La Rosca |Recategorizaciones en administración pública |
El Gobierno provincial formalizó, este viernes, junto a los gremios UPCN y ATE el Instructivo de Recategorizaciones, destinado a los agentes de la administración pública provincial. “El acuerdo representa un avance significativo en la consolidación de un sistema de carrera administrativa basado en criterios objetivos, previsibles y transparentes”, destacaron fuentes provinciales.
En ese marco, la miembro paritaria Fanny Maidana subrayó la definición política del Gobierno provincial en materia de empleo público: “Destacamos la importancia de culminar el año 2025 habiendo cerrado un acuerdo histórico en materia de recategorizaciones, que pondera el mérito, la carrera administrativa y la formación. Este acuerdo, que marca la decisión política de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, pone fin a prácticas discrecionales que fueron habituales durante más de veinte años y constituye a la capacitación en un pilar del nuevo esquema”.
Por otro lado, en relación con la agenda paritaria del próximo año, la funcionaria aclaró: “No hemos hablado aún de fechas para la apertura de la paritaria 2026. Sí hemos recibido un pedido de los gremios para que se convoque cuanto antes. Cuando estén dadas las condiciones, se realizará la convocatoria correspondiente”.
La Rosca | Contratos temporarios|
“Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas”, indicaron que “resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa”, que responde a “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.
“En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”, expresaron.
Renovación de contratos temporarios en Entre Ríos: los detalles
“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado”, precisaron.
En ese sentido, indicaron que se trató de “un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados”. “La evaluación no fue automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de criterios claros, objetivos y previamente establecidos”, afirmaron.
¿Cuáles son los criterios?
-Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas.
-Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado.
-Compromiso con las funciones y con el servicio público.
-Asistencia regular y niveles de ausentismo.
-Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos.
“En este sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos”, concluyeron.
La Rosca | Cesantía de cien trabajadores|
“El gobierno del porteño Frigerio, en ejercicio de la crueldad mileísta más obscena, contribuye a la canasta de fin de año de una centena de familias entrerrianas con notificaciones de cesantía laboral que no tienen otra finalidad que la de disciplinar al conjunto de los trabajadores estatales bajo el terror que supone arrojar a la calle a cien empleados públicos provinciales”, afirmaron desde el peronismo paranaense en un comunicado que lleva la firma de su presidente, Jorge Vázquez.
“Argumentos absolutamente falaces basados en presuntos parámetros de ‘eficiencia’ o ‘desempeño laboral’, siempre al alcance de gobiernos que vienen a perseguir trabajadores, ya se trate de la dictadura militar o de liberales como Moine o Montiel, vienen a encubrir el verdadero motivo de la disfuncionalidad estatal bajo una verdadera casta de porteños a cargo de áreas centrales de la función pública con semana laboral de martes a jueves sin el menor dominio competente de las responsabilidades a cargo y bajo un escandaloso dispendio de sueldos, como los que tomaron por asalto el Iosper para dejar sin cobertura de salud a miles de familias entrerrianas”.
“Durante su cesanteador descanso europeo, el Gobernador Frigerio debería meditar sobre la suerte corrida por políticas antilaborales como las de Moine o Montiel que terminaron pidiendo la escupidera ante la resistencia de los trabajadores. Del mismo modo cierta dirigencia sindical que de la mano del ministro de gobierno levanta cuadros del compañero José Ignacio Rucci y a la vez lo traiciona mirando al costado cuando el mismo ministro Troncoso es el que firma la cesantía de cien trabajadores”, señalaron apuntando contra UPCN.
“Los peronistas que enfrentamos la persecución laboral de Moine y Montiel vamos a enfrentar la motosierra al derecho al trabajo de Frigerio y convocamos al conjunto de los trabajadores y comunidad entrerriana a solidarizarse con las familias de los compañeros que van a pasar fin de año sin trabajo ni sustento para llevar alimento a sus mesas”, manifestaron.
La Rosca | Baja de contratos |
Advierten que “la no renovación de contratos dejaría a cientos de familias sin su única fuente de ingresos, generando un grave daño social”.
“Las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste ni cargar con la responsabilidad de formas de contratación precarias que el propio Estado sostiene desde hace años”, enfatizaron desde ATE.
En este marco, exigieron “la prórroga de los contratos y la regularización laboral, una demanda histórica de nuestro sindicato frente a todas las gestiones de gobierno”.
“ATE se mantiene a disposición para el diálogo y reclama una reunión urgente para abordar esta situación sensible”, afirmaron y ratificaron la defensa “del trabajo digno, la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores del Estado”.
La Rosca | Contratos temporarios |
Según informó la organización, la norma autoriza la renovación de “algunos contratos temporarios de trabajadores que figuran en un listado adjunto”, lo que habría generado incertidumbre entre empleados de distintas reparticiones del Estado provincial que no figuran en ese anexo o que no recibieron notificación oficial sobre su continuidad laboral.
Desde la Multisectorial señalaron que, tras conocerse el decreto, “trabajadores de todo el Estado provincial y de diversas reparticiones se están comunicando para intentar dar con la dimensión de la cantidad de personas que no tienen información sobre la renovación de sus contratos”. En ese marco, cuestionaron la falta de definiciones por parte del Ejecutivo, al afirmar que existe un “mutismo por parte del gobierno”, lo que -según el comunicado- “aporta al dolor, a la incertidumbre” y genera “la imposibilidad de pensar en otra cosa que no sea un futuro oscuro e incierto”.
El pronunciamiento también vincula la situación con las políticas públicas de derechos humanos. A tres meses de la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Multisectorial sostuvo que el gobierno provincial “decide terminar de destruir las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y denunció el despido de trabajadores del Registro Único de la Verdad y los Derechos Humanos.
Finalmente, la organización reclamó una respuesta inmediata por parte del gobernador Rogelio Frigerio y de sus funcionarios, exigiendo “la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras” afectados por la medida.
La Rosca | Medida de gobierno|
La normativa fue formalizada mediante el Decreto Nº 2817, fechado el 13 de octubre de 2025, y firmado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien será el encargado de hacer cumplir las disposiciones.
En sus fundamentos, el decreto señala “la necesidad de fortalecer los mecanismos de autorización, supervisión y control de las contrataciones y designaciones de personal en el Sector Público Provincial, a fin de contener el gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal”.
Asimismo, sostiene que “a los efectos de poder atender las obligaciones esenciales del Estado y garantizar la continuidad de las funciones prioritarias de la gestión, resulta necesario implementar mecanismos de control y supervisión sobre las contrataciones de personal, su recategorización, cambios de tramo o reconocimiento de adicionales y aumento de los existentes, como así también en las designaciones de los funcionarios, autoridades superiores y/o personal fuera de escalafón… con el objeto de asegurar una administración racional y responsable de los recursos públicos”.
El texto extiende el alcance de estas medidas a “todos los organismos que integran el Sector Público Provincial, incluyendo la Administración Central, los entes descentralizados, como así también a los órganos autónomos de control, sociedades y empresas del Estado provincial”.
El decreto también hace referencia a las sociedades con participación estatal: “El Estado Provincial ha constituido diversas estructuras societarias, tales como Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, en las cuales posee participación directa o indirecta en el capital o en la toma de decisiones. Si bien estas sociedades se rigen por el derecho privado, presentan una marcada impronta pública… La participación pública en dichas entidades implica el uso de fondos estatales, lo cual conlleva tanto la responsabilidad del Estado como el deber de control sobre su inversión”.
En ese sentido, se establece que es “posible y necesaria la intervención y autorización de modo previo del Poder Ejecutivo en aquellas tramitaciones que implicaren erogaciones tendientes a atender gastos de personal”.
El gobierno entrerriano justificó la medida en el contexto económico actual: “El contexto económico actual exige reforzar los principios de eficiencia, transparencia y austeridad en el uso de los fondos públicos, resultando imprescindible ejercer un control efectivo sobre la contratación de personal especialmente en las entidades que integran la administración descentralizada, empresas y sociedades del Estado”.
Por ello, “corresponde disponer la intervención del Poder Ejecutivo, de modo previo a todo trámite de contratación de personal, cualquiera sea su modalidad jurídica o duración… como herramienta de planificación y contención del gasto público”. En consecuencia, se delegan las facultades de autorización previa en el ministro Boleas.
Excepciones
No obstante, el decreto aclara que “resulta necesario exceptuar de la intervención previa, a aquellos casos derivados de procedimientos de selección o concursos y los que refieren a contrataciones de personal que atiende servicios esenciales o críticos, como profesionales médicos, docentes, entre otros”. También se exceptúan las renovaciones de contrataciones temporarias reguladas por los decretos 3996/2024 y 4109/24.
A continuación, el Decreto Nº 2817 GOB detalla sus disposiciones principales:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que para toda contratación o renovación del vínculo contractual de personal, designación o renovación de suplencias, recategorización, cambio de tramo, reconocimiento de adicionales o aumento de los existentes, y para la designación de funcionarios, autoridades superiores y/o personal fuera de escalafón que se llevare a cabo en el ámbito del Sector Público Provincial —Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, entes autárquicos y autónomos, empresa, sociedad del Estado y sociedad con participación estatal mayoritaria— deberá requerirse la autorización previa y expresa del Señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda y Finanzas.
Quedan comprendidos en el presente, además de los organismos pertenecientes a la Administración Central, los siguientes:
–Administradora Tributaria de Entre Ríos
-Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
-Dirección Provincial de Vialidad
-Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos
-Ente Mixto de Turismo
-Agencia Administradora de Bienes Inmuebles
-Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
-Consejo General de Educación
-Universidad Autónoma de Entre Ríos
-Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia
-Comisión Administradora Fondo Especial de Salto Grande
-Corporación de Desarrollo de Salto Grande
-Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social
-Sistema de Crédito de Entre Ríos SA
-Compañía Entrerriana de Gas SA
-Salud Entre Ríos SE
-Energía de Entre Ríos SA
-Obra Social de Entre Ríos
-Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos
-Instituto Portuario Provincial y Puertos Autárquicos de Diamante, Ibicuy, Concepción del Uruguay y La Paz
-Fiscalía de Estado
-Contaduría General de la Provincia
-Tesorería General de la Provincia
-Tribunal de Cuentas de la Provincia
-Toda otra empresa, sociedad del Estado o ente descentralizado creado por ley o decreto provincial.
ARTÍCULO 2º.- El requerimiento de autorización deberá formalizarse ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante expediente, acompañando copia del acto administrativo proyectado y/o del contrato respectivo, en caso de corresponder.
ARTÍCULO 3º.- Se prohíbe la gestión o continuación de los trámites previstos en el artículo 1° que no contaren con la autorización expresa del Ministro de Hacienda y Finanzas. La prestación de tareas solo podrá iniciarse cuando el trámite se encuentre finalizado y aprobado por la autoridad competente.
ARTÍCULO 4º.- Se exceptúan de la autorización previa las contrataciones vinculadas con:
-Servicios de seguridad pública y penitenciaria.
-Profesionales médicos, de enfermería, obreros y maestranza del sistema de salud pública.
-Servicios críticos o de urgencia debidamente fundados.
-Personal de cuidado directo del COPNAF, docentes del CGE y UADER, y personal de comedores escolares.
-Renovaciones de contrataciones temporarias bajo los decretos 3996/24 y 4109/24.
-Personal de gabinete regulado por los decretos 1/25 MHF y 77/25 GOB.
-Designaciones resultantes de concursos.
-Cargos que requieran acuerdo del Senado provincial.
-Contrataciones en el marco de la Ley N° 5.140.
Las contrataciones y designaciones efectuadas bajo estas excepciones deberán ser informadas al Ministerio de Hacienda y Finanzas dentro de los treinta días hábiles posteriores.
La Rosca |OSER|
Giampaolo, oriundo de Gualeguay, es Contador Público, Magister en Finanzas Públicas, Diplomado en Gestión Municipal y se ha desempeñado tanto en el ámbito privado como privado. Su nombre surgió de una terna.
El Gobierno de la provincia firmó el martes 22 una de las dos designaciones como síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), recayendo la responsabilidad en el contador, Pablo Martín Giampaolo. La designación se formalizó mediante el Decreto Nº 2608/25 que firmaron el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco.
En el Decreto se precisó que “la Ley Provincial N° 11.202, mediante la cual se creó la OSER; y considerando: Que el Artículo 22º de la citada ley señala que la Fiscalización de la Obra Social estará a cargo de dos Síndicos Fiscalizadores nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Honorable Cámara de Senadores; Que debido a ello y conforme lo dispuesto por el Artículo 23º de la misma norma, la Honorable Cámara de Senadores ha propuesto una terna por el Bloque opositor; Que en cumplimiento de la normativa expuesta, es intención de este titular del Poder Ejecutivo designar como Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos al Magister Pablo Martín Giampaolo, quien reúne los requisitos necesarios para el desempeño del cargo”.
Juan Carlos Paludi fue designado como síndico fiscalizador de la OSER
Actualmente, Giampaolo cumple funciones en la Contaduría General de la Provincia, donde deberá “oportunamente tramitar la solicitud de licencia sin goce de haberes en su cargo del cual es titular”. Giampaolo, nacido en Gualeguay, de 52 años de edad, casado con dos hijos, de profesión contador público que se define como un “apasionado por la política”.
En su derrotero profesional y laboral de encuentra que luego de obtener el título de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, decidió desarrollar su actividad profesional en la Capital Federal. Durante siete años se desempeñó en estudios internacionales de auditoría y consultoría para luego comenzar su desarrollo en el Estado. Fue en el año 2003, cuando por convocatoria del entonces intendente de Gualeguya fue designado como Secretario de Hacienda Municipal.
Ya en la función pública, Giampaolo se desempeñó en distintas gestiones peronistas como subdirector de Relaciones Municipales -hoy Relaciones Fiscales con Municipios-, director de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero, coordinador del Ministerio de Producción, responsable de la Billetera Entre Ríos, contador sdjunto de la Contaduría General de la Provincia y también como síndico del Frigorífico de Santa Elena y del Fondo de Garantía de Entre Ríos (Sapem).
En paralelo a aquellas responsabilidades, también se desempeñó como profesional independiente, prestando servicios durante varios años a organizaciones gremiales, tales como la CTA Entre Ríos y ATE. También fue creador de Futura Consultores Municipales, ha asesorado a varios municipios entrerrianos de diversos colores políticos en temas fundamentalmente tributarios y administrativos.
A partir del 11 de diciembre de 2023, con la asunción del nuevo gobierno, dejó de ser funcionario político y pasó a cumplir funciones dentro del cuerpo de Contadores Delegados de la Contaduría General de la Provincia, asignado al Ministerio de Salud. Su CV consigna como antecedentes más relevantes que se graduó como Magister en Finanzas Públicas, Diplomado en Gestión Municipal, Contador Público y docente Universitario de la Universidad de Buenos Aires, lo que junto a su experiencia laboral hizo que el Poder Ejecutivo Provincial lo eligiera de la terna elevada por la bancada opositora desde la Cámara de Senadores.
Dr Guillermo Grieve – Ministro de Salud de la provincia
La Rosca | Pedido de informes |
En un comunicado enviado a La Rosca, los legisladores justicialistas presentaron un Pedido de Informe referido a la cantidad de medicamentos disponible actualmente en el Hospital San Martín para tratar enfermedades oncológicas y cardíacas.
En ese sentido requieren conocer si los organismos del Poder Ejecutivo están en condiciones de informar cuál es la situación y si se registró durante el último bimestre un incremento en la demanda de los servicios públicos de salud; informando también qué patologías registran una mayor demanda en los centros públicos de atención médica, y específicamente en el Hospital San Martín de Paraná.
En el escrito al que accedió LR recordaron en los fundamentos de la iniciativa que el gobernador Rogelio Frigerio destacó ante la Asamblea Legislativa “la eficiente gestión de los recursos en los hospitales y centros de salud, asegurando así la provisión ininterrumpida de atención médica sin déficits”, pero igualmente remarcaron la necesidad “llevar a cabo un riguroso control o fiscalización dentro del ámbito de la salud”.
Igualmente piden que el Ministerio de Salud informe sobre el resultado de las últimas licitaciones públicas de bienes e insumos destinados a hospitales y centros de salud.
Por último, solicitan información sobre la existencia de un registro de seguimiento de los pacientes oncológicos que permita conocer el impacto en la salud de esos pacientes de la eventual interrupción del tratamiento con quimioterapia.