LA ROSCA | Corrupción |
Mediante el Decreto N.º 181, firmado el 18 de septiembre, el Senado entrerriano formalizó la desvinculación de Aguilera de la planta permanente de la Legislatura. La decisión se produjo luego de que quedara firme la condena a seis años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del megajuicio por corrupción.
El caso tiene una dimensión política por el vínculo familiar y político de Aguilera con Sergio Urribarri, exgobernador peronista y una de las figuras centrales del justicialismo entrerriano durante los años de alineamiento con los gobiernos kirchneristas. Aguilera, cuñado de Urribarri, se desempeñaba en la estructura legislativa del bloque del Partido Justicialista y fue condenado por hechos cometidos contra la administración pública.
El decreto fundamentó la exoneración en la condena firme, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las disposiciones del Estatuto del Personal Legislativo. También sostuvo que no correspondía abrir un sumario administrativo, dado que la responsabilidad penal ya había sido establecida por la Justicia y que la pena de prisión efectiva impedía al agente cumplir sus funciones.
La salida definitiva de Aguilera de la Legislatura suma un nuevo capítulo a las consecuencias institucionales de las causas de corrupción que alcanzaron a referentes del urribarrismo. El acto administrativo no constituye una nueva condena penal, sino la aplicación de la sanción laboral prevista para un empleado público con sentencia firme por delitos contra la administración.
