La Rosca |Proyecto de ley|
Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la diputada del bloque peronista, Laura Stratta, que propone la creación “en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano el Sistema Provincial de Información sobre Políticas Alimentarias”.
El objeto, según se sostuvo, del Sistema Provincial de Información de Políticas Alimentarias “tendrá como objeto ser el instrumento de relevamiento, sistematización, auditoría y publicación de información relativa a políticas, programas y dispositivos alimentarios que se ejecuten en el territorio provincial”.
El fundamento del proyecto consiste “en el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y suficiente, que cuenta con reconocimiento a nivel internacional y al cual adhiere la República Argentina”.
Universidades
Stratta sostuvo que “el fortalecimiento de la producción y calidad del dato requiere la participación de actores académicos con capacidades técnicas y territoriales, de modo de mejorar estándares metodológicos, definiciones operativas e indicadores así como desarrollar instancias de auditoría y evaluación periódica”.
En tal sentido añadió que “la incorporación de universidades al sistema como espacio de consulta técnica y construcción de evidencia contribuye a dotar a la política alimentaria de mayor rigor, comparabilidad y legitimidad pública”.
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También destacó que “la publicación accesible de información verificada sobre comedores y merenderos, sin exponer datos personales, cumple una función social adicional: permite ordenar y potenciar el acompañamiento comunitario, canalizar donaciones responsables y facilitar la articulación con organizaciones, empresas y actores del territorio, promoviendo transparencia, trazabilidad y evitando intermediaciones informales”.
Instrumento esencial de relevamiento
Stratta sostuvo que el Sistema debe concebirse “como un instrumento esencial para el relevamiento, sistematización, auditoría y publicación transparente de toda la información relativa a las políticas, programas y dispositivos de asistencia y seguridad alimentaria ejecutados en el territorio provincial, con el fin primordial de mejorar la planificación, el control, la evaluación de las intervenciones y fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, en consonancia con el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y eficiente”.
Entendió su pertinencia en “la situación de familias que atraviesan altos niveles de vulnerabilidad social, que poseen trabajos precarizados o directamente son desempleados, y cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas, condiciona severamente el acceso a una alimentación adecuada”. Añadió que “estos déficits en parte de la población generan la demanda permanente y sostenida de acceso a comedores escolares y comunitarios, merenderos y espacios donde tanto el Estado como las organizaciones sociales aseguran un plato de comida”.
Pespectiva
La diputada consideró que “desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a una alimentación adecuada impone a los Estados obligaciones de respeto, protección y garantía, vinculadas tanto a la disponibilidad como a la accesibilidad de alimentos adecuados de manera sostenible, sin menoscabar el goce de otros derechos”. En estel sentido añadió que “el enfoque de derechos aporta un criterio rector: las políticas alimentarias deben orientarse a asegurar condiciones materiales y sociales que permitan a las personas alimentarse con dignidad”.
Estado garante
Asimismo entendió que “el Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”.
Stratta entendió que “las políticas alimentarias, incluyendo programas de comedores, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos, transferencias u otras modalidades, integran un campo de intervención pública complejo, donde convergen dimensiones sociales, sanitarias, educativas, productivas y territoriales. Su calidad y efectividad dependen de la coordinación entre niveles de gobierno, de la continuidad de la prestación, y de la capacidad estatal de planificar y ajustar intervenciones según evidencia”.
También consideró que “la alimentación saludable, desde una perspectiva de salud pública, es un determinante central para prevenir la malnutrición en todas sus formas y reducir riesgos de enfermedades no transmisibles. Por ello, las políticas alimentarias deben contemplar no sólo la cobertura, sino también criterios de calidad nutricional, inocuidad y adecuación cultural, fortaleciendo un enfoque integral que articule asistencia, prevención y promoción de hábitos alimentarios saludables”.
En aquella línea sostuvo que “la fragmentación de información y la dispersión de fuentes administrativas debilitan la gobernanza de las políticas alimentarias, dificultando: identificar coberturas reales y brechas territoriales; evitar superposiciones o vacíos; monitorear continuidad, frecuencia y adecuación de prestaciones; evaluar resultados; y mejorar la eficiencia del gasto público”.
