La Rosca |Financiamiento de la ETP |
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -Regional XI- informó sobre las acciones que se están intentando llevar adelante para sostener el financiamiento de la ETP (Educación Técnico Profesional).
El sindicato recordó que ha mantenido reuniones con legisladores provinciales, nacionales y con funcionarios políticos de diversos espacios políticos, y también con colegios de profesionales, cooperadoras, centros de estudiantes, directivos de escuelas y con empresarios de la producción y de servicios con el fin de que “se tome real conciencia de que los fondos son por y para las y los alumnos y que los recursos para la ETP son de vital importancia para las actividades escolares diarias y la formación óptima de los y las estudiantes”.
En este contexto, “se avala y felicita la decisión tomada por padres y alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se han presentado ante el Poder Judicial para solicitar que no se avance con el desfinanciamiento de las instituciones de la ETP”.
“Desde la AMET esperamos y deseamos fervientemente que los Jueces pongan freno a este accionar del Poder Ejecutivo avalado en el Congreso Nacional que atenta directamente contra el presente y futuro de la Educación Técnico Profesional”.
“Con ese criterio padres y estudiantes de escuelas técnicas presentaron una medida cautelar ante la justicia para que declare inconstitucional al artículo 30 del Presupuesto 2026 que elimina fondos en educación y ciencia”, destacaron desde AMET.
El planteo fue realizado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas”.
Se plantea que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino” y “desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
La eliminación de los pisos mínimos de financiamiento se inscribe dentro de las políticas de desfinanciamiento de la educación técnica en los dos últimos años.
Desde el sector educativo estiman que el recorte provocado por Javier Milei alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.
Los principales fundamentos de la cautelar:
1) El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales: Según consta en la denuncia, “el primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional” dado que, indican “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”.
Entre el marco normativo superior enumeran a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
“El presupuesto tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”.
Desde ese enfoque, la presentación considera que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”.
2) Viola el derecho constitucional a la educación: De acuerdo a la presentación, el artículo 30 del nuevo presupuesto “afecta directamente el derecho a la educación” consagrado en tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible” advierten y remarcan que eliminar los “pisos legales de inversión” vacía de contenido a ese beneficio consagrado.
3) Viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad: Otro de los ejes se centra en los derechos sociales. La demanda parte de la base de un Estado “obligado a cumplir el principio de progresividad y la prohibición de regresión” consagrados por la Constitución.
“El artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas. No se trata de una crisis imprevisible ni de una medida transitoria: es una decisión regresiva explícita, que desanda políticas de Estado construidas durante décadas”.
4) Es irrazonable y discriminatorio: En base a la Constitución, el pedido de cautelar recuerda que eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica “no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”.
Los demandantes sostienen que el artículo 30 extiende los niveles de desigualdad: “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”.
“La educación pública deja de ser igualadora y pasa a ser selectiva por ingresos, lo cual es constitucionalmente inadmisible”.
5) Compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial: El amparo remarca otro punto clave: “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo. Las trayectorias educativas no se pueden “pausar” y retomar sin daño”.
Y aseguran que aún si la Justicia declarara luego la inconstitucionalidad, “el daño ya estaría hecho”.
La Rosca |Fondos nacionales para las escuelas técnicas |
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) – Regional XI convocó a una reunión de urgencia con autoridades provinciales para defender los fondos vitales que sostienen la actividad diaria en las escuelas de Educación Técnico Profesional (ETP) de Entre Ríos.
El miércoles pasado la sede de AMET recibió al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Gustavo Hein, y a la diputada Liliana Salinas, a quienes se les expuso el rechazo de la entidad al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. Específicamente, el sindicato objetó el Artículo 30 de dicho proyecto, que propone derogar el Artículo 52 de la Ley 26.058 (Ley de Educación Técnico Profesional).
Recursos indispensables en riesgo
Según la entidad gremial, estos fondos son la base de la actividad práctica en las instituciones técnicas, agrotécnicas, de formación profesional y superiores técnicas. Cubren elementos esenciales como: insumos, herramientas, maquinarias, mantenimiento de equipos, elementos de laboratorio y pertrechos de seguridad e higiene.
“Sin estos recursos, las escuelas entrarían en una profunda crisis y, con el tiempo, podrían colapsar el trabajo y las actividades diarias que son la síntesis de la teoría y la práctica”, advirtió el sindicato a los legisladores.
AMET informó sobre las diversas gestiones realizadas ante funcionarios y legisladores a nivel provincial y nacional para asegurar la continuidad de los recursos, ya que son “indispensables para la formación” de los jóvenes.
Financiación
La preocupación se agrava luego de que el Consejo General de Educación (CGE) informara a AMET que, en el corriente año, la provincia recibió $720 millones de pesos provenientes de esta ley.
Ante la posibilidad de que se elimine la fuente de financiamiento, el gremio planteó un interrogante directo: “¿Quién financiará estas escuelas si las y los Diputados y Senadores Nacionales por Entre Ríos votan a favor de la derogación?”.
Compromiso de diálogo político
El Presidente de la Legislatura y la Diputada escucharon el planteo y coincidieron en la necesidad de establecer un diálogo con todos los actores involucrados. Ambos se comprometieron a mantener conversaciones tanto con el sindicato como con otros funcionarios y legisladores nacionales.
El objetivo es exponer la situación y el riesgo inminente, ya que el Presidente de la Legislatura entendió que existe un “profundo desconocimiento de la problemática” en el ámbito político.
AMET finalizó el encuentro reiterando que continuará insistiendo ante todos los funcionarios políticos, sin distinción partidaria, para que no se concrete la quita de los recursos. La organización sindical considera que la medida “constituye un ataque directo al futuro de estos jóvenes y al desarrollo y mejora de la calidad de vida de las comunidades”.
Por AMET, participaron en la reunión los profesores Sandra Giménez, Carlos Fontana, Fabián Monzón y Andrés Besel.