La Rosca |Pedidos de juicio político contra la jueza|
Los dos pedidos de juicio político contra la jueza Susana Medina que fueron objeto de análisis por parte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fueron archivados, confirmaron este martes fuentes legislativas. La Comisión de Asuntos Constitucionales adoptó la determinación por la tarde, en una reunión donde se decidió dejar sin resolución las demandas por mal desempeño contra la magistrada del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Los legisladores mantuvieron contacto para analizar los pasos a seguir luego de que a fin de año se frustraran dos sesiones en las que la determinación de la Comisión -rechazar los pedidos- debían ser tratados por el pleno de la Cámara. Fue en medio de cruces entre el oficialismo y el justicialismo, que acusó un “tratamiento exprés” de dictámenes. Debido a ello, no estuvieron dados los números para cerrar el asunto en el recinto.
Medina fue acusada de mal desempeño por parte de un dirigente de Amger y una ONG. Una tercera denuncia, radicada por una exempleada de la vocal del STJ, fue rechazada de plano. Los pedidos de juicio político le endilgaban a la expresidenta del máximo cuerpo judicial de la provincia responsabilidad en una serie de situaciones donde aseguraban que había abusado de ciertos privilegios que le caben por ser parte del Poder Judicial, como el uso de viáticos, vehículos y personal de Tribunales. La magistrada contestó con una presentación espontánea y una videoconferencia con la Comisión, donde siempre rechazó todas las acusaciones en su contra.
La Rosca |Denuncias contra Susana Medina|
Este lunes a las 11 venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia para realizar la convocatoria a sus integrantes para abordar el dictamen de mayoría que rechazó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y en consecuencia los pedidos se archivaron, según precisaron allegados al complejo y poco claro proceso que comenzó con una denuncia por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones en el país y el exterior y continuó con otra por un aludido atraso en el despacho de la vocal que se desempeña como presidenta de la Sala N.º 3 del Trabajo.
Hubo una tercera denuncia posterior que se rechazó in limine en la sesión especial de la Cámara Baja que se realizó el 26 de diciembre. La firmó Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Denunció que fue víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas.
La no convocatoria de la Comisión a sus integrantes tiene un antecedente. Fue el 23 de diciembre, cuando la comisión de investigación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento emitió un dictamen de mayoría que determinó que “de las denuncias examinadas se observa que no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”.
Asimismo, se señaló respecto de las ausencias aludidas que “no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional” y se consideró que “las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.
“Prueba inexistente”
El dictamen del 23 de diciembre consideró que “… por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente—así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.
En otro párrafo se aseguró que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”. (APF)
La Rosca | Denuncias contra Susana Medina|
Este viernes se realizó una nueva reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones y Poderes y Reglamentos a la que asistieron los Bloques de Diputados de Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, Fe y Libertad y Partido Conservador Popular sin la presencia del PJ para analizar dos de las tres denuncias contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina