La Rosca |Cese de contratados|

Por Decreto Nº 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso se estableció la renovación de varios contratos temporarios con el Estado provincial. El decreto excluye a unos 100 trabajadores.

La Rosca | Polémica por disuelto Programa Procrear  |

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa Procrear ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación de activos estatales.

El predio de Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

Tras las críticas del titular del PJ entrerriano, José Cáceres, la diputada justicialista Blanca Osuna también salió con los tapones de punta contra el remate: “Mientras a miles de paranaenses no les alcanza para alquilar ni para  acceder a su casa propia, el Gobierno  hace su negocio  y remata tierras públicas para ‘ordenar activos’. Y regala los terrenos del Procrear para negocios privados”.

“En Paraná, casi 50.000 m² que fueron planificados para viviendas lo  convierten en un negocio de más de un millón de dólares”, cuestionó.

“Poder acceder a una vivienda digna no es un privilegio, y es responsabilidad del gobierno nacional y de Frigerio cuidar que esa política se concrete”, sostuvo.

“Las tierras que están afectadas a viviendas en Paraná no son un activo financiero. Son la base para concretar un derecho constitucional, consagrado en el artículo 14 bis, que el Estado tiene la obligación de garantizar”.

“Con alquileres por las nubes, salarios a la baja y sin políticas de vivienda, Milei y Frigerio  abandonan a las familias trabajadoras y entregan un negocio para pocos  a la especulación inmobiliaria”, advirtió la diputada.

Finalmente, señaló que Frigerio “sabe muy bien del tema porque siendo Ministro de Macri vendió barato terrenos del estado y recibió de vuelto un lujoso departamento en edificio inteligente del barrio de Belgrano de Buenos Aires. Por esa maniobra ilegal fue procesado y más tarde disculpado por los tránsfugas de Comodoro PRO”.

La Rosca |Ley de Educación Nacional|

Mientras el Congreso entra en el último letargo previo al recambio parlamentario del 4 de diciembre, la diputada nacional Blanca Osuna rechazó de lleno un presunto reemplazo a la Ley de Educación Nacional. Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno nacional tendría planeado enviar al Poder Legislativo un texto que implementaría modificaciones que habilitarían la intervención del sector privado en el sistema educativo.

Para la vicepresidenta de la Comisión de Educación, esta nueva iniciativa conocida “a través de canales extraoficiales”, tiene como propósito “la intención de eliminar una normativa que ha sido producto de intensos debates, materia de múltiples aportes y resultado de un intenso proceso participativo”. Le atribuye la responsabilidad al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

En diálogo con Parlamentario, la legisladora de Unión por la Patria mencionó que este boceto de proyecto de ley que estaría siendo pulido en Balcarce 50 habría contado con la influencia de del empresario Paolo Rocca, CEO de Techint. En un primer momento, Osuna acusa al Ejecutivo Nacional de buscar reemplazar por completo a la Ley 26.206 – Ley de Educación Nacional-.

De todos modos, la diputada entrerriana le exige al Gobierno nacional que aclare la situación y pide que sea el propio Torrendell quien brinde las aclaraciones pertinentes sobre la autenticidad, el origen y el alcance de este documento, el cual “circula de manera desordenada y sin transparencia”, agregó.

Versiones periodísticas habían adelantado que además de las reformas laboral, tributaria y penal era factible que haya más proyectos de ley para el trabajo en sesiones extraordinarias. Luego, el presidente Javier Milei lo confirmó en un foro empresario. Desde la Cámara de Diputados, Osuna reaccionó: “La envergadura y trascendencia del tema nos exige ratificar una firme posición de defensa de la educación pública y de las responsabilidades del Estado en su garantía”.

Según lo que la diputada nacional de Unión por la Patria recibió como adelanto, el texto que propone el gobierno libertario “define un retroceso histórico en materia educativa”, y enumeró que “reduce a la mínima expresión el rol del Estado, fragmenta el sistema, habilita modalidades de desescolarización, debilita la formación y el trabajo docente, y vuelve a colocar a la educación bajo lógicas privadas, confesionales y de mercado”.

“Se desarma el sentido de un Sistema Educativo Nacional y se abandona la responsabilidad absoluta del Estado de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad”, enfatizó Blanca Osuna, quien agregó que “como diputada nacional y educadora, considero que la pretensión de una reforma de esta magnitud presagia una grave amenaza y trastoca conquistas, profundizando aún más la miseria educativa”.

De confirmarse la confección de este proyecto, llegará a integren al Congreso de la Nación en el temario de sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal que el Gobierno nacional presentará después del recambio legislativo en las dos cámaras.

La Rosca |Polémica por fumigación con drones|

La jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, resolvió suspender las fumigaciones con vehículos aéreos no tripulados en campos linderos a una casa de familia de Aldea Salto, en el departamento Diamante.

Ante esta resolución, la diputada Blanca Osuna volvió a remarcar su rechazo a la Ley de Agroquímicos N° 11.178 aprobada por la Legislatura entrerriana en diciembre del 2024: “Es imprescindible revisarla y que se garantice protección real a la población”.

Además, le envió un mensaje al gobernador de la provincia: “La Justicia volvió a advertir lo que el gobierno provincial eligió ignorar: fumigar cerca de zonas habitadas pone en riesgo la salud de nuestras infancias”.

“La salud y el ambiente sano son derechos. No pueden quedar supeditados a intereses económicos. La salud de las niñas y niños entrerrianos no se negocia”, sostuvo en su cuenta de X.

Cabe informar que la magistrada Acevedo dio por acreditada la existencia de daño genético en una niña víctima que vive en el lugar y que los requisitos para el uso de drones –inscripción, registro y habilitación– no se han implementado en Entre Ríos, por lo cual este uso es ilegal, publicó Era Verde.

La Rosca |Causa judicial|

A raíz de la causa que investiga el acopio irregular de azufre en las costas del Río en Ibicuy, Blanca Osuna presentó ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú documentación recopilada sobre el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el ente autárquico que supervisa las actividades en el puerto y la empresa PTP Warrant SA. Además, responsabilizó al gobierno provincial por “incumplimiento” de la normativa ambiental vigente y la protección de los trabajadores.

“El Gobierno de Entre Ríos debe explicar por qué se permitió este acopio irregular y cuáles fueron las medidas de control adoptadas, si es que existieron, para proteger a la población y al ambiente”, apuntó la legisladora de Unión por la Patria contra el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio. Cabe recordar que el primer pedido de Acceso a la Información del convenio en cuestión fue presentado en noviembre del 2024.

La causa está a cargo del doctor Hernán Viri e investiga el material transportado desde Montevideo (Uruguay), el cual permaneció expuesto a condiciones climáticas diversas hasta el 25 de junio, generando riesgos para el ambiente, los trabajadores y la población de la zona. La carga fue acarreada por la empresa PTP Warrant S.A mediante el buque B/M Vezhen y descargada el 10 de marzo pasado.

En esta nueva presentación ante la Justicia, Osuna advirtió que “lo que está en juego es la salud de nuestra gente y la protección de los recursos naturales”, y señaló que “es el gobierno provincial el que debe dar respuestas urgentes y asumir su obligación de controlar”.

“Hasta el momento no he recibido respuesta alguna sobre los estudios de impacto ambiental requeridos por ley, ni sobre las acciones preventivas tomadas para resguardar a trabajadores, los habitantes, el Río Paraná y el ambiente en su conjunto”, aseveró.

Meses antes del arribo de la carga que permaneció más de tres meses en el Puerto de Ibicuy, Osuna había presentado un pedido de Acceso a la Información sobre Convenio entre la Provincia de Entre Ríos y la empresa PTP Warrant S. A. por permiso de uso oneroso, el cual fue contestado tres días más tarde. Sin embargo, el 14 de febrero y el 9 de mayo ese pedido fue ampliado en dos oportunidades y contestado en ambas ocasiones.

Sin embargo, el 12 de junio del 2025 hubo una denegatoria a la respuesta del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) y dos semanas después, se generó una derivación de pedido de Acceso a la Información a la Secretaría de Medio Ambiente y al ente autárquico Puerto Ibicuy. A Principios de julio, el organismo acusó el recibo de la nota, pero el 22 de agosto fue presentado, nuevamente, un reclamo administrativo por incumplimiento del pedido de información.

En el final de la presentación ante el juez Viri, Osuna acusó al gobernador Frigerio de ser el “principal responsable político del hecho”, al mencionar que fue su gestión la que firmó el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A. para la ejecución de obras en el predio portuario. También, acusó que el gobierno provincial “no ha demostrado haber realizado los controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental”.

La Rosca |Reclamo administrativo a Frigerio|

La legisladora nacional, Blanca Osuna, presentó un reclamo administrativo ante la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno de Entre Ríos. La diputada justificó en X (ex Twitter): “Conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 19.549, por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del Gobierno provincial y los organismos responsables de la gestión del Puerto de Ibicuy”.

 

“El reclamo se funda, entre otras cuestiones, en la falta de publicación del Convenio de Permiso de Uso Oneroso suscripto el 28 de octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y PTP Warrant S.A., y en las respuestas parciales, omisivas y derivaciones indebidas que he recibido tras cuatro pedidos que formalmente realicé el 14 de noviembre de 2024, el 13 de Febrero de 2025 y el 09 de Mayo de 2025”, publicó Osuna, detalla APF.

 

“Además, el 12 de junio de 2025 presenté un reclamo y denegatoria ante el Instituto Portuario, organismo que derivó la obligación de responder a otros organismos el 26 de junio de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta”.

 

“El convenio en cuestión regula el Préstamo de Uso que el gobierno realizó a la empresa PTP Warrant S. A. en el Puerto de Ibicuy. Dicho Puerto cuenta con condiciones excepcionales, constituye una infraestructura estratégica para la provincia. Es vía de salida de la producción de la región, genera actividad económica y genera puestos de trabajo. A su vez, su actividad impacta en la seguridad ambiental y sanitaria de comunidades que habitan y producen en su entorno. La opacidad en este tipo de acuerdos limita e impide controlar el cumplimiento del Gobierno provincial de obligaciones laborales, ambientales y de desarrollo turístico que son esenciales para la zona”.

 

“Este reclamo presentado pone de manifiesto, además, la magnitud y el riesgo del evento ocurrido en el Puerto Ibicuy a raíz de la descarga y acopio a cielo abierto efectuado por la empresa PTP Warrants S.A. de alrededor de 5.000 tn (5.000 toneladas) de azufre, producto que quedó estacionado entre el 10 de Marzo de 2025 y el 25 de Junio de 2025. El formato de acopio expuso el material a lluvia y viento, con riesgo real de contaminación del aire, del suelo y del río Paraná Ibicuy, y puso en peligro la salud de los trabajadores portuarios, vecinas comunidades y la ribera afectada al turismo, a la pesca artesanal y actividades deportivas”.

 

“Es Urgente contar con respuestas claras e inmediatas sobre: La publicación íntegra y pública del convenio; los estudios y certificados ambientales exigidos (EIA, certificado de aptitud ambiental y medidas de contención previstas); el estado y grado de avance de las obras comprometidas por la Empresa PTP Warrants S.A. en el convenio; los registros de facturación y pago del canon (fijo y variable) establecido; las medidas de protección sanitaria y de prevención para trabajadores y comunidad ante el acopio y movimientos de insumos nocivos para la vida y el ambiente; los controles y protocolos de remediación ante derrames o contaminación ocurrida en el agua y el suelo”.

 

“Resulta paradójico que el propio Gobernador Frigerio, autor e impulsor de la Ley provincial N° 11.191 que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 26/02/2025, y que presentó como un logro de la transparencia de su gobierno, sea, al mismo tiempo, el principal responsable de funcionarios y funcionarias que omiten información y no responden requerimientos en ese marco”.

 

“Señor Gobernador, usted debe predicar con el ejemplo y cumplir con la ley. El reclamo es claro: exigimos transparencia, en defensa del derecho a la información, al desarrollo productivo, al cuidado del ambiente y la salud”.

La Rosca |Campaña electoral|

Los encuentros fueron promovidos por la diputada Blanca Osuna con el objeto de articular futuras agendas de trabajo en el Congreso Nacional.

Michel valoró el “apoyo a Fuerza Entre Ríos de todos los sectores del peronismo del Congreso Nacional” y señaló: “No hay dudas de que la propuesta electoral que se está llevando adelante incluye a toda la ciudadanía: al trabajador, al jubilado, al docente, al industrial, al comerciante y a todos aquellos que la están pasando mal con este gobierno nacional que encabeza Milei y al que Rogelio Frigerio apoya desde el día uno y se lo ve convencido de seguir haciéndolo”.

Bahl, por su parte, destacó “la posibilidad de intercambiar perspectivas con legisladores nacionales que vienen trabajando intensamente para poner un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional, así como de acercar temas y propuestas que venimos generando con todos los integrantes de nuestra lista para defender la producción, el trabajo y los intereses de nuestra provincia”.

Finalmente, Marclay destacó el diálogo con los legisladores en la que se abordó una agenda parlamentaria “y temas que hoy, como jubilaciones y la emergencia en discapacidad, son urgentes”.

La Rosca |Tras exposición de Francos en Diputados|

“El Jefe de Gabinete se presentó a cumplir un trámite, no a dar explicaciones. No contestó sobre las denuncias de corrupción, ni sobre los negociados con medicamentos, ni sobre las necesidades urgentes de las provincias”, señaló Osuna.

La legisladora entrerriana subrayó que las preguntas que le realizó al Jefe de Gabinete y que debía responder por escrito son temas prioritarios para el país y para Entre Ríos: la contaminación en el Río Uruguay y la inacción de la Cancillería; la falta de claridad sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la licitación de la Hidrovía; el congelamiento de las becas Progresar; los convenios de infraestructura escolar en Entre Ríos; y las irregularidades en contratos de Educ.ar.

En su intervención, Osuna abordó la reciente situación del Puerto de Paraná, en particular, la de la Delegación Paraná Medio. Recordó, a raíz de la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el 1° de agosto el Gobernador Frigerio anunció un convenio por el cual se transfiere a la provincia la Delegación Paraná Medio, tomando posesión de este terreno.

“Es llamativo que el 25 de agosto pasado se realizó ante la Policía de Seguridad de Prefectura una denuncia por el traslado de bienes históricos, planos hidrográficos, fotografías y demás elementos pertenecientes a la historia de la ciudad y su entorno, sin que se haya dado a conocer inventario alguno, acción llevada a cabo por una empresa privada. El riesgo de pérdida y daño sobre ese patrimonio cultural existe, en tanto no sé de a conocer Convenio e inventario y compromiso de resguardo que exigimos”.

“Solicité al Jefe de Gabinete que proporcione el inventario o relevamiento del patrimonio, que aclare adónde se están trasladando esos bienes y que se garantice su devolución a la Provincia de Entre Ríos, asegurando su registro para su conservación. Estos bienes constituyen un patrimonio histórico de la Ciudad de Paraná, relacionado profundamente con su identidad. Además, exigí conocer los detalles del convenio firmado por el Gobernador y Nación que habilitó esta transferencia”, detalló la diputada.

En relación al escándalo de medicamentos, Osuna remarcó en su postura en redes: “Si yo vinculo lo que está pasando en Entre Ríos con OSER y los audios de Spagnuolo, la verdad me empiezan a generar más dudas los intereses del gran negocio de los medicamentos. Francos tenía que dar respuestas claras y eligió el silencio”, afirmó, en referencia al caso que compromete a funcionarios y prestadores del sistema de salud.

Además, la diputada cuestionó la falta de definiciones sobre la situación de las personas con discapacidad: “No hubo una sola palabra sobre la ANDIS, sobre las denuncias de coimas y sobre la desesperante situación de miles de familias que esperan respuestas. El Estado está incumpliendo su deber constitucional y Francos lo encubre”, denunció.

La legisladora concluyó: “El Congreso no es una escribanía del Ejecutivo. Los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas. Hoy Francos demostró que el Gobierno no tiene ni voluntad ni capacidad de dar respuestas a los problemas reales del país”.

La Rosca | Financiamient0 universitario|

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley de Financiamiento Universitario. La diputada de Unión por la Patria se expresó en su cuenta de X tras la votación en la que la mayoría de los legisladores apoyaron la iniciativa que propone incrementar el presupuesto educativo y recomposición salarial desde 2023 hasta la sanción de la ley, entre otros puntos.

Ha sido “un paso fundamental para que las universidades sigan abiertas, formando profesionales, produciendo conocimiento y garantizando el derecho a estudiar en todo el país”.

Cabe mencionar que antes del voto, la diputada había hecho uso de su palabra para remarcar que la Universidad es “una Institución amada por los argentinos” y que está atravesando la problemática de tener el presupuesto más bajo de las últimas dos décadas. Además, había pedido el acompañamiento de sus pares porque “este proyecto es un emblema de lo que queremos los argentinos para la educación”.

La Rosca | Escuelas rurales|

Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio celebró con entusiasmo la baja de retenciones al campo dispuesta por el presidente Javier Milei.

Al respecto, la diputada nacional Blanca Osuna, cuestionó los dichos del gobernador de Entre Ríos, aseverando: “Una baja que, en realidad, no es más que la corrección del aumento que el propio Milei había impuesto al comenzar su gestión. Frigerio la presenta como un logro para el desarrollo, la inversión y el empleo, mientras en paralelo impulsa el cierre de 300 escuelas rurales en Entre Ríos. Esa contradicción no es menor. Porque las escuelas rurales también son el campo”.

 

“Son parte de la trama que sostiene la vida en la ruralidad. Son el lugar donde estudian los hijos e hijas de peones rurales, de pequeños productores, de familias que aportan todos los días a la riqueza productiva del país, muchas veces en condiciones precarias”, sostuvo la legialdora.

 

Al mismo tiempo subrayó: “La distribución de la riqueza que se produce en la Argentina agropecuaria no solo debe beneficiar a los `bdueños de las empresas´ sino también y necesariamente a quienes con su trabajo aportan a generarla y a sus familias”.

 

“Cerrar esas escuelas es condenar a cientos de comunidades al desarraigo. Es quitar el derecho a la educación a niñas y niños que viven en el campo. Es profundizar un modelo que concentra la riqueza en unos pocos y abandona a quienes trabajan y habitan el territorio. Desde el gobierno provincial se habla de reorganización y eficiencia. Pero lo cierto es que esta medida se inscribe en una política nacional de ajuste, que privilegia los negocios por sobre los derechos”, manifestó además.

 

Frigerio “aplica el mismo criterio  que permitió la sanción de la Ley 26.117 de Agrotóxicos. Una normativa regresiva que redujo las distancias  de fumigación a solo 150 metros de escuelas y viviendas rurales, debilitando gravemente el cuidado de la salud, sólo por priorizar los intereses de un sector, y afectar siempre a los mismos: familias rurales, estudiantes, docentes”, opinó.

 

A esto “se suma la eliminación del fondo nacional de incentivo al transporte para estudiantes rurales, otra medida del gobierno nacional que golpea directamente a las infancias del interior. Sin transporte escolar y con cierres de escuelas, se desmantela el derecho a estudiar en el lugar donde se nace, crece y trabaja. Se pretende que el único destino posible para quienes viven en el campo sea el desarraigo. No es casual: es una política sistemática de expulsión. Las escuelas rurales no son gasto, ni obstáculo. Son parte esencial del entramado rural, espacios de encuentro, arraigo y construcción comunitaria. Su cierre no solo afecta la educación: atenta contra la vida misma en la ruralidad.  La ruralidad no se defiende con discursos, sino con presencia del Estado. Ningún modelo de desarrollo es viable si excluye a quienes lo sostienen. Si Frigerio y Milei quieren hablar del campo, que empiecen por garantizar derechos a quienes lo habitan. Y que no se equivoquen: cerrar escuelas es abrir heridas. Y los pueblos no olvidan”, dijo finalmente.

La Rosca | Pedido de derogación de decreto|

La diputada nacional Blanca Osuna –de Unión por la Patria (UP) Entre Ríos-, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto Nº 446/2025 —impulsado por el Gobierno nacional— que desreguló el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas, eliminando los precios de referencia y reduciendo la intervención del Estado a funciones de seguridad. En su lugar, la iniciativa propone declarar a la comercialización de GLP como servicio público, restaurando el rol del Estado como regulador, fijador de precios y garante del acceso en condiciones justas para los sectores más vulnerables.

 

“Esta medida del Ejecutivo deja completamente desprotegidos a millones de argentinos que dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse”, advirtió Osuna en manifestaciones que publicó el portal de noticias legislativas Parlamentario. La entrerriana también cuestionó que el decreto fue dictado “en plena ola de frío y crisis de gas”.

 

El proyecto no solo propone derogar el decreto vigente desde el 3 de julio pasado, sino también modificar la Ley 26.020, vigente desde 2006, incorporando el artículo 5° BIS, que establece como servicio público la comercialización al consumidor final de garrafas de 10, 12, 15, 30 y 45 kilos.

 

Un servicio público esencial

 

La iniciativa pone el foco en el rol social que cumple el GLP envasado para millones de hogares, particularmente aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural. Según datos del Censo 2022, el 41,6% de los hogares argentinos utiliza garrafas para cocinar o calefaccionarse. En provincias como Entre Ríos —de donde es oriunda la autora— sólo el 30% de la población tiene acceso a gas por red.

 

“Estamos hablando de un servicio esencial para garantizar una vida digna. Por eso es el Estado quien debe regularlo, no el mercado”, sostuvo Osuna. Y recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga a las autoridades a proteger los derechos de los consumidores y usuarios, “garantizando la calidad y eficiencia de los servicios públicos, así como su acceso en condiciones de equidad y a precios justos”.

 

El Decreto 446/2025, promovido por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, suprimió el artículo 34 de la ley vigente, que establecía precios de referencia para el uso domiciliario del GLP, y eliminó toda fijación estatal de precios para la comercialización de garrafas.

 

Para Osuna, este tipo de medidas “responde a una lógica de libertad de mercado que no contempla las necesidades sociales”, y representa una regresión en términos de derechos adquiridos. “En nombre de la libertad contractual, se habilita un aumento descontrolado de precios que castiga a quienes más lo necesitan”, agregó.

 

En la misma línea, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación deberá fijar precios máximos para la venta minorista de garrafas, tomando como base los valores vigentes al momento de la sanción de la ley y ajustándolos según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

 

Educación, control y participación ciudadana

 

Además de establecer un precio justo, el proyecto incorpora nuevas funciones al artículo 7 de la Ley 26.020, entre ellas:

 

-Garantizar la publicidad de los precios al público,

 

-Promover programas de educación para el consumo eficiente de GLP,

 

-Establecer protocolos de control estatal para la comercialización y almacenamiento seguro de garrafas.

 

También obliga a la autoridad de aplicación a realizar audiencias públicas o consultas populares, no vinculantes, que permitan escuchar la voz de los consumidores antes de establecer los precios máximos.

 

El proyecto se basa en antecedentes como el Programa Hogar, implementado desde 2015 para subsidiar el consumo de GLP en sectores vulnerables, y en el marco legal provisto por la Ley 26.020, que creó un fondo fiduciario para fomentar la expansión de redes de gas y permitir el acceso a una energía vital.

 

A su vez, Osuna cita al jurista Darcy y al especialista Raúl Bertero para defender la noción de que ciertos servicios públicos —aun cuando sean prestados por privados— deben mantener la regulación estatal como garantía de acceso universal, continuo y económico.

 

El proyecto, que lleva también las firmas de las diputadas Nancy Sand y Andrea Freites, y de los diputados Jorge Neri Araujo Hernández y Jorge Ricardo Herrera, deberá sortear un escenario legislativo complejo, con un oficialismo que defiende la desregulación como política de Estado.

 

“No puede haber libertad real cuando el acceso a servicios esenciales como el gas se convierte en un lujo”, concluyó Osuna, en defensa de una iniciativa que busca reinstalar el rol del Estado como garante del derecho a la energía para todos los argentinos.

La Rosca | Concesión|

Este miércoles 23 se realizó en el Centro de Convenciones de Paraná tercer encuentro de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal, donde representantes del gobierno nacional, de las provincias litoraleñas y del sector privado debatieron sobre el futuro pliego de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

 

En las afueras del lugar se realizó una protesta por parte de agrupaciones ecologistas que contó con la participación de la diputada nacional, Blanca Osuna cuya consigna fue rechazar la concesión. A traves de su cuenta de X @BlancaOsunaOK- la ex intendenta de Paraná expresó “preocupación” por “lo que le está pasando con nuestro río”.

“Mientras el gobierno de Milei y su aliado Rogelio Frigerio cierran el debate a la ciudadanía, organizaciones sociales y ambientales levantan la voz contra un modelo extractivista que pone en riesgo los humedales, la biodiversidad y el acceso al agua potable”, manifestó Osuna.

 

Por lo que además de oponerse a la licitación, exigió “participación ciudadana, cuidado del ambiente y defensa de nuestra soberanía”.

La Rosca | Opiniones | 

Por Blanca Osuna (*)

El Plan de Alfabetización presentado por el presidente trastoca definiciones claves, ya que la educación no es un capital, es un Derecho. Afirmamos  esto, en contrario a sus dichos y en línea con la legislación de nuestro país, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos. Lo que  nos permite plantear tres condiciones necesarias e irrenunciables para intervenir en las políticas educativas: primero que la educación es para todos y todas;  segundo que el estado debe garantizarla tanto el nivel nacional como jurisdiccional y tercero que esa responsabilidad del Estado  requiere  financiamiento sostenido y suficiente de programas acordes.

Es cierto que la Educación necesita de modo permanente tanto  mejoras y actualizaciones como recursos. Pero advertimos que la simplificación interpretativa de los resultados de pruebas Aprender 2023 nos muestra por un lado que los y las alumnos de primaria que transitaron la pandemia sin el Conectar Igualdad que fue destruido durante el macrismo al igual que la formación en tecnología informática de los docentes no fue gratis. Y también algo llamativo,  es que las referidas Pruebas de lengua según el informe brindado por la propia Secretaría dan mejores desempeños  que las de matemáticas, cuestión  sobre la que es evidente que el gobierno no tiene respuesta. A su vez,  si se interpretan en contexto dichos resultados se verá que el nivel socioeconómico guarda total relación con el desarrollo de los aprendizajes. Se observa a menor nivel socioeconómico, menor el nivel en el aprendizaje.

Por eso el despojo de recursos presupuestarios que por decisión del presidente Milei hoy padecen tanto las escuelas de los niveles obligatorios como las universidades públicas quita veracidad al anuncio hecho en San Juan y constituye una burla a la tradición sarmientina. Con el pobrísimo merchandising (bolsa y lapicera) anulan al mismo tiempo   lo  destinado a libros y otros programas complementarios.

Tampoco se explica cómo se capacitarán a lxs docentes, los mismos que han sido privados del Fondo Nacional de Incentivo y del aporte para conectividad, al igual que las instituciones educativas.

En una economía que excluye y empobrece a millones, las escuelas no están en condiciones de incluir si no se resuelven recursos para estudiantes, para docentes y no docentes, para equipamiento y obras de mantenimiento y construcción. Por eso  afirmamos que el plan de Alfabetización anunciado no cuenta con credenciales que lo hagan creíble ante niñeces con hambre en las aulas y docentes con salarios bajos.

El plan pinta sólo como  una firma de compromiso con  una app que se vislumbra  cual  negocio para “algunos”  desarrolladores foráneos de tecnología. El proyecto de país de Milei es con ricos más ricos y pobres más pobres, sólo basta ver las últimas estadísticas publicadas por el INDEC. Por esa razón insistiremos con más financiamiento e implementación  de programas a favor de la Igualdad y la Justicia Educativa.

 

(*) Blanca Osuna – Docente. Diputada Nacional por Entre Ríos (PJ). Exintendenta de Paraná.

La Rosca | Leyes |

La legisladora nacional destacó la aprobación de nueve leyes con perspectiva federal, en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La sanción del Sistema Integral de Cobertura y Promoción de créditos hipotecarios brinda soluciones al desastre provocado durante el macrismo. Ilusionaron a argentinas y argentinos con el sueño de la vivienda y dejaron pesadillas en miles de familias, con un endeudamiento atroz, similar al que dejaron en el país”, recordó la Diputada entrerriana. “Establecimos la regularización de las cuotas, atadas a la remuneración promedio (RIPTE), para que cuando el salario supera la inflación se abona el índice más bajo y para que los pagos no superen el 30% de los ingresos de los deudores. Además será retroactivo al 1° de enero, con suspensión de los desalojos y creación del Fondo Fiduciario de Compensación, para cubrir los descalces entre salarios y UVA/UVI”, precisó.

Osuna enumeró que “aprobamos la Ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, para la jerarquización y el reconocimiento nacional de las y los acompañantes terapéuticos, de su desarrollo laboral y de su formación. Son quienes tienen un rol indispensable en nuestra sociedad pasando desde una mirada biologicista a una perspectiva integral de las personas”.  De igual modo, resaltó la modificación sobre violencia digital, enmarcado en la Ley de protección Integral a las Mujeres, ya que “en tiempos donde la tecnología y las redes sociales son una herramienta protagonista de nuestra vida, es indispensable accionar sobre la violencia digital, conformar políticas activas e implementar un servicio multisoporte, en el Consejo Nacional de la Mujer, para el acompañamiento y el asesoramiento”.

“Además, avanzamos en la creación del Régimen de promoción de la producción y/o elaboración de productos orgánicos, que propone para beneficiarios la conversión en créditos fiscales del 50% de las contribuciones patronales, la reducción del 50% de los impuestos a monotributistas, la creación de un Fondo de Promoción del Producto Orgánico, y la disposición de fondos para programas educativos en escuelas secundarias agrarias y rurales, y para capacitaciones e incentivos en nivel terciario o superior”, valoró la presidenta de la Comisión de Educación. Por último, remarcó la relevancia del Plan de Refinanciación de la deuda de provincias y municipios al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), “que alivia a 13 provincias y que venimos impulsando desde la Cámara desde 2004”, recordó la diputada paranaense.

“Con visión federal y con la responsabilidad del mandato del pueblo, vamos a seguir construyendo leyes que reivindiquen el rol del Estado, que fortalezcan la Democracia y que garanticen derechos, con una mirada de justicia social e igualdad. Mientras, Juntos por el Cambio actúa desde la impostura, con una puesta en escena de campaña, como vienen haciendo desde 2021, y que tiene como resultado darle la espalda a quienes los votaron, a las provincias que representan y al pueblo argentino”, finalizó Osuna.