La Rosca | Emergencia en obra pública|
El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido al 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras.
“La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva al dejar en claro que los alcances de la norma se deben limitan a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró.
Las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de litación pública determinados por la legislación vigente.
Se insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas.
El proyecto de la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138 y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.
En particular, Oliva señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales.
Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas (servicios esenciales) financiadas originalmente con fondos nacionales, entre otras obras fundamentales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria generada por la propia Nación.
“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial”, hizo saber el uruguayense.
Finalmente, solicitó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerar que se trata de un acto de responsabilidad política e institucional frente al retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, una decisión que impacta de manera directa en los municipios, en la infraestructura básica y en la vida cotidiana de los entrerrianos.
La Rosca | Proyecto de Ley |
La iniciativa, que fue presentada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, solicita que se designe autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.
Tendrá a su cargo determinar cuáles son los edificios, obras de arte, piezas históricas, monumentos y cualquier otro patrimonio cultural, histórico y artístico de la provincia que se encuentre en riesgo y requiera con urgencia acciones de puesta en valor y preservación.
También podrá gestionar ante las áreas específicas las acciones y recursos necesarios para atender las situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias para evitar daños mayores a la vez que autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones presupuestarias para financiar las medidas que se dispongan.
El proyecto, que consta de seis artículos de fondo y uno de forma, también lleva las firmas de los diputados, Jorge Maier; Mariana Bentos; Marcelo López; María Elena Romero; Lénico Aranda, Mauro Godein; Carola Lane y Noelia Taborda.
En los fundamentos, la diputada Lena menciona que son catorce inmuebles históricos centenarios, en donde seis corresponden al Siglo XIX y los ocho restantes al Siglo XX. A su vez, once de ellos se hallan catalogados bajo el Inventario de Patrimonio Histórico–Arquitectónico de Entre Ríos y de los cuales tres, presentan declaratoria de Monumento Histórico Nacional (Museo Molino Forclaz, Museo de Casa de Gobierno y Museo Hogar Escuela “Eva Perón”).
Consideró relevante que “preservan su arquitectura original como testimonio de épocas pasadas conforma así el paisaje cultural patrimonial de la ciudad y la provincia. Dichos edificios culturales son instituciones visitadas todo el año no sólo por locales y turistas, sino por establecimientos educativos de la provincia y actualmente están en un deterioro apremiante, a su vez, que implica un riesgo inminente para sus visitantes”.
Precisó luego que de los catorce edificios sólo seis son accesibles ediliciamente: (Centro Cultural “La Vieja Usina”, Casa de la Cultura de Entre Ríos “Arq. Luis F. Enría”, Museo Molino Forclaz, Museo de Casa de Gobierno, Archivo General de Entre Ríos y Museo Hogar Escuela “Eva Perón”), incumpliendo el resto de los organismos culturales con la Ley Nacional de Accesibilidad Universal Nº 26.378/08, “razón por la cual es urgente adaptar arquitectónicamente a dicho organismos con las condiciones de accesibilidad para poder estar abiertos a la comunidad toda”, concluyó la diputada Lena.