La Rosca |Recurso de entrerrianos contra DNU |

El ex diputado nacional de filiación radical que ocupó una banca por el Frente de Todos/Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, cuestionó duramente el fallo del juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, que el jueves 29 rechazó por improcedente el recurso de Habeas Corpus colectivo que presentaron los abogados radicales de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, Raimundo Kisser y Armando Aquino Britos, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, para que declare su inconstitucionalidad.

En un párrafo del posteo en su red social en X, Moreau instó a Alonso a que “piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia y el daño será irreparable”.

Moreau, manifestó que “algunos fallos de magistrados de distinta jerarquía y fueros del Poder Judicial nos confirman la necesidad de un urgente rediseño de  ese Poder del Estado y el desamparo al que se encuentran sometidos los ciudadanos argentinos en sus derechos y garantías más elementales”.

En aquella línea, añadió que “el Juez federal de Paraná, Daniel Alonso rechazó un habeas corpus preventivo interpuesto contra los efectos del DNU 941/2025 que faculta a agentes de Inteligencia a practicar detenciones sin orden judicial” y resaltó que “lo más ridículo y vergonzoso son los fundamentos del fallo”.

Moreau expuso que “el juez sostiene textualmente que ‘no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución (y lean esta frase en particular) NI VULNERACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL ALGUNA (sic)”. Así, en tono pedagógico, el ex legislador y dirigente político, le aportó al juez: “Doctor, usted sabe que un DNU está vigente y operativo desde su publicación en  el Boletín Oficial. Por lo tanto, imagine que en el mismo instante en el que usted se devanaba los sesos para desplegar su razonamiento o yo para escribir este tuit, un ciudadano argentino está siendo, en el marco de una ‘operación encubierta’, detenido y subido a un auto con patentes adulteradas por personal de la SIDE con falsas identidades y trasladado a otra fuerza federal sin un límite temporal, ni conocimiento de la causa que se le imputa ni intervención judicial”.

Además, lo interrogó sobre si “¿esta forma de actuar no le hace acordar a otros tiempos de la Argentina? ¿No se da cuenta que estamos hablando de los derechos individuales? ¿No advierte  que esos derechos están en expectativa en riesgo para 47 millones de sus compatriotas?”.

Finalmente lo instó a que “piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia y el daño será irreparable”.

La Rosca |Rechazo del habeas corpus|

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren y Cintia Gómez, resolvió el jueves 29 “mantener la decisión venida en consulta”. Se trata de la decisión del juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, que el mismo jueves rechazó por “improcedente” la acción de habeas corpus interpuesta por los abogados de filiación radical, Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, para que declare su inconstitucionalidad.

Las magistradas entendieron que “en efecto, de la presentación de los accionantes se vislumbra que han articulado una impugnación de carácter general contra el DNU N°491/2025, sin especificar una limitación o amenaza actual o inminente a la libertad ambulatoria en concreto, todo lo cual denota que no se trata de un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del habeas corpus”.

También señalaron que “por lo demás, cabe señalar que la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de una norma, sólo resulta admisible en cuanto resulta necesaria para resolver un caso en concreto de afectación de la libertad ambulatoria…, supuesto que -conforme se señala en las presentes- no se da en el caso de autos”.

El caso

La Cámara evaluó que “Pagliotto, Kisser y Aquino Britos interpusieron acción de Hábeas Corpus colectivo, restrictivo y preventivo ante el Juzgado Federal N°1, en favor de los peticionantes y de los ciudadanos a quienes les afecta el DNU N°941/2025”. Consideró que “allí sostuvieron que la amenaza sobre la libertad y la restricción afectan a toda la sociedad; que dicha normativa fue dictada en forma irregular, invocando el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional; y que afectaría la garantía del artículo 43 de la Carta Magna”. También analizó que los actores “citaron los artículos 7.1 y 7.2 de la CADH, y el 25 de la DADH”.

También abordó que los letrados entendieron que su petición “tiene fundamento en el art 3° y 5° de la ley 23.098; y que la normativa que se cuestiona vulnera el derecho a la libertad de locomoción, los principios de inocencia y culpabilidad ya que permitirían a una Agencia Estatal que no es de Seguridad, detener a las personas y por ello se promueve la tutela ‘preventiva’”. Así, la Cámara analizó que los actores solicitaron “la declaración de nulidad por inconstitucionalidad, con costas”.

Amenaza concreta

La magistradas analizaron que los actores “entendieron que de la normativa cuestionada surge que la amenaza es concreta, posible y real; y solicitaron que se imprima al presente el carácter de acción colectiva conforme los antecedentes de la Corte Suprema. Alegaron que la omisión legislativa en derivar una potencial detención de manera inmediata al juez natural, más allá de la ilegalidad de una detención sin orden judicial y llevada a cabo por agentes de inteligencia, refuerza la situación de una amenaza cierta, actual, no conjetural y que alcanza a toda la sociedad”.

Las magistradas, tras analizar la acción intentada y los antecedentes que se le presentaron, sostuvo que “no se verifica que las circunstancias alegadas por los presentantes puedan ser enmarcadas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de la ley 23.098, puntualmente, no se evidencia limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente (inciso 1)”.

También consideraron que “es que conforme lo establece la citada norma, el hábeas corpus procederá contra actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen limitaciones o amenazas actuales sobre la libertad ambulatoria, y en este último supuesto -amenaza a la libertad- deber que ser cierta, no conjetural o presuntiva…”.

En aquella línea indicaron que “en tal sentido, se ha sostenido que ‘no basta con la mera enunciación de la fórmula limitación o amenaza actual’, sino que los accionantes deben acreditar cuáles son los actos o situaciones en concreto que afectan -o puedan afectar- su libertad ambulatoria, limitándola o amenazando con hacerlo de manera actual o inminente”.

Asimismo, señaló que “no debe tratarse de meras conjeturas sino de indicios vehementes que permitan sustentar su temor a una futura y cierta privación de la libertad…”.

La Rosca | Escándalo por denuncias de espionaje|

La diputada nacional Carolina Gaillard utilizó el reciente escándalo por presunto espionaje en dependencias del gobierno de Entre Ríos para lanzar una ofensiva política contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 impulsado por el presidente Javier Milei, que introduce cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional.

A través de una publicación en la red social X, la legisladora calificó como “gravísimos” los hechos denunciados en la provincia y sostuvo que ese tipo de prácticas remiten a “los momentos más oscuros de la historia argentina”. En ese marco, vinculó el episodio con el debate que se dará en el Congreso sobre el DNU 941 y advirtió que la norma “habilita el espionaje sin límites ni controles”.

Gaillard fue un paso más allá y apuntó directamente al gobernador Rogelio Frigerio. Le reclamó que no se limite a repudiar lo ocurrido en Entre Ríos, sino que intervenga políticamente para que los diputados y senadores nacionales que responden a la provincia rechacen el decreto del Poder Ejecutivo. Según planteó, existe una contradicción entre condenar el espionaje a nivel local y, al mismo tiempo, permitir que avance una iniciativa que —a su entender— amplía de manera peligrosa las facultades del sistema de inteligencia.

El DNU 941, publicado a comienzos de este año, reestructura el Sistema de Inteligencia Nacional y redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde la oposición y organismos de derechos humanos se cuestiona que el decreto declare como “encubiertas” todas las actividades de inteligencia, facilite el intercambio de datos personales entre organismos y otorgue mayores atribuciones operativas sin controles suficientes del Congreso o del Poder Judicial.

En su mensaje, la diputada entrerriana sostuvo que el debate no es abstracto ni técnico, sino que tiene consecuencias concretas. “Si se repudia el espionaje, también se debe rechazar una norma que lo institucionaliza”, fue el sentido del planteo que dirigió al mandatario provincial.

La Rosca |Tras debate sobre los DNU|

Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados se logró el quórum necesario a pesar de las presiones y maniobras del oficialismo para impedir su realización.

La diputada señaló que “los DNU de Milei no son ni de necesidad ni de urgencia, pero interfieren en el funcionamiento democrático, porque las normas deben discutirse y aprobarse en el Congreso”.

Osuna también se refirió a las denuncias por aprietes a legisladores en los días previos a la sesión: “Hubo aprietes de todo tipo para que la sesión no pueda llevarse a cabo. Es gravísimo. En el caso del diputado Facundo Manes, obligó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a dar explicaciones. Esta práctica de amenazas y presiones se repite con legisladores de distintos bloques y provincias”.

En relación al proyecto de Presupuesto Nacional, Osuna advirtió: “Tenemos en mano una iniciativa que corta violentamente recursos para salud, educación, las provincias y la obra pública. Mientras tanto, el ministro de economía, Luis Caputo y el equipo económico están en Estados Unidos sin que se hayan dado a conocer una agenda de reuniones e interlocutores, cuando deberían estar acá discutiendo el presupuesto con nosotros”.

Por último, la diputada entrerriana subrayó que la sesión fue clave “era un temario amplio y con acuerdos entre distintos bloques”, incluyendo temas como el cumplimiento de la ley de emergencia y discapacidad, el funcionamiento de la bicameral de niñez y adolescencia y la designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Hoy dimos una señal clara: el Congreso está para debatir y poner límites cuando el Ejecutivo avanza sobre sus atribuciones”, concluyó Osuna.

La Rosca |Reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia|

La oposición no consiguió este miércoles aprobar de manera definitiva la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto, que buscaba imponer nuevas reglas de control legislativo sobre el Ejecutivo, deberá volver al Senado luego de no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos requerida para sancionar su artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso trate los decretos presidenciales.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

Blanca Osuna publicó en X: “Sancionamos la reforma a la Ley de DNU. Un freno al autoritarismo de Javier Milei y al uso indiscriminado de decretos para gobernar por encima del Congreso y del pueblo”.

Por su parte, Gaillard uso la misma vía para expresarse: “Logramos aprobar la modificación de la Ley de DNU. Durante meses Milei usó los decretos como si el Congreso no existiera. Hoy pusimos un freno a ese abuso. La democracia se defiende con instituciones que funcionen y un Congreso que haga valer la voluntad del pueblo”.

Desde el Gobierno nacional, consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Fuente: APF

La Rosca | Legislativas

El pedido se da en el marco de una convulsionada relación entre el gobierno nacional y gobernadores. Se trata de los senadores de Unidad Federal, los misioneros, los santacruceños y la rionegrina. También se sumó un radical.

En medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional con los gobernadores, a raíz del conflicto particularmente con Chubut, y tras un fin de semana de escalada de confrontación por parte del presidente Javier Milei contra Ignacio “Nacho” Torres, la oposición no K del Senado le pidió a Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para el tratamiento del DNU 70/23 de desregulación de la economía.

El pedido fue encabezado por el correntino Carlos “Camau” Espínola, jefe del bloque Unidad Federal, junto a sus compañeros Edgardo Kueider, de Entre Ríos, y Alejandra Vigo, de Córdoba. Entre los firmantes se sumó además un radical, el fueguino Pablo Blanco.

Suscribieron también la solicitud senadores que responden directamente a sus gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Misionero; José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.

“Nos dirigimos a usted a fines de solicitarle tenga a bien, según lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Honorable Senado, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial para dar tratamiento al Mensaje 1/24 Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23”, pidieron este lunes a la vicepresidenta, sin especificar un día y horario particular.

A cuatro días del comienzo del período ordinario, la solicitud es una clara demostración de que Villarruel no podrá estirar más el debate del mega DNU, algo que rechazó concederle a Unión por la Patria en tres oportunidades. La bancada que conduce José Mayans reclamó por una sesión para el 1, el 15 y el 23 de febrero, pero la vicepresidenta no se las concedió. Esto le valió fuertes críticas en la sesión preparatoria y hasta una denuncia penal.

Con 33 miembros, UP está a tan solo cuatro votos para rechazar el DNU en el recinto, y confía en encontrar en los bloques federales las adhesiones que le faltan. Dentro de los firmantes del pedido de este lunes, hay algunos senadores que estarían dispuestos a votar en contra del decreto, publicó este lunes el sitio especializado Parlamentario.

La semana pasada, entre cruces y acusaciones, quedó conformada la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo y donde el oficialismo quiere discutir más de un centenar que quedaron pendientes de gestiones anteriores.

Sin embargo, desde la oposición insisten que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.122, desde el 19 de enero pasado están vencidos los plazos de tratamiento del DNU en la comisión, y ya se puede directamente discutir “de oficio” en el recinto, es decir, sin que haya dictamen de la comisión.

El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto.

A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente. Por ejemplo, este mismo lunes el ENACOM habilitó a las empresas tecnológicas Starlink -de Elon Musk-, Amazon y OneWeb a operar en el país y ofrecer el servicio de internet vía satélite.

La Rosca | Críticas a Milei |

En un texto enviado a La Rosca, el exintendente justicialista expresó: “Queridos entrerrianos y entrerrianas, como ciudadano de “La Histórica” Concepción del Uruguay me veo en la obligación de advertir que, desde mi humilde mirada personal, veo necesario remarcar que los aspectos que se buscan evocar y hacer referencia para justificar las recientes medidas del gobierno nacional asumido el último 10 de diciembre, van en el sentido opuesto a los principios que guiaron a nuestros próceres durante el proceso de Organización Nacional.

En el año 2022, la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, declaró a Concepción del Uruguay como “Ciudad Cuna de la Organización Nacional” mediante ley N° 10.971. A su vez, presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación con la misma intención. Los y las uruguayenses somos portadores del legado de los principios de Urquiza, quien a su vez es legatario de Artigas y de Ramírez. Escuderos de los valores de la Constitución de 1853, aquella que fuera gestada y defendida en nuestras tierras. Somos herederos de los miles de hombres y mujeres de todo el litoral que dieron su vida en Caseros y de los vecinos que lucharon en nuestra ciudad aquel 21 de noviembre para defender el Congreso Constituyente de Santa Fe. Somos parte de una historia ligada al imperio de la ley, las instituciones y la libertad.

Hoy, ante los hechos de público conocimiento es momento de ser claros. El Presidente de la Nación y su equipo suelen usar el nombre del insigne Juan Bautista Alberdi para, supuestamente, inspirar su accionar. Por eso es bueno el momento para recordar lo que decía Alberdi. Porque no podemos permitir que aquellos valores y premisas que guiaron a nuestros próceres como Urquiza, Ramírez y el mismo Alberdi —que le dedicó, nada menos, su libro “Bases” al General entrerriano— sean transgredidos incumpliendo la voluntad de nuestra ley suprema: la Constitución Nacional, aquella que nos rige como argentinos y argentinas hace más de 170 años. El diálogo, los consensos y la armonía son los valores que deben guiarnos para construir una Argentina mejor. No es la imposición ni la falta de respeto el camino.

Quiero enfatizar en esta idea, que no es mía, que es de autoría de aquel gran tucumano que contribuyó al rumbo luminoso de la organización nacional. Por eso me permito citar un párrafo del gran Alberdi, para corroborar cómo un mal que creemos nuevo, está en realidad en la raíz de nuestra propia historia: el mal de quienes abusan de las palabras sin consistencia con su misma conducta. Dice Alberdi, en su madurez, reflexionando sobre lo que vio y vivió:

“El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte (…) No es liberal el que no sabe respetar a su contradictor, su refutador, su disidente. La libertad, en su sentido más práctico, es la contradicción, la refutación, el disentimiento, el veto de cada ciudadano, opuesto a los actos del poder, no el veto del poder puesto la sanción de la opinión, que es la ley de las leyes, la luz de la Constitución”.[ J. B. Alberdi, Escritos póstumos. Ensayos sobre la sociedad, los hombres y las cosas de Sudamérica. Tomo X. Imp. Cruz Hermanos, Buenos Aires, 1899. Páginas 155 a 157]

El disidente como enemigo, la disidencia como guerra. La libertad, como palabra hueca. No podemos aceptarlo. No es admisible que un siglo y medio después de que Alberdi escribiera estas palabras, quien encabeza el Poder Ejecutivo nacional siga pensando y actuando de ese modo. Imponer, presionar, abrogar las leyes por decreto, no son en absoluto el camino que Alberdi y Urquiza pregonaron.

Las necesidades y urgencias existen, sobre todo en los más desventajados de nuestras comunidades, y sobre todo en quienes más sufren, pero para afrontarlas necesitamos tres elementos que brillan por su ausencia en el DNU y en la llamada Ley Ómnibus: primero, compromiso con nuestras leyes máximas; segundo, confianza en el diálogo social y político como herramienta de la democracia; y tercero, una firme convicción para cumplir con los mecanismos institucionales que corresponden.

Solo así vamos a avanzar en la construcción de una Nación más equitativa, libre y con bienestar para todos y todas”.