La Rosca | Recorte de horas extra |
El gremio reclamó a la Provincia “una urgente aclaración” y advirtió que “los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo”.
“Nos han contactado trabajadores de varios ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo.
La dirigente aclaró que hasta el momento el sindicato “no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas”.
A mediados de 2025 el patio central de Casa de Gobierno fue escenario de ruidosas protestas de trabajadores de la Administración, molestos por el recorte de horas extra que entonces rondó el 20%.
“La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios”, explicó.
Melgarejo dijo que “esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”.
“Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.
La secretaria gremial de UPCN se preguntó “cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas” y al respecto remarcó: “Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores”.
“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, resaltó Melgarejo.
“Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema», señaló y reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.
“Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar”, apuntó la dirigente sindical.
Luego manifestó: “En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno”.
“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó.
“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa”, finalizó Melgarejo.
La Rosca |Cese de contratos|
“Rechazamos el desguace del Registro Único de la Verdad y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, que significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia”, sostiene el comunicado.
“La decisión respecto al Registro no puede ser presentada como una cuestión administrativa”, cuestionaron y argumentaron: “Se trata de un área del Estado provincial que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, un espacio que resguarda la memoria, la verdad y parte esencial de nuestra identidad colectiva”.
En ese marco, advirtieron que lo ocurrido forma parte de una política más amplia de retroceso del Estado en áreas sensibles. “Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, y que implica el abandono de políticas sensibles que protegen a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano”.
“No se trata de contratos que finalizan, sino de despidos y vaciamiento. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial”, señalaron.
En otro tramo del documento, expresaron su solidaridad “con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos”.
El comunicado apuntó directamente a la gestión del gobernador Frigerio: “Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador Frigerio, existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo”.
En ese sentido, manifestaron que el PJ “adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir de manera inmediata una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de nuestra provincia”.
“Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos”, finalizó el documento.
La Rosca | Medida de gobierno|
La normativa fue formalizada mediante el Decreto Nº 2817, fechado el 13 de octubre de 2025, y firmado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien será el encargado de hacer cumplir las disposiciones.
En sus fundamentos, el decreto señala “la necesidad de fortalecer los mecanismos de autorización, supervisión y control de las contrataciones y designaciones de personal en el Sector Público Provincial, a fin de contener el gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal”.
Asimismo, sostiene que “a los efectos de poder atender las obligaciones esenciales del Estado y garantizar la continuidad de las funciones prioritarias de la gestión, resulta necesario implementar mecanismos de control y supervisión sobre las contrataciones de personal, su recategorización, cambios de tramo o reconocimiento de adicionales y aumento de los existentes, como así también en las designaciones de los funcionarios, autoridades superiores y/o personal fuera de escalafón… con el objeto de asegurar una administración racional y responsable de los recursos públicos”.
El texto extiende el alcance de estas medidas a “todos los organismos que integran el Sector Público Provincial, incluyendo la Administración Central, los entes descentralizados, como así también a los órganos autónomos de control, sociedades y empresas del Estado provincial”.
El decreto también hace referencia a las sociedades con participación estatal: “El Estado Provincial ha constituido diversas estructuras societarias, tales como Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, en las cuales posee participación directa o indirecta en el capital o en la toma de decisiones. Si bien estas sociedades se rigen por el derecho privado, presentan una marcada impronta pública… La participación pública en dichas entidades implica el uso de fondos estatales, lo cual conlleva tanto la responsabilidad del Estado como el deber de control sobre su inversión”.
En ese sentido, se establece que es “posible y necesaria la intervención y autorización de modo previo del Poder Ejecutivo en aquellas tramitaciones que implicaren erogaciones tendientes a atender gastos de personal”.
El gobierno entrerriano justificó la medida en el contexto económico actual: “El contexto económico actual exige reforzar los principios de eficiencia, transparencia y austeridad en el uso de los fondos públicos, resultando imprescindible ejercer un control efectivo sobre la contratación de personal especialmente en las entidades que integran la administración descentralizada, empresas y sociedades del Estado”.
Por ello, “corresponde disponer la intervención del Poder Ejecutivo, de modo previo a todo trámite de contratación de personal, cualquiera sea su modalidad jurídica o duración… como herramienta de planificación y contención del gasto público”. En consecuencia, se delegan las facultades de autorización previa en el ministro Boleas.
Excepciones
No obstante, el decreto aclara que “resulta necesario exceptuar de la intervención previa, a aquellos casos derivados de procedimientos de selección o concursos y los que refieren a contrataciones de personal que atiende servicios esenciales o críticos, como profesionales médicos, docentes, entre otros”. También se exceptúan las renovaciones de contrataciones temporarias reguladas por los decretos 3996/2024 y 4109/24.
A continuación, el Decreto Nº 2817 GOB detalla sus disposiciones principales:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que para toda contratación o renovación del vínculo contractual de personal, designación o renovación de suplencias, recategorización, cambio de tramo, reconocimiento de adicionales o aumento de los existentes, y para la designación de funcionarios, autoridades superiores y/o personal fuera de escalafón que se llevare a cabo en el ámbito del Sector Público Provincial —Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, entes autárquicos y autónomos, empresa, sociedad del Estado y sociedad con participación estatal mayoritaria— deberá requerirse la autorización previa y expresa del Señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda y Finanzas.
Quedan comprendidos en el presente, además de los organismos pertenecientes a la Administración Central, los siguientes:
–Administradora Tributaria de Entre Ríos
-Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
-Dirección Provincial de Vialidad
-Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos
-Ente Mixto de Turismo
-Agencia Administradora de Bienes Inmuebles
-Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
-Consejo General de Educación
-Universidad Autónoma de Entre Ríos
-Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia
-Comisión Administradora Fondo Especial de Salto Grande
-Corporación de Desarrollo de Salto Grande
-Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social
-Sistema de Crédito de Entre Ríos SA
-Compañía Entrerriana de Gas SA
-Salud Entre Ríos SE
-Energía de Entre Ríos SA
-Obra Social de Entre Ríos
-Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos
-Instituto Portuario Provincial y Puertos Autárquicos de Diamante, Ibicuy, Concepción del Uruguay y La Paz
-Fiscalía de Estado
-Contaduría General de la Provincia
-Tesorería General de la Provincia
-Tribunal de Cuentas de la Provincia
-Toda otra empresa, sociedad del Estado o ente descentralizado creado por ley o decreto provincial.
ARTÍCULO 2º.- El requerimiento de autorización deberá formalizarse ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante expediente, acompañando copia del acto administrativo proyectado y/o del contrato respectivo, en caso de corresponder.
ARTÍCULO 3º.- Se prohíbe la gestión o continuación de los trámites previstos en el artículo 1° que no contaren con la autorización expresa del Ministro de Hacienda y Finanzas. La prestación de tareas solo podrá iniciarse cuando el trámite se encuentre finalizado y aprobado por la autoridad competente.
ARTÍCULO 4º.- Se exceptúan de la autorización previa las contrataciones vinculadas con:
-Servicios de seguridad pública y penitenciaria.
-Profesionales médicos, de enfermería, obreros y maestranza del sistema de salud pública.
-Servicios críticos o de urgencia debidamente fundados.
-Personal de cuidado directo del COPNAF, docentes del CGE y UADER, y personal de comedores escolares.
-Renovaciones de contrataciones temporarias bajo los decretos 3996/24 y 4109/24.
-Personal de gabinete regulado por los decretos 1/25 MHF y 77/25 GOB.
-Designaciones resultantes de concursos.
-Cargos que requieran acuerdo del Senado provincial.
-Contrataciones en el marco de la Ley N° 5.140.
Las contrataciones y designaciones efectuadas bajo estas excepciones deberán ser informadas al Ministerio de Hacienda y Finanzas dentro de los treinta días hábiles posteriores.
La Rosca |Recategorizaciones 2026|
Ante la falta de avances concretos, la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, remarcó que “gobierno tiene que saber que, si firmó, tiene que cumplir”. Además, advirtió: “Si el 1° de noviembre no está firmado el Instructivo, vamos a pensar seriamente si el 4 nos sentamos a la mesa paritaria”.
Representantes del Sindicato se reunieron días atrás con el Secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, a quien le explicaron el procedimiento digitalizado y el cruzamiento de bases de datos que proponen en el Instructivo de Recategorización 2026. “Con estos procesos se podría lograr un dinamismo inédito para las recategorizaciones, que además será por última vez hasta el convenio colectivo”, expuso la Secretaria Adjunta.
En esa oportunidad el funcionario les aseguró que es técnicamente posible avanzar con la digitalización y que queda pendiente resolver el proceso jurídico administrativo.
Uno de los pasos previos para la digitalización del procedimiento es que se establezca un Registro Único de Capacitaciones, cuya creación el Sindicato solicitó oportunamente. “Cuando pedimos que se abra ese registro, inmediatamente se mandó la directiva para que los organismos envíen el listado del personal que tiene capacitaciones. Pero sólo tres organismos cumplieron”, señaló Domínguez.
En el acta paritaria del 1° de octubre UPCN emplazó a que el Instructivo esté concluido y firmado antes del 1° de noviembre. Ahora, sin avances concretos, la dirigente gremial se preguntó: “¿Es un problema de lo que cuesta o es que el gobierno está en otro planeta y no tiene en su radar a los trabajadores?”
Remarcó que “una cosa es la comprensión del contexto y otra cosa es no dar a los trabajadores lo que está comprometido. No vamos a entrar en el juego de dilatar. El gobierno tiene que saber que si firmó, tiene que cumplir”, remarcó y pidió “que no ninguneen la paritaria”.
“Al final todos ningunean la paritaria: ATE firmando que se va a reunir el 4 de noviembre y al otro día anunciando medidas; el gobierno porque firmó que va a recategorizar pero no saca el Instructivo. Al final el único que respeta la paritaria es UPCN”, subrayó: “Tenemos la certeza de que la solidaridad y la organización colectiva son lo único que hoy puede dar esperanza a los trabajadores”, expresó Domínguez y sostuvo que “no es únicamente una categoría, lo que importa es que respeten a los trabajadores”.
Por último, advirtió que “si el 1° de noviembre no están firmadas las recategorizaciones, vamos a pensar seriamente si nos sentamos el 4 a la mesa paritaria”. Fuente: APF.