven cada día peor. Esto no es oponerse por oponerse.
Es la responsabilidad de advertir que no vamos a salir adelante como país ni como provincia si legislamos precarizando la vida de los argentinos.
Hace años que muchos derechos constitucionales no se cumplen. Pero la respuesta nunca puede ser bajar la vara. Nos merecemos vivir en una Argentina mejor”. (APF)
La Rosca |Reforma laboral|
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos en la votación en general, sin abstenciones, y quedó así con media sanción.
De esta manera, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará avanzar con su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de que el Presidente pueda incorporarla en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, el próximo 1° de marzo.
En la votación participaron los tres senadores entrerrianos: dos acompañaron la propuesta y uno se manifestó en contra. Los legisladores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida —quienes asumieron en diciembre pasado— votaron a favor y defendieron el proyecto en el recinto, mientras que el tercer representante de Entre Ríos se pronunció en contra de la reforma.
La palabra de dos senadores
El senador peronista y exintendente de Paraná, Adán Bahl, dio las razones para su voto en contra. “La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos”, afirmó.
Del otro lado, en el oficialismo, Benegas Lynch se manifestó a favor de la iniciativa: “Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino que como socios naturales”.
La Rosca |Marchas contra la reforma laboral|
Mientras los senadores nacionales debatían el proyecto de la modernización laboral, los sindicatos y agrupaciones entrerrianos se unieron en Paraná para movilizarse en la tarde de este miércoles desde la Plaza 1 de Mayo hacia Casa de Gobierno con el fin de oponerse a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional.
Con cánticos contra el gobierno de Milei y el de Rogelio Frigerio, referentes gremiales leyeron un comunicado de espalda a la entrada de la Casa Gris en el que sostuvieron que la Reforma Laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”.
Además el escrito remarca que el proyecto “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores” y que solo “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos principalmente extranjeros”.
El texto hace hincapié en que la propuesta de Milei “sueña con un país sin sindicatos, los cuales permitieron que las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a derechos, a salarios dignos, a estabilidad laboral y a una vida con futuro”.
Por otra parte, el comunicado señala que “sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante” como modo de crítica al gobernador Frigerio, a quién los gremios sostienen que “sigue el mismo camino que Milei”.
En ese sentido, hubo párrafos que hicieron referencia a conflictos con la Provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”.
Asimismo, hubo críticas a la reforma previsional. “Manifestamos nuestro rechazo a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados. De intentarlo, nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.
“Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”, culminaron.
La Rosca |Media sanción para la Reforma Laboral|
El texto final recién se conoció a las 0.36 AM, cuando Patricia Bullrich daba el discurso de cierre. Minutos antes, el bloque libertario seguía con las negociaciones para asegurarse los votos en particular de los artículos más polémicos. Es que, pese a las más de 28 modificaciones incluidas, y diálogo permanente con sus aliados, todavía se esperaban más cambios.
De esta forma, el oficialismo se aseguró el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico de Córdoba (Luis Juez); Provincias Unidas (Carlos Espinola y Alejandra Vigo), Independencia (Beatriz Avila); La Neuquinidad (Julieta Corroza); Primero los Salteños (Flavia Royón); Despierta Chubut (Edith Terenzi); y el Frente Renovador de la Concordia (Carlos Arce), además de los tres senadores del bloque PRO. Así, consiguió los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto.
La eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores, terminó por darle a la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, el apoyo necesario para avanzar con la reforma.
El bloque de los santacruceños, conformado por los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, sobre los que había expectativa, no se sentó en sus bancas al momento de dar quorum y no acompañó la votación en general. Tampoco lo hicieron los cinco legisladores de Convicción Federal, que responden a sus gobernadores, ni los senadores del Frente Cívico por Santiago, y menos aún los 20 del bloque Justicialista, que preside José Mayans. Es así, que el peronismo en el Senado rechazó como interbloque, sin fisuras, el proyecto.
El debate
Al comienzo de la sesión, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, marcó unas pocas generalidades respecto al texto, donde solo subrayó que se estaba discutiendo una ley que desde principios de la democracia se está “intentando tratar”, cosa que rápidamente el senador Recalde se encargó de desmentir al enumerar las varias reformas que se hicieron e intentaron.
Luego, la ex ministra de Seguridad le cedió la palabra a dos jóvenes senadores de la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero, para que sintetizaran las modificaciones que se iban a incorporar. Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Olivera Lucero explicó que cada empleador deberá crear una cuenta donde aportará regularmente para nutrir el fondo. En ese sentido, el senador Mariano Recalde, preguntó si “en caso de quiebra el trabajador podrá cobrar del FAL, ya que no se especificaba. Ante la consulta, Olivera sostuvo dubitativo que “el juez será quien defina si el trabajador puede ir por el FAL”, mientras Bullrich susurró en el recinto que el detalle de este punto se discutiría en la redacción en particular.
Recalde, fue el primer orador del bloque Justicialista en tomar la palabra e hizo un primer pantallazo sobre los puntos más perjudiciales para los trabajadores. El senador caracterizó al FAL como un “canal de despidos” y subrayó que será una herramienta “de los amigos de Caputo para hacer negociados”. Además, informó que este fondo estará a cargo de administradoras privadas “que van a timbear”, y las comparó con las AFJP.
Para Recalde, la reforma “es producto de un revanchismo” y “no está pensada para crear empleo”, sino para “terminar con los derechos laborales y que no haya juicios”. Al finalizar, le pidió a los senadores que no sean “cómplices” de habilitar el “despido gratuito”.
A su turno, la senadora por Catamarca, Lucia Corpacci se quejó de que no se le permitió a la oposición ningún tipo de aporte, y se enteraron de las últimas modificaciones horas antes de la sesión. La senadora Anabel Fernández Sagasti, por su parte, chicaneó al oficialismo por arrodillarse frente “a la casta”. “Se han arrodillado ante los gobernadores, la CGT y los bancos. Se arrodillaron ante todos los que decían querer combatir”, dijo la mendocina.
Uno de los cruces más picantes fue el que se dio entre Alberto Benegas Lynch y Juliana Di Tulio, cuando el libertario lanzó la frase: “la decadencia de los últimos años tiene que ver con el fascismo peronista”. Tras el agravio, la senadora justicialista le pidió que se ubique, que “está en la casa de la democracia”.
Carolina Moises, senadora del bloque Convicción Federal, que estaba en la mira de los diferentes bloques, subrayó que el proyecto del oficialismo solo “busca legislar para los trabajadores en blanco”, pero no pone el acento en resolver algo para quienes están en la informalidad. También aprovechó para criticar a un sector del peronismo al denunciar que en las últimas semanas fue víctima de una “campaña espantosa” que intentó presionarla y sentenció: “Yo en esta banca voy a votar lo mejor para los jujeños”. Luego, adelantó su rechazo al proyecto.
El debate en el recinto solo se vio interrumpido por el minuto de silencio que los senadores hicieron para recordar a la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza, por su fallecimiento.
Minutos antes de la 1 de la mañana, Patricia Bullrich, comenzó su discurso de cierre. La presidenta de bloque oficialista justificó la quita de derechos laborales, bajo el argumento de que “contratar hoy es un acto de riesgo”. “Nadie contrata porque tiene miedo”, aseguró y dijo que el Gobierno quiere que “el trabajo sea la libre elección de los argentinos”. Bajo esos argumento defendió el ajuste a los trabajadores y dio paso a la votación en general y luego en particular.
Modificaciones de última hora
Uno de los logros que obtuvieron los gremios fue mantener la facultad de cobrar compulsivamente los “aportes solidarios” a los trabajadores, aunque se les impuso un tope del 2%. Como contrapartida, se tomó la misma decisión para los aportes que cobran las cámaras empresarias. Seguirán siendo obligatorios, pero limitados -como hasta ahora- al 0,5% mensual.
Otro cambio que se conoció es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinieron los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación.
Asimismo, un aspecto clave de negociación fue el artículo 91, en el que el oficialismo decidió agregar el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”. Se trata de un entendimiento celebrado entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, que establece un régimen para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad asuman competencias en materia laboral que hoy tiene la Justicia Federal.
Respecto a las sentencias judiciales, se abrió la posibilidad para que los empleadores las paguen en cuotas. Las empresas grandes podrán hacerlo en seis cuotas, y las pequeñas en 12.
También, se planteó una reducción de las contribuciones patronales. En este punto se especificó que “los empleadores, por las relaciones laborales incluidas en el presente Régimen, excepto que se trate de aquellas previstas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y mientras persistan sus efectos, tendrán una reducción de UN (1) punto porcentual para las grandes empresas y DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para las micro, pequeñas y medianas empresas en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social”.
Uno de los cambios que impulsaba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, era el que refería a que el salario de un trabajador iba a poder cobrarse a través de billeteras virtuales. Este artículo fue modificado y las remuneraciones solo podrían pagarse en entidades bancarias. Sin embargo, a la medianoche todavía había versiones de que se podría volver a la versión original.
Otra de las claves del proyecto es la ultraactividad, que es el principio que sostiene la vigencia de un convenio colectivo después de haber vencido hasta ser reemplazado por uno nuevo. En caso de que se sancione la ley, se podrán derogar los estatutos profesionales y se abrirá un periodo de 180 días para labrar nuevos.
En relación al INCAA, la modificación que se agregó extiende la fecha en la que se derogan incisos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esto significa que recién a partir del 1 de enero de 2028 se avanzará con los cambios que ponen en peligro el financiamiento del organismo.
Por último, otro de los aspectos más polémicos es el que refiere a los certificados médicos. Aquí se especifica que “en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador”.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
“Es un hecho verificable que existen abogados que reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, muchas veces interviniendo de manera impune en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la obra social, ofreciendo de forma directa la vía judicial como primera y única respuesta”, sostuvo.
“Del mismo modo, numerosos profesionales hacen ostentación pública de la cantidad de amparos que promueven, exhibiéndolos como credenciales profesionales en sus propias redes sociales, lo que da cuenta de una práctica sistemática y no de situaciones excepcionales de vulneración de derechos”, dijo.
“Los registros administrativos y judiciales de la Obra Social permiten identificar patrones reiterados de actuación por parte de determinados abogados de la matrícula, que presentan acciones de amparo por prestaciones que no revisten carácter urgente, por prestaciones que ya fueron otorgadas, o incluso sin haber agotado mínimamente las vías administrativas disponibles. Esta conducta desnaturaliza la figura del amparo, deformando su sentido jurídico y constitucional, previsto como remedio excepcional y urgente, no como atajo sistemático”, expresó el legislador.
“En este marco, resulta necesario aclarar que no he generalizado ni descalificado al conjunto de la abogacía entrerriana. Por el contrario, he señalado una práctica concreta, verificable y reiterada. No se han buscado chivos expiatorios ni responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los letrados, en el cuidado de la mayor obra social de la provincia, cuyo sostenimiento depende del uso racional, solidario y responsable de sus recursos”, declaró.
“Se comprende la defensa que el Colegio realiza de sus matriculados, pero esa defensa no puede implicar la negación de una realidad que es grave, abusiva y sistemática. Por ello, el Colegio, antes de sacar un comunicado en tiempo récord, quizás debería hacer una revisión y reflexión sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional”.
“Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”, finalizó. (APF)
La Rosca |Autopostulación|
Desde que concluyó su periodo legislativo en 2023, Casaretto ha tenido un rol secundario dentro del PJ provincial: su nombre no estuvo presente en las listas que llevó el partido a las elecciones de medio término, pero desde las redes sociales aporta críticas al gobierno de Frigerio y de Javier Milei.
Aunque es “temprano” para hablar del mapa electoral en cuanto a candidatos, quien fuese Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Jorge Busti en 1997, lanzó una frase que sorprendió: “Estoy dispuesto a ser candidato a gobernador”, reveló Letra P.
Mientras sostiene que el peronismo “necesita una representación política que hoy no tiene”, uno de los motivos por los cuales se postularía a gobernador es que a él no lo pueden “comprar ni condicionar”, avisa.
Actualmente Casaretto se ha convertido en un crítico desde la comodidad de sus redes sociales. “Me mantengo arriba en la opinión pública”, resalta. Y agregó: “Tuve tres millones de vistas”, cuenta orgulloso sobre sus siempre muy activos en su perfiles en X, de Instagram y Facebook.
La Rosca |Sesiones ordinarias de la Legislatura provincial|
La Constitución Provincial reformada en 2008 fija como fecha de inicio del período de sesiones ordinarias al 15 de febrero. Como este año cae domingo, en medio del feriado largo de Carnaval, desde finales de enero se viene especulando con la posibilidad de un corrimiento de la fecha para el miércoles 18, a fin de que el acto institucional y, en particular, el mensaje de apertura del gobernador Rogelio Frigerio no se termine diluyendo en la apatía del feriado.
El aplazamiento quedó ratificado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
El corrimiento de la fecha no altera las sesiones preparatorias que en ambas cámaras tendrán lugar el miércoles 11. Al mediodía en Diputados y a las 17 en el Senado.
En la Cámara de Diputados no se aguardan -en principio- mayores cambios. Nadie está hablando abiertamente de que Hein deje la presidencia y, por lo pronto, la conducción de los bloques políticos seguiría igual: el diputado radical de Concordia, Marcelo López seguiría al frente del bloque de Juntos por Entre Ríos y Laura Stratta de la bancada peronista.
De cualquier manera, las definiciones se alcanzarán en las conversaciones que se darán hacia el interior de cada bancada entre martes y miércoles. Parecería que la continuidad está más garantizada en el bloque peronista, ya que algunas voces dentro del oficialismo hablan de un «final abierto» para la resolución de los nombres y no quieren dar nada por cerrado.
Se espera también que Roque Fleitas continúe liderando la bancada de La Libertad Avanza. Lo demás son bloques unipersonales: Gladys Liliana Salinas en la bancada del Partido Conservador Popular; Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.
En el Senado se aguardan más novedades. En particular dentro de la bancada peronista, que por su división perdió el año pasado el control de la Cámara.
La novedad pasará por quién reemplazará a Martín Oliva en la jefatura de bloque. Se mencionan tres nombres: el senador de San Salvador, Marcelo Berthet; el de Victoria, Victor Sanzberro; y la senadora de Federal Nancy Miranda.
Por el lado del oficialismo también deberían producirse novedades si se cumple con el propósito de continuar la rotación de la presidencia de la bancada, que en 2024 estuvo a cargo de Gustavo Vergara y en 2025 de Rubén Dal Molín.
Habrá que ver si hay senadores dispuestos a ocupar el rol que viene desempeñando Dal Molín en la defensa de las políticas del Poder Ejecutivo. Puede que haya legisladores más interesados en presidir algunas comisiones.
El intercambio de posiciones para acordar jefatura de bloque, presidencias de comisiones y también vicepresidencia de Cámara se producirá en una reunión de la bancada oficialista que tendrá lugar este martes. En el oficialismo se asegura que todo se va a resolver “sin traumas”.
Fuente: APF Digital
La Rosca |Sector citrícola entrerriano|
La iniciativa se fundamenta en que el sector citrícola argentino ya cumplió con todas las exigencias técnicas y sanitarias requeridas. En 2019, el USDA-APHIS evaluó y aprobó favorablemente el estatus sanitario y los procesos productivos, restando únicamente instancias administrativas para completar el procedimiento de consulta pública y la publicación de la norma reglamentaria correspondiente.
Al respecto, Bahillo afirmó que “estamos frente a una oportunidad histórica para la citricultura entrerriana, que no se debe dejar pasar. El sector productivo hizo su parte hace años, cumplió cada requisito y hoy lo que se necesita es decisión política para destrabar una demora injustificada”.
“El acceso al mercado estadounidense no implica costos fiscales ni subsidios, pero sí puede generar un impacto muy significativo en términos de empleo, inversión, generación de divisas y mejora de precios para nuestros productores”, agregó.
Por su parte, Cresto remarcó la importancia estratégica de la citricultura para el noreste entrerriano. “En departamentos como Concordia y Federación, esta actividad es un pilar económico y social. Avanzar en la apertura de este mercado es defender el trabajo, la producción y el desarrollo regional”, sostuvo.
Ambos legisladores coincidieron en que el Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos brinda las herramientas institucionales necesarias para resolver esta situación y evitar que continúe una asimetría que perjudica a la producción entrerriana.
“No es un pedido nuevo ni improvisado: es un proceso que está maduro, técnicamente aprobado y listo para concretarse. Por eso insistimos en avanzar sin más demoras”, concluyó Bahillo.
La Rosca |Reformas, impuestos y acuerdo Nación – Provincias|
En declaraciones periodísticas, el mandatario entrerriano pidió avanzar en la eliminación de tributos “distorsivos” y consideró que el debate fiscal no puede quedar reducido a un capítulo accesorio dentro del proyecto laboral. “La reforma tributaria es igual de importante que la reforma laboral”, remarcó.
Frigerio apuntó contra la estructura impositiva vigente en los tres niveles del Estado. “Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”, expresó. En ese sentido, mencionó Ingresos Brutos y Sellos en las provincias, tasas municipales que —según indicó— funcionan como verdaderos impuestos, y dos tributos nacionales que calificó como “tremendamente distorsivos”: las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.
Para el gobernador, el núcleo del problema argentino radica en la presión fiscal que enfrentan quienes cumplen con sus obligaciones. “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”, sostuvo.
No obstante, diferenció el impuesto a las Ganancias de otros gravámenes. “No es el peor impuesto que tenemos en la Argentina”, señaló, aunque aclaró que cualquier modificación en ese tributo impacta en los recursos de Nación, provincias y municipios.
Frigerio reivindicó la política fiscal de su gestión en Entre Ríos, donde —según afirmó— redujo la carga tributaria en términos reales y alcanzó el equilibrio fiscal tras recibir una provincia con déficit. También destacó la reducción de la deuda en relación con los ingresos y la implementación de un Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), una versión provincial del esquema nacional, que exime del pago de impuestos provinciales y municipales durante quince años a nuevas inversiones.
De acuerdo con sus datos, el régimen ya permitió comprometer inversiones por 200 millones de dólares y la creación de casi 2.000 puestos de trabajo.
“El déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca más en duda eso y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”, enfatizó.
Si bien calificó la reforma laboral como “un antes y un después para la Argentina”, Frigerio relativizó el peso del capítulo fiscal incluido en el proyecto. “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Es un apéndice que suma y que podría discutirse perfectamente en una reforma impositiva integral”, explicó.
En esa línea, propuso que la reducción de impuestos se aborde mediante un acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios, en línea con el espíritu del último pacto fiscal que lideró cuando fue funcionario nacional.
Apoyo a Milei
Consultado sobre la gestión de Javier Milei, el gobernador evitó confrontaciones y expresó su deseo de que la administración nacional tenga éxito. “Tengo muchas ganas de que a este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos y a los entrerrianos”, afirmó.
A lo largo de su exposición, Frigerio insistió en que la Argentina necesita debatir en el Congreso reformas estructurales profundas, tanto en materia laboral como tributaria. A su entender, modernizar normas que llevan décadas sin cambios y reducir la presión impositiva son condiciones indispensables para recuperar el crédito, salir del populismo y encarar una etapa de crecimiento sostenido.
La Rosca |Posibles irregularidades administrativas en Deportes|
Buscan “determinar posibles irregularidades administrativas y responsabilidades en el personal que presta servicio en el área respectiva, consistentes en la falsificación de firmas atribuidas a los Sres. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y Ricardo Aníbal Lupi en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, en el marco de los expedientes administrativos N° 3103539, N° 3105946, N° 3112785, N° 3113188, N° 3122518, N° 3126292, N° 3141140, N° 3143652 y N° 3179203, atento los antecedentes y fundamentos expuestos en el presente acto”.
La medida está contenida en el decreto N° 14, del 4 de enero último, que ordena que la información sumaria “deberá realizarse a través de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, la que estará facultada para solicitar la colaboración adicional de la Contaduría General de la Provincia, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de toda repartición o ente que considere necesario para el cumplimiento de lo aquí dispuesto”.
La investigación interna surgió de la propia Secretaría de Deportes, que puso en conocimiento de “una serie de irregularidades que fueran advertidas y detectadas en la tramitación de los expedientes identificados bajo carátula N° 3103539 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el entrenador de la Escuelita de Fútbol del Barrio San Martín en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3105946 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para deportista de la disciplina fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3112785 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para los entrenadores de fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3113188 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la entrenadora en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3122518 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina patín artístico en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3126292 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3141140 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina Hockey el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3143652 ´ Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el deportista Alejandro Clemente en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´ y N° 3179203 ´Compras y contrataciones – Compra/contratación directa sol/Autorización P/la modificación de elementos de comunicación visual´”.
El decreto menciona que “sin perjuicio que los procedimientos sustanciados en los referidos expedientes se han efectuado en conformidad a las previsiones normativas que reglamentan cada uno de los trámites allí instados, se advirtió -una vez concluidas las actuaciones- que obran intervenciones atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y/o al Sr. Ricardo Aníbal Lupi, en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, cuyas autorías y firmas no les pertenecen”.
Además, en los expedientes N° 3103539, 3105946, 3113188, lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para el entrenador Cipriani, Cristian Exequiel, para el deportista Deniz Thiago Mateo y para la entrenadora Cappellacci Rita Antonella respectivamente, “atribuidas al Sr. Ricardo Aníbal Lupi Director de Deporte Social y Educativo, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”. Y que “en los expedientes 3112785, 3122518, 3126292, 3141140, 3143652 lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para los entrenadores Rodríguez Alexander Nicolás y Darchez Carlos Fernando Facundo, para la deportista Sosa Arrazate Aurora, para la deportista Busatto Sofía Antonella, para la deportista Rodríguez Sol y para el deportista Clemente Alejandro José María respectivamente, atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”.
Finalmente, “en el expediente 3179203, se solicita autorización para modificación de lonas en estructuras de prensa, nota que también es atribuida al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no habiéndose suscripto por dicho Secretario Ministerial” detalla Entre Ríos Ahora.
Así, “dada la gravedad que reviste el asunto, resulta indispensable instruir la sustanciación de las medidas pertinentes en procura de esclarecer los hechos suscitados y eventualmente discernir las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder en caso de identificarse al o los autores materiales de las mismas”.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
El senador provincial Martín Oliva mantuvo un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.
En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.
“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.
Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.
El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.
“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.
En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.
El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que “se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces”.
Desplazamientos
Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.
Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.
En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.
La Rosca |Debate sobre la baja de edad de punibilidad|
Benítez explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes.
A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.
“La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además es inconstitucional”, enfatizó Benítez. Y recordó: “No es la primera vez que se ha querido reducir la edad de punibilidad y siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días vemos en todas las provincias argentinas”.
En ese sentido, mencionó: “Si bien el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dice que hay que modificar la Ley Penal Juvenil, con lo cual nosotros estamos de acuerdo porque la ley 22.278 viene de la época de la dictadura militar, a su vez dice que al modificarla no se debe incrementar las penas ni se debe bajar la edad de punibilidad, dos cuestiones que se pretende hacer con este proyecto de ley”.
En cuanto a las razones fácticas por las cuales sostiene esta posición, explicó: “Estamos en un momento muy especial en Argentina, donde los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes viene disminuyendo desde hace muchísimos años. En general, ha disminuido el delito en Argentina: en 2001-2002 estábamos con una tasa de homicidios de aproximadamente 9 o 10 cada 100.000 habitantes y ahora estamos en una tasa de 3,7. Y en Entre Ríos tenemos una tasa menor que la media nacional, de 2,33 homicidios cada 100.00 habitantes”. A eso agregó que “es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”.
“Es cierto lo que dice el gobierno, que hay países en la región que tienen una edad menor que Argentina, como Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de los niños y adolescentes. Justamente, esos son los casos que nos dan la razón de que la privación de la libertad no hace más que profundizar la violencia”, remarcó Benítez. En ese sentido, precisó que Uruguay, con una edad de punibilidad de 13 años tiene más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con una edad de 12, tienen 23 y 22 respectivamente, y Paraguay, con una edad de 14 tiene 6,2.
Respuestas alternativas
Acerca del rol que debe tener el Estado frente a la problemática de los jóvenes que cometen delitos, el Defensor General de Entre Ríos sostuvo: “El hecho de que una persona sea no punible, no quiere decir que se vaya a la casa y que no pase más nada. Tenemos que ver las razones por las cuales ese niño cometió ese hecho, tenemos que acompañar a las víctimas pero no tenemos que desproteger al autor. Por ejemplo, si el delito está relacionado con el consumo de estupefacientes, se debe tratar esa problemática, si es necesario, en un lugar de recuperación de adictos”.
“No es ninguna solución que vaya a la cárcel, sino que eso empeora las cosas. El Estado debe intervenir, lo que nosotros sostenemos es que la intervención no es desde el Derecho Penal y que el lugar de detención no es una cárcel de mayores; sino que el lugar de detención y el tratamiento deben ser otros”, añadió. A esto sumó que hay actualmente en el país “una crisis carcelaria seria”, con “el mayor índice de prisionalización desde que se toman este tipo de mediciones” y esto se agravaría mucho más con la incorporación de niños y adolescentes.
Finalmente, recordó que existen estudios científicos que, entre otras cosas, demuestran que los adolescentes no poseen un total desarrollo del lóbulo frontal hasta los 20 años, con las consecuencias que esto tiene en el autocontrol, la toma de decisiones, el desarrollo del pensamiento abstracto y la anticipación de las consecuencias, entre otras cuestiones. Esto fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la propia Corte de los Estados Unidos en los casos “Poper”, “Miller” y “Graham”.
“Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia e impedir su resocialización y desarrollo sano. Soy defensor público desde hace más de 30 años. Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria: la mayoría de los niños que estuvieron ahí privados de su libertad hoy están muertos o están presos con penas altísimas”, concluyó. (APF)
La Rosca |Movillizaciones contra la reforma laboral|
La Departamental Paraná del PJ se sumará a la movilización contra la reforma laboral que comenzará a las 18:30 hs en la Plaza 1° de Mayo junto a trabajadores, sindicatos, partidos políticos populares y paranaenses en general bajo la consigna “sin trabajo no hay patria”
Comunicado de la Departamental Paraná del PJ contra la reforma laboral
El peronismo es la fuerza política histórica que fundaron los trabajadores en Argentina bajo el liderazgo de Perón para llevar adelante un proceso de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política en una comunidad organizada en torno al trabajo, donde la igualdad sea el criterio rector y la armonía entre capital y trabajo la garantía de la justicia y la paz social.
Cada vez que bajo gobiernos liberales autoritarios o democráticos, desde 1955 a estos días, se proponen “reformas llaborales”, lo que se busca bajo ese eufemismo es avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores bajo los gobiernos peronistas y favorecer la concentración económica en manos de empresarios inescrupulosos como Rocca de Techint, Elsztain del Banco Hipotecario o Galperín de Mercado Libre, que permanentemente enajenan su capital en el exterior, fugan la ganancia obtenida y desinvierten para convertir sus activos en especulación financiera, desentendiéndose de la suerte de la economía nacional, de la producción y el trabajo de los argentinos. En ningún modo les interesa generar más trabajo sino acumular más ganancia flexibilizando las relaciones laborales, la explotación y el salario de los trabajadores formales e informales.
En nuestra provincia, la avanzada de la reforma laboral mileísta tiene el sello de Frigerio y su alianza de gobierno, que inauguró su gestión destruyendo la principal Obra Social de los entrerrianos para hacer del OSER el negocio de sus socios porteños y de legisladores que levantaron la mano para despedir y perseguir empleados que han dado sobradas muestras de compromiso y eficiencia en sus labores a lo largo de la vida del IOSPER. Lo mismo con la degradación de la administración pública con la incorporación de parásitos importados de CABA; las cesantías en el área de Derechos Humanos concretada a fines de 2025 y la amenaza sobre la Caja de Jubilaciones y otros organismos públicos de los cuales depende el bienestar del pueblo entrerriano.
De esta forma, lo que buscan como objetivo estratégico es desarticular el principal vínculo de organización social como el trabajo y en ello la desaparición del peronismo como fuerza política que expresa y defiende el interés de los trabajadores.
Por eso decimos que el rechazo de la pretendida reforma laboral de Milei y Frigerio es una obligación de todo dirigente peronista, porque conceder a ello es atentar contra la comunidad, la familia, la justicia y la paz social, y al fin y al cabo, contra el peronismo. Por lo cual sostenemos que resistir la reforma laboral nos distingue a los peronistas que sostenemos la lealtad a Perón y nuestro pueblo como bandera frente a aquellos que agachan la cabeza y no lo hacen.
A la vez, defender el trabajo es entonces una posición ética que debemos sostener todos los argentinos que aún sostenemos un vínculo patriótico con nuestra historia y vida comunitaria, los trabajadores formales e informales, los desempleados, los jubilados, los estudiantes y jóvenes en general, porque SIN TRABAJO NO HAY PATRIA PARA NADIE.
La Rosca |Movilización contra la reforma laboral|
“La importancia de la movilización en Rosario demuestra que hay fuerza social para frenar esta reforma reaccionaria, que busca legalizar la precarización y avanzar contra más de cien años de derechos laborales conquistados”, afirmó Burgos.
En ese sentido, denunció que “mañana los senadores que tratarán esta reforma deberán hacerse cargo de votar a favor de una verdadera estafa a los trabajadores, al servicio de los grandes empresarios y las corporaciones, mientras millones viven de changas, con salarios de miseria o directamente sin trabajo”.
Burgos también cuestionó a la conducción de la CGT por no convocar a un paro general: “No se puede enfrentar una ofensiva de esta magnitud con medidas tibias. Hace falta un paro general y un plan de lucha, no negociaciones a espaldas de quienes todos los días sostienen el país con su trabajo. No podemos dejar que el entreguismo de las direcciones traidoras desmovilize al conjunto de los que venimos luchando. Mañana desde la izquierda vamos a marchar también en apoyo al hospital Garrahan. El ataque a sus trabajadores con sanciones y despidos como contra nuestra compañera Norma Lezana es muestra de lo que quieren hacer con el conjunto de los trabajadores que luchan cuando tengan esta reforma que nos quiere precarizados y desorganizados.”
La dirigente entrerriana remarcó que este ataque se inscribe en un ajuste más amplio: “En Entre Ríos, Frigerio aplica el mismo ajuste, recortando en salud, educación y salarios estatales, mientras se multiplican las presiones y la falta de paritarias. Es el mismo modelo que hoy se quiere blindar con esta reforma laboral”.
Por último, Burgos convocó a movilizar en la provincia: “Este miércoles a las 18:30 en Paraná tenemos que estar en la calle en Paraná, rodear el Congreso y decir bien claro que no vamos a permitir esta reforma esclavista. La fuerza está en la movilización y en la organización independiente de los trabajadores”.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
El planteo fue realizado mediante una nota enviada al presidente de OSER, Mariano Gallegos, firmada por el titular de FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, junto al secretario, Lautaro Torriano. Allí informaron que el tema fue abordado en una reunión de mesa directiva ampliada, realizada el 4 de febrero, con la participación de los titulares de las entidades gremiales departamentales.
En el comunicado, las autoridades expresaron: “Nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento lo tratado en reunión de mesa directiva ampliada con la presencia de los presidentes de las entidades gremiales departamentales que conforman esta federación. En la misma se analizó exhaustivamente la continuidad del vínculo prestacional entre la FEMER y el OSER”.
Según detallaron, durante el encuentro “se explicitaron un sinnúmero de reclamos por los débitos aplicados a nuestra facturación, muchos de ellos resueltos unilateralmente por la obra social y otros motivados por los numerosos asuntos pendientes, que subsisten y que fueran explicitados en nuestra nota de fecha 21/1/26”. En ese marco, indicaron que “se exteriorizó el menoscabo sufrido y la creciente irritación que provoca en los profesionales que integran el gremio médico entrerriano”.
FEMER sostuvo que la asamblea consideró “imprescindible y urgente la formalización de un convenio prestacional con reglas consensuadas y claras, que eviten estas perturbaciones”, y remarcó que “transcurridos muchos meses no se ha logrado un acuerdo arancelario ni una propuesta razonable de convenio con la OSER”. En ese sentido, advirtieron: “No puede sostenerse indefinidamente esta situación inestable que mantiene a nuestros profesionales asociados en la incertidumbre respecto de los valores y plazos en que percibirá la prestación que brinda”.
Finalmente, el gremio médico requirió “suscribir un convenio prestacional que contemple un acuerdo de valores justo y serio que permita la continuidad de las prestaciones médicas a los afiliados de la OSER y que nuestros profesionales asociados puedan ejercer su actividad sin zozobras”. Además, informaron que el consejo directivo de FEMER fue convocado para el 25 de febrero, fecha en la que se evaluará refrendar un eventual convenio o, en su defecto, definir la posición y los pasos a seguir, lo que podría derivar en la interrupción de las prestaciones si no hay acuerdo.
La Rosca |Funcionamiento de OSER|
“Estas dificultades, que ya existían en el marco de Iosper, se han profundizado tras la conformación de la OSER, que-lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a afiliadas y afiliados- no ha logrado dar las respuestas que la situación requiere”, sostuvieron.
“Tal como lo señalamos oportunamente, advertimos que muchas de las decisiones adoptadas se han realizado de manera discrecional y sin la transparencia necesaria, en un contexto que genera serias dudas sobre el destino y el uso de los recursos de la obra social, hoy bajo la órbita del gobierno de la provincia de Entre Ríos”, alertaron.
“Lamentablemente, en la vida cotidiana de quienes utilizamos la obra social seguimos observando que los problemas de acceso a la salud no se resuelven, y que persisten importantes dificultades administrativas y de funcionamiento en una institución que debería estar al servicio de las y los trabajadores”, sostuvieron.
“En este marco, nos preocupa profundamente la circulación de denuncias anónimas que dan cuenta de un clima de malestar creciente entre afiliadas, afiliados y trabajadores del sistema, y que reflejan una realidad que vivimos día a día: el acceso efectivo a la salud está siendo puesto en riesgo”.
“Queremos expresar nuestra solidaridad con todas y todos los afiliados, y especialmente con las trabajadoras y los trabajadores de OSER, quienes no solo enfrentan recortes y dificultades en la prestación de servicios de salud, sino también situaciones de hostigamiento y la falta de respuestas a problemáticas estructurales como salarios y condiciones laborales”.
“Por todo esto, llamamos a mantenernos en estado de alerta y movilización para defender la obra social y para seguir impulsando un sistema de salud que conciba la salud como un derecho fundamental y no como un negocio”, señalaron. (APF)
La Rosca |Caminos rurales|
El subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, José Palacios, encabezó una reunión de trabajo con representantes de Estación Sosa, María Grande Segunda, El Palenque, Colonia Rivadavia, Antonio Tomás, Arroyo Corralito y Aldea Santa María.
Del encuentro también participaron el director de Obras por Administración, Raúl Casali, y el jefe del Departamento II Consorcios, Marcelo Solanas. Tras el encuentro, la presidenta comunal de Estación Sosa, Gloria Vittor, remarcó: “Es muy interesante esta propuesta porque nos puede brindar la posibilidad de mejorar los caminos y dar mayor transitabilidad y mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a la zona rural”.
“Hay que seguir trabajando, ver la situación de cada uno de los caminos y las posibilidades que tenemos las comunas de poder acceder con maquinarias y realizar el mantenimiento de los mismos. Continuamos trabajando con muy buenas perspectivas para darle solución a la red vial de nuestro ejido comunal”, continuó.
Por su parte, Patricia Romero, de María Grande Segunda, comentó: “Es mi primera reunión como presidente comunal y resultó muy positiva. Tenemos que analizar este convenio porque en nuestro caso aún no contamos con las herramientas para hacernos cargo de tantos kilómetros. Los primeros dos años nos dedicamos a la limpieza de banquinas y el recambio de alcantarillas que también es fundamental para la transitabilidad, pero en este caso debemos analizarlo en profundidad para tomar la mejor decisión para nuestra zona”.
La Rosca |Acompañamiento en el Consejo General de Educación |
Subrayó que su función estará centrada en el acompañamiento al Consejo General de Educación (CGE), respetando su autonomía, y en la articulación con distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la educación en la provincia, marcada por recortes presupuestarios, sobrecarga docente y la necesidad de promover procesos de innovación pedagógica en un contexto de escasez de recursos.
Kerz insistió en que su tarea en el Gobierno será “acompañar” la tarea que desarrolle el Consejo General de Educación (CGE), y que su área depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo. “Voy a trabajar articuladamente con el Consejo”, aclaró. “Se trata de respetar la autonomía del Consejo”, apuntó.
Sobre su llegada al gobierno -en una función que cumplirá Ad honorem y a tiempo parcial-, dijo que el primer llamado que recibió fue del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; luego, dialogó con el gobernador Rogelio Frigerio; y al final la convocatoria para sumarse a la Secretaría de Articulación Educativa provino del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
“Yo voy a estar a disposición de la presidencia del Consejo, trabajando muy cerca; y en la articulación con otros organismos. Además, voy a aportar desde mi experiencia académica lo que tiene que ver con las transformaciones internas, la forma de aprender en las escuelas, las transformaciones que han ocurrido en la forma de relacionarse con las escuelas de las niñeces y juventudes. No creamos que porque está la Inteligencia Artificial vamos a dejar de pensar; al revés, tenemos que pensar todavía más para poder tener después la maquinaria, la Inteligencia Artificial a nuestro favor”, comentó.
En ese marco, el funcionario describió en declaraciones periodísticas, el complejo escenario que atraviesa actualmente el sistema educativo entrerriano, condicionado por limitaciones presupuestarias, recortes a nivel nacional y una creciente carga administrativa sobre el trabajo docente. Dijo en tal sentido: “Estamos en un momento de enormes restricciones. Tenemos grandes dificultades con los recursos. Hay determinado tipo de recorte que se sienten. Por ejemplo, ahora disminuyó el presupuesto educativo nacional, y eso nos hace suponer que habrá bastantes tensiones en ese aspecto. Y uno trata de convivir con esas cuestiones y resolver como se pueda. Este es un aspecto, la restricción presupuestaria. Después, hay una sobrecarga docente, hay actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria, que uno tiene que ir pensándolas cómo las simplifica para el docente, porque tenemos herramientas a mano”.
Finalmente, Kerz puso el foco en la necesidad de revisar prácticas burocráticas y de generar condiciones que alienten la innovación en las aulas, acompañando a los docentes en los procesos de formación y experimentación pedagógica. “Esos documentos que se escriben por cada alumno, que después nadie lo lee, porque en realidad es algo rutinario que está. Hay que encontrar otra forma para aliviar también al docente de esa carga que tiene. Y después, acompañar en la formación docente, cómo uno anima a la docencia a poder explorar, a poder innovar, y no tener miedo de que seas reprendido por alguna experiencia incorrecta, porque en realidad es tan incierto el futuro que nosotros tenemos que animarnos a probar, incluso animarnos a innovar, siempre sabiendo que los recursos son escasos, y que va a ser dificultoso responder, digamos, la necesidad o las expectativas del colectivo docente. Aún así hay que animarse. Es lo mismo que me digo a mí. ¿Por qué no voy a acompañar en esto? Porque la otra era quedarme en casa protestando, o diciendo la cosa no funciona. Somos conscientes que hay enormes restricciones. Comparado con la época que a mí tocó ser presidente del Consejo, los recursos económicos eran bastante más accesibles. En esa época habíamos sido la cuarta provincia del país en inversión en educación técnica”, cerró.
La Rosca |Reclamo por servicio de colectivos |
Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas con los que se enfrentan, fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el defensor Lisandro Amavet.
Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se han registrado reclamos relacionados con recorridos, esperas por frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y de garitas. También se planteó la necesidad de que se liberen los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza el tránsito de los colectivos, y que se atiendan los inconvenientes que genera la altura de los escalones de acceso a las unidades en personas mayores o con dificultades de movilidad, entre otros temas.
Amavet dijo que, si bien la nueva concesión del servicio que se instrumentó en diciembre con los nuevos prestadores es un avance para la ciudad, “se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte”.
Seguidamente añadió: “El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una `llave´ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo”.
Participaron de la reunión un grupo numeroso de vecinos y funcionarios del área municipal.
La Rosca |INDEC e IPC|
“La reciente renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refleja la tensión del gobierno de Javier Milei sobre la implementación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, contextualizó, señalando que el IPC actual “mide una canasta de productos y servicios en base a las conductas de consumo del año 2004”.
En este contexto, el economista entrerriano aseguró que Lavagna había estado trabajando en la actualización del IPC para reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales. “Sin embargo, el gobierno de Milei está manipulando los datos para presentar una imagen más favorable de la economía”, sostuvo.
Para Gabás, el nuevo IPC, que se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, “iba a darle mayor ponderación a los servicios, como vivienda, electricidad y transporte, lo que podría mostrar una inflación más alta que la actual”.
A su vez, opinó que “la nueva canasta de consumo refleja patrones de gastos contemporáneos y acordes a la cultura de consumo, reemplazando a la vetusta canasta de 2004”. También consideró que “asimismo, se amplía la base de precios relevados de 320 mil a más de 500. Es decir que, el peso relativo de ‘Alimentos y bebidas’ bajaría del 26,9 al 22,7 por ciento, mientras que ‘Vivienda, electricidad y otros combustibles’ aumentaría de 9,4 a 14,5. El transporte ganaría relevancia, pasando del 11 al 14,3 por ciento”.
El dirigente entendió que “las consecuencias de dichas medidas ya están a la vista”. En esa línea, aseguró que “principalmente, Milei siempre se jactó de la intendencia del INDEC y su comportamiento es el reflejo de su impotencia. Lo que no gusta, se elimina. Deja de lado el respeto por las instituciones democráticas”.
Además, Gabás consideró que “la pérdida de credibilidad y la manipulación de los datos estadísticos ha generado no solo incertidumbre en los mercados (caída de bonos, acciones y aumento del riesgo país) sino que, además, es el primer error no percibido por el gobierno (que va a tallar su gobierno), en su único vector de importancia económica, que era la inflación”.
La Rosca |Agroindustria nacional |
“La ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”, sostuvo el legislador.
“La industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE —definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental— funciona como una barrera para-arancelaria: una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”, afirmó.
“Hoy la UE es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel de nuestro país, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros mercados internacionales”.
“La agroindustria argentina no puede perder ese mercado, que llevaría al cierre de plantas industriales y a la pérdida de puestos de trabajo. En Entre Ríos el golpe afectaría de manera directa a las plantas instaladas en el centro de la provincia; fundamentalmente, en Nogoyá”, publicó Michel en sus redes sociales.
En este marco, afirmó que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.
La Rosca |Jornadas sobre narcotráfico y contrabando |
Con una destacada participación de representantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, funcionarios y profesionales y estudiantes del derecho, se desarrolló este viernes 6 en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú la jornada de capacitación “Narcotráfico y Contrabando”.
La actividad fue organizada por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el Gobierno Municipal y la Sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y trabajo conjunto para abordar estos delitos complejos.
La necesidad del trabajo articulado
En el acto de apertura, el juez federal Hernán Viri destacó el nivel de los expositores y el carácter plural de la jornada, que reunió a jueces y fiscales locales y federales, miembros de las fuerzas de seguridad, abogados, estudiantes, personal de Aduana y representantes de distintos organismos.
“Este es un encuentro para pensar, reflexionar y escuchar nuevas miradas sobre dos flagelos cuyas consecuencias nos atraviesan a todos”, expresó el magistrado, quien además subrayó que el objetivo era compartir experiencias y generar un intercambio abierto, más que brindar exposiciones magistrales.
El intendente Mauricio Davico valoró la realización del encuentro y afirmó que “como sociedad y desde los tres poderes del Estado es imprescindible trabajar en conjunto para enfrentar problemáticas tan graves como el narcotráfico y el contrabando”.
El jefe comunal enfatizó que “sabemos que es una guerra permanente, pero la única manera de avanzar es hacerlo unidos”, agradeciendo la elección de Gualeguaychú como sede del evento.
Panel sobre narcotráfico: enfoque en el microtráfico
La jornada se desarrolló en dos bloques temáticos. El primero, dedicado al narcotráfico y moderado por el juez Viri, comenzó con la exposición del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien compartió su experiencia de cinco años como Jefe de Drogas de la Policía Federal.
El funcionario provincial explicó que actualmente en Entre Ríos el enfoque está puesto en el microtráfico, “cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando se transforman en dinero, ese pasamano que empieza a volver a los productores”.
Roncaglia fue contundente al señalar las múltiples dimensiones del problema: “El narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de personas, es lavado de activos y es deterioro social. Hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente drogas, y somos todos perjudicados, aunque no seamos consumidores”.
El ministro subrayó además la importancia de la presencia territorial: “No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente”.
En el mismo panel expusieron el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, investigación y tratamiento judicial de estos delitos.
Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales, afirmando que “nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena”.
Contrabando en zonas fronterizas
El segundo panel, moderado por el secretario del Juzgado Federal, Dr. Pedro Bancoff, se enfocó en el contrabando y sus particularidades en zonas fronterizas. Participaron el diputado nacional Guillermo Michel, los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo.
La Rosca | Reclamo por paritaria del gremio docente |
El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), reunido en Ibicuy, declaró el estado de alerta y demandó al Gobierno provincial una “urgente convocatoria a paritaria salarial”. El reclamo se centra en la necesidad de una propuesta que dignifique el salario docente y garantice condiciones adecuadas para el inicio de clases en 2026.
Agmer manifestó que el ingreso actual de los docentes resulta insuficiente para cubrir gastos básicos como alquiler, servicios y alimentación. “Si hay un primer punto para reconocer nuestra labor, es que el salario alcance para vivir con dignidad”, expresaron los dirigentes.
El sindicato exige estabilidad laboral y mecanismos concursales transparentes, además de rechazar cualquier intento de modificar la Ley 8732 de Jubilaciones y Pensiones. “Defenderemos nuestros derechos previsionales sin más ajustes ni despojos”, remarcaron.
El último congreso de Agmer, realizado en diciembre en San Salvador, ya había advertido sobre la falta de avances en las comisiones paritarias y reclamado un nuevo acuerdo salarial que contemple el costo de vida en aumento. En agosto y diciembre de 2025, el gremio pidió reabrir la paritaria anual, pero no obtuvo respuestas.
La negociación de 2025 fue extensa y conflictiva. Tras varias audiencias, el Gobierno ofreció incrementos atados al índice de inflación, un bono fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad y mejoras en el Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo, Agmer consideró la propuesta insuficiente y condicionó su aceptación a la actualización de la base de cálculo y la corrección de distorsiones en el escalafón.
De cara al ciclo lectivo 2026, el sindicato advierte que la responsabilidad política recae en el gobernador Rogelio Frigerio. “Si no hay respuesta que contenga nuestros planteos, alertamos sobre la responsabilidad absoluta del Ejecutivo en el inicio de clases”, señalaron los congresales.
Agmer reclama que la paritaria se convoque de inmediato, que se garantice inversión en infraestructura escolar, transporte y obra social, y que se avance en un acuerdo salarial que supere la inflación. El gremio ratificó que continuará en estado de alerta y movilización hasta obtener una propuesta que dignifique la tarea docente.
La Rosca |Administración en ATER |
Korell indicó que, si bien el caso de Concepción del Uruguay “puede ser un disparador, pero es el inicio de un proceso que ya lleva alrededor de un año y medio en el que venimos trabajando; la administradora trató en su objetivo de digitalizar y tener todos procesos digitales y la detección de mejoras también fue parte de eso”. Al respecto, puntualizó que “estuvimos trabajando en la herramienta, después en el marco normativo de cómo se podía aplicar y se fueron llevando varias tareas a cabo hasta que decidimos empezar este año con la detección de mejoras que no estaban declaradas”.
Aclaró en declaraciones periodísticas que, “a veces el contribuyente, en el afán de no entender cómo tenía que declararlo, también el sistema era complejo, y a veces el vecino pensaba que lo declaraba en el municipio y cuando le llegaba la boleta del impuesto inmobiliario que recaudamos desde ATER, no estaban declaradas esas mejoras”.
Ante ello, comentó que “en primer lugar, intentamos hacer acuerdos con los distintos municipios para que nos brinden información de sus datos. La realidad es que muchos municipios a veces no están preparados y no tienen ni la capacidad ni la tecnología que tenemos nosotros, o tienen la información en soporte papel y se hace muy difícil el tema de la carga. Entonces no teníamos ese fluido de datos que nosotros necesitamos, con lo cual tomamos la decisión de empezar a actuar a través de la administradora, y llegamos a esta conclusión que nos da, en promedio un 30 o 40% de las partidas que no tienen declaradas sus mejoras en el impuesto, aunque en algunas localidades hay porcentajes mucho mayores”.
Sobre la tecnología implementada, indicó que “se hizo trabajando con los técnicos. En la Dirección de Catastro, que está a cargo nuestro, hay unos chicos que son muy jóvenes, y en conjunto con la Dirección de Sistemas fueron desarrollando herramientas que son gratuitas. La administradora no gastó un solo peso en el trabajo de generar estas herramientas para poder detectar. Con el fin de ir tratando de optimizar los recursos, lo fuimos haciendo nosotros porque la realidad es que los recursos humanos que tiene la administradora tributaria son muy buenos, en su mayoría son profesionales, a veces hay que ordenarlos, pero siempre con un objetivo de adónde se quiere llegar y generaron esta herramienta, que en otros casos capaz que hubiera generado un costo significativo para las arcas del Estado. En este caso no gastamos un solo peso en generar estas herramientas”.
Consultado por el nivel de recaudación de impuestos durante 2025, el funcionario sostuvo que “teníamos en el presupuesto alrededor de 900.000 millones de pesos y la realidad es que recaudamos un 10% más. Obviamente que en el contexto y la situación en que se encuentra la provincia, a veces, los recursos no alcanzan, pero la realidad es que el año pasado tuvimos un plan de pago que fue bastante beneficioso para los contribuyentes que se pudieron poner al día con sus deudas, y también nos generó una compensación con la pérdida de los recursos que tiene la provincia a nivel Nación y tratamos de ir colaborando. Si bien nuestra cuota de aporte es más chica, todo hace que sume y podemos aplicar esos ingresos a políticas de Estado”.
Respecto del impuesto automotor, explicitó que “nuestro código fiscal el año pasado nos permitía incrementar en las últimas cuotas, pero la realidad es que el impuesto quedó fijo para todo el año y se dio la posibilidad al contribuyente de tener una cuota más”. Al respecto, aclaró: “La desinformación hizo que se considere que se había agregado una cuota, pero en realidad dimos la posibilidad de que el mismo impuesto se pueda pagar, en vez de cuatro cuotas, en cinco cuotas”.
“La realidad es que el año pasado los valores se incrementaron a niveles de la inflación del año 2024, que era alrededor del 115%. En este caso, el proceso de inflación va desacelerando y obviamente que los aumentos van a ser seguramente menores, pero hay que tener en cuenta que el impuesto automotor se rige por el valor de tabla que no fija la Dirección Nacional de Registro Automotor, es decir que función de eso y de acuerdo a las tablas y los coeficientes que tiene la administradora se aplica el impuesto. Pero la base del origen surge de las evaluaciones de la Dirección Nacional de Registro Automotor”, apuntó.
Como ejemplo, mencionó que “el impuesto inmobiliario rural tiene una baja morosidad, y realmente es mucho mejor cumplidor que el urbano”.
Al momento de analizar la influencia de la crisis económica general del país en la morosidad, Korell admitió que “se ha notado que, a los contribuyentes de bajos recursos obviamente le cuesta mucho más cumplir, porque tienen otras prioridades, pero a nivel general diría que ha mejorado la performance del cumplimiento de las obligaciones”.
Consideró que “también ayudó mucho el tema del plan de pago, que tenía muchos beneficios y mucha gente se pudo poner al día. Eso ayudó, porque la realidad es que tuvimos una recaudación de 35.000 millones de pesos en el régimen del plan de pago, teniendo promedios de 90.000 mensuales. La realidad es que fue un monto importante”.
En el otro extremo, sobre el sector de mayores ingresos con bienes de lujo, embarcaciones, o vehículos de alta gama, puntualizó que “en relación con embarcaciones, este año hicimos operativos en guarderías; se nos hace muy difícil porque no es como el registro automotor que podemos tener una información o una base de datos y se hace muy difícil la detección. De todos modos, estamos trabajando ahora en periodos de verano donde las dejan en guardería, y se está trabajando para que haya más equidad y que todos paguen”.
“Con respecto al tema de automotor, hemos notado que han venido vehículos de origen chino o de mecánica híbrida o eléctrico, y puede ser que podamos mirarlo un poquito con más detalle, porque los vehículos híbridos tienen beneficios que no tienen los vehículos de motorización convencional. Entonces, si bien ahora se acortó el periodo de exención, porque antes tenían 5 años de exención, ahora vamos a tener que ir mirándolo. Pero más que nada lo que se ha incrementado son vehículos de motorización híbrida, no tanto de alta gama”, explicó.
Por último, aclaró que “el kayak o piragua no pagan tributo, estamos hablando en principio de que sea con motorización, una lancha o un velero”.
La Rosca |Vínculos en la Causa Kueider |
“Al día 22 de enero de 2026, el agente Rodolfo Daniel González es empleado de esta institución y revista en la Planta Permanente en la categoría A-06 del escalafón”, ratificó la BCN como respuesta al requerimiento.
«Gonzalito» está imputado en la causa que investiga a Kueider y está en manos del Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo considera parte de la “asociación o banda” destinada a cometer ilícitos. La magistrada lo investiga por varios delitos, entre ellos, lavado de activos.
Sin sueldo
La Biblioteca del Congreso aclaró que González no percibe un salario. “El agente se encuentra, desde el día 4 de abril de 2025, suspendido, sin prestación de servicios ni percepción de haberes”, puntualizó el organismo en otro tramo de la respuesta a Infobae.
La suspensión sin sueldo se resolvió “en virtud de un sumario administrativo en curso en esta Biblioteca del Congreso, relacionado con la causa judicial”, iniciada en San Isidro.
Luego, la BCN precisó que en marzo de 2025 “cursaba una licencia por enfermedad prolongada”. Ese mes, en medio de una serie de allanamientos y procedimientos dictados por Arroyo Salgado, quedó detenido. Fue alojado en Ezeiza. En julio de ese año logró que la Cámara Federal de San Martín revocara la prisión preventiva y lo excarcelara.
La Biblioteca del Congreso de la Nación es una institución pública que depende de ambas cámaras. La administra una comisión integrada por seis diputados y otros tantos senadores. La última conformación tuvo mandato hasta diciembre de 2025. Su presidenta fue la senadora Luisa Ávila (Tucumán – Partido de la Justicia Social). Infobae intentó contactarla, pero no respondió los mensajes.
Cuál era el vínculo entre González y Kueider
«Pajarito» quedó como empleado de la biblioteca a principios de siglo. Cuando Kueider llegó al Senado en diciembre de 2019, lo llevó a trabajar con él. La relación tenía dos facetas. Una en lo público: González quedaría adscripto al despacho del entonces senador y no debía cumplir con las formalidades de horarios y demás en la BCN. La segunda, en lo privado: tenía que “poner el rostro” como presidente de Betail SA.
Kueider adquirió la empresa ese mismo mes, a días de asumir su banca. «Gonzalito» figuraba como dueño del 50% de las acciones. Y, en los papeles, era el presidente. Duró poco. En los primeros meses de 2019, el ex senador repatrió de España a su primo Javier Rubel. Este albañil de Concordia se quedó con la parte y el cargo de González en Betail.
Este movimiento debía ser definitiva, pero surgió un problema. La ex pareja de Rubel lo acusó de abuso de sus hijas menores, nacidas durante una relación anterior. El caso sacudió los Tribunales de Concordia. Y forzó a Kueider a revertir la venta de acciones. González volvió a quedarse con el 50% de la empresa y a figurar como presidente.
«Gonzalito» era, además, el dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay. Junto a él iba su ex secretaria Iara Guinsel. Trasladaban más de USD 200 mil sin declarar. Por esa maniobra, será juzgado en Asunción en el mes de abril. Lo acusan de contrabando en grado de tentativa. El Estado paraguayo incautó el dinero y el vehículo.
Cuál era la importancia de Betail SA en el esquema
Federico Domínguez es el fiscal federal en quien Arroyo Salgado delegó la instrucción de la causa. El funcionario consideró en el expediente que la empresa era, en realidad, “una fachada, una pantalla”.
En la investigación judicial figura que entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider adquirió departamentos y cocheras en un edificio de lujo de la ciudad de Paraná. Esas unidades se registraron a nombre de Betail SA. Tres testigos aportaron esos datos. Se trata de personas vinculadas a la desarrolladora inmobiliaria que construyó el complejo.
La investigación también encontró que, para disimular las maniobras, se simularon préstamos de la firma Estructuras Financieras SA. La empresa desconoció las operaciones que figuraban en el balance de Betail.
Conforme a la hipótesis fiscal, esta estrategia se habría gestado porque Edgardo Kueider “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”.
La AFIP (hoy ARCA) informó que durante 2021 el ex senador por Entre Ríos registró ingresos salariales por un total de $4.114.023,59; en 2022 por $6.704.690,99; y en 2023 por $16.757.765,47. En esos años, no emitió facturas.
La suma de todos los montos no se acerca al 50% del valor pagado por los inmuebles.
Por último, otro dato es que González y su pareja, Adriana Crucitta (también vinculada a la causa), tenían una sociedad en común. Se llama Peninsular Sudamericana SAS. A través de esta figura, se ingresaba dinero a la cuenta de Betail SA. Por su parte, Guinsel usaba esos fondos para atender gastos de los departamentos, como expensas y servicios.
El propósito, según la hipótesis fiscal, era que la pareja de Kueider apareciera ejerciendo el carácter de administradora de los inmuebles a fin de “ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes”.
La Rosca |Polémica por proyecto industrial de la empresa HIF Global |
Formalmente, exigieron “acciones inmediatas y efectivas para defender nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional (Art. 41); cumplimiento estricto del Estatuto del Río Uruguay, particularmente los artículos 7 al 13 (Consulta y aviso previo ante la CARU); protección de nuestro patrimonio, cultura, ambiente y medios de vida frente a la amenaza de la planta química de HIF Global; y representación firme de los intereses de Entre Ríos ante las autoridades nacionales y en el ámbito internacional”.
“Usted fue elegido para representar y defender los intereses de los entrerrianos, no de corporaciones extranjeras ni de gobiernos foráneos. Este es un tema de soberanía, dignidad territorial y defensa de lo nuestro”, le recuerdan a Frigerio.
“Si el Estado Provincial no actúa ahora con firmeza, estaremos renunciando a nuestros derechos y condenando a nuestras comunidades. La historia juzgará nuestra acción u omisión”.
La misiva fue recibida por la secretaria del gobernador en el acto realizado el martes 3 de febrero en el Palacio San José, con motivo del acto conmemorativo de la Batalla de Caseros.
El agua del río, “impactada por sustancias químicas”
La iniciativa pertenece a la organización “Colón en riesgo”, encabezada por la Lic. Adriana Viollaz y el Ing. Miguel Delaloye, y reúne las firmas de vecinos preocupados por las posibles consecuencias del megaemprendimiento que se realizaría a 3.500 metros de la ciudad.
Tenemos conformados tres equipos: uno técnico-jurídico, uno institucional y otro de comunicación, desde los que vamos delineando acciones.
“Presentamos a los Concejos Deliberantes de la Microrregión Tierra de Palmares el pedido de declaración de causa, para que hagan una ordenanza en común declarando este problema como causa prioritaria. También presentamos una nota a Cancillería solicitando el pedido de información a la República Oriental del Uruguay y que se haga respetar el Tratado del Río”, menciona Viollaz a El Entre Ríos.
Además, “surgió la presentación de esta carta a Rogelio Frigerio, pidiendo que a nivel gobernación se establezca esta causa como prioritaria”.
“Lo preocupante es que van a utilizar el agua del río como insumo, que obviamente va a estar fuertemente impactada por sustancias químicas, afectando a todas las ciudades ribereñas que la consumimos. Esto amerita una intervención de todos los estamentos del gobierno de la provincia”, resalta.
Piden al gobernador “que haga las gestiones que correspondan a nivel nacional para que la causa tome la dimensión que debe, dado que ya se aprobó la validación de localización, están en proceso de presentar el estudio de impacto ambiental y esto sería en marzo”.
“Si repetimos la historia de Botnia, no estamos muy lejos de que comiencen las obras, pese a no haber consultado a la Argentina y no haber respetado el Tratado del Río Uruguay, generando una fuerte división entre la comunidad que está favor y la que está en contra”, concluye.
La Rosca |Debate sobre siniestros viales |
En un documento, UCR Activa señaló que “los datos son contundentes y verificables. El año 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales. El arranque de 2026 fue todavía más grave: enero terminó con 26 personas fallecidas. Si esa tendencia se mantiene, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un aumento de más del 70 por ciento respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”.
Además, advirtió que “nada de esto ocurre por azar. Entre Ríos ocupa una posición estratégica en el Mercosur. Es corredor obligado del comercio regional, con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires. A ese tránsito estructural se suma la producción agrícola-ganadera, avícola y la cuenca lechera del centro provincial. En verano, además, el turismo multiplica el flujo de vehículos. Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”.
Sin embargo, aclaró, “el Estado nacional decidió retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales. Y el gobierno provincial acompañó esa decisión sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio. El resultado es un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.
A esto se suma un nuevo contrato de concesión de rutas que vuelve a cometer errores graves. “Entre las obligaciones de las concesionarias no se tuvo en cuenta a los bomberos voluntarios. Hoy, muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -porque tienen la obligación legal y humanitaria de hacerlo- tienen deudas con estaciones de servicio y no saben cómo afrontarlas”.
UCR Activa marcó que “los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes. Tampoco se contempló entre las obligaciones, que aporten al sistema sanitario provincial porque utilizan su infraestructura y recursos públicos de manera permanente y no contribuyen en nada; lo que constituye un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.
Además, exhortó a los legisladores nacionales entrerrianos “a que trabajen para modificar los pliegos de licitación de las rutas nacionales 12 y 14. Es imprescindible que se incluya la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas. Y que se establezca, de manera explícita, un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.
Causales estructurales
Más adelante aclaró que “hay una causa estructural que también debe decirse sin eufemismos: el desguace del ferrocarril en la década de los ’90 convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren satura las rutas con camiones de gran porte, las destruye y multiplica el riesgo. Mientras tanto, Brasil moderniza y expande su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”.
Mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —infraestructura con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito, asistencia automática ante siniestros— en la Argentina los pliegos de licitaciones se siguen concentrando en: cobrar más, gastar menos, sin transformar la infraestructura física y sin contemplar la inversión en tecnología que salve vidas.
El costo de las vidas humanas
UCR Activa remarcó que “la falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”.
La Rosca |Ex funcionario implicado en siniestro gravísimo |
El abogado Félix Pérez, defensor de Ruiz Orrico —extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos— ofreció el pago de una suma total y única de 150 millones de pesos como “reparación integral del daño”, a través de una carta documento enviada a las familias. La oferta llegó a pocos días del juicio oral y público que será en Concepción del Uruguay. La primera audiencia será el 18 de febrero.
El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando Orrico, conduciendo alcoholizado un vehículo oficial, se desvió de carril y embistió de frente a cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso, causando la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, de 31 y 26 años; Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23).
Dubini apuntó contra el trasfondo de la maniobra legal. “Es un buen accionar de sus abogados defensores como estrategia, porque ante el juez van a decir que intentó compensar el daño que hizo. Pero la carta documento me parece una falta de respeto, de los abogados y de la Justicia”, afirmó la mujer en declaraciones periodísticas.
Con crudeza y dolor, la madre puso en palabras lo que, asegura, no puede cuantificarse: “Preguntaría cuánto vale la vida de un hijo de él. Mis hijos no tienen precio. El lunes nos hacen llegar la carta documento de este homicida que nos ofrece una suma de dinero”. El ofrecimiento fue rechazado.
En ese sentido, Dubini remarcó que, más allá de cualquier condena, nada podrá reparar la pérdida sufrida. “Lamento mucho que él, como persona, crea que con unos pesos va a arreglar el daño que hizo. Si bien a mí el hecho de que sea condenado no me va a devolver a mis hijos, mis hijos van a tener la Justicia que se merecen. Hace un año y siete meses que le vienen dando muchos privilegios”, sostuvo.
Finalmente, recordó a las víctimas y destacó el sacrificio y los sueños que quedaron truncos. “Ellos eran seres de luz. Luquita era el nene de la casa, tenía 26 años. Brian, de 31, era común que los días que no trabajaba viniera a comer a casa. Recuerdo esa noche que le dije ‘mañana hacemos unos fideos’, y me dijo que no vendría porque trabajaba. Le dije ‘¿qué vas a hacer con tanta plata?’ y me respondió ‘terminar mi casa’”, relató con emoción.
Y concluyó: “Eran gurises que debían estar en un boliche porque era feriado, pero iban a laburar. Lucas trabajaba para su hijo; Axel para terminar de pagar su auto y su casa; Lea trabajaba por sus hijos. Estos gurises solo querían progresar”.
La Rosca |Inminente inicio de actividades escolares |
El Secretario General de AGMER, Abel Antivero, se refirió a la discusión salarial de cara al inicio del ciclo lectivo: “Tenemos la necesidad de tener una discusión salarial ante el difícil escenario económico que está pasando la sociedad entera”.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos expresó su convicción sobre la necesidad de plantear durante el año la discusión salarial como tema central para los docentes. Antivero explicó que hubo avances y esperan el llamado antes del inicio del ciclo lectivo.
“Planteamos la apertura de diferentes estados paritarios que tiene que ver con salud laboral y con infraestructura. Porque nosotros vemos una mirada también desde dentro de las escuelas que muchas veces el gobierno no la tiene. Nuestros compañeros son parte de la vida de las instituciones, por lo tanto, hay problemáticas que nos trasladan y que nosotros podemos analizar muchas veces con el gobierno, a través de sus funcionarios”, explicó el secretario respecto a la labor que llevan adelante como gremio.
Sobre las Escuelas de Innovación (Nivel Secundario), AGMER planteó lo inconsulto de los avances para una transformación de fondo que implica, entre otras cosas, precarización laboral, modificación de diseños curriculares, sistema de evaluación, régimen de asistencia y cargas horarias.– Ante los planteos sobre lo sucedido con el Nivel Superior, el CGE informó que están en diálogo con cada instituto confirmando las preinscripciones y las continuidades.
“El gobierno había definido en el último semestre avanzar sobre recategorizar escuelas y eso implica que algunos docentes puedan llegar a quedarse sin trabajo. Y nos pasó en el departamento Feliciano, donde 38 docentes se quedaron sin su empleo”, explicó el secretario con respecto a otro de los puntos que se pusieron en debate en la reunión.
Finalmente, Antivero concluyó que el trabajo que lleva adelante el gremio es pura y exclusivamente para evitar ajustes en la educación: “Sobre todo si hablamos de las escuelas rurales, hay que seguir teniéndolas”.
La Rosca |Preocupación por el agua en Paraná |
Durante el encuentro, concejales trasladaron reclamos concretos vinculados a problemas de presión, distribución e infraestructura, especialmente en zonas que históricamente presentan mayores dificultades. En ese marco, se enfatizó en la necesidad de que las obras planificadas se traduzcan en mejoras reales y visibles para la comunidad.
Desde el área municipal se brindaron detalles del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en Paraná, que contempla obras estructurales para optimizar la producción y distribución del servicio. Asimismo, se informó sobre el rol de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, encargada de la operación de las plantas, el mantenimiento de redes, la micromedición y el control de calidad del agua.
Participaron de la reunión la presidenta del bloque, Silvia Campos, y los concejales Rosana Toso, Maximiliano Rodríguez Paulín y Fabián Carbajal, junto a la secretaria Narella Guerra.
Desde el bloque se subrayó que el acceso al agua potable de calidad no puede ser un privilegio, sino un derecho básico, y se reafirmó el compromiso de seguir controlando y acompañando cada reclamo vecinal, como se viene haciendo en otros temas de la agenda local, destacando también la importancia del trabajo articulado con las áreas municipales responsables de llevar adelante las políticas públicas.
La Rosca |Debate sobre acuerdo con la UE |
El bloque de Unión por la Patria tuvo una larga reunión durante la noche del martes y todavía no hay una postura de consenso. Un diputado que participó del encuentro afirma que “hay buena predisposición pero queremos ver los papeles”. “Hay 8 mil fojas que todavía nadie vio pero dicen que ya están en Legal y Técnica”, apunta.
Entre los diputados miran con preocupación la reciente decisión de la Comisión Europea de calificar a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” y, entienden, amenazas el negocio del biodiesel argentino. Además, en el kirchnerismo siempre hubo reparos con el acuerdo por considerar que no defiende los intereses del sector industrial argentino.
En medio de esa confusión en el bloque, un grupo de diputados dio un primer paso para apoyar el acuerdo porque creen que tiene aspectos positivos para el campo y podría ser una señal de acercamiento.
El grupo conformado por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Juan Pablo Luque y Emir Roberto Félix presentó un proyecto para crear una comisión bicameral con participación de sectores empresarios para evaluar los impactos del acuerdo y evitar que haya sectores perjudicados. Uno de los casos sobre los que quieren poner especial atención es el biodiésel, un sector que quedaría muy complicado con el acuerdo.
El grupo que presentó este proyecto viene teniendo diálogos con las entidades del campo, donde le expresaron apoyo al acuerdo con la Unión Europea. También hubo consultas con el titular de la comisión de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, que respaldó la creación de la Bicameral.
“Es necesario que los políticos escuchemos a los sectores industriales, al campo, la agroindustria, las cadenas de valor y los trabajadores al momento de implementar un acuerdo tan trascendente para nuestro país”, señala el proyecto.
En cambio, Juan Grabois publicó un mensaje lapidario en redes sociales. “Olvídense que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales”, escribió. Una línea similar a la de Grabois estaría expresando el excanciller Jorge Taiana.
Mientras tanto, los diputados de La Cámpora y el kircherismo duro están paralizados a la espera de alguna señal de Cristina, que se mantiene en un largo silencio y concentrada en su situación personal.
El acuerdo con la UE es un ejemplo clarísimo de la actualidad del peronismo, con dirigentes que están quietos por la falta de una bajada de línea y con miedo a expresar cualquier opinión por temor equivocarse. Por eso acaso sea una señal el movimiento del grupo de diputados que se desmarcó y apoya el acuerdo.
Además del impulso de Milei al acuerdo, al kirchnerismo le genera una contradicción también por la relación con Lula, que en una posición diametralmente opuesta expresó su “confianza” en que el Congreso “no medirá esfuerzos” para internalizar el acuerdo “en el menor plazo posible”.
La Rosca |Reunión de gabinete |
El encuentro semanal tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, donde los presentes analizaron la conmemoración de la batalla de Caseros, rescatando el aporte de Entre Ríos a la organización nacional y tomando el compromiso de defender y difundir esta herencia, tal cual lo desatacó el gobernador en el acto de la víspera.
“Hicimos un balance del acto de conmemoración de la batalla de Caseros, que fue una jornada muy provechosa, que reivindica la figura del general Justo José de Urquiza”, agregó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, al referirse a la actividad.
El titular de la cartera sanitaria, vocero de la reunión, expresó que también se trató el plan de refacciones y reparaciones de la red vial provincial, “porque hay rutas que están en mal estado”. A propósito, Blanzaco comentó que se debatió sobre el nuevo control de los pesajes en las rutas, “porque hay camiones que están con sobrepeso transitando las rutas que nos cuesta mucho esfuerzo mantener”.
Por último, el titular de Salud se refirió a un tema que preocupa a la gestión gubernamental y especialmente al área a su cargo: el alto índice de suicidios que tiene la provincia. “Es un tema que venimos abordando desde la Dirección General de Salud Mental desde el año pasado, en trabajo conjunto con la Legislatura, el Ministerio de Desarrollo y el Consejo General de Educación. Vimos los planes orientados a la promoción y prevención, que implementaremos a lo largo del año para disminuir este flagelo, y aprovechamos para recordar la disponibilidad de la línea gratuita 135”, finalizó.
La Rosca |Ley de emergencia en discapacidad |
La norma, sancionada como Ley 27.793, declara la emergencia en materia de discapacidad y establece un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Si bien el Congreso la aprobó, el Poder Ejecutivo había dispuesto mediante un decreto que su aplicación quedara condicionada a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Esa decisión derivó en una presentación judicial. En diciembre pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su “inmediata puesta en marcha”. En su fallo, sostuvo que el condicionamiento presupuestario resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad.
El Gobierno nacional apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín, pero el magistrado habilitó la feria judicial de enero para supervisar el cumplimiento del fallo. En ese marco, intimó al Ministerio de Salud a informar qué medidas había adoptado para avanzar con la implementación de la norma.
A comienzos de enero, la cartera que conduce Mario Lugones comunicó a la Justicia que había iniciado una serie de pasos administrativos y comunicaciones internas para poner en marcha la ley, aunque aclaró que su aplicación no podía ser inmediata y no precisó fechas concretas. Con la reglamentación ahora publicada, el Ejecutivo formalizó ese proceso.
La reglamentación aprobada ahora define cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley, que hasta el momento carecía de reglas operativas. Entre los cambios más relevantes figuran la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la conversión automática de beneficios ya otorgados y la implementación de auditorías periódicas para controlar el sistema.
Además, se dispuso que las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de las prestaciones alcanzadas.
La reglamentación también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Asimismo, establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.
El decreto ratifica además los mecanismos institucionales de consulta y participación, a través del Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad, con esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La norma lleva la firma del presidente, Javier Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Federico Sturzenegger.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación “sin reconocer hechos ni derechos” ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, pero con el objetivo de dotar de precisión operativa y administrativa a la norma, ordenar los criterios de implementación y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las políticas públicas.
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y sistemas de auditoría, y establece que el régimen deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.
La Rosca |Reclamo salarial |
En el marco de un plan de lucha que comenzó a finales de 2025, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para este viernes 6 de febrero. La decisión surge ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial a los pedidos tramitados a través de la Mesa Salarial del Poder Judicial.
Desde el gremio calificaron como ”inaceptable” la situación económica que atraviesa el sector, denunciando que el sueldo de un escribiente sin antigüedad se encuentra actualmente por debajo de la línea de la canasta básica. Ante este escenario, la organización ratificó un pliego de reclamos que incluye la recomposición salarial inmediata y el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos.
Puntos clave del conflicto
Además de la cuestión salarial, los trabajadores judiciales exigen el cumplimiento de ítems específicos como:
- El pago del título profesional.
- El adicional por tareas especiales para notificadores y evisceradores.
- La defensa irrestricta del 82% móvil para las jubilaciones
Alerta por el sistema previsional
Uno de los puntos de mayor tensión en el comunicado es la advertencia sobre posibles reformas en el sistema jubilatorio. AJER denunció la intención del Gobierno de eliminar el 82% móvil, aumentar la edad jubilatoria y suprimir el beneficio del “3×1″.
“Defenderemos nuestros derechos con unidad y determinación”, afirmaron desde el sindicato, dejando en claro que, si bien mantienen la voluntad de diálogo para solucionar el conflicto, no darán marcha atrás con las medidas de fuerza hasta obtener una propuesta concreta que revierta el deterioro salarial de los últimos años.
La Rosca |Salida de Lavagna del gobierno nacional |
La renuncia de Marcos Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó fuertes repercusiones en el arco político.
En ese contexto, la diputada entrerriana Blanca Osuna vinculó el alejamiento del funcionario con una presunta manipulación de las estadísticas públicas por parte de la gestión de Javier Milei. “La renuncia de Marcos Lavagna al frente del Indec confirma una alarma que encendimos el año pasado en el Congreso. Advertimos entonces que modificar metodologías sin transparencia ni control parlamentario abría la puerta a la manipulación de estadísticas públicas. Por eso presentamos el proyecto 4559-D-2025 exigiendo explicaciones formales sobre el funcionamiento del organismo”, sostuvo la legisladora entrerriana.
“El gobierno de Milei construyó su relato político sobre la supuesta baja de la inflación y la pobreza. Pero la salida del titular del Indec, en medio del bloqueo a la actualización de los índices, expone la fragilidad de ese indicador y pone bajo sospecha los números que sostienen ese discurso”, enfatizó.
El nudo del problema no reside solo en los porcentajes, sino en la metodología utilizada para obtenerlos. La diputada entrerriana puso la lupa sobre un desfasaje técnico que el oficialismo omite: el uso de parámetros obsoletos para medir el costo de vida actual. Según Osuna: “La Canasta Básica Total se calcula con patrones de consumo de hace más de 20 años, cuando servicios y transporte pesaban mucho menos en el gasto familiar. Actualizarla habría mostrado una inflación más alta. Y como la pobreza se mide por ingresos en relación a esa canasta, usar una base desactualizada también distorsiona ese indicador: la supuesta baja de 20 puntos que anuncia el Gobierno no refleja la realidad.
Por último, afirmó que “el Indec es un organismo autárquico y debe estar sometido a control democrático. Lo exigimos el año pasado y lo seguimos exigiendo hoy: información pública clara, metodologías transparentes y rendición de cuentas ante el Congreso. Defender la verdad de los datos es defender los derechos de nuestro pueblo”.
La Rosca |Denuncia pago discriminatorio de dieta |
Etcheverry sostuvo: “En vista de la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de no revisar el fondo de la resolución de primera instancia —que convalidó el incumplimiento y el pago discriminatorio de las dietas — y de imponer además las costas del proceso a quien reclamó legítimamente, siento la obligación de decirlo con claridad. Mi reclamo fue válido, y el propio expediente demuestra que el pago se realizó recién después de iniciada la acción judicial. Aun así, la Justicia decidió no analizar si existió arbitrariedad, trato desigual o disciplinamiento económico, y terminó castigando a quien acudió a los tribunales para defender un derecho”, argumenta.
Luego indicó: “Considero que la tutela judicial efectiva y el derecho a ejercer la oposición sin presiones económicas no solo no fueron protegidos en este caso, sino que, con esta decisión, se profundizó el daño, trasladándome las consecuencias del incumplimiento estatal por haberlo visibilizado públicamente a la situación. Lo digo con responsabilidad institucional: mi caso no es un hecho aislado. En muchos municipios de la provincia, el uso de herramientas económicas para condicionar, disciplinar o silenciar a quienes no responden al oficialismo es una práctica conocida y ampliamente utilizada. Cuando la Justicia decide no favorecer el equilibrio y la institucionalidad, contribuye a que se sigan ocultando problemas estructurales del funcionamiento municipal”.
“Por esa razón, he decidido interponer un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en busca de una mirada objetiva e independiente que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no me ha brindado. Durante todo el proceso, el eje del reclamo fue sistemáticamente desviado, y finalmente se me sanciona por haber intentado resguardar mi derecho como representante electa. No puedo dejar de señalar una preocupación que excede mi situación personal. Mientras en otros casos -como reclamos de trabajadores contratados de Concordia tutelados por ATE- la Justicia entrerriana sí garantiza el acceso a la tutela judicial por la vía del amparo, y no deriva automáticamente los conflictos a otros fueros, pero cuando se trata de una concejal vecinalista, sin padrinos ni estructuras de poder profundas, el criterio parece ser otro. La pregunta es inevitable: ¿qué tienen en común las sentencias, que siempre terminan beneficiando al mismo espacio político?”, refiere.
“Yo no cuestiono a la Justicia por fallar distinto a lo que esperaba. La cuestiono cuando elige no revisar, cuando desplaza los problemas de fondo y cuando termina reforzando desigualdades de poder que deberían ser controladas, no naturalizadas, dependiendo quien sea el demandante y que padrinazgos tenga. Voy a seguir defendiendo mis derechos y los de quienes representan a sus comunidades sin obediencia ciega, porque la democracia local no se fortalece con silencios ni con castigos económicos, sino con reglas claras, igualdad ante la ley y jueces dispuestos a ejercer plenamente su función con objetividad La justicia entrerriana no tiene venda, ni balanza, ni espada. Tiene una birome para condicionar económicamente a quien desafía el status quo”, finalizó la concejal vecinalista de Sauce de Luna. (Fuente: Debate Abierto)
La Rosca |Palacio San José|
El ministro Troncoso aseguró que “la firma del convenio que estamos por concretar marca un punto de inflexión para el Palacio San José. Ningún gobernador se había preocupado como lo hizo Rogelio Frigerio por el estado edilicio de este emblema de nuestra historia”, destacó Manuel agregó: “no solo se preocupó: se ocupó, gestionó y tomó decisiones concretas para revertir años de abandono y degradación”.
Consideró “clave para recuperar el Palacio que queremos” al hecho de que la provincia “se haya hecho cargo y que avancemos hacia una cogestión entre Nación y Entre Ríos”.
“Estamos hablando de uno de los símbolos más fuertes de la identidad entrerriana y de un patrimonio central de la historia argentina, que durante demasiado tiempo sufrió un deterioro profundo”, recordó el funcionario.
“En política hay gestión y políticas públicas, pero también hay capital simbólico, y la recuperación del Palacio San José expresa una decisión clara: volver a poner a Entre Ríos en el lugar que se merece en la historia”, opinó y terminó diciendo: “es, en alguna medida, retomar el proyecto que soñó Urquiza y dejar atrás años de decadencia, apostando a una cultura viva, cuidada y proyectada hacia el futuro”.
La Rosca |Sentencia condenatoria a ex funcionario |
La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná dictó una sentencia condenatoria contra Gustavo Eduardo Borrajo, exfuncionario provincial, obligándolo a pagar al Estado Provincial la suma de $25.722.684,17 más intereses desde agosto de 1998, que totalizan más de $100 millones de pesos actualizados. Borrajo ocupó el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999, período en el que se detectaron graves irregularidades en la gestión bancaria de la cartera.
Irregularidades detectadas
Entre las irregularidades encontradas se destacan la falta de rendición de cuentas documentadas, la ausencia de documentación al finalizar su gestión, la pérdida de control de causas judiciales y la imposibilidad de verificación por la falta de documentación, según reveló una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Fallo de la Cámara
Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui señalaron que la conducta de Borrajo se limitó a cuestionar aspectos formales del proceso sin demostrar su diligencia en la función. La sentencia aplicó el principio de “culpa in re ipsa” y confirmó la responsabilidad civil del exfuncionario, imponiendo el pago del capital más intereses y las costas judiciales.
Antecedentes del exfuncionario
En los dos últimos años de la segunda Gobernación de Jorge Busti y Raúl Franzoni, Gustavo Borrajo se desempeñó como presidente del Instituto del Seguro, estando involucrado en situaciones controversiales relacionadas con planes de retiros voluntarios y ventas de cartera de clientes. Su vinculación con el exministro Eduardo Macri en manejos financieros en Suiza también fue objeto de análisis y denuncias en medios locales.
La Rosca | Defensa de la agroindustria nacional|
A través de sus redes sociales, el diputado nacional Michel sostuvo que “la ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”.
En la misma línea, el senador Bahl remarcó que “la industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE, definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental, funciona como una barrera para-arancelaria y una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”.
Ambos dirigentes señalaron que la Unión Europea es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel argentino, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros destinos internacionales.
En ese sentido, advirtieron que perder ese mercado “llevaría al cierre de plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo”, con impacto directo en las plantas ubicadas en el centro de Entre Ríos, particularmente en Nogoyá.
Finalmente, plantearon que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.
La Rosca |Agenda de Frigerio en EEUU |
El objetivo del viaje fue presentar la situación económica y fiscal actual de la provincia, exponer las líneas centrales del programa de gobierno y ratificar el compromiso de Entre Ríos con una administración responsable, transparente y previsible de sus obligaciones financieras, luego de casi una década fuera de los mercados internacionales.
En ese contexto, Frigerio se reunió con representantes de importantes firmas financieras y con un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA y Bank of America, además del Banco Entre Ríos.
“Fue un viaje relámpago para volver a presentar a la provincia después de muchos años fuera de los mercados, mostrando los avances que hicimos en un contexto muy complejo”, explicó el gobernador, y destacó que, pese a una caída del 15 por ciento de los ingresos totales, la provincia logró pasar del déficit al equilibrio fiscal y cumplir con todos sus compromisos.
Frigerio remarcó que Entre Ríos tiene un perfil de deuda “altamente concentrado en el corto plazo”, con la mayor parte de los vencimientos en los próximos tres años. “Era necesario explicar nuestra nueva realidad a los inversores y mostrar que cumplimos y vamos a cumplir, incluso en los momentos más difíciles”, subrayó.
El mandatario aclaró que las reuniones no implicaron compromisos ni constituyeron un proceso de emisión de deuda, sino un non deal roadshow, una instancia previa para reconstruir credibilidad y retomar el vínculo con los mercados. “No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta concreta”, precisó.
Actualmente, la deuda en dólares de la provincia asciende a 280 millones de dólares, luego de haber sido reducida desde los 500 millones a través de amortizaciones y ahorros realizados durante la actual gestión. En ese sentido, Frigerio fue claro: “Si eventualmente vamos al mercado será exclusivamente para mejorar el perfil de la deuda existente, no para incrementarla”.
La Rosca |Cambios en Educación |
Kerz es sociólogo, docente e investigador, y ha desarrollado una extensa carrera vinculada a la educación, la gestión pública y el análisis social. En distintos momentos participó en debates sobre políticas educativas, inclusión y transformaciones del sistema escolar, además de desempeñarse como expositor en ámbitos académicos y jornadas de reflexión.
Al igual que Marta Landó, expresidenta del Consejo de Educación en la primera administración de Gustavo Bordet, Kerz asumirá el cargo ad honorem.
Kerz ocupó varios cargos en la gestión del exgobernador Jorge Pedro Busti. En 2005, y en medio del escándalo por la entrega de alimentos vencidos de programas sociales, reemplazó a la exministra de Desarrollo Social, Graciela López de Degani, que debió enfrentar además un proceso judicial de la que resultó sobreseída en 2007. Antes, entre 2003 y 2005 había sido Defensor del Pueblo de Paraná.
El 11 de noviembre de 2005, el entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, lo propuso para que Busti lo designe al frente del Consejo de Educación sucediendo en la función a Felipe Ascúa.
Un año después, en 2006, presentó su renuncia, molesto con la decisión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de instalar una carpa frente a Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial.
Además, Kerz fue diputado provincial, candidato a vicegobernador en 2011, acompañando en la fórmula a Busti, y ocupó otros roles relevantes en la gestión estatal, como la presidencia de la empresa láctea Cotapa.
Con su incorporación al gabinete de Frigerio, vuelve a ocupar un lugar central en la articulación de políticas educativas en la provincia.
La Rosca |Reclamo salarial en Salud |
La decisión surge como respuesta a lo que califican como un “empobrecimiento sistemático” y un “ajuste disciplinatorio”. Según manifestaron los delegados en las asambleas, la situación financiera de las familias es crítica debido a que los salarios no logran cubrir la canasta básica, situación agravada por el reciente incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones y la amenaza de nuevos recortes en los adicionales por horas extras.
“No somos vagos, queremos vivir sin la angustia de no llegar a fin de mes”, reza uno de los fragmentos más crudos del documento difundido por los empleados, donde también se critica la postergación de la paritaria sectorial.
A continuación, se transcribe de forma íntegra el comunicado emitido por los trabajadores de la cartera sanitaria:
¡BASTA DE AJUSTE DISCIPLINATORIO, INCONSULTO Y EMPOBRECEDOR!
Los trabajadores del Ministerio de Salud de Entre Ríos, nivel central, estamos diciendo basta a nuestros gobiernos que no nos representan y nos colocan, siempre, como variable de ajuste sin importar el hastío. Nos estamos reuniendo en asambleas, desde este miércoles, con retención de servicios por el lapso de tres horas.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Estamos hartos de tener salarios que no alcanzan el salario mínimo y nos dejan, como a los jubilados, por debajo del nivel de pobreza. A quienes tenemos familia, cada vez más nos cuesta poner cosas en la heladera. Porque llenarla es imposible hace décadas. Ni hablar de comprar ropa y calzado a nuestros hijos y todo lo necesario para sus estudios.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Mientras los políticos y funcionarios miran para otro lado y omiten ponerse en nuestros zapatos, hace ocho meses que nuestros sueldos están congelados a un nivel glaciar. Cada vez podemos menos y nos endeudamos más, pagando impuestos, tasas y servicios a precios de buen pagador. De esta manera, nuestro poder adquisitivo es paupérrimo y, en la mayoría de los casos, preso de tarjetazos; adelantos de sueldo y créditos leoninos que nos hunden en la desesperación absoluta. También caemos en el tramposo pago mínimo de las tarjetas de crédito, que nos sumen en las profundidades del Veraz.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Proponemos un ejercicio de empatía a nuestras autoridades: cronometrar en cuánto tiempo se les termina un sueldo promedio de nuestros bolsillos – hoy amenazados por un nuevo recorte de horas extras-, teniendo en cuenta que ya nos quitaron un porcentaje en la primera estocada.
La segunda instancia de avasallamiento fue la quita de un porcentaje de nuestro sueldo para subsanar, qué palabra infeliz, la Caja de Jubilaciones de la provincia. Mientras tanto, trabajamos intensamente durante dos años para mostrar (con producciones comunicacionales e informes de gestión) que cada peso entrerriano va adonde tiene que ir. Eso sí, poco y nada para los empleados estatales.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. No obstante lo estatal es un universo diverso en cuanto a los salarios de cada sector. Y en esto los trabajadores de Salud en general, históricamente, llevamos las de perder. De nada sirven la antigüedad; la responsabilidad profesional; la bonificación por título; las recategorizaciones o los pases a planta: siempre nos falta medio para el peso. Y no hablamos de no podernos ir de vacaciones, nos referimos a tener un salario digno que no disfrace de horas extras un ingreso que nunca alcanza a ser suficiente.
En el medio, tenemos que ver cómo patean la paritaria sectorial, los dueños de la pelota pública: ellos no pagan los platos rotos jamás.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. No nos da vergüenza ser empleados públicos y no estamos pidiendo ser millonarios. Simplemente queremos vivir sin la angustia de no llegar a fin de mes, pudiendo dar respuesta a las necesidades más básicas de nuestras familias.
Esta medida de retención de servicios, que puede parecer exagerada para quien no está en nuestra situación, es la manera que encontramos para defendernos de un ataque masivo de empobrecimiento sistemático (que no tiene que ver con un gobierno) sino con un sistema que traga, mastica y escupe con desdén y violencia a los que lo alimentan y sostienen con su fuerza de trabajo.
Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. DISCULPEN LAS MOLESTIAS: NOS ESTÁN RECORTANDO EL SUELDO Y NUESTRO DERECHO HUMANO A UNA VIDA SALUDABLE EN TODO SENTIDO. GRACIAS.
La Rosca | Licitación de la Vía Navegable Troncal |
El ingeniero Hernán Darío Orduna, autor del “Análisis revisado de los pliegos de la licitación de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata”, advirtió que el proceso licitatorio aprobado mediante la Resolución ANPyN 67/2025 presenta riesgos de “alta gravedad” para el Estado nacional, las provincias ribereñas y la soberanía logística argentina.
Según la síntesis del informe, la licitación de la concesión del dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal (VNT) no constituye una decisión meramente técnica o administrativa, sino que define el modelo de control estatal, el federalismo operativo, la competitividad económica y la proyección geopolítica del país por las próximas décadas. Se trata, remarca el documento, de la principal infraestructura logística de la Argentina, de absoluta relevancia para el comercio exterior, los costos de exportación y el desarrollo portuario.
Entre los hallazgos centrales, Orduna señala un riesgo institucional y constitucional, al advertir que el dragado fue declarado servicio público pero licitado como obra pública, lo que genera contradicciones normativas. Además, el esquema vigente excluye a las provincias del control efectivo, concentra decisiones en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y podría vulnerar los artículos 42 y 124 de la Constitución Nacional.
El informe también alerta sobre una posible pérdida de control del Estado, al indicar que el diseño contractual reduce la capacidad regulatoria futura y traslada decisiones estratégicas al concesionario privado, consolidando una dependencia estructural difícil de revertir en el tiempo.
En el plano económico, Orduna cuestiona el régimen tarifario previsto en los pliegos, que establece tarifas mínimas obligatorias y garantiza rentabilidad al concesionario. A su entender, esto elimina la competencia real, desnaturaliza el riesgo empresario y traslada mayores costos a usuarios, exportadores y economías regionales.
Desde el punto de vista técnico, el análisis advierte sobre la disminución administrativa de la profundidad del río Paraná en el tramo comprendido entre el sur de Diamante y Santa Fe, dispuesta por las disposiciones SSPyVN 24/2024 y 28/2024. Esta medida, sostiene Orduna, afecta la navegabilidad, la eficiencia logística y la competitividad portuaria, particularmente en Entre Ríos y Santa Fe.
Asimismo, se cuestiona la subvaloración del río Paraná Guazú como ruta alternativa estratégica hacia el océano, pese a sus ventajas comparativas, lo que debilita la redundancia logística del sistema. En ese marco, el ingeniero plantea la necesidad de realizar estudios comparativos entre distintas trazas, incluyendo Paraná de las Palmas–Canal Mitre versus Paraná Guazú–Canal Buenos Aires, así como Canal Punta Indio frente al Canal Magdalena, con una profundidad objetivo de 14,3 metros al cero.
El documento también subraya un déficit ambiental estructural, marcado por la ausencia de líneas de base, la falta de evaluaciones de impacto ambiental integrales previas y estudios hidrosedimentológicos insuficientes, con potenciales efectos directos sobre territorios provinciales.
En el plano internacional, Orduna advierte sobre compromisos pendientes con Uruguay en el ámbito de la CARP, los riesgos asociados al Canal Punta Indio y la falta de consolidación del Canal Magdalena como salida soberana al Atlántico.
Respecto del impacto territorial, el informe identifica afectaciones diferenciadas: Entre Ríos por la disminución del calado y la falta de consolidación del Paraná Guazú; Santa Fe por el aumento de costos logísticos y la pérdida de competitividad exportadora; y Buenos Aires por la incidencia sobre el Puerto de La Plata y la estrategia vinculada al Canal Magdalena.
Como lineamientos para la toma de decisiones públicas, el ingeniero propone la creación de un órgano federal de control con participación de Nación, provincias, usuarios y técnicos independientes; la adecuación normativa previa a la apertura de ofertas; una reforma del régimen tarifario; la separación del contrato en etapas técnicas; la federalización de la evaluación ambiental y una estrategia soberana de trazas alternativas.
Finalmente, el informe llama a una acción política conjunta de las provincias ribereñas, a través de un documento federal común y una agenda mínima compartida.
En su conclusión estratégica, Orduna sostiene que una concesión mal diseñada puede aumentar costos estructurales, debilitar la soberanía logística y condicionar al Estado durante décadas, mientras que una concesión corregida permitiría fortalecer el federalismo, reducir costos productivos y garantizar control público sobre la Vía Navegable Troncal. (Diario Junio).
La Rosca |Reiteran pedido de audiencia a Frigerio |
Los legisladores nacionales del peronismo reiteraron “el pedido de audiencia oportunamente formulado mediante nota de fecha 5 de enero del corriente año, que a la fecha no ha tenido respuesta, y cuyo contenido entendemos reviste una gravedad institucional y fiscal significativa para la provincia de Entre Ríos”.
“Como fuera oportunamente expuesto, el proyecto de ley denominado ‘Modernización Laboral’, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación y que ya cuenta con dictamen favorable, encontrándose próximo a ser tratado en sesión extraordinaria en la Honorable Cámara de Senadores, incorpora en su artículo 191 una modificación sustancial en la escala del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, reduciendo las alícuotas aplicables a los tramos de mayor facturación”, apuntaron.
En ese sentido, sostienen que “la modificación implica una merma significativa en la recaudación del tributo, con impacto directo sobre los recursos”.
“En este contexto, y atendiendo a la responsabilidad institucional de resguardar los recursos de Entre Ríos, consideramos imprescindible mantener una reunión política con su persona, a efectos de conocer su posición frente a este proyecto y analizar en conjunto posibles estrategias o alternativas que eviten o mitiguen el perjuicio económico para nuestra provincia”, consignaron.
Finalmente, los legisladores manifestaron su “disposición al diálogo y al trabajo conjunto, y quedamos a la espera de una respuesta que permita coordinar fecha y horario para el encuentro solicitado”.
La Rosca |Debate sobre desafios del radicalismo |
Durante las jornadas se trabajó “sobre los principales desafíos que atraviesa la Argentina: educación, salud, seguridad, empleo y desarrollo”.
En ese marco, se aseguró que “las nuevas generaciones son las que van a poner al radicalismo de pie”, y precisaron: “De nosotros depende enfrentar los próximos desafíos y construir una alternativa real de gobierno. Vamos a ser alternativa en cada ciudad del país en 2027, trabajando para consolidar liderazgos, equipos y una propuesta sólida, con vocación nacional”.
Al respecto, detallaron que el radicalismo “atraviesa un proceso de renovación profunda en todos sus estamentos, con dirigentes que muestran que hay otra forma de gestionar y de gobernar: con diálogo, sin enfrentamientos estériles, con proyectos concretos y con trabajo mancomunado entre el sector público y la iniciativa privada. Defendiendo la educación pública y la universidad como bandera, fortaleciendo el sistema de salud y construyendo políticas públicas con una mirada federal”.
En ese sentido apuntaron que la UCR “cuenta con jóvenes concejales, diputados provinciales e intendentes, que hoy gobiernan, legislan y gestionan en distintos puntos del país. Dirigentes que aportan mirada territorial, responsabilidad institucional y resultados, demostrando que la renovación viene con experiencia y gestión.
“En tiempos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, desde la Juventud Radical reivindicamos la política como herramienta de transformación. En una época donde algunos se esfuerzan por denostarla, ridiculizarla o vaciarla de sentido, nosotros estamos acá, convencidos de que la política no es el problema, sino el único instrumento capaz de transformar la realidad. Una realidad que duele, pero que también nos interpela y nos exige dar lo mejor de nosotros”, indicaron.
Además, señalaron que el país “necesita más política, no menos, y necesita un radicalismo con vocación de poder”.
Reforma laboral y juventudes
Por otro lado, sentaron una posición ante el proyecto de Ley que impulsa el gobierno para llevar adelante la Reforma Laboral: “Hoy se requiere responsabilidad política, porque lo que muchas veces ilusiona en redes sociales se contrapone con una realidad que muestra enormes dificultades para conseguir trabajo, progresar y proyectar un futuro, lo que termina generando frustración y desencanto”.
Ante ese escenario se advirtió que, hace más de 40 años, la UCR plantea “la necesidad de reformar una legislación laboral que, con el paso del tiempo, terminó consolidando sindicatos y dirigentes gremiales ricos, con trabajadores pobres”, por lo que la propuesta de la Juventud Radical tiene “como objetivo corregir esas distorsiones, limitar privilegios y equilibrar la balanza en favor del trabajador, no profundizar desigualdades. Esa injusticia no puede enfrentarse hoy con cambios que precaricen aún más el empleo, como propone el gobierno nacional”.
Este panorama “generaría además una mayor caída del consumo, producto de salarios bajos y desocupación, con pequeñas y medianas empresas cerrando sus puertas. Frente a esto, los radicales planteamos una posición clara: defender el poder adquisitivo del salario para proteger el consumo, la actividad económica y el entramado productivo nacional”, indicaron.
La Rosca |Debate salarial |
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció la convocatoria a un plenario de secretarios generales para el viernes 6 de febrero en Ibicuy, departamento Islas, en un contexto marcado por la falta de avances en la discusión salarial y la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el 2 de marzo. Además, se proyecta la realización de un congreso para definir la estrategia gremial de cara al nuevo año escolar, con la fecha probable de convocatoria a ser establecida durante el plenario.
Estas serán las primeras convocatorias impulsadas por la nueva conducción de Agmer, encabezada por Abel Antivero, que asumió a comienzos de 2026. El último congreso del sindicato, realizado el 4 de diciembre en San Salvador, exigió al Gobierno provincial el “inmediato cumplimiento de las convocatorias y avances en las comisiones paritarias”, así como la apertura de una nueva negociación salarial que garantice “salarios que cubran el costo de vida en constante aumento” y la estabilidad laboral en todos los niveles educativos.
Los congresales emitieron un ultimátum al Poder Ejecutivo, advirtiendo que, en caso de no recibir una respuesta que contemple estos reclamos, “alertamos sobre la responsabilidad absoluta del gobernador Rogelio Frigerio de cara al ciclo lectivo 2026”. Desde agosto y hasta diciembre, Agmer insistió en la reapertura de la paritaria anual firmada, pero no obtuvo respuestas concretas. Aunque se anunció una convocatoria para febrero, aún no hay fecha confirmada para esa reunión, y el único compromiso oficial es la continuidad del pago de una suma fija de 25 mil pesos, acordada en la paritaria que venció en diciembre pasado.
La negociación salarial de 2025 fue extensa y compleja. A fines de febrero de ese año, el congreso de Agmer aceptó la oferta salarial del Gobierno, aunque la calificó como “insuficiente” y condicionó su aceptación a la inclusión de un monto remunerativo y bonificable para todos los docentes con menos de diez años de antigüedad. Durante ese proceso, cuatro de las 17 seccionales, incluyendo las de Paraná y Uruguay, rechazaron la propuesta oficial, principalmente por la asignación de una suma fija de 25 mil pesos que solo alcanzaba a docentes con diez o más años de antigüedad.
La negociación comenzó temprano en 2025, con una primera oferta presentada el 13 de febrero que proponía extender los incrementos salariales mes a mes según el IPC del Indec, un aumento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, la implementación de un boleto docente urbano con un descuento del 50% y la continuidad del trabajo en la Comisión de Nomenclador para corregir distorsiones salariales. Esta propuesta fue rechazada el 17 de febrero por insuficiente. En la audiencia paritaria del 19 de febrero, el Gobierno presentó una nueva oferta que fue retirada ante el rechazo sindical.
Finalmente, el 25 de febrero, en la tercera audiencia paritaria, el Gobierno presentó una propuesta que incluía la cobertura anual contra la inflación con actualizaciones mensuales basadas en el IPC, el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de 25 mil pesos para docentes con diez o más años de antigüedad desde marzo hasta diciembre, cambios en la base de cálculo con actualizaciones en marzo y agosto, un incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y conectividad, y la implementación de un boleto docente urbano con un descuento del 50%. Sobre esta base, Agmer ahora busca reabrir la negociación para obtener un aumento adicional.
La nueva conducción del sindicato prepara así un escenario de movilización y debate para las próximas semanas, con el objetivo de asegurar mejoras salariales y condiciones laborales para el ciclo lectivo 2026.
La Rosca |Salud |
El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Obra Social y estuvo encabezado por el presidente de OSER, Mariano Gallego y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Con la firma del convenio se busca fortalecer toda la red sanitaria provincial, asegurar un mayor acceso a prestaciones, mejorar la previsibilidad y gestión del sistema de salud entrerriano.
En relación al convenio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco indicó: “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que nos permite actualizar y fortalecer el vínculo desde la red pública de salud”.
“Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en algunos centros de atención primaria de la salud, incorporando prácticas que no estaban contempladas hasta ahora”, agregó Blanzaco, al tiempo que destacó: “Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir fortaleciendo el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención”.
Este convenio establece un sistema de reciprocidad y colaboración mutua, permitiendo prestación de servicios de salud sin coseguro para los afiliados de OSER, un marco claro de derechos y obligaciones entre las partes, organización y actualización del padrón de establecimientos y profesionales y reglas transparentes para la facturación, pagos y actualización de valores, garantizando previsibilidad.
La Rosca |Internas del PJ |
“Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA, y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad”, recalcó más adelante. De paso, le envió un mensaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la Provincia”.
Guillermo Michel: A ver, ¿es necesario modernizar el marco normativo laboral? Sí, es necesario. Estamos de acuerdo en hacerlo. Hay un problema, hay un hecho de facto que demuestra que es necesario modificar las leyes. ¿Por qué? Hoy, a rasgos, de 22 millones de personas ocupadas, 10 están en la informalidad. Claramente, el marco normativo laboral tiene que ser modificado. Ahora, lo que el Gobierno tiene que explicar es: ¿por qué en una supuesta ley de modernización laboral está tocando casi un punto del PBI del superávit? En el 191, introduce la principal modificación del Impuesto a las Ganancias para empresas, bajándole la alícuota del 35 al 31,5, que beneficia fundamentalmente a 144 empresas, y que perjudica no sólo al Tesoro Nacional, sino fundamentalmente a las provincias. Mi provincia, Entre Ríos, pierde $ 81.000 millones este año, si se aprueba esa baja. Segundo, el Gobierno tiene que explicar por qué esta modernización laboral crea el FAL, que desfinancia al Sistema de la Seguridad Social. Esos tres puntos de contribuciones que se van a dejar de aportar al ANSES y van a ir a un fondo específico, que van a administrar unas mini AFJP para pagar indemnizaciones, desfinancia a los jubilados en US$ 3000 millones. Alguien tiene que explicar por qué los jubilados, en un sistema deficitario como es el ANSES, que hoy no sólo no alcanza con el aporte y las contribuciones, sino que se nutre de IVA o del impuesto a los débito y crédito bancario, que van al ANSES para financiar las jubilaciones, tienen que pagar las indemnizaciones de las grandes empresas. Y, sobre todo, el que tiene que dar explicaciones de esto es el Fondo Monetario Internacional.
P.: ¿Por qué el FMI?
G.M.: Antes eran muy celosos cada vez que se impulsaba una moratoria previsional. Ahora, alguien del FMI tiene que decir por qué este régimen, que afecta casi 0,5 puntos del PBI, puede avanzar y cómo se piensa financiar al sistema de jubilaciones con esta pérdida.
P: Y más allá de estos cuestionamientos, el Gobierno plantea que con la sanción de su ley, se crearán nuevos puestos de empleo. ¿Coincide?
G.M.: Una ley no genera puestos de trabajo, lo que genera puestos de trabajo son una economía creciendo y un proceso de sustitución de importaciones. Me remito al proceso del 2003 al 2009: no se modificó una sola ley laboral y se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo.
P.: El Gobierno no sólo plantea que con esta ley se generan puestos de trabajo, sino también que se termina con la industria del juicio. Uno, ¿cree que hay industria del juicio? Y dos, ¿cree que esta ley podría, si es que existe esa industria, ayudar a desarmarla?
G.M.: Creo que hay actores que se aprovechan de la debilidad de los trabajadores y que generan beneficios para ellos. Ahora, esta reforma laboral, así como está, ese problema de fondo no lo ataca. De nuevo, el problema de fondo para generar puestos de trabajo en blanco es que la economía crezca y que haya un proceso de sustitución de importaciones. Acá vamos en un sentido contrario: la economía no crece, la microeconomía no crece; crecen sectores que no generan puestos de trabajo como es el agro, la industria y la minería, y estamos ante un proceso de apertura de importaciones que afecta a la industria local.
P.: Otro tema que se incluyó en extraordinarias es el Régimen Penal Juvenil, que ya se trató el año pasado y que un sector del peronismo acompañaba. ¿Cuál es su postura al respecto?
G.M.: Yo inicié un proceso de discusión con mis colegas de Entre Ríos. También charlé con Ramiro Gutiérrez (diputado y referente del Frente Renovador en temas de Seguridad) para interiorizarme en el proyecto que él presentó, en el cual en muchos puntos estoy de acuerdo. Cualquier ley que se impulse no sirve de nada si no se materializa después lo que se necesita.
P.: ¿Qué se necesita?
G.M.: Cárceles para chicos, un proceso de control posterior para los chicos, controlar las redes sociales. Vimos con este crimen salvaje a Jerónimo Monzón cómo a través de redes sociales se visualizaba el delito, por eso, hay que trabajar sobre eso. No alcanza con una ley, es necesaria, pero no es suficiente el marco normativo, se necesitan otras cosas. Hay que trabajar no sólo en el marco normativo, sino en la implementación para llevar adelante todas las normas a las que se avance.
Su mirada sobre el peronismo, Cristina Kirchner y Axel Kicillof
P.: Hablando de diferencias en el PJ, ¿cómo está viendo al partido?
G.M.: Hoy el peronismo no tiene una conducción clara. Por eso, lo primero que hay que hacer es ampliar la mesa de debate. El partido debería llamar al debate de los temas. No veo que nadie de la conducción del peronismo nos esté llamando a los legisladores, a los diputados, a los senadores a debatir los temas, a hablar. Todo surge de iniciativas propias. Nosotros presentamos un proyecto para desendeudar las familias, nadie nos llamó, nos convocó, nos pidió opinión. El peronismo tiene que reconfigurar la conducción, porque de esta forma le estamos cediendo la agenda al oficialismo, a la libertad de avance y no nos estamos planteando los temas. El peronismo cree que lo único que tiene que discutir es de la interna en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un problema, ¿sí? Nos va a ser muy difícil ganar una elección.
P.: Cuando habla de conducción, pienso en Cristina Kirchner, que conduce el PJ a nivel nacional, y Máximo Kirchner, que lo conduce en la provincia de Buenos Aires, donde habla de las internas. ¿Cómo los ve a ellos puntualmente? ¿Ya agotaron un ciclo?
G.M.: Yo no soy quién para calificar o hablar de otros dirigentes políticos y menos de alguien como Cristina, que fue presidenta, a quien respeto claramente. Lo que digo es un dato objetivo la realidad. Hoy no hay una conducción clara en el peronismo. ¿Por qué? Por los procesos que se han dado luego de haber perdido la última elección. Hoy el peronismo necesita ampliar su base de sustentación, necesita convocar otros actores, necesita ensayar esto que fuimos ensayando con el proyecto de desendeudamiento de las familias [el proyecto lleva las firmas de diputados de otros partidos, como Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto], de acercar a otros dirigentes que en algún momento estuvieron en el peronismo, para que vuelvan a formar parte. Necesitamos renovar nuestro discurso, necesitamos defender la industria nacional, el empleo, la producción, el trabajo. Necesitamos volver a hablarle a la base del peronismo que siempre fue el trabajador y la industria nacional. Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad.
P.: En las elecciones de octubre, Milei tuvo un triunfo inesperado. ¿Se lo atribuye a su gestión o a las internas de la oposición? ¿A qué le adjudica ese triunfo?
G.M.: Creo que la emoción que prevaleció a la hora de votar a la gente fue: “Che, no quiero que se vaya todo el tacho el lunes”. Por ahí, lo que nosotros interpretamos como algo en contra, que era lo que dijo Trump: “Voten a este Gobierno porque si no se acaba la ayuda a Estados Unidos, terminó generando esa emoción en el votante argentino y terminó prevaleciendo esa emoción a la hora de votar”. También creo que el adelantamiento de la elección en provincia de Buenos Aires, que le sirvió al peronismo de la Provincia de Buenos Aires, dejó atado a todo el peronismo del interior del país a esa estrategia electoral y fue contraproducente para la elección de octubre.
P.: ¿Por qué?
G.M.: Porque adelantó un poco, funcionó como una especie de PASO. O sea, algo que le sirvió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que no tengo nada para decirles al respecto de su estrategia electoral, fue contraproducente para el resto del peronismo del interior del país.
P.: Tras las elecciones provinciales, parecía que Axel Kicillof quedaba validado como candidato del PJ de cara a las presidenciales de 2027. Eso, después se puso en duda cuando se vio la remontada de La Libertad de Avanza en las nacionales. ¿Cómo lo ve al gobernador? ¿Es la figura que puede conducir al peronismo e incluso competir en las presidenciales?
G.M.: Hoy es tal vez el dirigente del peronismo con el cargo institucional más importante, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país. Y lo han elegido dos veces sus ciudadanos, por lo cual, yo no soy quien para decir cómo lo veo o no. O sea, sus ciudadanos lo ven bien, por eso lo votan. Ahora sí, yo creo que Axel tiene que decidir si quiere; mostrar su vocación de ser jefe de todo el peronismo. Eso lo tiene que demostrar él. Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires.
La Rosca |Controversia por informe sobre baja de matrícula |
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, cuestionó el informe de la organización Argentinos por la Educación sobre la baja proyectada de la matrícula escolar y advirtió que su difusión se da en un contexto de conflicto docente, marcado por reclamos salariales, condiciones laborales y falta de diálogo con los gobiernos provincial y nacional.
Según expresó, la publicación del estudio no es neutral, sino que se utiliza para “construir opinión pública” en un momento en el que el sector docente reclama paritarias, mejoras salariales y una mayor inversión en educación. En ese sentido, sostuvo que una eventual baja en la cantidad de alumnos podría ser presentada por el Gobierno como un argumento para minimizar esos reclamos.
En declaraciones públicas, Antivero afirmó que Argentinos por la Educación “es una entidad que está muy lejos de nosotros y con la que no tenemos puntos de coincidencia.
Si bien reconoció que “existen claramente datos que indican una disminución del índice de natalidad”, el dirigente gremial advirtió que el problema radica en el uso político de esos datos. “En términos simples, podría haber menos chicos y más docentes, lo que permitiría avanzar en calidad educativa si existe un gobierno que tenga a la educación como prioridad”, explicó. Sin embargo, alertó que, en un contexto de ajuste fiscal, ese escenario “se transforma en letra para cerrar cargos, cerrar escuelas y recortar derechos”.
Antivero recordó además que Argentinos por la Educación impulsó fuertemente la apertura de las escuelas durante la salida de la pandemia y señaló que la organización “ha buscado instalar un sentido privatizador del sistema educativo”, a través de conceptos como eficiencia, racionalización u optimización de recursos, de los que el gremio se manifestó “totalmente alejado”.
También cuestionó el perfil de los autores del informe, al señalar que pertenecen al ámbito privado y que algunos de ellos trabajaron bajo la línea del actual funcionario nacional Federico Sturzenegger. “Esto no viene de un repollo, hay una intencionalidad y estos organismos son funcionales al gobierno de turno”, sostuvo.
Respecto a la matrícula, reconoció que AGMER no cuenta con datos sistematizados, aunque indicó que a través de las seccionales se observa una baja tanto en el nivel primario como en el secundario, situación que, según afirmó, también está vinculada al incumplimiento de la obligatoriedad escolar y a la ausencia del Estado.
Finalmente, el titular de AGMER volvió a reclamar la convocatoria a paritarias de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 y advirtió que la falta de diálogo agrava el conflicto. “Nuestra intención es que los chicos estén en las escuelas el 2 de marzo, pero hoy, a fines de enero, todavía no hemos sido convocados. El único responsable es el gobierno provincial”, concluyó.
La Rosca |Cambios desde el CGE |
En una carta pública, la funcionaria saliente explicó: “En el marco de la formalización y renovación de autoridades del Consejo General de Educación (CGE), máximo organismo rector de la política educativa provincial, se inició este año un proceso de reordenamiento de los lineamientos y criterios educativos de cara a los desafíos futuros. Este proceso implicó modificaciones en distintos equipos de gestión del CGE, impactando también en el funcionamiento de las Direcciones Departamentales de Escuelas”.
Dijo que le tocó asumir “en un contexto de alta complejidad, atravesado por urgencias que exigieron conformar equipos de manera veloz y dar respuestas inmediatas ante el inminente inicio del ciclo lectivo. Los años siguientes no fueron distintos: a los desafíos preexistentes, especialmente vinculados a problemáticas edilicias, se sumó una marcada fragilidad en los recursos económicos del Estado provincial, situación que afectó al sistema educativo en todo el territorio. Aun así, gracias a la voluntad política del gobernador, se lograron ejecutar inversiones clave en mejoras estructurales, lo que permitió —con enorme satisfacción— garantizar el normal desarrollo de las clases en todo el departamento Uruguay e iniciar un proceso de mejora sostenida de los entornos educativos”.
“Este contexto inicial de crisis no impidió el avance de programas y propuestas educativas centradas en lo esencial: los contenidos impartidos en las aulas. Entre ellas, se destaca el Plan de Alfabetización, desarrollado con resultados positivos en toda la provincia, que permitió a los docentes fortalecer sus prácticas para mejorar los procesos de lectoescritura. A ello se sumaron numerosos proyectos en la misma línea. Asimismo, se trabajó de manera articulada con otras dependencias del Estado —comedores escolares, Copnaf, entre otros—, con organizaciones de la sociedad civil, juntas y municipios del departamento, otorgándole a la Dirección Departamental un rol activo como espacio de diálogo, escucha y gestión de soluciones. Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento recibido, el cual agradezco profundamente”, sostuvo.
Esta es la tercera modificación en las estructuras departamentales del Consejo de Educación.
El primer reemplazo fue el de Natalia Báez en Gualeguaychú por la expresidenta del CGE durante el primer gobierno de Gustavo Bordet, a lo que siguió la salida de Marina Roude de la Departamental de Escuelas de San Salvador. Su lugar será ocupado por Belén Beherens.
La Rosca |Recurso de entrerrianos contra DNU |
El ex diputado nacional de filiación radical que ocupó una banca por el Frente de Todos/Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, cuestionó duramente el fallo del juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, que el jueves 29 rechazó por improcedente el recurso de Habeas Corpus colectivo que presentaron los abogados radicales de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, Raimundo Kisser y Armando Aquino Britos, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, para que declare su inconstitucionalidad.
En un párrafo del posteo en su red social en X, Moreau instó a Alonso a que “piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia y el daño será irreparable”.
Moreau, manifestó que “algunos fallos de magistrados de distinta jerarquía y fueros del Poder Judicial nos confirman la necesidad de un urgente rediseño de ese Poder del Estado y el desamparo al que se encuentran sometidos los ciudadanos argentinos en sus derechos y garantías más elementales”.
En aquella línea, añadió que “el Juez federal de Paraná, Daniel Alonso rechazó un habeas corpus preventivo interpuesto contra los efectos del DNU 941/2025 que faculta a agentes de Inteligencia a practicar detenciones sin orden judicial” y resaltó que “lo más ridículo y vergonzoso son los fundamentos del fallo”.
Moreau expuso que “el juez sostiene textualmente que ‘no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución (y lean esta frase en particular) NI VULNERACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL ALGUNA (sic)”. Así, en tono pedagógico, el ex legislador y dirigente político, le aportó al juez: “Doctor, usted sabe que un DNU está vigente y operativo desde su publicación en el Boletín Oficial. Por lo tanto, imagine que en el mismo instante en el que usted se devanaba los sesos para desplegar su razonamiento o yo para escribir este tuit, un ciudadano argentino está siendo, en el marco de una ‘operación encubierta’, detenido y subido a un auto con patentes adulteradas por personal de la SIDE con falsas identidades y trasladado a otra fuerza federal sin un límite temporal, ni conocimiento de la causa que se le imputa ni intervención judicial”.
Además, lo interrogó sobre si “¿esta forma de actuar no le hace acordar a otros tiempos de la Argentina? ¿No se da cuenta que estamos hablando de los derechos individuales? ¿No advierte que esos derechos están en expectativa en riesgo para 47 millones de sus compatriotas?”.
Finalmente lo instó a que “piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia y el daño será irreparable”.
La Rosca |Cuestionamientos a la reforma laboral|
“La mal llamada ‘modernización laboral’ busca dejar a las y los trabajadores sin derecho al salario en pesos, a las horas extras pagas, a ser indemnizados por despido, a las vacaciones y a las licencias”, sostuvo la legisladora al cuestionar el proyecto del Ejecutivo nacional que propone fuertes reformas a la legislación laboral.
“El proyecto de Milei trata de socavar conquistas vigentes y liquidar derechos”, aseveró y enfatizó que “el explícito apoyo del gobernador Rogelio Frigerio al proyecto del presidente lo hace igualmente responsable de todos los retrocesos que puedan concretarse. Anticipo de ello es la brutal e inédita represión a los trabajadores del puerto de Concepción del Uruguay de hace unos días”.
En este marco, manifestó su rechazo a esa iniciativa y “el total compromiso de impulsar las normas que hemos presentado a favor del trabajo, los trabajadores y la producción nacional”, (APF)
La Rosca |Reclamo salarial |
En el marco de un plan de lucha que comenzó a finales de 2025, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó a un paro total de actividades por 24 horas para este viernes 6 de febrero. La decisión surge ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial a los pedidos tramitados a través de la Mesa Salarial del Poder Judicial.