La Rosca |Tratamiento en la Legislatura de proceso contra Medina|
“Hablar de un ‘tratamiento exprés’ como lo afirmó Cresto es, lisa y llanamente, falso. El proceso de juicio político tiene plazos claramente establecidos por la ley y hoy estamos actuando estrictamente dentro de ese marco legal. El plazo de 30 días se cumple el próximo lunes 5 de enero, fecha para la cual todos los diputados y diputadas estamos debidamente convocados. No hay apuros ilegales ni atajos institucionales: hay cumplimiento de la norma”, sostuvo Romero.
En ese sentido, la legisladora recordó que la Dra. Medina participó de una reunión virtual con la Comisión de Juicio Político, con la anuencia de todos los bloques, donde respondió todas las preguntas que le fueron formuladas (además de presentar su defensa legal correspondiente al caso). “Todas, salvo las del bloque de Más para Entre Ríos, que eligió no hacer ninguna pregunta”, sostuvo.
“Resulta al menos llamativo que quienes hoy denuncian falta de debate hayan decidido no preguntar absolutamente nada cuando tuvieron la oportunidad institucional de hacerlo”, remarcó.
Romero fue más allá y cuestionó duramente la actitud del bloque peronista en las sesiones convocadas. “Cabe preguntarse si los argumentos que hoy se escriben y se repiten en los medios son una falacia más del manual político del peronismo o si, en realidad, fueron utilizados como excusa para no ir a trabajar, como sí lo hace cualquier ciudadano de a pie”, disparó.
La diputada recordó que el bloque de Más para Entre Ríos no asistió a la sesión del 23 de diciembre, pese a tratarse de una instancia institucional clave. “Fueron convocados nuevamente para el 26 de diciembre, con suficiente antelación. Sin embargo, no participaron no sólo de la Comisión de Asuntos Constitucionales antes por la mañana, sino tampoco de la sesión convocada para las 14 horas y recién bajaron al recinto en la convocatoria posterior de las 16 hs, cuando ya el daño institucional estaba hecho. Pretender ahora presentarse como víctimas de una maniobra del oficialismo es, cuanto menos, una falta de respeto a la verdad”, afirmó.
“Resulta llamativo -y preocupante- que dirigentes con tanto recorrido político recurran a chicanas intrascendentes y a argumentos manifiestamente falaces no solo para intentar confundir a la ciudadanía, sino también para justificar su ausencia en el recinto y eludir su responsabilidad como representantes del pueblo entrerriano”, agregó Romero.
Finalmente, la legisladora subrayó que “la seriedad institucional exige respeto por los procedimientos, presencia en el recinto y honestidad intelectual”. Y concluyó: “El juicio político no puede ser rehén de especulaciones políticas ni de relatos construidos para tapar ausencias. Menos declaraciones grandilocuentes y más compromiso con el trabajo legislativo que la sociedad espera y merece”.
La Rosca | Acusaciones contra Susana Medina|
Laner explicó que, en los procesos de juicio político, la mayoría política no reemplaza las normas vigentes, ya que el reglamento exige quórum para emitir dictámenes válidos.
“Aunque tengamos mayoría, sin quórum no hay dictamen. Y el quórum se logra con presencia. El PJ decidió no estar y por eso el juicio político no avanzó”, sostuvo.
Precisó además que en la Comisión de Juicio Político el quórum se alcanza con la presencia de la mayoría de sus integrantes, y que la ausencia del bloque justicialista impidió sesionar válidamente y elevar el expediente al recinto.
“No existe la posibilidad de dictaminar solos. En un tema de esta gravedad institucional, el dictamen requiere quórum. El día que había que resolver, el PJ no fue”, remarcó.
La diputada cuestionó la postura del bloque justicialista, que reclamó públicamente más tiempo de debate mientras no asistía a las instancias formales donde ese debate debía darse.
“Hablan de evitar tratamientos exprés, pero no participan ni de la comisión ni de la sesión. El debate se da en los ámbitos institucionales, no desde la ausencia”, afirmó.
Laner destacó que los bloques oficialistas y aliados cumplieron todas las etapas del proceso, analizando pruebas y escuchando los descargos correspondientes.
Aclaró que no integra la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, pero señaló que los diputados que no forman parte de ese cuerpo recibieron información permanente y detallada sobre cada paso del procedimiento.
Finalmente, Laner fue categórica al asignar responsabilidades: “Si hoy no hubo juicio político, no es por una decisión del oficialismo. Es porque el PJ se ausentó. Sin quórum no hay dictamen, y sin dictamen no hay tratamiento en el recinto”.
La diputada recordó que el juicio político está expresamente regulado en la Constitución de Entre Ríos, en los artículos 138 a 154, y que el artículo 143 establece un plazo perentorio de 30 días para que la comisión concluya su labor.
La Rosca | Denuncia contra Susana Medina |
El trámite parlamentario quedó empantanado a partir de la decisión del bloque de Más para Entre Ríos de abstenerse de participar de la sesión especial en la que debía tratarse el dictamen de la Comisión de Juicio Político –entre otros proyectos–. Sin quórum, la Cámara de Diputados volverá a reunirse el viernes.
“No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del dictamen. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando”, advirtió la oposición.
El oficialismo fracasó en su intento por conseguir el quórum de tres cuartos de los miembros de la Cámara de Diputados para tratar el dictamen en la sesión especial convocada para este martes.
Medina enfrenta dos denuncias por mal desempeño. Esencialmente se le cuestionaba haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuía un atraso en la tramitación de causas. En su descargo y en la declaración ante la comisión, la magistrada negó demoras en su despacho, aseguró que los viajes fueron autorizados por el STJ y que estaban dentro del régimen que rige para los supremos.
El dictamen que pretende imponer el oficialismo sostiene que Medina no incurrió en causales de mal desempeño ni en una violación a las normas éticas que deben regir para cualquier magistrado y advierte que las denuncias en su contra constituyen un intento de promover el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional.
Además, sostiene que Medina no incurrió en causales de mal desempeño y que “reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad-honorem, viajar sola y/o acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, viajar en autos oficiales y con choferes, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”.
En su declaración ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político, la jueza admitió haber viajado al exterior en aviones privados invitada por Eduardo Eurnekian, CEO de Corporación América, de quien dijo ser amiga personal.
Se trata de tres vuelos a España y uno a Colombia, según registros migratorios; dos fueron por vacaciones (feria o compensaciones de feria), uno por motivos personales y el restante para un encuentro sobre perspectiva de género, de acuerdo con las constancias que aportó el STJ.
Sin embargo, los legisladores oficialistas consideran que no tienen facultades para “juzgar o analizar los gastos económicos realizados en un viaje privado fuera de su magistratura, sean que fuese de su peculio o abonados por terceros amigos o familiares”, si esos viajes fueron justificados y autorizados por el STJ y no violan sus reglamentos.
La Rosca | Pedido de juicio político|
La nueva presentación se realizó en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Allí se presentó la presidenta de la ONG Entre Ríos sin corrupción, María Fabiana Cian.
El nuevo trámite se suma a la denuncia formulada el viernes, que será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunión este jueves a las 11.
La denuncia de Entre Ríos sin Corrupción se centra en “abusos del sistema de licencias”, el “abandono de funciones que perjudicó la función judicial”, la “alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes” cuando Medina fue presidenta el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y una situación de “abuso de autoridad”.
En el texto se marca que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se muestran estadísticas que constatan los índices de demora en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra la magistrada, reseñó Análisis.
“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, se remarca en el texto junto a datos que muestran el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.
En la información se observa que en 2024, por ejemplo, el índice de morosidad llegó al 90 por ciento. También se incluye un cotejo con las otras salas del alto cuerpo. En 2025 la morosidad alcanza el 88 por ciento. Para los denunciantes, la conducta se encuadra en la causal de mal desempeño.
Otro punto aborda la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que hasta esta semana presidió Medina, “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La referencia es a una entidad bancaria que es agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas.
Los denunciantes acompañan imágenes de elementos de comunicación institucional de AMJA en los que puede observarse el logo de la entidad en cuestión. Y entienden que la recepción de esos aportes, de haber existido, constituye un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.
Por último, se incluyó en la denuncia un hecho que para la ONG constituyó un abuso de autoridad, ocurrido cuando al momento de celebrarse una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, a representantes de Entre Ríos sin corrupción se les impidió el acceso a Tribunales.