La Rosca | Encuentro Frigerio- Bordet|

Durante la rueda de prensa posterior, Bordet destacó la importancia de sostener canales de comunicación entre oficialismo y oposición. “El intercambio se dio con mucha madurez, respeto, planteando nuestras diferencias políticas y el rol de oposición que claramente lo tenemos”, afirmó el legislador, subrayando que en tiempos de “tanta agresividad”, estas instancias de diálogo son necesarias.

Preocupación por recursos y obra pública

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la situación fiscal de Entre Ríos. Bordet manifestó su inquietud por la merma en los ingresos coparticipables debido a las políticas nacionales y aseguró que planteó su “preocupación por la pérdida de recursos que la Provincia va teniendo sostenidamente a raíz de las políticas que el gobierno nacional viene aplicando”.

Asimismo, aclaró que esta reunión fue independiente del pedido de audiencia que realizaron los legisladores nacionales de su espacio para tratar específicamente el impacto de la reforma laboral y el impuesto a las ganancias en las arcas entrerrianas.

El conflicto en Concordia y críticas a la gestión

Bordet no esquivó temas de la actualidad inmediata, como el conflicto municipal en su ciudad natal. “Le planteé al gobernador la preocupación de lo que está sucediendo en Concordia, donde despidieron a 140 trabajadores y hubo un accionar de la policía para controlar las asambleas”, expresó. El exmandatario recordó su paso por la intendencia para marcar una diferencia metodológica: “Jamás utilicé la fuerza del orden público para intervenir y controlar una protesta gremial o social”.

Por otro lado, la reunión sirvió para saldar discusiones sobre la herencia recibida. Ante las críticas de Frigerio sobre supuestos casos de corrupción o “20 años de oscurantismo” peronista, Bordet fue tajante: “Le planteé que el peronismo en estos 20 años en la Provincia hizo mucho. Cada vez que nos criticaron, salí a defenderme como corresponde y lo seguiré haciendo”.

Agenda legislativa y futuro

Hacia el final del encuentro, discutieron proyectos de ley que Bordet impulsará en el Congreso Nacional, tales como el aumento de las regalías de Salto Grande al 50% y la declaración de interés público de la comunicación vial entre Brazo Largo y Nueva Palmira.

 

“Un gobernador termina su mandato, pero siempre queda una responsabilidad institucional. Siempre voy a estar porque quiero aportar lo mejor para que a la provincia le vaya bien”, finalizó.

La Rosca | Accidente en viaje oficial y familiar|

Dio detalles de lo sucedido, contó sobre la evolución de su esposa Gimena Bordet y respondió preguntas. Lo acompañaron la viceintendenta María Dalleves, el secretario de Gobierno Mariano Bravo, el secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba, el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos Daniel Kolankowsky, y la concejal Karen Kuliat (Juntos por Colón).

En principio, el presidente municipal agradeció a la comunidad por el acompañamiento “en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir como familia”.

Después habló de la “motivación” de participar de un evento en Porto Alegre, “con autoridades de países de Sudamérica, para vincular a la ciudad con el turismo internacional y la actividad empresarial”.

“Durante seis años de gestión no he tenido vacaciones ni descanso, y por supuesto mi familia tampoco. En esa idea de compatibilizar descanso y trabajo, hicimos este viaje que era oficial y lo complementé con lo que pretendía sea un descanso también para mis hijos”, agregó.

Al momento del despiste “llovía torrencialmente. Veníamos llegando a Torres, nuestro lugar de descanso, cerca de Porto Alegre. A 10 minutos del destino, había agua en la calzada y me hizo perder el control de la camioneta. Dimos vuelcos al costado de la ruta. Nos salvamos de milagro, no tengo dudas”.

Luego, se refirió a los traslados posteriores al accidente. “Cuando le dieron el alta a Juanita –que era la más complicada- contraté una ambulancia que la traslade a Uruguayana, donde nos esperaba una ambulancia de EMER, a quienes agradezco que no nos cobró”. Los otros hijos “volvieron a casa con su tío”. En ese mismo viaje, Walser llegó al Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, donde había sido derivada Gimena Bordet, por tratarse de un nosocomio especializado en traumatismos.

Describió las lesiones sufridas por su esposa y su evolución irregular durante los 26 días que permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva, 15 de los cuales estuvo en coma inducido. Luego de un tiempo “plagado de complicaciones”.

“Cuando le realizaron la traqueotomía y con mi acompañamiento, que estaba 20 horas en la terapia para interactuar entre ella y los médicos, comenzó una recuperación notoria”.

“Toda la atención, desde el primer día en Torres hasta el día que nos dieron el alta en Porto Alegre, no tuve que poner un centavo, ya que esos hospitales forman parte del Sistema Único de Salud de Brasil”, agregó Walser, agradeciendo al Estado de Brasil y los médicos que prestaron servicio.

Visiblemente emocionado, concluyó su relato: “No somos la misma familia, esto nos fortaleció. No soy el mismo José Luis, esto me fortaleció. Voy a hacer un esfuerzo enorme por cambiar, por humanizar el trabajo que hacemos. Los invito a reconocer que las cosas importantes son otras y que no tenemos el control, cuando te encontrás con una situación como la que nos pasó a nosotros, te das cuenta que todo está en manos de Dios. Nada vale la pena cuando lo más preciado que tenés –tus hijos, tu esposa- está al borde de la muerte”.

El vehículo oficial y los comprobantes

Ya en diálogo con la prensa, el intendente de Colón reconoció que “compatibilizar descanso con trabajo fue un error. Es algo que voy a cambiar. En seis años no me tomé nunca vacaciones y está mal, porque cualquiera que trabaje necesita descanso”.

Dijo que “el vehículo oficial se encuentra en un depósito de la Policía en Torres. Elevé al Concejo Deliberante un informe donde está descripto todo lo que pasó”.

“Como todos los vehículos de la municipalidad está asegurado con el Instituto del Seguro de Entre Ríos. Tenemos una productora que es la referente del IAPSER, Celia Beber, con quien llevamos los seguros de los vehículos. Está hecha la denuncia”, mencionó.

Además, aclaró que “la camioneta Mitsubishi tiene siete asientos” y que “cada uno iba con su cinto”.

“La Policía rodoviaria de Brasil hizo un acta, nosotros la pedimos y la tenemos, al igual que los comprobantes del pago de la ambulancia que trasladó a Juanita, a Gimena hasta Uruguayana y desde ahí hasta casa por la empresa EMER, que ese sí lo abonamos”.

“También tenemos la negativa de contabilidad. En todos los viajes oficiales se piden viáticos, pero en este caso no los pedí porque era también era un viaje de descanso. Todos los gastos los pagamos desde nuestra familia”, concluyó Walser.

Fuente: El Entre Ríos

La Rosca | Cesanteados en Concordia|

En una publicación en Facebook, Satalía Méndez consideró que “se ha corrido el eje del debate, hoy Concordia no necesita profundizar tensiones ni discusiones estériles. Necesita respuestas”.

 

“Más de 140 familias han quedado sin trabajo. Detrás de cada despido hay un nombre, una familia y necesidades concretas que no pueden ser ignoradas. Esa es la prioridad”, manifestó.

“La violencia no aporta soluciones. La deshumanización tampoco. La política y la democracia están llamadas a canalizar los conflictos de manera responsable, poniendo siempre en el centro a las personas”, añadió.

 

“La sociedad expresa con claridad su cansancio frente a discusiones que no se traducen en mejoras concretas. Por eso, estar a la altura de las circunstancias implica diálogo, escucha y empatía”, indicó.

 

“Hablar de paz social es hablar de responsabilidad colectiva. Es encarrilar los caminos, reconstruir consensos y trabajar en soluciones reales para el pueblo de Concordia”, sostuvo.

 

“Los servicios públicos funcionan gracias al compromiso cotidiano de los trabajadores municipales. Reconocer su rol, cuidarlos y generar condiciones de estabilidad laboral es también defender el interés de toda la comunidad”, reflexionó.

 

“Es tiempo de elevar el nivel del debate y fortalecer una política que piense, que escuche y que cuide. Concordia necesita serenidad, responsabilidad y una mirada puesta en el bien común”, concluyó.

La Rosca | Participación en Festival de Diamante|

Acompañado por el intendente Ezio Gieco, recorrió el predio y destacó la relevancia de la celebración como espacio de encuentro, identidad y promoción cultural, además de su impacto positivo en la economía local y el turismo regional.

 

Durante su visita, el mandatario subrayó el valor histórico y popular del encuentro: “El Festival Nacional de Jineteada y Folclore es uno de los más antiguos del país, con más de medio siglo de vigencia. Es una fiesta muy importante para toda la provincia, especialmente para la gente del campo”.

 

En ese marco, resaltó el arraigo que tiene la reunión popular entre las familias entrerrianas: “Conozco a mucha gente de campo que se pide las vacaciones en estas fechas para poder venir y participar de esta fiesta nacional. A mí también me gusta mucho y siempre que puedo vengo”.

 

Frigerio también puso énfasis en el impacto económico y turístico que generan este tipo de celebraciones: “Además de lo cultural y del acervo histórico que tienen estas fiestas, el impacto económico es evidente. Por eso las apoyamos y trabajamos en conjunto con los municipios para que no solo no decaigan, sino que crezcan año a año, como pasa acá en Diamante”.

 

En esa línea, remarcó la importancia del turismo de eventos como política estratégica para la provincia, al señalar que “es el turismo más importante y el que más persiste a lo largo del año, porque no está vinculado solamente al clima o a las vacaciones”.

 

Al referirse a las perspectivas para este año, el gobernador señaló que “nos permitirá concentrarnos el ciento por ciento en lo más importante, que es transformar la vida de la gente, resolver problemas, y esperemos que la economía acompañe”.

 

En ese sentido, remarcó que desde la provincia “estamos ayudando al gobierno nacional para que eso ocurra porque es lo que quiere la gente: que a la Argentina le vaya bien y que, en consecuencia, nos vaya mejor a los entrerrianos”.

 

Y expresó su optimismo de cara al futuro al afirmar que “tenemos muchas expectativas importantes y favorables respecto a lo que va a pasar este año y esperemos que se concreten”.

 

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, agradeció “al gobierno de la provincia por el apoyo que hemos recibido desde el primer festival que nos tocó realizar cuando comenzamos nuestra gestión”, y destacó el esfuerzo organizativo que implica el evento: “Acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y también una inversión importante de recursos para poder organizar y llevar adelante esta fiesta”.

 

El gobernador junto al intendente; al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; al secretario de Justicia, Julián Maneiro; y al senador provincial Gustavo Vergara, participó de las actividades del festival, observó el espectáculo de las tropilla Entabladas y entregó premios a las mejores tropillas. En el escenario Carlos Santa María, el público disfrutó de las presentaciones de Lázaro Caballero, La Clave Trío, Copla Alta, Son3, el Ballet Emoveré y la pareja y el ballet del 3° Certamen de Danzas de la Comisión de Apoyo al Festival. En paralelo, en el campo Lisardo Gieco se desarrollaron las jineteadas con competencias en las categorías Clinas y Bastos, cuyas finales consagraron a los campeones de La Reina de las Jineteadas.

La Rosca | Situación en Concordia tras cesantías|

Cracco describió que las actividades gremiales han sido seguidas de cerca por efectivos policiales: “Mucha presencia policial en todos los sectores. Cuatro o cinco patrulleros” en cada lugar, indicó para marcar la gravedad de la situación.

Privatización

Los trabajadores dan por confirmado -sin dar más explicaciones- que la actual gestión del intendente Francisco Azcué se apresta a privatizar el servicio que recoge la basura domiciliaria en los diferentes barrios de Concordia.

-Quieren privatizar. Se escuchaba ya hace rato, pero nadie venía y te decía nada –se escucha comentar a un trabajador municipal, a quien enseguida le responden.

-Es que no había nada cierto. Eran rumores…

-Ahora es cierto –agrega un tercero, mientras el resto respalda su afirmación.

Históricamente, el servicio de recolección de residuos en Concordia ha sido prestado de manera directa por la Municipalidad, con personal propio. Es más, años atrás, se llevaron adelante concursos para incorporar personal al área.

Otros servicios, en cambio, aunque regulados por el Estado municipal, han sido concesionados a empresas privadas y cooperativas. Uno de los casos más conocidos es el transporte urbano de pasajeros. El Estado establece los recorridos y condiciones y selecciona a los prestadores privados mediante licitaciones públicas.

También la limpieza de diversos sectores de la ciudad viene siendo derivada a terceros –lo que en los hechos constituye una privatización- desde hace años. En gestiones anteriores, lo mismo que en la actual, la Municipalidad ha contratado a empresas cooperativas, monotributistas y responsables inscriptos para que llevan a cabo el barrido de las calles, bajo responsabilidad y control municipal, consignó el portal El Entre Ríos.

Hay múltiples ejemplos de ciudades argentinas que han privatizado la recolección de residuos. Entre ellas, Tandil –una localidad valorada por algunos como un modelo de organización municipal a imitar- que en Julio de 2022 confió la tarea a la empresa Malvina Argentina SRL.

La Rosca | Concordia y empleados cesanteados |

“A los despidos y desvinculaciones de cerca de 150 trabajadores de la Municipalidad se le debe sumar la situación de 240 empleados que se relacionaban con el Estado municipal mediante monotributo según lo que expresó el mismo oficialismo de Concordia”, agregaron.

 

“Además de la violencia de quitarle derechos a trabajadoras, trabajadores y familias en el año nuevo, el intendente de Concordia lo hace nutrido de revanchismo y persecución política, instalando un clima de politización de los despidos y bajas laborales para intentar justificar acciones que van en contra de cualquier criterio racional de gobierno. Se despidieron trabajadores de distintas áreas, con diferentes funciones, trabajadores necesarios y útiles. Y lo hicieron solo por los argumentos arbitrarios de la gestión de Azcué, dado que no existen explicaciones claras sobre los motivos, ni existieron evaluaciones serias del trabajo que realizaron los cesanteados”, añadió el documento partidario.

 

“Resulta muy grave la profundización de políticas y discursos de odio, especialmente contra los trabajadores, por parte de las gestiones de Frigerio y Azcué. La celebración de la crueldad, al despedir en el medio de las fiestas de fin de año a trabajadores, defender con un inconcebible orgullo que se pierdan puestos laborales y que familias queden en la pobreza tienen una perversidad que la democracia no debe permitir”, sostuvo del PJ entrerriano.

 

“La gestión de Frigerio -como la de Azcué- son gobiernos intrascendentes que en dos años de administración nada relevante han hecho en el marco de sus competencias. No existen programas de promoción de derechos en ninguna materia, no se hicieron viviendas, no hay obras públicas, las rutas y caminos rurales son un desastre, las paritarias de trabajadores estatales van muy por detrás de la inflación real, etc. No existe nada para mostrar de sus gobiernos. Ante la falta de políticas y la pérdida total de su electorado porque sus votos se fugaron electoralmente hacia Milei como vimos en las elecciones de 2025, para transitar estos dos últimos años, tanto Frigerio como Azcué se suben sin vergüenza y reserva al tren del odio político y la crueldad que promueve Milei, copiando sus métodos, discursos y medidas como los despidos”, analiza el documento.

 

En concordancia con lo explicado, sobre los motivos de las bajas y despidos advierten que existe una decisión política e ideológica en la medida como en las justificaciones que invoca la gestión de Concordia.

 

Al respecto desde el PJ entrerriano expresaron: “La persecución política de Azcué es el reflejo de los despidos de Frigerio a fin de año, con aspectos graves como el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad -echando a más del 60% de los trabajadores que lo integran- cuestión puntual que le añade claramente un preocupante componente ideológico que vincula con aspectos de falta de compromiso e injustificable distancia con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Por la ausencia de logros de gobierno, por sus promesas incumplidas, ahora Frigerio y Azcué apuestan al odio, a la grieta y a la peligrosa “batalla cultural” de Milei para disfrazar los paupérrimos resultados del modelo económico del gobierno nacional y la ausencia total de resultados de gestión del gobierno provincial y las municipalidades oficialistas”.

 

Por último, desde el Consejo Provincial del PJ entrerriano expresaron su “absoluta solidaridad con los despidos y sus familias ante este hecho que genera enorme incertidumbre en sus vidas, solicitando que sean inmediatamente repuestos en sus lugares de trabajo por las autoridades de la Municipalidad de Concordia”.

La Rosca | Situación de OSER y prestaciones|

García aseguró que OSER “tiene una relación de privilegio con los cuidadores domiciliarios, pero hay una fuerte confusión de parte de este grupo de prestadores de servicios porque muchos de ellos consideran que son empleados de la obra social. Y se ha viene haciendo todo un trabajo de concientización, de explicación, de aclararles que ellos no son empleados de la obra social, porque en reiteradas oportunidades dicen que no cobran su sueldo desde octubre o noviembre”.

“La obra social lo que hace con el servicio de cuidadores domiciliarios es cubrir una situación de un afiliado que está postrado o que no se puede valer por sus propios medios durante un horario del día en el que la familia no se puede hacer cargo. Absolutamente todos los prestadores de servicios de la obra social cobran a 60 días de prestados los servicios, y esto no es un capricho, tiene una explicación técnica y lógica. Además, los grandes prestadores como Acler, Femer, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Bioquímicos, entienden esto”.

“Si se presta un servicio en enero, se presenta la facturación en febrero, se audita y se paga en marzo, con lo cual, lo trabajado en enero se está empezando en marzo, entre el 20 y el 30 de cada mes, que es cuando ingresan los fondos de la obra social. Todos, excepto los cuidadores domiciliarios, donde se hizo un trabajo enorme desde el punto de vista administrativo y de ajuste de los sistemas para que cobren a mes vencido. Hoy más del 70% de los 1.047 cuidadores domiciliarios que prestan servicio a la obra social en toda la provincia, ya cobró el mes de diciembre, por el trabajo realizado en noviembre”, explicitó en declaraciones periodísticas.

Agregó que “hemos tenido un vínculo de contacto semanal con los representantes de algunos cuidadores domiciliarios, porque ellos no están nucleados en ninguna asociación. Tienen un régimen que se vale por el régimen de empleados en casas particulares, y les hemos explicado que deben presentar los papeles en tiempo y forma, porque en todo el territorio provincial hay que estar recibiendo todo el mes la documentación de más de 1.000 personas a las que hay que auditar, y todo ese trabajo administrativo tiene un volumen que lleva su tiempo”.

“En la última reunión que tuvimos con ellos les anunciamos que vamos a implementar una plataforma virtual para que ellos directamente desde su casa, con el celular, puedan subir toda la documentación con las facturas del mes que han trabajado, para que se haga más ágil la liquidación y el pago, y así evitar que tengan que ir a una sede física y mandarla a Paraná para que se haga la tarea administrativa”.

En este marco, cuestionó que “hay un grupo de cuidadores domiciliarios muy combativo que no tiene en claro cuál es el vínculo que los une con la obra social; la obra social no les tiene que pagar un sueldo, les tiene que pagar por un servicio y debería pagarles, como se hace con todo el mundo, a los 60 días de prestado el servicio, pero a ellos les estamos pagando a los 30 días de prestado el servicio porque entendemos que es un grupo muy vulnerable y más allá de que ellos no tienen relación de dependencia con la obra social, sabemos que muchas veces es el único ingreso que tiene esa persona para poder subsistir”.

“Hay un grupo que amenaza permanentemente con cortar la calle, con encadenarse, y la verdad es que no tenemos un vínculo de relación laboral con ellos, han sido un grupo privilegiado dentro del universo de prestadores de la obra, yo personalmente me encargué de establecer un vínculo permanente con ellos y me cuesta entender esta actitud que asumen algunos de ellos”.

Problemas con cirujanos

Consultado por la situación con los profesionales cirujanos que advirtieron que estaba en riesgo la prestación a OSER, García sostuvo que “fue una declaración irresponsable desde todo punto de vista y fuera de lo legal porque nosotros no tenemos ningún tipo de convenio con ninguna asociación de cirujanos”.

“Me enteré que existía una asociación de cirujanos cuando hicieron esa presentación, nosotros tenemos dos grandes convenios que pueden nuclear a profesionales médicos que realizan cirugías: Femer (Federación Médica) con el cual tenemos un acuerdo vigente que está completamente operativo y Acler (Asociación de Clínicas y Sanatorios) con el cual tenemos un acuerdo vigente que está completamente operativo, desconocemos en absoluto a esta asociación y desde el punto de vista legal no tenemos ningún tipo de convenio. Entendemos que básicamente son profesionales de Paraná que están nucleados en el Círculo Médico de Paraná que pertenece a la Femer y, por supuesto, de inmediato hablamos por teléfono con las autoridades con las que tenemos vínculo para decirles que presten atención a este tipo de declaraciones que generan angustia, ansiedad, preocupación porque se hablaba de la posibilidad de suspender cirugías”, explicitó.

“De hecho, no se suspendió ninguna cirugía, no se va a suspender ninguna cirugía, salvo que algún profesional diga que no quiere atender por esta obra social, lo comunique como corresponde y que siga desarrollando su tarea sin atender afiliados de la OSER. Pero así de esta manera, la nota es totalmente improcedente e irresponsable también”, sentenció.

Conflicto con kinesiólogos

García admitió que “hubo un cuello de botella que tuvimos en octubre, noviembre y diciembre” lo que provocó falta de pago, pero informó que “a la Asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos se le hizo un pago la semana pasada, el saldo a pagar es de enero de 2026, diciembre del 2025 ya se pagó y a la Unión de Kinesiólogos de Entre Ríos ya se le pagó diciembre de 2025”.

“Es cierto que tuvimos un cuello de botella, pero ya está saldado y están completamente vigentes esos dos convenios”, resumió.

Situación financiera de OSER

Consultado respecto de la cuestión económica del organismo, García planteó que “los únicos recursos que ingresan a OSER son los aportes patronales de toda la administración pública provincial, de todos los poderes y jurisdicciones, y los aportes personales de nuestros afiliados, y en la medida en que las paritarias vayan acompañando aumentos remunerativos, vamos a ver aumentados nuestros ingresos”.

En relación con esto, planteó que al no haber incrementos salariales remunerativos “se explican todos los resguardos y cuidados que tenemos para la contratación de servicios, sabiendo que no hubo aumento de los ingresos, sería muy irresponsable salir a contratar más servicios que hoy no se están prestando”.

“La obra social no tiene plata disponible, cuando la obra social tiene este delicado equilibrio económico cualquier prestación nueva que se contrate si no va acompañada a la seguridad de que se podrá abonar, va al déficit. Y una de las cosas que, obviamente, la obra social tiene que tratar de evitar es un déficit inmanejable. Del mismo modo, como dice nuestro presidente Mariano Gallegos, no tendríamos que tener ni un solo peso de superávit porque acá cada centavo que entra a la obra social tiene que ir para la prestación del servicio”, sentenció.

La Rosca | Pedido de informes|

“Son preguntas que nos hacemos todos los vecinos. Nosotros no somos jueces; nuestro rol es controlar al Ejecutivo. Esperamos que nos respondan en forma concreta y en el lapso de los 90 días que establece la Ley 10.027, o tendremos que accionar judicialmente”, dijo a El Entre Ríos el concejal Hermes Roy Liberman.

“El uso de bienes del Estado municipal para fines particulares podría configurar, una violación a los principios de legalidad, y transparencia, y eventualmente encuadrar en figuras penales, conforme lo establecido en el Código Penal y la normativa vigente en materia de administración pública”, señala el escrito.

“Resulta indispensable determinar si existió autorización administrativa expresa, resolución, decreto o acto formal que habilitara dicho viaje, el uso del vehículo oficial fuera del país, y el traslado de personas ajenas a la función pública. El vehículo involucrado sufrió un siniestro vial, con posibles consecuencias patrimoniales para el municipio, lo cual exige conocer el régimen de seguros, responsabilidades asumidas y eventuales costos afrontados o a afrontar por el erario público”.

Los concejales piden conocer “si existió acto administrativo formal que autorizara el viaje del intendente a Brasil, indicando fecha, número y fundamento del mismo. Si contemplaba expresamente el uso de un vehículo oficial con sus características, si autorizaba el traslado de familiares y por qué motivo tenía previsto continuar haciendo uso del mismo en el periodo destinado al descanso familiar”.

Sobre el seguro, preguntan entre otras cosas si estaba vigente y “si cubre siniestros ocurridos en el extranjero y con ocupantes no vinculados a la función pública”.

 

La Rosca |Salud Mental|

Se trata de un espacio que tiene como objetivo promover la construcción colectiva e intersectorial de políticas públicas en materia de salud mental. En esta oportunidad, fueron ocho las organizaciones de la sociedad civil que presentaron la documentación correspondiente para integrar el Consejo Consultivo Honorario.

La participación en este ámbito es ad honorem y busca fomentar la intervención activa de los distintos sectores de la sociedad en el diseño, seguimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.657/10 y la Ley Provincial de Adhesión Nº 10.445/16. El funcionamiento del Consejo implica la realización de reuniones periódicas, así como la elaboración de observaciones, recomendaciones y propuestas, en un intercambio permanente con el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental.

Postulantes al Consejo

En la categoría Organizaciones de usuarios y familiares vinculados al campo de la salud mental, se postuló el dispositivo sociolaboral del Hospital Escuela, de Paraná.

En la categoría Sindicatos que agrupen a trabajadores del campo de la salud mental, se presentaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos.

Para la categoría Espacios académicos del campo de la salud mental, se postularon la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (sede Paraná); la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); y la Cátedra de Salud Pública-Salud Mental de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En la categoría Asociaciones y colegios profesionales del campo de la salud mental, los postulantes son el Colegio de Terapistas Ocupacionales y el Colegio de Trabajo Social, ambos de carácter provincial.

Las postulaciones se encuentran actualmente en proceso de evaluación de la documentación presentada.

La Rosca | Cesanteados en Concordia|

“Desde el Consejo Departamental Justicialista de Concordia, nos solidarizamos con los 142 trabajadores/as despedidos/as por el intendente Azcúe, y exigimos su inmediata reincorporación”, destacaron en un comunicado.

“Dejar gente, dejar laburantes en la calle sin siquiera darles aviso previo, no es eficiencia, ni es ordenar las cuentas públicas, ni es de valientes. Es una actitud cruel del intendente y de su equipo de gobierno, a quienes sólo se les ocurre ajustar al pueblo trabajador y repetir frases hechas para justificar decisiones que, además de injustas e ilegales, reflejan una enorme incapacidad para gobernar”, agrega el escrito.

“También, nos solidarizamos con la concejala Claudia Villalba, integrante del Bloque Justicialista, quien el día de la Maratón de Reyes, intentó dialogar con el intendente y recibió insultos del mismo y violencia física por parte de quienes lo escoltaban, en una actitud antidemocrática, patoteril y cobarde”, apuntaron desde el PJ.

La Rosca | Continúa la polémica en Concordia|

Desde el sector oficialista, emitieron un extenso comunicado en el que expresaron: “Los partidos que componemos el frente Juntos por Entre Ríos en Concordia, repudiamos enérgicamente el accionar de la concejal Claudia Villalba quien el día sábado durante el evento de la Maratón de Reyes ACOSÓ AL INTENDENTE y sus funcionarios y AGREDIÓ FÍSICAMENTE A UNA FUNCIONARIA POLICIAL por la espalda propinándole un golpe de puño mientras la policía cumplía con su función”.

“No obstante de las agresiones físicas y el claro hostigamiento que puede verse en un video que ella misma grabó para redes, realizó una falsa denuncia en contra del intendente y funcionarios”, indicaron luego.

Finalmente, señalaron: “Consideramos que este GRAVE HECHO no es propio de un Concejal que representa a la Ciudad, este tipo de acciones dejan en evidencia el daño que le causa a la sociedad, fomentando a la violencia desde todo punto de vista y a la mentira puesto que todos los testigos que se encontraban en el lugar evidenciaron que en ningún momento recibió agresiones ni verbales ni físicas por parte del Intendente ni de la Directora de Ceremonial como manifiesta en su denuncia. BASTA DE CORRUPCIÓN Y MENTIRAS”.

Descargo opositor

En tanto, desde la agrupación Justicialistas Concordia, mencionaron: “Denunciamos públicamente el accionar ‘patotero’ del Intendente hacia la concejala Claudia Villalba. Ante el legítimo reclamo por los 140 trabajadores despedidos, el Ejecutivo respondió con descalificaciones y violencia física. Villalba fue retirada a los empujones por la custodia municipal, en un claro acto de intimidación que atenta contra las instituciones democráticas”.

“No permitiremos que el maltrato y la fuerza bruta reemplacen al debate de ideas y la defensa de los puestos de trabajo”, concluyeron.

El Entre Ríos.

La Rosca |Espacio interno de la UCR|

La Declaración Fundacional del Radicalismo Auténtico expuso un duro diagnóstico sobre la situación social, económica y política de la Argentina, con fuertes críticas al gobierno nacional encabezado por Javier Milei y un llamado a reconstruir el rol del radicalismo desde valores históricos vinculados a la soberanía, la justicia social y la ética democrática.

En el documento, el espacio político sostuvo que el país atraviesa “un tiempo que duele”, al describir un escenario de profunda desigualdad social en el que “millones de compatriotas solo sobreviven sin lo indispensable”, mientras una minoría concentra una “riqueza obscena” de manera especulativa e improductiva. Según el texto, esta situación no es casual, sino consecuencia de la reiteración de “recetas ya fracasadas” que se presentan bajo la promesa de cambio y novedad.

La declaración advirtió que el actual paradigma neoliberal se expresa de forma “brutal e inhumana”, profundizando la desigualdad, condenando a amplios sectores a la marginalidad y poniendo en riesgo la propia existencia de la Nación. En ese marco, el Radicalismo Auténtico señaló que el gobierno de Milei incurrió en violaciones a la Constitución, las leyes y el estado de derecho, además de vaciar de contenido el consenso democrático construido históricamente.

Un Estado fuerte y derechos garantizados

Ante este diagnóstico, las mujeres y los hombres que integran el Radicalismo Auténtico fijaron una serie de definiciones programáticas. En primer lugar, afirmaron que resulta “imperioso” forjar un Estado eficiente y fuerte, con capacidad de planificación orientada al trabajo, la producción y el desarrollo, y que establezca límites claros a los intereses corporativos del privilegio.

Asimismo, el documento remarcó la defensa de la educación pública de calidad y la salud como derechos fundamentales y como base de la igualdad de oportunidades. También subrayó la necesidad de proteger los derechos conquistados y promover su ampliación, frente a lo que consideraron un proceso de retroceso impulsado desde el poder central.

Otro de los ejes planteados fue la política exterior y de alineamientos internacionales. En ese sentido, la declaración sostuvo que “el único alineamiento posible” debe ser con la defensa del interés nacional, la soberanía y la integración regional.

La reconstrucción del radicalismo

Además de las definiciones sobre el rol del Estado, el Radicalismo Auténtico planteó una autocrítica y una hoja de ruta para el propio partido. Señaló que el radicalismo debe recuperar su identidad histórica, anclada en valores y principios como la defensa de la soberanía, el patrimonio nacional y una fuerte sensibilidad social.

El documento también destacó la importancia de abrazar las luchas del feminismo, acompañar sus militancias y comprometerse activamente con la defensa del medio ambiente. En ese marco, reivindicó la “ética de la solidaridad” como principio central de la acción política, al entender que los sectores más desprotegidos forman parte de una comunidad de la que nadie puede desentenderse.

Otro punto central fue la concepción de Nación, definida no como una simple suma de individuos, sino como la construcción de lazos solidarios entre los miembros de una comunidad organizada. Finalmente, el texto planteó la necesidad de desterrar prácticas clientelares, prebendas y el interés personal como forma de hacer política, a las que consideró incompatibles con una democracia auténtica.

La Declaración Fundacional del Radicalismo Auténtico se presentó así como un posicionamiento político e ideológico frente al actual contexto nacional y como una convocatoria a reconstruir el radicalismo desde una perspectiva crítica, democrática y profundamente social.

“Las mujeres y los hombres del Radicalismo Auténtico nos comprometemos a luchar y militar por una Patria Libre, Justa e Igualitaria para garantizar la justicia social”, concluye el documento.

La declaración es firmada por:

Abaroa, Rufino Isidro ; Abdala, Durval ; Abraham, Fabio ; Acosta, Miriam Edith; Acosta, Mónica Edit ; Agostini, Norma Susana; Agudo, Julio Argentino ; Aguero, Fernando; Aguiar, Ruth; Aguilera , Rubén ; Aguirre, Luis Carlos ; Aguirre, Carlos Dionisio ; Aguirre, Gonzalo ; Agüite, Ricardo Gustavo ; Aimar, Susana Isabel ; Alaniz, Candelaria; Alarcón, Andrés Ramón ; Alconada Sempé, Santiago Jesús María ; Alconada Sempé, Raúl Francisco María ; Alegre, Jorge; Alfieri, Osvaldo Mario ; Alfonsín, Ana; Alfonsín, Julio César ; Alfonsín, Mara; Ali, Fernando; Allievi, Carlos Alejandro ; Allievi , Cristian Gustavo ; Allievi, Jorge Andrés ; Almada, Víctor Hugo ; Alonso, Leandro Martín ; Alonzo, Norberto; Altamirano, Aníbal ; Amado, Mirta Graciela ; Amarillo, María Alejandra ; Amatta, Eduardo ; Ameri, Héctor Hipólito ; Andrade Borges, José Luis; Aparicio, María Araceli ; Aranda, Benito Roberto ; Aráoz, Eudoro Domingo ; Aráoz, María del Carmen ; Ares, Fernando ; Aresta, Augusto; Argentieri, Sergio Gabriel ; Arias, Liliana ; Armagnague , Juan Fernando ; Arqueros, Francisco ; Asís, Gustavo ; Avalos, Aylén ; Ávila, Esteban ; Ávila, Viviana ; Azcoiti , Pedro José ; Baccaro, Emilce ; Baldomar, María Fernanda ; Ballestrasse, Marcelo ; Ballini, José Colo ; Banega, Alina Vanesa ; Baqueiro, Osvaldo ; Barbieri, Carlos Guillermo Manuel ; Barresi, Gustavo ; Barreto, Carlos ; Barreto, María Estela ; Barrios, Mabel ; Basile, Pablo Andrés ; Becerra, Carlos ; Becerra, María Dolores ; Ben, Graciela ; Benaghi, Germán ; Benavente, Roberto Daniel ; Benitez, Emilce ; Bereciartua Alberdi, Roberto ; Berman, Gustavo; Bianco, Mabel ; Bisio, José Angel ; Bisondo, Juan Cruz ; Blajevitch, Daniel ; Blanco, Juan Negro ; Blando, Mónica Patricia ; Boccia, María Elvira ; Bockel, María Luz ; Bona, Jorge Pedro ; Bonetto, Roberto Domingo ; Borchert, Horacio Juan Paulo ; Bordón, ; Boveda, Silvio Dante ; Bracamonte, Daniel ; Bramajo, Rolando ; Bravo, Gustavo Tomás ; Bravo, Monica ; Britez, Miriam Cristina ; Brolese, Fernando ; Bruno , Gustavo Mauricio ; Bruno, Oscar Adalberto ; Bruzzo, Omar ; Bunge Campos, Luis María Roberto Mario ; Bustos, Delia Isabel ; Bustos Berrondo, Fernando ; Caballero Fernández, Lauro Abel ; Caballero, María Dolores ; Cabretón, María José ; Cáceres , Christian Gustavo ; Cáceres, Luis Alberto “Changui”;

 

 

 

Cadierno, Gerardo ; Calderón, Miguel Adolfo ; Callone, Leopoldo Eduardo ; Caloni, Carlos ; Cámara, Eduardo Julio ; Campero, Ricardo ; Caneo, Gabriel ; Cantero, Norma ; Caón, Cristian ; Cap, Ricardo ; Capallo, Néstor; Caprino, Silvia ; Cardozo, Ricardo ; Carrano, Telma ; Carranza, María Gabriela ; Carranza, María Andrea ; Carreras Merlo, Julio César de Jesús ; Carrió, Daniel ; Carrizo, Antonio Alejandro ; Carrozzo, Rubén Atilio ; Casella, Juan Manuel ; Caserio, Edit ; Castro, Mariano Agustín ; Castro, Patricio ; Caviglioni , Alejandro ; Cejas, Víctor Hugo ; Cellilli , María Alejandra ; Centeno , Julio César ; Centurión, Vilma ; Cereijo, Nicolás ; Cerna, Ricardo ; Chamas, Osvaldo José ; Chaves, Alfredo ; Chendo, Lucio Fabián Darío ; Chumbita, María Azucena ; Ciaglia, Adriana Gabriela ; Cimadevilla, Mario ; Clavero, Cristina ; Cohen, Claudia Susana ; Coigo, Gabriel ; Collazos, Graciela Luján ; Concha, Jorge Enrique ; Conti, Raúl ; Corne, Roberto Miguel ; Correa, Osvaldo Anibal ; Corvalán, Adriana ; Costa, Hernán Luis ; Costa, Hugo ; Costa, Orlando Alberto ; Costilla, María Inés ; Cravero, Gustavo Víctor ; Cribioli Arza, Pablo Andrés Lisandro ; Crnko, Eduardo ; Cruz, Walter Nicolás ; Cuccioli, Jorgelina ; Curado, Walter ; Curotto, Mario ; D’Angelo, Ana Delia ; de la Torre, Mirta Silvia; de las Heras, Marcela ; Del Barrio, Mauro ; Del Guercio, Ángel ; Della Giustina, Eduardo ; Della Santa, Mónica ; Di Ciano, Marcelo ; Di Natale, Arturo H.; Di Tulio, Héctor ; Díaz Colodreo, Guillermo Abel ; Dileo,

 

1. Marcelo ; Diman, Aníbal ; Dipolto, Roque; Domínguez, Juan José ; Dragotta, Rosa ; Dulevich Uzal, Ariel ; Echegaray, Alejandro ; Echevarría, Carlos ; Echezarreta, Laura ; Erregue, Jorge Carlos ; Escobar, Teresa ; Espina, Daniel ; Estangs, Juan Carlos ; Esteban, Marisa ; Estefanía, María Eugenia ; Estrella Tampieri, Hugo Daniel ; Etcheverry, María Lorena ; Ezcurra, Fermín ; Ezcurra, Fernando Aníbal ; Fahey, Elvira Mabel ; Falcón, Rubén ; Fargi, Marta ; Farias, Pablo José ; Fauroux, María Luisa ; Faviano, Guillermo ; Feito, Susana ; Fernández, Ricardo Daniel ; Fernández, Julio ; Fernández, Martín Aníbal ; Ferraris, Edgardo Omar ; Ferraris, Oscar Ricardo ; Ferreres, Martín ; Fila Dorda, Graciela ; Fila, Gustavo Mario ; Filippini, Gerardo Ernesto ; Filippini Rapari, Diana Cecilia ; Finkelstein, Susana Alicia ; Foglia, Miguel ; Fontaanetto, Enrique Luis ; Forteza, Bernardo ; Francis, Héctor Colo ; Fredes, Viviana ; Freytes, María Victoria ; Friedrich, Guillermo José ; Fuhr, Adalberto ; Funari, Ana ; Furque, José Alberto ; Gader, Silvia ; Gagliano, Carlos Alberto ; Galassi Gerez, Rossanna Gabriela ; Gallo, Edit Rosalía ; Gaona, Gladys Beatriz ; Garacotche, Mónica Estela ; Garat, Juan Alberto ; Garay, Daniel ; García, Carlos Maximiliano ; García, Daniel Lisandro ; García, Eduardo ; Garrido, Manuel ; Gass, César ; Gastaminza Botargues, Nora del Cármen ; Gázquez, Carlos Alberto ; Gázquez, Matías ; Gear, Marcelo P.; Gentilini, Daniela ; Germillac, Mercedes Noemí ; Giménez, Marcelo Raúl ; Ginzo, Julio ; Giubergia, Olga Asuncionne ; Giuliano, Juan César ; Gómez, Manuel Héctor ; Gómez Mauht, Nadia ; Gómez Romero, Juan Alberto ; Gómez, Carolina ; Gómez, Darío Horacio ; Gómez, María Violeta del Valle ; Góngora, Corina ; González, Carmela ; González, Elbio Gustavo ; González Alonso, Mariano ; González Alonso, Mariano ; González Magariños, Miguel Ángel ; González Sorey, Clara Isabel ; Gonzalez, Celia Liliana ; González, José Luis ; González, Mario Sergio ; González, Martín Alejandro ; Gorosito, Carlos Antonio ; Graf, Fabián ; Granda, Mirian ; Greco, Julio Alberto ; Grinspun, Gastón ; Grizzi, Adriana ; Guerrero, Ramón Ariel ; Guerriere, María Victoria ; Gutiérrez Leone, Abel ; Guzmán, Karina ; Harbin, Abelardo ; Helguera, Oscar ; Helgy, Oscar Alfredo ; Heredia, Luis Roberto ; Hermann, Claudio Marcelo ; Herrera, César Vicente ; Herrera, Noelia ; Herroz, Zirza Raquel ; Hidalgo, Josué ; Hoyos, Carlos Blas ; Ibaldi, Mario Raúl ; Ibarreche, Brígido ; Iglesias , María de los Ángeles; Ignacio, Josefina ; Ilarregui, María de los Angeles ; Illia, Enrique ; Illia, Guillermo ; Ionfrida, Nicolás Jorge ; Iore, Nadia ; Isla Larrain, Marina T.; Iuzzolino, Santiago ; Ivovitch, Gabriela ; Izarrualde, Alejandra ; Jaime, Héctor Darío ; Jaime, Orlando del Valle ; Jauca , Walter ; Jorge, Irma Nélida ; Juárez, Andrés Ernesto ; Juárez, Daniela ; Jurado , María Rosa ;

 

 

 

Jurado, Aldana ; Kelo, Exequiel Esteban ; Kisser, Raymundo Arturo ; Kosinski, Carmen Alicia ; Krig, Walter Oscar ; Kugen, Gustavo ; Kugler, María Luisa ; Kurganoff , Néstor Horacio ; Labarthe, Ivonne ; Lamboglia , María Alejandra ; Landra, Jorge Marcelo ; Lasagna, Nora ; Lemos, Armando ; Lemos, Raúl Alberto ; Lepera, Carina ; Lerner, Laura ; Lescano, Benito ; Lescano, Damián ; Letier, Gladys Elsa ; Levy, Lea Mónica ; Llaurado, Patricio ; Llenderozas, A.; Locicero, Alejandro Felipe ; Longo, Florencia ; López, Carlos Alberto ; López, Sergio.

; López Fagundez, Roberto Oscar ; López Lastra, Martín Gabriel ; López Villa, María Virginia ; López, Luis Antonio ; López, María Cristina ; López, Oscar Luis ; Loza, Olga Graciela ; Lucas, Roberto Martín ; Lugones Esteve, Adrián ; Lugones, Z.R.; Lunello, Guillermo Federico ; Luongo, Myrian Edith ; Luque, Oscar; Machado, Horacio Bernabé ; Machado, Karina ; Magliano, Juan; Magnin Lavisse, Alberto ; Maier, Favio ; Mamani, Gustavo Demián ; Manso, Adriana ; Marcó , Marcelo ; Mares, Juan Ignacio ; Margrina, Juan Oscar ; Marichalar, Eduardo Ángel ; Marín, Claudio ; Marmarusso, Mauricio Gabriel ; Martín, Antonio ; Martínez, Gabriela Alejandra ; Martínez, Teresa ; Martínez, Eduardo ; Masjoan, Graciela ; Massera, Natacha ; Mataroni, Mirta Beatriz ; Mathus, Miguel ; Matzen, Lorena ; Mayer, Lucrecia ; Mayorga Ceballos, Laura Elena ; Mazzoni, Hugo Alejandro ; Medina, Miguel Heraldo ; Medina, Miguel Ignacio; Medina, Lía Angélica; Medina, Pablo ; Membriani, Mónica ; Menchaca, Mario Alejandro ; Méndez, Miriam de Itatí ; Méndez, Bruno ; Méndez, Emilio Ezequiel ; Méndez, Nazareno ; Mennucci, Luis Alejandro ; Mignola, Héctor ; Molina, Alejandro ; Molteni, Álvaro ; Monasterio, Rubén Abel ; Monner Sans, Agustina ; Monsalvo, Raúl Ascencio ; Montero , Gabriel ; Montes, Víctor Hugo ; Montevideo, José Luis ; Monti, Cristina ; Mora, Laura Beatriz ; Moreno, Julio César ; Muñoz , Gustavo Daniel ; Muñoz Lahoz, Francisco Oscar ; Muñoz, Franco ; Muntaabski Enrique Osvaldo ; Murillo, Jonathan ; Murtagh, Natalia ; Naveiro, Ramón E.; Nicola, Juan José ; Nicolai, Daniel ; Niedfeld, Germán ; Nunes, Antonio Francisco; Núñez, Juan Fermín (Chichito) ; Núñez Campero, Manuel Fernando ; Obligado, Mario Oscar ; Occhi Perlo, José Julio ; Oddino , Sonia María ; Oillataguerre, Pedro Daniel ; Olmedo, María José ; Olmedo, Tomás Mario ; Orgeira, María Antonia ; Ortega, Linda Graciana ; Oszlak, Oscar ; Otero, Edgardo ; Pagliotto, Rubén ; Palmero, Roberto ; Papa, César Alberto ; Pappano, Delia Beatriz ; Parejas, Silvia ; Passerini, Milva Luján ; Pastoriza, Verónica ; Pelozzi, Carlos Alberto; Penna, Héctor Hugo ; Penovi, Vanesa ; Peralta, Roberto C ; Perette, Carlos José ; Pereyra , B; Pérez Cortés, José Antonio ; Pérez Gresia, Carlos ; Pérez Vélez, Ricardo ; Pérez, Alejandro Pablo ; Pérez, Laura Melisa ; Pérez, Marcelo ; Pérez, Marcelo Jorge ; Perín Báez , Leonardo Gabriel ; Pesce, Gabriel Eduardo ; Petcoff, Graciela ; Pintos Acevedo, Omar Ismael ; Podio, Luis Eduardo ; Pogoriles, Carlos ; Ponce, José ; Ponce, Miguel ; Ponti, German ; Porrúa, Jesús; Portillo, Nicolás ; Prado, Eduardo Carlos Antonio ; Quevedo Mendoza, Carlos ; Quintar, Martín Ángel ; Quiroga, Daniel Alfredo ; Rabanal, Mariana ; Ramos Cepulver, Natalia ; Rapari, Susana ; Ravassi, Marcelo ; Reinoso, Eric Rogelio ; Rinaldi, Norberto Darío ; Rios, Néstor ; Ritorto, Antonio ; Riumba, Cristian; Rivera, Alejandro ; Rivero, Pedro Amadeo ; Roberti, Raquel ; Robin, Raúl Ángel ; Robles, Juan Roberto ; Rodrigo, Diego ; Rodrigo, Fernando ; Rodríguez Araya, Mónica del Valle ; Rohr, Walter ; Roigt, Ricardo ; Roisecco, Juan Carlos ; Román, Alfredo María ; Romero, Antonio ; Romero, Miriam Zulema ; Romero, Claudio ; Ronco, Margarita ; Rossi, Jorge Norberto ; Rovira, José Eduardo ; Rua, Luis Orestes Alberto ; Ruiz Díaz, Ángel ; Ruiz Díaz, Carlos ; Ruiz Seri, Delia Asunción ; Ruiz, Adolfo ; Sabate, Marcelo Javier ; Sáenz, Gustavo ; Sala, Antonio ; Salcedo, Elbio ; Salcedo, Rubén Alberto ; Sallán, María Rosa; Salort, Graciela ; Salvatierra, Guido José ; Sánchez, Claudia Patricia ; Sanchez, Ricardo Mario ; Sanna, Beatriz Teresa ; Sappia, Jorge ; Sarquís, Darío Miguel ; Sarubbi, Sebastián Claudio Adrán ; Sassi, Bernardo Exequiel ; Sauer, Mirta ; Sayas, Alicia del Carmen ; Sbodio, Adrián ; Scaltritti, Mario ; Scarpino, Rosa Elvira;

Schieda, Gabriela ; Schoua, Enrique ; Sedem, Nora Noemí ; Semeria, Mario ; Sierra, Gustavo ; Silva, Elena Obdulia ; Sosa, José ; Sosa, Mario Rubén ; Sosa, Mónica Liliana ; Sosa, Roque Isaac ; Soto, José Luis ; Spalletti, Marianela ; Storani, Carmen Adelina ; Storani, Federico ; Storani, María Luisa ; Stradiotto, Analía ; Stuto, Víctor Hugo ; Suárez, Martha ; Suarez, Silvina ; Svarzman, Héctor Leo ; Tassara, Marcelo Luis; Tejeda, Héctor Alberto ; Teodosiu, Nicolás ; Terceiro, Alejandro ; Terrile, Raúl ; Terrile, Arturo H.; Treppo, Oscar Alfredo ; Troccoli, Juan Carlos ; Troyano, Marta ; Uyua, Yris ; Valdez, Raúl Alberto ; Valdez, Selva ; Valdivia, María Luisa ; Valente, Juan Carlos ; Valente, Carlos Emilio ; Valentín , José Antonio ; Varela, Eduardo Alejandro ; Vargas, Álvaro Javier ; Vargas, Carlos Alberto ; Varisco, Humberto Raúl ; Vazquez, Guillermo Enrique ; Vázquez Antón, Alicia Irene ; Vázquez, Beatriz ; Vázquez, Ricardo Héctor ; Ventuleira, Alejandro ; Vera, Fanny ; Vera, Héctor Eduardo ; Ves Losada, Juan Eduardo ; Vesco, Cristina ; Vialey, Héctor Julio ; Vila, Alejandro ; Villafañe, Silvia del Cármen ; Villanueva, Jorge César ; Villarejo, Silvia ; Villarrubia, Graciela Noemí ; Villivar, Humberto Leonardo ; Vittore, Omar Armando ; Viyerio, Eduardo Alfredo ; Volonte, Eduardo; White, Alberto Martín ; Williams, Ron ; Yañez, César Alberto ; Yanicelli, Gustavo ; Yanicelli, Luis Horacio ; Zabala, Nicolás ; Zamanillo, José ; Zambarbieri, Juan Carlos ; Zeballos, Diana ; Zenzano, Marta ; Zimmermann, Eduardo Carlos Pablo ; Zuliani, Adela Esther ; Zuqui, Milagros ; Zurueta, Marcelo Osvaldo.

La Rosca | Registro Único de la Verdad|

Tampoco el Registro de la Verdad se quedó huérfano de asesoramiento legal, agregó, tras la no renovación del contrato al abogado Marcelo Boeykens. La tarea legal la llevará adelante la propia Bargagna, y la abogada Nazarena Rolandelli, que se suma al Registro. “Nosotros queremos llevarles a todas estas organizaciones tranquilidad. Estoy al frente del Registro Único de la Verdad. Vamos a garantizar la continuidad de las tareas, tal como se venían realizando. Estamos abordando el tema y en plena actividad”, afirmó en declaraciones radiales.

Cuatro son los contratos que “cayeron”. Eran “contratos temporarios con plazo determinado, con vencimiento 31 de diciembre de 2025. Venció el plazo y no han sido renovados. Fueron cuatro personas que estaban afectadas al trabajo del Registro Único de la Verdad. De todas maneras, ha quedado una mayoría en actividad, se ha sumado otra persona, que formaba parte de la Dirección de Derechos Humanos y que solicitó ingresar. Eso se aceptó, así que hay una persona más. Y es muy razonable y correcto lo que dijo el doctor Boeykens que estaba faltando un abogado. Bueno, el secretario de Justicia (Julián Maneiro) ha dispuesto que la suscripta, que es abogada, y la doctora Rolandelli, nos hagamos cargo de todas las tareas jurídicas y judiciales que tienen emprendidas el Registro Único de la Verdad, para que no se afecte ninguna de sus actividades ni la finalidad del organismo”.

Entre esos cuatro contratos que no se renovaron está el del abogado Boeykens y de tres personas más.

Boeykens posteó un video en redes dando cuenta del “vaciamiento” del Registro de la Verdad. “Lo que mostró, dando cuenta que no había nadie trabajando, tiene que ver con la época del año. En este momento, gran parte de nuestro personal, tanto de Derechos Humanos como del Registro Único de la Verdad, están de vacaciones. Y es posible que haya ido en un horario en que en ese momento no había gente”, destacó.

Respecto de los motivos por la no renovación de esos contratos, la abogada resaltó: “Eso es una decisión política de altas esferas de funcionarios, del Gobernador y de ministros. Nosotros no participamos de esas decisiones, las recibimos y las acatamos. Han decidido no renovar contratos. En el caso del Registro Único de la Verdad son estas cuatro personas. Pero no pasa por nuestra decisión valorar políticamente si se tienen que renovar o no determinados contratos. De todas maneras, el compromiso es que las funciones del Registro no pueden paralizarse, no se van a suspender y todo va a ir avanzando normalmente”.

“Tenemos el mandato de nuestras autoridades y un convencimiento personal de que las actividades del Registro Único de la Verdad no pueden suspenderse ni dejarse, sin cumplir. No solo que compartimos el trabajo del Registro, sino que estamos comprometidos en llevarla adelante con lo que tenemos”, dijo.

 

Bargagna aseguró que el área de Derechos Humanos de Entre Ríos, además de velar por la continuidad de los juicios de Lesa Humanidad, también “está tomando la defensa de los derechos humanos actuales que están siendo vulnerados por determinadas cuestiones. Así que no hay solo una mirada hacia el pasado, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra democracia y de las instituciones de la República, y de no volver a cometer errores como los que se cometieron, sino también una mirada hacia el presente y el futuro. Es decir, hoy nuestra sociedad está envuelta por una serie de cuestiones que hacen necesaria la tarea de la defensa de los derechos humanos en materia de salud, de salud mental, en materia del uso abusivo e inoportuno de los celulares en los niños. Lo nuestro no solo se detiene en el pasado, sino que mira hacia el presente y el futuro”. (APF)

La Rosca | Obra pública|

Casaretto aseguró que “se pasarán los cuatro años de mandato sin obras trascendentales que logren proyectar la provincia al futuro, es decir, Frigerio completará su mandato, en el mejor de los casos, pagando sueldos y jubilaciones devaluados, -perdiendo poder adquisitivo con aumentos por debajo de la inflación-, y demás gastos corrientes. En obras podrá tapar baches en algunas rutas, o cambiar una chapa de una escuela, hacer un revoque en un hospital o centro de salud, o publicar cada tanto una foto en redes sociales con un rodillo pintando un muro de una escuela”.

En ese marco, argumentó que la gestión provincial “desde hace varios meses anuncia créditos internacionales que no llegan, como es el caso de los 350 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, y agregó: “En caso que eventualmente se apruebe total o parcialmente, deberán cumplirse los procedimientos de contrataciones de los organismos internacionales que pueden llevar como mínimo dos o tres años”.

Pocos recursos y subejecución

Por otro lado, indicó que “se destinó a obras públicas sólo el 3,14% del Presupuesto ejecutado en 2025 y el 2,3% en 2024, por lo que Frigerio completará su mandato sin ninguna obra de importancia”.

Además, reveló que la ejecución presupuestaria a noviembre 2025 “muestra que los gastos de capital son sólo el 3,14% del presupuesto provincial y el 96,86% restante son gastos corrientes”.

Sobre el particular, Casaretto señaló que “resta cerrar diciembre con algunas correcciones, que no modifican lo esencial de la tendencia. Se ejecutó el 27% de las obras presupuestadas, el 73% restante son anuncios, publicaciones periodísticas, expresión de intenciones, expedientes, contrataciones y créditos internacionales en trámite. En algunos casos, como Vialidad, se cuenta con la recaudación de los fondos del impuesto inmobiliario, pero se observa una falta de gestión de un gobierno que pierde su tiempo con trámites de contrataciones en el proceso administrativo”.

De ese período (2025), el ex legislador puntualizó sobre la ejecución presupuestaria a noviembre: “Los gastos de capital presupuestados por Ley original y las sucesivas ampliaciones eran de $507.382,54 millones, y a noviembre se devengaron $136.312,50 millones (26,8%). Los gastos de capital pagados fueron $128.694,76 millones, quedando $7.617,74 millones pendientes de pago en Tesorería o en los distintos entes u organismos, sumando a la deuda flotante de la provincia como certificados de obra impagos”.

“En 2024, primer año de esta gestión se presupuestaron $274.645,77 millones, se ejecutaron $75.467,17 millones (27,5%) y fueron pagados $ 49.505,51 millones, quedando pendientes de pago $25.961,66 millones como certificados impagos. Los gastos de capital fueron el 2,3% del presupuesto”.

En ese sentido, analizó que “en ambos años se observa la falta de capacidad de gestión de esta administración. La tendencia en los años anteriores era creciente, gastos de capital sobre gasto total: 2020: 3,96%; 2021: 5,78%; 2022: 6,05%; 2023: 6,45%. Además, de la fuerte inversión nacional en la provincia en agua potable y saneamiento, obras hídricas, rutas nacionales, viviendas, entre otros sectores”.

“Con el gobierno de Javier Milei, el Estado Nacional abandonó la inversión en obras públicas, y la provincia y los municipios cada vez cuentan con menos posibilidades de financiar obras importantes”, aseguró el contador.

 

La Rosca |Caída de contratos en Concordia|

En un duro análisis de la coyuntura política y social de la ciudad, Cedro calificó la medida del intendente Francisco Azcué como “un acto de insensibilidad social disfrazado de eficiencia administrativa”.

“Estamos asistiendo a un proceso de deshumanización de la gestión pública. Hablar de ‘caída de contratos’ como si fueran meros trámites burocráticos es una falta de respeto a la dignidad del trabajador. Lo que hoy vemos es a más de 150 familias concordienses que, en el peor contexto económico de los últimos años, son arrojadas a la incertidumbre sin criterios claros, sin evaluaciones de desempeño transparentes y bajo una arbitrariedad que alarma”, afirmó el ex edil.

El dirigente del Frente Entrerriano Federal cuestionó la falta de sustento profesional en la toma de decisiones del Ejecutivo Municipal: “La administración pública no puede manejarse con la lógica del descarte. Escuchamos a capacitadores de áreas sensibles como Tránsito, y a trabajadores de distintas dependencias, preguntarse con qué vara se los midió. No hay respuestas serias ni fundamentos técnicos; hay decisiones políticas de ajuste que siempre recaen sobre el eslabón más débil: el trabajador”.

La necesidad de construir una nueva mayoría

Desde un punto de vista político, Cedro analizó la primera mitad de la gestión de Azcué y fue categórico: “Estamos frente a una gestión deplorable, sin dudas la peor por lejos desde la recuperación de la democracia. El desastre que está haciendo Azcué tiene que servirnos como punto de partida para algo mucho más grande: construir una nueva mayoría que nos permita recuperar la ciudad de Concordia en dos años”.

En ese marco, el dirigente bustista fue aún más contundente y sostuvo que “Azcué se ha transformado en un triste heredero de Moine y Montiel, dirigentes que la historia de Entre Ríos recuerda, entre otras cosas, por haber despedido trabajadores de la administración pública por puro revanchismo político. Es una lógica vieja, autoritaria y profundamente injusta, que creíamos superada y que hoy vuelve a aparecer bajo un ropaje supuestamente moderno de un ex radical travestido en libertario”.

En ese sentido, instó al peronismo a ampliar la mirada y a ser más generoso en la construcción política: “Tenemos que ser más amplios, convocar y sumar a otras expresiones sociales, políticas y comunitarias que hoy están profundamente desilusionadas y disconformes con esta gestión. Incluso a sectores que no están politizados, pero que sienten en carne propia el fracaso del gobierno municipal. El objetivo es claro: construir una opción electoral amplia, plural y diversa que le devuelva a la ciudadanía de Concordia una alternativa real en 2027, con el peronismo como columna vertebral”.

Cedro remarcó que desde el Frente Entrerriano Federal se trabajará firmemente en esa dirección: “Vamos a dejar de lado rencillas, diferencias o cuestiones menores que nos hayan dividido en el pasado. El futuro de Concordia, la defensa del trabajo y de los trabajadores, y la reconstrucción del tejido social son infinitamente más importantes que cualquier interna circunstancial entre dirigentes”.

Solidaridad activa y acompañamiento

Finalmente, el vicepresidente del FEF reafirmó su compromiso con los trabajadores afectados: “Esta lucha la vamos a dar entre todos, con solidaridad y acompañando a los que hoy la están pasando mal, como siempre lo hemos hecho. En este sentido, y en conjunto con los sindicatos que están realizando un gran trabajo de contención y defensa de sus afiliados, pongo a disposición de cada trabajador municipal mi asesoramiento profesional de forma totalmente gratuita. Vamos a trabajar codo a codo con las organizaciones gremiales para que ningún concordiense quede indefenso ante la prepotencia del poder. La justicia social se construye con hechos y con unidad. No se puede construir una ciudad mejor castigando a los que viven de su trabajo”.

“Concordia necesita un rumbo distinto, con humanidad, con planificación y con una verdadera vocación de justicia social. Ese es el desafío que tenemos por delante y en el que vamos a trabajar sin mezquindades”, concluyó Cedro. APF.

La Rosca |Caída de contratos en municipio de Concordia|

En medio del clima político tenso, el PRO Concordia compartió un texto en el que defienden a la administración gobernante: “Desde el PRO Concordia respaldamos la gestión del Intendente Francisco Azcué como también al equipo de gobierno que lo acompaña”, dijeron.

“Somos parte de una coalición que vino a traer, tanto a nuestra ciudad como a la Provincia de Entre Ríos, transparencia, políticas públicas claras y orden para que volvamos a ser un lugar de crecimiento, progreso y desarrollo”, añadieron.

“Es lo que nos confió la ciudadanía a través del voto y ese es el camino porque el que transita Concordia”, concluyeron.

La Rosca |Caida de contratos en municipalidad de Concordia|

En un fuerte posteo, escribió: “Concejal Sastre: UD es un cobarde, y por funcionarios electos o no, la Municipalidad de Concordia como Institución y fundamentalmente las personas a las que UD ofende están pasando una crisis con consecuencias inimaginables”.

“Me gustaría que se sentara a mi lado y escuche sus vidas, sus trabajos, sus historias, las expectativas que tenían, los problemas que se le avecinan. Y si no se anima a eso, por lo menos investigue la antigüedad de cada ” ñoqui” y su relación laboral. Porque, además, es ignorante”, señaló.

Luego, expresó: “Quiero que les diga mirándolos a la cara lo que UD piensa de ellos. Es muy fácil hablar desde una página de un diario o desde el sillón de su casa, subido a su pedestal de ego. Mañana baje al Municipio y hable, de frente. Diga lo que piensa de cada uno de ellos”.

“Esos contratos tenían vencimiento”, dijo Sastre

Felipe Sastre, concejal de Juntos en el Concejo Deliberante de Concordia, relativiza las aseveraciones el dirigente sindical. “Acá hay una decisión muy clara de no darle continuidad a contratos que tenían vencimiento, contratos con una fecha determinada. Todo el mundo sabía al firmar el contrato que no era personal de planta permanente, sino que era gente que trabajaba por un tiempo cierto y que, cuando finalizaba el contrato, se terminaba su tarea. Y lo mismo ha ocurrido con un grupo de monotributistas, que ni siquiera tienen relación contractual con la Municipalidad, sino que, cuando se necesita su servicio, presentan una factura por ese servicio y se les abona. Eso hay que aclararlo, porque por ahí se habla de cuestiones que no son ciertas”.

Sastre aseveró que “de ninguna manera se ha afectado al personal de la planta permanente de la Municipalidad, que es el que verdaderamente tiene estabilidad laboral”.

 

“Hay que aclarar que cuando asumió Francisco Azcué se encontró con el hecho de que la gestión de Enrique Cresto había dejado cerca de 700 personas contratadas y cerca de 200 pases a planta. Azcué se encontró con 900 personas que, entre gallos y medianoche, habían ingresado al Municipio. Esto lo digo para que se entienda la magnitud de la situación. Ahora, la decisión que se ha tomado de ninguna manera resiente la prestación de los servicios que da la Municipalidad de Concordia. Lo que dicen los sindicatos no es cierto. El servicio se ha visto resentido en los últimos días por culpa del accionar de los dirigentes sindicales. La medida ha sido pensada sin afectar ningún tipo de servicio que brinda el Municipio”, había afirmado, detalla El Entre Ríos.

Manifestó que en la gestión anterior “le mintieron a la gente. Seguramente, a muchas de estas personas les prometieron que iban a entrar a la Municipalidad, que iban a ser empleados para toda la vida, y eso no era verdad. Quiero aclarar esto porque se han dicho muchas mentiras. Pero además, la ciudad que los concordienses han votado en el 2023, y que se ha reafirmado en las últimas elecciones, requiere enfocar el gasto que se efectúa con los impuestos de la gente en la compra de insumos, en la compra de equipamiento, en mejorar el parque automotor de la Municipalidad, en llevar adelante obras de bacheo, en mejorar las veredas, no en mantener militantes políticos. Esto también hay que decirlo: la gente que conforma el universo que hoy se está quejando es gente que llegó por la política. Lo quieren disfrazar de que trabajaban, de que cumplían horario. Es lógico que tienen que cumplir horario y es lógico que tienen que trabajar. Me parece que esa discusión es patear la pelota para afuera. Acá, lo que hay que reconocer es que gente que entró por la política, se va con la política. Y hay que reconocer es que esa gente no tiene un derecho adquirido. La gente que vino con nosotros, se va con nosotros. Así como nosotros no pretendemos que nadie de los que vino con nosotros se quede para siempre en la planta, no nos pueden venir a imponer desde la política de justicialismo que nosotros le garanticemos la planta permanente a las novecientas personas que vinieron con esa gestión y que vinieron a cumplir tarea específicamente vinculada con el modelo de ciudad que proponía el justicialismo, que no tiene nada que ver con el modelo de ciudad que votó la gente y por el cual fue electo el intendente Francisco Azcué.”

La Rosca |Interna en Sauce de Luna|

En una carta pública, la titular del Concejo Deliberante le cuestionó al presidente municipal una práctica en la que “viene incurriendo de manera sistemática” y que consiste en “acciones que vulneran gravemente el principio de independencia de poderes, base esencial del sistema republicano”. “El Ejecutivo impide la utilización de los recursos económicos que legal y presupuestariamente corresponden al Concejo, lo que ha derivado en una situación de extrema gravedad institucional”, expuso.

Zurdo denunció la “no habilitación del pago” del personal del cuerpo legislativo local, “el desconocimiento de resoluciones internas válidamente dictadas por este cuerpo legislativo” y hasta la “imposibilidad de adquirir productos de limpieza e insumos básicos”.

Además de la falta de acceso a partidas para el funcionamiento del Concejo, “lo que resulta más alarmante es que, frente a este conflicto manifiesto entre poderes, el Ejecutivo retiene los recursos indispensables para que el Concejo pueda contratar asistencia legal, impidiéndole recurrir a la Justicia contencioso administrativa para poder dirimir esta situación conforme a derecho”, según la viceintendenta.

Zurdo volvió a expresarse a través de las redes sociales e insistió en enrostrarle al intendente Alderete una “reiterada falta de respeto institucional que venimos padeciendo desde hace un tiempo prolongado”.

“Como presidenta del Concejo Deliberante, tengo la obligación indelegable de garantizar, de manera imparcial, las condiciones de trabajo de todo el Poder Legislativo. A partir de mi negativa a convalidar prácticas que impliquen socavar el normal funcionamiento de la oposición, se ha profundizado la falta de respuestas formales y se han incrementado los impedimentos para el acceso a los fondos que legalmente corresponden a este cuerpo”, denunció.

La Rosca | Acuerdo Mercosur- Unión Europea|

El titular del Poder Ejecutivo entrerriano detalló que la baja de aranceles beneficiará “a sectores clave de nuestra provincia” y, en ese sentido, enumeró a las producciones citrícola, apícola y de carnes, como también a los ovoproductos (derivados del huevo) y a los arándanos. Auguró que las nuevas condiciones “fortalecerán las cadenas de valor y ampliarán las posibilidades de inversión y empleo”.

Frigerio indicó que el acuerdo entre ambas comunidades económicas y comerciales es el resultado “de un trabajo que lleva años y que hoy necesita el aval del Congreso para que esta apertura se traduzca en más producción, más trabajo y desarrollo sostenido para los entrerrianos y argentinos”.

El pacto para crear una zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se alcanzó este viernes, luego de que la mayoría de los 27 países integrantes de la asociación política-económica del llamado Viejo Continente votaran en conformidad, luego de 25 años de negociaciones.

La Rosca |Endeudamiento provincial|

El programa de Títulos “ER 2026” (largo plazo)

El Decreto 3678/25 aprueba la creación de un programa por un monto nominal de U$S 500.000.000. Este instrumento está diseñado para el mercado externo, permitiendo la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

 

Entre sus características técnicas, el texto destaca que los títulos: “Tendrán un plazo estimado de vencimiento final de hasta diez (10) años” y contarán con un “plazo de gracia para la amortización de capital… mínimo de Cuarenta y Ocho (48) meses”.

 

El objetivo declarado es la “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”, permitiendo incluso la “restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados” por pagos de deuda realizados durante el ejercicio 2025.

Programa de Letras del Tesoro (corto plazo)

Complementariamente, mediante el Decreto 3977/25, la Vicegobernación (en ejercicio del Poder Ejecutivo) autorizó el programa “Letras ER 2026” por un monto máximo en circulación de $ 152.812.734.800.

 

A diferencia de los bonos en dólares, estas letras tienen un fin operativo: “cubrir diferencias estacionales de caja dentro del ejercicio”. El decreto especifica que: “El plazo de emisión de cada Serie/Clase no podrá ser mayor a los Trescientos Sesenta y Casi (365) días… pudiendo su reembolso trascender al ejercicio financiero”.

 

Para estas operaciones en pesos, el Gobierno estableció límites en las tasas de interés. Por ejemplo, para títulos con ajuste CER, se fijó que la tasa de emisión no exceda en “300 pbs. respecto de la TIREA estimada de un instrumento de la República Argentina para el plazo similar”.

Garantías y límites legales

Ambos programas comparten la misma garantía: la Coparticipación Federal de Impuestos. El Gobierno está facultado para otorgar un “mandato irrevocable” para que se retengan estos fondos y se apliquen directamente al pago de los servicios de deuda.

 

A pesar del volumen de las autorizaciones, los organismos de control técnico han dado el visto bueno:

 

Contaduría General: Indicó que la proyección de servicios “no afectan el límite Constitucional del 25% de las Rentas Provinciales”.

 

Fiscalía de Estado: Dictaminó que existe “habilitación normativa suficiente dada por el legislador” (Leyes 11.209 y 11.234) para proceder con ambas operatorias.

 

Con este doble esquema, la provincia busca por un lado estirar los plazos de su deuda estructural en moneda extranjera y, por otro, garantizar la liquidez diaria mediante títulos de corto plazo en moneda local. APF.

 

 

 

 

La Rosca |Registro Único de la Verdad|

Mediante un comunicado, el Ejecutivo aclaró que no se renovaron tres contratos temporarios, “cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas”. Asimismo, se refirió a la no renovación de contratos temporarios en la Administración Pública: “representa menos del 6% del total de contratos temporarios vigentes”.

 

Luego de que La Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) denunciaran un proceso de vaciamiento institucional, la Provincia emitió un comunicado desmintiéndolo.

“Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: No existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV). No hay cesantías ni despidos de trabajadores”.

 

A su vez el Ejecutivo aclaró que no se renovaron tres contratos temporarios, “cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas”.  Y agregó en el escrito: “Esta medida no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo”.

 

Además, el texto remarca: “Resulta fundamental remarcar que de ninguna manera se ven afectadas en la provincia de Entre Ríos las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”.

 

“La presencia del Estado provincial en dichas causas se encuentra plenamente garantizada, así como también la representación provincial en los procesos vinculados a delitos de lesa humanidad, dado que existen, tanto en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia como en la Dirección de Derechos Humanos, profesionales debidamente calificados y con competencia suficiente para ejercer dicho rol, asegurando la continuidad institucional y el compromiso del Estado entrerriano en esta materia”, señaló.

No renovación de contratos temporarios en la Administración Pública

En la oportunidad, el Gobierno provincial también se refirió a la decisión adoptada respecto de los contratos temporarios remarcando que se trata de “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.

 

Asimismo, explicó: “No se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos temporarios, los cuales, por definición legal, tienen carácter transitorio y están sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, cumplimiento de funciones y necesidades operativas”.

 

Por otra parte, el comunicado indica que la cantidad de contratos no renovados representa menos del 6% del total de contratos temporarios vigentes en la Administración Pública. “Más del 94% de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad de las políticas públicas y el normal funcionamiento de todas las áreas del Estado”.

 

“Las decisiones adoptadas responden a criterios administrativos objetivos y responsables, orientados a fortalecer la gestión pública, optimizar el uso de los recursos y consolidar un Estado eficiente, transparente y plenamente comprometido con sus obligaciones institucionales”, concluye el texto.

La Rosca | Agencia de Desarrollo de Entre Ríos|

El Poder Ejecutivo provincial promulgó la Ley N° 11246, a través del Boletín Oficial Nº28.252, mediante la cual se dispone la creación de la Agencia de Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos. La normativa establece la puesta en marcha de un ente que actuará con autonomía técnica y administrativa para gestionar las políticas de fomento económico de la provincia.

 

Naturaleza jurídica y autonomía

De acuerdo a la norma, el organismo se constituye como una entidad “descentralizada y autárquica del Poder Ejecutivo Provincial”. En cuanto a su operatividad, se precisa que poseerá “autarquía funcional, administrativa, financiera y técnica, dotada de plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos públicos y privados, con patrimonio y presupuesto propio”.

 

Esta condición le otorga facultades para la administración de recursos y la ejecución presupuestaria “sin más limitaciones que las establecidas expresamente por la presente ley y las leyes generales aplicables”.

 

Objetivos y funciones asignadas

El marco legal define que el objetivo general es “promover el desarrollo económico y social de la Provincia de Entre Ríos mediante la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria”. El foco de estas acciones estará dirigido a fortalecer al sector privado, con especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

 

Entre las funciones específicas detalladas en la ley faculta a la Agencia para:

 

“Diseñar e implementar estrategias para incrementar las exportaciones provinciales”.

“Desarrollar programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios para las empresas”.

“Diseñar estrategias sectoriales para las cadenas de valor clave de la provincia de Entre Ríos”.

“Fomentar la digitalización transversal en la agenda productiva”.

 

Estructura y control

La conducción estará a cargo de un Coordinador General, quien ejercerá la representación legal y debe acreditar experiencia en gestión pública o privada. Asimismo, establece la creación de un Consejo de Asesores conformado por “representantes de cámaras empresariales e instituciones vinculadas a la actividad económica”, el cual funcionará como un órgano “consultivo de carácter no vinculante y ad-honorem”.

 

En cuanto a la transparencia y fiscalización, se estipula que la Agencia deberá rendir cuentas mediante “informes anuales de actividades y resultados, así como informes periódicos técnicos trimestrales”. La ley exige que dichos documentos sean públicos y se difundan a través de la web institucional del organismo.

 

Financiamiento

La Agencia se financiará a través de “asignaciones presupuestarias del Gobierno Provincial”, además de donaciones, legados y recursos generados por sus propias actividades o servicios. El personal que integre el organismo quedará bajo el régimen de la Ley N° 9755 de Empleo Público de la Provincia.

 

 

La Rosca |Fracaso del juicio político a Medina|

Con el antecedente de su par nacional, el diputado Guillermo Michel, cargó la responsabilidad del archivo de los pedidos de juicio político a intereses del Gobierno. “Lo manejó el oficialismo y las idas y venidas que pudo haber tenido esto, no se las pueden endilgar al PJ de ninguna manera”, sostuvo Oliva.

El senador provincial peronista por el Departamento Uruguay, Martín Oliva se hizo eco de las declaraciones de su par nacional, el diputado Guillermo Michel, y opinó sobre el archivo de los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, que firmaron un docente jubilado y una ONG provincial, por desestimados argumentos sobre inasistencias sin justificar y un atraso en los expedientes que llegaron a su despacho como integrante de la Sala Laboral del Alto Cuerpo de Justicia. Hubo un tercer pedido que fue desestimado in límine por insostenible.

Oliva, en declaraciones periodísticas, sostuvo, respecto del fracaso del juicio político, que “llegado el caso iba a estudiar y analizar punto por punto para tomar mi decisión y al momento de votar hacerlo en base a eso. Yo tenía que estudiar mucho y asesorarme, además de escuchar a la persona, porque me faltaba información para tomar una posición. De todos modos, creo que todos los que estamos en los niveles de gobierno tenemos que estar y si nos llaman, dar explicaciones”.

Respecto del proceso llevado adelante y el cambio de postura del oficialismo, admitió que “a todos nos llamó la atención. No conozco mucho la dinámica, me puse a revisar lo que había pasado otras veces donde en un caso no prosperó y en los dos últimos casos los vocales renunciaron. A todos nos llamó la atención y eso no se puede negar, pero hay que ver cuánto había de runrún y lo que pasó; pero en este caso los que llevaban la voz cantante son del oficialismo. Lo manejó el oficialismo y las idas y venidas que pudo haber tenido esto, no se las pueden endilgar al PJ de ninguna manera”. APF.

La Rosca |Caja de Jubilaciones |

La atención se realizará únicamente con turno previo, que deberá gestionarse de manera online a través del sitio web oficial del organismo.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos informa que, a partir del sábado 7 de febrero, comenzará la atención presencial todos los sábados de febrero y marzo, destinada exclusivamente a trámites de inicio de pensiones y jubilaciones.

 

La atención se realizará únicamente con turno previo, que deberá gestionarse de manera online a través del sitio web oficial del organismo: www.cajajper.gov.ar

 

Las jornadas de atención se llevarán a cabo exclusivamente en casa central, ubicada en Andrés Pazos 127.

 

Al respecto, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, destacó que “esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a los servicios del organismo y dar respuesta a quienes no pueden realizar trámites durante la semana laboral”.

 

En ese sentido, remarcó que “se trata de la primera vez que la Caja implementa atención presencial los días sábados, incorporando una alternativa ordenada y planificada, siempre bajo la modalidad de turno previo”, finalizó Bagnat.

 

Desde el organismo se señaló que esta medida apunta a mejorar la calidad de atención, facilitar el acceso a los trámites y consolidar una gestión más cercana, accesible y eficiente para los entrerrianos.

La Rosca |Nuevo cuadro tarifario eléctrico|

Para ello, tuvo en cuenta las Resolución de la Secretaría de Energía de Entre Ríos N° 564 del 23 de diciembre de 2025, el Decreto N° 3578/MPIS del 5 de diciembre de 2025, las Resoluciones de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación RESOL-2024-90-APN-SE#MEC, RESOL-2025-24-APN-SE#MEC, RESOL2025-36-APN-SE#MEC y RESOL2025-604-APN-SE#MEC, las Resoluciones EPRE N° 219/22, 161/24 y 220/25 y las nota GC N° 363/2025 y GC N° 2/2026 de ENERSA;

 

También se indicó que “se mantiene el esquema de segmentación de subsidios en los usuarios residenciales, conforme a las disposiciones de la Resolución 2024-90-APN-SE#MEC de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada en el Boletín Oficial de la Nación del día 5 de junio de 2024”.

 

“Que, a su vez en el Artículo N° 6 de la Resolución 2024-90-APN-SE#MEC, se instruye para que, durante el Período de Transición, en la elaboración de los cuadros tarifarios correspondientes a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, en los términos de las Leyes Números 27.098 y 27.218, se aplique el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales del Nivel 2 para el total del volumen consumido”.

 

“Que el cuadro tarifario que se aprueba por la presente Resolución, en lo que refiere a los usuarios residenciales urbanos y rurales, Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, se mantendrá vigente hasta tanto se reglamente el Decreto PEN N° 943/25 y se comunique a este Ente regulador el padrón de beneficiarios que pasan a formar parte del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, en cuyo caso este Ente dictará nueva resolución modificando solamente esas categorías de usuarios”.

La Rosca |Reparación de escuelas en el verano|

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios avanzó con mejoras de infraestructura en la escuela Nº 113, de la localidad del departamento Gualeguaychú, que comparte edificio con la Secundaria Nº 3 20 de Junio y que presentaba diversas problemáticas que requerían intervención en las instalaciones.

Ubicada sobre la ruta provincial 42, la escuela alberga a una matrícula de 406 estudiantes. Entre las deficiencias detectadas se encuentran filtraciones, hundimientos de pisos en aulas, deterioro en los grupos sanitarios del nivel inicial y daños en áreas administrativas. Asimismo, la falta de un sistema adecuado de escurrimiento provocaba ingresos de agua de lluvia y esta situación comprometía la seguridad edilicia y el normal desarrollo de las actividades escolares.

La obra comprendió la reparación de grietas y fisuras, la reposición de revestimientos en los sanitarios del nivel inicial y la reconstrucción de los pisos dañados en aulas y otros espacios interiores. También se realizaron trabajos de impermeabilización en techos para evitar nuevas filtraciones y se intervino con una vereda perimetral y zanjeos para rectificar los niveles del terreno, mejorando el drenaje del agua de lluvia.

La obra a cargo del contratista Arostegui Daniel Guillermo, demandó una inversión provincial de 35.204.562 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

“Estamos llevando adelante intervenciones en todo el territorio provincial para mejorar la infraestructura escolar. Nuestro objetivo es garantizar que los espacios donde aprenden y enseñan los entrerrianos estén en condiciones adecuadas”, expresó el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob. Además, señaló: “Seguimos invirtiendo en escuelas porque estas obras tienen impacto directo en la calidad de la educación entrerriana”.

La Rosca |Emergencia en obras públicas|

El cambio radica en el artículo 1º, que quedó redactado de la siguiente manera:  “Reestablécese la vigencia de la Ley Nº11.138 y su prórroga a partir del 1º de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026”.

La iniciativa aprobada en Diputados disponía lo siguiente: “Prorrógase la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, por el plazo de un (1) año, contado a partir del vencimiento de esta última, en los mismos términos, alcances y condiciones allí establecidos”.

Teniendo en cuenta este cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El senador Rubén Dal Molín fue el encargado de leer el nuevo texto y seguidamente el senador justicialista Martín Oliva adelantó su acompañamiento a la iniciativa.

Luego la senadora Claudia Silva (PJ) manifestó su rechazo al proyecto: “Las leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales e imprevisibles, pero acá van dos años de gobierno y Frigerio ha tenido dos veces esta ley de emergencia y ahora nos la pide nuevamente”.

“Esta ley no soluciona el problema de fondo de la obra pública, solo cubre demoras y desórdenes administrativos”.

Por su parte, Víctor Sanzberro (PJ) también expresó su rechazo al proyecto: “Hay una institucionalidad que preservar. La Legislatura tiene un rol y debe asumirlo”.

“Creo que esta emergencia es evitable y que hay alternativas. Se puede hacer obra pública discutiendo las prioridades, debatiendo el presupuesto, con qué estrategias vamos a financiar las obras. Esta es la alternativa”.

Luego cuestionó el desfinanciamiento del Gobierno nacional a las provincias y los municipios y sostuvo: “No voy a acompañar nada que derive de estas políticas de desfinanciamiento”. APF

La Rosca |Pedido de |informes al Ejecutivo|

Senadores del bloque peronista en la Cámara Alta entrerriana presentaron el martes 6 un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que “se informe el listado del personal con Contrato Temporario de organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo Provincial –vigentes durante 2025- que no fueron incluidos en el Decreto N° 3817/25”; y “se informe el o los criterios tomados en cada uno de los casos para su no renovación en el año 2026, brindando la información pormenorizada del personal que permita la clara identificación del agente y la motivación de la autoridad”.

El pedido de informe fue presentado por los senadores Martín Oliva, del Departamento Uruguay; Patricia Díaz, del Departamento La Paz; y Juan Diego Conti, del Departamento Tala. En los fundamentos se precisó que “el Decreto N° 3817 del 20 de diciembre del corriente año autoriza la renovación contractual del personal temporario que se vienen desempeñando en organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo Provincial, de acuerdo a lo dispuesto en dos anexos adjuntos a dicha normativa”.

También se señaló que “la renovación de los Contratos Temporarios será a partir del 01 de enero de 2026” y se añadió que “la emisión del Decreto N° 3817/25 dejó al margen a un número de trabajadores que no fueron tenidos en cuenta”.

Los senadores destacaron que tras conocerse el Decreto y sus alcances, “medios periodísticos publicaron un comunicado oficial en el que el gobierno provincial hizo algunas aclaraciones al respecto, mencionando que son ‘alrededor de 100 contratos’ los que no serán renovados, de un total de 1.700”. Se añadió que “la misma versión oficial indica que la selección del personal que no será renovado fue producto de ‘un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados’, teniendo en cuenta los siguientes parámetros…”.

Los parámetros señalados son: “1) Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas 2) Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado 3) Compromiso con las funciones y con el servicio público 4) Asistencia regular y niveles de ausentismo 5) Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos”.

La Rosca |Ley de Emergencia en Obras Públicas |

Este miércoles, el bloque justicialista del Senado entrerriano votó de manera dividida la Ley de Emergencia en Obras Públicas y Viales. Al respecto el presidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Nicolás Parera Deniz, emitió un comunicado en el que criticó arduamente el accionar de los legisladores que respaldaron el proyecto. El texto completo, a continuación:

“En 1983, con apenas 36 años, Jorge Pedro Busti asumió como intendente de Concordia en un contexto adverso: provincia y mayoría de municipios gobernados por el radicalismo, crisis económica y un reparto de fondos absolutamente discrecional (no había ley de coparticipación). El gobernador era Sergio Montiel, un dirigente fuerte, poco dado a la discusión interna”.

“Busti eligió no someterse. Reclamó los recursos que le correspondían a Concordia y defendió a otros municipios peronistas, aun sabiendo que eso implicaba confrontar con el poder de turno. En cada reunión, en cada discusión, marcó las desigualdades y defendió los intereses de los entrerrianos. Ahí empezó a forjarse un liderazgo”.

“Esa historia deja una enseñanza vigente. El peronismo nunca creció desde la obediencia automática ni desde el silencio cómodo. Creció cuando tuvo dirigentes capaces de dar la discusión política, aún en minoría, aún sin billetera”.

“Hoy, ya nuevamente en la oposición, el desafío no es solo electoral. Es político. Porque la oposición no existe para ocupar una banca: existe para representar una parte de la sociedad, poner límites, debatir prioridades y evitar que el poder se vuelva rutina sin control”.

“Sin embargo, lo que se ve con frecuencia es otra cosa: dirigentes que quedan desdibujados, sin voz propia, sin iniciativa. Se confunde “responsabilidad” con “acompañamiento” y “gobernabilidad” con votar sin chistar. Y en ese movimiento, la oposición se convierte en una especie de escribanía del Ejecutivo”.

“No se trata de oponerse por deporte. Se trata de discutir lo que corresponde discutir: emergencias eternas, delegaciones de facultades, autorizaciones amplias, presupuestos sin control, prioridades invertidas. Si todo se aprueba por inercia, el mensaje que queda es que da lo mismo quién gobierna y para qué sirve la representación”.

“Ahí está el punto de fondo: si el peronismo quiere volver a ser alternativa real en Entre Ríos, no puede construir futuro con dirigentes que solo administran la conveniencia del presente. Necesita conducción, identidad, criterio. Necesita recuperar el hábito de explicar, marcar límites y proponer”.

“Porque cuando los dirigentes peronistas resignan el debate político y acompañan sin cuestionamientos las decisiones del Poder Ejecutivo, no están mostrando responsabilidad institucional: están renunciando a su rol. Y cuando eso ocurre, no solo se diluye una oposición: se rompe el contrato electoral con la gente que los eligió”.

La Rosca | Emergencia en obra pública|

El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido al 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras.

“La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva al dejar en claro que los alcances de la norma se deben limitan a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró.

Las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de litación pública determinados por la legislación vigente.

Se insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas.

El proyecto de la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138 y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.

En particular, Oliva señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales.

Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas (servicios esenciales) financiadas originalmente con fondos nacionales, entre otras obras fundamentales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria generada por la propia Nación.

“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial”, hizo saber el uruguayense.

Finalmente, solicitó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerar que se trata de un acto de responsabilidad política e institucional frente al retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, una decisión que impacta de manera directa en los municipios, en la infraestructura básica y en la vida cotidiana de los entrerrianos.

La Rosca |Infraestructura escolar|

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, continúa con la planificación de obras para fortalecer la infraestructura escolar en el territorio provincial. En el departamento Paraná avanza la mejora integral en la escuela Nº 176 Guillermo Saraví, de la localidad de Las Garzas. Los trabajos demandan una inversión de 33.977.761 pesos y se ejecutan en un plazo de 45 días corridos. La intervención alcanzará tanto a la institución primaria como a la escuela Secundaria Nº 72 Bicentenario, que comparte el edificio y conforma una matrícula total de 95 estudiantes.

El establecimiento presenta deficiencias edilicias que afectan el normal funcionamiento de las actividades escolares: una cocina con condiciones inadecuadas, sanitarios fuera de servicio, humedad en muros, fisuras y desprendimientos de cielorrasos en la galería.

Para resolver estas problemáticas, la obra en ejecución prevé la readecuación de la cocina, la reparación de la instalación eléctrica y de gas, la puesta en funcionamiento del sanitario, el recambio de cielorrasos en las galerías y el arreglo de los muros con humedad y grietas. La empresa Lozza S.A.S. tiene a su cargo el avance de los trabajos

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó que estas acciones forman parte del plan de intervención en edificios educativos. “Estamos dando respuesta a necesidades edilicias que pueden resolverse con obras rápidas y concretas para mejorar los espacios donde se desarrollan las actividades escolares. En Las Garzas estamos interviniendo para que los gurises puedan aprender en un entorno seguro y con instalaciones adecuadas que acompañen su desarrollo educativo”, afirmó.

La Rosca |Captura de Maduro|

En primer lugar retuiteó el posicionamiento del presidente Javier Milei. Luego, expresó en redes sociales su posición al respecto.

“El Dictador Nicolás Maduro capturado y extraditado a Estados Unidos por Narcoterrorismo. Se hará Justicia. El primer gran paso hacia la liberación de los venezolanos. Y reclamamos la libertad de nuestro Gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año por la dictadura venezolana, junto a decenas de miles de presos políticos”, publicó en X.

“El régimen de Venezuela es la expresión practica del socialismo del siglo XXI que tanta destrucción y hambre generan en Latinoamérica y que nuestra Argentina rechazó el 19 de Noviembre de 2023 y refrendó el pasado 26 de Octubre, eligiendo el camino del Liberalismo. #NoMásSocialismo”, afirmó.

La Rosca |Financiamiento de la ETP |

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -Regional XI- informó sobre las acciones que se están intentando llevar adelante para sostener el financiamiento de la ETP (Educación Técnico Profesional).

El sindicato recordó que ha mantenido reuniones con legisladores provinciales, nacionales y con funcionarios políticos de diversos espacios políticos, y también con colegios de profesionales, cooperadoras, centros de estudiantes, directivos de escuelas y con empresarios de la producción y de servicios con el fin de que “se tome real conciencia de que los fondos son por y para las y los alumnos y que los recursos para la ETP son de vital importancia para las actividades escolares diarias y la formación óptima de los y las estudiantes”.

En este contexto, “se avala y felicita la decisión tomada por padres y alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se han presentado ante el Poder Judicial para solicitar que no se avance con el desfinanciamiento de las instituciones de la ETP”.

“Desde la AMET esperamos y deseamos fervientemente que los Jueces pongan freno a este accionar del Poder Ejecutivo avalado en el Congreso Nacional que atenta directamente contra el presente y futuro de la Educación Técnico Profesional”.

“Con ese criterio padres y estudiantes de escuelas técnicas presentaron una medida cautelar ante la justicia para que declare inconstitucional al artículo 30 del Presupuesto 2026 que elimina fondos en educación y ciencia”, destacaron desde AMET.

El planteo fue realizado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas”.

Se plantea que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino” y “desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

La eliminación de los pisos mínimos de financiamiento se inscribe dentro de las políticas de desfinanciamiento de la educación técnica en los dos últimos años.

Desde el sector educativo estiman que el recorte provocado por Javier Milei alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.

Los principales fundamentos de la cautelar:

1) El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales: Según consta en la denuncia, “el primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional” dado que, indican “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”.

Entre el marco normativo superior enumeran a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

“El presupuesto tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”.

Desde ese enfoque, la presentación considera que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”.

2) Viola el derecho constitucional a la educación: De acuerdo a la presentación, el artículo 30 del nuevo presupuesto “afecta directamente el derecho a la educación” consagrado en tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible” advierten y remarcan que eliminar los “pisos legales de inversión” vacía de contenido a ese beneficio consagrado.

3) Viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad: Otro de los ejes se centra en los derechos sociales. La demanda parte de la base de un Estado “obligado a cumplir el principio de progresividad y la prohibición de regresión” consagrados por la Constitución.

“El artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas. No se trata de una crisis imprevisible ni de una medida transitoria: es una decisión regresiva explícita, que desanda políticas de Estado construidas durante décadas”.

4) Es irrazonable y discriminatorio: En base a la Constitución, el pedido de cautelar recuerda que eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica “no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”.

Los demandantes sostienen que el artículo 30 extiende los niveles de desigualdad: “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”.

“La educación pública deja de ser igualadora y pasa a ser selectiva por ingresos, lo cual es constitucionalmente inadmisible”.

5) Compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial: El amparo remarca otro punto clave: “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo. Las trayectorias educativas no se pueden “pausar” y retomar sin daño”.

Y aseguran que aún si la Justicia declarara luego la inconstitucionalidad, “el daño ya estaría hecho”.

La Rosca |Recurso de apelación|

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Mateo Busaniche y Cintia Gómez, resolvió “rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada” por el juez del Juzgado Federal N° 2 de Paraná que el 22 de octubre de 2025 hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por JPM y le ordenó a la Anses que “otorgue al actor la prestación por desempleo prevista en la ley 24.013, a partir del mes de enero de 2025, con más intereses conforme la tasa pasiva promedio del BCRA”. Además le impuso las costas por resultar vencida.

La Cámara también declaró “la inconstitucionalidad del artículo 3º del DNU 157/2018, aplicar el artículo 36 de la ley 27.423” y en consecuencia le impuso “las costas de la presente instancia a la Anses…”. La Alzada entendió que “en el presente caso la Anses ha resultado vencida, por lo que la imposición de las costas a su cargo decidida por el magistrado de grado es acertada” y rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó “en todas sus partes la sentencia dictada”.

Relación laboral probada

La Cámara sostuvo que “se encuentra probado en autos la relación laboral entre el actor y su empleador…, desde el 11/2011 hasta 11/2024”, añadió que “a partir del 16 de abril de 2024, el actor se encontraba en situación de reserva de puesto de trabajo (artículo 211 Ley de Contrato de Trabajo) y el 19 de noviembre de 2024 le fue notificada, por su empleador, la resolución del vínculo laboral en los términos del artículo 212 párrafo 2 de la LCT (comunicación del empleador aportadas por el actor)”.

El referido artículo 212 versa sobre la “Reincorporación”. En el primer párrafo prescribe que “vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración”.

En el segundo párrafo, sobre el que versó la sentencia, se indicó que “si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuere imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley”.

Tras analizar las posiciones de las partes, la Cámara advirtió que de las constancias aportadas “surge que no cobró remuneración durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024 (historia laboral y certificación de servicios y remuneraciones ambas emitidas por Anses y recibos de haberes del actor)”.

Así, sostuvo que “en consecuencia, de la prueba aportada por las partes surge que el actor cumple con los requisitos para acceder a la prestación por desempleo establecida en la ley 24013, por lo que corresponde rechazar el agravio propuesto”.

Argumentos no atendibles

Los vocales manifestaron que “… el argumento brindado por la demandada, no resulta atendible, toda vez que la vía consagrada en el artículo 15 de la ley 24.463 (N de la R: se trata de la Ley de Solidaridad Previsional),está prevista para los casos en que el administrado quiera impugnar una resolución administrativa y no, como en el caso de autos, donde el actor plantea una circunstancia de violación de preceptos constitucionales y de sus derechos de neto corte alimentario, en atención a que le impiden realizar el trámite para acceder al beneficio”.

La Anses cuestionó el amparo señalando que “el actor no acreditó fehacientemente la extinción definitiva del vínculo laboral ni la falta de percepción de haberes durante la reserva de puesto de trabajo”. Agregó, “de manera genérica, que no se encuentra probado el cumplimiento de los requisitos establecido por la ley 24.013 (N de la R: se trata de la Ley de Empleo) ni se acompañó la documentación conforme la resolución DEA 177/99”. También impugnó “la imposición de costas a su parte y, por los fundamentos que expone, pide se revoque la sentencia dictada, con costas” y mantuvo la reserva del caso federal.

El actor solicitó que se le otorgue la prestación por desempleo, conforme lo previsto en el artículo 117, 118 y 119 de la Ley 24.013 desde enero del 2025 y se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Resolución 17/2024 y el artículo 2 de la Resolución 5/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y se ordene equiparar la prestación por desempleo al salario que percibía en actividad como empleado”.

 

La Rosca |Captura de Nicolás Maduro|

El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, reafirmó el respaldo total del gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

“El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno, en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, afirmó.

Cherniak habló en una reunión convocada por el Consejo Permanente del organismo convocada tres días después de la incursión norteamericana.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado pasado por fuerzas estadounidenses en un operativo en el que participaron 200 efectivos, según el Pentágono. El lunes, ambos comparecieron ante un tribunal de Manhattan.

Qué dijo el representante argentino en la OEA
En su discurso de poco más de cinco minutos, Cherniak vinculó a Maduro con el “narcoterrorismo” y lo calificó como una “amenaza para el hemisferio”.

Además, dijo que el gobierno chavista “quebraba el estado de derecho” y denunció la existencia de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.

Cherniak también se refirió a los más de ocho millones de personas que abandonaron su país en los últimos años y acusó a Maduro de perpetrar un fraude electoral que le permitió reelegirse en el poder en las elecciones de julio de 2024 y constituir “un gobierno legítimo e ilegal”.

En otro tramo de su discurso, ínsistió con el pedido del gobierno de liberar al gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de ese año. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, afirmó.

Cherniak además pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “insista en una visita al país para verificar el estado de los presos políticos”. Activistas denuncian que en Venezuela hay más de 800 detenidos en esa condición.

La Rosca |Presión tributaria|

El análisis, reflejó que al considerar la presión tributaria efectiva nacional, (recaudación con relación al tamaño de la economía) de los últimos 10 años, 2025 se ubica en el último lugar (bajo un orden de mayor a menor).

Asimismo, expuso que en relación al 2024, la presión tributaria presenta un descenso de 1,1 puntos porcentuales del PBI, a partir de la reducción de impuestos que viene llevando a cabo la administración de Javier Milei.

En este contexto, el reporte señaló que también se redujo la recaudación tributaria nacional total acumulada a diciembre, siendo la más baja de los últimos 10 años. En esta línea, precisó que respecto al año 2023, la recaudación real de 2025 fue 6,6% menor.

De esta manera, el Iaraf estimó que en el calendario pasado la recaudación tributaria nacional habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024 y aclaró que “si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%”.

En términos de variación real interanual, precisó que en el año 2025 los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%).

En contraste, el informe detalló que los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (42,9%), derechos de importación (22,3%) y seguridad social (13,8%).

Con respecto al comportamiento del último mes del año, reveló que la recaudación habría descendido un 3% real interanual durante diciembre de 2025, mientras que excluyendo los ingresos por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería nula.

El resultado de diciembre implica la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación y se explica por la quita de derechos de exportación, ya que habría mermado un 58% real interanual, por lo que “incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario”.

Además, también aportaron al descenso recaudatorio la baja real interanual del 25% de impuestos internos y la caída del 19% de Bienes Personales, “estos últimos por comparar con una base alta de diciembre de 2024 y por bajas de alícuotas”.

La Rosca ||

Este martes, en la segunda sesión de Prorroga, la Cámara de Senadores sancionó de forma unánime se aprobó el proyecto unificado en el que establece que la Provincia se adhiera a la Ley Olimpia y a su vez la creación de programa de prevención, sensibilización y concientización sobre esta problemática.

La Ley Olimpia Nº 27.736, modificatoria de la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres. Dicha norma surge por la activista mexicana Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión de imágenes íntimas que se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina al impulsar leyes que condenen este delito.

Mientras que el Programa, impulsado por la diputada Silvia Moreno, propone capacitar a la comunidad educativa en el nivel inicial, primario y secundario de gestión pública y privada con el objeto de “lograr el respeto de los derechos humanos de género, concientizar sobre los derechos susceptibles de ser afectados mediante la violencia digital, resaltar la importancia de conservar las pruebas -conversaciones, mensajes, capturas de pantalla-, educar sobre seguridad digital y hacer conocer la existencia de organismos y mecanismos estatales y no estatales que tengan la función de proteger los derechos de género”.

Cabe mencionar que en la sesión estuvieron ausentes los senadores Conti, Cosso y Díaz de Más por Entre Ríos y  la senadora Cossi de Juntos por Entre Ríos. (APF)

 

La Rosca |Régimen de licencias del STJ|

No hubo convocatoria en Diputados y el pedido de juicio político a Susana Medina venció.

“Cayó la posibilidad de abrir un proceso de juicio político. Los plazos que establece nuestra Constitución son perentorios. Se trata de un plazo de 30 días. Los treinta días se cumplieron este domingo pasado. Estaban los dictámenes de Comisión, pero no se logró el consenso para firmar un dictamen ninguno de los dos de los sentidos, ni uno que acuse a la doctora Medina ni otro que no la acuse a la doctora. Entonces, al no haber dictamen, el proceso cayó. Pero no significa que no se pueda presentar otro pedido sobre el mismo tema o con temas nuevos”, recordó.

En declaraciones radiales, la legisladora aseguró, luego de consultársele. Juntos culpó al PJ por falta de quorum; y el PJ responsabilizó a Juntos. ¿Qué es lo que ocurrió?

– Nosotros cumplimos con hacer todas las reuniones necesarias, y se entregaron en término absolutamente todas las medidas probatorias que la Comisión de Juicio Político requirió. Estábamos en un mes muy complicado, como es diciembre, con muchos inhábiles en el medio, que hizo que estuviéramos contrarreloj. Pero creo que de todos los bloques se puso buena voluntad y, sobre todo, profesionalismo para poder llegar a una resolución. Lo que no hubo fue consenso para tomar la resolución y que esa resolución pueda llevarse a la Cámara, que era una de las posibilidades también que pensábamos que podía pasar.

 

-¿Cómo valoraron el descargo de la jueza Medina?

-Ella se presentó primero sin que se la cite; después, nosotros le corrimos traslado de las denuncias, porque lamentablemente muchas cosas salían en la prensa y la persona que estaba siendo objeto de esta investigación se enteraba por la prensa antes de que nosotros podamos notificarla, y no está bueno que eso pase. Entonces, le dimos el plazo para que ella se pueda volver a presentar y pueda presentar la prueba que estimaba conveniente, y se produjo también esa prueba que ella mandó, y otra que pidió, que era respecto de los viáticos. Para que la sociedad pueda entender, hay que decir que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia no tiene un órgano que esté por encima de ellos. Por lo tanto, ellos se ponen su propia reglamentación en cuanto al régimen de licencias que van a tener y cómo son los viáticos. No es que la doctora Medina, en este caso, se cortaba sola con el tema de los días que iba a faltar. Todos (los vocales del STJ) sabían y acordaban entre ellos el régimen de licencia para todos. Y en esto, creo que nos debemos un debate como sociedad. En realidad, la sociedad se merece una clarificación. Si no lo hace el Superior Tribunal, tendrá que hacerlo la Legislatura. Tiene que haber una reglamentación en la que los vocales del Superior Tribunal tengan plazos para tomarse licencias, que no se puedan acordar y poner más licencias solamente porque se ponen de acuerdo entre ellos. Y que el sistema de viáticos también se pueda reglamentar.

 

-La Provincia ya atravesó otro proceso de juicio político al exjuez Carlos Chiara Díaz, y en ese proceso salió la famosa frase “la reina de los viajes” en alusión a la vocal Claudia Mizawak. De entonces a esta parte nada cambió, parece.

-Ahora pasa lo mismo. Cuando uno recibe los informes de las licencias, se da cuenta que son todas parecidas. Entonces, esta situación provocó que cueste tomar una resolución sin ser injusto, y a lo que apelamos es a que se pueda modificar esta situación. Ellos, los vocales, tienen una regulación de viáticos y licencias que no es igual al resto de los trabajadores del Estado, o de cualquier otro juez.

-O sea, la moraleja es que la jueza Susana Medina o cualquiera de los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia pueden tomarse licencia a su antojo, total va a haber aprobación del resto. No hay un organismo por encima que los regule, y esto va a seguir así hasta que ellos mismos se autoimpongan un sistema que acote un poco las salidas de la provincia o la toma de licencias o viáticos.

-Si no lo hacen ellos, lo hará la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo hará la Legislatura entrerriana. Esto es un debate que debe darse.

-¿Para ustedes, aun cuando no había elementos para llevar adelante el proceso de juicio político, sí había cuestiones éticas que deben ser reguladas?

-Así es. Cuando uno mira el régimen de licencias que tienen, es para todos los vocales igual. Todos se benefician de ese sistema. Ojalá ellos mismos puedan entender esta situación, y lo digo con total humildad, porque la verdad que hablar así de los vocales del Superior Tribunal parece hasta medio irresponsable de mi parte. Lo hago con total humildad, y les pido que revean esta situación y que puedan hacerse ellos mismos un régimen que sea acorde al régimen de licencia que tiene el resto del Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos, y y también el resto de los otros dos poderes. De otro modo, terminan siendo cuestiones de privilegio que son difíciles de entender.

La Rosca |Contratos caídos en Concordia|

La movilización se desarrolló durante las primeras horas laborales, tal y como había sido anunciado durante la tarde del lunes, luego de que se conociera la situación de un grupo de empleados municipales que no pudieron desarrollar sus actividades.

La movilización, impulsada por uno de los gremios de municipales, fue acompañada por algunos de los concejales de la ciudad, como Guillermo Satalía Méndez y Claudia Villalba.

Además, el encuentro contó con presencia policial y, más allá de que acompañaron la manifestación, hubo agentes que salieron a cumplir igual con sus funciones.

Por su parte, la UOEMC (Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia) emitió un comunicado en el que repudió la falta de renovación de más de 130 contratos.

El gremio precisó que la medida del gobierno municipal “deja sin sustento a numerosas familias que percibían ingresos cercanos a los $500.000, afectando directamente su derecho al trabajo y a una vida digna”.

“Resulta inadmisible –agregó la UOEMC- que, mientras se mantiene a más de un centenar de funcionarios con sueldos superiores a los $2.000.000, el ajuste recaiga sobre quienes menos tienen”.

Al finalizar el documento, el sindicato que agrupa a una parte de los trabajadores municipales avisó: “la lucha recién empieza”.

La Rosca |Caída de contratos en Concordia|

“Estamos cuidando los recursos que no son del gobierno si no de cada vecino que paga sus impuestos”, argumentó el intendente de Concordia, Francisco Azcué, al dar fundamento a la decisión de no renovar 130 contratos laborales con el gobierno local.

Oficialmente, se afirmó que “luego de un análisis técnico y administrativo, no fueron renovados debido a irregularidades detectadas en su origen, entre ellas la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin necesidad operativa justificada. El objetivo es cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos”.

“Estamos cuidando los recursos, que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas”, afirmó el presidente municipal que denunció “un festival de contratos”.

Explicó que el proceso de revisión responde a criterios de eficiencia y equidad: “Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Tenemos la obligación de serlo para poder volcar los recursos donde realmente se necesitan”, argumentó.

El jefe comunal también hizo hincapié en “el carácter profundamente injusto” de sostener este tipo de vínculos: “No es justo para los trabajadores ni para los vecinos sostener este tipo de contratos. Es injusto para quienes tienen una carrera administrativa y para quienes hacen un esfuerzo todos los meses para pagar sus impuestos.”

“Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino. Ese es el camino que elegimos para que Concordia crezca y es lo que estamos haciendo y vamos a profundizar durante los próximos años”, aseveró Azcué que cuestionó que se hable de “despidos”.

“Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses ordenar el municipio porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión” concluyó Azcué.

La Rosca |Río Uruguay y Salto Grande|

A través de un comunicado formal, advirtieron que las fluctuaciones permanentes del nivel del río “están afectando de manera directa la accesibilidad, la seguridad y la calidad” de las playas, provocando pérdidas económicas, poniendo en riesgo fuentes de trabajo y comprometiendo inversiones públicas. “La falta de previsibilidad en su comportamiento impacta negativamente en la planificación, desalienta inversiones y compromete el desarrollo alcanzado”, afirmaron.

Los intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares subrayaron que las playas y el entorno natural del río son el principal atractivo turístico, y que las variaciones abruptas del nivel del agua “están afectando de manera directa la accesibilidad, la seguridad y la calidad de estos espacios”, lo que se traduce en pérdidas económicas significativas para prestadores turísticos, comerciantes y trabajadores del sector.

Allí mismo, pusieron el foco en las inversiones públicas realizadas por los municipios durante los últimos años, destinadas a infraestructura costera, servicios y puesta en valor de espacios turísticos. Sin embargo, advirtieron que la falta de previsibilidad en el manejo del río “impacta negativamente en la planificación”, desalienta nuevas inversiones privadas y compromete seriamente el desarrollo alcanzado, más allá de las condiciones naturales propias del curso de agua.

Si bien reconocieron la complejidad técnica y operativa que implica la gestión de una represa binacional como Salto Grande, los firmantes del comunicado dejaron en claro que esa complejidad no puede desligarse de sus efectos sociales y económicos. En ese sentido, plantearon la necesidad de analizar “la posibilidad de revisar y optimizar el manejo de los niveles hídricos, contemplando no solo los factores naturales, sino también las consecuencias económicas, sociales y turísticas que estas fluctuaciones generan en nuestras comunidades”.

Entre los reclamos concretos, los intendentes solicitaron acceso a información diaria y actualizada sobre las proyecciones de los niveles del río en las localidades ubicadas aguas abajo de la represa, con especial referencia a las zonas costeras del Parque Nacional El Palmar, Pueblo Liebig, San José, Colón y Concepción del Uruguay. Además, exigieron la creación de un canal de comunicación permanente que permita anticipar escenarios y reducir el impacto negativo sobre el turismo y las economías locales.

Finalmente, los jefes comunales reafirmaron su disposición a trabajar de manera conjunta con las autoridades de la CTM, aunque advirtieron que la falta de respuestas y previsibilidad ya está teniendo consecuencias concretas sobre el empleo y la economía regional. “Reafirmamos nuestra plena disposición a trabajar de manera conjunta, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible, proteger el ambiente y resguardar el bienestar económico y social de nuestra región”, concluye el comunicado, a la espera de una respuesta oficial por parte de Salto Grande.

(Fuente: Diario Junio)

La Rosca |Denuncias contra Susana Medina|

Este lunes a las 11 venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia para realizar la convocatoria a sus integrantes para abordar el dictamen de mayoría que rechazó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y en consecuencia los pedidos se archivaron, según precisaron allegados al complejo y poco claro proceso que comenzó con una denuncia por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones en el país y el exterior y continuó con otra por un aludido atraso en el despacho de la vocal que se desempeña como presidenta de la Sala N.º 3 del Trabajo.

Hubo una tercera denuncia posterior que se rechazó in limine en la sesión especial de la Cámara Baja que se realizó el 26 de diciembre. La firmó Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Denunció que fue víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas.

La no convocatoria de la Comisión a sus integrantes tiene un antecedente. Fue el 23 de diciembre, cuando la comisión de investigación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento emitió un dictamen de mayoría que determinó que “de las denuncias examinadas se observa que no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”.

Asimismo, se señaló respecto de las ausencias aludidas que “no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional” y se consideró que “las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.

“Prueba inexistente”

El dictamen del 23 de diciembre consideró que “… por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente—así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

En otro párrafo se aseguró que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”. (APF)

La Rosca |Transporte urbano en Paraná|

“La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros advierte que la situación provocada por la Municipalidad de Paraná en el marco del cambio de concesionario de transporte automotor de pasajeros urbanos sienta un nefasto precedente de alcance federal, con consecuencias directas sobre todos los operadores del transporte urbano de pasajeros en las distintas jurisdicciones del país”, señaló la entidad.

 

“En efecto, la Municipalidad de Paraná, mediante pliegos y diseños contractuales, ha puesto en práctica una nueva arquitectura regulatoria sin medir sus efectos sistémicos y sociales.

 

La carga salarial constituye, por lejos, el principal pasivo de esta actividad, dada la magnitud de las dotaciones necesarias para la prestación del servicio. Imponer su asunción sin previsión contractual ni reconocimiento económico alguno distorsiona la competencia, rompe la igualdad entre oferentes y vulnera principios elementales de razonabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica que deben regir todo esquema concesional”.

 

“Desde el punto de vista jurídico, resulta inadmisible trasladar ese costo al prestador saliente cuando el contrato de concesión que finaliza no prevé compensación, reconocimiento, ni mecanismo alguno para absorber dicho devengamiento, precisamente porque esa obligación nunca formó parte de la concesión otorgada. Forzar esa carga implica modificar retroactivamente la ecuación económico-financiera del contrato, con un perjuicio patrimonial directo y grave”.

 

“Esta ingeniería normativa —impulsada tanto por determinados actores como por el poder concedente que la promueve y valida— terminará favoreciendo nuevas concesiones adjudicadas a operadores que, aun ostentando trayectoria y experiencia en el sector, parecen prescindir de reglas de conducta claras y de los códigos elementales que históricamente permitieron ordenar y sostener la actividad”.

 

“Las consecuencias de este esquema no recaen únicamente sobre las empresas. Impactan de manera directa sobre 237 trabajadores, quienes lejos de verse protegidos, quedan expuestos a la pérdida de continuidad laboral y, en muchos casos, también al riesgo cierto de no percibir indemnizaciones frente a escenarios de quiebra o concursos preventivos de las empresas salientes, dificultando seriamente el cobro de sus acreencias”.

 

“Por todo ello, Fatap no permanecerá pasiva frente a un antecedente que compromete la sustentabilidad del sector en todo el país, por lo que evaluará las acciones institucionales, políticas y jurídicas en defensa de la seguridad jurídica, la equidad en las licitaciones y la viabilidad económica de los operadores”.

 

“En ese marco, insta a la Unión Tranviarios Automotor a que asuma una posición institucional clara y responsable, evitando soluciones aparentes que, lejos de proteger el empleo, terminan exponiendo a los trabajadores a escenarios de mayor vulnerabilidad”.

 

“Paraná constituye una señal de alerta para todo el sistema. Debemos actuar para que el transporte urbano de pasajeros continúe siendo una actividad viable, previsible y con reglas claras, so pena de derivar en un escenario de incertidumbre que perjudica por igual a empresas, trabajadores y usuarios”.

 

“La competitividad no se logra destruyendo patrimonio empresario, empujando a las empresas al quebranto y utilizando a las familias trabajadoras como variable de ajuste”, finaliza el comunicado firmado por el presidente de la Fatap, Gerardo Ingaramo, y por el secretario Gustavo Larrea.

La Rosca |Municipalidad de Paraná|

Entre los principales cambios, el proyecto dispone la eliminación de tributos como los Derechos de Espectáculos Públicos, los Derechos de Publicidad y los Derechos de Ocupación de la Vía Pública, una medida que busca aliviar la carga sobre actividades culturales y comerciales, fomentar un uso más ordenado del espacio público y acompañar a los sectores productivos locales. También se suprimen tasas administrativas vinculadas a trámites simples, manteniéndose únicamente aquellas asociadas a servicios técnicos específicos.

 

En cuanto a la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad (TISH), la ordenanza incorpora una reducción del mínimo especial aplicado a remiserías y una adecuación general destinada a garantizar mayor equidad, contemplando nuevas modalidades de prestación de servicios. A su vez, se establece una baja de tres puntos porcentuales en todas las categorías de la Tasa de Alumbrado Público, lo que implica un alivio directo para usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

 

Respecto a los servicios urbanos, se redefine el alcance de la Tasa General Inmobiliaria, incorporando prestaciones ambientales como el mantenimiento del arbolado, la gestión de residuos verdes y el saneamiento del entorno, reflejando las tareas que efectivamente realiza el municipio en cada barrio. La actualización de tasas y derechos sanitarios se regirá por el Índice Referencial de Actualización Tributaria (IRAT), que toma como base los costos reales de personal, energía, combustible y producción de agua.

 

El proyecto también prevé la actualización anual de los derechos del Cementerio Municipal, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio, y formaliza la exclusión del Fondo Fiduciario de Obras Sanitarias, cuya vigencia culmina el 31 de diciembre de 2025.

 

Otra de las innovaciones centrales es la incorporación de la firma digital y la gestión documental electrónica en los procedimientos tributarios, una herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad, agilizar trámites y reducir el uso de papel, alineando al municipio con los estándares nacionales de administración electrónica.

 

Aseguran que con esta reforma, la Municipalidad de Paraná busca consolidar un sistema tributario más simple, equitativo y moderno, fortaleciendo el vínculo Estado–contribuyente y promoviendo el desarrollo económico y social de la ciudad.

La Rosca |Situación en Venezuela|

“La implementación de la nueva -y vieja- Doctrina Monroe contra América Latina, tiene en estas horas su momento más agudo y dramático, dejando de ser una región de paz. Ese enfoque que conocemos y que ha hecho que tantas veces América Latina haya sido agredida, invadida y finalmente saqueada por quienes nos consideran su ‘patio trasero’”, declaran en un comunicado.

“El vil ataque de Estados Unidos (a Venezuela) no tiene como objetivo ni defender la democracia ni atacar al terrorismo: es la pretensión de saquear al país que detenta la principal reserva petrolera del mundo y otros minerales, así como una posición estratégica para el Cono Sur y el Caribe”, agregaron luego.

Para quienes conducen el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes entrerrianos, “no se trata solamente de Venezuela. La agresión es contra toda América Latina, y es una continuidad de la ocupación imperialista como ocurre con nuestras Malvinas. Frente a todas estas acciones criminales solamente cabe una posición: el repudio absoluto y la exigencia de paz frente a las agresiones extranjera”.

“Como lo expresa la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, nos pronunciamos sin ningún titubeo en solidaridad con el pueblo venezolano, por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la independencia de toda América Latina. Hoy es Venezuela, mañana puede ser nuestro territorio”, concluyen.

La Rosca |Cese de contratos en Concordia|

“El lunes nos estaríamos juntando con los abogados”, indicó. Posteriormente, estarían realizando una reunión con los trabajadores que hayan sido notificados y los delegados. La intención es presentarse a la Justicia para reclamar por su restitución. Además, dijo que no tiene calificación para el momento elegido por el intendente Francisco Azcué para comunicarles que se quedaban sin trabajo, en plena Fiesta de Fin de Año. “

Si tuviese una calificación, por ahí nos sale un exabrupto que uno no quisiera hacer”. “Después de dos años recién se dan cuenta de que no trabajan, que son ñoquis, de que está colmada la planta. Pero ellos mismos han metido más de 300 personas en dos años. Hablan de la gestión anterior y ellos vienen y meten otros 300 que no sé en qué condiciones. Parece un cambio de figuritas”, expresó Pérez a Diario Junio.

Pérez dijo que aún no llegaron trabajadores municipales al sindicato a manifestarles que se quedaron sin trabajo. Pero saben que las notificaciones están hechas. El municipio está cerrado, en asueto administrativo hasta el lunes. Y sostuvo que la intención en el sindicato es que, cuando les lleguen, los trabajadores las firmen en disconformidad.

El gremialista dijo que van a respaldar la decisión que se adopte por parte de los trabajadores despedidos y los delegados. Respecto de la vía judicial, indicó que las fechas no son las más propicias, ya que están en plena feria de enero. De cualquier manera, apelarán a las autoridades que están de turno en los juzgados.

Cada caso varía, no es lo mismo estar contratado con aportes, lo que equivale a un respaldo institucional del Estado que debe ser tenido en cuenta en los juzgados, a ser monotributista. Respecto de los últimos, admitió que no habría forma de poder incorporarlos nuevamente al municipio. “La única forma es la lucha en la calle”, destacó.

Por otra parte, Pérez se hizo eco de la convocatoria de la STEM (Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales) para el próximo martes. La solicitud está dirigida a las personas que fueron cesanteadas y a personal de planta permanente. Pérez mencionó que es una cuestión lógica. “A aquellos que no fueron tocados les piden que acompañen el reclamo de los que sí han sido tocados. Porque si no, hoy no me toca a mí y miro para otro lado”, expresó.

Pérez sostuvo que ATE no tiene diálogo con el municipio desde principios de 2024, cuando el secretario de Gobierno, Luciano Dell Ollio, se enojó con los representantes del sindicato. “Estábamos cuatro o cinco sindicatos y, como ATE exigía un monto de recomposición de salarios más elevado, se enojó, se levantó de la mesa y se fue”, dijo. Durante lo que quedaba de 2024 y 2025 debieron acudir a la Secretaría de Trabajo para que responda a los reclamos del gremio.

La Rosca |Educación secundaria de adultos|

“Créase, en el ámbito del Consejo General de Educación, la primera Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) con Orientación en Inteligencia Artificial”, dice la iniciativa. Y deja en manos del Consejo General de Educación (CGE), “en el ejercicio de sus atribuciones”, la misión de elaborar y aprobar el plan de estudios correspondiente a la oferta educativa creada, “pudiendo además adoptar las medidas administrativas, pedagógicas y de articulación institucional que estime necesarias para su implementación”.

La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos con Orientación en Inteligencia Artificial tendrá como finalidades:

a) Brindar una educación secundaria integral, con enfoque en competencias del siglo XXI y en el desarrollo de capacidades vinculadas a la innovación tecnológica.

b) Fomentar el uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial, asegurando la comprensión de su impacto social, cultural y laboral;

c) Desarrollar habilidades de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo, mediante metodologías activas y proyectos cooperativos;

d) Promover la resolución de problemas, el análisis de información y el trabajo interdisciplinario, integrando inteligencia artificial como herramienta transversal en los distintos espacios curriculares”.

En los fundamentos, el legislador plantea: “La educación secundaria para adultos enfrenta actualmente desafíos inéditos, derivados de los rápidos avances tecnológicos, la digitalización de la información y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral y social cada vez más dependiente de la Inteligencia Artificial (IA)”, afirmó y dijo que, “en este marco, la creación de una Escuela Secundaria para Jóvenes Adultos (ESJA) con orientación en Inteligencia Artificial constituye una propuesta innovadora y pionera en la provincia de Entre Ríos, capaz de ofrecer una experiencia formativa de alta calidad, inclusiva y adaptada a las exigencias del siglo XXI”.

“La propuesta incorpora formación en IA y competencias digitales, entendiendo que la Inteligencia Artificial es un acceso transversal a la información”, indicó el legislador y agregó: “El objetivo es ofrecer una formación actualizada, incorporando herramientas que son claves para el desarrollo personal, académico y laboral.

La propuesta plantea una orientación específica en IA y competencias digitales, que funcionará como eje en todas las materias”.

La Rosca |Vialidad provincial|

Las declaraciones de Guillermo Michel sobre una supuesta subejecución del presupuesto en Vialidad Provincial omiten un dato central explicó Dal Molin: la subejecución no es un fenómeno reciente ni atribuible a la actual gestión, sino un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década.

“Desde 2009 a la fecha, la participación del gasto de Vialidad sobre los ingresos provinciales viene cayendo de manera sostenida, al igual que la distancia entre el presupuesto asignado y el efectivamente ejecutado. Los picos de subejecución se registran en distintos períodos de gobierno, muchos de ellos bajo administraciones del mismo signo político que hoy cuestiona”, agregó Dal Molín.

“La discusión no puede darse desde consignas ni oportunismos. Los datos muestran que el problema es histórico”, señaló Dal Molín, y agregó que la causa debe buscarse en “una burocracia pesada, procedimientos obsoletos y una verdadera máquina de impedir dentro del organismo”, situación advertida en reiteradas oportunidades por ex autoridades de Vialidad, entre ellos Bel.

En ese marco, el senador remarcó una diferencia clave con gestiones anteriores: la actual administración dispuso la afectación específica de recursos para Vialidad Provincial y estableció un criterio de responsabilidad fiscal que antes no existía. “Hoy, los montos que no alcanzan a devengarse al 31 de diciembre no se pierden ni vuelven a Rentas Generales, sino que quedan como crédito para el ejercicio siguiente. Antes, la subejecución implicaba perder fondos para caminos y rutas. Hoy no”, explicó.

Dal Molín subrayó además que el gobierno provincial está avanzando en mecanismos concretos para reducir la burocracia, como convenios con municipios y comunas, consorcios camineros y esquemas de ejecución descentralizada, con el objetivo de atacar el problema de fondo que durante años nadie quiso enfrentar.

“El problema de la subejecución existe, pero no empezó ahora. La diferencia es que hoy se lo reconoce, se lo explica con datos y se lo enfrenta con decisiones. Lo demás es relato”, concluyó.

La Rosca |Cese de contratos en Concordia|

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el proceso sostenido de ajuste que se viene desarrollando en la Municipalidad de la ciudad de Concordia, impulsado por la gestión del intendente Francisco Azcué. Este proceso no se limita únicamente a los despidos de trabajadoras y trabajadores municipales, sino que impacta de manera integral y negativa en las condiciones laborales y salariales, profundizando la precarización del empleo público”.

“La decisión de avanzar con despidos, congelamiento salarial y recorte de derechos laborales vulnera la dignidad de las y los trabajadores municipales, incrementa la desocupación y agrava la situación social de numerosas familias concordienses. Estas medidas favorecen la expansión de la mano de obra barata y desconocen derechos conquistados a lo largo de años de lucha colectiva, configurando un grave retroceso social a nivel local”.

“Nos preocupa por la gravedad de las declaraciones del Intendente, afirmando que los despidos están encaminados a un ‘proceso de organización municipal’, nos hace acordar al nefasto Proceso de Reorganización Nacional de los militares en el 76 junto con Martinez de Hoz”.

“Frente a este escenario, consideramos imprescindible pronunciarnos de manera firme y colectiva contra el diseño y la implementación de estas políticas de ajuste llevadas adelante por el intendente Azcué, en sintonía con los lineamientos de los gobiernos nacional y provincial. Convocamos a todos los sectores afectados a rechazar y repudiar estas decisiones, fortaleciendo la unidad y la movilización conjunta en defensa del trabajo municipal, los salarios y los derechos laborales en la ciudad de Concordia”.

El Sol.

La Rosca |Camino a la interna de la UCR|

La Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos volverá a las urnas en 2026 para renovar sus autoridades partidarias, con la decisión política de retomar la tradición de realizar las internas en un año sin elecciones nacionales ni provinciales, una práctica interrumpida a partir de la pandemia. La conducción actual, encabezada por Alicia Oviedo, busca reposicionar al partido y dotarlo de protagonismo suficiente para sostenerse como una alternativa dentro de la alianza que integra junto al gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza.

Hasta 2020, el radicalismo entrerriano elegía a sus autoridades en años no electorales. Esa lógica quedó en suspenso con la irrupción del Covid-19 y recién comenzó a reordenarse este año, cuando Oviedo asumió la presidencia partidaria, en marzo, con el compromiso de normalizar el calendario institucional. De este modo, quien resulte electo o electa en 2026 conducirá el partido hasta 2028.

En paralelo, dentro de la UCR se discute el momento más conveniente para la elección interna. Según lo previsto estatutariamente, la convocatoria debería realizarse entre marzo y abril, una fecha que favorece a los dirigentes con mayor trayectoria electoral y disponibilidad para la vida partidaria, como Fuad Sosa o Atilio Benedetti.

Otros sectores, en cambio, plantean la posibilidad de postergar la definición para el segundo semestre del año. Se trata de espacios que parten desde posiciones menos consolidadas y buscan ganar tiempo para sumar apoyos y construir alianzas, en caso de no alcanzarse una lista de consenso.

Aunque en la dirigencia radical predomina la cautela y se considera prematuro instalar candidaturas formales, ya comenzaron a mencionarse algunos nombres con proyección interna. Entre ellos aparece Julieta Carrazza, viceintendenta de Gualeguaychú, con pasado en la Juventud Radical y vínculos con concejales de Paraná Campaña y con funcionarios de Federal y Concordia. Carrazza integra un espacio en formación que reúne a dirigentes de su generación y a sectores que respaldaron el frustrado intento de Francisco Azcué por conducir el partido. Desde ese sector señalaron similitudes entre su perfil y el del presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella.

Dentro de la Corriente Illia, el sector que marcó durante décadas la vida interna del radicalismo entrerriano, surgen al menos dos figuras con chances. Una es Fuad Sosa, quien podría aspirar a presidir el partido por tercera vez. En un encuentro realizado el pasado 29 de diciembre en Paraná, dirigentes de ese espacio volvieron a mencionar su nombre.

También aparece Atilio Benedetti, exdiputado nacional y dirigente histórico del partido, que ocupó distintos cargos internos pero nunca presidió la UCR provincial. Benedetti fue uno de los impulsores de un encuentro realizado en Villaguay, del que participó la vicegobernadora Alicia Aluani, con el objetivo de comenzar a darle forma al proceso electoral interno. En ese armado trabaja en sintonía con Darío Schneider, referente de la agrupación Construir, que junto a Pedro Galimberti compitió contra Rogelio Frigerio.

Otro actor que se mueve en el escenario interno es el ministro de Economía, Fabián Boleas, quien desde su regreso a la provincia exhibe en redes sociales una identificación explícita con la simbología radical. Estos sectores integraron el 70% que, en el último Congreso partidario, avaló la incorporación de la UCR a la alianza con La Libertad Avanza, detalla Informe Digital.

En la vereda opuesta se ubica UCR Activa, el sector crítico del frigerismo y abiertamente antimileísta, que también evalúa presentar candidatos propios. En ese espacio vuelven a sonar los nombres de Rubén Pagliotto y Raymundo Kisser, entre otros dirigentes. UCR Activa y desprendimientos de otros sectores conformaron el 30% que se opuso a la coalición electoral con los libertarios.

La Rosca |OSER|

Se adujo que no se denegó la cobertura, sino que le pidió que “acredite con historia clínica y estudios complementarios el padecimiento conjunto de enfermedad cardiovascular”. El juez entendió que “la actitud” de la OSER “se da de bruces con la ley 23.753, a la cual nuestra provincia adhirió”.

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió el miércoles 31 de diciembre “hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por un afiliado…, y en consecuencia condenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), de conformidad a los considerandos precedentes, a que en el plazo de cinco días hábiles de notificada, provea o suministre de forma urgente, gratuita (100%) e integral al afiliado el medicamento dapagliflozina 10 mg., por el plazo de seis meses, a razón de un comprimido por día por los treinta días del mes” y le impuso “las costas a la OSER, accionada en la presente acción de amparo”.

En cuanto a las costas del proceso, el juez las cargó “a la obra social (art. 20 de la Ley Nº 8.369), en tanto el afiliado se vio obligado a recurrir a la vía del amparo para hacer valer sus derechos, extremos que torna inoficioso tratar el pedido de gratuidad solicitado”.

Al analizar el fondo de la cuestión el magistrado consideró que no se controvirtió que el amparista, de 58 años, que “padece “Diabetes Tipo II”; que “posee intolerancia a la droga metformina” y que “su médica tratante, la Endocrinóloga Elisa Tomasini, le ha prescripto la medicación dapagliflozina”. Así, definió que debía resolver si el rechazo “bajo exigencias” de la OSER a la “cobertura urgente”, fue legal y legítimo o si por el contrario vulneró el derecho de salud del afiliado ofreciéndole “como alternativa de cobertura por intolerancia a metformina otros medicamentos hipoglucemiantes” de los que el amparista dio cuenta ser intolerante.

Criterios propios

El juez entendió que “… en lo que aquí importa, que si bien los medicamentos ofrecidos por la obra social son útiles para controlar diabetes tipo 2, la dapagliflozina es medicamento autorizado a nivel nacional para la patología pero la OSER fija criterios propios para autorizar su provisión, ajenos a la norma ministerial que incluye a esta droga en el Programa Médico Obligatorio (PMO), a saber, la Resolución 2091/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que la discrecionalidad de la OSER en el caso concreto difiere de la norma ministerial”.

También analizó que “el galeno señala además, y ello es verificable, que la Resolución 2091/2025 no hace referencia a ninguna condición extra de padecer diabetes, para la cobertura de la droga requerida, lo cual claramente contrasta con lo solicitado por la auditoria de la OSER” y agregó que “al respecto, es de señalar que el Ministerio de Salud de la Nación es el encargado por ley 23.753, de coordinar, junto a las autoridades sanitarias de todo el país, la planificación de acciones tendientes a asegurar a las personas con diabetes los medios terapéuticos que requieran para su tratamiento”.

En aquella línea consideró que “en primer lugar, que la obra social le exige al afiliado requisitos ajenos a la Resolución 2091/2025, para brindarle la cobertura de dapagliflozina” y consideró que “esas exigencias serían válidas si y solo si no desnaturalizaran el derecho del afiliado a recibir la cobertura del medicamento hipoglucemiante, sin embargo, ello no es lo que sucede en el caso, porque, por fuera de la normativa nacional aplicable, le están indicando que si no cuenta con patologías conjuntas de enfermedad cardiovascular (infarto agudo de miocardio, angina crónica estable e inestable o angioplastia) o bien nefropatía diabética en tratamiento, no le darán la cobertura solicitada; de modo que el derecho a la salud en el caso se torna ilusorio y la actitud de la obra social se da de bruces con la ley 23.753, a la cual nuestra provincia adhirió mediante ley 10.401”.

Sustituta

Budasoff analizó la propuesta de la OSER de ofrecer otra droga que la solicitada por prescripción médica. En este sentido expresó que “otra cuestión que tengo en cuenta es que la Endocrinóloga tratante es quien ha prescripto especialmente para el caso del afiliado la dapagliflozina y no otra droga hipoglucemiante que podría considerarse sustituta. Al respecto, debo decir que, sin perjuicio de las facultades de auditoría y control que tiene reconocidas por ley la OSER, lo cierto es que las prescripciones de los y las profesionales tratantes tienen una relevancia preponderante en cuanto al deber de la obra social de atenerse a ellas, dado que son aquellos quienes conocen las circunstancias particularísimas del caso, realizan el control y seguimiento de sus pacientes, saben los antecedentes y su evolución y, en base a ello, determinan -según su pericia los pasos a seguir para la continuidad del tratamiento y el logro de una mejor calidad de la persona que asisten”.

El magistrado sostuvo que “como puede verse entonces, el Estado Provincial se encuentra constitucionalmente obligado a asegurar la gratuidad, integralidad y oportuna cobertura de las prestaciones que requiera una persona afiliada a la obra social provincial que padece diabetes tipo 2, y en tal supuesto, debe la OSER, dado su carácter de ente autárquico estatal y agente de salud provincial, proveer lo necesario para garantizar al beneficiario dichas prestaciones, máxime teniendo en consideración que se trata de un afiliado cautivo de la obra social”.

Tras sostener que “se encuentra acreditada suficientemente la situación que amerita la provisión total del medicamento interesado por el amparista” expresó que “la solución que propicio está en sintonía con lo resuelto por el STJER ante supuestos análogos al presente…”, consideró que “en suma, considerando los elementos de mérito reseñados y fundamentalmente la conclusión médica antes valorada, evidentemente la conducta de la obra social que omite el afiliado dar cobertura urgente, integral y gratuita de la droga prescripta por la Endocrinóloga tratante, bajo la imposición de requisitos ajenos a la normativa nacional y provincial aplicable se erige en un acto de autoridad que en forma actual lesiona de manera manifiesta e ilegítima derechos constitucionales del afiliado…”.

Debate Abierto.

La Rosca |Programa provincial Jóvenes Protagonistas|

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Entre Ríos amplió el cupo y la inversión del programa Jóvenes Protagonistas, una política pública orientada a promover la participación y el acompañamiento de adolescentes en todo el territorio provincial. La expansión permitió alcanzar los 17 departamentos, garantizando que las mismas propuestas lleguen a distintas localidades.

 

La presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack, destacó el crecimiento del programa y señaló: “La ampliación de Jóvenes Protagonistas expresa una decisión de gestión de invertir en espacios de prevención y escucha. Llegar a todos los departamentos nos permite acompañar a la adolescencia con propuestas sostenidas y con una mirada territorial que reconoce las realidades de cada comunidad.”

 

A través del programa, se desarrollan talleres vinculados a expresiones artísticas, deportivas y comunicacionales, que funcionan como ámbitos de encuentro, prevención y construcción colectiva. Estas propuestas permiten fortalecer vínculos, promover la participación y generar espacios donde los adolescentes pueden expresarse y compartir experiencias.

 

La extensión del programa a toda la provincia representó un avance significativo en términos de equidad territorial. Desde el organismo se remarcó que Jóvenes Protagonistas forma parte de una estrategia más amplia de promoción de derechos, orientada a fortalecer espacios de participación adaptados a las realidades locales y a sostener intervenciones en el tiempo, reforzando la presencia estatal en el entramado social entrerriano.

La Rosca |Fondo Vial|

Michel cuestionó la subejecución presupuestaria por parte del gobierno provincial: “¿Por qué hablamos de falta de gestión en Entre Ríos? Porque el gobierno recauda recursos pero no los destina a obras. Mientras los caminos y rutas están en las peores condiciones, más del 52% del presupuesto de Vialidad Provincial no se ejecutó”.

“Por ejemplo: de los $23.238 millones recaudados por el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Leyes 9.602 y 11.142) que se origina en el 50% del Impuesto Inmobiliario rural, solo se ejecutaron $11.090 millones”, puntualizó el legislador haciendo referencia a la planilla de ejecución presupuestaria de la Dirección Provincial de Vialidad.

“El campo puso el dinero pero no fue a donde debía ir: a los caminos. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión”, aseveró Michel.

La Rosca |Obras e infraestructura educativa|

“Desde la UEP trabajamos con planificación y prioridades claras para que los recursos lleguen a donde realmente hacen falta. Cada escuela que se culmina es una respuesta concreta a años de postergaciones y una muestra de un Estado provincial presente”, señaló el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, cuyo organismo comprende la UEP.

Las obras ejecutadas incluyeron la construcción de nuevos edificios escolares, ampliaciones y refacciones integrales, con la incorporación de aulas, espacios administrativos, salones de usos múltiples, cocinas y comedores, laboratorios, talleres, sanitarios adecuados y espacios de recreación, como patios de formación, de juegos y playones deportivos.

En el caso de los jardines de infantes se incorporaron áreas específicas para la educación inicial y espacios de expansión, mientras que en las escuelas primarias y secundarias se priorizó la mejora de las condiciones pedagógicas y organizativas. La ejecución y finalización de las nueve unidades educativas durante 2025 representó una inversión total de aproximadamente siete mil millones de pesos.

El coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, destacó la inversión realizada y explicó que “la planificación y ejecución de estas obras reflejan una forma responsable de administrar los recursos públicos, asegurando que cada inversión tenga un destino claro. La infraestructura escolar no es solo construcción: implica gestión, seguimiento, control y articulación permanente con las comunidades educativas para garantizar edificios funcionales, seguros y acordes a las necesidades actuales”.

Testimonios

Desde las comunidades educativas se destacó el impacto de las obras en la vida escolar. Yanina Schamzempach, directora de la escuela primaria N° 188 Bazán y Bustos de Paraná, señaló que “este edificio fue muy esperado por toda la comunidad educativa” y remarcó que las mejoras “impactan positivamente tanto en niñas y niños como en quienes trabajan diariamente en la institución”.

Por su parte, Patricia Ledesma Demartini, directora de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Consejito N° 6 de Paraná, subrayó que “garantizar una educación pública y de calidad requiere de decisiones políticas basadas en la escucha oportuna y a tiempo de las instituciones educativas”, y destacó que en el Nivel Inicial “brindar espacios acordes es fundamental para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, como así también para dignificar la labor docente”.

Finalmente, la directora de la escuela secundaria N° 3 Mariano Moreno, de Villa Libertador San Martín, expresó que “esta escuela es el resultado de varios años de gestión, trabajo coordinado y compromiso. Hoy, podemos disfrutar de un espacio cómodo, lo que nos permite proyectar un crecimiento no solo de la matrícula, sino también de nuevos proyectos educativos a futuro”.

Obras finalizadas durante 2025

Nuevo Edificio Escuela Primaria N° 23 “Zamba de Vargas”, en Tres Bocas, departamento Gualeguay, ejecutada a través del Programa 37 Infraestructura y Equipamiento, con una inversión de 251.250.372 pesos.

Nuevo Edificio Escuela Primaria N° 188 “Bazán y Bustos”, en la ciudad de Paraná, también en el marco del Programa 37, con una inversión de 694.170.690,61 pesos.

Unidad Educativa de Nivel Inicial a crear en Barrio Procrear – 6SC (jardín “Consejito”) en Paraná, financiada por el Programa 46 Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes, con una inversión de 457.872.985 pesos.

Ampliación y Refacción de la Escuela Primaria N° 48 y Escuela Secundaria N° 15 “Nicolás Avellaneda”, en Victoria, ejecutada a través del Programa 37, con una inversión de 388.228.334 pesos.

Nuevo Edificio Escuela Primaria N° 74 “Barrio Chaco”, en Chajarí, departamento Federación, en el marco del Programa Vuelta al Aula – CAF (Corporación Andina de Fomento). Monto de inversión: 1.070.581.136 pesos.

Nuevo Edificio Escuela Secundaria N° 3 “Mariano Moreno”, en Villa Libertador San Martín, departamento Diamante, ejecutada a través del Programa 37, con una inversión de 719.829.695 pesos.

A estas intervenciones se suman las tres últimas obras finalizadas en este mes de diciembre y que aun no han sido inauguradas.

Nuevo Edificio Escuela Secundaria N° 75 “Del Bicentenario”, en la ciudad de Paraná, ejecutada mediante el Programa Vuelta al Aula – CAF, con una inversión de 1.710.258.356 pesos.

Unidad Educativa de Nivel Inicial a crear en Colonia Crespo – 6SC, en Crespo, departamento Paraná, financiada por el Programa 46, con una inversión de 826.085.961 pesos.

Unidad Educativa de Nivel Inicial a crear en Federación – 6SA, en la ciudad de Federación, departamento Federación, también en el marco del Programa 46, con una inversión de 838.896.358 pesos.

La Rosca |Reestructuración de gabinete|

“Nuestra prioridad es la eficiencia, por ello realicé algunas modificaciones en las funciones de algunas áreas municipales”, publicó Arévalo en sus redes sociales.

En este sentido, indicó que “estos ajustes buscan consolidar un equipo cohesionado y de buen rendimiento para afrontar los desafíos que se vienen”.

“Es por ello que a partir de enero el profesor Elbio Vargas volverá a ser el encargado del Área de Cultura y Turismo, Daiana Cena estará a cargo de Prensa, Analía Marticorena estará a cargo la Secretaria Privada de la intendencia y el profesor Martín Gamarra, actual Coordinador de Secretarías, cubrirá el cargo de administrador provisorio del Corralón Municipal, entre otros movimientos a realizar”, precisó.

“Agradezco la labor de quienes concluyen su etapa y  también a quienes compartirán nuestro compromiso inquebrantable con mejorar cada día los servicios que damos a los vecinos”.

La Rosca |Cese de contratos|

“Rechazamos el desguace del Registro Único de la Verdad y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, que significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia”, sostiene el comunicado.

“La decisión respecto al Registro no puede ser presentada como una cuestión administrativa”, cuestionaron y argumentaron: “Se trata de un área del Estado provincial que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, un espacio que resguarda la memoria, la verdad y parte esencial de nuestra identidad colectiva”.

En ese marco, advirtieron que lo ocurrido forma parte de una política más amplia de retroceso del Estado en áreas sensibles. “Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, y que implica el abandono de políticas sensibles que protegen a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano”.

“No se trata de contratos que finalizan, sino de despidos y vaciamiento. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial”, señalaron.

En otro tramo del documento, expresaron su solidaridad “con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos”.

El comunicado apuntó directamente a la gestión del gobernador Frigerio: “Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador Frigerio, existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo”.

En ese sentido, manifestaron que el PJ “adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir de manera inmediata una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de nuestra provincia”.

“Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos”, finalizó el documento.

La Rosca |Educación Superior|

“Estimados Rectores: En este cierre de año, les hago llegar un cordial saludo y mis mejores deseos para el próximo año. Asimismo, informo que a partir del primero de enero del 2026 dejaré de desempeñarme como Director”, señaló.

“Por cualquier consulta o comunicación institucional, les solicito dirigirse al correo oficial correspondiente del Nivel o al teléfono fijo de la oficina”, mencionó luego.

De momento no hay reemplazo, y la función de la Dirección de Educación Superior será absorbida por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE, según confiaron fuentes oficiales.

El funcionario se había malquistado con los rectores de los institutos de enseñanza superior cuando el 2 de diciembre pasado mantuvo una charla vía “meet” -acompañado por los vocales del CGE Elsa Chapuis y Santiago Laumann- en la que delineó un plan de ajuste y de cierre de carreras y ofertas educativas. La mala nueva fue recibida con rechazo y se generó un movimiento de oposición en toda la provincia.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se declaró en alerta por el “desmantelamiento en educación superior”.

El gremio advirtió “que estas políticas apuntan al desarme de la formación docente pública en nuestra provincia y que forman parte de una política educativa más amplia que pone en riesgo el acceso de toda la población a la educación pública de calidad en todos los niveles educativos. Las lógicas de la eficiencia del ´gasto´ en la ´oferta´ educativa y los supuestos ´superávits y déficits´ del Nivel Superior imponen la mercantilización y privatización a lo que es un derecho humano básico, excluyendo de las posibilidades de una vida más digna a miles de entrerrianos y entrerrianas.

Demandamos a la Dirección de Educación Superior que abra el diálogo honesto y transparente, sin datos sesgados y decisiones arbitrarias, con los cuerpos colegiados del CGE, así como hacia a los Institutos de Formación Docente, legítimos actores con el conocimiento situado de lo que ocurre en cada departamento. Instamos a que se abandone el autoritarismo y arbitrariedad demostrados en las acciones de la Dirección de Educación Superior”.

Medrano proviene de Agmer. Fue secretario general de la seccional Nogoyá y supo militar en la Agrupación Rojo y Negro, de la que se distanció en 2021 luego de haber sido cuestionado por su participación en una marcha que promocionó Cambiemos, y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las medidas de aislamiento por la pandemia.

La piedra del escándalo fue la adhesión de Agmer Nogoyá a la denominada “Caravana por la República”, en octubre de 2020, en el momento más cerrado del aislamiento. Enterados de la adhesión de Nogoyá, la conducción provincial de la Rojo y Negro -que hasta entonces mantenía 5 de las 17 seccionales de Agmer: Federación, Nogoyá, Paraná, Tala y Villaguay- emitió un duro comunicado y reprochó la decisión del titular de Agmer Nogoyá, Eugenio Medrano, de sumarse a la “Caravana por la República”.

En 2021, y todavía siendo secretario general de Agmer Nogoyá, el nombre de Medrano volvió a mezclarse con el escándalo, reproduce El Entre Ríos.

Ese año Medrano presentó una nota a la Municipalidad de Nogoyá en la que pidió autorización para la organización de lo que denominó “Megafiesta de los 80, 90, 2000”, en el predio de Campo Verde, con la actuación central del grupo Los Príncipes. La nota la firmó como secretario general de Agmer, y con el sello del sindicato. Cuando el caso se hizo público, el dirigente docente hizo circular un comunicado en el que anunció la suspensión de ese espectáculo, por las inclemencias climáticas.

Cuando el caso se supo públicamente, el dirigente buscó minimizar el papelón. En declaraciones periodísticas al programa La última palabra, que conduce Gustavo Berchelli, por FM La Voz, de Nogoyá, Medrano trató de explicar la situación. “En realidad, tengo que aclarar. Fue un error mío, como secretario general. En la vorágine del día a día, del hacer, yo firmé y no leí el escrito, donde decía Agmer. O sea, se entendió como que era Agmer era el que organizaba y no es así, por lo cual, yo, ni bien me entero de esto, llevo un escrito para dejar aclarado que no es así, que Agmer no tiene nada que ver, que fue un error involuntario, y ya fue presentado a las autoridades. Ya se subsanó la situación”.

Fuente: El Entre Ríos

 

La Rosca |Recetas electrónicas|

Durante el último año, el Ministerio de Salud provincial trabajó en la mejora del sistema Salud Digital Entre Ríos (Sader) para extender el uso de la receta electrónica. Desde la perspectiva del usuario, el procedimiento no presenta cambios respecto al formato en papel.

Aseguran que, sin embargo, para el sistema de salud implica mayor transparencia, control, trazabilidad de medicamentos y eficiencia en la gestión de compras, aspectos clave ante requerimientos de organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El director de Innovación y Desarrollo en Salud, Javier Segovia, destacó que todos los efectores públicos ya pueden emitir recetas electrónicas a través de Sader y que se avanzó en la integración para que los medicamentos recetados desde el sistema público puedan ser retirados en farmacias privadas, aplicando los descuentos correspondientes según la cobertura del paciente.

La implementación no modifica el trabajo habitual de profesionales, farmacias ni pacientes, aunque requirió desarrollos informáticos para integrar distintos sistemas y contemplar las particularidades de cada obra social (ya que presentan diferentes listados de medicamentos, distintos porcentajes de descuentos, o puede ocurrir que trabajen con una cartilla cerrada de médicos). Además, el sistema prevé la emisión de recetas para personas sin cobertura, que representan cerca del 90 % de las prescripciones del sector público.

Puesta en práctica desde OSER

Asimismo, desde la Obra Social de Entre Ríos (OSER) se explicó cómo será la implementación de la receta electrónica, aclarando que será de carácter obligatorio para todos los medicamentos a los que OSER brinda cobertura. Los mismos se dividen en dos grupos:

1) Sin autorización: medicamentos dentro del plan ambulatorio de OSER. Para estos, el médico confecciona la receta electrónica y le entrega al afiliado el número de receta. En farmacia se retira la medicación presentando el DNI + el número de receta.

2) Con autorización: Medicamentos dentro del plan crónicos y oncológicos y patologías especiales.

A- Para medicamentos en el plan crónicos: El médico confecciona 6 recetas (una por cada mes de validez del plan) y completa el formulario de OSER GP-777.

En sede el afiliado tiene que presentar: números de receta + formulario y estudios complementarios. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

B- Para medicamentos en el plan oncológicos y patologías especiales: el médico confeccionará la receta y completará el formulario correspondiente.En cada sede de OSER el afiliado deberá presentar: el número de receta + formulario y estudios complementarios. Una vez que esté autorizado, se le notificará a través del mail. Finalmente, en farmacia se retira la medicación presentando DNI + el número de receta.

Desde la obra social también se hizo énfasis en los siguientes puntos:

• Todas las recetas en papel expedidas hasta el 31/12/25 mantendrán vigencia.

• Todos los medicamentos crónicos, oncológicos y especiales ya aprobados mantienen su vigencia con las recetas y formularios que ya posea el afiliado.

• El médico prescriptor debe ser prestador de OSER.

• Este procedimiento no involucra el uso de la aplicación MI.OSER

La Rosca |Cese de contratados|

Por Decreto Nº 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso se estableció la renovación de varios contratos temporarios con el Estado provincial. El decreto excluye a unos 100 trabajadores.

La Rosca |Pedido de informes|

“La iniciativa surge a partir de tres episodios protagonizados por camiones que habrían excedido la altura máxima permitida para circular por el túnel, situación que quedó registrada por usuarios y fue difundida por medios periodísticos. En dos de los casos, los vehículos rozaron la parte superior del túnel generando chispas visibles, mientras que en el tercero un camión quedó directamente atascado, provocando importantes demoras y riesgos para la seguridad vial“, indicaron los legisladores.

Según el reglamento de tránsito del complejo, la altura máxima permitida para los vehículos es de 4,27 metros, incluyendo carga, toldos o cualquier dispositivo que modifique sus dimensiones. Los senadores advirtieron que “el roce de los camiones con la losa del túnel no solo podría haber ocasionado daños materiales, sino que también implicó un riesgo potencial de incendio”.

A través del pedido de informes, se solicita al Ejecutivo que detalle cuáles son los mecanismos de control y verificación de altura antes del ingreso al túnel, cuáles eran las dimensiones de los camiones involucrados, las causas que permitieron que estos hechos ocurrieran, si se registraron daños en la estructura y qué acciones se están llevando adelante para concientizar e informar a los transportistas sobre esta problemática.

La Rosca |Cierre de la Andis|

“Desde ASDRA expresamos nuestro rechazo por el anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Si bien el Estado puede reorganizar sus estructuras, estas decisiones deben comunicarse con mayor claridad, transparencia y acorde a la legislación nacional e internacional actual en materia de discapacidad”, expresan en un comunicado.

 

“El modo en que se dio a conocer esta medida —a un día de finalizar el año— generó conmoción e incertidumbre. Nos preocupa especialmente que la discapacidad quede reducida a una única área del Estado. Las personas con discapacidad necesitan políticas integrales que contemplen educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud, en línea con el modelo social y de derechos humanos asumido por Argentina al adherir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2008.

 

En este sentido, resulta especialmente grave retroceder hacia un enfoque médico de la discapacidad, del que costó décadas salir. Volver a concebir la discapacidad únicamente desde la salud desconoce a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la plena inclusión.

 

En este sentido, quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal implica un retroceso en este enfoque, que luego se traduce en políticas concretas o en su ausencia. Por eso, desde ASDRA manifestamos el malestar de la comunidad y reiteramos la necesidad de políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en derechos.

 

Esta medida, además, surge en el contexto de un mensaje público que instala confusión y sospecha, al asociar la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. Es importante aclarar que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos. La confusión con las pensiones, que solo percibe un porcentaje mínimo de quienes tienen CUD, estigmatiza injustamente a personas con discapacidad y familias”.

La Rosca |Recorte al financiamiento de las escuelas técnicas|

El recorte al presupuesto que sancionó el Senado de la Nación pegó de lleno en la educación, y en especial en las escuelas técnicas, que ya no tendrán el fondo específico que veinte años atrás les permitió tener un crecimiento sostenido.

Con la nueva “ley de leyes”, tal como se la suele llamar, las escuelas técnicas se quedan sin el fondo específico que tenían para fomentar este tipo de enseñanzas estratégicas para el desarrollo del país.

¿El recorte es constitucional?

La conducción nacional de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) se encuentra en estado de alerta permanente. Tras una reunión virtual de secretarios generales de todo el país, Andrés Besel, referente del gremio en Entre Ríos, brindó detalles sobre el complejo escenario que atraviesa la educación técnico-profesional ante las decisiones económicas que impulsó la gestión de Milei y que fueron avaladas por el Congreso de la Nación.

Besel confirmó que el cuerpo legal del gremio está evaluando hacer presentaciones ante la Justicia. “Los abogados están analizando la situación para que se dé marcha atrás con el desfinanciamiento. Debemos ver si es constitucional, teniendo en cuenta que se ven afectados los derechos de los estudiantes”, explicó.

El impacto no es menor: según las cifras que proporcionó Besel, la matrícula de escuelas técnicas supera los 1,4 millones de alumnos. Al sumar la formación profesional y los institutos superiores, la cantidad de personas afectadas asciende a 1,9 millones, lo que representa un universo importante que hoy ve en riesgo su continuidad pedagógica.

Uno de los puntos más preocupantes que señaló Besel es el posible retroceso en la inclusión educativa. Recordó que antes de la Ley de Educación Técnico Profesional (2005), la matrícula era de 800 mil estudiantes, cifra que hoy se ha duplicado.

Impacto concreto

El temor del gremio es que la falta de fondos para insumos cotidianos, maquinaria y elementos de seguridad provoque un retroceso que lleve a los niveles de los años 90. “Cuando las escuelas no tienen el equipamiento adecuado, aquellas familias que no tienen recursos para adquirir herramientas se alejan de las aulas y eso profundiza la desigualdad”, advirtió el dirigente.

En este sentido, detalló que el desfinanciamiento impactará directamente en la provisión de insumos de uso cotidiano en los talleres, de equipamiento, herramientas, maquinaria y de elementos de seguridad obligatorios.

Para el dirigente, el recorte de fondos contradice el discurso oficial de crecimiento económico. “Atenta contra la industria, pero también contra el campo, que en teoría es parte del proyecto de país que el Gobierno impulsa. Es una contradicción importante desfinanciar la formación de quienes se desenvolverán en estos rubros”, sentenció.

Llama a “una protesta contundente”

Dada la época del año, el referente de AMET reconoció que el receso de verano dificulta medidas de acción directa tradicionales, por lo que instó a una lucha articulada. “No alcanza con que AMET se manifieste” e instó a generar una protesta contundente que incluya a madres, padres y alumnos, la comunidad educativa toda”.

Cabe destacar que en Ente Ríos hay 115 escuelas técnicas, de las cuales 75 son técnicas, hay 33 agrotécnicas y además están los centros de formación profesional.

Fuente: APF Digital.

 

La Rosca |Comportamiento de la demanda energética|

Este martes 30 de diciembre se registró una potencia máxima operada de 925 megavatios (MW) a las 13.56, el valor más alto en lo que va del verano. No obstante, desde la compañía estatal señalan que esta marca se encuentra aún lejos del pico máximo histórico alcanzado el pasado 5 de marzo, cuando la demanda llegó a los 1.034 MW, sin que se produjeran inconvenientes en el sistema.

En ese sentido, desde Enersa destacan que la red eléctrica cuenta con antecedentes recientes que respaldan su capacidad de respuesta ante este tipo de escenarios, “como resultado de la planificación, el mantenimiento y las inversiones sostenidas que se vienen desarrollando de forma articulada entre el gobierno de Entre Ríos, Enersa y las 18 cooperativas eléctricas que operan en la provincia”.

Estos incrementos en el consumo suelen registrarse durante jornadas de calor extremo, especialmente en horas de la siesta, por lo que la empresa realiza un seguimiento continuo del sistema eléctrico a nivel provincial.

Uso responsable de la energía

Enersa recuerda la importancia de promover un uso responsable de la energía eléctrica, particularmente en horas de la siesta. Se recomienda utilizar el aire acondicionado a una temperatura de 24 grados, evitar el uso simultáneo de varios equipos de alto consumo en el hogar y apagarlos una vez alcanzado un ambiente confortable, entre otros consejos que la compañía brinda año tras año. Adoptar hábitos de consumo eficientes contribuye a disminuir la demanda y a cuidar la energía.

La Rosca | Comunicado de Apyme|

APYME destaca el “lamentable artículo 30” que  eliminó el piso del 6% del PIB para el financiamiento educativo, el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el mínimo de asignaciones para Educación Técnico Profesional y para el Fondo Nacional de la Defensa.

La entidad observa que al celebrar estos “logros” el Presidente Milei advirtió a la población que se “ajuste los cinturones”, ratificando el sentido real de las medidas, que traerán una mayor caída de la actividad y de los ingresos en el mercado interno en el marco de una política de importaciones descontroladas que está destruyendo la industria, las Pymes y el empleo.

De modo complementario, se garantizan mayores exenciones a las multinacionales extractivistas, la renta financiera, las grandes fortunas y el control de la fuga de capitales, procurando asegurar la cancelación de 12.000 millones de dólares de deuda durante 2026. La sanción del nuevo blanqueo agudizará el perfil de un país ya no sólo pauperizado, primarizado y rentístico, sino además destinado a constituirse en un paraíso de capitales delictivos mientras que se persigue a las Pymes.

APYME advierte que estas leyes son coherentes con la pretensión de avanzar con una reforma laboral regresiva -presentada como “modernización”- que será un boomerang para el conjunto de las Pymes por medio de una mayor destrucción del mercado interno, fuente de la actividad del 99,9 % de las empresas.

La entidad asegura que continuará trabajando en 2026 con propuestas y acciones para frenar el impacto de estas iniciativas, evitar la profundización de un modelo que sólo augura mayores avances contra la supervivencia de las empresas y sus trabajadores, y a debatir las bases de un proyecto alternativo de reconstrucción productiva nacional con inclusión social.

El comunicado está firmado por Julián Moreno (Presidente) y Juan José Sisca (Secretario).

La Rosca |Críticas a caída de contratos|

“Hay que preguntarnos qué país y que provincia queremos construir”, señaló la Asamblea y se solidarizó con “las y los trabajadores del Estado provincial que este fin de año reciben el cínico regalo de quedarse sin su fuente laboral, mientras los dineros de las arcas provinciales se invierten en congresos de meditación, aportes a fundaciones disfrazados de capacitación y modernización y nuevas contrataciones más cercanas a la ideología de este gobierno. No son ñoquis, son trabajadoras y trabajadores que garantizan derechos en todo el territorio provincial”.

El documento completo:

“Achicar el Estado es agrandar la Nación”, así definió, en una frase, el plan de reformas económicas neoliberales José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Hoy, con esa misma premisa, el gobierno provincial que encabeza Rogelio Frigerio, en consonancia con los recortes que viene realizando el presidente Javier Milei, continúa desguazando áreas del Estado.

 

La caída de contratos de más de un centenar de personas en el Estado provincial en este diciembre no es azarosa. Busca destruir políticas públicas en áreas claves que este gobierno dice tener como prioritarias, como son la educación y la salud, y disciplinar a las y los trabajadores estatales que vienen realizando asambleas en sus espacios de trabajo para defender sus derechos. Se añade a esto las personas que trabajaban en programas nacionales atendiendo a los sectores mas desprotegidos de nuestra sociedad y desde hace dos años vienen siendo recortados por la motosierra nacional.

 

Áreas y programas que se dedican a políticas públicas para la prevención de adicciones, del suicido, la violencia de género y hacia las niñeces y adolescencias o la atención de las personas adultas mayores o con discapacidad, son despojadas de su recurso más valioso: personas formadas durante años para atender y planificar acciones en estos temas tan preocupantes. A eso se le anexa la destrucción de un área que reconstruye la memoria de la última dictadura en nuestra provincia para llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad.

 

Como bien dice el dicho popular “el hilo siempre se corta por lo mas delgado”. Al aumento de problemáticas en estas áreas, debido al contexto de empobrecimiento, se le agrega ahora que ya no habrá dónde recurrir, porque el Estado se retira. Si sos niña o niño abusado, mujer o diversidad golpeada o maltratada, viejo o vieja sin plata para los remedios, si tenés alguna discapacidad o problemas de salud mental o adicciones; sos desechable.

 

¿Dónde están los trabajos del sector privado que promete Frigerio? ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon en comparación con la cantidad de despidos que se vienen dando? ¿Cuántas nuevas empresas abrieron sus puertas en la provincia en comparación con las que tuvieron que bajar la persiana como en las peores épocas de nuestro país? ¿El sector privado se encargará de nuestras niñeces, adolescencias, vejeces, personas con discapacidad?

 

Mientras se le bajan los impuestos al sector industrial y agropecuario con la promesa de la creación de nuevos puestos de trabajo, las y los trabajadores precarizados, las y los pobres seguimos pagando los mismos impuestos. Anexado a esto los salarios están congelados para quienes tienen trabajo y quienes sobreviven día a día vendiendo lo que sea o trabajando de sol a sol para llegar a tener un plato de comida en la mesa, lo hacen en condiciones inhumanas.

 

¿Quién comprará lo que se produzca en Entre Ríos si no hay trabajadores y trabajadoras? ¿Se venderá en otros países que si protegen su producción nacional limitando las importaciones? ¿Podrán competir nuestras empresas entrerrianas y el sector comercial con los productos importados que están ingresando gracias al “libre mercado”? ¿Esta es la provincia que queremos? ¿No será que provincias pobres y endeudadas permiten el sometimiento necesario para destruir nuestra Nación?

 

¿Queremos seguir trabajando o la jubilación no alcanza? ¿Queremos tener más plata o tenemos cuatro trabajos para llegar a finde mes? ¿Elegimos tener un emprendimiento o no tenemos otra opción? ¿Queremos trabajo sin vacaciones, ni licencias, ni derechos con la promesa de la “libertad” de trabajar cuándo y cuánto queramos?

 

Hay que preguntarnos qué país y que provincia queremos construir. Nosotras y nosotres sabemos que no es el mismo y la misma que quieren Milei y Frigerio, que utilizan las mismas recetas de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordamos que Frigerio formó parte de dos de estos gobiernos como funcionario, al igual que muchos y muchas de los que hoy ocupan cargos en la función pública y nos hablan de la “casta”.

 

Nos solidarizamos y abrazamos a las y los trabajadores del Estado provincial que este fin de año reciben el cínico regalo de quedarse sin su fuente laboral, mientras los dineros de las arcas provinciales se invierten en congresos de meditación, aportes a fundaciones disfrazados de capacitación y modernización y nuevas contrataciones más cercanas a la ideología de este gobierno. No son ñoquis, son trabajadoras y trabajadores que garantizan derechos en todo el territorio provincial.

 

La precarización tiene que ser desmantelada con la gente adentro.

 

No sobran personas, falta un Estado que garantice derechos.

 

No sobran trabajadoras y trabajadores, faltan decisiones políticas para atender a las personas más vulnerables.

 

No son caídas de contratos, son despidos de trabajadores y trabajadoras en condiciones de precariedad.

(APF)

La Rosca |Tratamiento en la Legislatura de proceso contra Medina|

“Hablar de un ‘tratamiento exprés’ como lo afirmó Cresto es, lisa y llanamente, falso. El proceso de juicio político tiene plazos claramente establecidos por la ley y hoy estamos actuando estrictamente dentro de ese marco legal. El plazo de 30 días se cumple el próximo lunes 5 de enero, fecha para la cual todos los diputados y diputadas estamos debidamente convocados. No hay apuros ilegales ni atajos institucionales: hay cumplimiento de la norma”, sostuvo Romero.

 

En ese sentido, la legisladora recordó que la Dra. Medina participó de una reunión virtual con la Comisión de Juicio Político, con la anuencia de todos los bloques, donde respondió todas las preguntas que le fueron formuladas (además de presentar su defensa legal correspondiente al caso). “Todas, salvo las del bloque de Más para Entre Ríos, que eligió no hacer ninguna pregunta”, sostuvo.

 

“Resulta al menos llamativo que quienes hoy denuncian falta de debate hayan decidido no preguntar absolutamente nada cuando tuvieron la oportunidad institucional de hacerlo”, remarcó.

 

Romero fue más allá y cuestionó duramente la actitud del bloque peronista en las sesiones convocadas. “Cabe preguntarse si los argumentos que hoy se escriben y se repiten en los medios son una falacia más del manual político del peronismo o si, en realidad, fueron utilizados como excusa para no ir a trabajar, como sí lo hace cualquier ciudadano de a pie”, disparó.

 

La diputada recordó que el bloque de Más para Entre Ríos no asistió a la sesión del 23 de diciembre, pese a tratarse de una instancia institucional clave. “Fueron convocados nuevamente para el 26 de diciembre, con suficiente antelación. Sin embargo, no participaron no sólo de la Comisión de Asuntos Constitucionales antes por la mañana, sino tampoco de la sesión convocada para las 14 horas y recién bajaron al recinto en la convocatoria posterior de las 16 hs, cuando ya el daño institucional estaba hecho. Pretender ahora presentarse como víctimas de una maniobra del oficialismo es, cuanto menos, una falta de respeto a la verdad”, afirmó.

 

“Resulta llamativo -y preocupante- que dirigentes con tanto recorrido político recurran a chicanas intrascendentes y a argumentos manifiestamente falaces no solo para intentar confundir a la ciudadanía, sino también para justificar su ausencia en el recinto y eludir su responsabilidad como representantes del pueblo entrerriano”, agregó Romero.

 

Finalmente, la legisladora subrayó que “la seriedad institucional exige respeto por los procedimientos, presencia en el recinto y honestidad intelectual”. Y concluyó: “El juicio político no puede ser rehén de especulaciones políticas ni de relatos construidos para tapar ausencias. Menos declaraciones grandilocuentes y más compromiso con el trabajo legislativo que la sociedad espera y merece”.

La Rosca |Polémica tras no renovación de 100 contratos|

Empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron a Casa de Gobierno, donde realizaron una asamblea en el marco de un reclamo por la falta de convocatoria a paritarias salariales y la no renovación de contratos laborales que vencen el 31 de diciembre.

La medida fue resuelta en un plenario de delegados, luego de que numerosos trabajadores y trabajadoras fueran notificados de que no continuarán en sus puestos a partir del próximo año. Según denunció el gremio, la situación afecta a más de 100 personas con entre seis y catorce años de antigüedad en el Estado provincial.

Uno de los motivos de la protesta es falta de convocatoria a paritarias salariales. “Hace ocho meses que no tenemos actualización salarial. Llegamos a febrero con un congelamiento del salario y una pérdida del poder adquisitivo de más del 31%”, afirmó ante Canal Once el secretario gremial de ATE, Oscar Muntes. En ese sentido, advirtió que, sin una recomposición salarial, los estatales entrerrianos “seguiremos perdiendo poder adquisitivo”.

Muntes también expresó preocupación por la falta de continuidad laboral de un centenar de empleados públicos. “Nos encontramos con una poda de prácticamente 100 trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, muchos de ellos sostén de familia”, señaló. Según indicó, se trata de empleados que cumplieron sus funciones de manera regular y sin objeciones. “Ningún trabajador tiene problemas de comportamiento ni de cumplimiento”, remarcó.

Falta de explicaciones oficiales

El dirigente gremial sostuvo que no hubo explicaciones claras sobre los criterios utilizados para definir las no renovaciones de contratos laborales. “Fuimos organismo por organismo y nadie sabe por qué no se renuevan los contratos laborales. Los directores habían pedido la renovación del 100% porque son trabajadores necesarios”, aseguró.

En ese marco, Muntes comparó la situación con otras medidas de ajuste. “Así como pasó con el recorte de horas extras, ahora pasa con los contratos. Es una situación que ya vivimos en otros gobiernos y que pensábamos que no iba a repetirse”, expresó.

Asimismo, cuestionó que las decisiones se tomen a fin de año. “No es la primera vez que los trabajadores del Estado atravesamos despidos o no renovaciones en diciembre, cuando se afectan proyectos de vida completos”, afirmó.

ATE ratificó la continuidad del plan de lucha. “Terminamos el año de esta forma, pero dejamos en claro que en 2026 los trabajadores del Estado nos vamos a movilizar mucho más, defendiendo nuestra fuente laboral, nuestro salario y el Estado”, aseguró Muntes.

Por los pasillos de Casa de Gobierno

Luego de que finalizó la asamblea, los manifestantes iniciaron una recorrida por los pasillos al ritmo de palmas, sirenas y el cántico de “unidad de los trabajadores”. Además colocaron pegatinas que tenían las imágenes del gobernador, Rogelio Frigerio, y de diversos funcionarios que debajo contenían la leyenda de “ajustador”.

Acompañados por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), la columna se dirigió primero al despacho del secretario de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, donde permanecieron “atrincherados” durante cinco minutos, colocando carteles en las inmediaciones de la oficina.

Posteriormente, la movilización continuó hacia el despacho del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Allí, el secretario general de ATE confirmó que el gremio iniciará de inmediato una estrategia legal. Aseguró que mantendrán una reunión con el cuerpo de abogados de la entidad para formalizar las presentaciones y recursos de amparo que permitan la reincorporación de los afectados. “El plan de lucha continuará hasta que reincorporen a todos los trabajadores”, sentenció el dirigente.

La jornada terminó con una fuerte carga política. Mientras los manifestantes se retiraban de los pasillos de la Casa de Gobierno, entonaron una consigna directa contra la gestión provincial: “Ni un despido, ni uno más, es a Frigerio a quien tenemos que bajar”, cantaban los trabajadores, ratificando que la próxima semana realizarán una movilización masiva para frenar los ceses previstos para el 31 de diciembre.

La Rosca |Costos en la factura eléctrica|

“Para que se entienda, los vecinos y vecinas de la ciudad cuando pagan la boleta de la luz, ven dos ítems: uno que es la Tasa de Alumbrado Público, que ya la redujimos cuando votamos la Tributaria hace algunas semanas. Y la Contribución Municipal que, producto de un trabajo coordinado entre provincia y más de 60 municipios, se consensuó reducirla del 8 al 6 por ciento”, explicó el presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres.

Y agregó: “El sujeto obligado a pagar esta contribución municipal es la empresa que provee la energía, en este caso Enersa. Pero, incluso así, trabajando con provincia, con la empresa y los municipios se logró este acuerdo que va a hacer que se alivie un poco la carga de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad cuando vayan a pagar la boleta de la luz”.

“También quiero destacar que esta disminución es posible gracias a que venimos trabajando en lo que es el programa Paraná 100% LED, que permite que ahorremos en energía, pero también tenemos la previsibilidad que este año se termine la construcción del Parque Fotovoltaico, posibilitando que Paraná genere energía, que se estima que lo que vamos a producir es lo que consume prácticamente la ciudad en alumbrado público”, señaló.

Respecto a lo que fue el año en materia legislativa, Cáceres resaltó que “a pesar del contexto complejo, en términos económicos, sociales y políticos, el Concejo Deliberante de Paraná ha sido un ejemplo de convivencia ciudadana y política”.

“Quiero agradecerles a los vecinos, porque gracias a la confianza de ellos, que pagan sus tasas, podemos llevar adelante esta gestión con fondos municipales solamente, y con un presupuesto austero, pero también responsable y eficiente, que nos permite seguir prestando servicios de calidad y planificar obras estratégicas para la ciudad”, valoró.

La Rosca |Radicalismo entrerriano |

La política argentina atraviesa un momento de redefiniciones. La pérdida de identidad de los partidos tradicionales, la desconexión con las demandas reales de la ciudadanía y la lógica de acuerdos electorales sin contenido han generado una profunda crisis de representación.

En medio de esta fragmentación partidaria, sectores del radicalismo en Entre Ríos se organizan para “recuperar esa vocación, reconectar con la ciudadanía y proyectar una alternativa ética y federal”, detallan. En este marco la UCR Activa adhirió al espacio nacional Radicalismo Auténtico (RA) y reafirmó su compromiso con la militancia territorial.

“El radicalismo tiene que volver a ser una herramienta de transformación, no un sello vacío ni una estructura para acuerdos sin contenido”, afirmó a El Argentino Rubén Carrozzo, referente de la UCR Activa de Gualeguaychú. Su mensaje no es solo partidario, sino territorial: apunta a recuperar la confianza ciudadana, fortalecer los vínculos barriales y revalorizar la militancia como experiencia colectiva. “El radicalismo siempre fue humanista y socialdemócrata”, expresó el dirigente.

“Con esta adhesión, UCR Activa busca ampliar su base de sustentación con otros grupos de radicales que existen en Entre Ríos, con los cuales estuvimos juntos en los Congresos partidarios y en las elecciones internas”, explicó. A su vez, se refirió a los actuales dirigentes en esta coyuntura: “La UCR Oficial entrerriana se encuentra paralizada. Sus principales dirigentes ocupan cargos en el gobierno provincial y es nula la actividad partidaria. Por eso UCR Activa y Radicalismo Auténtico se diferencian de la estructura partidaria por su libertad de acción y opinión, lejos de los oficialismos provincial y nacional”.

Carrozzo profundizó la postura y afirmó: “De hecho la actual dirigencia priorizó lo electoral, adhirió a ideas neoliberales, contrarias a nuestra doctrina y en ese marco de retroceso ideológico fue perdiendo identidad en la sociedad, a tal punto que hoy a nivel nacional, ya fueron tres elecciones sin candidato a presidente y con una ínfima representación legislativa”.

Radicalismo Auténtico se presenta como una corriente nacional que busca recuperar los valores históricos del histórico partido: “Lo auténtico no es lo nostálgico, es lo que se construye con coherencia y con presencia”, declaró Rubén Carrozzo. “No queremos volver al pasado, queremos recuperar lo mejor de nuestra historia para proyectar futuro”.

La adhesión de la UCR Activa a RA implica una apuesta por la renovación interna, sin rupturas ni personalismos. “No estamos en contra de nadie, estamos a favor de reconstruir la vocación transformadora del radicalismo”, afirmó el referente gualeguaychuense.

La incorporación de la UCR Activa de Entre Ríos a RA se da en un contexto de reorganización nacional del espacio. RA busca consolidar una red de dirigentes, militantes y referentes que compartan una visión ética, democrática y federal del país. “No queremos verticalismo ni personalismos. Queremos construir desde la horizontalidad, con respeto por las realidades locales y con una mirada estratégica nacional”, afirmó Carrozzo.

La Rosca | Desembolso del gobierno nacional|

El diputado nacional peronista, Guillermo Michel, salió al cruce de la información difundida este lunes del otorgamiento por parte del gobierno nacional de un anticipo financiero de $220.000 mil millones a la Provincia para afrontar dificultades financieras. “Como no tienen gestión, toman deuda”, expresó.

A través de una publicación en sus redes sociales, Michel se refirió al Decreto 922/2025 del gobierno nacional publicado en el Boletín Oficial: “Una muestra más de la falta de previsibilidad del gobierno provincial y de que los problemas los van solucionando de la manera más fácil: más deuda de corto plazo”.

Para el legislador nacional, el otorgamiento de un anticipo financiero por parte del gobierno nacional a la provincia de Entre Ríos de hasta $220.000 mil millones, “deja en evidencia que como no tienen gestión, toman deuda”.

Michel también criticó meses atrás la iniciativa del gobierno provincial de disponer de “facultades para emitir hasta USD 500 millones sin establecer objetivos claros, sin reglas de responsabilidad fiscal, sin control legislativo, y con el permiso para contratar bancos, asesores y realizar operaciones en moneda local o extranjera sin ninguna limitación ni exigencia de beneficio real para la provincia”.

Por otro lado, el diputado viene advirtiendo sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas que establece la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. “Entre Ríos va a perder 81.000 millones de pesos”, afirmó.

La Rosca | Inseguridad en Santa Elena|

Y agregó: “Por eso pedimos que se termine con la ‘puerta giratoria’. No puede ser que la Policía haga su trabajo, detenga a quienes delinquen, los remita al sistema judicial, y que luego queden liberados rápidamente aun cuando reinciden. Entran y salen del sistema sin consecuencias, y eso alimenta una sensación de impunidad que en Santa Elena ya es insoportable”.

Además, aclaró: “Los fiscales son quienes conducen la investigación penal y quienes deben impulsar las medidas procesales necesarias. Son ellos los que tienen que imputar, pedir detenciones cuando corresponda, solicitar prisiones preventivas o medidas de coerción alternativas, y sostener las causas hasta lograr condenas. Si esas decisiones no se toman, o se toman tarde, el mensaje para la comunidad es que acá no pasa nada”.

Por último, se refirió a las gestiones realizadas y al reclamo concreto: “Vamos a seguir insistiendo ante el Gobierno provincial —responsable de la Policía— para que envíe más efectivos, más patrulleros y más recursos a Santa Elena. Pero también le pedimos públicamente al Ministerio Público Fiscal que actúe con seriedad y eficacia: que no mire para otro lado, que no trate a Santa Elena como si fuera una zona liberada, que haga seguimiento real de las causas, que impute, que pida las medidas que corresponden y que no deje libres, sin control, a quienes la Policía sorprende robando o reincidiendo. La gente necesita respuestas y necesita ver consecuencias”.

La Rosca |Presupuesto 2026|

El Senado de la Nación aprobó el Presupuesto 2026, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei.

El Presupuesto llegó con media sanción de Diputados y necesitaba la mitad más uno de los votos para ser respaldado en la Cámara alta. Precisaba, luego, la aprobación de todos los capítulos para convertirse en ley.

La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO y otros bloques aliados. El kirchnerismo y la izquierda, en cambio, rechazaron la sanción del Presupuesto 2026.

En Diputados, la oposición había conseguido bajar el cuestionado capítulo 11, que preveía la derogación de las leyes de financiamiento educativo universitario y la emergencia en discapacidad.

Sin embargo, el oficialismo también logró la aprobación de ese punto, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

Así votaron el Presupuesto 2026 los senadores entrerrianos

Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch (LLA) votaron a favor. En tanto, Adán Bahl (UxP) votó en contra del proyecto.

Benegas Lynch publicó en sus redes sociales tras la aprobación del proyecto. “Habemus Presupuesto 2026. Un paso más hacia una Argentina que achica el gasto estatal -por naturaleza ineficiente-, bajando impuestos para seguir sacándole el pie de encima al sector privado, manteniendo el superávit fiscal, cuidando el bolsillo de los argentinos. Esto permitirá seguir bajando la inflación y la deuda contraída por todos los gobiernos anteriores, principalmente los kirchneristas. Seguimos ayudando desde nuestra banca en el Senado a transformar la Argentina, para hacerla grande, libre y próspera para todos. Viva La Libertad! Viva Argentina! Viva Entre Ríos!”

Por su parte, Bahl se expresó en redes sociales. “El Presupuesto 2026 impone un ajuste brutal a las provincias. Recorta recursos, frena la inversión y profundiza desigualdades. También avanza sobre la educación pública, afectando a las escuelas técnicas y agrotécnicas, fundamentales para el trabajo y el desarrollo productivo. El presupuesto define prioridades. Este ajuste compromete el futuro”.

La Rosca | Contratos temporarios|

“Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas”, indicaron que “resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa”, que responde a “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.

“En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”, expresaron.

Renovación de contratos temporarios en Entre Ríos: los detalles

“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado”, precisaron.

En ese sentido, indicaron que se trató de “un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados”. “La evaluación no fue automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de criterios claros, objetivos y previamente establecidos”, afirmaron.

¿Cuáles son los criterios?

-Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas.

-Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado.

-Compromiso con las funciones y con el servicio público.

-Asistencia regular y niveles de ausentismo.

-Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos.

“En este sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos”, concluyeron.

 

La Rosca | Acusaciones contra Susana Medina|

Laner explicó que, en los procesos de juicio político, la mayoría política no reemplaza las normas vigentes, ya que el reglamento exige quórum para emitir dictámenes válidos.

 

“Aunque tengamos mayoría, sin quórum no hay dictamen. Y el quórum se logra con presencia. El PJ decidió no estar y por eso el juicio político no avanzó”, sostuvo.

 

Precisó además que en la Comisión de Juicio Político el quórum se alcanza con la presencia de la mayoría de sus integrantes, y que la ausencia del bloque justicialista impidió sesionar válidamente y elevar el expediente al recinto.

 

“No existe la posibilidad de dictaminar solos. En un tema de esta gravedad institucional, el dictamen requiere quórum. El día que había que resolver, el PJ no fue”, remarcó.

 

La diputada cuestionó la postura del bloque justicialista, que reclamó públicamente más tiempo de debate mientras no asistía a las instancias formales donde ese debate debía darse.

 

“Hablan de evitar tratamientos exprés, pero no participan ni de la comisión ni de la sesión. El debate se da en los ámbitos institucionales, no desde la ausencia”, afirmó.

Laner destacó que los bloques oficialistas y aliados cumplieron todas las etapas del proceso, analizando pruebas y escuchando los descargos correspondientes.

Aclaró que no integra la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, pero señaló que los diputados que no forman parte de ese cuerpo recibieron información permanente y detallada sobre cada paso del procedimiento.

Finalmente, Laner fue categórica al asignar responsabilidades: “Si hoy no hubo juicio político, no es por una decisión del oficialismo. Es porque el PJ se ausentó. Sin quórum no hay dictamen, y sin dictamen no hay tratamiento en el recinto”.

La diputada recordó que el juicio político está expresamente regulado en la Constitución de Entre Ríos, en los artículos 138 a 154, y que el artículo 143 establece un plazo perentorio de 30 días para que la comisión concluya su labor.

La Rosca | Denuncias contra Susana Medina|

Este viernes se realizó una nueva reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones y Poderes y Reglamentos a  la que asistieron los Bloques de Diputados de Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, Fe y Libertad y Partido Conservador Popular sin la presencia del PJ para analizar dos  de las tres denuncias contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina

La Rosca | Cesantía de cien trabajadores|

“El gobierno del porteño Frigerio, en ejercicio de la crueldad mileísta más obscena, contribuye a la canasta de fin de año de una centena de familias entrerrianas con notificaciones de cesantía laboral que no tienen otra finalidad que la de disciplinar al conjunto de los trabajadores estatales bajo el terror que supone arrojar a la calle a cien empleados públicos provinciales”, afirmaron desde el peronismo paranaense en un comunicado que lleva la firma de su presidente, Jorge Vázquez.

“Argumentos absolutamente falaces basados en presuntos parámetros de ‘eficiencia’ o ‘desempeño laboral’, siempre al alcance de gobiernos que vienen a perseguir trabajadores, ya se trate de la dictadura militar o de liberales como Moine o Montiel, vienen a encubrir el verdadero motivo de la disfuncionalidad estatal bajo una verdadera casta de porteños a cargo de áreas centrales de la función pública con semana laboral de martes a jueves sin el menor dominio competente de las responsabilidades a cargo y bajo un escandaloso dispendio de sueldos, como los que tomaron por asalto el Iosper para dejar sin cobertura de salud a miles de familias entrerrianas”.

“Durante su cesanteador descanso europeo, el Gobernador Frigerio debería meditar sobre la suerte corrida por políticas antilaborales como las de Moine o Montiel que terminaron pidiendo la escupidera ante la resistencia de los trabajadores. Del mismo modo cierta dirigencia sindical que de la mano del ministro de gobierno levanta cuadros del compañero José Ignacio Rucci y a la vez lo traiciona mirando al costado cuando el mismo ministro Troncoso es el que firma la cesantía de cien trabajadores”, señalaron apuntando contra UPCN.

“Los peronistas que enfrentamos la persecución laboral de Moine y Montiel vamos a enfrentar la motosierra al derecho al trabajo de Frigerio y convocamos al conjunto de los trabajadores y comunidad entrerriana a solidarizarse con las familias de los compañeros que van a pasar fin de año sin trabajo ni sustento para llevar alimento a sus mesas”, manifestaron.

La Rosca | Protocolo de actuación en Anafilaxia|

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia, llamado ‘Matías Colaprete’, impulsa la instauración de un protocolo de actuación frente a reacciones alérgicas graves, destinado “a la prevención, identificación temprana, atención de urgencia, seguimiento y registro de casos de anafilaxia y de toda otra situación crítica que implique riesgo de vida o alteración grave a la salud y que requiera intervención inmediata”.

 

La Cámara de Diputados había otorgado media sanción el 16 de diciembre. La familia destacó que se trata de una norma pionera a nivel provincial y nacional, con potencial de replicarse en otras jurisdicciones. “La lucha no termina con la sanción; el compromiso es seguir avanzando”, afirmaron al respecto.

 

Cabe destacar que durante la sesión estuvieron presentes el ministro de Salud, Dr. Daniel Blanzaco, y familiares de Matías Colaprete.

 

Por su parte, la autora del proyecto, la senadora Gladys Domínguez (PJ) manifestó: “Esta iniciativa busca cuidar la vida, transformar el dolor en una respuesta concreta con precisión organización y responsabilidad. No se trata de sancionar porque si, sino de construir un sistema que funcione para cuando más se lo necesite”.

 

“Conozco a su familia, su compromiso el dolor que están pasando, no hay mejor manera de honrar su historia que buscar evitar tragedias, que ninguna familia vuelva a sufrir pérdidas evitables”.

La Rosca | Cálculo tarifario eléctrico|

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) dictó la Resolución Nº 236/25, que fue publicada en el Boletín Oficial Nº28.234, mediante la cual aprueba el texto ordenado del procedimiento para la determinación del cuadro tarifario en la provincia.

La medida responde a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto N° 3578 GOB, que introduce cambios significativos en la estructura de costos de las distribuidoras y en la facturación a los usuarios finales.

Integración de costos municipales

Uno de los cambios centrales de la resolución establece que la contribución que las distribuidoras abonan a los municipios pasará a formar parte del Valor Agregado de Distribución (VAD). Según el texto oficial, se instruye al ente a realizar la “incorporación a la parte correspondiente del Valor Agregado de Distribución, de la Contribución Única que deben abonar las Distribuidoras a los Municipios y Comunas”.

De acuerdo a la modificación del artículo 24º de los contratos de concesión citada en la norma, la alícuota en sustitución de tributos municipales será del seis por ciento (6%). La resolución aclara que, bajo este nuevo esquema, dicho concepto “no debiendo incluirse más ésta Contribución en forma discriminada en las facturas, por cualquier circunstancia, inclusive los intereses por mora”.

Límites a la Tasa de Alumbrado

Respecto a la tasa de alumbrado público que los municipios perciben a través de la boleta de luz, la normativa ratifica que las concesionarias (Enersa y cooperativas) actuarán como agentes de percepción, pero bajo un nuevo tope. El texto señala que se ajustará “el límite de la alícuota a un trece por ciento (13%) con vigencia para todas las facturaciones que emitan las concesionarias a partir del 1° de enero de 2026”.

Asimismo, se confirmó que “se mantiene la excepción de la expresada percepción (…) para los usuarios calificados como industriales”, manteniendo la línea de normativas previas.

Implementación y vigencia

La resolución, firmada por el Interventor del EPRE, Dr. Marcos Rodríguez Allende, dispone en su Artículo 1° modificar y aprobar el “Anexo IV ‘Procedimiento para la Determinación el Cuadro Tarifario’ del contrato de concesión de la empresa Energía de Entre Ríos S.A -ENERSA-” y de las restantes Distribuidoras Cooperativas, detalla APF.

Finalmente, la norma deroga a partir del 1° de enero de 2026 la Resolución EPRE N° 159/97, que anteriormente regulaba la base de cálculo de estos recargos, a fin de dar cumplimiento al nuevo ordenamiento tarifario instruido por el Gobierno Provincial.

La Rosca | Pedido de informes |

Un pedido de informes ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos ante la creciente inquietud de la comunidad educativa del Nivel Superior por la ausencia de información clara y oficial sobre posibles cambios proyectados para el sistema formador a partir de 2027. La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, y acompañada por los legisladores peronistas Yary Demian Seyler y Lorena Arrozagaray.

El requerimiento está dirigido al Consejo General de Educación, la Dirección de Educación Superior o el organismo que corresponda, con el objetivo de precisar si existen modificaciones en estudio y cuáles serían sus alcances. En los fundamentos, los autores señalaron que la presentación responde a la preocupación manifestada por docentes, estudiantes y directivos ante versiones sobre reformas que no fueron comunicadas de manera oficial.

Los legisladores destacaron el carácter estratégico del Nivel Superior en la formación docente y técnica de miles de entrerrianos, al considerarlo un pilar central para garantizar la calidad del sistema educativo en todos sus niveles. En ese marco, subrayaron la necesidad de contar con datos actualizados y precisos sobre la cantidad de institutos, docentes, horas cátedra, procesos de titularización y condiciones institucionales vigentes.

El pedido de informes también remarca que cualquier modificación sustancial en la estructura, orientación o propuestas académicas del Nivel Superior debe sustentarse en fundamentos pedagógicos sólidos y surgir de un proceso participativo, transparente y federal, que involucre a todas las instituciones del sistema.

Además, se advierte que la incertidumbre respecto del futuro de las carreras y de la continuidad laboral de numerosos docentes genera una preocupación legítima, por lo que el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de los organismos responsables resultan esenciales.

El requerimiento legislativo se organiza en tres ejes. El primero solicita datos precisos sobre la cantidad total de docentes en los institutos de gestión estatal, cuántos poseen cargos titularizados y el número de horas cátedra activas y efectivamente titularizadas.

El segundo punto apunta a conocer los fundamentos pedagógicos y académicos de la eventual revisión del sistema prevista para 2027, la propuesta concreta que se proyecta implementar y las instancias de comunicación o participación institucional que se hayan realizado.

Por último, se pide información sobre la trayectoria académica, formación profesional y experiencia específica en el Nivel Superior de los funcionarios que integran actualmente la Dirección de Educación Superior.

La Rosca | Baja de contratos |

Advierten que “la no renovación de contratos dejaría a cientos de familias sin su única fuente de ingresos, generando un grave daño social”.

“Las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste ni cargar con la responsabilidad de formas de contratación precarias que el propio Estado sostiene desde hace años”, enfatizaron desde ATE.

En este marco, exigieron “la prórroga de los contratos y la regularización laboral, una demanda histórica de nuestro sindicato frente a todas las gestiones de gobierno”.

“ATE se mantiene a disposición para el diálogo y reclama una reunión urgente para abordar esta situación sensible”, afirmaron y ratificaron la defensa “del trabajo digno, la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores del Estado”.

La Rosca | Cámara de Diputados |

El comunicado del bloque, expresa:

“En cuanto al tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, no estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión  del mismo. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la Comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando. Vale señalar que hasta las 10 de este martes aún no se habían recibido todos los informes solicitados por la Comisión y que el dictamen aún estaba circulando entre los legisladores.

En lo que refiere al tratamiento de las modificaciones de la Ley Impositiva y del Código Fiscal debemos señalar que una modificación a la estructura impositiva que puede perjudicar o beneficiar a diferentes sectores de la sociedad entrerriana, no puede tratarse en solo 24 horas, ya que resulta un plazo insuficiente y resultaría poco responsable de nuestra parte validar esta metodología.

Del mismo modo, en cuanto al tratamiento de la prórroga de  la ley que declaró la emergencia en  obras públicas, consideramos que otorgar un nuevo plazo de vigencia de esa norma sería convalidar que el 75% de la gestión  del gobernador  Rogelio  Frigerio transcurra bajo la modalidad de emergencia lo que denota una falta de capacidad para la gestión del área. No hay antecedentes desde 1983  a la fecha de un gobierno haya estado tres años consecutivos en emergencia.

Finalmente, respecto de la ley de creación de nuevas comunas, consideramos que se trata de un paso importante en la institucionalización de las comunidades rurales que no puede ser tratado con el apresuramiento que el oficialismo pretende.  Por el contrario, creemos que debe darse en el marco de un proceso participativo que claramente no tuvo lugar.

Durante la semana se dejó  de lado la modalidad de trabajo con seriedad, profesionalismo y capacidad de escucha que habíamos conseguido en la Cámara, y en temas que son de real importancia.  Por esta razón entendemos que no podemos convalidar esta modalidad de funcionamiento que no se corresponde con la responsabilidad que tenemos como legisladores

Entendemos que estas circunstancias nos impiden realizar el trabajo que debemos llevar adelante en cumplimiento del mandato de los entrerrianos que en las elecciones de 2023 ubicaron a nuestro espacio como el principal bloque opositor. Dadas la composición de la Cámara, la única alternativa de que disponemos para expresar nuestra opinión de manera efectiva es no concurriendo a esta convocatoria”.

La Rosca | Polémica por llamado a licitación para la Hidrovía |

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, por la resolución 67, convocó a licitación de la vía navegable troncal del río Paraná. “Ha rechazado, negado, no prestado atención alguna a todas las observaciones, críticas constructivas, análisis hechos por las organizaciones que de una u otra manera han participado, han realizado presentaciones judiciales con argumentos sustanciales que demuelen el procedimiento del gobierno que es totalmente ilegal e inconstitucional”, dijo a AIM Jorge Daneri, miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (Aaaa) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (Caje).

Detalló además que “hay dos ejemplos muy concretos de esto que afirmamos y denunciamos. La inexistencia de la máxima autoridad ambiental de la Nación: no hay un solo papel en décadas del ex Ministerio de Ambiente de la Nación de intervención con todos los estudios que debería hacer y no ha hecho, con todas las investigaciones que tendría que coordinar y no ha coordinado ni ha convocado. La gravedad de la inexistencia de la jefatura de gabinete que ordena la Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático; la inexistencia de las provincias de una manera sistemática y activa desde sus áreas ambientales para estudiar y decir todo lo que hay que estudiar y decir; la destrucción del órgano de control constituido recién en un megaproyecto de artificialización del río Paraná Medio y del Paraná Inferior en el tramo argentino, que es del que estamos hablando”.

El órgano de control fue creado hace seis años, “y apenas asumió este gobierno lo extinguió, lo desarticuló; asumiendo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación atribuciones de juez y parte, de juez y evaluador, de impulsor de un proyecto de mayores profundizaciones en el río de una manera absolutamente desregulada, descontrolada, sin participación seria, ciudadana, sin amplias convocatorias al debate abierto, sistemático, para poder construir colectivamente, no solo con las provincias que, insisto, son actores inexistentes, en esta farsa se está llevando adelante la profunda y alevosa privatización del río Paraná en la Argentina”.

“Esta gran farsa privatizadora -detalló Daneri-, se está llevando adelante sin participación de las autoridades ambientales provinciales, del Conicet, del Instituto Nacional del Agua, de un órgano de control, de las provincias como lo establece el artículo 42 de la Constitución nacional, sin participación de las comunidades indígenas, de los municipios claves como son el caso de la Municipalidad de Victoria y todos los municipios del Delta argentino, sin intervención del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas), del Programa de Desarrollo Sustentable del Delta, habiendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice, por las consecuencias y las causas de los incendios, producto de la desertificación del Delta por las grandes sequías, por el cambio climático, por la profundización artificial del río contante sin seguimiento ambiental independiente; es decir, ignorando una reciente sentencia de la propia Corte que dice que en todo este tipo de intervenciones, en esta, la más fuerte en términos de artificialización del Delta argentino, se ignora, se burla de lo expuesto por la propia Justicia y se va para adelante”.

 

Remarcó que “esto es realmente una degradación de las funciones básicas del Estado nacional y de las provincias, es una degradación que profundiza la pérdida de credibilidad en el gobierno nacional, en la falta de valor, de carácter, de presencia, de autoridad de los gobiernos provinciales frente a semejante ejercicio autoritario del poder central”.

La Rosca | Contratos temporarios  |

Según informó la organización, la norma autoriza la renovación de “algunos contratos temporarios de trabajadores que figuran en un listado adjunto”, lo que habría generado incertidumbre entre empleados de distintas reparticiones del Estado provincial que no figuran en ese anexo o que no recibieron notificación oficial sobre su continuidad laboral.

Desde la Multisectorial señalaron que, tras conocerse el decreto, “trabajadores de todo el Estado provincial y de diversas reparticiones se están comunicando para intentar dar con la dimensión de la cantidad de personas que no tienen información sobre la renovación de sus contratos”. En ese marco, cuestionaron la falta de definiciones por parte del Ejecutivo, al afirmar que existe un “mutismo por parte del gobierno”, lo que -según el comunicado- “aporta al dolor, a la incertidumbre” y genera “la imposibilidad de pensar en otra cosa que no sea un futuro oscuro e incierto”.

El pronunciamiento también vincula la situación con las políticas públicas de derechos humanos. A tres meses de la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Multisectorial sostuvo que el gobierno provincial “decide terminar de destruir las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y denunció el despido de trabajadores del Registro Único de la Verdad y los Derechos Humanos.

Finalmente, la organización reclamó una respuesta inmediata por parte del gobernador Rogelio Frigerio y de sus funcionarios, exigiendo “la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras” afectados por la medida.

La Rosca | Proyecto de ley del Ejecutivo  |

El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, presidió el martes pasado la segunda Sesión Especial del día en la que se otorgó media sanción al proyecto que extiende de la Ley Nº 11.138 y 11.177, de emergencia para obras públicas y viales. El expediente había recibido dictamen favorable en reunión de comisión de Obras Públicas y Planeamiento, desarrollada el martes durante la mañana.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo -contenido en el Expediente Nº 28.925-, se fundamenta en “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”. Asimismo, la fundamentación de la norma asegura que sin la continuidad del régimen de emergencia se incurriría en “un riesgo para el interés público, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.

A su término, la Cámara otorgó media sanción a expedientes analizados en comisión de Legislación General referidos a declaraciones de utilidad pública y sujeciones a expropiación, remitidos por el Poder Ejecutivo. El primer proyecto de estas características atiende el ordenamiento legal requerido para la ejecución de la obra denominada ‘Pavimentación de Calzada Ruta Provincial A08 Acceso a Villa Paranacito’.

Como presidente de la comisión que emitió los dictámenes, el diputado López argumentó a favor de la iniciativa ante la Cámara. Al respecto, aseguró que estas leyes permitirán “optimizar las condiciones de transitabilidad de personas, bienes y servicios esenciales”. En el mismo sentido, el diputado desarrolló los argumentos respecto de los dos expedientes que se trataron a continuación. El primero, Expediente Nº 28799, refiere a un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra titulada ‘Puente sobre Arroyo El Sauce, en departamento Gualeguaychú’.

El segundo proyecto de ley, en tanto, Expediente Nº 28.800, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra ‘Puente sobre Arroyo El Desmochado’, en departamento Tala. En estos dos últimos expedientes, los diputados en comisión habían dispuesto un artículo que modifica el texto original por el que se faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a “determinar en cada inmueble si existe la necesidad de expropiación total o parcial del bien y, en caso de que bastara la expropiación parcial, a determinar que porción se expropiará”.

La Rosca | Funcionamiento de OSER |

Además, “se redujo un 90% las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, se digitalizaron las solicitudes de prácticas ambulatorias, El 87% de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones. Se logró un ahorro de $1.250 millones en gastos políticos”, se informó.

“La Obra Social de Entre Ríos avanza, desde diciembre de 2024, en un proceso sostenido de ordenamiento, normalización y mejora en la calidad de las prestaciones. Dicho trabajo se centra en las necesidades reales de sus afiliados, garantizando mayor cobertura, accesibilidad y previsibilidad”, se destacó desde la OSER.

Uno de los progresos más significativos se observa en el nivel de prestaciones, producto del esfuerzo puesto en la normalización y el acuerdo de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes por parte del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper)”, se resaltó.

“Dentro de este proceso se destaca el área bioquímica. Durante 2025 se incrementó un 60 por ciento la cantidad de prácticas de laboratorio, fruto de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la mejora de los aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados. Este cambio revirtió una situación histórica en la que, durante 2024, una parte sustancial de las prácticas debía ser abonada en forma particular y luego tramitada por reintegro, mecanismo que solo alcanzaba a algunos afiliados”.

“En el ámbito quirúrgico, se aumentaron un 30 por ciento las prácticas, a la vez que se regularizaron todas las cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, el total de las cirugías de urgencia se autoriza diariamente y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada para su realización. Este proceso de normalización recuperó previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones”, se manifestó luego.

“Otro dato relevante es la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, resultado de la regularización de convenios vencidos o inexistentes. Esta política simplificó los trámites administrativos a la vez que redujo costos indirectos y tiempos de espera para los afiliados”, se agregó.

“Asimismo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicación de alto costo, implementando esquemas de autorización semestrales que evitan la necesidad de gestiones mensuales presenciales en las sedes, mejorando la continuidad de los tratamientos y la experiencia del afiliado.

“En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando un salto cualitativo en eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión. En este marco, se destaca la puesta en marcha de la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitirá que los afiliados accedan de manera directa y sin intervención de la obra social a su medicación si es ambulatoria”.

“Finalmente, en cuanto al manejo de los recursos, la desvinculación de decenas de personas que no prestaban contraprestación alguna a la obra social, junto con el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper, permitió volcar mayores recursos directamente a las prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, y para el próximo año se proyecta que este indicador alcance el 90 por ciento del total”, se destacó.

La Rosca | Alcances de la Ley de Mecenazgo Deportivo |

La normativa establece un régimen de promoción que permitirá canalizar aportes privados hacia proyectos deportivos, clubes, instituciones y deportistas, con beneficios fiscales para quienes acompañen iniciativas registradas y evaluadas por el Estado provincial.

Desde la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, se señaló que la ley incorpora una nueva vía de financiamiento para el sistema deportivo provincial, con criterios de transparencia, control y alcance territorial.

Al referirse a la sanción de la norma, Colello expresó: “Se trata de un cambio de paradigma, donde el desarrollo del deporte se construye con el Estado, el sector privado y la sociedad civil trabajando de manera conjunta, con objetivos claros y posibles”. En tal sentido, agregó que se incorpora “una garantía solidaria para que los clubes con mayor estructura acompañen a los más chicos y el crecimiento sea equilibrado en toda la provincia”.

En ese marco, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que la norma “representa un paso fundamental para una política deportiva que entiende al deporte como una inversión social y amplía las posibilidades de acompañamiento a clubes, instituciones y deportistas”.

La Ley de Mecenazgo Deportivo se integra al conjunto de programas y acciones que la provincia desarrolla para acompañar a las organizaciones deportivas y facilitar el acceso a recursos destinados a la práctica, la formación y el desarrollo deportivo.

La Rosca |Planteo de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel |

La Sala Penal del máximo tribunal denegó un recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador. El juicio comenzará en abril. La Corte paraguaya aún tiene que resolver un planteo sobre su extradición a la Argentina.

La Sala Penal consideró que el reclamo que llevaron los abogados de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, no reunía los requisitos mínimos. Los letrados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaron que la Corte revea una decisión que había sido tomada en primera instancia y confirmado por otro tribunal.

El razonamiento de los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fue que se estaba intentando una “apelación de la apelación”. Y razonaron que se trataba de una vía procesal inexistente, informó el sitio local El Observador de Paraguay.

En ese sentido, los integrantes de la Sala concluyeron que el recurso no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales.

Kueider y Guinsel enfrentan una acusación por contrabando en grado de tentativa. El caso se abrió luego de que en la madrugada del 4 de diciembre del 2024 ambos intentaran ingresar a Paraguay USD 200 mil sin declarar. Desde ese momento permanecen con detención domiciliaria.

Los abogados Arévalo y Bogado intentaron que se anule la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitaron que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos acusados.

Además, requirieron que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Los registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.

El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada luego por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.

En sintonía, la Corte expuso que darle la razón al planteo de los abogados del exsenador y su secretaria hubiera implicado habilitar un uso abusivo de recursos. Esto, agregaron, está en contra de los principios de economía procesal y buena fe. Además, traería aparejado el riesgo de paralizar de forma indefinida el avance de los procesos penales.

El cargo de contrabando en grado de tentativa tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, a partir de los 2 años de condena las sanciones son de cumplimiento efectivo.

Con su decisión, la Sala Penal de la Corte paraguaya dejó firme la convocatoria a juicio. Las audiencias estaban previstas para octubre pasado. Pero fueron postergadas primero a noviembre y luego al lunes 20 de abril del 2026.

El exsenador también llevó a la Corte del vecino país un reclamo formal sobre el mecanismo por el cual se tramita su extradición a la Argentina. El pedido lo formuló la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La causa federal surgió como derivación de otro expediente denominado “Securitas”. Allí se investiga el presunto pago de coimas realizado por la empresa de seguridad privada a organismos públicos. El objetivo era quedarse con contratos de vigilancia. Uno de los entes bajo la lupa es la estatal energética entrerriana Enersa. Arroyo Salgado vinculó a Kueider por unos mensajes encontrados en un celular de un detenido en “Securitas”.

A esto sumó una denuncia presentada con base en un informe elaborado por la publicación El Disenso. Allí se describía un patrimonio que, prima facie, no se correspondería con los ingresos de Kueider. Incluía, por caso, departamentos de lujo en una torre exclusiva en Paraná. Figuraban en el patrimonio de una empresa, Betail SA, que estaba a nombre del exsenador y de personas que la Justicia considera sus testaferros.

En simultáneo, el ex legislador también comenzó a ser investigado en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito. El caso se tramita en el Juzgado de Garantías de Edwin Bastián con José Arias como fiscal.

La situación derivó en un conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema a comienzos de noviembre. El expediente pasó a la Procuración General para que emita opinión sobre cuál de los dos juzgados se quedará con la investigación.

La Rosca |Balance de año municipal |

“Terminamos un año pleno de logros”, aseguró Romero, quien instó a los funcionarios a trabajar por un Estado de gestión estratégica. “En primera instancia nos constituimos como un estado facilitador pero hoy es necesario darle una visión estratégica para poder llevar soluciones a nuestra comunidad”.

“El balance del año de la gestión es altamente positivo en el cual hemos cumplido muchas de las metas que nos planteamos. Nosotros hacemos hincapié en esta idea de tener una gestión que está con el vecino, está en el día a día y a la vez planifica, se pone metas de largo plazo, proyecta obras y prioriza obras que tengan alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en los servicios públicos”, señaló el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

“Se pasa de un Estado facilitador a un Estado que proyecta obras estratégicas. Ya lo venimos haciendo con el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable tendiendo nueva cañería para la provisión de agua potable para la zona oeste. Otra obra significativa es la continuidad de Ruta 12/Circunvalación donde destinamos muchos recursos municipales para finalizarlo en el marco de una mirada de una Paraná turístico, productiva y estratégica pensando en el futuro de la ciudad”, manifestó el funcionario.

Además, el jefe de Gabinete destacó la nueva concesión del transporte masivo de pasajeros con una nueva empresa en la ciudad que comenzó a circular desde el pasado 7 de diciembre y los planes estratégicos como el Plan de Arbolado, Plan Paraná 100% Led, el Plan de sistematización de los arroyos y las distintas iniciativas de las áreas municipales.

Por su parte, desde el bloque oficialista del Honorable Concejo Deliberante se acompañaron e impulsaron las distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo Municipal. “Desde el Concejo Deliberante acompañamos todas las políticas públicas que nuestra Intendenta ha impulsado. La mayoría de las ordenanzas se han votado por unanimidad, pero por unanimidad también de nuestro bloque que eso también demuestra un estado que articula en conjunto y que tiene sentido de pertenencia”, sostuvo la edil, Luisina Minni.

La Rosca | Denuncia contra Susana Medina  |

El trámite parlamentario quedó empantanado a partir de la decisión del bloque de Más para Entre Ríos de abstenerse de participar de la sesión especial en la que debía tratarse el dictamen de la Comisión de Juicio Político –entre otros proyectos–. Sin quórum, la Cámara de Diputados volverá a reunirse el viernes.

“No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del dictamen. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando”, advirtió la oposición.

El oficialismo fracasó en su intento por conseguir el quórum de tres cuartos de los miembros de la Cámara de Diputados para tratar el dictamen en la sesión especial convocada para este martes.

Medina enfrenta dos denuncias por mal desempeño. Esencialmente se le cuestionaba haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025; y, como consecuencia de ello, se le atribuía un atraso en la tramitación de causas. En su descargo y en la declaración ante la comisión, la magistrada negó demoras en su despacho, aseguró que los viajes fueron autorizados por el STJ y que estaban dentro del régimen que rige para los supremos.

El dictamen que pretende imponer el oficialismo sostiene que Medina no incurrió en causales de mal desempeño ni en una violación a las normas éticas que deben regir para cualquier magistrado y advierte que las denuncias en su contra constituyen un intento de promover el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional.

Además, sostiene que Medina no incurrió en causales de mal desempeño y que “reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad-honorem, viajar sola y/o acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, viajar en autos oficiales y con choferes, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”.

En su declaración ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político, la jueza admitió haber viajado al exterior en aviones privados invitada por Eduardo Eurnekian, CEO de Corporación América, de quien dijo ser amiga personal.

Se trata de tres vuelos a España y uno a Colombia, según registros migratorios; dos fueron por vacaciones (feria o compensaciones de feria), uno por motivos personales y el restante para un encuentro sobre perspectiva de género, de acuerdo con las constancias que aportó el STJ.

Sin embargo, los legisladores oficialistas consideran que no tienen facultades para “juzgar o analizar los gastos económicos realizados en un viaje privado fuera de su magistratura, sean que fuese de su peculio o abonados por terceros amigos o familiares”, si esos viajes fueron justificados y autorizados por el STJ y no violan sus reglamentos.

La Rosca | Pedido de expulsión de senadora del PJ|

La senadora provincial Gladys Domínguez respondió de ese modo al pedido que hizo el Consejo Departamental Feliciano del Partido Justicialista, que envió una nota al titular del partido, José Cáceres, y le solicitó la expulsión de la legisladora de las filas del peronismo.

El pedido de expulsión

La petición se apoyó en “los numerosos pedidos de nuestros miembros, militantes y dirigentes, quienes manifiestan profunda indignación y absoluto repudio al comportamiento político de la senadora Gladys Domínguez”.

“Su accionar representa una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”, dice la carta enviada a Cáceres.

La legisladora no ha hecho buenas migas con el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, con quien mantiene un enfrentamiento. Dominguez abrió una grieta con el bloque de la oposición en la Cámara de Senadores a mediados de 2025 cuando decidió apartarse y conformar un monobloque Peronismo Federal.

Su alejamiento le hizo perder la mayoría a la oposición en la Cámara Alta: la oposición quedó con 8 legisladores y el oficialismo de Juntos también con 8 representantes.

“Algunos hacen ruido, yo gestiono”

Domínguez respondió a los cuestionamientos. “Mientras algunos hacen ruido, yo gestiono. Salud, educación, instituciones, caminos rurales y fortalecimiento de las juntas de gobierno del departamento tienen hechos, montos y resultados claros”.

“Becas para más de 300 estudiantes, más de 40 millones para clubes y comparsas, cerca de 950 millones para caminos rurales y avances históricos en jerarquización institucional. La histórica obra del quirófano del Hospital. Todo para Feliciano, todo comprobable y a la vista”, sostuvo.

“No practico obediencia ciega”

“En la Cámara de Senadores no practico obediencia ciega. Acompaño lo que beneficia a Feliciano y marco límites cuando hace falta. La lealtad no es sumisión: es defender a la gente, incluso cuando incomoda”, señaló Domínguez.

Y apuntó: “Con la misma firmeza con la que se me cuestiona, exijo transparencia al Ejecutivo Municipal de Feliciano: Que den explicaciones, exijo que explique cuánto gasta en pauta oficial, cuánto invierte realmente en salud, educación y desarrollo social, y qué obras están efectivamente terminadas. Gobernar sin rendir cuentas no es gestión, es relato”.

“No me corrí ni un centímetro de mis ideas, ni del mandato que me dio el pueblo. Voy a seguir trabajando por Feliciano, con hechos y sin pedir permiso. El resto es palabrerío, eso se lo dejo a los que no tienen nada que mostrar”, postuló.

La Rosca | Encuentro del radicalismo en Villaguay  |

“Fue una enorme satisfacción poder encontrarnos en el Comité Departamental  de la UCR de Villaguay el viernes 19 en ese espacio que fue mucho más que una reunión partidaria donde estuvimos presente correligionarios de todos los sectores partidarios en funciones o no y de todos o casi todos los lugares de la provincia. Fue un ámbito de reflexión, de reafirmación de convicciones y, sobre todo, de compromiso colectivo”, sostuvo la diputada María Elena Romero en un comunicado.

“Nos toca atravesar un contexto complejo, desafiante, tanto a nivel provincial como nacional, y es precisamente en estos momentos cuando el radicalismo debe mostrarse unido, firme y con claridad de rumbo”, agregó.

“Sabemos que no son tiempos sencillos. Las dificultades económicas, las tensiones sociales y la desconfianza de parte de la ciudadanía hacia la política nos interpelan todos los días. Pero lejos de paralizarnos, este escenario debe fortalecernos. Porque la Unión Cívica Radical nació y creció en contextos adversos, y siempre supo estar a la altura de las circunstancias, poniendo el interés público por encima de cualquier especulación”, enfatizó.

“Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar juntos para fortalecer nuestro partido. La unidad no es una consigna vacía: es una construcción cotidiana, basada en el respeto, el debate franco y la responsabilidad compartida. Y esta tarea es aún mayor para quienes tenemos la responsabilidad institucional de estar en funciones porque sabemos que nuestras decisiones no solo nos representan a nosotros, sino a toda una historia y a miles de afiliados y correligionarios”.

 

“El radicalismo tiene valores históricos que no son una referencia del pasado, sino una guía permanente para nuestro accionar. La defensa de la Democracia, la vigencia del Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la justicia y el respeto por las instituciones forman parte de nuestro ADN político. Son esos valores los que nos distinguen y los que deben seguir orientando cada una de nuestras acciones”, sostuvo la legisladora.

 

“Desde el gobierno provincial, y también desde cada espacio institucional que ocupamos, estamos convencidos de que la política hoy más que nunca debe tener tres características esenciales. La primera es la ética pública, entendida como la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, como el respeto por las normas y por la función que nos fue confiada”.

 

“La segunda es el compromiso social y comunitario. La política no puede estar lejos de la gente, de sus problemas reales, de sus angustias y de sus esperanzas. El radicalismo siempre fue un partido profundamente territorial, cercano al vecino, comprometido con cada comunidad, y ese es un rasgo que debemos profundizar y sostener”.

 

“Y la tercera, fundamental e irrenunciable, es la honestidad. Honestidad en el manejo de los recursos públicos, honestidad intelectual, honestidad en la palabra. Valores que encarnaron con ejemplaridad las grandes figuras que nos precedieron, como Arturo Illía, símbolo de austeridad, transparencia y dignidad en el ejercicio del poder, y ejemplo permanente para todas las generaciones radicales”.

 

“Reivindicar esas figuras no es un ejercicio nostálgico, sino un acto de coherencia política. Es recordar que se puede gobernar con decencia, con sensibilidad social y con profundo respeto por las instituciones. Y es también asumir el desafío de estar a la altura de ese legado, en un tiempo que exige coraje, firmeza y convicciones claras”, dijo.

 

“Quiero destacar especialmente a quienes hoy están trabajando desde la gestión, desde los  municipios concejos deliberantes, juntas, Comunas desde la legislatura, desde cada responsabilidad institucional, por más grande o pequeña que sea. Pero también reconocer que nada de esto sería posible sin un partido vivo, organizado y participativo, que acompañe, controle y proponga”.

 

“Por eso, mi agradecimiento profundo a todas y todos aquellos que no cumplen funciones públicas, pero que son esenciales para la vida partidaria: aquellos correligionarios de a pie, los dirigentes de base, los afiliados que sostienen los comités, que participan, que discuten, que cuidan al radicalismo todos los días. Ustedes son la columna vertebral de este partido”.

 

“Sigamos caminando juntos, con unidad, con responsabilidad y con orgullo de ser radicales. Fortalezcamos nuestro partido hoy más que nunca, honrando nuestra historia y asumiendo el compromiso con el presente y el futuro de Entre Ríos y de la Argentina.  Adelante radicales!!!!

 

Hoy la Patria más que nunca necesita del esfuerzo de sus buenos hijos (parafraseando a Alem)”, finalizó Romero.

La Rosca | Polémica por disuelto Programa Procrear  |

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa Procrear ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación de activos estatales.

El predio de Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

Tras las críticas del titular del PJ entrerriano, José Cáceres, la diputada justicialista Blanca Osuna también salió con los tapones de punta contra el remate: “Mientras a miles de paranaenses no les alcanza para alquilar ni para  acceder a su casa propia, el Gobierno  hace su negocio  y remata tierras públicas para ‘ordenar activos’. Y regala los terrenos del Procrear para negocios privados”.

“En Paraná, casi 50.000 m² que fueron planificados para viviendas lo  convierten en un negocio de más de un millón de dólares”, cuestionó.

“Poder acceder a una vivienda digna no es un privilegio, y es responsabilidad del gobierno nacional y de Frigerio cuidar que esa política se concrete”, sostuvo.

“Las tierras que están afectadas a viviendas en Paraná no son un activo financiero. Son la base para concretar un derecho constitucional, consagrado en el artículo 14 bis, que el Estado tiene la obligación de garantizar”.

“Con alquileres por las nubes, salarios a la baja y sin políticas de vivienda, Milei y Frigerio  abandonan a las familias trabajadoras y entregan un negocio para pocos  a la especulación inmobiliaria”, advirtió la diputada.

Finalmente, señaló que Frigerio “sabe muy bien del tema porque siendo Ministro de Macri vendió barato terrenos del estado y recibió de vuelto un lujoso departamento en edificio inteligente del barrio de Belgrano de Buenos Aires. Por esa maniobra ilegal fue procesado y más tarde disculpado por los tránsfugas de Comodoro PRO”.

La Rosca | A cuatro años del fallecimiento de Busti |

“A cuatro años del fallecimiento de Jorge Busti, lo recordamos con respeto y gratitud. Fue tres veces gobernador, un dirigente clave en la historia de Entre Ríos y un hombre profundamente comprometido con la democracia, el desarrollo y la identidad entrerriana. Su visión, su capacidad de diálogo y su vocación por unir a las y los entrerrianos dejaron una huella imborrable. En lo personal, fue un consejero permanente y una referencia en la gestión y en la política. Su legado sigue siendo una guía para pensar el presente y construir el futuro de nuestra provincia”, afirmó Bordet.

La Rosca | Balance de gestión  |

El secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, realizó un balance del año que finaliza en el ámbito provincial y aseguró que “se dieron pasos muy concretos en una transformación digital que hace mucho tiempo no se veía en Entre Ríos”. En paralelo, evaluó los dos años de la gestión municipal en Paraná, encabezada por la intendenta Rosario Romero, y sostuvo que “es una gestión a la que le falta una agenda vinculada al sector productivo”, aunque destacó la implementación del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros.

Al repasar su gestión, Gainza destacó la implementación del expediente electrónico y afirmó que “hoy el gobernador y los ministros ya no firman más decretos ni resoluciones en papel”. En ese sentido, señaló que “en la Secretaría de Gobierno todos los expedientes ya se tramitan de manera digital”, lo que permitió reducir costos y agilizar procesos administrativos.

También resaltó el lanzamiento de la plataforma Mi Entre Ríos y la digitalización de la pauta publicitaria oficial. Según precisó, “la digitalización de impuestos va a permitir ahorrar alrededor de 4.000 millones de pesos en impresión y distribución de papel”, además de facilitar trámites para clubes de barrio y contribuyentes.

No obstante, reconoció deudas pendientes. “La conectividad en las escuelas del interior todavía es una deuda”, afirmó, y explicó que “en muchas escuelas rurales estamos avanzando con soluciones satelitales como Starlink, porque el acceso a Internet es mucho más complejo”.

Al analizar la administración municipal de Paraná, Gainza fue crítico y sostuvo que “no hay una agenda vinculada a promover las actividades económicas del municipio”. En ese marco, afirmó que “es una gestión a la que le falta una agenda vinculada al sector productivo, bajar impuestos y tratar de promover al sector privado”.

Sin embargo, relativizó la falta de obra pública al señalar que “no se le puede exigir mucha obra pública en un contexto sin muchos recursos”. Aun así, remarcó que el principal avance de la gestión fue el cambio en el sistema de colectivos. “Es una gestión que no ha tenido grandes hitos, salvo lo del colectivo, que ojalá funcione y creo que es importante”, expresó.

En relación con el transporte urbano, Gainza recordó que su propuesta como candidato a intendente era diferente a la implementada por el municipio. “Nuestra propuesta era licitar individualmente por línea, como era en el pasado, para que más empresas pudieran participar. Esa era nuestra principal diferencia con lo que se hizo”, explicó.

Pese a ello, valoró los avances alcanzados. “Celebro que se hayan dado avances vinculados a un tema que no podía seguir como estaba”, afirmó.

Sobre el estacionamiento medido, señaló que se trata de una iniciativa que su espacio político impulsó durante varios años y cuestionó los tiempos administrativos. “Se ha tardado dos años solamente para hacer una ordenanza en un tema que el Ejecutivo podría haber resuelto sin pasar por el Concejo Deliberante”, sostuvo.

Además, consideró que el sistema de recaudación “podría colaborar a bajar el costo del boleto o a mejorar la infraestructura de las garitas”, y remarcó que “en los barrios la falta de garitas sigue siendo un déficit”.

La Rosca | Pedido de expulsión del PJ  |

La petición se apoyó en “los numerosos pedidos de nuestros miembros, militantes y dirigentes, quienes manifiestan profunda indignación y absoluto repudio al comportamiento político de la senadora Gladys Domínguez”.

“Su accionar representa una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”, dice el texto de la carta enviada a Cáceres.

Grieta en el Senado

Dominguez abrió una grieta con el bloque de la oposición en la Cámara de Senadores a mediados de 2025 cuando decidió apartarse y conformar un monobloque Peronismo Federal.

Su alejamiento le hizo perder la mayoría a la oposición en la Cámara Alta: la oposición quedó con 8 legisladores y el oficialismo de Juntos también con 8 representantes.

La piedra de toque para la determinación que tomó Domínguez derivó de aquella votación en el Senado de la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), oportunidad en la que la legisladora se abstuvo.

“Garantizar la impunidad del oficialismo”

“La gravedad de sus decisiones legislativas no admite grises: la senadora Domínguez se ha convertido en el engranaje necesario para garantizar la impunidad del oficialismo. Con su apoyo incondicional, permite que el gobernador Frigerio ejecute medidas de ajuste que empobrecen a los entrerrianos. El peronismo que la llevó a su banca no promovió a una representante para ser cómplice de un modelo libertario, sino para ser una oposición firme, constructiva y leal a las demandas del pueblo”, dice la carta del PJ de Feliciano.

Y agrega: “Ha nombrado a toda su familia como asesores y ha abandonado a los trabajadores y militantes. Incluso, en Feliciano, durante las elecciones, accionó en contra de fiscales de nuestro propio partido, pidiendo su desalojo de las escuelas. Mientras la columna vertebral de nuestro movimiento padece la compleja situación en materia de salud, la senadora garantiza el perjuicio votando contra quienes debió defender”.

¿Propuso cierre de escuelas y cargos?

En la parte más dura del texto al PJ con pedido de expulsión de la senadora, observa: “No ha acompañado el reclamo de los compañeros docentes que han perdido sus trabajos o están en la mira de las políticas de ajuste del gobierno provincial. Es más, se sospecha que muchas de las iniciativas de cierre de escuelas y cargos son producto de propuestas que ella misma eleva ante el Ejecutivo provincial”.

“Se ha alineado con el oficialismo provincial, malinformando a la gente, tergiversando y pagando medios para alterar la realidad de los hechos y acciones, ocultando la falta de ayuda”, marcaron y dijeron que “ni la oposición local ni la provincial plantean relatos tan disparatados o alejados de la verdad como los impulsados por la senadora, con tal de conmover inútilmente a una población que, pese a todo ello, le dio al PJ local un fuerte espaldarazo en las últimas elecciones legislativas”.

El PJ de Feliciano abunda: “El abuso de poder conferido la ha llevado a intervenir indirectamente en la justicia (a cambio de futuras designaciones en cargos a crearse), disponiendo la persecución de quienes se le oponen políticamente. Todo esto es parte de un despliegue que nada tiene que ver con la política que pregonamos”.

Y suma que incluso “en los actos de colación de diferentes escuelas, era evidente el malestar entre los padres al ver cómo se anunciaban regalos otorgados por la senadora departamental cuando, en realidad, eran obsequios de la Vicegobernación o del Inaubepro provincial; hasta en eso se notan los `mimos` provinciales. Pocas veces se ha visto un acto de tal tacañería y descaro a la hora de homenajear a los egresados”.

Al final, plantean: “Solicitaremos formalmente que se evalúe y resuelva la expulsión partidaria de la senadora Gladys Domínguez como una medida de justicia necesaria para preservar la integridad del Partido Justicialista y devolverle al pueblo la certeza de que representar al peronismo es, ante todo, un compromiso innegociable con la justicia social y no un mero acto comercial o un uso desmedido del poder”.