La Rosca |Rechazan el sobreseimiento de Kueider |
La defensa de Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel intentó que se anule la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitó que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos. Además, requirió que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Esos registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.
El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada hace unos días por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado, según pudo corroborar Infobae.
Carlos Arévalos y Marcelo Bogado son los defensores de Kueider y Guinsel. El argumento que esgrimieron fue que la acusación que había elaborado el fiscal Ysrael Villalba no cumplía con los presupuestos que establece el Código Procesal Penal del vecino país.
En síntesis, una acusación debe contener un relato de los hechos, una fundamentación y sus elementos de convicción y la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables. Es decir: qué pasó, por qué y de qué los acusan a Kueider y Guinsel. Si no se hace, es causal de sobreseimiento.
Según la defensa, estos aspectos no estaban especificados. La respuesta de Otazú fue que sí se cumplimentaron esos requisitos. Además, apuntó que no se pueden anular las acusaciones, que son requerimientos fiscales, sino solo las resoluciones.
Arévalos y Bogado apelaron esta decisión de Otazú ante la Cámara de Alzada. En fallo dividido, el Tribunal le dio la derecha al magistrado de primera instancia.
Gustavo Amarilla Guernica, con la adhesión de su par Silvana Luraghi ratificaron la decisión de Otazú. Argumentaron que al verificar la Acusación Fiscal presentada, se observó que existen “dos apartados distintos uno de otro en lo que respecta a «relato de hecho», «conducta atribuida a los acusados» y finalmente «fundamentación de la acusación»”.
“Puede observarse que en esos tres apartados el Ministerio Público procede a dar cumplimiento a los requisitos formales” del Código Procesal. Esto abarca tanto el relato de hechos y conducta típica atribuida a los procesados como la fundamentación de la acusación, sostuvieron.
En su voto, Amarilla Guernica resaltó que el fiscal Villalba describió de manera correcta “la supuesta acción desplegada” por los acusados. Luego, consignó que será materia “de valoración probatoria” comprobar la existencia del hecho punible. A párrafo seguido, destacó que el juicio oral es el momento en que se deberá “comprobar la participación de ambos” en el delito de contrabando.
Hubo una disidencia en el Tribunal. Correspondió a la jueza Claudia Criscioni. La magistrada entendió que debía anularse la acusación y la elevación a juicio. Y también tendría que convocarse a una nueva audiencia para resolver esta cuestión. Criscioni razonó que la Fiscalía “debe especificar por qué consideran que los billetes son mercadería” y, por lo tanto, el delito imputado es contrabando.
Causas
Kueider y Guinsel están acusados en el Paraguay de contrabando en grado de tentativa. Esto es porque no alcanzaron a ingresar el dinero al país. Fueron detenidos en la cabecera del Puente de la Amistad que une las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
El expediente fue elevado a juicio. De su resolución depende su extradición a la Argentina. La Fiscalía del vecino país puso como requisito para su remisión que culmine el proceso por contrabando.
En el juicio de extradición, la defensa de Kueider y Guinsel también intentó poner trabas apelando a aspectos formales. Pero la Justicia de Paraguay de inmediato echó por tierra esas pretensiones.
El exsenador nacional por Entre Ríos enfrenta en la Argentina dos causas por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Uno está radicado en Concordia. Allí se encuentra bajo la lupa su patrimonio desde que comenzó en la actividad pública. Por eso las pesquisas comienzan en 1999, cuando fue electo concejal de la ciudad.
El otro expediente se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Lo lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado. La investigación comienza recién en 2017, cuando ya era secretario General de la Gobernación, durante el mandato de Gustavo Bordet.
Comenzó por un incidente derivado de la causa Securitas. Aquí se investigan coimas pagadas por firma multinacional a empresas y organismos estatales para quedarse con el servicio de seguridad privada. Luego, se sumó una denuncia hecha en función de una investigación realizada por la revista El Disenso.
La Rosca | Investigación roza a la política entrerriana |
Los allanamientos se realizaron en propiedades de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul, tras un pedido de la jueza Arroyo Salgado que investiga delitos económicos. Las medidas se efectuaron en el barrio privado Puerto Urquiza, en otras locaciones y en las oficinas de la empresa de energía de la provincia, una de las reparticiones estatales donde la empresa de seguridad investigada presta servicios desde hace años, tras una contratación denunciada como “amañada” que realizó la gestión del exgobernador Jorge Busti para beneficiarlos con un llamado a licitación a medida. Desde ahí, y con mayor vínculo con el exgobernador Sergio Urribarri, los hermanos Tórtul fueron montando una empresa que no paró de crecer. El peronismo, de la mano de Gustavo Bordet, también los mantuvo como prestadores del servicio de seguridad durante sus dos mandatos. De hecho, la empresa aún permanece en ENERSA y otros organismos públicos.
Según pudo confirmar La Rosca, en ENERSA se solicitó documentación que también involucra a exfuncionarios de gestiones anteriores, además sobre los vínculos contractuales de los empresarios de seguridad.
La investigación que lleva adelante la exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, es por causas de delitos económicos, lavado de activos y evasión.
Fuentes confiables aseguraron a La Rosca que los nombres de funcionarios investigados, que se incorporaron a la empresa de energía -desde los gobiernos peronistas-, son de relevancia. Por razones de la investigación, este medio los mantiene en reserva. Se trata de profesionales económicos, legales y de ingeniería.
Los vínculos políticos de los hermanos Tórtul eran vox populi en gran parte de la dirigencia entrerriana, sobre todo en el justicialismo.