La Rosca |Planteo de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel |
La Sala Penal del máximo tribunal denegó un recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador. El juicio comenzará en abril. La Corte paraguaya aún tiene que resolver un planteo sobre su extradición a la Argentina.
La Sala Penal consideró que el reclamo que llevaron los abogados de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, no reunía los requisitos mínimos. Los letrados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaron que la Corte revea una decisión que había sido tomada en primera instancia y confirmado por otro tribunal.
El razonamiento de los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fue que se estaba intentando una “apelación de la apelación”. Y razonaron que se trataba de una vía procesal inexistente, informó el sitio local El Observador de Paraguay.
En ese sentido, los integrantes de la Sala concluyeron que el recurso no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales.
Kueider y Guinsel enfrentan una acusación por contrabando en grado de tentativa. El caso se abrió luego de que en la madrugada del 4 de diciembre del 2024 ambos intentaran ingresar a Paraguay USD 200 mil sin declarar. Desde ese momento permanecen con detención domiciliaria.
Los abogados Arévalo y Bogado intentaron que se anule la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitaron que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos acusados.
Además, requirieron que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Los registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.
El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada luego por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.
En sintonía, la Corte expuso que darle la razón al planteo de los abogados del exsenador y su secretaria hubiera implicado habilitar un uso abusivo de recursos. Esto, agregaron, está en contra de los principios de economía procesal y buena fe. Además, traería aparejado el riesgo de paralizar de forma indefinida el avance de los procesos penales.
El cargo de contrabando en grado de tentativa tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, a partir de los 2 años de condena las sanciones son de cumplimiento efectivo.
Con su decisión, la Sala Penal de la Corte paraguaya dejó firme la convocatoria a juicio. Las audiencias estaban previstas para octubre pasado. Pero fueron postergadas primero a noviembre y luego al lunes 20 de abril del 2026.
El exsenador también llevó a la Corte del vecino país un reclamo formal sobre el mecanismo por el cual se tramita su extradición a la Argentina. El pedido lo formuló la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La causa federal surgió como derivación de otro expediente denominado “Securitas”. Allí se investiga el presunto pago de coimas realizado por la empresa de seguridad privada a organismos públicos. El objetivo era quedarse con contratos de vigilancia. Uno de los entes bajo la lupa es la estatal energética entrerriana Enersa. Arroyo Salgado vinculó a Kueider por unos mensajes encontrados en un celular de un detenido en “Securitas”.
A esto sumó una denuncia presentada con base en un informe elaborado por la publicación El Disenso. Allí se describía un patrimonio que, prima facie, no se correspondería con los ingresos de Kueider. Incluía, por caso, departamentos de lujo en una torre exclusiva en Paraná. Figuraban en el patrimonio de una empresa, Betail SA, que estaba a nombre del exsenador y de personas que la Justicia considera sus testaferros.
En simultáneo, el ex legislador también comenzó a ser investigado en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito. El caso se tramita en el Juzgado de Garantías de Edwin Bastián con José Arias como fiscal.
La situación derivó en un conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema a comienzos de noviembre. El expediente pasó a la Procuración General para que emita opinión sobre cuál de los dos juzgados se quedará con la investigación.
La Rosca |Rechazan el sobreseimiento de Kueider |
La defensa de Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel intentó que se anule la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitó que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos. Además, requirió que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Esos registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.
El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada hace unos días por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado, según pudo corroborar Infobae.
Carlos Arévalos y Marcelo Bogado son los defensores de Kueider y Guinsel. El argumento que esgrimieron fue que la acusación que había elaborado el fiscal Ysrael Villalba no cumplía con los presupuestos que establece el Código Procesal Penal del vecino país.
En síntesis, una acusación debe contener un relato de los hechos, una fundamentación y sus elementos de convicción y la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables. Es decir: qué pasó, por qué y de qué los acusan a Kueider y Guinsel. Si no se hace, es causal de sobreseimiento.
Según la defensa, estos aspectos no estaban especificados. La respuesta de Otazú fue que sí se cumplimentaron esos requisitos. Además, apuntó que no se pueden anular las acusaciones, que son requerimientos fiscales, sino solo las resoluciones.
Arévalos y Bogado apelaron esta decisión de Otazú ante la Cámara de Alzada. En fallo dividido, el Tribunal le dio la derecha al magistrado de primera instancia.
Gustavo Amarilla Guernica, con la adhesión de su par Silvana Luraghi ratificaron la decisión de Otazú. Argumentaron que al verificar la Acusación Fiscal presentada, se observó que existen “dos apartados distintos uno de otro en lo que respecta a «relato de hecho», «conducta atribuida a los acusados» y finalmente «fundamentación de la acusación»”.
“Puede observarse que en esos tres apartados el Ministerio Público procede a dar cumplimiento a los requisitos formales” del Código Procesal. Esto abarca tanto el relato de hechos y conducta típica atribuida a los procesados como la fundamentación de la acusación, sostuvieron.
En su voto, Amarilla Guernica resaltó que el fiscal Villalba describió de manera correcta “la supuesta acción desplegada” por los acusados. Luego, consignó que será materia “de valoración probatoria” comprobar la existencia del hecho punible. A párrafo seguido, destacó que el juicio oral es el momento en que se deberá “comprobar la participación de ambos” en el delito de contrabando.
Hubo una disidencia en el Tribunal. Correspondió a la jueza Claudia Criscioni. La magistrada entendió que debía anularse la acusación y la elevación a juicio. Y también tendría que convocarse a una nueva audiencia para resolver esta cuestión. Criscioni razonó que la Fiscalía “debe especificar por qué consideran que los billetes son mercadería” y, por lo tanto, el delito imputado es contrabando.
Causas
Kueider y Guinsel están acusados en el Paraguay de contrabando en grado de tentativa. Esto es porque no alcanzaron a ingresar el dinero al país. Fueron detenidos en la cabecera del Puente de la Amistad que une las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
El expediente fue elevado a juicio. De su resolución depende su extradición a la Argentina. La Fiscalía del vecino país puso como requisito para su remisión que culmine el proceso por contrabando.
En el juicio de extradición, la defensa de Kueider y Guinsel también intentó poner trabas apelando a aspectos formales. Pero la Justicia de Paraguay de inmediato echó por tierra esas pretensiones.
El exsenador nacional por Entre Ríos enfrenta en la Argentina dos causas por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Uno está radicado en Concordia. Allí se encuentra bajo la lupa su patrimonio desde que comenzó en la actividad pública. Por eso las pesquisas comienzan en 1999, cuando fue electo concejal de la ciudad.
El otro expediente se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Lo lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado. La investigación comienza recién en 2017, cuando ya era secretario General de la Gobernación, durante el mandato de Gustavo Bordet.
Comenzó por un incidente derivado de la causa Securitas. Aquí se investigan coimas pagadas por firma multinacional a empresas y organismos estatales para quedarse con el servicio de seguridad privada. Luego, se sumó una denuncia hecha en función de una investigación realizada por la revista El Disenso.