LA ROSCA | Dato mata relato |
El relato de la “reactivación” empieza a chocar con los números de la economía real. Desde la asunción de Javier Milei, cerraron 22.608 empresas en el país, una caída del 4,4% que ya se equipara, en magnitud, al golpe que significó la pandemia. El dato no es menor: se trata del peor arranque para un gobierno en más de dos décadas.
El informe de Fundar pone en evidencia un proceso que no se detiene. Solo en diciembre de 2025 bajaron sus persianas 670 firmas, en lo que fue la décimo quinta caída mensual consecutiva. El año cerró con 10.392 empresas menos y una seguidilla de 22 meses de retroceso interanual, configurando un escenario de deterioro persistente y sin señales claras de reversión.
Lejos de ser un fenómeno coyuntural, la contracción se da sobre una estructura productiva que ya venía golpeada. Tras el rebote parcial posterior al COVID-19, el número total de empresas volvió a retroceder hasta ubicarse en torno a las 490.000, muy por debajo de los más de 530.000 registros que supo tener la Argentina en su etapa de mayor expansión. La comparación con la pandemia, en este contexto, deja de ser un recurso retórico y pasa a ser un dato concreto.
El contraste político también es elocuente. A los 24 meses de gestión, el indicador de cantidad de empresas durante el gobierno de Milei se ubica en 95,7 puntos, por debajo de los registros de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de sus mandatos. Es decir, incluso en contextos de crisis, el nivel de destrucción de unidades productivas no había sido tan pronunciado en el inicio de una gestión.
El impacto sectorial muestra que la caída no distingue rubros. Transporte y almacenamiento, inmobiliarias e industria manufacturera lideran las bajas, pero el dato más preocupante es otro: 13 de los 19 sectores económicos están en retroceso interanual y 14 acumulan caídas desde el cambio de gobierno. Solo algunas actividades vinculadas al Estado o a enclaves específicos como la minería logran escapar a la tendencia.
En el plano territorial, el cuadro es igual de crítico. 22 de las 24 provincias registran caídas interanuales y en 23 la situación empeoró desde la llegada de Milei al poder. Casos como La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Cruz encabezan el ranking negativo, pero el fenómeno también golpea de lleno a los grandes motores económicos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que no logran revertir la inercia.
El trasfondo del problema es político y económico: un modelo que ajusta sobre el consumo, retrae la demanda y enfría la actividad termina impactando directamente en la supervivencia de las empresas. Mientras el Gobierno sostiene su programa de reformas, los datos empiezan a plantear una pregunta incómoda: cuánto tejido productivo puede perder la Argentina antes de que la recuperación deje de ser una promesa.
La Rosca | La motosierra de Milei en Entre Ríos |
Dal Molín contó que en el oficialismo están “realmente preocupados por el impacto en las finanzas públicas de los recortes del gobierno nacional”. Insistió en que hay que “acompañar” todos los reclamos que la provincia realice para recuperar los fondos que le pertenecen por ley.
El senador provincial describió que hay 3 motivos principales por los cuales la provincia se ve afectada por los recortes del gobierno de Milei y enumeró que se debe a “sostener medidas de impuestos a las ganancias sin ninguna compensación; los DNU que establecen recortar todo aporte por leyes complementarias y compensaciones como en educación, en transporte, en regalías por recursos hidroeléctricos y los aportes comprometidos y presupuestados para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, entre otros; y cortar todo financiamiento de obras públicas”.
Dal Molín aseguró que desde que asumió el libertario, Entre Ríos dejó de recibir casi 100 mil millones de pesos en comparación con el año anterior, y esa cifra “es enorme para las finanzas públicas”.
Para el legislador oficialista, la provincia atraviesa “una especie de estrés financiero y está haciendo maniobras para poder hacer frente a los compromisos”. En esa línea, destacó que el gobernador Frigerio trabaja para revertir esa situación con recursos propios, aunque la magnitud del recorte del gobierno nacional resulta difícil de neutralizar en este contexto económico. “El gobernador Rogelio Frigerio achicó fuertemente el gasto político, redujo a la mitad la planta de funcionarios y en las cámaras de la legislatura venimos gastando la mitad de lo que se gastaba en noviembre del año pasado. El ajuste en el marco de lo político se ha hecho y hay otras medidas que se están haciendo, pero realmente nos preocupa el impacto que está teniendo en las finanzas públicas estos recortes del gobierno nacional”, insistió.
Para Dal Molín, “debemos colaborar con el Gobierno provincial para reordenar cuentas públicas y ajustes de gastos, y con igual énfasis acompañar con firmeza los reclamos ante el gobierno nacional por todos los recursos que a los entrerrianos nos corresponda”, y agregó que “Corrientes y Córdoba ya iniciaron juicios para reclamar lo que por ley nos corresponde”.
La Rosca | Reclamo docente |
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) está en plan de lucha y rechazó la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial, pero fundamentalmente, los gremios docentes entienden que es real el desfinanciamiento provincial y obedece al feroz ajuste que encarna el presidente Javier Milei, quien decidió unilateralmente dejar de enviar el Fondo de Incentivo Docente que recibían las provincias y que representa el 10 por ciento del salario de los maestros.
Si bien la oferta del gobernador Rogelio Frigerio incluía, además de un aumento del 18 por ciento para enero, el pago del FONID con recursos provinciales, los docentes agremiados llevarán adelante la medida de fuerza en el marco de un paro nacional convocado por CTERA.
De este modo, para evitar que la huelga se focalice como una demanda solo al gobierno provincial, cuando en realidad los argumentos más sólidos están apuntados a la política de ajuste de Milei que viene desfinanciando a las provincias con quitas sustanciales de aportes económicos, el gobierno entrerriano apuesta a dejar abierta la negociación para la semana próxima y no hacer efectivo el pago del aumento propuesto hasta no firmar un acuerdo con los maestros, según trascendió en la noche de este jueves.
AGMER le pide al gobierno provincial que antes del miércoles formalice una propuesta que contemple la pauta inflacionaria de enero para evitar un paro de 48 horas previsto para el jueves y viernes de la semana que viene. En ese caso, la medida de fuerza sí estará dirigida contra el gobierno provincial.
La oferta salarial propuesta por la Provincia del 18 por ciento se ubica 2,6 puntos por debajo de la inflación de enero.