La Rosca |Hallazgo de cámaras ocultas|
Este miércoles, el Gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el descubrimiento de aparatos de grabación de audio y video ocultos en riger sobre la colocación de estos dispositivos. “Podemos confirmar con absoluta certeza que no fueron instaladas con nuestra voluntad ni informados por ninguna dependencia del Estado con competencia en el tema”, afirmó, y calificó el hecho como “una interferencia dentro de un ámbito privado, como es una oficina pública”, con mayor gravedad aún por involucrar al despacho del gobernador.
El secretario General precisó que se trataba de tres dispositivos, ubicados en la oficina del gobernador, en el pasillo que la conecta con la Secretaría General y dentro de esa dependencia. “A nadie le gusta que lo espíen, y cuando se trata del gobernador de una provincia la connotación es doblemente negativa”, reiteró.
Asimismo, reclamó una rápida intervención judicial. “Pedimos que la Justicia actúe lo antes posible. Son prácticas que tenemos que dejar atrás y que nos remiten a épocas oscuras que nadie quiere volver”, expresó.
En la misma línea, Colello consideró que los cambios y transformaciones impulsados por la actual gestión pueden generar resistencias. “Evidentemente a alguien le molesta todo lo que estamos haciendo, las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia”, manifestó.
Consultado sobre el estado de los dispositivos, indicó que, según los especialistas que intervinieron, “eran cámaras conectadas a corriente, por lo que tenían la capacidad de transmitir, grabar y enviar información a alguna computadora o a un núcleo”.
Finalmente, el funcionario fue categórico al remarcar la falta de consentimiento. “Se trata de cámaras ocultas detrás de sensores de movimiento, en condiciones de grabar audio, ubicadas en oficinas donde ni el gobernador ni yo, como secretario general, dimos autorización”, concluyó.
La Rosca |Hallazgo de dispositivos para espiar a Frigerio |
Ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.
Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
Desde el gobierno se emitió un comunicado en el que se destacó: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.
rigerio
“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
Asimismo, se insistió con que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.
“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, se insistió.