La Rosca |Voto negativo a la reforma laboral|

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

 

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

 

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

 

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

 

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

La Rosca |Polémica tras apertura de sesiones|

Este miércoles, al finalizar el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura de las sesiones legislativas ordinarias, dirigentes del justicialismo y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, dieron declaraciones a la prensa.

Luego de que desde el PJ se calificara el discurso de Frigerio como “ciencia ficción”, se le consultó a Troncoso al respecto, y respondió con firmeza: “Me bancaría un debate abierto con cualquiera del PJ. Lo que no fue ficcionado es el estado de la provincia que dejaron después de 20 años de gobierno. Y a mí no me la contó nadie. Era un auto que no andaba y nos costó un montón hacerlo arrancar”.

Asimismo, agregó que las críticas no le preocupan: “Lo que tenga que decir el PJ, lo puede decir porque estamos en democracia, pero me tiene sin cuidado. Y me banco con cualquiera un debate público, abiertamente”.

La respuesta de Gabás

Al respecto, el exsecretario de Producción durante la gestión de Gustavo Bordet, Álvaro Gabás, recogió el guante y le respondió a Troncoso a través de la red social X: “Con mucho gusto acepto el debate que te bancás con cualquier peronista. Indicame la fecha, la hora y el medio de comunicación que prefieras”, sentenció el exfuncionario. (APF)

La Rosca |Polémica con Transporte San José S.A. |

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Transporte San José S.A. y declaró la incompetencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en la causa iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

La medida se originó a partir de una acción de amparo promovida por UTA, solicitando que la nueva concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Paraná incorporara al personal que se desempeñaba en la anterior empresa adjudicataria.

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná, integrada por Guillermo Leopoldo Federik; María Alejandra Abud y Emilio Luján Matorras, entendió que la acción promovida no configura un conflicto colectivo de alcance nacional, sino un conflicto pluriindividual, circunscripto al ámbito local y que la controversia se relaciona exclusivamente con la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.

Asimismo, se recordó que tanto el domicilio de las partes como el lugar de prestación de tareas se encuentran en la provincia de Entre Ríos. “La competencia en materia laboral es improrrogable, conforme la normativa provincial y nacional aplicable”.

De esta manera se resolvió que la causa debe tramitar ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4 de Paraná y que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta incompetente para intervenir en el proceso originado por la demanda planteada por el ente sindical.

La Rosca |Discurso de Frigerio ante la Legislatura |

“Por 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, la provincia fue acumulando problemas estructurales que nadie quiso abordar de fondo. Déficit crónico, deuda creciente, obra pública paralizada, un Iosper desordenado y una Caja previsional al borde del colapso”, aseveró.

“La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se evitó el default, se cumplió con vencimientos de deuda heredada, se pasó del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación y, algo fundamental, no se aumentaron impuestos por encima de la inflación”, enfatizó.

“Eso no es menor. Es un cambio de lógica. Pero ordenar no alcanza”, advirtió la legisladora.

“Elevar la vara significa que el equilibrio fiscal debe traducirse en crecimiento concreto. Y ya hay señales claras: dejamos de ser la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país y mejoramos competitividad; el RINI generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo; se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva obra pública paralizada durante años”.

“La situación económica sigue siendo difícil. El gobernador fue honesto en eso. Pero hoy estamos mejor plantados porque ejecutamos mejor el presupuesto, ahorramos donde antes se expandía el gasto político y recuperamos confianza institucional”, manifestó luego.

“Elevar la vara es no conformarse con haber estabilizado la provincia. Es exigirnos más. Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver”, expresó.

“La consolidación no es un slogan. Es una decisión política de no retroceder. Etre Ríos tiene ahora algo que durante años no tuvo: equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro. Y eso es lo que nos permite mirar la segunda mitad con ambición de desarrollo, no solo con preocupación por sobrevivir”, finalizó.

La Rosca |Reforma laboral en debate |

Finalmente la Reforma Laboral se aprobó en Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra. El proyecto volverá al Senado debido a la eliminación del artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad. Será tratado la próxima semana y si, como se descuenta, es sancionado a partir de entonces tendrá rango de ley.

Desde UCR Activa criticaron a Dario Schneider que fue uno de los legisladores que votó a favor de la reforma laboral.” Lo hizo desde la lista violeta de La Libertad Avanza armada por Rogelio Frigerio y Karina Milei, encabezada por Laumann y compartida con Benegas Lynch, respaldado por la mayoría oficialista del Congreso de la UCR de Entre Ríos”, sostuvieron en un comunicado.

El sector interno cuestionó los argumentos del legislador radical, quien justificó su voto al sostener que la reforma “baja costos” para generar empleo y reducir el trabajo no registrado. “El trabajo en negro no se termina con menos protección: se termina con control a los empleadores, sanciones efectivas y salarios que alcancen”, remarcaron.

En ese sentido, advirtieron que “bajar costos” en la Argentina “se traduce en menos derechos y menos protección social para los trabajadores”, y rechazaron que la precarización sea el camino para mejorar el empleo. “Si de verdad queremos más trabajo, mejora económica y desarrollo, el rumbo es otro: estabilidad, crédito, inversión productiva, capacitación y un control laboral serio. No más precarización”, concluyeron desde UCR Activa.

La Rosca | Tras discurso de Frigerio|

“En tiempos de dificultades económicas y de creciente presión sobre el sistema público, la ciudadanía espera menos gestos simbólicos y más definiciones de gestión. Entre la épica y la gestión cotidiana, hoy Entre Ríos necesita, sobre todo, lo segundo”, enfatizaron los senadores justicialistas.

 

“Reconocemos la importancia de plantear objetivos, pero entendemos que gobernar también implica asumir con precisión la realidad actual de Entre Ríos: restricción de recursos, obra pública paralizada y dificultades para generar empleo. Ese es el punto de partida desde el cual deben construirse soluciones”, señalaron.

 

“El trabajo es hoy el desafío central. Observamos una tensión en la que quienes sostienen la producción enfrentan mayores obstáculos, mientras no se generan condiciones suficientes para ampliar el empleo. Frente a esto, la provincia debe reclamar con firmeza los recursos que le corresponden, ya que no hay desarrollo posible sin financiamiento adecuado ni una defensa clara de los intereses provinciales”, sostuvieron.

 

“La situación económica y social requiere diagnósticos precisos, prioridades definidas y propuestas concretas. En ese sentido, llamó la atención el tono del mensaje, más cercano a una narrativa fundacional que a la realidad cotidiana que atraviesan los entrerrianos, quienes hoy demandan menos gestos simbólicos y más definiciones de gestión”, afirmaron en un comunicado.

 

“También preocupa la falta de precisiones sobre temas estructurales como el endeudamiento público y su sostenibilidad, así como el creciente traslado de responsabilidades hacia los municipios, lo que evidencia la necesidad de una planificación provincial más clara y coordinada”,

 

“Desde nuestro rol opositor, reafirmamos que el Senado ha actuado con responsabilidad institucional, acompañando herramientas de gobernabilidad cuando fueron en beneficio de la ciudadanía. Creemos que la convivencia democrática se fortalece con respeto, diálogo y reconocimiento del papel legítimo de cada fuerza política”, aseguraron.

 

“Esperamos que en adelante se expresen con mayor claridad los lineamientos y prioridades para sostener el funcionamiento de la provincia y atender a quienes más lo necesitan. La sociedad entrerriana merece previsibilidad, responsabilidad y un rumbo claro”, finalizaron.

La Rosca |Consecuencias del temporal |

Al finalizar el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, precisó que “se están evaluando en toda la provincia las consecuencias del temporal”, como la voladura de techos por los fuertes vientos, e inundaciones que llegaron a cortar rutas.

“Estamos recibiendo información. Pido tranquilidad para que podamos evaluar realmente cuáles son las consecuencias; y en la ciudad de Paraná ya una consecuencia directa con la búsqueda de integrantes de una familia. Esto ha sido informado al gobernador para que esté al tanto”, remarcó.

“Estamos articulando muy bien con Defensa Civil y con todo el territorio. Para el Ministerio de Desarrollo Humano, el dato válido lo da Defensa Civil provincial, estamos relevando y cerciorando con ellos la validez de nuestros datos”, agregó.

Finalmente, la Ministra explicó que ante “una inundación siempre el municipio debe tener previsto las instalaciones necesarias y el lugar de evacuación para empezar a trabajar antes de que suceda”; y adelantó que desde el gobierno provincial se brinda ayuda alimentaria en forma inmediata y “en algunos casos saldremos con algún subsidio más personal para alguna familia que así lo necesite; pero, sobre todo, se atendrá la necesidad de comida y de pernoctar en algún lugar especial. Se irá evaluando, porque todas las ciudades están con situaciones muy diferentes”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, precisó que desde esta mañana se dio asistencia a municipios cercanos, como Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, con la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas.

Asimismo, se está “en contacto telefónico con otros municipios pero por la lluvia no se ha concretado la entrega, así que coordinamos para las próximas horas cuando el tiempo lo permita”.

La Rosca | Paritaria estatal |

En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial hizo una oferta salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo, los gremios pidieron mejorar la propuesta y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.

La propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero de 2026, consiste en una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.

Tras finalizar el encuentro, el Director General de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman indicó que el diálogo con los representantes gremiales fue «positivo» ya que hubo «comprensión del contexto económico» en el que es llevada la paritaria.

ATE

“Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos”, manifestó el Secretario General, Oscar Muntes, de cara al encuentro de este viernes.

Luego de finalizar el primer encuentro paritario del año, el Secretario General de ATE, Oscar Muntes destacó la presentación de una propuesta por parte del Gobierno pero consideró que lo ofrecido es insuficiente y la característica de las sumas genera “inconvenientes” a la Caja de Jubilaciones y a la OSER.

“Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras para recuperar el salario”, planteó. Y, respecto a lo ofertado,  Muntes pidió que se aclare cuáles serán los montos que recibirá cada categoría.

UPCN

Al inicio de la reunión se ratificó que UPCN es, por la cantidad de afiliados, el gremio mayoritario. Además de la mejora en la propuesta, UPCN reclamó una actualización de la ayuda escolar, ante el inminente inicio de las clases.

«Vinimos con expectativas porque ayer escuchamos al gobernador que reconoció que los sueldos están bajos y que la provincia está mal, pero los servicios del Estado se brindan a través de los trabajadores», subrayó Allende.

También aseveró que «con la reforma laboral que pretende Milei es necesario buscar mantener las fuentes de trabajo» y, en ese sentido planteó: «¿Cuánto va a tardar Milei en pedirle a los gobernadores que ajusten en sus provincias?».

Tras la queja del titular de UPCN porque «siempre llaman a paritaria sobre el vencimiento de los plazos», se acordó pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.

La Rosca | La reforma previsional en el tapete |

La reforma previsional fue un punto de interés en el discurso ofrecido ante legisladores entrerrianos durante la inauguración del 147º Período de Sesiones Ordinarias desarrollada el pasado miércoles. Según el diputado provincial Bruno Sarubi, en diálogo con Radio Diputados, la gestión del gobernador Rogelio Frigerio busca una solución estructural para el déficit de la Caja de Jubilaciones sin abandonar el 82% móvil. Aunque solicitó prudencia a los sectores involucrados hasta conocer el texto definitivo de la ley, el diputado enfatizó la necesidad de alcanzar consensos amplios para proteger el sistema a largo plazo.

En materia de Infraestructura -otro de los ejes relevantes del discurso anual brindado por el primer mandatario ante la Asamblea Legislativa- el jefe de la bancada oficialista ponderó el “plan de inversión vial más importante de la historia reciente”. Sarubi remarcó que la mejora de los caminos rurales y las rutas principales resulta vital para la producción, el turismo y la seguridad ciudadana. Además, recordó que la Legislatura facilitó herramientas para que los recursos del impuesto inmobiliario rural tengan como destino específico el mantenimiento de la red vial entrerriana.

Respecto al alivio fiscal para el sector privado, el diputado destacó “la decisión de disminuir la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas”. En este sentido, explicó que esta política busca fomentar la inversión y el desarrollo productivo sin desfinanciar de forma abrupta las arcas del Estado. Mencionó la reciente ampliación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) hacia varios sectores que antes no estaban incluidos además del “compromiso oficial de bajar la presión fiscal con el sector que genera empleo”.

Finalmente, el legislador anticipó un año de debates intensos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En la misma línea, ratificó el acompañamiento del bloque a las transformaciones propuestas por el Ejecutivo y destacó la gestión del gobernador para reperfilar la deuda provincial. Y concluyó con que “el ordenamiento de las cuentas públicas permite hoy el inicio de una etapa de reestructuración profunda en beneficio de todos los entrerrianos”.

La Rosca | Juicio a ex funcionario provincial |

A las 9:10 de la mañana, en la sala de audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay, el juez Darío Crespo reanudó el debate en el Legajo N° 2367, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique S/Homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas”.

La segunda jornada del juicio oral volvió a poner en primer plano una pregunta que excede el expediente: cómo procesa una comunidad la muerte de cuatro jóvenes trabajadores cuando el imputado era un alto funcionario provincial al momento del hecho y el vehículo en el que se conducía pertenecía al Estado.

En la sala estuvieron presentes el fiscal N° 5, Eduardo Santo; el querellante particular Mario Arcusín -con la ausencia justificada de Leandro Rosatti-; el imputado Juan Enrique Ruiz Orrico; y sus defensores, Félix Pérez y Leopoldo Lambruschini. uicio

La teoría del caso bajo lupa técnica

La acusación sostiene que Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial (dominio colocado IYU 009) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre cuando, a la altura del kilómetro 123 -entre Caseros y Herrera-, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa (dominio DTD 845). En ese vehículo viajaban los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi. Los cuatro fallecieron como consecuencia directa del siniestro.

La calificación legal es homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas (arts. 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal). En la primera audiencia, el imputado admitió su responsabilidad. En esta segunda jornada, la discusión se desplazó hacia la arquitectura científica del caso: mecánica del impacto, condiciones del entorno, alcoholemia, cadena de custodia y contexto institucional.

La mecánica del choque: una violencia inusual

El primero en declarar fue el agente técnico de Policía Científica, Joaquín Martínez Jancarik, quien detalló las constataciones mecánicas realizadas sobre ambos rodados. Su testimonio funcionó como introducción a un bloque pericial que buscó reconstruir con precisión la dinámica del hecho.

La licenciada en Accidentología Vial Daniela Alejandra Aguiar, profesional de Criminalística de la Departamental Uruguay, aportó los informes técnicos periciales 54/2024, 54/2024 bis y 61/2024. Su relato fue meticuloso. Explicó que el pavimento se encontraba en buenas condiciones, que la ruta estaba delimitada en sus laterales pero carecía de demarcación central visible y que, según los vestigios materiales, el Passat se cruzó de carril e impactó frontalmente con impacto en el lado izquierdo contra el Corsa.

Un aspecto central fue la imposibilidad de determinar científicamente la velocidad del Passat. Aguiar explicó que la deformación extrema de las estructuras y la ausencia de ciertos datos técnicos impidieron un cálculo fiable. También aclaró que la posición de la aguja del velocímetro no constituye un indicador válido tras un impacto de esa magnitud, desmontando una creencia frecuente en la opinión pública.

Antes de concluir, respondió a una pregunta de la defensa y confirmó que los ocupantes del Corsa no utilizaban cinturón de seguridad. El dato, potencialmente relevante en otros contextos, fue luego relativizado por la medicina forense.

El comisario Héctor Adrián Jacquet, jefe de la División Criminalística Uruguay, corroboró las conclusiones. Con 25 años de servicio y más de una década al frente del área, afirmó que nunca había intervenido en una colisión de semejante violencia. La descripción no fue retórica: la magnitud del daño estructural en ambos vehículos resultó determinante para comprender la letalidad inmediata del siniestro.

El bloque siguiente abordó la cuestión de la extracción y análisis de sangre del imputado. El médico policial Marcos Luis Benavídez explicó que, al arribar a la escena, Ruiz Orrico ya había sido trasladado al hospital “Justo José de Urquiza”. Intentó realizar la extracción para dosaje alcohólico, pero no pudo hacerlo de inmediato debido a la atención prioritaria de las lesiones múltiples. La muestra fue finalmente obtenida por un técnico del hospital, cuando el paciente ya se encontraba en terapia intensiva, y que esa práctica se hizo bajo su supervisión.

A las 11 en punto, el juez dispuso un cuarto intermedio. Veinticinco minutos después, el debate se reanudó con el testimonio de Eduardo Martín Vienny, técnico químico del mismo hospital. Ratificó que realizó la extracción en presencia del médico policial, entregó las muestras y que estas fueron remitidas a Fiscalía bajo cadena de custodia.

La bioquímica Natalia Quevedo, del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal, declaró de manera virtual. Presentó el informe pericial N° H-041 y confirmó que analizó dos muestras: una extraída a las 8 y otra a las 11 del 20 de junio de 2024. En la primera detectó 1,10 gramos de etanol por litro de sangre; en la segunda, 0,59 g/l. La diferencia indicó que el organismo se encontraba en fase de metabolización.

El médico forense Adrián Siemens ofreció uno de los testimonios más relevantes de la jornada. Explicó la elaboración de los informes autópsicos, los estudios complementarios y la metodología utilizada para estimar la alcoholemia al momento del impacto -la llamada “hora cero”-. Basándose en literatura científica farmacológica, concluyó que Ruiz Orrico presentaba al menos 1,52 g/l al momento del siniestro.

También fue categórico respecto del cinturón de seguridad: dadas las características del impacto y las lesiones constatadas, el uso o no del dispositivo no hubiera modificado el resultado letal. La afirmación resultó crucial para neutralizar cualquier intento de desplazar el eje de responsabilidad hacia las víctimas.

El vehículo oficial y la dimensión política

El último testigo, Daniel Alejandro Galizzi, director general de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, introdujo la dimensión institucional. Confirmó que Ruiz Orrico se desempeñaba como director del Instituto Portuario de Entre Ríos y que el Passat pertenecía a la Secretaría General, aunque estaba asignado a ese organismo.

Se refirió a un decreto dictado por el gobernador Rogelio Frigerio que prohíbe el uso personal de vehículos oficiales. Admitió, sin embargo, que el cumplimiento efectivo es de imposible cumplimiento y que, en todo caso, se depende en gran medida de la responsabilidad individual de cada funcionario, ya que los automóviles no cuentan con sistemas de geolocalización como lo poseen algunas ambulancias y patrulleros. Tampoco pudo precisar si a las 4:30 de aquella madrugada el imputado se desplazaba por motivos oficiales.

Esa declaración no es un detalle administrativo. En el contexto de Entre Ríos, donde la siniestralidad vial constituye un problema estructural y la utilización de los bienes del Estado para fines personales es parte de la cultura política, el uso de un bien estatal en circunstancias que culminaron con cuatro muertes coloca el caso en el centro del debate sobre ética pública y control institucional. (APF)

 

La Rosca |Mirada sobre discurso de Frigerio ante la Asamblea Legislativa|

“Escuchamos una extensa enumeración de acciones de gobierno que en buena medida reiteró aspectos señalados en años anteriores, y que otra vez fueron presentados con un pretendido carácter fundacional. Dentro de estas cuestiones no tuvieron la relevancia esperada temas centrales para vecinas y vecinos de nuestra provincia, y que impactan en una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, menor producción, freno de la economía y menor calidad de los servicios públicos. En cuanto a la ejecución de obra pública, con suerte representa una cuarta parte de los niveles de la gestión anterior, siendo casi nula la construcción de viviendas sociales, lo que consideramos el punto más crítico de esta desinversión”, señalaron luego.

 

Además, afirmaron: “Como oposición, hemos acompañado responsablemente las herramientas que el Ejecutivo solicitó a la Legislatura para poner en marcha su plan de acción. Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes”.

 

“Esta gestión provincial llegó al gobierno con expectativas y objetivos muy altos, pero transcurrido más de la mitad del mandato no encontramos ningún aspecto, en ninguna de las áreas del gobierno provincial, que sea superador a los gobiernos anteriores. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para intentar encontrar algo en lo que el gobierno de Frigerio se destaque”, indicaron.

 

Finalmente, sostuvieron: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando desde el rol legislativo para lograr las mejores leyes, incluyendo el anunciado debate sobre la reforma previsional, donde nuestra prioridad será el resguardo de los derechos de los entrerrianos. Pero debemos señalar que mientras la gestión provincial ignore que las mayores dificultades son consecuencia de decisiones de un gobierno nacional que desconoce por completo el carácter federal del país, que destruye el entramado productivo y también las políticas sociales, no hay posibilidades de construir un futuro mejor. Es evidente que allí, en las medidas del gobierno de Milei, está la verdadera causa de los problemas que aquejan a Frigerio y a todos los entrerrianos”.

La Rosca |Ex funcionario responsable de cuatro muertes|

El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, afronta desde la mañana de este miércoles 18 el juicio en su contra en los Tribunales de Concepción del Uruguay por el delito de Homicidio culposo agravado. Orrico colisionó el 20 de junio contra el auto en que se trasladaban a trabajar a un frigorífico cuatro jóvenes, cuando regresaba de una cena en la casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

 

El ex funcionario aceptó declarar en la apertura de las audiencias y se hizo cargo por las muertes de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, los cuatro empleados del frigorífico Fadel a quienes colisionó cuando conducía alcoholizado un auto oficial por la ruta 39 en la madrugada del 20 de junio de 2024, precisó Análisis.

 

Orrico estuvo a cargo de los puertos de Entre Ríos en el gobierno provincial desde diciembre de 2023 hasta el día siguiente del siniestro fatal, cuando fue desvinculado del cargo por el gobernador Rogelio Frigerio.

 

“Quiero asumir la responsabilidad total”

 

“Del accidente del cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, dijo Orrico ante el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Además, ofreció sus disculpas, pidió perdón a todos los familiares y los nombró con nombre y apellido.

 

“Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, expresó.

 

“Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”, admitió el ex funcionario.

 

El acusado añadió: “Tratamos con mis abogados de trasladar mis condolencias y si de alguna manera tuviera la posibilidad de mitigar el daño, estaría dispuesto a hacerlo”.

 

“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver a atrás”, continuó su declaración, en la que no respondió preguntas de las partes, por consejo de sus abogados defensores, Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje. Y reconoció, una vez más: “El responsable soy yo”, insistió.

 

El debate es encabezado por el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que la querella particular es ejercida por el abogado Mario Arcusin.

El caso

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial conducido por Ruiz Orrico. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.

Ese jueves 20 de junio era festivo. Cerca de las 5, Orrico iba al mando de un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, con el cual invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa, en el que iban las cuatro personas fallecidas. Orrico había estado cenando en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

La Rosca |Proyecto de ley|

Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la diputada del bloque peronista, Laura Stratta, que propone la creación “en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano el Sistema Provincial de Información sobre Políticas Alimentarias”.

El objeto, según se sostuvo, del Sistema Provincial de Información de Políticas Alimentarias “tendrá como objeto ser el instrumento de relevamiento, sistematización, auditoría y publicación de información relativa a políticas, programas y dispositivos alimentarios que se ejecuten en el territorio provincial”.

El fundamento del proyecto consiste “en el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y suficiente, que cuenta con reconocimiento a nivel internacional y al cual adhiere la República Argentina”.

Universidades

Stratta sostuvo que “el fortalecimiento de la producción y calidad del dato requiere la participación de actores académicos con capacidades técnicas y territoriales, de modo de mejorar estándares metodológicos, definiciones operativas e indicadores así como desarrollar instancias de auditoría y evaluación periódica”.

En tal sentido añadió que “la incorporación de universidades al sistema como espacio de consulta técnica y construcción de evidencia contribuye a dotar a la política alimentaria de mayor rigor, comparabilidad y legitimidad pública”.

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También destacó que “la publicación accesible de información verificada sobre comedores y merenderos, sin exponer datos personales, cumple una función social adicional: permite ordenar y potenciar el acompañamiento comunitario, canalizar donaciones responsables y facilitar la articulación con organizaciones, empresas y actores del territorio, promoviendo transparencia, trazabilidad y evitando intermediaciones informales”.

Instrumento esencial de relevamiento

Stratta sostuvo que el Sistema debe concebirse “como un instrumento esencial para el relevamiento, sistematización, auditoría y publicación transparente de toda la información relativa a las políticas, programas y dispositivos de asistencia y seguridad alimentaria ejecutados en el territorio provincial, con el fin primordial de mejorar la planificación, el control, la evaluación de las intervenciones y fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, en consonancia con el derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y eficiente”.

Entendió su pertinencia en “la situación de familias que atraviesan altos niveles de vulnerabilidad social, que poseen trabajos precarizados o directamente son desempleados, y cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas, condiciona severamente el acceso a una alimentación adecuada”. Añadió que “estos déficits en parte de la población generan la demanda permanente y sostenida de acceso a comedores escolares y comunitarios, merenderos y espacios donde tanto el Estado como las organizaciones sociales aseguran un plato de comida”.

Pespectiva

La diputada consideró que “desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a una alimentación adecuada impone a los Estados obligaciones de respeto, protección y garantía, vinculadas tanto a la disponibilidad como a la accesibilidad de alimentos adecuados de manera sostenible, sin menoscabar el goce de otros derechos”. En estel sentido añadió que “el enfoque de derechos aporta un criterio rector: las políticas alimentarias deben orientarse a asegurar condiciones materiales y sociales que permitan a las personas alimentarse con dignidad”.

Estado garante

Asimismo entendió que “el Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”.

Stratta entendió que “las políticas alimentarias, incluyendo programas de comedores, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos, transferencias u otras modalidades, integran un campo de intervención pública complejo, donde convergen dimensiones sociales, sanitarias, educativas, productivas y territoriales. Su calidad y efectividad dependen de la coordinación entre niveles de gobierno, de la continuidad de la prestación, y de la capacidad estatal de planificar y ajustar intervenciones según evidencia”.

También consideró que “la alimentación saludable, desde una perspectiva de salud pública, es un determinante central para prevenir la malnutrición en todas sus formas y reducir riesgos de enfermedades no transmisibles. Por ello, las políticas alimentarias deben contemplar no sólo la cobertura, sino también criterios de calidad nutricional, inocuidad y adecuación cultural, fortaleciendo un enfoque integral que articule asistencia, prevención y promoción de hábitos alimentarios saludables”.

En aquella línea sostuvo que “la fragmentación de información y la dispersión de fuentes administrativas debilitan la gobernanza de las políticas alimentarias, dificultando: identificar coberturas reales y brechas territoriales; evitar superposiciones o vacíos; monitorear continuidad, frecuencia y adecuación de prestaciones; evaluar resultados; y mejorar la eficiencia del gasto público”.

La Rosca | Asamblea Legislativa |

La vicegobernadora Alicia Aluani abrió el 147 período legislativo de la provincia. La Asamblea comenzó pasadas las 11.30. Los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet izaron la Bandera nacional; en tanto que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, y la intendenta de Paraná Rosario Romero, hicieron lo propio con el pabellón de Entre Ríos.

En su alocución, Frigerio repasó medidas de equilibrio fiscal y recordó que eliminaron “gastos reservados”, redujeron contratos, terminaron con “adscripciones docentes injustificadas”, y recortaron “cargos políticos”, pusieron “fin al uso de autos oficiales” y revisaron “cada peso del Estado que se derrochaba alquilando oficinas públicas”, resolvieron “expedientes acumulados” y  “pases a planta sin concurso previo”, entre otras cuestiones. “Resolvimos un 200 por ciento más de expedientes. Recortamos adscripciones, pusimos fin a contratos basura”, enumeró.

El gobernador detalló: “creamos planta transitoria de Gabinete para no engrosar la planta permanente. Todos los funcionarios que vinieron conmigo se dedicaran a otra cosa cuando termine la gestión”, reiteró. “Logramos lo que parecía imposible en dos años. Ordenamos las cuentas públicas. Hoy la provincia tiene menos deuda. Redujimos a menos de la mitad el peso de la deuda en relación a ingresos que representaba el 45 por ciento y hoy el 19 por ciento”, aseguró. “Mejoramos calificación crediticia en los mercados. Mejoramos condiciones de deuda”, apuntó. “Somos una provincia que no toma deuda sin saber para qué, integramos la comisión de investigación de deuda pública. La deuda no es mala o buena sino que hay que saber para qué se toma”, dijo.

Jubilaciones y obra social

“Salvamos la Caja de Jubilaciones de la provincia del colapso. Cuando asumimos tenía un déficit del 42 por ciento y aumentaba un punto por año. Hoy el déficit es cerca de la mitad. Es un desbalance que se cubre con recursos de la provincia. Si seguíamos así, en pocos años la provincia no pagaría más jubilaciones ni podría sostener el 82 por ciento móvil. Pero aun haciendo las cosas bien, el sistema sigue teniendo problemas. El déficit actual es lo que pagamos todos los entrerrianos en las boletas de luz del año. Por eso enviaremos un proyecto de reforma que garantice el 82 por ciento móvil sostenible”, anunció.

Frigerio aseguró que el IOSPER era “desordenado y deficitario”. “Estaba en juego la sustentabilidad. Había un pasivo que se extendía sin control. Avanzaba a un deterioro económico y financiero. Frente a ese escenario, avanzamos en un marco institucional”, dijo.

“Intervenir era la decisión más responsable. Esta decisión generó un ahorro en cargos de conducción. Esto no se resuelve con una sola ley, requiere gestión sostenida y controles. Sabemos que las mejoras en las prestaciones todavía no se ven del todo, pero estamos destinando cada peso en lograr ese objetivo”, afirmó.

Más adelante habló de transparencia y modernización, que implementaron expedientes electrónicos, las  resoluciones ministeriales son digitales, que se concentran trámites e información en una única plataforma. De inmediato refirió a la emergencia social y mencionó las decisiones políticas. “Fortalecimos protección de derechos de niños, duplicamos alcance de asistencia. Este año vamos a aumentar el acompañamiento a emprendedores, para 2026, aumentamos presupuesto para políticas de género, incrementamos recursos para programas de personas mayores. Nos ocupamos de cuidar la primera infancia”, aseguró.

El mandatario refirió a las viviendas, dijo que ordenaron el IAPV. “Licitamos viviendas nuevas en distintos municipios. Empezamos a resolver 20 mil viviendas sin escriturar. Pusimos en marcha crédito de vivienda sobre lote propio. Había terrenos procrear que gestionamos en Nación y nos permitirán desarrollar un plan de 300 viviendas en Paraná”, anunció. “Estamos empezando a saldar una deuda de años. Pero este no es el camino, queremos cambiar el paradigma habitacional, necesitamos estado que genere herramientas de acceso al crédito hipotecario”.

Compra centralizada de medicamentos para los hospitales más grandes

En relación al sistema de salud, Frigerio contó que realizan rondas sanitarias en zonas rurales con “nueva impronta” y anunció la “primera compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales más grandes, más eficiencia de recursos, mejor logística y más control, recuperamos establecimientos sanitarios, nuevas terapias, mejoramos servicios, intervenimos 32 hospitales, reactivamos obras de  Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y traspasamos el Hospital de la Baxada a la provincia”.

Mencionó una “apuesta fuerte a la salud digital, avanzamos con historia clínica electrónica, en paralelo, avanzamos en implementación de un sistema para compartir imágenes en la nube, fortaleceremos  telemedicina”, aseguró.

“La salud mental es prioridad de gestión. Empezamos por algo básico, impulsar una campaña para que se hable del tema, decidimos conformar observatorio para prevenir suicidio, trabajamos para un registro más claro, implementamos un sistema para que hospitales notifiquen intentos de suicidio, implementamos el 135 y enrutamos la línea al 0800 que ya existía. Implementamos protocolo para abordar crisis de salud mental en vía pública”, enumeró.

Seguridad: “La fuerza de Entre Ríos es la mejor del país”

“Nos adelantamos al delito. Reforzamos controles en zonas frontera, 60 por ciento más de procedimientos, más secuestros de droga. La fuerza de seguridad de entre ríos es la mejor del país y ahora cuenta con apoyo político para cumplir tarea. Incorporamos camionetas, motos, chalecos y pistolas, se compraron armas no letales, el delito es cada vez más complejo, formación es central, carrera administrativa, actualizamos planes estudio, cárceles”, manifestó.

Educación, deporte y cultura

“Atendimos infraestructura escolar. Mejoramos más de 500 escuelas. Ordenamos el sistema educativo, sabemos quiénes son nuestros estudiantes y dónde están. Empezamos a cambiar la alfabetización de nuestro s alumnos, queremos avanzar en la enseñanza de matemáticas. Si una persona nacida en el 1900 aparecería hoy, se sorprendería de todo menos de la escuela. Actualizamos la currícula incorporando robótica, la conectividad, donde hay una escuela tiene que haber conexión. Queremos más eficiencia de recursos y más calidad pedagógica, logramos sostener poder de compra de los docentes. El compromiso es tratar de mejorar los salarios”, aseguró.

“La mejor escuela de valores es el deporte y por eso apoyamos  a las instituciones, sancionamos la ley de mecenazgo deportivo y trabajamos para la realización de grandes eventos. Llevamos a cabo la primera feria del libro en Concordia, el último FICER fue el más concurrido, abrimos más de 120 espacios culturales para la noche de los museos”, afirmó.

“Las interpretaciones no pueden ser siempre en contra del que genera empleo”

El gobernador dijo que su obsesión es que “haya trabajo en el sector privado”. “El Estado no puede ser la aspiración final de una familia. Nos debemos cambio cultural de fondo. El momento difícil que atravesamos nos exige coordinación. Que jueces y magistrados puedan actuar con independencia, mencionó fallos que afectan la economía, las pymes, las leyes laborales siguen para proteger derechos de trabajadores pero cuando se usan para simular situaciones ficticias con el fin de generar un rédito económico, el sistema deja de cumplir su función. Frente a eso no podemos mirar para otro lado. Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo, necesitamos razonabilidad”, pidió.

En la misma línea se refirió a los amparos. “El amparo puede ser una herramienta cuando se vulnera un derecho, pero cuando se lo convierte en atajo sistemático se termina perjudicando a miles. Hay ejemplos como el fallo que obligó a OSER a cubrir una silla de ruedas de 90 millones de pesos, pese a que existía una alternativa equivalente en depósito y más económica. Cuando esto es la regla y no excepción estamos ante un problema del sistema. Esl estado no puede despilfarrar recursos”.

Producción

Destinamos 100 por ciento de impuesto rural a caminos de producción. En menos de dos años pasamos de tener obra pública paralizada a reactivar obras, modernizamos reglas de juego, trabajamos en pliego único de condiciones generales en un nuevo registro de contratistas, pusimos norte claro que certificados se paguen en tiempo y forma porque durante años los intereses por demoras se disfrazaron como inversión”

Estamos avanzando en primera cartera de proyectos de la provincia. Sé que estado de rutas es una de las mayores preocupaciones. Recuperamos casi 700 kilómetros, y estamos avanzando con obras de grupo 1 en el que se encuentra Ruta Provincial 11, 16, 20, 21 y 45. El problema estructural nunca se resolvió. No queremos postergar soluciones. En el grupo 2 está la Ruta Provincial 23, las nacionales 130y 18, la Provincial 38 y la Nacional 14, la ruta a Puerto Yeruá”.

“Vamos a iniciar la compra de herramientas más grande de las últimas décadas para revertir este atraso”, anunció.

Puertos, tarifa energética e impuesto

Frigerio refirió al aeropuerto de Concordia. “Nuestra provincia cuenta con cuatro puertos públicos, trabajamos para sanear el sistema. Por primera vez participamos en la Hidrovía Paraná Paraguay, tenemos la posibilidad de extender la navegación comercial”.

Más adelante, aseguró que quiere una provincia “competitiva”. “Durante años tuvimos la energía más cara del país. En menos de dos años pasamos a la mitad del ranking nacional, sé que la factura de la tarifa sigue siendo difícil para muchas familias. Por eso vamos a sostener el reclamo de la tarifa justa para la energía de Salto Grande en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, anunció. “Queremos bajar las tasas municipales en la factura. Estamos transformando la matriz de energía y trabajamos en la energía limpia y renovable”, apuntó.

El gobernador sostuvo que llegaron para “aliviar la presión fiscal”. “Corregimos distorsiones por ejemplo en la cadena de granos, los proveedores de internet, y todos los impuestos que se actualizaron lo hicieron por debajo de la inflación. Hoy más del 90 por ciento de productores primarios tributa con alícuota cero. Avanzamos con eliminación de 100 tasas. Tomamos decisión que marca la transparencia, este año vamos a poder ver qué impuesto pagamos y cómo se conforman los precios por adherir al régimen de  transparencia fiscal”.

Dijo que impulsaron la industria a través del RINI y fortalecieron parques industriales. “Con la agencia de desarrollo vamos a salir a buscar mercados al mundo. No esperamos a que el sector productivo se acerque al Estado. Somos la provincia con mayor cantidad de créditos gestionados”, mencionó.

Agenda ambiental

En materia ambiental, el mandatario entrerriano manifestó que recuperaron envases fitosanitarios, “volvimos a marcar un hito en la naturaleza con la creación del Parque Islas”. “Todos los fines de semana largo tuvimos mucho movimiento turístico. Para nosotros el turismo es una prioridad, una política pública real. Pusimos foco en promoción con la campaña Carpincho, llevamos a Entre Ríos a millones de pantallas. Gracias al apoyo del Gobierno nacional fortalecimos el calendario de fiestas populares incorporando el Carnaval de Gualeguaychú. Hace dos años tres joyas turísticas de Concordia estaban usurpados, los recuperamos”.

Refirió al reclamo para la relocalización de la planta de combustibles HIF Global en Paysandú, frente a Colón. “No podemos enfrentarnos pero cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos”, subrayó.

Economía del conocimiento, institucionalidad

“Impulsamos trabajo entre sector científico, productivo y estado. Organizamos eventos como Conertech. Somos una de las cuatro provincias que enseña inteligencia artificial. El año pasado avanzamos con el Mirador Tec, un espacio de instituto del seguro que sería destinado a oficinas públicas hoy son laboratorios, salas de coworking y reuniones”.

En relación a la institucionalidad, dijo que lograron avanzar en el reclamo judicial por el déficit de la Caja de Jubilaciones. “Actualmente recibimos 6000 millones de pesos por mes. Tenemos el compromiso que al finalizar auditorías la compensación crezca.  Tenemos la decisión de continuar el reclamo hasta que cancelen los saldos de deuda sin resolverse”.

“Transferimos terrenos de la costanera de Paraná, la transferencia del Puerto de Paraná a la provincia, logramos que la Nación lo entienda. Avanzamos en la concesión de rutas nacionales”, dijo.

Situación financiera

Por último, el gobernador remarcó que “los ingresos no mejoraron, la situación económica es muy difícil”. “Entre Ríos sufrió en 2025 una caída de un punto de recursos respecto del año anterior. Aunque en algunos sectores se ven mejoras, no tiene impacto en nuestro sistema de ingresos. No creemos que salir de una crisis sea asfixiando a quienes producen e invierten dinero. Cambió cómo estamos plantados ante una situación igual de crítica. Estamos mejor plantados, no porque tengamos más recursos, sino porque nos esforzamos en sostener el gasto corriente, porque hicimos del ahorro una política de Estado. Estamos mejor plantados porque logramos construir un vínculo institucional con la Nación, porque saneamos la deuda pública, la Caja de Jubilaciones, porque pasamos del déficit al equilibrio, porque ser buenos cumplidores hace que el mundo confíe nuevamente en Entre Ríos. Queremos una provincia que ocupe el lugar que merece. Esto recién comienza. Hace pocos días conmemoramos la Batalla de Caseros y nos propusimos reivindicar el protagonismo de Entre Ríos y Justo José de Urquiza en la construcción dela Nación. Desde acá impulsamos un proyecto de país organizado, gestamos ideas que hicieron posible el camino a la Constitución. Esta es una deuda histórica que tenemos como argentinos. Aunque cueste, sabemos que vamos por buen camino. El tiempo que estamos viviendo nos pide responsabilidad y compromiso, no conformarnos con menos. Quiero una provincia que atraiga, quiero que Entre Ríos juegue en la parte alta de la tabla. Esta es la huella”.

La Rosca |Paro nacional contra la reforma laboral|

La CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso.

En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Adhesión entrerriana

En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), anunció que irá al paro este jueves.

“En defensa de los derechos laborales y de la educación pública, Agmer junto a Ctera adhiere al paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma que ese día movilizarán al Congreso de la Nación”, anunció el gremio de los maestros.

La jornada de lucha en todo el país se convoca en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, para expresar el rechazo “a una reforma que atenta contra los derechos históricamente conquistados y que profundiza el ajuste contra la educación pública”.

La jornada servirá para expresarse:

• Contra la reforma laboral
• En defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores.
• Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas.
• En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
• Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral.
• Por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes.

La Rosca |Vialidad Nacional|

El sindicato denunció que, según un informe interno, el organismo se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, consumando “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.

Gremio de Vialidad Nacional intimó a Federico Sturzenegger

Por ese motivo, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

Además, hizo personalmente responsables a los funcionarios mencionados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció.

Cabe recordar que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública -nacional e internacional- para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales. Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial.

La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.

Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.

Estado de las rutas nacionales

Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), al que accedió Ámbito, señala que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.

El documento del FEPEVINA, que preside como secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes. (Fuente: Ámbito)

 

La Rosca |Reordenamiento interno del PJ|

Silvia del Carmen “Nené” Moreno, quien se desempeñaba como Prosecretaria, pasó a ocupar la Vicepresidencia primera en lugar de Carina Domínguez, separada de ese puesto a fines de noviembre pasado. Moreno quedó transitoriamente a cargo de la Presidencia ante un pedido de licencia de José Cáceres.

El órgano de conducción partidaria se reunió este miércoles para avanzar en su ordenamiento interno. En ese marco, se procedió al ingreso de suplentes al cuerpo, incorporándose como titulares a Lusina Minni, Adriana Meza Torres y Fabricio “Gino” Mesquida.

Asimismo, por razones personales, el presidente del Consejo Provincial, José Cáceres, solicitó una licencia por el término de 90 días en el ejercicio de la presidencia, la cual fue aprobada, manteniéndose como integrante del Consejo.

En virtud del corrimiento de cargos, se resolvió que Silvia del Carmen Moreno, quien se desempeñaba como Prosecretaria, pase a ocupar la Vicepresidencia Primera. La actual diputada provincial queda a cargo de la Presidencia durante el período de licencia de Cáceres.

Estos corrimientos se producen luego de que, en noviembre pasado, el Consejo Provincial partidario diera curso a los pedidos de sanción contra dos integrantes de la conducción: la dirigente de UPCN Carina Domínguez, por acompañar desde el gremio la postulación de Héctor Maya por el Partido Socialista; y la vocal de la conducción partidaria, Carolina Gaillard, por competir para el Senado por fuera de la estructura.

Durante el encuentro, el Consejo Provincial expresó nuevamente su rechazo categórico a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la organización del movimiento justicialista y el fortalecimiento institucional del partido en la provincia de Entre Ríos.

La Rosca |Causa por presuntos sobreprecios en la CARU|

“Estoy a derecho. De la denuncia, que se haga cargo quien la hizo. El tiempo ordena las cosas y esperaremos el tiempo necesario”, dijo.

“Más allá de esta injusticia y lo aberrante que es esta causa, espero de todo corazón –y lo desea mi familia- que se haga justicia”, dijo, según destaca El Entre Ríos.

“Desde lo jurídico estoy tranquilo, pero no le deseo a nadie esta situación, ser llamado a un espacio que debería ser sagrado como es la Justicia”, agregó el funcionario.

La causa tiene también como imputados además a Mauro Vazón y Juan Ruiz Orrico. Al momento de los hechos que se investigan, los tres integraban la delegación argentina del organismo binacional.

Los imputados

Los casos de Vazón y Satto adquieren una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia.

Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.

Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial.

La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.

 

La Rosca |Finanzas provinciales|

Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) señaló que la provincia arrastra una estructura de ingresos “fuertemente vinculada a la coparticipación federal”, que representa aproximadamente el 75 por ciento de los recursos tributarios, por lo que la dinámica de la recaudación nacional resulta determinante para el equilibrio de las cuentas provinciales.

 

En ese sentido, advirtió que durante 2025 los principales tributos que integran la masa coparticipable, en particular IVA, Ganancias y Bienes Personales, mostraron una desaceleración significativa desde el primer trimestre, con impacto en la coparticipación: “En términos reales, se registraron variaciones negativas durante los últimos tres trimestres del ejercicio, profundizándose hacia el final del año”, indicó.

 

El senador remarcó además la rigidez de la estructura del gasto provincial: salarios, jubilaciones, coparticipación a municipios e intereses de la deuda pública absorben más del 95 por ciento de los recursos disponibles, lo que reduce de manera sustantiva el margen para invertir en obras de infraestructura pública.

 

Sobre el escenario económico, Dal Molín agregó que el consumo se mantiene en una meseta, con varios meses de caída, y que las proyecciones reflejan un panorama austero: “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”.

 

Finalmente, subrayó que “la caída de los recursos coparticipables obliga a tomar decisiones responsables, basadas en datos y no en voluntarismos”, y que los momentos complejos “requieren prudencia fiscal, no como una opción ideológica, sino como una condición necesaria para garantizar previsibilidad, continuidad y responsabilidad en la gestión de lo público”.

La Rosca |Tasas municipales|

El presidente Gabriel Bourdin encabezó la reunión, quien marcó que los ejes estratégicos forman parte de la línea de trabajo de los últimos años, para lo cual instó a dar continuidad y reforzar las gestiones con vistas a la renovación de autoridades en abril.

 

El encuentro permitió observar en detalle la planificación del año, que toma como base las sugerencias recepcionadas durante el Networking Industrial realizado en Crespo al cierre de 2025. Allí se definieron propuestas y aportes que trazaron la agenda de prioridades, que apunta a impuestos, infraestructura, energía, importaciones, financiamiento y también los ejes en educación, empleo e incorporación tecnológica.

 

Asimismo, se hizo referencia al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), a la nueva Ley Ambiental de la provincia que está en proceso de reglamentación, a las novedades en materia de tarifas de energía, la situación del empleo y las inversiones en renovables en ejecución o en análisis de inversión por parte de establecimientos industriales.

 

Por otro lado, se conversó sobre la preocupación creciente de los industriales respecto de las elevadas tasas municipales en Entre Ríos, que surgen ante la necesidad de recaudación de los gobiernos locales. Incluso, se plantearon casos que llegaron a la Justicia y que impactan significativamente en las empresas.

 

También brindó una charla Agustina Briner, directora de Departamentos Técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA). La economista habló sobre modernización laboral, acuerdos comerciales entre Mercosur-UE y Argentina-Estados Unidos. Además dio su mirada sobre las expectativas del nivel de la actividad industrial, con heterogeneidad según sectores.

La Rosca | Concesión de las rutas nacionales 12 y 14|

 

A sólo un mes de la entrada en vigencia de la nueva concesión de las rutas nacionales 12 y 14, el espacio UCR Activa elevó un pedido formal a los legisladores nacionales de Entre Ríos para que impulsen modificaciones en los pliegos del contrato.

El reclamo apunta a que la empresa concesionaria, Autovía del Mercosur, asuma responsabilidades concretas en materia de seguridad vial, asistencia sanitaria y apoyo económico a los bomberos voluntarios y a los hospitales regionales.

Bajo el título “Las rutas de Entre Ríos: cuando el Estado se ausenta, la tragedia se vuelve política pública”, el documento advierte que la seguridad vial en la provincia dejó de ser un problema circunstancial para convertirse en una emergencia estructural.

Los datos que se exponen son contundentes: 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales y enero de 2026 terminó con 26 personas fallecidas. “De mantenerse esa tendencia, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un incremento superior al 70% respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”, señalan.

El planteo contextualiza la gravedad de la situación en el rol estratégico que ocupa Entre Ríos dentro del Mercosur. “La provincia es corredor obligado del comercio regional, cuenta con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y un vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires”.

A ese tránsito estructural se suma la intensa producción agrícola-ganadera, avícola y lechera del centro provincial, además del fuerte flujo turístico durante el verano. “Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”, sostienen.

Sin embargo, desde UCR Activa cuestionan que el Estado nacional haya decidido retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, una decisión que —afirman— fue acompañada por el gobierno provincial “sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio”. El resultado, advierten, es “un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.

En ese marco, el espacio radical pone el foco en el nuevo contrato de concesión, al que le adjudica “errores graves”. Entre ellos, remarcan que no se contempló a los bomberos voluntarios dentro de las obligaciones de las concesionarias.

Actualmente, “muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -por obligación legal y humanitaria- mantienen deudas con estaciones de servicio y no cuentan con recursos para afrontarlas. Los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes”, afirman en el texto enviado a R2820.

A esto “se suma la falta de aportes al sistema sanitario provincial, pese a que las concesionarias utilizan de manera permanente su infraestructura y recursos públicos, lo que califican como “un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.

Por estos motivos, UCR Activa exhorta a los legisladores nacionales entrerrianos a trabajar para modificar los pliegos de licitación de las rutas 12 y 14.

Entre los puntos centrales, plantean la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas, que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas”. Además, reclaman que “se establezca de manera explícita un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.

El documento también señala una causa estructural de fondo: el desguace del ferrocarril en la década del ’90, que convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren, advierten, satura las rutas con camiones de gran porte, acelera su deterioro y multiplica el riesgo de siniestros.

En contraste, mencionan que Brasil avanza en la modernización y expansión de su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. “Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”, afirman.

Finalmente, el texto cuestiona que, mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito y asistencia automática ante siniestros—, en Argentina los pliegos de licitación sigan concentrándose en “cobrar más y gastar menos”, sin transformar la infraestructura ni invertir en tecnología que salve vidas.

“La falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”, concluye el documento.

La Rosca |Causa por enriquecimiento ilícito|

La Justicia puso fecha a las audiencias de remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador.

Será los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.

En noviembre de 2025 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.

El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31. Verbigracia: no podrá iniciarse la tramitación de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.

Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.

Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.

Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.

A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.

Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.

En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.

En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.

El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.

En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

La Rosca |Reforma laboral|

El ex diputado nacional Tomás Ledesma brindó detalles de la reunión ampliada del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos que se desarrolló en las últimas horas y en la que se definió, entre otras cosas, la postura ante el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional.

 

En declaraciones periodísticas, Ledesma señaló que “fue una agenda bastante amplia, de un montón de temas que no solamente requieren una oposición férrea de nuestro espacio, sino que hace falta también empezar a poner arriba de la mesa alternativas; no solamente ser una oposición concreta a determinadas cuestiones como la reforma laboral, como la posibilidad de la reforma constitucional, la reforma previsional, sino también empezar a generar ámbitos de discusión puertas para adentro del Partido Justicialista. Una postura que tiene que ver con salir de ese lugar de oposición que es muy importante y empezar a poner arriba de la mesa, cómo nos tocaría y cómo deberíamos hacer las cosas nosotros, para plantear una alternativa a la sociedad, que está un poco cansada de escuchar oposición constante porque sí, o defensa constante de una idea porque sí, y está esperando queseamos un poco más creativos y se ponga arriba de la mesa cómo uno cree que hay que hacer las cosas”.

 

En ese sentido, planteó que desde el PJ “tenemos una oposición férrea a la reforma laboral que propone este gobierno por todas las razones que hemos puesto arriba de la mesa, sobre todo porque consolida algo que no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino con una política económica generalizada del gobierno, que es que la variable de ajuste son los trabajadores, es la informalidad de los laburantes, de los que todos los días se levantan para ir a laburar y no están llegando a fin de mes. Estamos en una provincia donde un docente, con suerte, está llegando a cobrar un piso de 621 mil pesos por mes, sosteniendo familias, sosteniendo hogares”.

 

“Obviamente me parece que también la situación de época no acompaña; se ha construido una demonización muy grande sobre la figura gremial, sobre la figura de los sindicatos, sobre la política en términos generales también, y también ha habido un peronismo donde, puertas para adentro, durante muchos años por no romper cierto equilibrio y por no dar ciertas discusiones, hemos perdido una base de representación importante en muchos trabajadores de la Argentina que también hoy sienten que no hay una representación férrea en una oposición concreta u organizada, a la reforma laboral”, analizó.

 

De todos modos, dijo confiar en que “en el marco del Consejo Provincial del Partido Justicialista se llame a consolidar esos ámbitos para que podamos transformar al Partido Justicialista en una expresión de representación de todos los que están preocupados, como están preocupados todos los que vamos a laburar todos los días”.

 

Sobre los temas de agenda tratados en el encuentro partidario, explicitó que “estaba todo enmarcado en tres ejes: uno era reforma laboral; otro era esta posibilidad de la reforma constitucional que esgrimen en los pasillos, pero sin concreciones, y que no se sabe si tiene que ver con una cuestión real o simplemente es para desviar el foco de atención del proceso de endeudamiento que está teniendo la provincia, de la falta de gestión, de la suba constante del desempleo, reforma que muchos miramos con mucha atención en una provincia que tiene una de las Constituciones más recientes de la Argentina; y lo otro que nos preocupa muchísimo porque tiene que ver con los trabajadores, es esta reforma previsional que va a estar presentando el gobierno provincial y de la cual también faltan un montón de certezas”.

 

Respecto de la reforma previsional, consideró que “el 82% móvil sigue siendo una cuestión real en el poder adquisitivo de los trabajadores que eligen acceder a una jubilación en cualquier tipo de base de cálculo. Después, obviamente, la discusión de la suba de la edad jubilatoria, y también una cuestión más general que muchos planteamos, porque es verdad que hay ciertas discusiones en torno a la Caja de Jubilaciones que había que darlas, o que mínimamente había que abrir la discusión en términos de financiamiento, pero también hay una realidad que es que el peronismo en la provincia de Entre Ríos siempre resolvió de alguna manera u otra, particularmente en términos políticos, la situación de la Caja de Jubilaciones, asegurando las recomposiciones del gobierno nacional en su momento, más allá de algunas tensiones durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, pero resolvía los problemas. Y hoy tenemos a un gobierno provincial con una condescendencia absoluta, y a veces hasta innecesaria, donde falta muchas veces ver una simbiosis, un ida y vuelta más claro también del gobierno nacional con la provincia, y donde no han podido resolver tampoco esta cuestión”.

 

Ante esto, resumió que “es uno de los temas sobre los cuales se abrió la discusión y la idea es que en las próximas semanas o meses se consoliden equipos técnicos adentro del Partido Justicialista, que puedan expresarse constantemente y con mayor firmeza sobre esta situación”.

 

En este contexto, no descartó hacer un mea culpa desde el peronismo por no haber dado antes estas discusiones: “Puede haber personas que lo planteen con mayor firmeza, que sean más autocríticas o menos autocríticas. Yo tengo 31 años y si no tengo la capacidad de sentarme o de mirar a los que confían en uno, o de sentarme en mi espacio político y decir ‘loco, no puede ser que no hayamos dado estas discusiones’. No podemos no haber aprovechado determinado tiempo histórico para profundizar en estos temas, para dar nuestra mirada, por incomodidades, porque muchas veces había pensamientos diferentes en las vertientes del peronismo, y la verdad que a uno le genera mucha bronca y mucho dolor, pero por suerte, logramos reorganizar todo eso en términos de lo que uno siente para que salga un lugar propositivo y plantear que tenemos que construir nuevamente esa correlación de fuerzas, que es necesaria en muchos sentidos. Pero yo también soy de otra escuela que cree que muchas veces la correlación de fuerzas no se espera, se construye, porque muchas veces la agenda de la política está marcada por el sentido común de la sociedad, y los que tenemos responsabilidad de dirigente o que hemos tenido el privilegio de tener responsabilidad institucional, dirigencial, política, también tenemos la responsabilidad de poner arriba de la mesa lo que nosotros creemos que está bien, más allá de la correlación de fuerzas y del sentido común de época”.

 

Como ejemplos, mencionó: “Cuando Alfonsín decidió avanzar con el divorcio en la Argentina había una resistencia muy importante en la sociedad, ni hablar de la iglesia católica, y avanzó igual y luego fue algo que se incorporó absolutamente en el sentido común de la sociedad argentina. Cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se disponen a avanzar con el matrimonio igualitario, había una porción importantísima de la sociedad argentina que le generaba dudas, que no sabía qué pensar o que no estaba de acuerdo, y seis meses después o un año después, más del 80% de la sociedad acompañaba estas decisiones. Cuando avanzamos con la asignación universal por hijo, había una sociedad que tenía una resistencia enorme, y hoy es una de las políticas públicas y de Estado que sostienen el entramado social y familiar en la Argentina. Entonces, yo entiendo esto de la correlación de fuerzas, se construye, se trabaja, pero también hay una responsabilidad política de entender que a veces hay que poner la agenda arriba de la mesa, explicarla fácil, y sobre todo ser novedoso y trabajar en una renovación en este sentido también”.

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La Rosca |Reforma laboral|

A lo largo del texto el senador nacional argumentó por qué no está de acuerdo con el proyecto.  “Voté en contra porque no estoy dispuesto a acompañar una iniciativa que, en caso de quiebra del empleador, no garantiza que los fondos sean destinados prioritariamente al pago de las deudas salariales. Cuando una empresa cae, quienes no pueden ser la variable de ajuste son quienes viven de su trabajo”, expresó.

 

“Pero, además, este esquema implica afectar recursos que pertenecen al sistema previsional. Es decir, recursos que son de nuestros jubilados y jubiladas. No se puede pretender resolver un problema generando otro, ni comprometer fondos previsionales que deben estar destinados a sostener haberes y garantizar derechos”, profundizó.

 

“Lo advertimos en el recinto. Planteamos modificaciones concretas para proteger a los trabajadores sin poner en riesgo a los jubilados. No fueron escuchadas”, lamentó el exintendente de Paraná.

 

Para finalizar, Bahl remarcó: “Cada vez que una norma ponga en riesgo a los trabajadores y a nuestros jubilados, voy a estar del lado de quienes producen, de quienes ya trabajaron toda su vida y de quienes sostienen nuestra economía todos los días”.

La Rosca |Reclamo salarial|

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó al 212º Congreso Extraordinario, que se realizará el lunes 23 de febrero en la ciudad de Paraná. La cita será en el Salón de SUTEF (San Martín 1373) desde las 8.00 horas y reunirá a congresales de toda la provincia.

El Congreso, máximo órgano de deliberación y toma de decisiones del sindicato, abordará un análisis de la coyuntura nacional y provincial, además de definir las estrategias gremiales a seguir en el actual contexto.

Cabe destacar que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 2 de marzo, por lo que la convocatoria adquiere especial relevancia en la cuenta regresiva hacia el comienzo de clases. La discusión salarial será central en el Congreso, ya que de su resultado dependerá la definición de medidas gremiales y la postura frente al inicio del año escolar.

 

En este marco, Agmer busca consolidar una estrategia que permita garantizar condiciones laborales y salariales adecuadas para los docentes entrerrianos, en un escenario marcado por tensiones económicas y sociales.

El comunicado indica:

Desde 2023 gobierna Entre Ríos un conjunto de fuerzas políticas, de las cuales la UCR ,-partido más que centenario en la Provincia- creemos , sin jactancia, es la columna vertebral , el pilar más sólido.

La bandera de esta coalición, encabezada por el aliado contingente y coyuntural Rogelio Frigerio, con la que logramos, en su momento, atraer el voto mayoritario del pueblo entrerriano, fue la política del cambio, la honestidad y transparencia en el manejo. Hacer las cosas de manera distinta y mejor de lo que habíamos conocido hasta entonces. Dichos valores no los podía exhibir el nombrado, ya que venía en nuestra patria chica de las cercanías de Jorge Pedro Busti, gobernante que no hacía de la transparencia un valor admirable precisamente.

El nuevo gobierno debía afrontar la pesada herencia que le dejaron administraciones anteriores, una tremenda deuda en millones de dólares, un Estado y empresas públicas ineficientes, plagado de nombramientos y contrataciones inútiles a través de los años, el “monumento a la corrupción” que son las rutas entrerrianas que cuestan cientos de vidas en accidentes varios de ellos evitables como el caso de su funcionario Orrico, que con un auto oficial de la provincia y en estado de ebriedad mató 4 jóvenes entrerrianos trabajadores.

Esas y otras varias anomalías sin embargo no han merecido, salvo casos excepcionales, una mínima investigación esclarecedora, e identificación y castigo de los culpables, que la gente conoce y señala. Más bien vemos fotos de Frigerio sonriendo y posando con quienes deberían estar siendo investigado por una justicia, que se hace la distraída.

Un cambio con olor a pasado peronista

No podemos dejar de advertir con preocupación ,que desde que asumió la Gobernación el equipo encabezado porel Sr. Frigerio, permanecen en altas funciones en los tres poderes del Estado notorios individuos, a quienes se menciona como responsables, directos o indirectos de muchas de tales irregularidades.

Y no sólo eso, sino que, de continuo nos anoticiamos que son nombrados en importantes cargos de la Provincia otros y otras conocidos personajes, vinculados a las anteriores gestiones peronistas, como Mouliá o Kerz, Francolini o Asueta, nombres que echan por tierra el discurso del cambio que se venía a proponer. Además su mano derecha es un ex – ultra K, como es Troncoso.

Por supuesto que no está en nuestro espíritu el cuestionar la facultad constitucional del Sr, Gobernador a la hora de elegir colaboradores.

Pero sí nos permitimos señalar que el Radicalismo entrerriano, como lo demuestran los cerca de veinte municipios que gobierna o co gobierna, empezando por el de Concordia puede ofrecer una pléyade de hombres y mujeres, con capacidad conocimiento y experiencia suficiente para las diferentes funciones del Estado y la administración: no es necesario importar talentos de Buenos Aires (011).

Frigerio con Azcue como guía

Es por ello que el Sr. Gobernador Frigerio debería tomar de ejemplo el gabinete conformado por “Gringo” Azcue, mayoritariamente radical, para afrontar una gestión de honestidad y austeridad luego de 40 años de ostracismo. Con funcionarios de primera a los que escucha, como es el caso, por solo nombrar a uno, de los que juegan en primera A Luciano Del Olio y mantiene aceitadas las vinculaciones con otros baluartes de las tradicionales banderas radicales , como es el caso del diputado Marcelo López, con quien a diario trabaja fecundamente, en plena comunidad y armonía. Jamás los nombrados saltaron de un partido al otro, como Frigerio, que fue desde el peronismo al pro, como es de público y notorio.

Le decimos a Frigerio que es difícil que pueda aportar soluciones, precisamente siendo acompañado por quienes son parte mayúscula del problema.

 

La Rosca |Informe sobre OSER|

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

“La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual”, indicó.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, dijo luego.

El legislador subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, mencionó.

En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”

Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

“No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”, finalizó.

 

 

La Rosca | Informe sobre OSER|

“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”. Lo afirmó el senador provincial Víctor Sanzberro al responder los cuestionamientos de las autoridades del OSER al informe del síndico fiscalizador sobre el funcionamiento de la obra social.

El legislador remarcó que los datos difundidos “son contundentes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras y demoras sistemáticas en la provisión de información”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta oficial, basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria, “no es una refutación: es una evasión”.

Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia absoluta, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico designado para ejercer control institucional que fue presentado al Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.

“No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó el legislador del PJ.

Asimismo, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, afirmó.

Finalmente, el senador victoriense advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los empleados, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos “son quienes pagan las consecuencias directas, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo que agrava aún más el impacto sobre el acceso a la salud”.

 

La Rosca |Incremento salarial |

En ese marco, fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial.

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

La Rosca |Incremento salarial a policías |

El Gobierno de Entre Ríos anunció una mejora salarial para la Policía provincial y el Servicio Penitenciario a partir de febrero de 2026, con foco en dos adicionales específicos: el código 286, correspondiente a riesgo y peligrosidad, y el código 244, vinculado a funciones jerárquicas o de conducción.

Según lo informado oficialmente, el incremento se instrumenta como una suma no remunerativa y no bonificable. En el caso del adicional por riesgo (código 286), el monto se establece en una escala según antigüedad que parte de $200.000 y alcanza un tope de $350.000.

Como referencia de impacto, desde el Ejecutivo indicaron que un agente con un año de antigüedad pasará a percibir $1.302.000 de ingreso mensual total.

En paralelo, se dispuso una actualización para el sector pasivo de ambas fuerzas: desde febrero se fijará un monto mensual de $100.000 para retirados, jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.

El anuncio se da en un contexto sensible. En Entre Ríos comenzó a circular en redes y grupos vinculados a la fuerza una convocatoria a una manifestación pacífica prevista para el sábado 14 de marzo a las 17, frente a Casa de Gobierno en Paraná. Si bien no hubo confirmación oficial de autoridades policiales, la convocatoria expone un clima de inquietud dentro del sector.

Además, el escenario regional agrega presión. En Santa Fe, en las últimas horas, el conflicto policial escaló con concentraciones, sirenazos y episodios de alta tensión institucional, en un marco donde la fuerza no tiene derecho formal a huelga. Allí, el reclamo incluyó la discusión sobre el impacto de las recomposiciones salariales en el básico y en los haberes jubilatorios, lo que derivó en negociaciones directas con el Ejecutivo provincial.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.

En ese marco, la actualización de adicionales en Entre Ríos aparece como una señal política para atender la situación antes de que el malestar derive en una escalada mayor. La clave estará en determinar si la mejora alcanza para descomprimir el reclamo o si el debate se trasladará hacia una discusión más estructural sobre salario básico y condiciones laborales, como ocurrió en la provincia vecina.

La Rosca |Pedido de paritaria de los gremios|

“Seguimos con la clara acción del Gobernador de ejecución de obra pública, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la red vial, los establecimientos educativos y salud. Otra línea de acción que afecta a las cuentas públicas es el tema de la política energética y la tarifa: se eliminaron los impuestos y tasas municipales”, aseguró Boleas.

En materia salarial, Boleas indicó: “Venimos trabajando en la propuesta que podemos hacer, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora. Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla. Va a ser algo que podamos cumplir, no vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”.

En esa línea, indicó que “estábamos cerrando los últimos números de enero. Los ingresos tributarios de la Provincia cayeron en términos reales un 7% enero contra enero. Son números que nos delimitan un marco de acción”.

Para mejorar los ingresos de la Provincia, dijo Boleas a Radio La Voz, “hay acciones que son propias, que las venimos trabajando y que tendremos que profundizarlas si es necesario, tiene que ver con la administración tributaria provincial y ahí hay que accionar para levantar lo más posible los índices de cobrabilidad y demás. En materia de política tributaria provincial hay que lograr la mayor eficiencia para bajar la presión tributaria y aliviar a los buenos contribuyentes”.

“Hemos venimos en una franca disminución de la política tributaria a través de la eliminación de más de 100 tasas, impuestos”, agregó.

En cuanto al estado de la deuda, el Ministro indicó: “Si comparamos a los últimos números cerrados venimos no solo cumpliendo con cada uno de los vencimientos sino que también en cuanto a stock medido en moneda dura venimos reduciendo”.

Con respecto al sistema previsional entrerriano, señaló: “Se han tomado muchas medidas y es necesario tomar otras. El Gobernador ha enumerado los lineamientos de las medidas que se están trabajando desde la Caja de Jubilaciones, tiene que ver un poco con la edad. No son medidas que se toman de un día para el otro, que en la inmediatez le está cambiando uno las condiciones a alguien que ya venía trabajando y tenía la expectativa de jubilarse el año que viene; se trabaja sobre una ventana de tiempo. Se están delineando los puntos principales de algunas medidas que consideramos que hay que tomar”.

Cerrada la auditoría de la Caja, “tiene que surgir un número de qué porción del déficit que tiene la Caja de Jubilaciones se tiene que hacer cargo Anses, también va a surgir un número que refleje el stock de deuda. Nos interesa porque nos daría orden, previsibilidad en fijar cuál es la parte del déficit que tiene la Caja que tendría que asumir ANSES y eso sea operativo mínimamente”.

“Lo que intentamos es ir tomando medidas sensatas que vayas en línea de reducir el déficit de la Caja y darle racionalidad y previsibilidad a todo el sistema previsional”, dijo.

En materia de obras públicas, señaló Boleas: “En el presupuesto 2026 están contempladas obras que ya se vienen realizando con financiamiento propio, pero además también hay un artículo de autorización para endeudamiento para un paquete de obras que el Gobernador ha conseguido que los organismos internacionales nos miren y digan Entre Ríos es elegible. A medida que se vaya consiguiendo cupo para eso se irán firmando los convenios correspondientes”.

“Las condiciones de mercado son las que uno tiene que ir evaluando para ver si salir o no salir, son esas las cosas que estamos evaluando, si se da la posibilidad y cuándo”, dijo luego.

Por último, Boleas enfatizó, “mi objetivo es consolidar este proceso político que conduce Rogelio Frigerio. Estoy contento de la decisión tomada. Encarna un proyecto que nos va a permitir dar el salto cualitativo como entrerrianos y siento que trabajo para eso”.

La Rosca |Acuerdo con  la UE|

“El acuerdo con la UE representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur. La UE sigue siendo la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de USD 43.000. Además, es el segundo importador mundial de bienes, el primer importador mundial de servicios, el principal socio comercial del Mercosur y la principal fuente de IED (inversión directa) recibida”, sostuvo Michel.

Señaló, en ese sentido, que “la gran mayoría de las exportaciones del Mercosur se verán beneficiadas arancelariamente en el ingreso al mercado europeo, ya sea a través de la eliminación de aranceles o por la suba de cuotas, generando oportunidades de nuevos negocios, sobre todo para las PyMES, economías regionales y alimentos con alto valor agregado, que de otra manera tendrían dificultades para competir en el acceso a dicho mercado”.

Agrandar imagenAsimismo, en el comunicado remitido a El Entre Ríos, remarcó que la iniciativa “fortalecerá al Mercosur, mejorando su inserción internacional y modernizando su marco regulatorio a través de la adopción de normas de avanzada que garantizan un comercio seguro y previsible”.

“Debe leerse como una base”

“El Acuerdo es una verdadera expresión de políticas públicas. Ha sido negociado durante 25 años, atravesando gobiernos de diferente signo político. Todos han aportado a esta construcción colectiva; es un acuerdo de la Argentina, no de un gobierno en particular, mucho menos de este que tardó casi dos años en designar un embajador ante la UE”, manifestó.

Para el de Gualeguaychú, “el Acuerdo debe leerse como una base, no como un punto de llegada; su verdadero impacto dependerá de las políticas que se desplieguen puertas adentro: inversión en infraestructura logística, crédito productivo, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y fortalecimiento de cadenas de valor”.

Fuente: El Entre Ríos.

La Rosca |Baja en la edad de imputabilidad |

Este jueves la Cámara de Diputados logró la media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, propuesto por el Gobierno nacional, con 149 votos a favor contra 100 legisladores que votaron en contra. No hubo abstenciones.

Con esta iniciativa el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.

El voto de los entrerrianos, en su mayoría no fue sorpresivo, hasta el caso de Michel no generó extrañeza. El oriundo de Gualeguaychú ya había anticipado su postura la semana pasada al compartir declaraciones en las que afirmaba que “para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo”, sostuvo. Además, el legislador subrayó que “si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas”.

Aunque Michel votó en contra del proyecto en su totalidad, apoyó la idea de bajar la edad de imputabilidad, una postura también adoptada por otros legisladores cercanos a Sergio Massa.

A continuación, algunos de los dirigentes que manifestaron su rechazo:

Adán Bahl (senador nacional PJ): “No estamos discutiendo una ley de modernización laboral, estamos discutiendo cómo abaratar despidos. Esta ley se pudo haber hecho mejor, estamos perdiendo una oportunidad histórica para acompañar a quien invierte y produce”.

Laura Stratta (diputada provincial PJ): “Argentina tiene más del 40% de informalidad laboral. El problema es grave y exige una reforma seria. Pero no alcanza con llamarla ‘modernización’ si en los hechos implica un retroceso en derechos.

La ley que aprobó el Senado debilita conquistas históricas y envía un mensaje preocupante a quienes hoy están en la informalidad: aun ingresando al sistema, las garantías serán menores que las actuales.

Además, crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes que hoy integran la masa destinada al sistema previsional. No es un impuesto a los jubilados, pero sí redirecciona recursos que sostienen jubilaciones y la seguridad social.

En un mercado laboral frágil, cualquier flexibilización sin contrapesos claros termina aplicándose de un solo lado: el del trabajador, que ya tiene menor poder de negociación.

Quienes apoyan estos cambios deberán hacerse cargo. Más temprano que tarde quedará en evidencia si esta norma generó empleo genuino o si terminó precarizando aún más a millones de argentinos”.

Tomás Ledesma (ex diputado nacional PJ): “Te quieren hacer laburar el triple por la misma plata”.

Stefanía Cora (ex senadora nacional PJ): “En los últimos años la economía no registrada avanzó a pasos agigantados y quienes todavía tienen trabajo viven cada día peor. Esto no es oponerse por oponerse.

Es la responsabilidad de advertir que no vamos a salir adelante como país ni como provincia si legislamos precarizando la vida de los argentinos.

Hace años que muchos derechos constitucionales no se cumplen. Pero la respuesta nunca puede ser bajar la vara.  Nos merecemos vivir en una Argentina mejor”.  (APF)

La Rosca |Reforma laboral|

El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos en la votación en general, sin abstenciones, y quedó así con media sanción.

De esta manera, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará avanzar con su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de que el Presidente pueda incorporarla en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, el próximo 1° de marzo.

En la votación participaron los tres senadores entrerrianos: dos acompañaron la propuesta y uno se manifestó en contra. Los legisladores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida —quienes asumieron en diciembre pasado— votaron a favor y defendieron el proyecto en el recinto, mientras que el tercer representante de Entre Ríos se pronunció en contra de la reforma.

La palabra de dos senadores

El senador peronista y exintendente de Paraná, Adán Bahl, dio las razones para su voto en contra. “La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos”, afirmó.

Del otro lado, en el oficialismo, Benegas Lynch se manifestó a favor de la iniciativa: “Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino que como socios naturales”.

La Rosca |Reclamos de policías|

Mientras agentes de Santa Fe dejaron atrás el reclamo en las calles y volvieron a trabajar tras lograr un aumento salarial que fue anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la policía de Entre Ríos organiza una manifestación pacífica para el jueves 16 de marzo (en un primer flyer enviado a los medios de comunicación había un error en el día de realización). La convocatoria, organizada en su mayoría por policías retirados, tendrá lugar a las 17 horas en la plaza ubicada frente a Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. Según indicaron, la protesta se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.

La consigna que acompaña la convocatoria resume el doble eje del reclamo: “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo para quienes siguen cuidando de todos”. Desde los espacios que impulsan la movilización subrayaron que se trata de una manifestación pacífica y simbólica, orientada a visibilizar la situación laboral del personal policial y a rendir homenaje a efectivos fallecidos en cumplimiento del deber.

La Rosca |Marchas contra la reforma laboral|

Mientras los senadores nacionales debatían el proyecto de la modernización laboral, los sindicatos y agrupaciones entrerrianos se unieron  en Paraná para movilizarse en la tarde de este miércoles desde la Plaza 1 de Mayo hacia Casa de Gobierno con el fin de oponerse a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional.

 

Con cánticos contra el gobierno de Milei y el de Rogelio Frigerio, referentes gremiales leyeron un comunicado de espalda a la entrada de la Casa Gris en el que sostuvieron que la Reforma Laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”.

 

Además el escrito remarca que el proyecto “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores”  y que solo “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos principalmente extranjeros”.

 

El texto hace hincapié en que la propuesta de Milei “sueña con un país sin sindicatos, los cuales permitieron que las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a derechos, a salarios dignos, a estabilidad laboral y a una vida con futuro”.

 

Por otra parte, el comunicado señala que “sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante” como modo de crítica al gobernador Frigerio, a quién los gremios sostienen que “sigue el mismo camino que Milei”.

 

En ese sentido, hubo párrafos que hicieron referencia a conflictos con la Provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”.

 

Asimismo, hubo críticas a la reforma previsional. “Manifestamos nuestro rechazo a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados. De intentarlo, nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.

 

“Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”, culminaron.

La Rosca |Media sanción para la Reforma Laboral|

El texto final recién se conoció a las 0.36 AM, cuando Patricia Bullrich daba el discurso de cierre. Minutos antes, el bloque libertario seguía con las negociaciones para asegurarse los votos en particular de los artículos más polémicos. Es que, pese a las más de 28 modificaciones incluidas, y diálogo permanente con sus aliados, todavía se esperaban más cambios.

De esta forma, el oficialismo se aseguró el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico de Córdoba (Luis Juez); Provincias Unidas (Carlos Espinola y Alejandra Vigo), Independencia (Beatriz Avila); La Neuquinidad (Julieta Corroza); Primero los Salteños (Flavia Royón); Despierta Chubut (Edith Terenzi); y el Frente Renovador de la Concordia (Carlos Arce), además de los tres senadores del bloque PRO. Así, consiguió los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto.

La eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores, terminó por darle a la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, el apoyo necesario para avanzar con la reforma.

El bloque de los santacruceños, conformado por los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, sobre los que había expectativa, no se sentó en sus bancas al momento de dar quorum y no acompañó la votación en general. Tampoco lo hicieron los cinco legisladores de Convicción Federal, que responden a sus gobernadores, ni los senadores del Frente Cívico por Santiago, y menos aún los 20 del bloque Justicialista, que preside José Mayans. Es así, que el peronismo en el Senado rechazó como interbloque, sin fisuras, el proyecto.

El debate

Al comienzo de la sesión, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, marcó unas pocas generalidades respecto al texto, donde solo subrayó que se estaba discutiendo una ley que desde principios de la democracia se está “intentando tratar”, cosa que rápidamente el senador Recalde se encargó de desmentir al enumerar las varias reformas que se hicieron e intentaron.

Luego, la ex ministra de Seguridad le cedió la palabra a dos jóvenes senadores de la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero, para que sintetizaran las modificaciones que se iban a incorporar. Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Olivera Lucero explicó que cada empleador deberá crear una cuenta donde aportará regularmente para nutrir el fondo. En ese sentido, el senador Mariano Recalde, preguntó si “en caso de quiebra el trabajador podrá cobrar del FAL, ya que no se especificaba. Ante la consulta, Olivera sostuvo dubitativo que “el juez será quien defina si el trabajador puede ir por el FAL”, mientras Bullrich susurró en el recinto que el detalle de este punto se discutiría en la redacción en particular.

Recalde, fue el primer orador del bloque Justicialista en tomar la palabra e hizo un primer pantallazo sobre los puntos más perjudiciales para los trabajadores. El senador caracterizó al FAL como un “canal de despidos” y subrayó que será una herramienta “de los amigos de Caputo para hacer negociados”. Además, informó que este fondo estará a cargo de administradoras privadas “que van a timbear”, y las comparó con las AFJP.

Para Recalde, la reforma “es producto de un revanchismo” y “no está pensada para crear empleo”, sino para “terminar con los derechos laborales y que no haya juicios”. Al finalizar, le pidió a los senadores que no sean “cómplices” de habilitar el “despido gratuito”.

A su turno, la senadora por Catamarca, Lucia Corpacci se quejó de que no se le permitió a la oposición ningún tipo de aporte, y se enteraron de las últimas modificaciones horas antes de la sesión. La senadora Anabel Fernández Sagasti, por su parte, chicaneó al oficialismo por arrodillarse frente “a la casta”. “Se han arrodillado ante los gobernadores, la CGT y los bancos. Se arrodillaron ante todos los que decían querer combatir”, dijo la mendocina.

Uno de los cruces más picantes fue el que se dio entre Alberto Benegas Lynch y Juliana Di Tulio, cuando el libertario lanzó la frase: “la decadencia de los últimos años tiene que ver con el fascismo peronista”. Tras el agravio, la senadora justicialista le pidió que se ubique, que “está en la casa de la democracia”.

Carolina Moises, senadora del bloque Convicción Federal, que estaba en la mira de los diferentes bloques, subrayó que el proyecto del oficialismo solo “busca legislar para los trabajadores en blanco”, pero no pone el acento en resolver algo para quienes están en la informalidad. También aprovechó para criticar a un sector del peronismo al denunciar que en las últimas semanas fue víctima de una “campaña espantosa” que intentó presionarla y sentenció: “Yo en esta banca voy a votar lo mejor para los jujeños”. Luego, adelantó su rechazo al proyecto.

El debate en el recinto solo se vio interrumpido por el minuto de silencio que los senadores hicieron para recordar a la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza, por su fallecimiento.

Minutos antes de la 1 de la mañana, Patricia Bullrich, comenzó su discurso de cierre. La presidenta de bloque oficialista justificó la quita de derechos laborales, bajo el argumento de que “contratar hoy es un acto de riesgo”. “Nadie contrata porque tiene miedo”, aseguró y dijo que el Gobierno quiere que “el trabajo sea la libre elección de los argentinos”. Bajo esos argumento defendió el ajuste a los trabajadores y dio paso a la votación en general y luego en particular.

Modificaciones de última hora

Uno de los logros que obtuvieron los gremios fue mantener la facultad de cobrar compulsivamente los “aportes solidarios” a los trabajadores, aunque se les impuso un tope del 2%. Como contrapartida, se tomó la misma decisión para los aportes que cobran las cámaras empresarias. Seguirán siendo obligatorios, pero limitados -como hasta ahora- al 0,5% mensual.

Otro cambio que se conoció es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinieron los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación.

Asimismo, un aspecto clave de negociación fue el artículo 91, en el que el oficialismo decidió agregar el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”. Se trata de un entendimiento celebrado entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, que establece un régimen para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad asuman competencias en materia laboral que hoy tiene la Justicia Federal.

Respecto a las sentencias judiciales, se abrió la posibilidad para que los empleadores las paguen en cuotas. Las empresas grandes podrán hacerlo en seis cuotas, y las pequeñas en 12.

También, se planteó una reducción de las contribuciones patronales. En este punto se especificó que “los empleadores, por las relaciones laborales incluidas en el presente Régimen, excepto que se trate de aquellas previstas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y mientras persistan sus efectos, tendrán una reducción de UN (1) punto porcentual para las grandes empresas y DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para las micro, pequeñas y medianas empresas en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social”.

Uno de los cambios que impulsaba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, era el que refería a que el salario de un trabajador iba a poder cobrarse a través de billeteras virtuales. Este artículo fue modificado y las remuneraciones solo podrían pagarse en entidades bancarias. Sin embargo, a la medianoche todavía había versiones de que se podría volver a la versión original.

Otra de las claves del proyecto es la ultraactividad, que es el principio que sostiene la vigencia de un convenio colectivo después de haber vencido hasta ser reemplazado por uno nuevo. En caso de que se sancione la ley, se podrán derogar los estatutos profesionales y se abrirá un periodo de 180 días para labrar nuevos.

En relación al INCAA, la modificación que se agregó extiende la fecha en la que se derogan incisos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esto significa que recién a partir del 1 de enero de 2028 se avanzará con los cambios que ponen en peligro el financiamiento del organismo.

Por último, otro de los aspectos más polémicos es el que refiere a los certificados médicos. Aquí se especifica que “en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador”.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

“Es un hecho verificable que existen abogados que reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, muchas veces interviniendo de manera impune en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la obra social, ofreciendo de forma directa la vía judicial como primera y única respuesta”, sostuvo.

“Del mismo modo, numerosos profesionales hacen ostentación pública de la cantidad de amparos que promueven, exhibiéndolos como credenciales profesionales en sus propias redes sociales, lo que da cuenta de una práctica sistemática y no de situaciones excepcionales de vulneración de derechos”, dijo.

“Los registros administrativos y judiciales de la Obra Social permiten identificar patrones reiterados de actuación por parte de determinados abogados de la matrícula, que presentan acciones de amparo por prestaciones que no revisten carácter urgente, por prestaciones que ya fueron otorgadas, o incluso sin haber agotado mínimamente las vías administrativas disponibles. Esta conducta desnaturaliza la figura del amparo, deformando su sentido jurídico y constitucional, previsto como remedio excepcional y urgente, no como atajo sistemático”, expresó el legislador.

“En este marco, resulta necesario aclarar que no he generalizado ni descalificado al conjunto de la abogacía entrerriana. Por el contrario, he señalado una práctica concreta, verificable y reiterada. No se han buscado chivos expiatorios ni responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los letrados, en el cuidado de la mayor obra social de la provincia, cuyo sostenimiento depende del uso racional, solidario y responsable de sus recursos”, declaró.

“Se comprende la defensa que el Colegio realiza de sus matriculados, pero esa defensa no puede implicar la negación de una realidad que es grave, abusiva y sistemática. Por ello, el Colegio, antes de sacar un comunicado en tiempo récord, quizás debería hacer una revisión y reflexión sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional”.

 

“Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”, finalizó. (APF)

La Rosca |Autopostulación|

Desde que concluyó su periodo legislativo en 2023, Casaretto ha tenido un rol secundario dentro del PJ provincial: su nombre no estuvo presente en las listas que llevó el partido a las elecciones de medio término, pero desde las redes sociales aporta críticas al gobierno de Frigerio y de Javier Milei.

Aunque es “temprano” para hablar del mapa electoral en cuanto a candidatos, quien fuese Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Jorge Busti en 1997, lanzó una frase que sorprendió: “Estoy dispuesto a ser candidato a gobernador”, reveló Letra P.

Mientras sostiene que el peronismo “necesita una representación política que hoy no tiene”, uno de los motivos por los cuales se postularía a gobernador es que a él no lo pueden “comprar ni condicionar”, avisa.

Actualmente Casaretto se ha convertido en un crítico desde la comodidad de sus redes sociales. “Me mantengo arriba en la opinión pública”, resalta. Y agregó: “Tuve tres millones de vistas”, cuenta orgulloso sobre sus siempre muy activos en su perfiles en X, de Instagram y Facebook.

La Rosca |Sesiones ordinarias de la Legislatura provincial|

La Constitución Provincial reformada en 2008 fija como fecha de inicio del período de sesiones ordinarias al 15 de febrero. Como este año cae domingo, en medio del feriado largo de Carnaval, desde finales de enero se viene especulando con la posibilidad de un corrimiento de la fecha para el miércoles 18, a fin de que el acto institucional y, en particular, el mensaje de apertura del gobernador Rogelio Frigerio no se termine diluyendo en la apatía del feriado.

El aplazamiento quedó ratificado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El corrimiento de la fecha no altera las sesiones preparatorias que en ambas cámaras tendrán lugar el miércoles 11. Al mediodía en Diputados y a las 17 en el Senado.

En la Cámara de Diputados no se aguardan -en principio- mayores cambios. Nadie está hablando abiertamente de que Hein deje la presidencia y, por lo pronto, la conducción de los bloques políticos seguiría igual: el diputado radical de Concordia, Marcelo López seguiría al frente del bloque de Juntos por Entre Ríos y Laura Stratta de la bancada peronista.

 

De cualquier manera, las definiciones se alcanzarán en las conversaciones que se darán hacia el interior de cada bancada entre martes y miércoles. Parecería que la continuidad está más garantizada en el bloque peronista, ya que algunas voces dentro del oficialismo hablan de un «final abierto» para la resolución de los nombres y no quieren dar nada por cerrado.

 

Se espera también que Roque Fleitas continúe liderando la bancada de La Libertad Avanza. Lo demás son bloques unipersonales: Gladys Liliana Salinas en la bancada del Partido Conservador Popular; Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.

 

En el Senado se aguardan más novedades. En particular dentro de la bancada peronista, que por su división perdió el año pasado el control de la Cámara.

 

La novedad pasará por quién reemplazará a Martín Oliva en la jefatura de bloque. Se mencionan tres nombres: el senador de San Salvador, Marcelo Berthet; el de Victoria, Victor Sanzberro; y la senadora de Federal Nancy Miranda.

 

Por el lado del oficialismo también deberían producirse novedades si se cumple con el propósito de continuar la rotación de la presidencia de la bancada, que en 2024 estuvo a cargo de Gustavo Vergara y en 2025 de Rubén Dal Molín.

 

Habrá que ver si hay senadores dispuestos a ocupar el rol que viene desempeñando Dal Molín en la defensa de las políticas del Poder Ejecutivo. Puede que haya legisladores más interesados en presidir algunas comisiones.

 

El intercambio de posiciones para acordar jefatura de bloque, presidencias de comisiones y también vicepresidencia de Cámara se producirá en una reunión de la bancada oficialista que tendrá lugar este martes. En el oficialismo se asegura que todo se va a resolver “sin traumas”.

Fuente: APF Digital

La Rosca |Sector citrícola entrerriano|

La iniciativa se fundamenta en que el sector citrícola argentino ya cumplió con todas las exigencias técnicas y sanitarias requeridas. En 2019, el USDA-APHIS evaluó y aprobó favorablemente el estatus sanitario y los procesos productivos, restando únicamente instancias administrativas para completar el procedimiento de consulta pública y la publicación de la norma reglamentaria correspondiente.

Al respecto, Bahillo afirmó que “estamos frente a una oportunidad histórica para la citricultura entrerriana, que no se debe dejar pasar. El sector productivo hizo su parte hace años, cumplió cada requisito y hoy lo que se necesita es decisión política para destrabar una demora injustificada”.

“El acceso al mercado estadounidense no implica costos fiscales ni subsidios, pero sí puede generar un impacto muy significativo en términos de empleo, inversión, generación de divisas y mejora de precios para nuestros productores”, agregó.

Por su parte, Cresto remarcó la importancia estratégica de la citricultura para el noreste entrerriano. “En departamentos como Concordia y Federación, esta actividad es un pilar económico y social. Avanzar en la apertura de este mercado es defender el trabajo, la producción y el desarrollo regional”, sostuvo.

Ambos legisladores coincidieron en que el Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos brinda las herramientas institucionales necesarias para resolver esta situación y evitar que continúe una asimetría que perjudica a la producción entrerriana.

“No es un pedido nuevo ni improvisado: es un proceso que está maduro, técnicamente aprobado y listo para concretarse. Por eso insistimos en avanzar sin más demoras”, concluyó Bahillo.

 

La Rosca |Reformas, impuestos y acuerdo Nación – Provincias|

 

En declaraciones periodísticas, el mandatario entrerriano pidió avanzar en la eliminación de tributos “distorsivos” y consideró que el debate fiscal no puede quedar reducido a un capítulo accesorio dentro del proyecto laboral. “La reforma tributaria es igual de importante que la reforma laboral”, remarcó.

Frigerio apuntó contra la estructura impositiva vigente en los tres niveles del Estado. “Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”, expresó. En ese sentido, mencionó Ingresos Brutos y Sellos en las provincias, tasas municipales que —según indicó— funcionan como verdaderos impuestos, y dos tributos nacionales que calificó como “tremendamente distorsivos”: las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.

Para el gobernador, el núcleo del problema argentino radica en la presión fiscal que enfrentan quienes cumplen con sus obligaciones. “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”, sostuvo.

No obstante, diferenció el impuesto a las Ganancias de otros gravámenes. “No es el peor impuesto que tenemos en la Argentina”, señaló, aunque aclaró que cualquier modificación en ese tributo impacta en los recursos de Nación, provincias y municipios.

Frigerio reivindicó la política fiscal de su gestión en Entre Ríos, donde —según afirmó— redujo la carga tributaria en términos reales y alcanzó el equilibrio fiscal tras recibir una provincia con déficit. También destacó la reducción de la deuda en relación con los ingresos y la implementación de un Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), una versión provincial del esquema nacional, que exime del pago de impuestos provinciales y municipales durante quince años a nuevas inversiones.

De acuerdo con sus datos, el régimen ya permitió comprometer inversiones por 200 millones de dólares y la creación de casi 2.000 puestos de trabajo.

“El déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca más en duda eso y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”, enfatizó.

Si bien calificó la reforma laboral como “un antes y un después para la Argentina”, Frigerio relativizó el peso del capítulo fiscal incluido en el proyecto. “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Es un apéndice que suma y que podría discutirse perfectamente en una reforma impositiva integral”, explicó.

En esa línea, propuso que la reducción de impuestos se aborde mediante un acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios, en línea con el espíritu del último pacto fiscal que lideró cuando fue funcionario nacional.

Apoyo a Milei

Consultado sobre la gestión de Javier Milei, el gobernador evitó confrontaciones y expresó su deseo de que la administración nacional tenga éxito. “Tengo muchas ganas de que a este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos y a los entrerrianos”, afirmó.

A lo largo de su exposición, Frigerio insistió en que la Argentina necesita debatir en el Congreso reformas estructurales profundas, tanto en materia laboral como tributaria. A su entender, modernizar normas que llevan décadas sin cambios y reducir la presión impositiva son condiciones indispensables para recuperar el crédito, salir del populismo y encarar una etapa de crecimiento sostenido.

La Rosca |Posibles irregularidades administrativas en Deportes|

Buscan “determinar posibles irregularidades administrativas y responsabilidades en el personal que presta servicio en el área respectiva, consistentes en la falsificación de firmas atribuidas a los Sres. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y Ricardo Aníbal Lupi en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, en el marco de los expedientes administrativos N° 3103539, N° 3105946, N° 3112785, N° 3113188, N° 3122518, N° 3126292, N° 3141140, N° 3143652 y N° 3179203, atento los antecedentes y fundamentos expuestos en el presente acto”.

La medida está contenida en el decreto N° 14, del 4 de enero último, que ordena que la información sumaria “deberá realizarse a través de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, la que estará facultada para solicitar la colaboración adicional de la Contaduría General de la Provincia, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de toda repartición o ente que considere necesario para el cumplimiento de lo aquí dispuesto”.

La investigación interna surgió de la propia Secretaría de Deportes, que puso en conocimiento de “una serie de irregularidades que fueran advertidas y detectadas en la tramitación de los expedientes identificados bajo carátula N° 3103539 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el entrenador de la Escuelita de Fútbol del Barrio San Martín en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3105946 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para deportista de la disciplina fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3112785 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para los entrenadores de fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3113188 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la entrenadora en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3122518 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina patín artístico en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3126292 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3141140 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina Hockey el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3143652 ´ Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el deportista Alejandro Clemente en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´ y N° 3179203 ´Compras y contrataciones – Compra/contratación directa sol/Autorización P/la modificación de elementos de comunicación visual´”.

El decreto menciona que “sin perjuicio que los procedimientos sustanciados en los referidos expedientes se han efectuado en conformidad a las previsiones normativas que reglamentan cada uno de los trámites allí instados, se advirtió -una vez concluidas las actuaciones- que obran intervenciones atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y/o al Sr. Ricardo Aníbal Lupi, en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, cuyas autorías y firmas no les pertenecen”.

Además, en los expedientes N° 3103539, 3105946, 3113188, lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para el entrenador Cipriani, Cristian Exequiel, para el deportista Deniz Thiago Mateo y para la entrenadora Cappellacci Rita Antonella respectivamente, “atribuidas al Sr. Ricardo Aníbal Lupi Director de Deporte Social y Educativo, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”. Y que “en los expedientes 3112785, 3122518, 3126292, 3141140, 3143652 lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para los entrenadores Rodríguez Alexander Nicolás y Darchez Carlos Fernando Facundo, para la deportista Sosa Arrazate Aurora, para la deportista Busatto Sofía Antonella, para la deportista Rodríguez Sol y para el deportista Clemente Alejandro José María respectivamente, atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”.

Finalmente, “en el expediente 3179203, se solicita autorización para modificación de lonas en estructuras de prensa, nota que también es atribuida al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no habiéndose suscripto por dicho Secretario Ministerial” detalla Entre Ríos Ahora.

 

Así, “dada la gravedad que reviste el asunto, resulta indispensable instruir la sustanciación de las medidas pertinentes en procura de esclarecer los hechos suscitados y eventualmente discernir las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder en caso de identificarse al o los autores materiales de las mismas”.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

El senador provincial Martín Oliva mantuvo un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.

 

En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.

 

“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.

 

Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.

 

El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.

 

“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.

 

En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.

 

El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que “se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces”.

 

Desplazamientos

 

Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.

 

Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.

 

En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.

La Rosca |Debate sobre la baja de edad de punibilidad|

Benítez explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes.

 

A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.

 

“La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además es inconstitucional”, enfatizó Benítez. Y recordó: “No es la primera vez que se ha querido reducir la edad de punibilidad y siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días vemos en todas las provincias argentinas”.

 

En ese sentido, mencionó: “Si bien el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dice que hay que modificar la Ley Penal Juvenil, con lo cual nosotros estamos de acuerdo porque la ley 22.278 viene de la época de la dictadura militar, a su vez dice que al modificarla no se debe incrementar las penas ni se debe bajar la edad de punibilidad, dos cuestiones que se pretende hacer con este proyecto de ley”.

 

En cuanto a las razones fácticas por las cuales sostiene esta posición, explicó: “Estamos en un momento muy especial en Argentina, donde los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes viene disminuyendo desde hace muchísimos años. En general, ha disminuido el delito en Argentina: en 2001-2002 estábamos con una tasa de homicidios de aproximadamente 9 o 10 cada 100.000 habitantes y ahora estamos en una tasa de 3,7. Y en Entre Ríos tenemos una tasa menor que la media nacional, de 2,33 homicidios cada 100.00 habitantes”. A eso agregó que “es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”.

 

“Es cierto lo que dice el gobierno, que hay países en la región que tienen una edad menor que Argentina, como Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de los niños y adolescentes. Justamente, esos son los casos que nos dan la razón de que la privación de la libertad no hace más que profundizar la violencia”, remarcó Benítez. En ese sentido, precisó que Uruguay, con una edad de punibilidad de 13 años tiene más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con una edad de 12, tienen 23 y 22 respectivamente, y Paraguay, con una edad de 14 tiene 6,2.

 

Respuestas alternativas

 

Acerca del rol que debe tener el Estado frente a la problemática de los jóvenes que cometen delitos, el Defensor General de Entre Ríos sostuvo: “El hecho de que una persona sea no punible, no quiere decir que se vaya a la casa y que no pase más nada. Tenemos que ver las razones por las cuales ese niño cometió ese hecho, tenemos que acompañar a las víctimas pero no tenemos que desproteger al autor. Por ejemplo, si el delito está relacionado con el consumo de estupefacientes, se debe tratar esa problemática, si es necesario, en un lugar de recuperación de adictos”.

 

“No es ninguna solución que vaya a la cárcel, sino que eso empeora las cosas. El Estado debe intervenir, lo que nosotros sostenemos es que la intervención no es desde el Derecho Penal y que el lugar de detención no es una cárcel de mayores; sino que el lugar de detención y el tratamiento deben ser otros”, añadió. A esto sumó que hay actualmente en el país “una crisis carcelaria seria”, con “el mayor índice de prisionalización desde que se toman este tipo de mediciones” y esto se agravaría mucho más con la incorporación de niños y adolescentes.

 

Finalmente, recordó que existen estudios científicos que, entre otras cosas, demuestran que los adolescentes no poseen un total desarrollo del lóbulo frontal hasta los 20 años, con las consecuencias que esto tiene en el autocontrol, la toma de decisiones, el desarrollo del pensamiento abstracto y la anticipación de las consecuencias, entre otras cuestiones. Esto fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la propia Corte de los Estados Unidos en los casos “Poper”, “Miller” y “Graham”.

 

“Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia e impedir su resocialización y desarrollo sano. Soy defensor público desde hace más de 30 años. Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria: la mayoría de los niños que estuvieron ahí privados de su libertad hoy están muertos o están presos con penas altísimas”, concluyó. (APF)

La Rosca |Movillizaciones contra la reforma laboral|

La Departamental Paraná del PJ se sumará a la movilización contra la reforma laboral que comenzará a las 18:30 hs en la Plaza 1° de Mayo junto a trabajadores, sindicatos, partidos políticos populares y paranaenses en general bajo la consigna “sin trabajo no hay patria”

Comunicado de la Departamental Paraná del PJ contra la reforma laboral

El peronismo es la fuerza política histórica que fundaron los trabajadores en Argentina bajo el liderazgo de Perón para llevar adelante un proceso de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política en una comunidad organizada en torno al trabajo, donde la igualdad sea el criterio rector y la armonía entre capital y trabajo la garantía de la justicia y la paz social.

 

Cada vez que bajo gobiernos liberales autoritarios o democráticos, desde 1955 a estos días, se proponen “reformas llaborales”, lo que se busca bajo ese eufemismo es avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores bajo los gobiernos peronistas y favorecer la concentración económica en manos de empresarios inescrupulosos como Rocca de Techint, Elsztain del Banco Hipotecario o Galperín de Mercado Libre, que permanentemente enajenan su capital en el exterior, fugan la ganancia obtenida y desinvierten para convertir sus activos en especulación financiera, desentendiéndose de la suerte de la economía nacional, de la producción y el trabajo de los argentinos. En ningún modo les interesa generar más trabajo sino acumular más ganancia flexibilizando las relaciones laborales, la explotación y el salario de los trabajadores formales e informales.

 

En nuestra provincia, la avanzada de la reforma laboral mileísta tiene el sello de Frigerio y su alianza de gobierno, que inauguró su gestión destruyendo la principal Obra Social de los entrerrianos para hacer del OSER el negocio de sus socios porteños y de legisladores que levantaron la mano para despedir y perseguir empleados que han dado sobradas muestras de compromiso y eficiencia en sus labores a lo largo de la vida del IOSPER. Lo mismo con la degradación de la administración pública con la incorporación de parásitos importados de CABA; las cesantías en el área de Derechos Humanos concretada a fines de 2025 y la amenaza sobre la Caja de Jubilaciones y otros organismos públicos de los cuales depende el bienestar del pueblo entrerriano.

 

De esta forma, lo que buscan como objetivo estratégico es desarticular el principal vínculo de organización social como el trabajo y en ello la desaparición del peronismo como fuerza política que expresa y defiende el interés de los trabajadores.

 

Por eso decimos que el rechazo de la pretendida reforma laboral de Milei y Frigerio es una obligación de todo dirigente peronista, porque conceder a ello es atentar contra la comunidad, la familia, la justicia y la paz social, y al fin y al cabo, contra el peronismo. Por lo cual sostenemos que resistir la reforma laboral nos distingue a los peronistas que sostenemos la lealtad a Perón y nuestro pueblo como bandera frente a aquellos que agachan la cabeza y no lo hacen.

 

A la vez, defender el trabajo es entonces una posición ética que debemos sostener todos los argentinos que aún sostenemos un vínculo patriótico con nuestra historia y vida comunitaria, los trabajadores formales e informales, los desempleados, los jubilados, los estudiantes y jóvenes en general, porque SIN TRABAJO NO HAY PATRIA PARA NADIE.

La Rosca |Movilización contra la reforma laboral|

“La importancia de la movilización en Rosario demuestra que hay fuerza social para frenar esta reforma reaccionaria, que busca legalizar la precarización y avanzar contra más de cien años de derechos laborales conquistados”, afirmó Burgos.

En ese sentido, denunció que “mañana los senadores que tratarán esta reforma deberán hacerse cargo de votar a favor de una verdadera estafa a los trabajadores, al servicio de los grandes empresarios y las corporaciones, mientras millones viven de changas, con salarios de miseria o directamente sin trabajo”.

Burgos también cuestionó a la conducción de la CGT por no convocar a un paro general: “No se puede enfrentar una ofensiva de esta magnitud con medidas tibias. Hace falta un paro general y un plan de lucha, no negociaciones a espaldas de quienes todos los días sostienen el país con su trabajo. No podemos dejar que el entreguismo de las direcciones traidoras desmovilize al conjunto de los que venimos luchando. Mañana desde la izquierda vamos a marchar también en apoyo al hospital Garrahan. El ataque a sus trabajadores con sanciones y despidos como contra nuestra compañera Norma Lezana es muestra de lo que quieren hacer con el conjunto de los trabajadores que luchan cuando tengan esta reforma que nos quiere precarizados y desorganizados.”

La dirigente entrerriana remarcó que este ataque se inscribe en un ajuste más amplio: “En Entre Ríos, Frigerio aplica el mismo ajuste, recortando en salud, educación y salarios estatales, mientras se multiplican las presiones y la falta de paritarias. Es el mismo modelo que hoy se quiere blindar con esta reforma laboral”.

Por último, Burgos convocó a movilizar en la provincia: “Este miércoles a las 18:30 en Paraná tenemos que estar en la calle en Paraná, rodear el Congreso y decir bien claro que no vamos a permitir esta reforma esclavista. La fuerza está en la movilización y en la organización independiente de los trabajadores”.

 

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

El planteo fue realizado mediante una nota enviada al presidente de OSER, Mariano Gallegos, firmada por el titular de FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, junto al secretario, Lautaro Torriano. Allí informaron que el tema fue abordado en una reunión de mesa directiva ampliada, realizada el 4 de febrero, con la participación de los titulares de las entidades gremiales departamentales.

En el comunicado, las autoridades expresaron: “Nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento lo tratado en reunión de mesa directiva ampliada con la presencia de los presidentes de las entidades gremiales departamentales que conforman esta federación. En la misma se analizó exhaustivamente la continuidad del vínculo prestacional entre la FEMER y el OSER”.

Según detallaron, durante el encuentro “se explicitaron un sinnúmero de reclamos por los débitos aplicados a nuestra facturación, muchos de ellos resueltos unilateralmente por la obra social y otros motivados por los numerosos asuntos pendientes, que subsisten y que fueran explicitados en nuestra nota de fecha 21/1/26”. En ese marco, indicaron que “se exteriorizó el menoscabo sufrido y la creciente irritación que provoca en los profesionales que integran el gremio médico entrerriano”.

FEMER sostuvo que la asamblea consideró “imprescindible y urgente la formalización de un convenio prestacional con reglas consensuadas y claras, que eviten estas perturbaciones”, y remarcó que “transcurridos muchos meses no se ha logrado un acuerdo arancelario ni una propuesta razonable de convenio con la OSER”. En ese sentido, advirtieron: “No puede sostenerse indefinidamente esta situación inestable que mantiene a nuestros profesionales asociados en la incertidumbre respecto de los valores y plazos en que percibirá la prestación que brinda”.

Finalmente, el gremio médico requirió “suscribir un convenio prestacional que contemple un acuerdo de valores justo y serio que permita la continuidad de las prestaciones médicas a los afiliados de la OSER y que nuestros profesionales asociados puedan ejercer su actividad sin zozobras”. Además, informaron que el consejo directivo de FEMER fue convocado para el 25 de febrero, fecha en la que se evaluará refrendar un eventual convenio o, en su defecto, definir la posición y los pasos a seguir, lo que podría derivar en la interrupción de las prestaciones si no hay acuerdo.

La Rosca |Funcionamiento de OSER|

“Estas dificultades, que ya existían en el marco de Iosper, se han profundizado tras la conformación de la OSER, que-lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a afiliadas y afiliados- no ha logrado dar las respuestas que la situación requiere”, sostuvieron.

 

“Tal como lo señalamos oportunamente, advertimos que muchas de las decisiones adoptadas se han realizado de manera discrecional y sin la transparencia necesaria, en un contexto que genera serias dudas sobre el destino y el uso de los recursos de la obra social, hoy bajo la órbita del gobierno de la provincia de Entre Ríos”, alertaron.

 

“Lamentablemente, en la vida cotidiana de quienes utilizamos la obra social seguimos observando que los problemas de acceso a la salud no se resuelven, y que persisten importantes dificultades administrativas y de funcionamiento en una institución que debería estar al servicio de las y los trabajadores”, sostuvieron.

 

“En este marco, nos preocupa profundamente la circulación de denuncias anónimas que dan cuenta de un clima de malestar creciente entre afiliadas, afiliados y trabajadores del sistema, y que reflejan una realidad que vivimos día a día: el acceso efectivo a la salud está siendo puesto en riesgo”.

 

“Queremos expresar nuestra solidaridad con todas y todos los afiliados, y especialmente con las trabajadoras y los trabajadores de OSER, quienes no solo enfrentan recortes y dificultades en la prestación de servicios de salud, sino también situaciones de hostigamiento y la falta de respuestas a problemáticas estructurales como salarios y condiciones laborales”.

 

“Por todo esto, llamamos a mantenernos en estado de alerta y movilización para defender la obra social y para seguir impulsando un sistema de salud que conciba la salud como un derecho fundamental y no como un negocio”, señalaron. (APF)

La Rosca |Caminos rurales|

El subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, José Palacios, encabezó una reunión de trabajo con representantes de Estación Sosa, María Grande Segunda, El Palenque, Colonia Rivadavia, Antonio Tomás, Arroyo Corralito y Aldea Santa María.

 

Del encuentro también participaron el director de Obras por Administración, Raúl Casali, y el jefe del Departamento II Consorcios, Marcelo Solanas. Tras el encuentro, la presidenta comunal de Estación Sosa, Gloria Vittor, remarcó: “Es muy interesante esta propuesta porque nos puede brindar la posibilidad de mejorar los caminos y dar mayor transitabilidad y mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a la zona rural”.

 

“Hay que seguir trabajando, ver la situación de cada uno de los caminos y las posibilidades que tenemos las comunas de poder acceder con maquinarias y realizar el mantenimiento de los mismos. Continuamos trabajando con muy buenas perspectivas para darle solución a la red vial de nuestro ejido comunal”, continuó.

 

Por su parte, Patricia Romero, de María Grande Segunda, comentó: “Es mi primera reunión como presidente comunal y resultó muy positiva. Tenemos que analizar este convenio porque en nuestro caso aún no contamos con las herramientas para hacernos cargo de tantos kilómetros. Los primeros dos años nos dedicamos a la limpieza de banquinas y el recambio de alcantarillas que también es fundamental para la transitabilidad, pero en este caso debemos analizarlo en profundidad para tomar la mejor decisión para nuestra zona”.

La Rosca |Acompañamiento en el Consejo General de Educación |

Subrayó que su función estará centrada en el acompañamiento al Consejo General de Educación (CGE), respetando su autonomía, y en la articulación con distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la educación en la provincia, marcada por recortes presupuestarios, sobrecarga docente y la necesidad de promover procesos de innovación pedagógica en un contexto de escasez de recursos.

 

Kerz insistió en que su tarea en el Gobierno será “acompañar” la tarea que desarrolle el Consejo General de Educación (CGE), y que su área depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo. “Voy a trabajar articuladamente con el Consejo”, aclaró. “Se trata de respetar la autonomía del Consejo”, apuntó.

 

Sobre su llegada al gobierno -en una función que cumplirá Ad honorem y a tiempo parcial-, dijo que el primer llamado que recibió fue del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; luego, dialogó con el gobernador Rogelio Frigerio; y al final la convocatoria para sumarse a la Secretaría de Articulación Educativa provino del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

“Yo voy a estar a disposición de la presidencia del Consejo, trabajando muy cerca; y en la articulación con otros organismos. Además, voy a aportar desde mi experiencia académica lo que tiene que ver con las transformaciones internas, la forma de aprender en las escuelas, las transformaciones que han ocurrido en la forma de relacionarse con las escuelas de las niñeces y juventudes. No creamos que porque está la Inteligencia Artificial vamos a dejar de pensar; al revés, tenemos que pensar todavía más para poder tener después la maquinaria, la Inteligencia Artificial a nuestro favor”, comentó.

En ese marco, el funcionario describió en declaraciones periodísticas, el complejo escenario que atraviesa actualmente el sistema educativo entrerriano, condicionado por limitaciones presupuestarias, recortes a nivel nacional y una creciente carga administrativa sobre el trabajo docente. Dijo en tal sentido: “Estamos en un momento de enormes restricciones. Tenemos grandes dificultades con los recursos. Hay determinado tipo de recorte que se sienten. Por ejemplo, ahora disminuyó el presupuesto educativo nacional, y eso nos hace suponer que habrá bastantes tensiones en ese aspecto. Y uno trata de convivir con esas cuestiones y resolver como se pueda. Este es un aspecto, la restricción presupuestaria. Después, hay una sobrecarga docente, hay actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria, que uno tiene que ir pensándolas cómo las simplifica para el docente, porque tenemos herramientas a mano”.

Finalmente, Kerz puso el foco en la necesidad de revisar prácticas burocráticas y de generar condiciones que alienten la innovación en las aulas, acompañando a los docentes en los procesos de formación y experimentación pedagógica. “Esos documentos que se escriben por cada alumno, que después nadie lo lee, porque en realidad es algo rutinario que está. Hay que encontrar otra forma para aliviar también al docente de esa carga que tiene. Y después, acompañar en la formación docente, cómo uno anima a la docencia a poder explorar, a poder innovar, y no tener miedo de que seas reprendido por alguna experiencia incorrecta, porque en realidad es tan incierto el futuro que nosotros tenemos que animarnos a probar, incluso animarnos a innovar, siempre sabiendo que los recursos son escasos, y que va a ser dificultoso responder, digamos, la necesidad o las expectativas del colectivo docente. Aún así hay que animarse. Es lo mismo que me digo a mí. ¿Por qué no voy a acompañar en esto? Porque la otra era quedarme en casa protestando, o diciendo la cosa no funciona. Somos conscientes que hay enormes restricciones. Comparado con la época que a mí tocó ser presidente del Consejo, los recursos económicos eran bastante más accesibles. En esa época habíamos sido la cuarta provincia del país en inversión en educación técnica”, cerró.

La Rosca |Reclamo por servicio de colectivos |

Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas con los que se enfrentan, fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el defensor Lisandro Amavet.

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se han registrado reclamos relacionados con recorridos, esperas por frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y de garitas. También se planteó la necesidad de que se liberen los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza el tránsito de los colectivos, y que se atiendan los inconvenientes que genera la altura de los escalones de acceso a las unidades en personas mayores o con dificultades de movilidad, entre otros temas.

Amavet dijo que, si bien la nueva concesión del servicio que se instrumentó en diciembre con los nuevos prestadores es un avance para la ciudad, “se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte”.

Seguidamente añadió: “El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una `llave´ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo”.

Participaron de la reunión un grupo numeroso de vecinos y funcionarios del área municipal.

La Rosca |INDEC e IPC|

“La reciente renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refleja la tensión del gobierno de Javier Milei sobre la implementación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, contextualizó, señalando que el IPC actual “mide una canasta de productos y servicios en base a las conductas de consumo del año 2004”.

En este contexto, el economista entrerriano aseguró que Lavagna había estado trabajando en la actualización del IPC para reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales. “Sin embargo, el gobierno de Milei está manipulando los datos para presentar una imagen más favorable de la economía”, sostuvo.

Para Gabás, el nuevo IPC, que se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, “iba a darle mayor ponderación a los servicios, como vivienda, electricidad y transporte, lo que podría mostrar una inflación más alta que la actual”.

A su vez, opinó que “la nueva canasta de consumo refleja patrones de gastos contemporáneos y acordes a la cultura de consumo, reemplazando a la vetusta canasta de 2004”. También consideró que “asimismo, se amplía la base de precios relevados de 320 mil a más de 500. Es decir que, el peso relativo de ‘Alimentos y bebidas’ bajaría del 26,9 al 22,7 por ciento, mientras que ‘Vivienda, electricidad y otros combustibles’ aumentaría de 9,4 a 14,5. El transporte ganaría relevancia, pasando del 11 al 14,3 por ciento”.

El dirigente entendió que “las consecuencias de dichas medidas ya están a la vista”. En esa línea, aseguró que “principalmente, Milei siempre se jactó de la intendencia del INDEC y su comportamiento es el reflejo de su impotencia. Lo que no gusta, se elimina. Deja de lado el respeto por las instituciones democráticas”.

Además, Gabás consideró que “la pérdida de credibilidad y la manipulación de los datos estadísticos ha generado no solo incertidumbre en los mercados (caída de bonos, acciones y aumento del riesgo país) sino que, además, es el primer error no percibido por el gobierno (que va a tallar su gobierno), en su único vector de importancia económica, que era la inflación”.

La Rosca |Agroindustria nacional |

“La ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”, sostuvo el legislador.

La Rosca |Jornadas sobre narcotráfico y contrabando  |

Con una destacada participación de representantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, funcionarios y profesionales y estudiantes del derecho, se desarrolló este viernes 6 en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú la jornada de capacitación “Narcotráfico y Contrabando”.

La actividad fue organizada por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el Gobierno Municipal y la Sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y trabajo conjunto para abordar estos delitos complejos.

La necesidad del trabajo articulado

En el acto de apertura, el juez federal Hernán Viri destacó el nivel de los expositores y el carácter plural de la jornada, que reunió a jueces y fiscales locales y federales, miembros de las fuerzas de seguridad, abogados, estudiantes, personal de Aduana y representantes de distintos organismos.

“Este es un encuentro para pensar, reflexionar y escuchar nuevas miradas sobre dos flagelos cuyas consecuencias nos atraviesan a todos”, expresó el magistrado, quien además subrayó que el objetivo era compartir experiencias y generar un intercambio abierto, más que brindar exposiciones magistrales.

El intendente Mauricio Davico valoró la realización del encuentro y afirmó que “como sociedad y desde los tres poderes del Estado es imprescindible trabajar en conjunto para enfrentar problemáticas tan graves como el narcotráfico y el contrabando”.

El jefe comunal enfatizó que “sabemos que es una guerra permanente, pero la única manera de avanzar es hacerlo unidos”, agradeciendo la elección de Gualeguaychú como sede del evento.

Panel sobre narcotráfico: enfoque en el microtráfico

La jornada se desarrolló en dos bloques temáticos. El primero, dedicado al narcotráfico y moderado por el juez Viri, comenzó con la exposición del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien compartió su experiencia de cinco años como Jefe de Drogas de la Policía Federal.

El funcionario provincial explicó que actualmente en Entre Ríos el enfoque está puesto en el microtráfico, “cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando se transforman en dinero, ese pasamano que empieza a volver a los productores”.

Roncaglia fue contundente al señalar las múltiples dimensiones del problema: “El narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de personas, es lavado de activos y es deterioro social. Hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente drogas, y somos todos perjudicados, aunque no seamos consumidores”.

El ministro subrayó además la importancia de la presencia territorial: “No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente”.

En el mismo panel expusieron el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, investigación y tratamiento judicial de estos delitos.

Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales, afirmando que “nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena”.

 

Contrabando en zonas fronterizas

El segundo panel, moderado por el secretario del Juzgado Federal, Dr. Pedro Bancoff, se enfocó en el contrabando y sus particularidades en zonas fronterizas. Participaron el diputado nacional Guillermo Michel, los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo.

La Rosca |Necesidades de infraestructura escolar  |

Durante la visita, el mandatario también recorrió las instalaciones y observó las necesidades de infraestructura del edificio, próximas a repararse, como las filtraciones en los techos.

Frigerio concurrió acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; y el director del establecimiento escolar, Javier Polinelli.

En la institución educativa, ubicada en calle Rondeau 676, siete internos de la Unidad Penal Nº 1 realizan tareas de limpieza, desmalezado y mantenimiento del parquizado, ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo. La tarea se replica en distintas instituciones educativas, en el marco de las políticas de cooperación interinstitucional y articulación entre organismos provinciales.

Al respecto, Frigerio destacó que esto “forma parte de un programa que venimos llevando adelante con el ministro de Seguridad y Justicia para que los internos tengan actividad, sobre todo en el periodo final de sus de sus condenas, combinado con la necesidad de preparar las escuelas para el inicio de las clases”.

Señaló que este programa se está replicando en distintos lugares de la provincia. “Para nosotros es importante que los internos trabajen, y creo que toda la sociedad acompaña esta medida”, dijo el mandatario y remarcó que esto se conjuga “con algo imprescindible y prioritario como es la necesidad del mantenimiento y la preparación de las escuelas para el inicio del ciclo lectivo”.

Por su parte, Roncaglia explicó que “venimos desarrollando acciones de laborterapia en diferentes puntos de la provincia, convencidos de que el trabajo es una herramienta de transformación real. En esta oportunidad, estamos colaborando activamente con el corte de pasto y el reacondicionamiento integral de la escuela Técnica de Paraná”.

Para el ministro, “estas tareas que realizan los internos a través de las salidas laborales son piezas fundamentales para la reinserción social y la formación en oficios. No se trata solo de un servicio a la comunidad, sino de dotar de dignidad y herramientas de futuro a quienes están cumpliendo una condena”.

Finalmente, afirmó que “este taller es solo una muestra de lo que sucede en la Unidad Penal 1, pero es una política que replicamos en todas las unidades de la provincia. Hoy tenemos internos formándose y produciendo en áreas como tapicería, confección de calzado, carpintería, escobería, chapa y pintura, mecánica y panadería. Nuestro objetivo es claro: que el paso por la institución penitenciaria sea un camino de aprendizaje que devuelva a la sociedad ciudadanos capacitados para el mundo del trabajo”.

La Rosca | Reclamo por paritaria del gremio docente  |

El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), reunido en Ibicuy, declaró el estado de alerta y demandó al Gobierno provincial una “urgente convocatoria a paritaria salarial”. El reclamo se centra en la necesidad de una propuesta que dignifique el salario docente y garantice condiciones adecuadas para el inicio de clases en 2026.

Agmer manifestó que el ingreso actual de los docentes resulta insuficiente para cubrir gastos básicos como alquiler, servicios y alimentación. “Si hay un primer punto para reconocer nuestra labor, es que el salario alcance para vivir con dignidad”, expresaron los dirigentes.

El sindicato exige estabilidad laboral y mecanismos concursales transparentes, además de rechazar cualquier intento de modificar la Ley 8732 de Jubilaciones y Pensiones. “Defenderemos nuestros derechos previsionales sin más ajustes ni despojos”, remarcaron.

El último congreso de Agmer, realizado en diciembre en San Salvador, ya había advertido sobre la falta de avances en las comisiones paritarias y reclamado un nuevo acuerdo salarial que contemple el costo de vida en aumento. En agosto y diciembre de 2025, el gremio pidió reabrir la paritaria anual, pero no obtuvo respuestas.

La negociación de 2025 fue extensa y conflictiva. Tras varias audiencias, el Gobierno ofreció incrementos atados al índice de inflación, un bono fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad y mejoras en el Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo, Agmer consideró la propuesta insuficiente y condicionó su aceptación a la actualización de la base de cálculo y la corrección de distorsiones en el escalafón.

De cara al ciclo lectivo 2026, el sindicato advierte que la responsabilidad política recae en el gobernador Rogelio Frigerio. “Si no hay respuesta que contenga nuestros planteos, alertamos sobre la responsabilidad absoluta del Ejecutivo en el inicio de clases”, señalaron los congresales.

Agmer reclama que la paritaria se convoque de inmediato, que se garantice inversión en infraestructura escolar, transporte y obra social, y que se avance en un acuerdo salarial que supere la inflación. El gremio ratificó que continuará en estado de alerta y movilización hasta obtener una propuesta que dignifique la tarea docente.

La Rosca |Administración en ATER  |

Korell indicó que, si bien el caso de Concepción del Uruguay “puede ser un disparador, pero es el inicio de un proceso que ya lleva alrededor de un año y medio en el que venimos trabajando; la administradora trató en su objetivo de digitalizar y tener todos procesos digitales y la detección de mejoras también fue parte de eso”. Al respecto, puntualizó que “estuvimos trabajando en la herramienta, después en el marco normativo de cómo se podía aplicar y se fueron llevando varias tareas a cabo hasta que decidimos empezar este año con la detección de mejoras que no estaban declaradas”.

Aclaró en declaraciones periodísticas que, “a veces el contribuyente, en el afán de no entender cómo tenía que declararlo, también el sistema era complejo, y a veces el vecino pensaba que lo declaraba en el municipio y cuando le llegaba la boleta del impuesto inmobiliario que recaudamos desde ATER, no estaban declaradas esas mejoras”.

Ante ello, comentó que “en primer lugar, intentamos hacer acuerdos con los distintos municipios para que nos brinden información de sus datos. La realidad es que muchos municipios a veces no están preparados y no tienen ni la capacidad ni la tecnología que tenemos nosotros, o tienen la información en soporte papel y se hace muy difícil el tema de la carga. Entonces no teníamos ese fluido de datos que nosotros necesitamos, con lo cual tomamos la decisión de empezar a actuar a través de la administradora, y llegamos a esta conclusión que nos da, en promedio un 30 o 40% de las partidas que no tienen declaradas sus mejoras en el impuesto, aunque en algunas localidades hay porcentajes mucho mayores”.

Sobre la tecnología implementada, indicó que “se hizo trabajando con los técnicos. En la Dirección de Catastro, que está a cargo nuestro, hay unos chicos que son muy jóvenes, y en conjunto con la Dirección de Sistemas fueron desarrollando herramientas que son gratuitas. La administradora no gastó un solo peso en el trabajo de generar estas herramientas para poder detectar. Con el fin de ir tratando de optimizar los recursos, lo fuimos haciendo nosotros porque la realidad es que los recursos humanos que tiene la administradora tributaria son muy buenos, en su mayoría son profesionales, a veces hay que ordenarlos, pero siempre con un objetivo de adónde se quiere llegar y generaron esta herramienta, que en otros casos capaz que hubiera generado un costo significativo para las arcas del Estado. En este caso no gastamos un solo peso en generar estas herramientas”.

Consultado por el nivel de recaudación de impuestos durante 2025, el funcionario sostuvo que “teníamos en el presupuesto alrededor de 900.000 millones de pesos y la realidad es que recaudamos un 10% más. Obviamente que en el contexto y la situación en que se encuentra la provincia, a veces, los recursos no alcanzan, pero la realidad es que el año pasado tuvimos un plan de pago que fue bastante beneficioso para los contribuyentes que se pudieron poner al día con sus deudas, y también nos generó una compensación con la pérdida de los recursos que tiene la provincia a nivel Nación y tratamos de ir colaborando. Si bien nuestra cuota de aporte es más chica, todo hace que sume y podemos aplicar esos ingresos a políticas de Estado”.

Respecto del impuesto automotor, explicitó que “nuestro código fiscal el año pasado nos permitía incrementar en las últimas cuotas, pero la realidad es que el impuesto quedó fijo para todo el año y se dio la posibilidad al contribuyente de tener una cuota más”. Al respecto, aclaró: “La desinformación hizo que se considere que se había agregado una cuota, pero en realidad dimos la posibilidad de que el mismo impuesto se pueda pagar, en vez de cuatro cuotas, en cinco cuotas”.

“La realidad es que el año pasado los valores se incrementaron a niveles de la inflación del año 2024, que era alrededor del 115%. En este caso, el proceso de inflación va desacelerando y obviamente que los aumentos van a ser seguramente menores, pero hay que tener en cuenta que el impuesto automotor se rige por el valor de tabla que no fija la Dirección Nacional de Registro Automotor, es decir que función de eso y de acuerdo a las tablas y los coeficientes que tiene la administradora se aplica el impuesto. Pero la base del origen surge de las evaluaciones de la Dirección Nacional de Registro Automotor”, apuntó.

Como ejemplo, mencionó que “el impuesto inmobiliario rural tiene una baja morosidad, y realmente es mucho mejor cumplidor que el urbano”.

Al momento de analizar la influencia de la crisis económica general del país en la morosidad, Korell admitió que “se ha notado que, a los contribuyentes de bajos recursos obviamente le cuesta mucho más cumplir, porque tienen otras prioridades, pero a nivel general diría que ha mejorado la performance del cumplimiento de las obligaciones”.

Consideró que “también ayudó mucho el tema del plan de pago, que tenía muchos beneficios y mucha gente se pudo poner al día. Eso ayudó, porque la realidad es que tuvimos una recaudación de 35.000 millones de pesos en el régimen del plan de pago, teniendo promedios de 90.000 mensuales. La realidad es que fue un monto importante”.

En el otro extremo, sobre el sector de mayores ingresos con bienes de lujo, embarcaciones, o vehículos de alta gama, puntualizó que “en relación con embarcaciones, este año hicimos operativos en guarderías; se nos hace muy difícil porque no es como el registro automotor que podemos tener una información o una base de datos y se hace muy difícil la detección. De todos modos, estamos trabajando ahora en periodos de verano donde las dejan en guardería, y se está trabajando para que haya más equidad y que todos paguen”.

“Con respecto al tema de automotor, hemos notado que han venido vehículos de origen chino o de mecánica híbrida o eléctrico, y puede ser que podamos mirarlo un poquito con más detalle, porque los vehículos híbridos tienen beneficios que no tienen los vehículos de motorización convencional. Entonces, si bien ahora se acortó el periodo de exención, porque antes tenían 5 años de exención, ahora vamos a tener que ir mirándolo. Pero más que nada lo que se ha incrementado son vehículos de motorización híbrida, no tanto de alta gama”, explicó.

Por último, aclaró que “el kayak o piragua no pagan tributo, estamos hablando en principio de que sea con motorización, una lancha o un velero”.

La Rosca |Vínculos en la Causa Kueider |

“Al día 22 de enero de 2026, el agente Rodolfo Daniel González es empleado de esta institución y revista en la Planta Permanente en la categoría A-06 del escalafón”, ratificó la BCN como respuesta al requerimiento.

 

«Gonzalito» está imputado en la causa que investiga a Kueider y está en manos del Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo considera parte de la “asociación o banda” destinada a cometer ilícitos. La magistrada lo investiga por varios delitos, entre ellos, lavado de activos.

Sin sueldo

La Biblioteca del Congreso aclaró que González no percibe un salario. “El agente se encuentra, desde el día 4 de abril de 2025, suspendido, sin prestación de servicios ni percepción de haberes”, puntualizó el organismo en otro tramo de la respuesta a Infobae.

 

La suspensión sin sueldo se resolvió “en virtud de un sumario administrativo en curso en esta Biblioteca del Congreso, relacionado con la causa judicial”, iniciada en San Isidro.

 

Luego, la BCN precisó que en marzo de 2025 “cursaba una licencia por enfermedad prolongada”. Ese mes, en medio de una serie de allanamientos y procedimientos dictados por Arroyo Salgado, quedó detenido. Fue alojado en Ezeiza. En julio de ese año logró que la Cámara Federal de San Martín revocara la prisión preventiva y lo excarcelara.

 

La Biblioteca del Congreso de la Nación es una institución pública que depende de ambas cámaras. La administra una comisión integrada por seis diputados y otros tantos senadores. La última conformación tuvo mandato hasta diciembre de 2025. Su presidenta fue la senadora Luisa Ávila (Tucumán – Partido de la Justicia Social). Infobae intentó contactarla, pero no respondió los mensajes.

Cuál era el vínculo entre González y Kueider

«Pajarito» quedó como empleado de la biblioteca a principios de siglo. Cuando Kueider llegó al Senado en diciembre de 2019, lo llevó a trabajar con él. La relación tenía dos facetas. Una en lo público: González quedaría adscripto al despacho del entonces senador y no debía cumplir con las formalidades de horarios y demás en la BCN. La segunda, en lo privado: tenía que “poner el rostro” como presidente de Betail SA.

 

Kueider adquirió la empresa ese mismo mes, a días de asumir su banca. «Gonzalito» figuraba como dueño del 50% de las acciones. Y, en los papeles, era el presidente. Duró poco. En los primeros meses de 2019, el ex senador repatrió de España a su primo Javier Rubel. Este albañil de Concordia se quedó con la parte y el cargo de González en Betail.

 

Este movimiento debía ser definitiva, pero surgió un problema. La ex pareja de Rubel lo acusó de abuso de sus hijas menores, nacidas durante una relación anterior. El caso sacudió los Tribunales de Concordia. Y forzó a Kueider a revertir la venta de acciones. González volvió a quedarse con el 50% de la empresa y a figurar como presidente.

 

«Gonzalito» era, además, el dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay. Junto a él iba su ex secretaria Iara Guinsel. Trasladaban más de USD 200 mil sin declarar. Por esa maniobra, será juzgado en Asunción en el mes de abril. Lo acusan de contrabando en grado de tentativa. El Estado paraguayo incautó el dinero y el vehículo.

Cuál era la importancia de Betail SA en el esquema

Federico Domínguez es el fiscal federal en quien Arroyo Salgado delegó la instrucción de la causa. El funcionario consideró en el expediente que la empresa era, en realidad, “una fachada, una pantalla”.

 

En la investigación judicial figura que entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider adquirió departamentos y cocheras en un edificio de lujo de la ciudad de Paraná. Esas unidades se registraron a nombre de Betail SA. Tres testigos aportaron esos datos. Se trata de personas vinculadas a la desarrolladora inmobiliaria que construyó el complejo.

 

La investigación también encontró que, para disimular las maniobras, se simularon préstamos de la firma Estructuras Financieras SA. La empresa desconoció las operaciones que figuraban en el balance de Betail.

Conforme a la hipótesis fiscal, esta estrategia se habría gestado porque Edgardo Kueider “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”.

 

La AFIP (hoy ARCA) informó que durante 2021 el ex senador por Entre Ríos registró ingresos salariales por un total de $4.114.023,59; en 2022 por $6.704.690,99; y en 2023 por $16.757.765,47. En esos años, no emitió facturas.

 

La suma de todos los montos no se acerca al 50% del valor pagado por los inmuebles.

 

Por último, otro dato es que González y su pareja, Adriana Crucitta (también vinculada a la causa), tenían una sociedad en común. Se llama Peninsular Sudamericana SAS. A través de esta figura, se ingresaba dinero a la cuenta de Betail SA. Por su parte, Guinsel usaba esos fondos para atender gastos de los departamentos, como expensas y servicios.

 

El propósito, según la hipótesis fiscal, era que la pareja de Kueider apareciera ejerciendo el carácter de administradora de los inmuebles a fin de “ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes”.

La Rosca |Polémica por proyecto industrial de la empresa HIF Global |

Formalmente, exigieron “acciones inmediatas y efectivas para defender nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional (Art. 41); cumplimiento estricto del Estatuto del Río Uruguay, particularmente los artículos 7 al 13 (Consulta y aviso previo ante la CARU); protección de nuestro patrimonio, cultura, ambiente y medios de vida frente a la amenaza de la planta química de HIF Global; y representación firme de los intereses de Entre Ríos ante las autoridades nacionales y en el ámbito internacional”.

“Usted fue elegido para representar y defender los intereses de los entrerrianos, no de corporaciones extranjeras ni de gobiernos foráneos. Este es un tema de soberanía, dignidad territorial y defensa de lo nuestro”, le recuerdan a Frigerio.

“Si el Estado Provincial no actúa ahora con firmeza, estaremos renunciando a nuestros derechos y condenando a nuestras comunidades. La historia juzgará nuestra acción u omisión”.

La misiva fue recibida por la secretaria del gobernador en el acto realizado el martes 3 de febrero en el Palacio San José, con motivo del acto conmemorativo de la Batalla de Caseros.

El agua del río, “impactada por sustancias químicas”

La iniciativa pertenece a la organización “Colón en riesgo”, encabezada por la Lic. Adriana Viollaz y el Ing. Miguel Delaloye, y reúne las firmas de vecinos preocupados por las posibles consecuencias del megaemprendimiento que se realizaría a 3.500 metros de la ciudad.

Tenemos conformados tres equipos: uno técnico-jurídico, uno institucional y otro de comunicación, desde los que vamos delineando acciones.

“Presentamos a los Concejos Deliberantes de la Microrregión Tierra de Palmares el pedido de declaración de causa, para que hagan una ordenanza en común declarando este problema como causa prioritaria. También presentamos una nota a Cancillería solicitando el pedido de información a la República Oriental del Uruguay y que se haga respetar el Tratado del Río”, menciona Viollaz a El Entre Ríos.

Además, “surgió la presentación de esta carta a Rogelio Frigerio, pidiendo que a nivel gobernación se establezca esta causa como prioritaria”.

“Lo preocupante es que van a utilizar el agua del río como insumo, que obviamente va a estar fuertemente impactada por sustancias químicas, afectando a todas las ciudades ribereñas que la consumimos. Esto amerita una intervención de todos los estamentos del gobierno de la provincia”, resalta.

Piden al gobernador “que haga las gestiones que correspondan a nivel nacional para que la causa tome la dimensión que debe, dado que ya se aprobó la validación de localización, están en proceso de presentar el estudio de impacto ambiental y esto sería en marzo”.

“Si repetimos la historia de Botnia, no estamos muy lejos de que comiencen las obras, pese a no haber consultado a la Argentina y no haber respetado el Tratado del Río Uruguay, generando una fuerte división entre la comunidad que está favor y la que está en contra”, concluye.

La Rosca |Debate sobre siniestros viales |

En un documento, UCR Activa señaló que “los datos son contundentes y verificables. El año 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales. El arranque de 2026 fue todavía más grave: enero terminó con 26 personas fallecidas. Si esa tendencia se mantiene, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un aumento de más del 70 por ciento respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”.

 

Además, advirtió que “nada de esto ocurre por azar. Entre Ríos ocupa una posición estratégica en el Mercosur. Es corredor obligado del comercio regional, con tres pasos internacionales hacia Uruguay, conexión directa con Santa Fe —especialmente Rosario, nodo exportador— y vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires. A ese tránsito estructural se suma la producción agrícola-ganadera, avícola y la cuenca lechera del centro provincial. En verano, además, el turismo multiplica el flujo de vehículos. Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono”.

 

Sin embargo, aclaró, “el Estado nacional decidió retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales. Y el gobierno provincial acompañó esa decisión sin protestar, sin exigir lo que corresponde a Entre Ríos y sin un plan alternativo serio. El resultado es un sistema vial deteriorado, saturado y cada vez más peligroso”.

 

A esto se suma un nuevo contrato de concesión de rutas que vuelve a cometer errores graves. “Entre las obligaciones de las concesionarias no se tuvo en cuenta a los bomberos voluntarios. Hoy, muchos cuarteles que intervienen a diario en siniestros sobre rutas concesionadas -porque tienen la obligación legal y humanitaria de hacerlo- tienen deudas con estaciones de servicio y no saben cómo afrontarlas”.

 

UCR Activa marcó que “los vecinos financian con aportes solidarios emergencias que deberían ser cubiertas por quienes recaudan millones en peajes. Tampoco se contempló entre las obligaciones, que aporten al sistema sanitario provincial porque utilizan su infraestructura y recursos públicos de manera permanente y no contribuyen en nada; lo que constituye un subsidio encubierto del Estado entrerriano”.

 

Además, exhortó a los legisladores nacionales entrerrianos “a que trabajen para modificar los pliegos de licitación de las rutas nacionales 12 y 14. Es imprescindible que se incluya la obligación de que las concesionarias cuenten con servicios médicos permanentes, con salas fijas equipadas con shock room de mediana complejidad para la atención de traumas que permitan estabilizar a las víctimas y luego derivarlas. Y que se establezca, de manera explícita, un aporte económico obligatorio para los cuarteles de bomberos voluntarios que operan en esos corredores viales”.

 

Causales estructurales

Más adelante aclaró que “hay una causa estructural que también debe decirse sin eufemismos: el desguace del ferrocarril en la década de los ’90 convirtió a las rutas en la única vía de transporte de cargas. La ausencia del tren satura las rutas con camiones de gran porte, las destruye y multiplica el riesgo. Mientras tanto, Brasil moderniza y expande su red ferroviaria, con más de 30.000 kilómetros de vías y corredores logísticos estratégicos que unirán los dos océanos. Aquí, pretendemos sostener todo sobre asfalto que no se puede mantener, solo para favorecer intereses sectoriales en detrimento de la seguridad y de la vida de los argentinos”.

 

Mientras el mundo avanza hacia rutas inteligentes —infraestructura con sensores, monitoreo en tiempo real, gestión de tránsito, asistencia automática ante siniestros— en la Argentina los pliegos de licitaciones se siguen concentrando en: cobrar más, gastar menos, sin transformar la infraestructura física y sin contemplar la inversión en tecnología que salve vidas.

 

El costo de las vidas humanas

UCR Activa remarcó que “la falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”.

La Rosca |Reforma previsional  |

“El Gobierno provincial quiere avanzar en reformar nuestra Ley de Jubilaciones. Este avance no es otra cosa que más vaciamiento de derechos y de bolsillos. Frigerio no vino a gobernar respetando nuestras leyes y derechos, sino a destruirlos”, afirmó el dirigente gremial.

En ese marco, Nessmann cuestionó el discurso oficial y aseguró que “se oculta la responsabilidad política y se construye un relato que no es otra cosa que justificar sus verdaderas intenciones”. “Pretenden hacer creer que modificar la Ley solo afectaría a los activos, que se defiende el 82 por ciento móvil y, lo que es peor, venden a los jubilados con el argumento de que tienen ‘derechos adquiridos’”, sostuvo.

“Es hora de desenmascarar esta farsa. Jubilados de Entre Ríos: alerta”, remarcó el secretario gremial, y explicó que uno de los puntos centrales de la reforma sería el aumento de la edad jubilatoria. “Cuando justifican el aumento de la edad, lo hacen para instalar el artilugio de que el jubilado vuelva a seguir aportando hasta la edad máxima que se les ocurra”, advirtió.

Nessmann señaló a AIM que “el quid de la cuestión” está en el intento de recalcular desde qué salario se determina el 82 por ciento móvil. “Dicen abiertamente que se debe recalcular desde qué sueldo se calcula el 82 por ciento móvil, y esta es otra trampa que se les relata a los jubilados”, afirmó.

“Dicho claramente: declaman que el 82 por ciento debe calcularse desde el salario neto y no desde el salario bruto, casi estafando desde este concepto la propia concepción de salario”, sostuvo. Al respecto, explicó que “hoy la movilidad se calcula sobre la totalidad del salario del activo. Es decir, si un activo recibe 100 pesos, al jubilado le corresponden 82”.

“Con el plan que impulsan, el cálculo se haría sobre el salario de bolsillo, es decir, luego de efectuados los descuentos de ley, descuentos que además vienen aumentando. En números concretos, el jubilado, en lugar de recibir 82, pasará a cobrar 64 o incluso menos, hasta hacer desaparecer la movilidad”, alertó.

Finalmente, Nessmann vinculó la iniciativa provincial con el escenario nacional: “Este es el mismo hilo conductor que vemos en los jubilados nacionales, condenados a salarios de miseria”. Y concluyó: “Estamos jubilados, pero no pasivos. No estemos tranquilos ni nos dejemos engañar. También vienen por nosotros”.

La Rosca |Ex funcionario implicado en siniestro gravísimo |

El abogado Félix Pérez, defensor de Ruiz Orrico —extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos— ofreció el pago de una suma total y única de 150 millones de pesos como “reparación integral del daño”, a través de una carta documento enviada a las familias. La oferta llegó a pocos días del juicio oral y público que será en Concepción del Uruguay. La primera audiencia será el 18 de febrero.

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando Orrico, conduciendo alcoholizado un vehículo oficial, se desvió de carril y embistió de frente a cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso, causando la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, de 31 y 26 años; Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23).

Dubini apuntó contra el trasfondo de la maniobra legal. “Es un buen accionar de sus abogados defensores como estrategia, porque ante el juez van a decir que intentó compensar el daño que hizo. Pero la carta documento me parece una falta de respeto, de los abogados y de la Justicia”, afirmó la mujer en declaraciones periodísticas.

Con crudeza y dolor, la madre puso en palabras lo que, asegura, no puede cuantificarse: “Preguntaría cuánto vale la vida de un hijo de él. Mis hijos no tienen precio. El lunes nos hacen llegar la carta documento de este homicida que nos ofrece una suma de dinero”. El ofrecimiento fue rechazado.

En ese sentido, Dubini remarcó que, más allá de cualquier condena, nada podrá reparar la pérdida sufrida. “Lamento mucho que él, como persona, crea que con unos pesos va a arreglar el daño que hizo. Si bien a mí el hecho de que sea condenado no me va a devolver a mis hijos, mis hijos van a tener la Justicia que se merecen. Hace un año y siete meses que le vienen dando muchos privilegios”, sostuvo.

Finalmente, recordó a las víctimas y destacó el sacrificio y los sueños que quedaron truncos. “Ellos eran seres de luz. Luquita era el nene de la casa, tenía 26 años. Brian, de 31, era común que los días que no trabajaba viniera a comer a casa. Recuerdo esa noche que le dije ‘mañana hacemos unos fideos’, y me dijo que no vendría porque trabajaba. Le dije ‘¿qué vas a hacer con tanta plata?’ y me respondió ‘terminar mi casa’”, relató con emoción.

Y concluyó: “Eran gurises que debían estar en un boliche porque era feriado, pero iban a laburar. Lucas trabajaba para su hijo; Axel para terminar de pagar su auto y su casa; Lea trabajaba por sus hijos. Estos gurises solo querían progresar”.

La Rosca |Inminente inicio de actividades escolares |

El Secretario General de AGMER, Abel Antivero, se refirió a la discusión salarial de cara al inicio del ciclo lectivo: “Tenemos la necesidad de tener una discusión salarial ante el difícil escenario económico que está pasando la sociedad entera”.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos expresó su convicción sobre la necesidad de plantear durante el año la discusión salarial como tema central para los docentes. Antivero explicó que hubo avances y esperan el llamado antes del inicio del ciclo lectivo.

“Planteamos la apertura de diferentes estados paritarios que tiene que ver con salud laboral y con infraestructura. Porque nosotros vemos una mirada también desde dentro de las escuelas que muchas veces el gobierno no la tiene. Nuestros compañeros son parte de la vida de las instituciones, por lo tanto, hay problemáticas que nos trasladan y que nosotros podemos analizar muchas veces con el gobierno, a través de sus funcionarios”, explicó el secretario respecto a la labor que llevan adelante como gremio.

Sobre las Escuelas de Innovación (Nivel Secundario), AGMER planteó lo inconsulto de los avances para una transformación de fondo que implica, entre otras cosas, precarización laboral, modificación de diseños curriculares, sistema de evaluación, régimen de asistencia y cargas horarias.– Ante los planteos sobre lo sucedido con el Nivel Superior, el CGE informó que están en diálogo con cada instituto confirmando las preinscripciones y las continuidades.

“El gobierno había definido en el último semestre avanzar sobre recategorizar escuelas y eso implica que algunos docentes puedan llegar a quedarse sin trabajo. Y nos pasó en el departamento Feliciano, donde 38 docentes se quedaron sin su empleo”, explicó el secretario con respecto a otro de los puntos que se pusieron en debate en la reunión.

Finalmente, Antivero concluyó que el trabajo que lleva adelante el gremio es pura y exclusivamente para evitar ajustes en la educación: “Sobre todo si hablamos de las escuelas rurales, hay que seguir teniéndolas”.

La Rosca |Preocupación por el agua en Paraná |

Durante el encuentro, concejales trasladaron reclamos concretos vinculados a problemas de presión, distribución e infraestructura, especialmente en zonas que históricamente presentan mayores dificultades. En ese marco, se enfatizó en la necesidad de que las obras planificadas se traduzcan en mejoras reales y visibles para la comunidad.

Desde el área municipal se brindaron detalles del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en Paraná, que contempla obras estructurales para optimizar la producción y distribución del servicio. Asimismo, se informó sobre el rol de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, encargada de la operación de las plantas, el mantenimiento de redes, la micromedición y el control de calidad del agua.

Participaron de la reunión la presidenta del bloque, Silvia Campos, y los concejales Rosana Toso, Maximiliano Rodríguez Paulín y Fabián Carbajal, junto a la secretaria Narella Guerra.

Desde el bloque se subrayó que el acceso al agua potable de calidad no puede ser un privilegio, sino un derecho básico, y se reafirmó el compromiso de seguir controlando y acompañando cada reclamo vecinal, como se viene haciendo en otros temas de la agenda local, destacando también la importancia del trabajo articulado con las áreas municipales responsables de llevar adelante las políticas públicas.

La Rosca |Debate sobre acuerdo con la UE  |

El bloque de Unión por la Patria tuvo una larga reunión durante la noche del martes y todavía no hay una postura de consenso. Un diputado que participó del encuentro afirma que “hay buena predisposición pero queremos ver los papeles”. “Hay 8 mil fojas que todavía nadie vio pero dicen que ya están en Legal y Técnica”, apunta.

Entre los diputados miran con preocupación la reciente decisión de la Comisión Europea de calificar a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” y, entienden, amenazas el negocio del biodiesel argentino. Además, en el kirchnerismo siempre hubo reparos con el acuerdo por considerar que no defiende los intereses del sector industrial argentino.

En medio de esa confusión en el bloque, un grupo de diputados dio un primer paso para apoyar el acuerdo porque creen que tiene aspectos positivos para el campo y podría ser una señal de acercamiento.

El grupo conformado por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Juan Pablo Luque y Emir Roberto Félix presentó un proyecto para crear una comisión bicameral con participación de sectores empresarios para evaluar los impactos del acuerdo y evitar que haya sectores perjudicados. Uno de los casos sobre los que quieren poner especial atención es el biodiésel, un sector que quedaría muy complicado con el acuerdo.

El grupo que presentó este proyecto viene teniendo diálogos con las entidades del campo, donde le expresaron apoyo al acuerdo con la Unión Europea. También hubo consultas con el titular de la comisión de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, que respaldó la creación de la Bicameral.

“Es necesario que los políticos escuchemos a los sectores industriales, al campo, la agroindustria, las cadenas de valor y los trabajadores al momento de implementar un acuerdo tan trascendente para nuestro país”, señala el proyecto.

En cambio, Juan Grabois publicó un mensaje lapidario en redes sociales. “Olvídense que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales”, escribió. Una línea similar a la de Grabois estaría expresando el excanciller Jorge Taiana.

Mientras tanto, los diputados de La Cámpora y el kircherismo duro están paralizados a la espera de alguna señal de Cristina, que se mantiene en un largo silencio y concentrada en su situación personal.

El acuerdo con la UE es un ejemplo clarísimo de la actualidad del peronismo, con dirigentes que están quietos por la falta de una bajada de línea y con miedo a expresar cualquier opinión por temor equivocarse. Por eso acaso sea una señal el movimiento del grupo de diputados que se desmarcó y apoya el acuerdo.

Además del impulso de Milei al acuerdo, al kirchnerismo le genera una contradicción también por la relación con Lula, que en una posición diametralmente opuesta expresó su “confianza” en que el Congreso “no medirá esfuerzos” para internalizar el acuerdo “en el menor plazo posible”.

 

La Rosca |Reunión de gabinete |

El encuentro semanal tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, donde los presentes analizaron la conmemoración de la batalla de Caseros, rescatando el aporte de Entre Ríos a la organización nacional y tomando el compromiso de defender y difundir esta herencia, tal cual lo desatacó el gobernador en el acto de la víspera.

“Hicimos un balance del acto de conmemoración de la batalla de Caseros, que fue una jornada muy provechosa, que reivindica la figura del general Justo José de Urquiza”, agregó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, al referirse a la actividad.

El titular de la cartera sanitaria, vocero de la reunión, expresó que también se trató el plan de refacciones y reparaciones de la red vial provincial, “porque hay rutas que están en mal estado”. A propósito, Blanzaco comentó que se debatió sobre el nuevo control de los pesajes en las rutas, “porque hay camiones que están con sobrepeso transitando las rutas que nos cuesta mucho esfuerzo mantener”.

Por último, el titular de Salud se refirió a un tema que preocupa a la gestión gubernamental y especialmente al área a su cargo: el alto índice de suicidios que tiene la provincia. “Es un tema que venimos abordando desde la Dirección General de Salud Mental desde el año pasado, en trabajo conjunto con la Legislatura, el Ministerio de Desarrollo y el Consejo General de Educación. Vimos los planes orientados a la promoción y prevención, que implementaremos a lo largo del año para disminuir este flagelo, y aprovechamos para recordar la disponibilidad de la línea gratuita 135”, finalizó.

La Rosca |Ley de emergencia en discapacidad |

La norma, sancionada como Ley 27.793, declara la emergencia en materia de discapacidad y establece un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Si bien el Congreso la aprobó, el Poder Ejecutivo había dispuesto mediante un decreto que su aplicación quedara condicionada a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Esa decisión derivó en una presentación judicial. En diciembre pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su “inmediata puesta en marcha”. En su fallo, sostuvo que el condicionamiento presupuestario resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad.

El Gobierno nacional apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín, pero el magistrado habilitó la feria judicial de enero para supervisar el cumplimiento del fallo. En ese marco, intimó al Ministerio de Salud a informar qué medidas había adoptado para avanzar con la implementación de la norma.

A comienzos de enero, la cartera que conduce Mario Lugones comunicó a la Justicia que había iniciado una serie de pasos administrativos y comunicaciones internas para poner en marcha la ley, aunque aclaró que su aplicación no podía ser inmediata y no precisó fechas concretas. Con la reglamentación ahora publicada, el Ejecutivo formalizó ese proceso.

La reglamentación aprobada ahora define cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley, que hasta el momento carecía de reglas operativas. Entre los cambios más relevantes figuran la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la conversión automática de beneficios ya otorgados y la implementación de auditorías periódicas para controlar el sistema.

Además, se dispuso que las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación, relevamiento y verificación de las prestaciones alcanzadas.

La reglamentación también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Asimismo, establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.

El decreto ratifica además los mecanismos institucionales de consulta y participación, a través del Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad, con esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La norma lleva la firma del presidente, Javier Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Federico Sturzenegger.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación “sin reconocer hechos ni derechos” ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, pero con el objetivo de dotar de precisión operativa y administrativa a la norma, ordenar los criterios de implementación y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las políticas públicas.

Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y sistemas de auditoría, y establece que el régimen deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y las reglas de compatibilidad de ingresos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales o asistenciales.

La Rosca | Impuestos en la factura de luz |

Este tributo, que alimenta el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FER), es un componente de jurisdicción provincial que incide directamente sobre el monto final de las boletas residenciales.

Con esta decisión, el gobierno entrerriano busca “morigerar los efectos de la transición energética” y evitar que la carga impositiva local agrave aún más la situación de los consumidores frente a la quita de subsidios nacionales.

El cuerpo del decreto fundamenta la medida en la necesidad de “transparentar los costos reales”, pero reconociendo que los incrementos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación han golpeado la economía familiar. En este sentido, la provincia ratifica su postura de intervenir en los componentes tarifarios que están bajo su control directo.

“Es convicción de este Gobierno Provincial que, ante contextos de emergencia, el Estado debe instrumentar acciones concretas para evitar más aumentos en la tarifa eléctrica, por lo menos en lo que respecta a los componentes de determinación provincial”, señala el texto que lleva la firma de Frigerio y el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob.

Obras públicas y financiamiento

Un punto que generaba dudas era el destino de las obras de infraestructura eléctrica y gasífera que se financian con este fondo. Al respecto, el decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas será el encargado de cubrir dichas obras con recursos del Tesoro Provincial, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para asegurar que la menor recaudación no paralice el desarrollo energético de la región.

Esta medida se suma a un paquete de acciones que la provincia viene ejecutando, entre las que se destacan:
• El sostenimiento de la Tarifa Eléctrica Social.
• La bonificación a entidades deportivas y sectores productivos (como el arrocero).
• La reciente reducción de la contribución única municipal, que pasó del 8,6% al 6% en las localidades adheridas.

La Rosca |Salida de Lavagna del gobierno nacional |

La renuncia de Marcos Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó fuertes repercusiones en el arco político.

En ese contexto, la diputada entrerriana Blanca Osuna vinculó el alejamiento del funcionario con una presunta manipulación de las estadísticas públicas por parte de la gestión de Javier Milei. “La renuncia de Marcos Lavagna al frente del Indec confirma una alarma que encendimos el año pasado en el Congreso. Advertimos entonces que modificar metodologías sin transparencia ni control parlamentario abría la puerta a la manipulación de estadísticas públicas. Por eso presentamos el proyecto 4559-D-2025 exigiendo explicaciones formales sobre el funcionamiento del organismo”, sostuvo la legisladora entrerriana.

“El gobierno de Milei construyó su relato político sobre la supuesta baja de la inflación y la pobreza. Pero la salida del titular del Indec, en medio del bloqueo a la actualización de los índices, expone la fragilidad de ese indicador y pone bajo sospecha los números que sostienen ese discurso”, enfatizó.

El nudo del problema no reside solo en los porcentajes, sino en la metodología utilizada para obtenerlos. La diputada entrerriana puso la lupa sobre un desfasaje técnico que el oficialismo omite: el uso de parámetros obsoletos para medir el costo de vida actual. Según Osuna: “La Canasta Básica Total se calcula con patrones de consumo de hace más de 20 años, cuando servicios y transporte pesaban mucho menos en el gasto familiar. Actualizarla habría mostrado una inflación más alta. Y como la pobreza se mide por ingresos en relación a esa canasta, usar una base desactualizada también distorsiona ese indicador: la supuesta baja de 20 puntos que anuncia el Gobierno no refleja la realidad.

Por último, afirmó que “el Indec es un organismo autárquico y debe estar sometido a control democrático. Lo exigimos el año pasado y lo seguimos exigiendo hoy: información pública clara, metodologías transparentes y rendición de cuentas ante el Congreso. Defender la verdad de los datos es defender los derechos de nuestro pueblo”.

La Rosca |Denuncia pago discriminatorio de dieta |

Etcheverry sostuvo: “En vista de la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de no revisar el fondo de la resolución de primera instancia —que convalidó el incumplimiento y el pago discriminatorio de las dietas — y de imponer además las costas del proceso a quien reclamó legítimamente, siento la obligación de decirlo con claridad. Mi reclamo fue válido, y el propio expediente demuestra que el pago se realizó recién después de iniciada la acción judicial. Aun así, la Justicia decidió no analizar si existió arbitrariedad, trato desigual o disciplinamiento económico, y terminó castigando a quien acudió a los tribunales para defender un derecho”, argumenta.

 

Luego indicó: “Considero que la tutela judicial efectiva y el derecho a ejercer la oposición sin presiones económicas no solo no fueron protegidos en este caso, sino que, con esta decisión, se profundizó el daño, trasladándome las consecuencias del incumplimiento estatal por haberlo visibilizado públicamente a la situación. Lo digo con responsabilidad institucional: mi caso no es un hecho aislado. En muchos municipios de la provincia, el uso de herramientas económicas para condicionar, disciplinar o silenciar a quienes no responden al oficialismo es una práctica conocida y ampliamente utilizada. Cuando la Justicia decide no favorecer el equilibrio y la institucionalidad, contribuye a que se sigan ocultando problemas estructurales del funcionamiento municipal”.

 

“Por esa razón, he decidido interponer un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en busca de una mirada objetiva e independiente que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no me ha brindado. Durante todo el proceso, el eje del reclamo fue sistemáticamente desviado, y finalmente se me sanciona por haber intentado resguardar mi derecho como representante electa. No puedo dejar de señalar una preocupación que excede mi situación personal. Mientras en otros casos -como reclamos de trabajadores contratados de Concordia tutelados por ATE- la Justicia entrerriana sí garantiza el acceso a la tutela judicial por la vía del amparo, y no deriva automáticamente los conflictos a otros fueros, pero cuando se trata de una concejal vecinalista, sin padrinos ni estructuras de poder profundas, el criterio parece ser otro. La pregunta es inevitable: ¿qué tienen en común las sentencias, que siempre terminan beneficiando al mismo espacio político?”, refiere.

 

“Yo no cuestiono a la Justicia por fallar distinto a lo que esperaba. La cuestiono cuando elige no revisar, cuando desplaza los problemas de fondo y cuando termina reforzando desigualdades de poder que deberían ser controladas, no naturalizadas, dependiendo quien sea el demandante y que padrinazgos tenga. Voy a seguir defendiendo mis derechos y los de quienes representan a sus comunidades sin obediencia ciega, porque la democracia local no se fortalece con silencios ni con castigos económicos, sino con reglas claras, igualdad ante la ley y jueces dispuestos a ejercer plenamente su función con objetividad  La justicia entrerriana no tiene venda, ni balanza, ni espada. Tiene una birome para condicionar económicamente a quien desafía el status quo”, finalizó la concejal vecinalista de Sauce de Luna. (Fuente: Debate Abierto)

La Rosca |Palacio San José|

El ministro Troncoso aseguró que “la firma del convenio que estamos por concretar marca un punto de inflexión para el Palacio San José. Ningún gobernador se había preocupado como lo hizo Rogelio Frigerio por el estado edilicio de este emblema de nuestra historia”, destacó Manuel agregó: “no solo se preocupó: se ocupó, gestionó y tomó decisiones concretas para revertir años de abandono y degradación”.

Consideró “clave para recuperar el Palacio que queremos” al hecho de que la provincia “se haya hecho cargo y que avancemos hacia una cogestión entre Nación y Entre Ríos”.

“Estamos hablando de uno de los símbolos más fuertes de la identidad entrerriana y de un patrimonio central de la historia argentina, que durante demasiado tiempo sufrió un deterioro profundo”, recordó el funcionario.

“En política hay gestión y políticas públicas, pero también hay capital simbólico, y la recuperación del Palacio San José expresa una decisión clara: volver a poner a Entre Ríos en el lugar que se merece en la historia”, opinó y terminó diciendo: “es, en alguna medida, retomar el proyecto que soñó Urquiza y dejar atrás años de decadencia, apostando a una cultura viva, cuidada y proyectada hacia el futuro”.

La Rosca |Sentencia condenatoria a ex funcionario |

La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná dictó una sentencia condenatoria contra Gustavo Eduardo Borrajo, exfuncionario provincial, obligándolo a pagar al Estado Provincial la suma de $25.722.684,17 más intereses desde agosto de 1998, que totalizan más de $100 millones de pesos actualizados. Borrajo ocupó el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999, período en el que se detectaron graves irregularidades en la gestión bancaria de la cartera.

 

Irregularidades detectadas

Entre las irregularidades encontradas se destacan la falta de rendición de cuentas documentadas, la ausencia de documentación al finalizar su gestión, la pérdida de control de causas judiciales y la imposibilidad de verificación por la falta de documentación, según reveló una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

 

Fallo de la Cámara

Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui señalaron que la conducta de Borrajo se limitó a cuestionar aspectos formales del proceso sin demostrar su diligencia en la función. La sentencia aplicó el principio de “culpa in re ipsa” y confirmó la responsabilidad civil del exfuncionario, imponiendo el pago del capital más intereses y las costas judiciales.

 

Antecedentes del exfuncionario

En los dos últimos años de la segunda Gobernación de Jorge Busti y Raúl Franzoni, Gustavo Borrajo se desempeñó como presidente del Instituto del Seguro, estando involucrado en situaciones controversiales relacionadas con planes de retiros voluntarios y ventas de cartera de clientes. Su vinculación con el exministro Eduardo Macri en manejos financieros en Suiza también fue objeto de análisis y denuncias en medios locales.

 

La Rosca | Defensa de la agroindustria nacional|

A través de sus redes sociales, el diputado nacional Michel sostuvo que “la ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”.

En la misma línea, el senador Bahl remarcó que “la industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE, definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental, funciona como una barrera para-arancelaria y una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”.

Ambos dirigentes señalaron que la Unión Europea es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel argentino, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros destinos internacionales.

En ese sentido, advirtieron que perder ese mercado “llevaría al cierre de plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo”, con impacto directo en las plantas ubicadas en el centro de Entre Ríos, particularmente en Nogoyá.

Finalmente, plantearon que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.

La Rosca |Cambios en Educación |

Kerz es sociólogo, docente e investigador, y ha desarrollado una extensa carrera vinculada a la educación, la gestión pública y el análisis social. En distintos momentos participó en debates sobre políticas educativas, inclusión y transformaciones del sistema escolar, además de desempeñarse como expositor en ámbitos académicos y jornadas de reflexión.

Al igual que Marta Landó, expresidenta del Consejo de Educación en la primera administración de Gustavo Bordet, Kerz asumirá el cargo ad honorem.

Kerz ocupó varios cargos en la gestión del exgobernador Jorge Pedro Busti. En 2005, y en medio del escándalo por la entrega de alimentos vencidos de programas sociales, reemplazó a la exministra de Desarrollo Social, Graciela López de Degani, que debió enfrentar además un proceso judicial de la que resultó sobreseída en 2007. Antes, entre 2003 y 2005 había sido Defensor del Pueblo de Paraná.

El 11 de noviembre de 2005, el entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, lo propuso para que Busti lo designe al frente del Consejo de Educación sucediendo en la función a Felipe Ascúa.

Un año después, en 2006, presentó su renuncia, molesto con la decisión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de instalar una carpa frente a Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial.

Además, Kerz fue diputado provincial, candidato a vicegobernador en 2011, acompañando en la fórmula a Busti, y ocupó otros roles relevantes en la gestión estatal, como la presidencia de la empresa láctea Cotapa.

Con su incorporación al gabinete de Frigerio, vuelve a ocupar un lugar central en la articulación de políticas educativas en la provincia.

La Rosca |Reclamo salarial en Salud |

La decisión surge como respuesta a lo que califican como un “empobrecimiento sistemático” y un “ajuste disciplinatorio”. Según manifestaron los delegados en las asambleas, la situación financiera de las familias es crítica debido a que los salarios no logran cubrir la canasta básica, situación agravada por el reciente incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones y la amenaza de nuevos recortes en los adicionales por horas extras.

 

“No somos vagos, queremos vivir sin la angustia de no llegar a fin de mes”, reza uno de los fragmentos más crudos del documento difundido por los empleados, donde también se critica la postergación de la paritaria sectorial.

 

A continuación, se transcribe de forma íntegra el comunicado emitido por los trabajadores de la cartera sanitaria:

¡BASTA DE AJUSTE DISCIPLINATORIO, INCONSULTO Y EMPOBRECEDOR!

 

Los trabajadores del Ministerio de Salud de Entre Ríos, nivel central, estamos diciendo basta a nuestros gobiernos que no nos representan y nos colocan, siempre, como variable de ajuste sin importar el hastío. Nos estamos reuniendo en asambleas, desde este miércoles, con retención de servicios por el lapso de tres horas.

 

Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Estamos hartos de tener salarios que no alcanzan el salario mínimo y nos dejan, como a los jubilados, por debajo del nivel de pobreza. A quienes tenemos familia, cada vez más nos cuesta poner cosas en la heladera. Porque llenarla es imposible hace décadas. Ni hablar de comprar ropa y calzado a nuestros hijos y todo lo necesario para sus estudios.

 

Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Mientras los políticos y funcionarios miran para otro lado y omiten ponerse en nuestros zapatos, hace ocho meses que nuestros sueldos están congelados a un nivel glaciar. Cada vez podemos menos y nos endeudamos más, pagando impuestos, tasas y servicios a precios de buen pagador. De esta manera, nuestro poder adquisitivo es paupérrimo y, en la mayoría de los casos, preso de tarjetazos; adelantos de sueldo y créditos leoninos que nos hunden en la desesperación absoluta. También caemos en el tramposo pago mínimo de las tarjetas de crédito, que nos sumen en las profundidades del Veraz.

 

Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. Proponemos un ejercicio de empatía a nuestras autoridades: cronometrar en cuánto tiempo se les termina un sueldo promedio de nuestros bolsillos – hoy amenazados por un nuevo recorte de horas extras-, teniendo en cuenta que ya nos quitaron un porcentaje en la primera estocada.

 

La segunda instancia de avasallamiento fue la quita de un porcentaje de nuestro sueldo para subsanar, qué palabra infeliz, la Caja de Jubilaciones de la provincia. Mientras tanto, trabajamos intensamente durante dos años para mostrar (con producciones comunicacionales e informes de gestión) que cada peso entrerriano va adonde tiene que ir. Eso sí, poco y nada para los empleados estatales.

 

Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. No obstante lo estatal es un universo diverso en cuanto a los salarios de cada sector. Y en esto los trabajadores de Salud en general, históricamente, llevamos las de perder. De nada sirven la antigüedad; la responsabilidad profesional; la bonificación por título; las recategorizaciones o los pases a planta: siempre nos falta medio para el peso. Y no hablamos de no podernos ir de vacaciones, nos referimos a tener un salario digno que no disfrace de horas extras un ingreso que nunca alcanza a ser suficiente.

 

En el medio, tenemos que ver cómo patean la paritaria sectorial, los dueños de la pelota pública: ellos no pagan los platos rotos jamás.

 

Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. No nos da vergüenza ser empleados públicos y no estamos pidiendo ser millonarios. Simplemente queremos vivir sin la angustia de no llegar a fin de mes, pudiendo dar respuesta a las necesidades más básicas de nuestras familias.

Esta medida de retención de servicios, que puede parecer exagerada para quien no está en nuestra situación, es la manera que encontramos para defendernos de un ataque masivo de empobrecimiento sistemático (que no tiene que ver con un gobierno) sino con un sistema que traga, mastica y escupe con desdén y violencia a los que lo alimentan y sostienen con su fuerza de trabajo.

 

Y no, no somos vagos. Y no, no es retórica ni elocuencia. DISCULPEN LAS MOLESTIAS: NOS ESTÁN RECORTANDO EL SUELDO Y NUESTRO DERECHO HUMANO A UNA VIDA SALUDABLE EN TODO SENTIDO. GRACIAS.

La Rosca | Licitación de la Vía Navegable Troncal |

El ingeniero Hernán Darío Orduna, autor del “Análisis revisado de los pliegos de la licitación de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata”, advirtió que el proceso licitatorio aprobado mediante la Resolución ANPyN 67/2025 presenta riesgos de “alta gravedad” para el Estado nacional, las provincias ribereñas y la soberanía logística argentina.

Según la síntesis del informe, la licitación de la concesión del dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal (VNT) no constituye una decisión meramente técnica o administrativa, sino que define el modelo de control estatal, el federalismo operativo, la competitividad económica y la proyección geopolítica del país por las próximas décadas. Se trata, remarca el documento, de la principal infraestructura logística de la Argentina, de absoluta relevancia para el comercio exterior, los costos de exportación y el desarrollo portuario.

Entre los hallazgos centrales, Orduna señala un riesgo institucional y constitucional, al advertir que el dragado fue declarado servicio público pero licitado como obra pública, lo que genera contradicciones normativas. Además, el esquema vigente excluye a las provincias del control efectivo, concentra decisiones en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y podría vulnerar los artículos 42 y 124 de la Constitución Nacional.

El informe también alerta sobre una posible pérdida de control del Estado, al indicar que el diseño contractual reduce la capacidad regulatoria futura y traslada decisiones estratégicas al concesionario privado, consolidando una dependencia estructural difícil de revertir en el tiempo.

En el plano económico, Orduna cuestiona el régimen tarifario previsto en los pliegos, que establece tarifas mínimas obligatorias y garantiza rentabilidad al concesionario. A su entender, esto elimina la competencia real, desnaturaliza el riesgo empresario y traslada mayores costos a usuarios, exportadores y economías regionales.

Desde el punto de vista técnico, el análisis advierte sobre la disminución administrativa de la profundidad del río Paraná en el tramo comprendido entre el sur de Diamante y Santa Fe, dispuesta por las disposiciones SSPyVN 24/2024 y 28/2024. Esta medida, sostiene Orduna, afecta la navegabilidad, la eficiencia logística y la competitividad portuaria, particularmente en Entre Ríos y Santa Fe.

Asimismo, se cuestiona la subvaloración del río Paraná Guazú como ruta alternativa estratégica hacia el océano, pese a sus ventajas comparativas, lo que debilita la redundancia logística del sistema. En ese marco, el ingeniero plantea la necesidad de realizar estudios comparativos entre distintas trazas, incluyendo Paraná de las Palmas–Canal Mitre versus Paraná Guazú–Canal Buenos Aires, así como Canal Punta Indio frente al Canal Magdalena, con una profundidad objetivo de 14,3 metros al cero.

El documento también subraya un déficit ambiental estructural, marcado por la ausencia de líneas de base, la falta de evaluaciones de impacto ambiental integrales previas y estudios hidrosedimentológicos insuficientes, con potenciales efectos directos sobre territorios provinciales.

En el plano internacional, Orduna advierte sobre compromisos pendientes con Uruguay en el ámbito de la CARP, los riesgos asociados al Canal Punta Indio y la falta de consolidación del Canal Magdalena como salida soberana al Atlántico.

Respecto del impacto territorial, el informe identifica afectaciones diferenciadas: Entre Ríos por la disminución del calado y la falta de consolidación del Paraná Guazú; Santa Fe por el aumento de costos logísticos y la pérdida de competitividad exportadora; y Buenos Aires por la incidencia sobre el Puerto de La Plata y la estrategia vinculada al Canal Magdalena.

Como lineamientos para la toma de decisiones públicas, el ingeniero propone la creación de un órgano federal de control con participación de Nación, provincias, usuarios y técnicos independientes; la adecuación normativa previa a la apertura de ofertas; una reforma del régimen tarifario; la separación del contrato en etapas técnicas; la federalización de la evaluación ambiental y una estrategia soberana de trazas alternativas.

Finalmente, el informe llama a una acción política conjunta de las provincias ribereñas, a través de un documento federal común y una agenda mínima compartida.

En su conclusión estratégica, Orduna sostiene que una concesión mal diseñada puede aumentar costos estructurales, debilitar la soberanía logística y condicionar al Estado durante décadas, mientras que una concesión corregida permitiría fortalecer el federalismo, reducir costos productivos y garantizar control público sobre la Vía Navegable Troncal. (Diario Junio).

La Rosca |Reiteran pedido de audiencia a Frigerio |

Los legisladores nacionales del peronismo reiteraron “el pedido de audiencia oportunamente formulado mediante nota de fecha 5 de enero del corriente año, que a la fecha no ha tenido respuesta, y cuyo contenido entendemos reviste una gravedad institucional y fiscal significativa para la provincia de Entre Ríos”.

“Como fuera oportunamente expuesto, el proyecto de ley denominado ‘Modernización Laboral’, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación y que ya cuenta con dictamen favorable, encontrándose próximo a ser tratado en sesión extraordinaria en la Honorable Cámara de Senadores, incorpora en su artículo 191 una modificación sustancial en la escala del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, reduciendo las alícuotas aplicables a los tramos de mayor facturación”, apuntaron.

En ese sentido, sostienen que “la modificación implica una merma significativa en la recaudación del tributo, con impacto directo sobre los recursos”.

“En este contexto, y atendiendo a la responsabilidad institucional de resguardar los recursos de Entre Ríos, consideramos imprescindible mantener una reunión política con su persona, a efectos de conocer su posición frente a este proyecto y analizar en conjunto posibles estrategias o alternativas que eviten o mitiguen el perjuicio económico para nuestra provincia”, consignaron.

Finalmente, los legisladores manifestaron su “disposición al diálogo y al trabajo conjunto, y quedamos a la espera de una respuesta que permita coordinar fecha y horario para el encuentro solicitado”.

La Rosca |Debate sobre desafios del radicalismo |

Durante las jornadas se trabajó “sobre los principales desafíos que atraviesa la Argentina: educación, salud, seguridad, empleo y desarrollo”.

En ese marco, se aseguró que “las nuevas generaciones son las que van a poner al radicalismo de pie”, y precisaron: “De nosotros depende enfrentar los próximos desafíos y construir una alternativa real de gobierno. Vamos a ser alternativa en cada ciudad del país en 2027, trabajando para consolidar liderazgos, equipos y una propuesta sólida, con vocación nacional”.

Al respecto, detallaron que el radicalismo “atraviesa un proceso de renovación profunda en todos sus estamentos, con dirigentes que muestran que hay otra forma de gestionar y de gobernar: con diálogo, sin enfrentamientos estériles, con proyectos concretos y con trabajo mancomunado entre el sector público y la iniciativa privada. Defendiendo la educación pública y la universidad como bandera, fortaleciendo el sistema de salud y construyendo políticas públicas con una mirada federal”.

En ese sentido apuntaron que la UCR “cuenta con jóvenes concejales, diputados provinciales e intendentes, que hoy gobiernan, legislan y gestionan en distintos puntos del país. Dirigentes que aportan mirada territorial, responsabilidad institucional y resultados, demostrando que la renovación viene con experiencia y gestión.

“En tiempos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, desde la Juventud Radical reivindicamos la política como herramienta de transformación. En una época donde algunos se esfuerzan por denostarla, ridiculizarla o vaciarla de sentido, nosotros estamos acá, convencidos de que la política no es el problema, sino el único instrumento capaz de transformar la realidad. Una realidad que duele, pero que también nos interpela y nos exige dar lo mejor de nosotros”, indicaron.
Además, señalaron que el país “necesita más política, no menos, y necesita un radicalismo con vocación de poder”.

Reforma laboral y juventudes
Por otro lado, sentaron una posición ante el proyecto de Ley que impulsa el gobierno para llevar adelante la Reforma Laboral: “Hoy se requiere responsabilidad política, porque lo que muchas veces ilusiona en redes sociales se contrapone con una realidad que muestra enormes dificultades para conseguir trabajo, progresar y proyectar un futuro, lo que termina generando frustración y desencanto”.

Ante ese escenario se advirtió que, hace más de 40 años, la UCR plantea “la necesidad de reformar una legislación laboral que, con el paso del tiempo, terminó consolidando sindicatos y dirigentes gremiales ricos, con trabajadores pobres”, por lo que la propuesta de la Juventud Radical tiene “como objetivo corregir esas distorsiones, limitar privilegios y equilibrar la balanza en favor del trabajador, no profundizar desigualdades. Esa injusticia no puede enfrentarse hoy con cambios que precaricen aún más el empleo, como propone el gobierno nacional”.

Este panorama “generaría además una mayor caída del consumo, producto de salarios bajos y desocupación, con pequeñas y medianas empresas cerrando sus puertas. Frente a esto, los radicales planteamos una posición clara: defender el poder adquisitivo del salario para proteger el consumo, la actividad económica y el entramado productivo nacional”, indicaron.

La Rosca |Debate salarial |

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció la convocatoria a un plenario de secretarios generales para el viernes 6 de febrero en Ibicuy, departamento Islas, en un contexto marcado por la falta de avances en la discusión salarial y la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el 2 de marzo. Además, se proyecta la realización de un congreso para definir la estrategia gremial de cara al nuevo año escolar, con la fecha probable de convocatoria a ser establecida durante el plenario.

Estas serán las primeras convocatorias impulsadas por la nueva conducción de Agmer, encabezada por Abel Antivero, que asumió a comienzos de 2026. El último congreso del sindicato, realizado el 4 de diciembre en San Salvador, exigió al Gobierno provincial el “inmediato cumplimiento de las convocatorias y avances en las comisiones paritarias”, así como la apertura de una nueva negociación salarial que garantice “salarios que cubran el costo de vida en constante aumento” y la estabilidad laboral en todos los niveles educativos.

Los congresales emitieron un ultimátum al Poder Ejecutivo, advirtiendo que, en caso de no recibir una respuesta que contemple estos reclamos, “alertamos sobre la responsabilidad absoluta del gobernador Rogelio Frigerio de cara al ciclo lectivo 2026”. Desde agosto y hasta diciembre, Agmer insistió en la reapertura de la paritaria anual firmada, pero no obtuvo respuestas concretas. Aunque se anunció una convocatoria para febrero, aún no hay fecha confirmada para esa reunión, y el único compromiso oficial es la continuidad del pago de una suma fija de 25 mil pesos, acordada en la paritaria que venció en diciembre pasado.

La negociación salarial de 2025 fue extensa y compleja. A fines de febrero de ese año, el congreso de Agmer aceptó la oferta salarial del Gobierno, aunque la calificó como “insuficiente” y condicionó su aceptación a la inclusión de un monto remunerativo y bonificable para todos los docentes con menos de diez años de antigüedad. Durante ese proceso, cuatro de las 17 seccionales, incluyendo las de Paraná y Uruguay, rechazaron la propuesta oficial, principalmente por la asignación de una suma fija de 25 mil pesos que solo alcanzaba a docentes con diez o más años de antigüedad.

La negociación comenzó temprano en 2025, con una primera oferta presentada el 13 de febrero que proponía extender los incrementos salariales mes a mes según el IPC del Indec, un aumento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, la implementación de un boleto docente urbano con un descuento del 50% y la continuidad del trabajo en la Comisión de Nomenclador para corregir distorsiones salariales. Esta propuesta fue rechazada el 17 de febrero por insuficiente. En la audiencia paritaria del 19 de febrero, el Gobierno presentó una nueva oferta que fue retirada ante el rechazo sindical.

Finalmente, el 25 de febrero, en la tercera audiencia paritaria, el Gobierno presentó una propuesta que incluía la cobertura anual contra la inflación con actualizaciones mensuales basadas en el IPC, el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de 25 mil pesos para docentes con diez o más años de antigüedad desde marzo hasta diciembre, cambios en la base de cálculo con actualizaciones en marzo y agosto, un incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y conectividad, y la implementación de un boleto docente urbano con un descuento del 50%. Sobre esta base, Agmer ahora busca reabrir la negociación para obtener un aumento adicional.

La nueva conducción del sindicato prepara así un escenario de movilización y debate para las próximas semanas, con el objetivo de asegurar mejoras salariales y condiciones laborales para el ciclo lectivo 2026.

La Rosca |Salud |

El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Obra Social y estuvo encabezado por el presidente de OSER, Mariano Gallego y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Con la firma del convenio se busca fortalecer toda la red sanitaria provincial, asegurar un mayor acceso a prestaciones, mejorar la previsibilidad y gestión del sistema de salud entrerriano.

En relación al convenio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco indicó: “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que nos permite actualizar y fortalecer el vínculo desde la red pública de salud”.

“Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en algunos centros de atención primaria de la salud, incorporando prácticas que no estaban contempladas hasta ahora”, agregó Blanzaco, al tiempo que destacó: “Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir fortaleciendo el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención”.

Este convenio establece un sistema de reciprocidad y colaboración mutua, permitiendo prestación de servicios de salud sin coseguro para los afiliados de OSER, un marco claro de derechos y obligaciones entre las partes, organización y actualización del padrón de establecimientos y profesionales y reglas transparentes para la facturación, pagos y actualización de valores, garantizando previsibilidad.

La Rosca |Rechazo de recurso contra DNU |

Los abogados de Paraná de extracción radical, Rubén Pagliotto, Raimundo Kisser y Armando Aquino Britos adelantaron que no se quedarán con las decisiones del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, y de la Cámara Federal de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren y Cintia Alonso, que rechazaron la acción de Hábeas Corpus colectiva, restrictiva y preventiva ante el Juzgado Federal N°1.

Pagliotto sostuvo: “No nos quedaremos de brazos cruzados. Iremos en queja a la misma Cámara y de allí a la Corte, si fuere necesario. Porque lo que no entienden o parecen no entender, es que la sola vigencia del DNU 941/2025, que habilita la detención de personas sin orden judicial, per se constituye el peligro real y concreto, habilitando el habeas corpus preventivo”.

El dirigente radical señaló que “en definitiva, para redondear la idea y ser concluyente, entendemos que el error del Doctor Alonso fue el de tratar este Habeas Corpus como reparador, luego de sucedido el hecho violatorio de la garantía constitucional, y no como lo interpusimos nosotros que fue como habeas corpus preventivo, precisamente, para evitar ex antes que la violación de la garantía constitucion se concretará”.

El letrado, de extensa trayectoria jurídica y política, señaló que “precisamente es ese y no otro el sentido del  habeas corpus preventivo. Es decir: evitar que suceda. Porque de lo contrario, como parecería interpretar el Juez Federal Daniel Alonso, habría que esperar que la detención suceda, se concrete,  para recién interponer la acción de Habeas Corpus”.

Pagliotto indicó que “pero en tal caso, dejaría de ser preventiva y se convertiría en lo que se denomina en derecho constitucional Habeas Corpus Reparador. Es decir, aquel que repara una situación o hecho ya sucedido”.

El dirigente precisó que “esta es la diferencia sustancial entre ambos tipos de hábeas corpus. El peligro existe y es concreto por la sola entrada en vigencia del Decreto. Hoy, a mí, a vos o a cualquier persona, en una decisión tomada en el contexto de un procedimiento de inteligencia, que no es un organismo ni de seguridad ni judicial, por cualquier motivo secreto llevan adelante la detención de alguien, con lo cual es no sólo equivocado el razonamiento del juez, sino liviano y absurdo desde la lógica jurídica. Desde el vamos en el título del escrito nuestro consignamos: Hábeas Corpus Preventivo”.

El letrado sostuvo que “además, esa revisión del artículo 10 de la Ley 23098,  impide  de facto el doble conforme. Nosotros apelamos dentro de las 24 horas que la propia ley nos concede. Pero a la par la misma ley prevé la revisión automática dentro de las 24 horas”.

 

Así, señaló que “ahí hay un conflicto que debe resolverse pro actione y no se puede vulnerar, de ninguna manera, el doble conforme. Además, Alonso invoca argumentos baladíes y aparentes para denegarnos la apelación. Quien resuelva nuestro alzamiento recursivo deberá ser un tribunal de alzada Ad Hoc, sin ninguna duda. El otro ya emitió opinión. De no ser así, se violentaría con sesgos de escandalosa prevaricación, el derecho al recurso y también, claramente, la garantía de Imparcialidad”.

Pagliotto, Kisser y Aquino Britos interpusieron acción de Hábeas Corpus colectivo, restrictivo y preventivo ante el Juzgado Federal N°1, “en favor de los peticionantes y de los ciudadanos a quienes les afecta el DNU N°941/2025” considerando que “la amenaza sobre la libertad y la restricción afectan a toda la sociedad; que dicha normativa fue dictada en forma irregular, invocando el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional; y que afectaría la garantía del artículo 43 de la Carta Magna”.

También cuestionaron que la normativa que de marras “vulnera el derecho a la libertad de locomoción, los principios de inocencia y culpabilidad ya que permitirían a una Agencia Estatal que no es de Seguridad, detener a las personas y por ello se promueve la tutela ‘preventiva’”. (APF)

La Rosca |Internas del PJ |

“Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA, y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad”, recalcó más adelante. De paso, le envió un mensaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la Provincia”.

 

Guillermo Michel: A ver, ¿es necesario modernizar el marco normativo laboral? Sí, es necesario. Estamos de acuerdo en hacerlo. Hay un problema, hay un hecho de facto que demuestra que es necesario modificar las leyes. ¿Por qué? Hoy, a rasgos, de 22 millones de personas ocupadas, 10 están en la informalidad. Claramente, el marco normativo laboral tiene que ser modificado. Ahora, lo que el Gobierno tiene que explicar es: ¿por qué en una supuesta ley de modernización laboral está tocando casi un punto del PBI del superávit? En el 191, introduce la principal modificación del Impuesto a las Ganancias para empresas, bajándole la alícuota del 35 al 31,5, que beneficia fundamentalmente a 144 empresas, y que perjudica no sólo al Tesoro Nacional, sino fundamentalmente a las provincias. Mi provincia, Entre Ríos, pierde $ 81.000 millones este año, si se aprueba esa baja. Segundo, el Gobierno tiene que explicar por qué esta modernización laboral crea el FAL, que desfinancia al Sistema de la Seguridad Social. Esos tres puntos de contribuciones que se van a dejar de aportar al ANSES y van a ir a un fondo específico, que van a administrar unas mini AFJP para pagar indemnizaciones, desfinancia a los jubilados en US$ 3000 millones. Alguien tiene que explicar por qué los jubilados, en un sistema deficitario como es el ANSES, que hoy no sólo no alcanza con el aporte y las contribuciones, sino que se nutre de IVA o del impuesto a los débito y crédito bancario, que van al ANSES para financiar las jubilaciones, tienen que pagar las indemnizaciones de las grandes empresas. Y, sobre todo, el que tiene que dar explicaciones de esto es el Fondo Monetario Internacional.

 

P.: ¿Por qué el FMI?

 

G.M.: Antes eran muy celosos cada vez que se impulsaba una moratoria previsional. Ahora, alguien del FMI tiene que decir por qué este régimen, que afecta casi 0,5 puntos del PBI, puede avanzar y cómo se piensa financiar al sistema de jubilaciones con esta pérdida.

 

P: Y más allá de estos cuestionamientos, el Gobierno plantea que con la sanción de su ley, se crearán nuevos puestos de empleo. ¿Coincide?

 

G.M.: Una ley no genera puestos de trabajo, lo que genera puestos de trabajo son una economía creciendo y un proceso de sustitución de importaciones. Me remito al proceso del 2003 al 2009: no se modificó una sola ley laboral y se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo.

 

P.: El Gobierno no sólo plantea que con esta ley se generan puestos de trabajo, sino también que se termina con la industria del juicio. Uno, ¿cree que hay industria del juicio? Y dos, ¿cree que esta ley podría, si es que existe esa industria, ayudar a desarmarla?

 

G.M.: Creo que hay actores que se aprovechan de la debilidad de los trabajadores y que generan beneficios para ellos. Ahora, esta reforma laboral, así como está, ese problema de fondo no lo ataca. De nuevo, el problema de fondo para generar puestos de trabajo en blanco es que la economía crezca y que haya un proceso de sustitución de importaciones. Acá vamos en un sentido contrario: la economía no crece, la microeconomía no crece; crecen sectores que no generan puestos de trabajo como es el agro, la industria y la minería, y estamos ante un proceso de apertura de importaciones que afecta a la industria local.

 

P.: Otro tema que se incluyó en extraordinarias es el Régimen Penal Juvenil, que ya se trató el año pasado y que un sector del peronismo acompañaba. ¿Cuál es su postura al respecto?

 

G.M.: Yo inicié un proceso de discusión con mis colegas de Entre Ríos. También charlé con Ramiro Gutiérrez (diputado y referente del Frente Renovador en temas de Seguridad) para interiorizarme en el proyecto que él presentó, en el cual en muchos puntos estoy de acuerdo. Cualquier ley que se impulse no sirve de nada si no se materializa después lo que se necesita.

 

P.: ¿Qué se necesita?

 

G.M.: Cárceles para chicos, un proceso de control posterior para los chicos, controlar las redes sociales. Vimos con este crimen salvaje a Jerónimo Monzón cómo a través de redes sociales se visualizaba el delito, por eso, hay que trabajar sobre eso. No alcanza con una ley, es necesaria, pero no es suficiente el marco normativo, se necesitan otras cosas. Hay que trabajar no sólo en el marco normativo, sino en la implementación para llevar adelante todas las normas a las que se avance.

 

Su mirada sobre el peronismo, Cristina Kirchner y Axel Kicillof

P.: Hablando de diferencias en el PJ, ¿cómo está viendo al partido?

 

G.M.: Hoy el peronismo no tiene una conducción clara. Por eso, lo primero que hay que hacer es ampliar la mesa de debate. El partido debería llamar al debate de los temas. No veo que nadie de la conducción del peronismo nos esté llamando a los legisladores, a los diputados, a los senadores a debatir los temas, a hablar. Todo surge de iniciativas propias. Nosotros presentamos un proyecto para desendeudar las familias, nadie nos llamó, nos convocó, nos pidió opinión. El peronismo tiene que reconfigurar la conducción, porque de esta forma le estamos cediendo la agenda al oficialismo, a la libertad de avance y no nos estamos planteando los temas. El peronismo cree que lo único que tiene que discutir es de la interna en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un problema, ¿sí? Nos va a ser muy difícil ganar una elección.

P.: Cuando habla de conducción, pienso en Cristina Kirchner, que conduce el PJ a nivel nacional, y Máximo Kirchner, que lo conduce en la provincia de Buenos Aires, donde habla de las internas. ¿Cómo los ve a ellos puntualmente? ¿Ya agotaron un ciclo?

 

G.M.: Yo no soy quién para calificar o hablar de otros dirigentes políticos y menos de alguien como Cristina, que fue presidenta, a quien respeto claramente. Lo que digo es un dato objetivo la realidad. Hoy no hay una conducción clara en el peronismo. ¿Por qué? Por los procesos que se han dado luego de haber perdido la última elección. Hoy el peronismo necesita ampliar su base de sustentación, necesita convocar otros actores, necesita ensayar esto que fuimos ensayando con el proyecto de desendeudamiento de las familias [el proyecto lleva las firmas de diputados de otros partidos, como Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto], de acercar a otros dirigentes que en algún momento estuvieron en el peronismo, para que vuelvan a formar parte. Necesitamos renovar nuestro discurso, necesitamos defender la industria nacional, el empleo, la producción, el trabajo. Necesitamos volver a hablarle a la base del peronismo que siempre fue el trabajador y la industria nacional. Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad.

 

P.: En las elecciones de octubre, Milei tuvo un triunfo inesperado. ¿Se lo atribuye a su gestión o a las internas de la oposición? ¿A qué le adjudica ese triunfo?

 

G.M.: Creo que la emoción que prevaleció a la hora de votar a la gente fue: “Che, no quiero que se vaya todo el tacho el lunes”. Por ahí, lo que nosotros interpretamos como algo en contra, que era lo que dijo Trump: “Voten a este Gobierno porque si no se acaba la ayuda a Estados Unidos, terminó generando esa emoción en el votante argentino y terminó prevaleciendo esa emoción a la hora de votar”. También creo que el adelantamiento de la elección en provincia de Buenos Aires, que le sirvió al peronismo de la Provincia de Buenos Aires, dejó atado a todo el peronismo del interior del país a esa estrategia electoral y fue contraproducente para la elección de octubre.

 

P.: ¿Por qué?

 

G.M.: Porque adelantó un poco, funcionó como una especie de PASO. O sea, algo que le sirvió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que no tengo nada para decirles al respecto de su estrategia electoral, fue contraproducente para el resto del peronismo del interior del país.

 

P.: Tras las elecciones provinciales, parecía que Axel Kicillof quedaba validado como candidato del PJ de cara a las presidenciales de 2027. Eso, después se puso en duda cuando se vio la remontada de La Libertad de Avanza en las nacionales. ¿Cómo lo ve al gobernador? ¿Es la figura que puede conducir al peronismo e incluso competir en las presidenciales?

 

G.M.: Hoy es tal vez el dirigente del peronismo con el cargo institucional más importante, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país. Y lo han elegido dos veces sus ciudadanos, por lo cual, yo no soy quien para decir cómo lo veo o no. O sea, sus ciudadanos lo ven bien, por eso lo votan. Ahora sí, yo creo que Axel tiene que decidir si quiere; mostrar su vocación de ser jefe de todo el peronismo. Eso lo tiene que demostrar él. Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires.

La Rosca |Controversia por informe sobre baja de matrícula |

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, cuestionó el informe de la organización Argentinos por la Educación sobre la baja proyectada de la matrícula escolar y advirtió que su difusión se da en un contexto de conflicto docente, marcado por reclamos salariales, condiciones laborales y falta de diálogo con los gobiernos provincial y nacional.

 

Según expresó, la publicación del estudio no es neutral, sino que se utiliza para “construir opinión pública” en un momento en el que el sector docente reclama paritarias, mejoras salariales y una mayor inversión en educación. En ese sentido, sostuvo que una eventual baja en la cantidad de alumnos podría ser presentada por el Gobierno como un argumento para minimizar esos reclamos.

En declaraciones públicas, Antivero afirmó que Argentinos por la Educación “es una entidad que está muy lejos de nosotros y con la que no tenemos puntos de coincidencia.

Si bien reconoció que “existen claramente datos que indican una disminución del índice de natalidad”, el dirigente gremial advirtió que el problema radica en el uso político de esos datos. “En términos simples, podría haber menos chicos y más docentes, lo que permitiría avanzar en calidad educativa si existe un gobierno que tenga a la educación como prioridad”, explicó. Sin embargo, alertó que, en un contexto de ajuste fiscal, ese escenario “se transforma en letra para cerrar cargos, cerrar escuelas y recortar derechos”.

Antivero recordó además que Argentinos por la Educación impulsó fuertemente la apertura de las escuelas durante la salida de la pandemia y señaló que la organización “ha buscado instalar un sentido privatizador del sistema educativo”, a través de conceptos como eficiencia, racionalización u optimización de recursos, de los que el gremio se manifestó “totalmente alejado”.

También cuestionó el perfil de los autores del informe, al señalar que pertenecen al ámbito privado y que algunos de ellos trabajaron bajo la línea del actual funcionario nacional Federico Sturzenegger. “Esto no viene de un repollo, hay una intencionalidad y estos organismos son funcionales al gobierno de turno”, sostuvo.

Respecto a la matrícula, reconoció que AGMER no cuenta con datos sistematizados, aunque indicó que a través de las seccionales se observa una baja tanto en el nivel primario como en el secundario, situación que, según afirmó, también está vinculada al incumplimiento de la obligatoriedad escolar y a la ausencia del Estado.

Finalmente, el titular de AGMER volvió a reclamar la convocatoria a paritarias de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 y advirtió que la falta de diálogo agrava el conflicto. “Nuestra intención es que los chicos estén en las escuelas el 2 de marzo, pero hoy, a fines de enero, todavía no hemos sido convocados. El único responsable es el gobierno provincial”, concluyó.

La Rosca |Cambios desde el CGE |

En una carta pública, la funcionaria saliente explicó: “En el marco de la formalización y renovación de autoridades del Consejo General de Educación (CGE), máximo organismo rector de la política educativa provincial, se inició este año un proceso de reordenamiento de los lineamientos y criterios educativos de cara a los desafíos futuros. Este proceso implicó modificaciones en distintos equipos de gestión del CGE, impactando también en el funcionamiento de las Direcciones Departamentales de Escuelas”.

Dijo que le tocó asumir “en un contexto de alta complejidad, atravesado por urgencias que exigieron conformar equipos de manera veloz y dar respuestas inmediatas ante el inminente inicio del ciclo lectivo. Los años siguientes no fueron distintos: a los desafíos preexistentes, especialmente vinculados a problemáticas edilicias, se sumó una marcada fragilidad en los recursos económicos del Estado provincial, situación que afectó al sistema educativo en todo el territorio. Aun así, gracias a la voluntad política del gobernador, se lograron ejecutar inversiones clave en mejoras estructurales, lo que permitió —con enorme satisfacción— garantizar el normal desarrollo de las clases en todo el departamento Uruguay e iniciar un proceso de mejora sostenida de los entornos educativos”.

“Este contexto inicial de crisis no impidió el avance de programas y propuestas educativas centradas en lo esencial: los contenidos impartidos en las aulas. Entre ellas, se destaca el Plan de Alfabetización, desarrollado con resultados positivos en toda la provincia, que permitió a los docentes fortalecer sus prácticas para mejorar los procesos de lectoescritura. A ello se sumaron numerosos proyectos en la misma línea. Asimismo, se trabajó de manera articulada con otras dependencias del Estado —comedores escolares, Copnaf, entre otros—, con organizaciones de la sociedad civil, juntas y municipios del departamento, otorgándole a la Dirección Departamental un rol activo como espacio de diálogo, escucha y gestión de soluciones. Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento recibido, el cual agradezco profundamente”, sostuvo.

Esta es la tercera modificación en las estructuras departamentales del Consejo de Educación.

El primer reemplazo fue el de Natalia Báez en Gualeguaychú por la expresidenta del CGE durante el primer gobierno de Gustavo Bordet, a lo que siguió la salida de Marina Roude de la Departamental de Escuelas de San Salvador. Su lugar será ocupado por Belén Beherens.

La Rosca |Recurso de entrerrianos contra DNU |

El ex diputado nacional de filiación radical que ocupó una banca por el Frente de Todos/Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, cuestionó duramente el fallo del juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, que el jueves 29 rechazó por improcedente el recurso de Habeas Corpus colectivo que presentaron los abogados radicales de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, Raimundo Kisser y Armando Aquino Britos, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, para que declare su inconstitucionalidad.

La Rosca |Cuestionamientos a la reforma laboral|

“La mal llamada ‘modernización laboral’ busca dejar a las y los trabajadores sin derecho al salario en pesos, a las horas extras pagas, a ser indemnizados por despido, a las vacaciones y a las licencias”, sostuvo la legisladora al cuestionar el proyecto del Ejecutivo nacional que propone fuertes reformas a la legislación laboral.

“El proyecto de Milei trata de socavar conquistas vigentes y liquidar derechos”, aseveró y enfatizó que “el explícito apoyo del gobernador Rogelio Frigerio al proyecto del presidente lo hace igualmente responsable de todos los retrocesos que puedan concretarse. Anticipo de ello es la brutal e inédita represión a los trabajadores del puerto de Concepción del Uruguay de hace unos días”.

En este marco, manifestó su rechazo a esa iniciativa y “el total compromiso de impulsar las normas que hemos presentado a favor del trabajo, los trabajadores y la producción nacional”, (APF)

La Rosca |Rechazo del habeas corpus|

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren y Cintia Gómez, resolvió el jueves 29 “mantener la decisión venida en consulta”. Se trata de la decisión del juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, que el mismo jueves rechazó por “improcedente” la acción de habeas corpus interpuesta por los abogados de filiación radical, Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, para que declare su inconstitucionalidad.

La Rosca |Pago de deuda|

Este pago representa el quinto compromiso de esta emisión que asume la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Al respecto, el senador provincial Rubén Dal Molín destacó la voluntad de cumplimiento de la provincia pese al complejo escenario recibido.

“El dato central es que honramos los compromisos, aun cuando se trata de una pesada herencia que sigue generando un fuerte estrés financiero sobre la provincia”, afirmó el senador provincial Rubén Dal Molín.

El legislador recordó que esta deuda no fue tomada para financiar nuevas obras, sino que estuvo destinada a la cancelación de deuda pública consolidada, generada por años de déficit, durante los cuales el Estado provincial gastó sistemáticamente más de lo que ingresaba.

Entre 2011 y 2017, Entre Ríos acumuló 1.387 millones de dólares de déficit, lo que derivó en una deuda pública que aún hoy condiciona las finanzas provinciales.

Dal Molín explicó además que, frente a esto, la Legislatura aprobó la Ley 11.209, que habilita al Poder Ejecutivo a gestionar el reperfilamiento de la deuda existente, con el objetivo de ordenar los vencimientos, reducir el estrés financiero y recuperar capacidad para la inversión pública.

Desde el inicio de la actual gestión, la provincia ya afrontó pagos por 326 millones de dólares de capital y 66 millones de dólares de intereses, correspondientes a compromisos asumidos por gestiones anteriores.

“Pudimos cumplir porque hay una administración ordenada, que además debió absorber con recursos propios servicios que antes financiaba la Nación. La provincia está equilibrada, con fuertes restricciones, pero avanzando”, señaló el senador.

Finalmente, Dal Molín subrayó que “es tiempo de defender posiciones. Los datos son claros y desmienten cualquier intento de distorsionar la realidad”.

La Rosca |Túnel Subfluvial|

El Secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainza, visitó las instalaciones del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos S. Begnis” en una jornada orientada a fortalecer la colaboración y el progreso institucional.

El director del Ente interprovincial, Aníbal Vergara, recibió a Gainza el jueves por la mañana, con el objetivo de generar un espacio de intercambio estratégico sobre la infraestructura del Túnel, los procesos operativos, los servicios disponibles para los usuarios, la modernización tecnológica y la proyección institucional.

Durante la visita, Gainza manifestó su disposición a trabajar junto a las distintas áreas que conforman el Ente, con el fin de optimizar el funcionamiento cotidiano del viaducto. Por su parte, los representantes del Túnel expusieron el funcionamiento de cada área, elaborando un diagnóstico preliminar que servirá para planificar acciones acordes a las necesidades del Ente.

El Túnel Subfluvial, que cuenta con 56 años de historia, ha debido adaptarse a distintos avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Por ello, el proceso de modernización se plantea de manera gradual, con el objetivo de prolongar su vida útil y mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

La colaboración entre el Gobierno de Entre Ríos y el Túnel Subfluvial es clave para alcanzar estos objetivos, y la visita de Gainza representa un paso importante hacia una mayor eficiencia y modernización del viaducto.

La Rosca |Mesa de infraestructura educativa|

El encuentro contó con la presencia del presidente del CGE, Carlos Cuenca; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; el presidente del directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco; y el director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alfredo Bel, entre otros funcionarios de organismos vinculados a la ejecución de obras.

La mesa de infraestructura educativa se constituye como un espacio de articulación entre las distintas áreas del gobierno provincial involucradas en la planificación y ejecución de obras en establecimientos escolares, con el propósito de ordenar la demanda existente, establecer criterios de prioridad y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Entre sus principales funciones se encuentran la coordinación de acciones entre los distintos organismos ejecutores del Estado, el seguimiento del estado de los edificios y predios educativos, y la elaboración de informes técnicos que sirvan de soporte para la toma de decisiones.

La conformación de este ámbito de trabajo busca fortalecer el abordaje conjunto entre el CGE, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la UEP, CAFESG y la DPV, promoviendo una dinámica de trabajo articulada que permita brindar respuestas más eficientes y sostenidas a las necesidades de infraestructura del sistema educativo entrerriano.

La Rosca |Vialidad Provincial|

Rogelio Frigerio decidió designar como número dos del área provincial de Vialidad a José Palacios. Se trata de un dirigente vecinalista que fue intendente de Cerrito (departamento Paraná). El área vial es particularmente sensible para Entre Ríos, con una trama deteriorada de caminos de ripio y de tierra, pero imprescindible para la producción agropecuaria.

El hasta ahora secretario de Gobierno de Cerrito asumirá en reemplazo del dirigente ruralista Alfredo Bel, que había renunciado en diciembre de 2025. Quién es José Palacios, el nuevo nombre para Vialidad

Palacios fue intendente de Cerrito entre 2019 y 2023 por el vecinalismo. Antes de llegar a la jefatura comunal, se desempeñó como viceintendente y, tras dejar el Ejecutivo local, ocupaba el cargo de secretario de Gobierno hasta la designación en Vialidad. Palacios forma parte de un espacio vecinalista que tiene como particularidad definir en asambleas abiertas de la ciudadanía a quienes se postularán para cargos electivos por dicha fuerza, un esquema poco habitual en la política entrerriana.

Contador público nacional, Palacios conoce a Donda porque ambos compartieron tareas como asesores del dirigente radical Hugo Appelhans durante su gestión como intendente de Villa Urquiza, entre finales de 2006 y 2007.

Los desafíos para Vialidad en Entre Ríos

Entre Ríos cuenta con una red vial de más de 27.000 kilómetros. Descontadas las rutas nacionales que operan bajo el dominio de Vialidad Nacional o de concesiones, el 85% corresponde a caminos naturales o de tierra, todos ellos de mantenimiento complejo y de alto costo para el Estado provincial.

El resto de la trama vial provincial está compuesto por caminos de ripio o broza y, en menor medida, por rutas pavimentadas. La estructura operativa de Vialidad a nivel provincial está organizada en una delegación zonal en cada uno de los 17 departamentos en los que se divide administrativamente la provincia, con la excepción de Paraná, que por su extensión cuenta con tres zonales.

En el organismo explicaron que trabajan en la mejora de los procesos administrativos y en la posibilidad de llegar a tiempo con las tareas de mantenimiento. En paralelo, un proyecto que propuso la creación de consorcios camineros obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y continua su tratamiento en comisiones del Senado. La iniciativa apunta a los caminos primarios y secundarios, de tierra y ripio, y busca permitir un esquema de trabajo más holgado para el área en aquellas zonas donde los consorcios no se conformen.

La Rosca |Obras públicas |

Consultado por otras obras prioritarias para la UEP, especificó que “hay un remanente de los recursos que estaban volcados para lo que se conocía como el aeropuerto de Concordia, pero es el fortalecimiento de la zona de Salto Grande, donde hemos aportado más de 1.200.000 dólares a la zona de frontera y vamos a tener una hermosa frontera con una mejor Aduana, con mayores controles y mayor calidad técnica a partir de la inversión que hemos hecho”, afirmó.

 

“Estamos dándole recursos para unas consultoras, se han puesto muchos recursos en la parte turística de Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), hemos dado mucha plata y recursos a la parte turística y a la parte productiva”, aseguró y marcó que hay aportes no reintegrables (ANR) “que ya estamos terminando, para el sector productivo y del turismo”.

En Gualeguaychú están por terminar

Por otro lado, mencionó que “hay un crédito que era de 80 millones de dólares, con el cual estamos terminando la laguna de tratamiento de Gualeguaychú, que en febrero o marzo estaría entregada”, adelantó y añadió que “lo entregamos con maquinaria, tractores, unas dragas para la laguna y desobstructores”.

Concepción y Colón

“Además, estamos ya en el sexto mes de la obra de tratamiento de efluentes cloacales, la más importante que es en Concepción del Uruguay, y ahora estamos estudiando la oferta de una licitación que se abrió para Colón, que es un crédito de 80 millones de dólares”, anticipó.

Mesa interinstitucional de infraestructura

En declaraciones realizadas al programa “A Quien Corresponda”, sostuvo que “es novedosa” la conformación de esta mesa interinstitucional de infraestructura educativa, pero mencionó que con la anterior titular del CGE, Alicia Fregonese, “había una relación directa porque la UEP tenía su cargo financiamiento de varias escuelas, muchas de las cuales terminamos este año”.

 

Ahondó que “se terminaron cerca de 10 escuelas y jardines de infantes, e incluso le dije a Cuenca que va a tener tres para inaugurar en este inicio lectivo: una UENI (Unidad Educativa de Nivel Inicial) en Crespo; una UENI en Federación y una escuela en Paraná que está dotada con la mayor tecnología y el amoblamiento que es la Bicentenario N°75”.

 

Respecto de la infraestructura escolar hoy, tras dos años de gestión, explicó que “justamente eso fue parte de la reunión, para expresar en qué estamos cada uno, qué tenemos proyectado para este año, y fundamentalmente esperando que desde el CGE nos den las prioridades, porque cada uno tiene por su lado financiamiento: en el caso de la UEP va a tener financiamiento internacional para las escuelas; CAFESG tiene financiamiento y también está atendiendo algunas escuelas con reparaciones; en el caso del Ministerio de Obras Públicas este año se dedicaron a tomar la urgencia y a reparar escuelas, hasta un monto de 30 millones”.

 

“De la reunión participó Vialidad porque tiene la atención de los caminos que llegan a las escuelas; el INAUBEPRO tiene el pago del transporte escolar que hay en la zona de campaña, y fue muy bueno que cada uno pudiera expresarse y vamos a coordinar el trabajo. Lo que nosotros tenemos que recibir de ellos es la prioridad, y a partir de ahí, nosotros nos encargamos de hacer el relevamiento con un censo”, explicó.

 

“En el caso nuestro está la posibilidad tener un financiamiento internacional, pero no queremos que nos pase el hecho de no tenemos un banco de obras para presentar, entonces en esta etapa estamos haciendo un relevamiento, vamos a las escuelas, fijamos las prioridades, confeccionamos los pliegos, los presupuestos, los cómputos métricos, y dejamos todo preparado para que, cuando se haga el financiamiento, podamos meter inmediatamente obras de escuelas en la provincia. Lo mismo está haciendo Obras Públicas y lo mismo está haciendo CAFESG”, detalló.

Obras urgentes en escuelas

Sobre las escuelas con obras de urgencia, afirmó que “eso está más en Obras Públicas, pero sé que están perfectamente trabajando en las prioridades; además de haber hecho relevamiento, están dándole prioridad y arreglando una cantidad de escuelas. En el caso de la UEP son obras nuevas”.

 

Como ejemplo, mencionó que “a la escuela Bazán y Bustos se le caían los cielorrasos y logramos entregar este año esa escuela nueva, lo que vino a solucionar un problema histórico. Tuvimos problemas también con una UENI en el Procrear, el jardín Consejito, donde estuvimos casi un año porque estaba terminada la obra y resulta que nunca había llegado ni el agua, ni la cloaca, ni la electricidad, así que, terminado el hermoso jardín de infantes, no lo podíamos entregar”.

 

Reiteró que desde la UEP “estamos a la espera de las prioridades para el financiamiento internacional, y la reunión con el presidente del CGE, Carlos Cuenca, fue para que nos diga por dónde empezar en Paraná y a partir de ahí nosotros entramos y nos abocamos ver la parte técnica, los planos si es ampliación, si es refacción, a preparar los cómputos métricos, el presupuesto y el pliego. Es la base que tenemos que tener, hay que tener un banco de proyectos”.

 

Especificó que “en esta semana el CGE estará definiendo las prioridades en función del censo que se hizo en toda la provincia y a partir nosotros empezaremos a trabajar en la confección de los pliegos, los presupuestos y de los cómputos para que cuando tengamos financiamiento haya inmediatamente una salida. En el caso de la UEP será con financiamiento internacional, en el caso de Obras Públicas lo hará por vía del presupuesto provincial, y CAFESG atiende solamente una región sobre la costa del Uruguay”.

 

En tal sentido, el funcionario consideró que “viene bien una organización de esta manera para poder coordinar todos los esfuerzos y resolver algo tan acuciante como es el tema de las escuelas”.

Buscan financiamiento por 70 millones de dólares

Sobre el monto previsto de financiamiento internacional para la UEP, Cusinato confirmó que “se está hablando de cerca de 70 millones de dólares” y explicó: “Llegar a desembolsar nos lleva a veces 6, 7 meses a un año; con las obras de los caminos rurales con el CAF (Corporación Andina de Fomento); con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) tenemos las lagunas de tratamiento, el aeropuerto; tenemos otro banco que es el BICE para Villa Paranacito; con el FIDA, que es también para caminos para la zona apícola. Yo no defino qué hay que hacer, a mí me dicen que hay que buscar financiamiento por tal cosa y salimos a buscar ese financiamiento, entonces entre que salís a buscar hasta que terminás y ponés el primer ladrillo, a veces lleva un año. Pero en el caso del CAF creemos que para mediados de año ya estaríamos en condiciones de empezar a presentar los proyectos y lograr ese financiamiento más de 70 millones de dólares”.

Otras obras

En ese detalle, agregó que “se está empezando la obra, y creo que se va a firmar la semana que viene ya el inicio de obra, de una ruta que va desde Viale hasta Arroyo Durazno, cerca de Maciá. Son 30 y pico millones de dólares, para 60 y pico de kilómetros de ripio y puentes de hormigón”.

 

“Por otro lado, estamos ya al cierre del financiamiento con el FIDA, que es un organismo que presta plata para el sector productivo, para obras de 12 kilómetros de ripio entre Maciá y Guardamonte y después en cinco Departamentos de pequeños tramos de ruta que saca la zona de cooperativas apícolas a zonas que necesitan ingresar con tránsito en momentos de lluvia, y tiene aportes también para colmenas y elementos para los productores apícolas”, precisó.

 

 

 

Agregó que “se está trabajando con BICE para pavimentación en la zona de Villa Paranacito y unos puentes en la región. Y estamos iniciando también un crédito que seguramente vamos a tomar, que nos han habilitado cerca de 300 y pico de millones de dólares, y se están definiendo qué obras se van a hacer con este financiamiento”.

 

 

Cusinato explicó que “cuando hay falta de proyectos, hay que contratar consultoras para hacerlos, como sucedió con la Circunvalación de Nogoyá, que pasa por el medio de la ciudad y circula todo el tránsito pesado que va a Victoria, Rosario, Córdoba, Chile, así que estamos con esto con el financiamiento del BID. Y con eso también hay varias obras: creo que también en Gualeguay hay una obra que es de contención de las inundaciones que cortan la ruta 11 que va a Victoria. A eso lo está definiendo Vialidad, nosotros hacemos todos los trámites para lograr la plata. Vialidad, Producción, Turismo, son los que nos dicen, estos son los proyectos prioritarios y a partir de ahí avanzamos con el financiamiento”.

 

Finalmente, sobre la forma de conseguir el financiamiento internacional, apuntó: “Hemos logrado que el gobernador, que históricamente ha tenido relaciones con el financiamiento, con el BID, con muchos organismos, y es muy conocido, nos abra la puerta y a través de él, nosotros vamos detrás a hacer todo el trabajo burocrático hasta lograr el contrato, hacer la licitación, adjudicar la licitación. Después Vialidad controla la obra, ellos certifican, nos mandan certificados a nosotros y nosotros pagamos. Ese es un poco el circuito, el cual se empieza con el gobernador porque la verdad que es quien nos abrió la puerta en muchos lugares que quizás nosotros o gobiernos anteriores no lo habían logrado”. El Entre Ríos.

La Rosca |Plan de lucha de gremios|

El frente de unidad definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral que contempla una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en Rosario, Santa Fe, el martes 10. Exigirán a los gobernadores que rechacen el proyecto.

“A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, indicó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Los sindicatos movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario, Santa Fe, el 10, para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto.

Un nuevo Frente de Sindicatos Unidos integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos sindicatos nucleados en las distintas centrales obreras definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral que contemplará una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en la ciudad de Rosario (Santa Fe) el martes 10.

“A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado. Con esta reforma no nos vamos a dejar humillar, vamos a reaccionar con dureza hasta que se caiga completa. Milei cruzó una línea roja de la que será muy difícil volver. No hay que descartar que la reforma laboral sea para el presidente lo que la previsional fue para Macri. No vaya a ser cosa de que con el empecinamiento en destruir a los sindicatos y los trabajadores, empiece el tiempo de descuento para el oficialismo”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Si el Gobierno quiere discutir una reforma de verdad, que realmente solucione la crisis del mercado de trabajo, tiene que empezar de cero y hacer lo que no hizo: convocar a los trabajadores”, detalló. Participaron también de la reunión la CTA Autónoma y de los Trabajadores.

En referencia a la decisión de movilizar a las provincias, el dirigente apuntó: “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. Se trata de una reforma laboral que no va en contra de los trabajadores, directamente va en contra de la Argentina. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina de desfinanciar y fundir a las provincias”.

“Respetamos todas las posturas, pero no coincidimos con la idea de dialogar con el objetivo de modificar algunos artículos. Esta iniciativa contiene 136 puntos y todos perjudican a los trabajadores. Aunque recuperemos cuatro o cinco puntos, igual perderíamos por goleada. Tampoco creemos que se pueda pensar que una vez aprobada, la posterior declaración de inconstitucionalidad sea una posibilidad para los trabajadores. La última vez que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó 13 años para hacerlo. No podemos esperar ese tiempo. Con esta reforma, en meses desaparecemos”, agregó Rodolfo Aguiar.

“No existe un solo indicador que esté a favor de los argumentos que exponen Bullrich y el Gobierno. Esta ley no va a crear nuevos puestos de empleo, y menos aún que estos sean de calidad. La modernización que nos están proponiendo es más precarización y más explotación. Si la reforma se aprueba, nuestro destino será trágico, el destino de todo el pueblo será de tragedia. Tenemos que salir a la calle y levantar nuestra voz”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Todos los sindicatos trabajaron en la elaboración de un documento que incluye los ejes del debate y las principales resoluciones.

Cabe recordar que Rodolfo Aguiar ya había mantenido reuniones previas con sus pares de la UOM, Abel Furlán, y de Aceiteros, Daniel Yofra, en la que expresaron la voluntad de las bases trabajadoras para marchar contra el proyecto que impulsa el Gobierno nacional.

Además, ATE junto a sindicatos estatales realizarán un paro con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado, previsto para el 11 de febrero.

La Rosca | Recorte de horas extra |

El gremio reclamó a la Provincia “una urgente aclaración” y advirtió que “los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo”.

“Nos han contactado trabajadores de varios ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo.

 

La dirigente aclaró que hasta el momento el sindicato “no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas”.

 

A mediados de 2025 el patio central de Casa de Gobierno fue escenario de ruidosas protestas de trabajadores de la Administración, molestos por el recorte de horas extra que entonces rondó el 20%.

 

“La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios”, explicó.

 

Melgarejo dijo que “esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”.

 

“Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.

 

La secretaria gremial de UPCN se preguntó “cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas” y al respecto remarcó: “Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores”.

 

“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, resaltó Melgarejo.

 

“Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema», señaló y reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.

 

“Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar”, apuntó la dirigente sindical.

 

Luego manifestó: “En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno”.

 

“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó.

 

“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa”, finalizó Melgarejo.